La Constitución Nacional

Las Colonias Portuguesas en Africa del Siglo XX Angola, Mozambique

Colonias Portuguesas en África – Siglo XX

En el siglo XV, Enrique el Navegante abrió el camino que permitiría a Portugal disponer de un gran imperio colonial, imperio que comprendería vastas regiones de África, Asia y América. Actualmente, en África ya no subsisten restos de este imperio, y sus antiguas  colonias fueron Guinea portuguesa, Angola, algunas islas de la costa occidental y Mozambique.

Angola fue la colonia portuguesa más extensa. Es catorce veces mayor que la metrópoli. Los portugueses desembarcaron por primera vez en Angola a fines del siglo XV. Sin embargo, la verdadera colonización no empezó hasta 1575, cuando se posesionaron de los territorios de los jefes indígenas y fundaron comunidades blancas.

Hasta 1830, Angola fue el gran abastecedor de esclavos con destino a Brasil. Hasta fines del siglo XIX los portugueses no empezaron a explotar las posibilidades económicas de su colonia. Su desarrollo se vio frenado a causa del restringido número de blancos que acudieron a establecerse.

Angola presenta el aspecto de una meseta muy extensa, dividida por la línea divisoria de las aguas entre las cuencas del Congo y el Zambeze. La mayor parte del país pertenece a la zona tropical. La selva tropical y la sabana constituyen la vegetación natural.

Por su extensión, Angola ofrece las más diversas posibilidades económicas. En el norte, hacia el ecuador, aparecen plantaciones de café, maíz, sisal, caña de azúcar y algodón. Los productos de estas plantaciones se exportaban por el enclave de Cabinda, al norte de la desembocadura del río Congo. Entre los demás productos de exportación citaremos ciertas especies de madera dura y cera. El café aseguraba por sí solo alrededor de la mitad del valor de las exportaciones.

Contrariamente a las plantaciones de café, las de algodón están, en su mayoría, en manos de la población indígena. Estas plantaciones se encuentraban en la meseta, donde las lluvias son menos abundantes que en la región costera. En las regiones de la meseta que están más alejadas del ecuador se practicaba la cría de ganado.

La presencia de la corriente marina fría de Benguela, rica en plancton, a lo largo de la costa atlántica, explica la abundancia de peces. Las pesquerías alimentan a las fábricas de conservas y de harina de pescado de Benguela, Mocamedes y Porto Alexandre.

El subsuelo de Angola es relativamente rico. El mineral de cobre que se explota en el norte del país, sin duda constituye la continuación de los yacimientos de Katanga. También abunda el mineral de hierro, cuyas reservas se calculan en 2.000.000 de tn. En el nordeste se explotan minas de diamantes bajo vigilancia del Gobierno. También se encuentra oro.

Luanda, era la capital de la colonia, (hoy capital de Angola) posee refinerías en las que se trata el petróleo descubierto en las formaciones gredosas. En las regiones costeras los indígenas extraen la sal del mar.

Angola es un país esencialmente agrícola en el que 95 % de la población es iletrada.

Sobre la Independencia: Los nacionalistas, sin embargo, se dividieron en tres grupos rivales: el Frente Nacional para la Liberación de Angola (Frente Nacional de Libertação de Angola, o FNLA), el MPLA, y UNITA. A pesar de su poderío militar, ninguna se impuso al ejército portugués hasta la revolución de Portugal en abril de 1974. Después, el sistema colonial portugués empezó a declinar. El nuevo régimen de Lisboa acordó un traspaso de poder, y el 11 de noviembre de 1975 Angola consiguió su independencia.

Por lo que respecta a Mozambique (África oriental portuguesa), es ocho veces mayor que Portugal. El primer europeo que desembarcó allí fue Vasco de Gama en 1498. Hasta mediados del siglo XIX, el comercio de esclavos también fue una importante fuente de ingresos.

Por su latitud y la influencia de los vientos del sudeste, portadores de numerosas precipitaciones, Mozambique pertenece a la zona tropical. El país presenta poco relieve. Las costas son muy bajas y los cursos de agua desembocan en el océano formando grandes estuarios que, por lo general, se prestan al establecimiento de puertos, especialmente la bahía de Delagoa.

En numerosos lugares, la costa aparece bordeada de lagunas y aguazales. Hacia el interior el país se vuelve más montañoso y los bosques se transforman progresivamente en sabanas.

Mozambique cuenta con una población de 22.000.000 de habitantes, en su mayoría pertenecientes al grupo bantú, que en el sur se ha mezclado con los zulúes. También hay indios, árabes y unos cincuenta mil portugueses. Mozambique es la colonia portuguesa más poblada.

Al igual que Angola, este país es ante todo, un país agrícola. Los indígenas se dedican principalmente al cultivo de legumbres, mientras que las plantaciones están en manos de los europeos. Las tierras bajas y húmedas producen caña de azúcar, copra y arroz, mientras que en las faldas de las montañas y en el interior del país se da el té, algodón y sisal.

Pese a darse por cierto que en su suelo se hallan importantes recursos de carbón, amianto, oro y uranio, la industria minera está muy poco desarrollada. Por otra parte, Mozambique dispone de importantes reservas hidroeléctricas.

Sin embargo, gracias a sus puertos (Lourenco Marques, la capital, y Beira), Mozambique obtiene grandes beneficios del comercio de tránsito a África del Sur, Rodesia y Malawi. Los ferrocarriles aseguran su enlace con estos países y con el Congo-Kinshasa.

La Independencia: La dura dictadura de António Salazar, que obligaba al pueblo a asimilar la cultura portuguesa, y a la vez, a duros trabajos forzados, arruinó la cultura africana por lo que en  1964 comenzó una revuelta en contra del gobierno portugués, fecha en que las guerrillas del Frente de Liberación de Mozambique (FRELIMO) abandonaron Tanzania. La guerra subsiguiente finalizó después de la ‘Revolución de los claveles’ en la metrópoli (1974) que estableció un gobierno que se retiró de Mozambique; el país se independizó el 25 de junio de 1975.

