Reforma del Estado (I)

Historia del Gobierno Kirchnerista Presidencia de Cristina Kirchner

Historia del Gobierno Kirchnerista
Principales Medidas del Cristina F. Kirchner

ANTECEDENTES DE LA ÉPOCA: En noviembre de 2001, con Fernando De la Rúa como presidente de los argentinos, los medios informaban que cada día 2.000 argentinos caían debajo de la línea de la pobreza, En los primeros días de diciembre, la situación se hizo gravemente conflictiva. El Presidente había perdido su capital político y el ministro de Economía Domingo Cavallo, no encontraba recursos para tranquilizar a la población.

de la rua fernando

Varios gremios estatales estaban en huelga, mientras que en algunos barrios de la Capital la gente hacia escuchar su descontento golpeando cacerolas y cortando calles, protesta que se conoció con el nombre de “cacerolazos”. En todo el país, las protestas cortaban las rutas y las calles: de este modo, el piquete irrumpía en la vida política argentina.

ramon puertaEl 20 de diciembre de 2001,en medio de un caos generado por el corralito bancario, el presidente Femando de la Rúa renunció a la presidencia de la Nación.

En la emergencia,a falta de vicepresidente (como consecuencia de la salida de Carlos “Chacho” Álvarez), asumió interinamente Ramón Puerta, el presidente provisional del Senado,quien el 23 dediciembre se hizo a un lado para que se hiciera cargo del país Adolfo Rodríguez Saá,el gobernador de San Luis, designado por la asamblea legislativa.

En un contexto de ahogo financiero y fuga de capitales, ese mismo día declaró la cesación depagos (default, según la jerga financiera) de una partede la deuda pública, que en ese momento ascendía a 145 mil millones de dólares. La decisión fue saludada por las dos cámaras del Congreso con una ovación. Durante su gestión, contradictoriamente, continuaron los pagos de la deuda al FMI, el Banco Mundial y el BID.

Rodríguez Saá se mostraba exultante en su nueva función y recibió en su despacho a todos los que le pidieron audiencia. Pero sus medidas no conformaron a los gobernadores, quienes le retiraron su apoyo, por lo que renunció el 31 de diciembre.

En la emergencia asumió Eduardo Camaño, el titular de la Cámara de Diputados, quien fue presi-dentedelarepúblicaporapenas unas horas, ya que el 1° de enero de 2002 el parlamento designó a Eduardo Duhalde para que completara el mandato de De la Rúa, hasta diciembre de 2003. Entre sus primeras medidas devaluó el peso y prometió devolver los ahorros en la misma moneda en que habían sido depositados.

“Por aquella época los argentinos que tenía trabajo, trabajaban mas de 8 horas diarias. La brecha entre pobres y ricos era una de las más grandes del mundo: el 10% más rico percibía del ingreso nacional casi 35 veces más que el 10% más pobre. La participación de la clase media en ese ingreso era menor al 30%, la más baja de la historia argentina. La pobreza y el desempleo castigaban especialmente a los jóvenes. Sin embargo, una parte de la Argentina empobrecida y castigada por el saqueo de los grupos económicos y los jerarcas políticos seguía apostando a la ilusión menemista de volver a tener un salario no devaluado. Los más ricos y las empresas privatizadas también apostaban a la vuelta de quien les había garantizado ganancias impensables en cualquier economía capitalista. [Gobierno de Carlos Menem]”

Fuente: Argentina, El Siglo del Progreso y la Oscuridad María Seoane

Durante el gobierno de Duhalde el poder político seguía siendo extremadamente frágil, lo que se comprobó poco después: cuando algunos grupos piqueteros cortaron una vez más los accesos a la Capital, el gobierno ordenó reprimirlos y la policía asesinó a dos manifestantes.

Temiendo que la situación volviera a descontrolarse, Duhalde decidió adelantar las elecciones para abril de 2003. Su administración, en rigor de verdad, no había podido superar el debate respecto de su legitimidad de origen ni tampoco acallar el persistente reclamo que se le hacía, incluso desde sectores del PJ, de elecciones anticipadas para todos los cargos, o al menos para el de presidente.

