Origen de las Pandillas Callejeras en Centroamerica -Mara Salvatrucha
Origen de las Pandillas Callejeras en Centroamerica Mara Salvatrucha
"Mara" es el sinónimo salvadoreño de pandilla delictiva juvenil.
Originada por el retorno a centroamérica de enormes cantidades de emigrantes deportados por delincuencia desde México y Estados Unidos.
Transfiere las condiciones para recrear en el plano nacional, aquellas condiciones de marginalidad, violencia, delincuencia y supervivencia, aprendidas y desarrolladas por los deportados en los distintos lugares en los cuales lograron su estadía.
A ello se agregan los jóvenes de sectores sociales marginados, conformando una amenaza social por la eventual violencia con la que actúan tanto hacia afuera como hacia adentro de estos grupos.
Básicamente se conforman dos grandes pandillas que se conocen como:
La Mara Salvatrucha Trece (MS13). La Mara 18, viene inspirada de pasajes biblicos respecto al numero de la bestia "666", 6 + 6 + 6 = 18. Es debido a eso que se llama Mara 18.
Con el aumento de personas que retornaban diariamente, el fenómeno social se hizo no sólo nacional sino también regional, de forma que hacia los (inicios del siglo XXI), en casi en todo Centroamérica se conoce como "Maras" a las agrupaciones juveniles principalmente, ya sean de tipo delictivo, de crimen organizado o simples reuniones de vecinos jóvenes con algo en común. (Wikipedia)
El grito de alerta lo han lanzado los expertos en el tema: la inseguridad ciudadana en El Salvador, Guatemala y Honduras puede trastocar el sistema democrático en los próximos cinco años si persisten sólo políticas de mano dura y no se atienden las causas de fondo que abonan la violencia.
La cantidad de delitos graves ha crecido desde los años ‘90 en la zona conocida como el triángulo norte de América Central, en especial por la fuerte presencia del crimen organizado.
En esos tres países, la represión aparece como único mecanismo para enfrentar la criminalidad, en particular cuando se trata de “maras” como se les llama en la región a las numerosas pandillas juveniles.
“A diferencia de la década del 80, cuando los pequeños países de América Central fueron escenarios de una violencia de tipo político-ideológico, la región presenta ahora una alta criminalidad ciudadana, que se está volviendo incontrolable”, advierte Enrique Gomáriz, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, residente en Costa Rica.
En El Salvador, Guatemala y Honduras, “el repunte (de la violencia urbana) es impresionante, en tanto en los países del sur del istmo, Costa Rica, Nicaragua y Panamá, si bien tienen mejor situación de se guridad, se percibe también un ligero au mento en los delitos contra la vida”, detalló.
A criterio de Gomáriz, los altos niveles de violencia y criminalidad, en caso de mantenerse o crecer, harán que el sistema democrático sea inviable. Como ejemplo, aseguró que los paises del norte de la región presentan en conjunto una tasa de más de 40 homicidios por cada 1ooooo habitantes al año, mientras que en los del sur sólo se registran lo asesinatos por igual cantidad de población y en el mismo lapso.
El Observatorio de la Violencia y la Delincuencia en Honduras, que impulsa la Organización de las Naciones Unidas y la estatal Universidad Nacional Autónoma, señala que en este país de 7,4 millones de habitantes se registraron 710 asesinatos en el primer trimestre de este año, 1oo más que en igual lapso de 2005.
También indica que la violencia en general, por acción directa o negligencia, costó la vida de 1.308 hondureños en el periodo estudiado.
“Si estas tasas permanecen o se disparan en los próximos cinco años, la estabilidad de las democracias en el triángulo norte será inviable y dificilmente se podrán impulsar políticas de desarrollo social”, sostuvo en forma contundente Gomáriz, autor de varios libros de investigación sobre criminalidad, seguridad y violencia intrafamiliar.
Para el chileno Santiago Escobar, asesor de la fundación alemana Friedrich Ebert mas de seguridad para América latícaso centroamericano, y particularte Honduras, Guatemala y El Salvador preocupante, “si partimos de que el 10 se considera una zona de paz, tras la a de los acuerdos de Esquipulas en los ;‘80”.