La tercera colonia que poseía Portugal en África es la Guinea portuguesa, mucho más pequeña que las dos anteriores. A pesar de que los portugueses desembarcaron en ella hacia mediados del siglo XV y establecieron algunos puestos, el interior del país no fue explorado hasta principios del siglo XX.

También allí el relieve es poco importante, con bosques muy tupidos a lo largo de las costas. Hacia el interior, estos bosques se transforman en sabanas herbosas o de matorrales. Se cultiva el cacahuete y se explotan los recursos de la selva: maderas preciosas, aceite de palma, cera y cocos.

La Guinea portuguesa es la menos desarrollada de las colonias portuguesas de África. La población, que se calcula en 600.000 habitantes, pertenece principalmente a la tribu de los peules, ganaderos de religión musulmana. En las costas viven negros pertenecientes al grupo de los balantes, que se dedican al cultivo del arroz. En cuanto a los blancos, poco numerosos, por lo general son funcionarios residentes en Sao José de Bissau, la capital.

Portugal poseía también las islas de Cabo Verde, situadas en el océano Atlántico a 600 km. de la costa. Son islas volcánicas que se alzan hasta 3.000 m sobre el nivel del mar. Por último, algo más al sur, en el golfo de Guinea, se encuentran dos pequeñas islas portuguesas, Sao Tomé y Príncipe. Las plantaciones de caña de azúcar se instalaron por primera vez en el mundo en Sao Tomé, a principios del siglo XVI. Actualmente, los cultivos principales son los del café y el cacao.

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El Preambulo de la Constitucion Nacional Explicado Sarmiento

El preámbulo es una declaración realizada por los constituyentes, en la cual se fijan y precisan los grandes objetivos que se persiguen con la sanción de la Constitución.

La Ley Fundamental, además de establecer las principales pautas de organización dentro del Estado, constituye un amplio programa de gobierno. Se trata del programa destinado a perdurar el mayor lapso de tiempo posible, no del detallado plan que confeccionan los distintos gobiernos en ocasión de su paso por el poder.

Nuestro preámbulo comienza reivindicando el origen democrático de la carta magna. Son los representantes del pueblo quienes, reunidos en un Congreso, elaboran la Constitución. Toman como antecedentes los pactos que las provincias habían celebrado luego de la Independencia, con la finalidad de elaborar una Ley Fundamental para el país.

Los constituyentes se proponen organizar un país unido, que cuente con una justicia afianzada, donde reinen, por siempre, la paz y la libertad y se persiga el bienestar general de la población. Se expresa una política inmigratoria abierta y se invoca la protección divina como “fuente de toda razón y justicia”. Estos enunciados, a pesar de que no componen el texto propio de la Constitución, conforman criterios básicos para su interpretación.

preambulo argentino

El Preámbulo
El preámbulo de las constituciones políticas es el resumen, digámoslo así, de todas sus disposiciones, el objeto que éstas se proponen asegurar, y como una tesis que todos los parágrafos siguientes vienen a comprobar. Todas las constituciones escritas y emanadas de a voluntad del pueblo, por medio de la ciencia de sus legisladores, llevan esta introducción; v cuando en la Asamblea Constituyente de 1848 en Francia se propuso la moción de suprimir todo preámbulo, M. Lamartine, en un elaborado discurso, hizo sentir la conveniencia y la necesidad de esta declaración previa de los objetos y fines de una constitución, para asegurar y fijar la inteligencia e interpretación de sus disposiciones, por aquella declaración de principios constitutivos y constituyentes, que dejan consignados el espíritu de los legisladores que la dictaron y los fines que se propusieron alcanzar. El preámbulo de las Constituciones es, pues, no sólo parte de la ley fundamental, sino también la pauta y la piedra de toque para la resolución de todos los casos dudosos, conformando su interpretación y práctica con los fines para que fueron adoptadas las subsiguientes disposiciones y el espíritu que prevaleció en su adopción.”

“En cumplimiento de pactos preexistentes”
“Los dos parágrafos añadidos al preámbulo de la Constitución Argentina son de una alta importancia, y fijan con precisión el espíritu de muchas de las subsiguientes disposición es. El primero establece como base que los Representantes del pueblo de la Confederación Argentina, reunidos en Congreso General Constituyente por voluntad y elección de las provincias, obran en cumplimiento de pactos preexistentes.

Los Representantes se refirieron a ciertos pactos preexistentes entre las provincias, que no creyeron oportuno especificar; la frase abraza todos los pactos preexistentes que ponen límites a la voluntad nacional, a su territorio o sus relaciones en general con el resto del mundo.

Pertenecen a los convenios entre las provincias, relativos a la Constitución, el pacto celebrado en Santa Fe en 1831 entre las cuatro provincias litorales de los Ríos Paraná y de la Plata, como asimismo el Convenio de San Nicolás, que arregló las bases de la representación. El pacto litoral no contiene, propiamente hablan do,’si no disposiciones transitorias y el reconocimiento de la supremacía del Congreso Argentino para estatuir sobre las cuestión es de interés general, según se establece en las atribuciones del Congreso.

El convenio de San Nicolás, que declara vigente el primero, no estatuye tampoco otro principio subsistente que el que ya había dejado consignado el pacto federal, a, saber, que la Constitución Nacional sería bajo el sistema republicano, representativo, federal, añadiendo la prohibición a los gobiernos de las provincias de dar instrucciones especiales a sus Representantes en el Congreso; quedando así autorizados con toda clase de poderes para el desempeño de su misión. La forma de gobierno adoptada en la Constitución parte de esta base, es dada en cumplimiento de pactos preexistentes”.