Los candidatos mas votados fueron Carlos Menem y Néstor Kirchner que en la primera vuelta obtuvieron un empate. En la segunda vuelta, los argentinos en su mayoría temieron el regreso de Menem. Ya se había procesado en parte su responsabilidad en la gran crisis. Menem huyó de ese turno electoral que anunciaba su derrota aplastante, también para impedir que Kirchner llegara al poder con fuerza.

nestor kirchnerNéstor Kirchner asumió la presidencia de la nación el 25 de mayo de 2003. Había obtenido un porcentaje aún menor de votos que el radical Arturo Humberto Illia cuarenta años antes. Muchos consideraban que, con semejante déficit de legitimidad a cuestas, el suyo sería un gobierno de transición. Sin embargo, Kirchner fue también el primer presidente en décadas en recibir de su antecesor un programa económico en pleno auge, cuentas públicas en orden, una inflación controlada y en baja, y un PBI en acelerada expansión. Y pronto demostró tener los reflejos necesarios para, con esos medios, adquirir el respaldo electoral y político que le faltaba

Bajo la presidencia de Kirchner, la Argentina parecía encaminarse a una normalidad institucional con la atención a los problemas sociales, el juicio político a los ministros cuestionados de la Corte Suprema de Justicia, la remoción de las cúpulas militares, una política de derechos humanos contraria a la impunidad de crímenes de lesa humanidad y la difícil tarea de pagar su deuda externa enorme a partir de buscar el desarrollo económico y no basada en ajustes perpetuos sobre los salarios de la sociedad, porque todas las opciones de política económica estarían irremediablemente condicionadas por el enorme peso de la gigantesca deuda externa.

Kirchner en su discurso de su asunción en el Congreso explica: “Pertenezco a una generación diezmada”, haciendo referencia a los hechos atroces de la última dictadura militar (1976-1983). Se asumía como un sobreviviente de una generación diezmada. De una generación de militantes revolucionarios. De inmediato, inicia su Gobierno imponiéndole un ritmo casi desconocido hasta ese momento por los presidentes anteriores. El Estado habrá de intervenir en la economía. La unidad de América latina, a través del Mercosur, será un objetivo prioritario. Como los derechos humanos y el juicio a los genocidas, quienes, sí, tendrán la bienaventuranza de comparecer ante la Justicia. Se buscará el crecimiento de la economía y la redistribución de la riqueza.

Como objetivo central luchó en contra de la impunidad y posibilitar, por un lado, que miles de personas tuvieran una respuesta a su necesidad de saber qué suerte habían corrido sus seres queridos y no les fuera denegada su demanda de justicia; por el otro lado, hacer una contribución al fortalecimiento de la democracia con el esclarecimiento y el castigo a los responsables.

Impulsó el 21 de agosto de 2003 el Congreso sancionó la Ley 25.779, que declaró insanablemente nulas las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Tan importante como aquélla fue la decisión de conceder jerarquía constitucional ala Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Lesa Humanidad, suscripta por la Argentina y aprobada en 1995 por Ley 24.584.  Dicha Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Lesa Humanidad impide que para esos delitos el transcurso del tiempo pueda llegar a cumplir una función extintiva de la acción penal para perseguirlos. Dicho en otros términos: ningún acusado por hechos de la represión ilegal podrá ampararse en la prescripción de la acción penal.

Kichner aapoyó por una magistratura vigorosa y comprometida con tales postulados político-institucionales, y la renovación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación vino a satisfacer tal expectativa. Fue manifiesta y públicamente explicitada esta idea renovadora, desde el comienzo mismo de su gobierno, de recuperar el prestigio institucional de la Corte, que estaba sumamente cuestionada.

Al igual que en la década del 80 con el Juicio a las Juntas Militares, la Argentina estuvo a la vanguardia de Latinoamérica en lo que hizo al respeto por los derechos humanos. Gracias a la política impulsada desde el Ejecutivo se anularon las leyes que impedían el juzgamiento de los autores de delitos aberrantes y se recomenzaron los inicios.

LA NEGOCIACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA: A fin de terminar con el default (cesación de pagos) con los acreedores privados, el ministro de Economía, Roberto Lavagna, presentó el 1° de junio de 2004 una propuesta de reestructuración de la deuda pública externa. Se emitieron tres bonos y se planteaban dos escenarios alternativos: si la adhesión fuera menor o igual al 70% del monto total de capital de deuda en cesación de pagos, la quita del valor nominal sería del 47% aproximadamente, y de un 53% si el nivel de aceptación superaba el 70%.

El resultado del canje se conoció el 18 de marzo de 2005 y la adhesión fue del 76,15%. Del monto total de la deuda elegible, 81.836 millones de dólares, se logró canjear 62.318 millones. De esta forma el total de deuda reestructurada fue de 35.261 millones de dólares. Es la primera vez que el FMI no intervieno en la elaboración de un programa para la renegociación de la deuda pública en la Argentina desde 1965.

Esta medida contribuyó al desendeudamiento del país, fueron un desafío para las interpretaciones ortodoxas en materia económica y “realistas” en lo político. La acción de las autoridades públicas se ubicó lejos de las “sugerencias” de aquellos que indicaban que la única forma de salir de la crisis consiste en estimular el incremento de las tasas de ganancia, sostener un laxismo financiero a ultranza y respetar los dictados de los principales referentes del poder económico local e internacional, cuya cabeza visible es el FMI.