El último de esos acuerdos, denominados Esquipulas II, fue firmado el 7 de agosto de 1987 con el subtitulo “Procedimiento para establecer la paz firme y duradera en Centroamérica” por Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua con lo cual se marcó el comienzo del fr de una serie de conflictos armados inter nos en varios de esos países.
Lo que se percibe es que los países estár respondiendo a la violencia con acciones represivas de mano dura, “que no necesariamente generan certidumbre en un mundo que no funciona necesariamente con certidumbre”, apuntó.
“La seguridad ciudadana es algo más amplio que la ausencia de delitos. En seguridad ciudadana los gobernantes no pueden diagnosticar el mundo para seguir en seguridad ciudadana no hay período de gracia, se tiene que tener capacidad de respuesta en la coyuntura”, explicó.
La región centroamericana, con Belice incluida, cuenta con 38 millones de habitantes, la mitad de ellos mujeres, que aparecen como las victimas preferidas de la violencia ciudadana.
Guatemala encabeza la negra lista de países del norte de esta región con mayor cantidad de asesinatos de mujeres, con 563 casos registrados el año pasado, seguida de Honduras, con 198 en el mismo lapso y 79 en lo que va del año, según el no gubernamental Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla.
Las mujeres asesinadas en Honduras corresponden a una franja de edad que va de los 20 a los 30 años y fueron agredidas en general con armas de fuego y sus restos encontrados en muchos de los casos en lugares de difícil acceso y en áreas montañosas.
Según Gomáriz, los asesinatos de mujeres en los países del triángulo norte están ligados en su mayoría a acciones del crimen organizado, particularmente el narcotráfico. “La alta proporción de muerte en mujeres tiene características de “mensaje” o represalia simbólica con particular ensañamiento y brutalidad. En el triángulo norte de América Central, estas muertes son mensajes del narcotráfico”, acotó.
Esa apreciación es compartida en parte por la vicepresidenta de Costa Rica y ministra de Justicia, Laura Chinchilla, quien dijo a IPS que la alta tasa de criminalidad violenta que afronta la región obedece a “una fuerte presencia del crimen organizado, el narcotráfico y el delito transnacional”.
“Y entonces, los países en vez de apostar a políticas públicas de seguridad preventivas, de rehabilitación e incluyentes con amplia participación ciudadana, lo que hacen es imponer la mano dura o el sálvese quien pueda: contrate seguridad (privada), compre armas, etcétera”, fundamentó Chinchilla.
La mano dura de las autoridades tiene como blanco especial a la juventud. Según el informe del Observatorio de la Violencia, en 2005 fueron encarcelados en Honduras 204 integrantes de las maras y en el primer trimestre de este año otros 321, por imperio de una ley especial.
El libro titulado Maras y pandillas en América Central, presentado este mes por la congregación católica de los jesuitas y la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, con sede en El Salvador, indica que unos 50.000 jóvenes son los que se aglutinan en distintos grupos en especial en El Salvador, Guatemala y Honduras.
Las maras, surgidas en Guatemala a mediados de los años ‘80, cobran mayor fuerza en los tres países ya entrada la década del ‘90, de acuerdo con la investigación.
El presidente de El Salvador, Antonio Saca, lanzó en 2002 una política represiva de fuste contra las pandillas, que incluyó operativos sorpresa, el uso de poder de fuego indiscriminado y el aumento de penas de cárcel, entre otros elementos.
La política fue en respuesta al alto nivel de percepción de inseguridad, que según las encuestas afectaba a 75 de cada 100 con iltados.
En Honduras, esa percepción es similar, ya que uno de cada lo entrevistados en lass encuestas afirma haber sido asaltado por pandilleros.
También en 2002 se iniciaron en este país los operativos especiales contra las maras bajo la llamada estrategia de tolerancia cero y la promulgación e leyes más duras, como la incorporación e la figura de asociación ilícita.
Pero, según activistas, estas políticas de Honduras como en El Salvador a puesto en la mira a los jóvenes que se caracterizan por poseer tatuajes visibles y usar ropa holgada al estilo de los seguidores del rap y el hip hop.