‘Para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino”
“Tal declaración importa una invitación hecha a todos los hombres del mundo a venir a participar de las libertades que se les aseguran, una promesa de hacer efectivas esas libertades, y una indicación de que hay tierra disponible para los que quieran enrolarse en la futura familia argentina. En una palabra: la República Argentinas declara en estado de colonización, e incorpora en sus instituciones la expresión de este sentimiento, el deseo de verlo satisfecho y los medios seguros de verificarlo.

El elemento del orden de un país no es la coerción; son los intereses comprometidos. La despoblación y la falta de industria prohijan las revueltas: poblad y cread intereses. Haced que el comercio penetre por todas partes, que mil empresas se inicien, que millones de capitales estén esperando sus productos, y crearéis un millón de sostenedores del orden.”

Domingo Faustino Sarmiento Comentarios de la Constitución

Camara de Senadores Atribuciones Tiempo Mandato Funciones Poder

LA CÁMARA DE SENADORES
Su carácter e integración
La Cámara de Senadores constituye la representación política nacional de las provincias y de la ciudad de Buenos Aires.

En plena vigencia del régimen federal, la representación senatorial de provincias en el Congreso Nacional es igualitaria, sin que se tenga en cuenta, en este caso, la importancia demográfica de cada provincia.

El Senado se integra con tres senadores por cada provincia y tres senadores por la ciudad de Buenos Aires.

REQUISITOS MÍNIMOS PARA SER SENADOR. Las condiciones mínimas exigidas para ser senador nacional son las siguientes:

• Ser ciudadano argentino.
• Haber cumplido 30 años de edad,
• En caso de tratarse de extranjeros naturalizados, tener un mínimo de 6 años como ciudadano.
• Haber nacido en la provincia que lo elija (o en la Capital Federal, si es el caso) o tener dos años de residencia inmediata en ella.

La Constitución Nacional estableció la necesidad de contar con un ingreso personal superior a 2.000 pesos fuertes (de 1853) anuales, o una entrada equivalente, para poder ser senador nacional. Esta condición -resultado de la manera de pensar de aquella época- ha caído en desuso: no tiene aplicación real en nuestros días. Ha sido derogada por la costumbre.

DURACIÓN DEL MANDATO. Los senadores nacionales duran 6 años en su cargo y se los puede reelegir sin límite de tiempo.

La Cámara de Senadores se renueva por tercios cada dos años. Esto significa que una parte de los senadores debe abandonar sus cargos y elegirse reemplazantes.
En caso de vacancia antes de cumplir el período (por renuncia, muerte, etc.) debe efectuarse de inmediato la elección del reemplazante en la forma indicada por la Constitución y la legislación local.

EL VICEPRESIDENTE EN EL SENADO. La Cámara de Senadores es presidida por el Vicepresidente de la Nación. En los debates sólo vota en caso de empate. Cuando el Vicepresidente debe ocupar la Presidencia de la Nación (por renuncia, muerte o ausencia transitoria del Presidente) su función al frente del Senado es cumplida por un presidente provisional elegido por la misma cámara.

Cámara de Senadores

Cámara de Senadores en Argentina

Atribuciones exclusivas del Senado
Están determinadas por varios artículos de la Constitución Nacional y son las siguientes:

• El Poder Ejecutivo necesita del acuerdo (conformidad) del Senado para designar a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, a los jueces nacionales, a los altos funcionarios diplomáticos y a los oficiales superiores de las Fuerzas Armadas.
• El Senado es el que realiza el juicio político a los acusados por la Cámara de Diputados.
• Es necesario el acuerdo o autorización de esta cámara para la declaración del estado de sitio en caso de “ataque exterior”.

“CÁMARA BAJA” Y “CÁMARA ALTA”
A través de lo analizado en las páginas anteriores, se habrá advertido la existencia de importantes diferencias entre ambas cámaras del Poder Legislativo.

La principal es la que surge del distinto carácter de su respectiva representación: popular en un caso, institucional en el otro, pues los senadores representan a las provincias.

Existe, además, una diferencia de la edad mínima exigida para ser diputado (25 años) o para ser senador (30 años). Se ha calificado como “cámara joven” a la de Diputados y se atribuyó (sin mayores fundamentos políticos) una función supuestamente moderadora a la de Senadores. La idea de los constituyentes de 1853 al adoptar este sistema fue “atemperar la impetuosidad juvenil” de los diputados con la acción de otra cámara que, históricamente, desempeñó un papel más conservador.

La denominación de “cámara alta” con que se identificó al Senado deriva de la tradición parlamentaria occidental, heredera del parlamentarismo británico. Antiguamente en el Reino Unido la “cámara alta” -la de mayor jerarquía- era la Cámara de los Lores, asamblea aristocrática sin poder real en nuestros días.

Fuente Consultada:
Instrucción Cívica
Norberto Fraga – Gabriel Ribas Editorial A-Z
Instrucción Cívica 2 D.A. Sabsay – S.G. Jáuregui

El Poder Legislativo Atribuciones Camara de Diputados Tiempo Mandato

El Poder Legislativo 

En un sistema de gobierno basado en la división de poderes, la función principal del Poder Legislativo es la de sancionar y derogar las leyes. En este caso utilizamos la palabra ley en su sentido restringido y formal.

El Poder Legislativo es ejercido por el Congreso. Nuestro Congreso está compuesto por dos cámaras: la Cámara de Diputados y del Senado, se lo llama de carácter bicameral.

El Congreso tiene a su cargo la función legislativa. Cada una de las cámaras actúa de manera independiente pero, para que un proyecto se convierta en ley, es necesaria la voluntad concurrente de ambas cámaras.