CRISTINA KIRCHNER SENADORA NACIONAL: En las elecciones legislativas del 23 de octubre, Cristina Fernández de Kirchner, compañera de Néstor Kirchner, fue elegida senadora nacional por la provincia de Buenos Aires. Cristina Fernández nació el 19 de febrero de 1953 en La Plata, y se recibió de abogada en la Universidad Nacional de La Plata en 1973.

CRISTINA Kirchner senadora nacional

Formó parte del Frente de Agrupaciones Eva Perón (Faep), ligada a las Fuerzas Armadas Revolucionarias, que luego se fusionó con la Federación Universitaria por la Revolución Nacional para formar la Juventud Universitaria Peronista, ligada a la organización Montoneros. Allí conoció a Néstor Kirchner, con quien se casó el 8 de mayo de 1975. Luego de la caída del gobierno de María Estela Martínez de Perón, la pareja se trasladó a Río Gallegos, provincia de Santa Cruz.

Los Kirchner-Fernández tuvieron dos hijos,   Máximo y Florencia. En 1989 fue electa diputada provincial en Santa Cruz y en 1995 senadora nacional por esa provincia. En 1997 es elegida diputada nacional y en 2001 otra vez senadora.

AIRES DE UN PAÍS DIFERENTE: Tras el corralito, el corralón, diecisiete cuasi monedas en circulación, aumento del desempleo y descalabro total, la Argentina se reencauzó, crece la economía y se afianza la gobernabilidad. Las consecuencias sociales de los gobiernos de economías neoliberales, fueron abrumadoras con el aumento vertiginoso del desempleo, la pobreza y la indigencia, la fractura del mercado de trabajo y, consecuentemente, la aparición de problemas de inseguridad desconocidos hasta entonces.

El desorden fue gigantesco, con 17 monedas circulando en lugar de la moneda nacional, el trueque como alternativa en una economía sin mercado, los bancos inoperantes por el corralito y el corralón, el tipo de cambio disparado en un sistema al borde de la hiperinflación.

Entre 2002 y 2006 , la economía registra tasas de crecimiento superiores al 8% anual y las tasas de ahorro e inversión alcanzaron sus máximos históricos de cerca del 30% y 24%, respectivamente. Simultáneamente se registró la acumulación de reservas internacionales fundada en el superávit del balance comercial y en la cuenta corriente del balance de pagos, la reducción de la tasa de desempleo y un alivio a la pobreza acumulada durante el cuarto de siglo anterior, 1976-2002.

El crecimiento actual obedece a dos causas principales, la pesificación de los activos y pasivos denominados en moneda extranjera y la consecuente recuperación de la autoridad monetaria del Banco Central, el superávit en los pagos internacionales debido a la caída de las importaciones y los buenos precios internacionales de los commodities, el ajuste cambiario que abrió espacios de rentabilidad clausurados durante el prolongado período de apreciación del tipo de cambio y la aparición del superávit primario en las finanzas públicas, por el repunte de la economía y la suspensión temporaria de los servicios de la deuda en default.

Por la otra, al cambio de rumbo de la política económica. Ésta abandonó la búsqueda de soluciones a través de la asistencia internacional y se dedicó a consolidar el control de los principales instrumentos de la política macroeconómica: el presupuesto, la moneda, los pagos internacionales y el tipo de cambio. La fortaleza emergente de la situación macroeconómica permitió formular una propuesta propia para resolver el problema de la deuda en default, que culminó exitosamente y, poco después, en enero de este año, cancelar la pendiente con el FMI.

CRISTINA PRESIDENTE DE TODOS LOS ARGENTINOS: por primera vez en nuestra historia, una mujer elegida democráticamente asume la presidencia. El desafío fue el de continuar con el modelo de crecimiento.

cristina kirchner asume el mando presidencial

Cristina F. de Kirchner estableció un proyecto político que seguía los lineamientos de su antecesor Néstor Kirchner. Triunfó en 2007 con el 46% de votos y fue reelegida en 2011 con el 54%, por 4 años mas.

La candidatura, de Cristina Fernández de Kirchner había sido lanzada en julio de 2007 con miras a las elecciones que iban a desarrollarse el 28 de octubre. Eso ya había desatado irritación en el establishment. En ese momento y hacia el final de su mandato, el presidente Kirchner gozaba de una altísima imagen positiva, y él mismo habría de declarar años después que los representantes del poder corporativo preferían su reelección y rechazaban la de Cristina. En aquel momento, todavía, los ciudadanos desconocían los alcances de esos hilos invisibles que habían condicionado a la democracia desde su regreso en 1983.

Nada de ello fue obstáculo para que obtuviera una cómoda victoria en las elecciones presidenciales de fines de ese mismo año, con la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner, frente a la alianza convenida poco tiempo antes entre Lavagna y lo que quedaba del radicalismo en la oposición. El kirchnerismo no sólo logró así asegurarse un segundo turno presidencial, sino habilitar nuevas reelecciones a futuro.