Incluso, el Estado hondureño está adecuado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por las matanzas registradas en cárceles donde son recluidos jóvenes pandilleros, por lo cual se teme que hayan sido planificadas.
Uno de los casos en cuestión es lo ocurrido en abril de 2003 en la cárcel de El Porvenir, en la atlántica ciudad de La Ceiba, donde fueron asesinados 69 presos, 6 de los cuales eran jóvenes maras.
Los presidentes Saca y Manuel Zelaya, le Honduras, anunciaron una cumbre, sin fecha aún, para abordar el tema de la violencia e inseguridad, que en sus respectivos países ha repuntado con fuerza en el primer semestre del año.
La Iglesia Católica salvadoreña hizo un llamado público a Saca para que “frene de inmediato” los índices de violencia, tras cuestionar su política de “supermano dura’ en la cual sólo ofrece a los acusados de cometer delitos tres opciones: cárcel, hospital y cementerio.
En Honduras, el gobierno impulsó un amplio dispositivo policial y militar denominado Operación Trueno, el primero en siete meses desde que asumió el 27 de enero, tras el repunte de secuestros y el asesinato de un sobrino del presidente del Congreso Nacional Legislativo, Roberto Micheletti.
Según el informe mundial sobre violencia y salud de la Organización Mundial de la Salud, la tasa global anual de muertes por homicidio es de un promedio de 8,8 por cada 100.000 habitantes, y sólo en el primer trimestre de 2006, Honduras ya mostró una tasa de 10,9, según el Observatorio.
Así, en América Central, particularmente los países del triángulo norte que paradójicamente son los principales impulsores de un proyecto de integración, afrontan el desafío de desmontar un círculo de violencia, sin sufrir guerras, que no amenace a corto y mediano plazo la democracia y la gobernabilidad como alertan los expertos.
ACUERDOS CON SALVATRUCHA:
Cansados de las extorsiones de las pandillas y la falta de soluciones por parte de las autoridades, los empresarios de San Miguel, la tercera ciudad en importancia de El Salvador, optaron por un camino que encendió la polémica en el país: se sentaron a negociar con los líderes de la temible mara Salvatrucha.
El protagonista de las reuniones ha sido et propio alcalde de San Miguel y también empresario, Will Salgado, quien en la primera semana de septiembre reunió a unos 500 hombres de negocios para informarles de sus gestiones, que el gobierno salvadoreño se apresuró a descalificar.
De acuerdo con el alcalde, por estas gestiones se ha logrado una tregua de seis meses, periodo en que no habrá extorsiones ni cobro de “rentas".
Por contrapartida, los líderes de la pandilla exigieron a Salgado que forme una comisión con empresarios y miembros de la Procuraduria para la Defensa de los Derechos Humanos para continuar con las negociaciones.
“Lo que ellos desean es que les demos trabajo, apoyo y no marginación”, aseguró Salgado.
Pero tras este encuentro comenzaron a circular comunicados de los escuadrones de la muerte o “de limpieza social” llamados Sombra Negra y Comando Central Maximiliano Hernández Martínez, amenazando con liquidar a todos los mareros de Salvatrucha.
Los maras respondieron que más allá de las reuniones con los empresarios, “están preparados para la guerra".
San Miguel es la capital de una región que ha crecido comercialmente a causa de la imparable migración de sus habitantes hacia Estados Unidos.
Los 2,5 millones de inmigrantes salvadoreños en ese país envían remesas por valor de unos 3.000 millones de dóLares anuales.
Pero el fenómeno migratorio también ha generado nuevos problemas, como el surgimiento, hace más de una década, de las maras, que se ven potenciadas por las deportaciones de los indocumentados desde México y Estados Unidos, muchos de los cuales regresan con antecedentes criminales.
La iniciativa del alcalde de San Miguel generó la polémica en todo el país ya que temen que esas negociaciones se conviertan en el “blanqueo” de las habituales extorsiones de las pandillas.
Pero Will Salgado tiene una forma sencilla de explicar su iniciativa: “Cuando uno está acorralado tiene que hablar con Dios y con el diablo”.
Fuente Consultada: Revista Veintitres Internacional y Wikipedia
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