Los diputados representan a la Nación en su conjunto. Es decir que aunque hayan sido elegidos por el electorado de un distrito determinado, representan al electorado total del país. Los senadores, en cambio, representan al distrito que los ha elegido. Los senadores defienden, en el Congreso, los intereses de las provincias que ellos representan, o de la Capital Federal.

poder  legislativo

Cámara de Senadores Donde se Debaten las Leyes

Las cámaras se reúnen en sesiones ordinarias que comienzan el 1° de marzo  y se extienden hasta el 30 de noviembre de cada año También pueden reunirse en sesiones extraordinarias. Ello ocurre cuando el Presidente decide convocarlas fuera del término de sesiones ordinarias, o prorrogar el período ordinario. Sin embargo, cabe señalar que tanto el H. Senado como la Cámara de Diputados han interpretado que el Congreso tiene facultades suficientes para disponer la prórroga de las sesiones ordinarias en Resoluciones adoptadas durante el mes de diciembre de 2001

La Constitución determina los requisitos para ser senador o diputado, como así también el término de sus mandatos y las formas de elección.

La Cámara de Diputados se compone de representantes o diputados elegidos directamente por el pueblo de las provincias y de la ciudad de Buenos Aires.

REQUISITOS MÍNIMOS PARA SER DIPUTADO. Para poder ser diputado nacional es necesario reunir ciertas condiciones -requisitos- mínimas:
• Ser ciudadano argentino.
• Haber cumplido 25 años de edad.
• En caso de tratarse de un extranjero naturalizado, tener un mínimo de 4 años como ciudadano argentino.
• Ser nativo de la provincia que lo elija (o de la Capital) o haber residido en ella los dos años anteriores a la elección.

DURACIÓN DEL MANDATO Los diputados nacionales son electos para cumplir un mandato de 4 años y pueden ser reelegidos sin limitación de tiempo. La Cámara de Diputados se renueva por mitades cada 2 años. Esto significa que al cumplirse ese plazo, la mitad de los representantes deben dejar sus cargos y son reemplazados por los nuevos electos. (La Constitución estableció que en la primera legislatura se procedería a sortear a los diputados que sólo cumplirían un período de 2 años: Reiteradas interrupciones del ciclo constitucional a lo largo de las últimas décadas han obligado a aplicar este mecanismo en varias oportunidades.)

El texto constitucional también establece que en caso de vacante (por muerte, renuncia o cualquier otra razón), debe realizarse la elección del reemplazante en el distrito electoral correspondiente. Sin embargo, este sistema ha sido reemplazado por un régimen de suplencias.

Atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados
El Congreso posee una serie de atribuciones (es decir, de facultades) y de deberes.
La mayoría de esas atribuciones y deberes son comunes a ambas cámaras y las explicaremos un poco más adelante. Otras sólo pertenecen a cada una de ellas, son exclusivas del Senado o de la Cámara de Diputados.

Las atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados son las siguientes:

• Sólo la Cámara de Diputados posee la iniciativa para promover el tratamiento de proyectos de ley sobre contribuciones económicas que se impongan a la población (impuestos) y sobre el reclutamiento de tropas.
Esto es así, porque se entiende que esas leyes t pueden afectar el derecho de propiedad de los habitantes (en el caso de aprobarse nuevos impuestos) o su libertad personal (al regularse el servicio militar, por ejemplo) y se reserva la iniciativa en tales materias a los representantes directos del pueblo.

• Sólo la Cámara de Diputados tiene la facultad de iniciar juicio político al Presidente, al Vicepresidente de la Nación, al jefe del gabinete de ministros, a los ministros del Poder Ejecutivo y a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. El juicio político -que ampliaremos al final de esta Unidad- se inicia cuando la Cámara de Diputados acusa ante el Senado a quien haya desempeñado mal su cargo o cometido delitos. (El juicio político puede dar como resultado la destitución del acusado y su posterior encausamiento judicial.)

Organización del Poder Judicial Federal Eleccion Jueces Consejo Magistratura

El Poder Judicial
Este Poder  cumple un papel fundamental dentro de un Estado democrático. El Poder Judicial tiene a su cargo la función jurisdiccional, a través de la cual se convierte en el gran tutor de los derechos de los habitantes. Además, el Poder Judicial es el órgano de control por excelencia, control que ejercita sobre los otros dos poderes.

El Poder Judicial debe ser independiente para poder cumplir sus funciones sin interferencias ajenas a él. La independencia del Poder Judicial constituye uno de los principales elementos del Estado de Derecho.

Un juez, para decidir un caso, no puede ser objeto de presiones provenientes de otros poderes o incluso de sectores o grupos de la sociedad. Para resistir esas presiones, la Constitución prevé distintos recursos.

Los principales procedimientos son el modo de designación y la duración de las funciones de los jueces. Los jueces son designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado. La participación de los otros dos poderes en el acto de nombramiento de los magistrados, ha sido prevista para evitar que un único poder de decisión pudiera completar la nómina de jueces a su antojo y conveniencia. De este modo, el Poder Ejecutivo presenta una lista, a medida que surgen las necesidades, y el Senado la acepta o la rechaza, actuando así como controlador de la iniciativa del Presidente.

Los jueces se mantienen en sus funciones mientras dure su buena conducta. A diferencia de lo que ocurre en los otros poderes, donde se ha establecido un plazo para la duración de los mandatos, los jueces no tienen un lapso de tiempo preestablecido, luego del cual deban dejar sus cargos.

Así, se ha querido evitar que exista una identificación entre la ideología de los jueces y la de los gobiernos de turno. También, para preservar la independencia del Poder Judicial, la Constitución le prohíbe expresamente al Presidente de la Nación el ejercicio de funciones judiciales.

Organización de nuestra justicia
Como nuestro país es federal, en él conviven un Poder Judicial Nacional y los poderes judiciales provinciales. El Poder Judicial Nacional es la justicia federal, mientras que por justicia provincial se hace referencia a los poderes judiciales de las veintidós provincias argentinas.

La Constitución Nacional determina las bases de la organización de la justicia federal, las constituciones provinciales se ocupan de la justicia en cada una de ellas, cuyas características varían de una a otra provincia. El Poder Judicial de la Nación está compuesto por la Corte Suprema de Justicia y los demás tribunales inferiores. La Corte Suprema es el órgano máximo del Poder Judicial y está compuesta por cinco miembros.

Los tribunales inferiores son:
• los tribunales de primera instancia, integrados cada uno por un juez,
• las Cámaras Federales de Apelación, son colegiadas y están formadas por varios jueces, cada una.

El papel de cada instancia judicial
Los jueces de primera instancia y las Cámaras de Apelación están agrupados por materia. Es así como existen jueces y cámaras en materia penal, civil, comercial, etc. Una persona que desee encontrar una solución a un conflicto derivado de la falta de pago de alquileres de su inquilino, concurrirá primero ante el juez de primera instancia en lo civil, pues se trata de una cuestión civil. Una vez que el juez haya dictado sentencia, tanto la persona que inició el juicio como su contrincante pueden apelarla. Si la sentencia es apelada, el asunto deberá ser nuevamente analizado por la Cámara de Apelaciones en lo Civil.

La cámara dictará una nueva sentencia. En esta nueva sentencia se podrá confirmar lo decidido por el primer juez o establecer algo diferente. Luego de esta segunda instancia, el asunto quedará dilucidado y las partes deberán atenerse a lo decidido por los jueces. La Constitución ha establecido una doble instancia judicial para garantizar una adecuada administración de la justicia. Los conflictos son estudiados y decididos dos veces, evitándose al máximo la posibilidad de que se cometan errores o arbitrariedades. La Corte Suprema de Justicia se ocupa de los asuntos en que intervienen las provincias o diplomáticos extranjeros.

Los poderes se relacionan y controlan entre sí
La separación de poderes no implica una desvinculación total entre ellos. Esta técnica de división del poder fue pensada para evitar que el poder careciera de control. Cada poder es controlado por los otros a través de facultades contenidas en la Constitución. De este modo, los órganos se relacionan e interactúan.

El Poder Judicial invade la esfera de los otros dos poderes, a través del llamado control de constitucionalidad que ejerce sobre las leyes del Poder Legislativo y decretos del Poder Ejecutivo. Este control tiene por objeto impedir la aplicación de leyes o decretos contrarios a la Constitución. De ocurrir esta situación durante la tramitación de un juicio, la parte que se considere afectada podrá solicitar que no se le aplique la norma, por ser inconstitucional; si la Corte Suprema así lo entiende dicha norma no se aplicará.

A su vez, el Poder Legislativo controla al Poder Judicial, cuando decide sobre la creación de nuevos tribunales inferiores o cuando sanciona la ley de presupuesto, en cuyo interior se prevé la suma que le corresponde al Poder Judicial para sus gastos, o cuando a través del juicio político decide remover a algún magistrado.

El Poder Ejecutivo también controla al Poder Judicial, cuando propone al Senado los nombres de los futuros jueces, y a su vez, el Senado realiza una fiscalización sobre el Poder Ejecutivo, cuando presta o no su acuerdo a lo propuesto por el Poder Ejecutivo.

También el Poder Legislativo incursiona en el Poder Ejecutivo en otras cuestiones, como por ejemplo: la sanción de la ley de presupuesto nacional, la aprobación o no de los tratados con los países extranjeros que han sido firmados por el Presidente, la autorización al Poder Ejecutivo para declarar la guerra, etcétera.

El Poder Ejecutivo controla al Poder Legislativo con el veto o rechazo de las leyes que ya han sido sancionadas por el Congreso antes de su promulgación, o cuando decide convocar a sesiones extraordinarias a las cámaras o prorrogar las sesiones ordinarias.

ORGANIZACIÓN DEL PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN
Existe en nuestro país una Justicia nacional o federal y una Justicia provincial o local. Un caso particular de la Justicia Nacional es el de los llamados Tribunales Nacionales de la Capital, que cumple, dentro de la jurisdicción de la Capital Federal, un papel equivalente al de los poderes judiciales provinciales en cada una de las provincias.

Derecho federal: Son las normas que regulan la organización, funcionamiento y atribuciones de los Poderes del gobierno nacional, así como las que se refieren al contenido del artículo 75 inciso 18 de la C. N. Es aplicado por los tribunales federales en todo el territorio nacional.

Derecho común: Son, esencialmente, las normas contenidas en los Códigos Civil, Penal, Comercial y de Minería (o “códigos de fondo”, por oposición a los “códigos de forma” o de procedimiento), aplicados por los jueces federales o provinciales según los casos.

Derecho local: Son las normas dictadas por los poderes locales y tienen vigencia en su ámbito (provincias y Capital Federal). En el caso de la Capital, la legislatura local es el Congreso de la Nación.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación
La Constitución crea una Corte Suprema de Justicia. Al decir que es “suprema” se expresa que es el más alto tribunal de justicia de la Nación; sus decisiones son inapelables.

La Corte Suprema es, además, el intérprete máximo de la Constitución Nacional. Es quien interpreta, en caso de duda, y con carácter definitivo, el significado de las normas constitucionales. Por eso, se la ha definido como “guardián de la Constitución” y se ha dicho que “la Constitución es lo que la Corte dice que es”.

Cuando la Corte Suprema efectúa una interpretación de una norma constitucional, esa interpretación es obligatoria para los tribunales inferiores.

La Corte puede declarar la inconstitucionalidad de cualquier norma (una ley, un decreto, etc.), pero debe hacerlo solamente ante la aplicación de esa norma en un caso concreto y a pedido de la parte afectada (por ejemplo: ante el pedido de un individuo en un juicio, que se* vea afectado por la aplicación de una ley). La declaración de inconstitucionalidad no deroga la norma cuestionada: si la Corte estuviera facultada para derogar una norma dictada por el Congreso o por el Presidente se violaría la división de poderes.

Existen diversos caminos judiciales por los que una causa puede llegar a la Corte Suprema: recursos de apelación impugnando sentencias de tribunales inferiores, recursos de revisión, de aclaratoria, de queja, etc.

La Constitución no determina el número de integrantes de la Corte, ni su organización y funcionamiento. Tampoco establece la forma en que debe ser elegido el magistrado que la presida. Todos esta aspectos han sido reglamentados por la Ley 23.774, que fijó en nueve el número de jueces que la integran.

Estos magistrados se denominan Ministros de la Corte y son designados por el Presidente de la Nación con acuerdo del senado y son ellos, según la ley, quienes deben designar a su presidente.

REQUISITOS PARA INTEGRAR LA CORTE SUPREMA: LOS establecidos por la Constitución Nacional son los siguientes:

• Ser abogado de la Nación con g anu3.de ejercicio profesional.
• Reunir las calidades necesarias para ser senador nacional (30 años cumplidos de edad, 6 años de ciudadanía si se es argentino por opción, etc.). Los ministros de la Corte prestan juramento “de desempeñar sus obligaciones, administrando justicia bien y legalmente, y en conformidad a lo que prescribe la Constitución”. Ese juramento se presta ante el presidente de la Corte.

La designación de los jueces y el Consejo de la Magistratura
Jueces y camaristas son designados por el Presidente de la Nación con acuerdo del Senado y -a partir de la vigencia de lo dispuesto en la reforma constitucional de 1994 con la previa participación del Consejo de la Magistratura: el Poder Ejecutivo solamente puede designar para ocupar cada cargo a uno de los tres integrantes de una terna seleccionada por aquel organismo.

Además de la selección de los postulantes a los cargos de jueces integrantes de los tribunales nacionales, corresponde al Consejo de la Magistratura, la administración del Poder Judicial.

De acuerdo con lo establecido en la C.N.este Consejo se integrará equilibradamente con: representantes de los “órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal”; también se incluirán en él a “personas del ámbito académico y científico”. El detalle preciso de su integración debe determinarse por ley del Congreso.

Esta institución no existía hasta la reforma constitucional de 1994.

ATRIBUCIONES DEL PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN FEDERAL
Atribuciones judiciales
La competencia de la justicia federal se encuentra establecida básicamente en el artículo 116 de la Constitución. De acuerdo con su texto:

La Corte Suprema de Justicia tiene una competencia originaria y exclusiva en los asuntos que involucren -a diplomáticos extranjeros o en los que una provincia fuese parte litigante. En estos casos el juicio debe iniciarse directamente ante la Corte (por eso se habla de competencia originaria ) y no existe apelación de su decisión (por eso es exclusiva).

Además de los casos de competencia originaria, la Corte Suprema posee también competencia por impugnación de las sentencias de tribunales inferiores.

Atribuciones colegislativas
• La Corte Suprema y las Cámaras de Apelaciones dictan acordadas, que son resoluciones referidas al funcionamiento interno de los tribunales.
• Las Cámaras de Apelaciones dictan también fallos plenarios, que son sentencias cuya doctrina es de aplicación obligatoria para los tribunales inferiores.
• La Corte también posee atribuciones para dictar su propio reglamento interno.
En todos estos casos podemos señalar la existencia de facultades colegislativas del Poder Judicial.

El Poder Ejecutivo Atribuciones Jefe de Gabinete Funciones Ministros

El Poder Ejecutivo
En nuestro país, el Poder Ejecutivo es unipersonal. Seguramente, después de leer esta afirmación, nos preguntaremos sobre el papel que cumplen el Vicepresidente de la Nación y los ministros.

Casa Rosada en Buenos Aires

Casa Rosada en Buenos Aires

El Vicepresidente es elegido por la ciudadanía juntamente con el Presidente; ambos componen la fórmula presidencial. Sin embargo, ya en funciones, el Vicepresidente se desempeñará como Presidente del Senado, donde sólo vota en caso de empate. Cuando el Presidente no puede ejercer la presidencia en forma definitiva o temporaria, es reemplazado por el Vicepresidente. En el primer caso, termina el mandato presidencial. En el segundo caso, ejerce la presidencia durante la ausencia del Presidente; esta hipótesis es la más común, ya que ella se produce toda vez que el Presidente debe viajar al exterior.

Carácter del Poder Ejecutivo
La Constitución Nacional establece que el Poder Ejecutivo es desempeñado por “un ciudadano con el título de presidente de la Nación Argentina”
El Poder Ejecutivo nacional es de carácter presidencialista: se trata de un Poder con fuerte concentración de autoridad -tomado en parte del modelo norteamericano- y gran cantidad de atribuciones.

La tradición histórica de nuestro país asigna un destacado peso político a la figura presidencial. Ese peso político ha dependido, además de las disposiciones constitucionales, de las características de quienes ejercieron la primera magistratura. Por otra parte, en el orden establecido por nuestra “ley fundamental”, el Poder Ejecutivo está sujeto al control de los otros dos poderes del Estado, como ya hemos señalado.

EL VICEPRESIDENTE DE LA NACIÓN. Es a quien le corresponde reemplazar al Presidente en el ejercicio del Poder Ejecutivo, en caso de enfermedad, ausencia de la capital (producida, por ejemplo, por haber viajado al exterior), renuncia, destitución o muerte.

Además de esta función de reemplazo eventual, el Vicepresidente cumple la de presidir la Cámara de Senadores, en la que sólo tiene voto en caso de empate.

Los ministros son colaboradores del Presidente. Él los designa y los reemplaza cuando lo estima conveniente. El Presidente es el único responsable político de la gestión ejecutiva del gobierno. Los ministros son, en realidad, sus secretarios y tienen a su cargo las distintas ramas o campos de actividad administrativa.

El Presidente y el Vicepresidente son elegidos de manera indirecta. Los ciudadanos votan a los miembros de un Colegio Electoral, que tiene por función designar al Presidente y Vicepresidente de la Nación. La Constitución determina los requisitos y la duración de sus mandatos, que a partir de la reforma de 1994, la duración del mandato es de 4 años y pueden ser reelegidos solo para otro mandato.

El Presidente tiene la jefatura política del país. Él representa a la Nación en el exterior y en el interior del país. Por sus manos pasan las grandes iniciativas políticas. Esto sucede cuando anuncia las relaciones que tendremos con los demás países, o presenta el proyecto de presupuesto ante el Congreso, o establece los planes en materia de educación, o decide el tratamiento que debe dársele a una huelga, o determina las relaciones con los partidos opositores, etcétera.

La lista es larguísima, sólo quisimos ilustrar sobre la amplia gama de actos que puede realizar el Presidente de la Nación. Por supuesto que muchos de dichos actos, el Presidente los realiza con la aprobación y el control de los otros poderes, pero el solo hecho de tener la iniciativa ya le permite concretar su papel de conductor político.

El Presidente es el jefe de la administración pública; el Poder Ejecutivo asegura la función administrativa del Estado. Además, es el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas.

Requisitos para ser elegido Presidente o Vicepresidente de la Nación: La Constitución exige una serie de requisitos o condiciones mínimas- para poder ser electo Presidente o Vicepresidente:

• Haber nacido en territorio argentino o ser hijo de ciudadano nativo, habiendo nacido en país extranjero.
(Una razón de origen histórico explica la segunda parte de este requisito: en 1853 se contempló especialmente el caso de los muchos emigrados políticos que habían abandonado el país durante la época de Rosas.)
• Reunir las calidades exigidas para ser electo senador.

Cómo se eligen el Presidente y el Vicepresidente
El procedimiento constitucional para la elección de Presidente y Vicepresidente de la República consiste en una elección directa o de primer grado. Los ciudadanos votan directamente a los candidatos a Presidente y a Vicepresidente de la Nación.

La elección presidencial se realiza de la siguiente forma:

• Debe efectuarse dentro de los meses anteriores a la finalización del mandato del Presidente en ejercicio.
• Todo el territorio nacional se considera como un distrito electoral único, sumándose los votos para cada candidato sin discriminar de qué provincia provienen (sistema de distrito uninominal).
• Se aplica el sistema de doble vuelta o ballottage:

1) En una primera elección participan todas las fórmulas de candidatos que se presenten. (Las fórmulas se integran con su candidatos a Presidente y otro a Vice.) Si una de ellas obtienen una cantidad de votos superior al 45% de los votos afirmativos válidamente emitidos, los integrantes de esa fórmula serán proclamados como Presidente y Vice. (La expresión “votos afirmativos válidamente emitidos” significa que para calcular ese porcentaje sobre el total de sufragios no se cuentan los votos anulados ni los votos en blanco). Lo mismo ocurrirá si logra entre el 40% y el 45% pero, además, obtiene una ventaja mayor de 10 puntos porcentuales sobre la fórmula que sigue en número de sufragios.

En otros países donde se aplica el sistema de ballottage es necesario obtener la mitad más uno del total de votos válidos para triunfar.

2) De no obtener ninguna de las fórmulas de candidatos las mayorías indicadas en 1), debe realizarse una segunda elección dentro de los treinta días de celebrarse la primera.

En ella participarán solamente las dos fórmulas presidenciales más votadas. Para esta segunda elección no es posible recomponer las fórmulas de candidatos (o sea, por ejemplo, reemplazar a uno de ellos para concretar una alianza interpartidaria).

Este sistema de elección directa del Poder Ejecutivo se introdujo en nuestro país con la reforma constitucional de 1994. Hasta entonces se había aplicado un régimen de elección indirecta: los ciudadanos votaban por electores y éstos, reunidos en colegio electoral, elegían al primer mandatario y a su vice. En caso de empate en el colegio electoral, la elección pasaba al Congreso Nacional.

Esta última posibilidad nunca se concretó. En cambio sí se produjeron casos en los que una fórmula presidencial necesitara el apoyo de los electores de otros partidos para triunfar, por no tener mayoría propia (así sucedió con la elección del presidente Illia en 1963). Además, era teóricamente posible que los electores de presidente y vice decidieran elegir a personas cuyas candidatura no tuviera mayoría en el respaldo popular o que ni siquiera hubieran sido candidatos hasta ese momento (cosa que no ocurrió nunca en la realidad).

Todas estas circunstancias aconsejaban reemplazar el sistema dando un papel más decisivo a la ciudadanía. Las últimas elecciones presidenciales por el sistema indirecto fueron las que llevaron a la Casa Rosada a los doctores Alfonsín (en 1983) y Menem (en 1989); ambos candidatos tuvieron mayoría propia en el colegio electoral.

ATRIBUCIONES DEL PODER EJECUTIVO
Se llaman atribuciones del Poder Ejecutivo a las facultades que otorga al mismo la Constitución Nacional. Estas facultades están enumeradas, principalmente, en el artículo 99 de nuestra “ley fundamental”.

El Presidente de la Nación, a cargo del Poder Ejecutivo del gobierno federal, ejerce lo que se ha llamado tres jefaturas:

Es el Jefe Supremo de la Nación, es el jefe del Gobierno y es el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación. Es, además, el responsable político de la administración general del país.
Como Jefe del Gobierno, el Presidente es el máximo representante del Estado argentino ante la comunidad internacional.

La expresión “Jefe Supremo” utilizada en la Constitución Nacional ha sido cuestionada por diversos tratadistas como no adecuada: puede dar la idea de alguien dotado de un poder de mando ilimitado. Esa interpretación es contraria al espíritu y disposiciones de la Constitución, que responde a la concepción republicana, caracterizada por el control recíproco entre los poderes constituidos.

Clasificación de las atribuciones del Poder Ejecutivo
1. Atribuciones de organización institucional y político-administrativas.
2. Atribuciones económico-financieras.
3. Atribuciones militares.
4. Atribuciones relativas al manejo de las relaciones exteriores.
5. Funciones colegislativas.
6. Funciones judiciales.

Principales atribuciones y funciones del Presidente de la Nación
1. Atribuciones de organización institucional y político-administrativas: Es el responsable político de la administración general del país, administración que es ejercida por el Jefe del Gabinete de Ministros. Designa -con el acuerdo del Senado- a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a los jueces federales; designa o remueve a los altos funcionarios diplomáticos (con acuerdo del Senado); nombra y remueve al Jefe del Gabinete, a los demás ministros, oficiales de su secretaría, etc.; inaugura anualmente las sesiones del Congreso, en cuya oportunidad da cuenta al Poder Legislativo del estado de la Nación y recomienda la consideración de las medidas que juzga oportunas y convenientes; declara el estado de sitio en caso de ataque exterior o de conmoción interna (en el caso en que el Congreso no esté sesionando); decreta la intervención federal a una provincia o a la Ciudad de Buenos Aires en el caso en que el Congreso esté en receso (y debe convocarlo entonces para tratar la cuestión); etc.

2. Atribuciones económico-financieras: Supervisa la tarea del Jefe del Gabinete respecto de la recaudación de las rentas nacionales y de su inversión de acuerdo con la ley de presupuesto.

3. Atribuciones militares: Corno Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, dispone de dichas fuerzas y ordena su distribución, entrada en operaciones, etc.

4. Atribuciones relativas al manejo de la relaciones exteriores: Es el Jefe del Gobierno, es decir, el máximo representante de la República ante la comunidad internacional. Concluye y firma tratados internacionales; recibe a representantes de otras potencias extranjeras y admite a sus cónsules; declara la guerra y ordena represalias con autorización del Congreso.

(132)La firma de un tratado internacional no significa su inmediata entrada en vigencia; sólo fija su texto. .Es necesario que el Congreso lo apruebe para que sea válido como ley de la Nación. Cabe aclarar que un tratado internacional entra en vigencia con el intercambio de ratificaciones o su depósito ante el organismo internacional correspondiente.

5. Funciones colegislativas: Participa de la formación de las leyes, las promulga; dicta los decretos reglamentarios para la aplicación de las mismas; ejerce el derecho de veto, con el que puede oponerse total o parcialmente a la sanción de una ley; convoca a sesiones ordinarias y extraordinarias del Congreso y puede prorrogarlas, etc. La reforma de 1994 ha establecido enfáticamente que el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta, emitir disposiciones de carácter legislativo. Sin embargo, admite que en ciertas circunstancias excepcionales el P.E. dicte decretos “de necesidad y urgencia”, que constituyen disposiciones legislativas sancionadas sin la intervención del Congreso. Se limita esta atribución excepcional excluyendo de ella lo referido a materia penal, tributaria, electoral y al régimen de los partidos políticos. Además, estos decretos “de necesidad y urgencia” deberán ser sometidos en un plazo perentorio a la consideración del Poder Legislativo

6. Funciones judiciales: El Presidente está facultado para conceder indultos y para conmutar penas.  El indulto consiste en el perdón de un cielito cometido; por él se suprimen las consecuencias penales de una condena judicial. Conmutar una pena consiste en sustituirla por otra menor. Estas facultades del Presidente han sido incorporadas con un fin humanitario y sólo deben ser aplicadas en casos excepcionales.

El Jefe de Gabinete y demás ministros del Poder Ejecutivo
La Constitución Nacional establece que “El jefe de gabinete de ministros y los demás ministros secretarios […] tendrán a su cargo el despacho de los negocios de la Nación y refrendarán y legalizarán los actos del presidente por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de eficacia”.

Los ministros dirigen sus respectivas áreas de gobierno y colaboran con el Presidente al que asesoran, actuando individual o conjuntamente en el gabinete nacional.

El número de ministros ha variado a lo largo de nuestra historia política. El texto de la Constitución vigente establece que la cantidad de ministros y las funciones de cada uno de ellos “será establecida por una ley especial”.

La organización vigente al editarse este libro incluye los siguientes ministros:
• Del Interior.
• De Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
• De Defensa.
• De Economía y Obras y Servicios Públicos.
• De Justicia.
• De Cultura y Educación.
• De Trabajo y Seguridad Social.
• De Salud y Acción Social.

El jefe de gabinete
Como los demás ministros es nombrado -y puede ser removido de su cargo- por el Presiden-te. Pero también tiene responsabilidad política ante el Congreso nacional y puede también ser removido de su cargo por el voto de la mayoría absoluta de los miembros de cada una de las Cámaras.

 

Los ministros son responsables ante el Presidente, que los designa y que puede destituirlos, y ante el Congreso, que puede someterlos a juicio político.

Luego que el Poder Legislativo inaugura sus sesiones, el jefe de gabinete y los ministros deben presentar una memoria (un informe detallado) de la situación de la Nación en sus respectivas áreas de competencia. También están obligados a concurrir al Congreso cuando cualquiera de sus cámaras se lo solicite, para dar explicaciones e informar sobre los temas de su propio ministerio (en estos casos se dice que los ministros son interpelados).

Los tratadistas han discutido si debe considerarse a los ministros como integrantes del Poder Ejecutivo (en cuyo caso éste no podría definirse como unipersonal) o como funcionarios que colaboran con ese poder del Estado sin formar parte de él. La mayoría se inclina por la segunda interpretación.