 Por otro lado, la adhesión de las clases medias urbanas al gobierno había disminuido respecto de la elección anterior, a consecuencia de la manipulación de las estadísticas, la inflación que así se ocultaba, los casos de corrupción que empezaban a surgir en el entorno presidencial (y que revelaban que ésta no era mucho menor que en tiempos de Menem, sino que, en todo caso, estaba más concentrada y mejor organizada) y la seguidilla de “atropellos institucionales” con los que el kirchnerismo había consolidado su poder.

“LA 125”: Con la publicación de la resolución 125, donde se aumentaba las retenciones a la expotación de soja, los empresarios rurales y grupo  seguidores mediáticos y políticos en campaña, realizaron un violento paro nacional. Mientras las rutas están cortadas por sus patrones, los peones siguen trabajando. Las enormes ganancias que daban base a la disputa , si realmente el campo era el principal generador de riqueza del país.

Después de más de 17 horas de debate, el 16 de julio, el vicepresidente de la Nación, Julio Cobos, votó finalmente contra las retenciones móviles y desempató en favor de la oposición y de las patronales rurales la votación en el Senado. Cobos trató hasta último momento evitar tener que pronunciarse pero finalmente su acción en contra del propio gobierno del que es parte quedó en evidencia.

LA REESTATIZACIÓN DE AEROLÍNEAS ARGENTINA: El 21 de noviembre de 1990, en un Salón Blanco con la presencia de tan sólo unos pocos funcionarios, se abrían los sobres de la licitación con la que se privatizaría Aerolíneas Argentinas. Se cerraba así la entrega más vil de nuestro patrimonio nacional y se iniciaba el periodo más grande de penurias para los trabajadores aeronáuticos y los usuarios argentinos.

El gobierno neoliberal de Carlos Menen comenzaba a hacer de las suyas. Exactamente 18 años después, también un 21 de noviembre, por pedido del gobierno argentino, la Justicia ordenó la intervención de la empresa. El 17 de diciembre, Aerolíneas Argentinas, con la aprobación del Senado, volvió a ser del Estado. La Cámara de Diputados, en la sesión plenaria del 4 de diciembre dio media sanción al proyecto para declarar a Aerolíneas de utilidad pública y sujeto a expropiación por amplia mayoría. Con 153 votos a favor, con los trabajadores movilizados en la puerta del Congresoyelapoyodelasociedad argentase volvía a recuperar la empresa aérea de bandera.

El grupo privado Marsans estaba llevando adelante un proceso de vaciamiento que indefectiblemente concluiría con su quiebra. A partir de la intervención del gobierno nacional y del Congreso, se salvó a Aerolíneas Argentinas, se recuperó su rol deservicio públicoy volvió aser prioridad la interconexión del país y el desarrollo de las economías regionales.

LA REESTATIZACIÓN DE LAS AFJP:

El Senado aprobó la reestatización del sistema jubilatorio, conocidas popularmente como AFJP, creadas en la década del 90. La mayoría obtenida fue muy amplia, como lo había sido en Diputados. El Frente para la Victoria consiguió el apoyo del socialismo y de otras fuerzas de centro izquierda. El Peronismo Federal, el macrismo y el radicalismo votaron en contra. Las AFJP iban a proveer mejores jubilaciones y permitirían sustentar un mercado de capitales, había prometido el ministro de economía Domingo Cavallo. Se argumentaba que cobraban comisiones siderales y gastaban sumas exorbitantes en publicidad.

El kirchnerismo supo congregar aliados y fundó su discurso en el valor solidario del repuesto sistema de jubilaciones. Anses se convertió en una sólida caja para financiar pagos a los jubilados y otras inversiones estatales.

 Las AFJP casi no tuvieron defensores que no fueran sus propios dueños o los medios dominantes. Es un gran cambio institucional, logrado por el Gobierno de la presidenta Cristina Fernández en una coyuntura que parecía signada por la derrota en el conflicto por las retenciones móviles.

LA ASIGNACIÓN UNIVERSAL POR HIJO:

Se anunció la implementación de la Asignación Universal por Hijo (AUH), reglada por un decreto del 28 de octubre de 2009,…”Cubrirá a los menores de 18 años, hijos de desempleados, trabajadores informales que no ganen por encima del salario mínimo y monotributistas sociales. Consistirá en una mensualidad igual a la asignación familiar que cobran los trabajadores formales, por cada hijo, hasta un máximo de cinco menores”.

Los jefes de familia se acreditan ante la Anses (órgano de aplicación y financiamiento) que están en condiciones para quedar inscriptos y recibir el pago. Los requisitos son objetivos, por lo tanto la asignación se otorgará a todos los que estén en condiciones, dejando de lado mediaciones políticas o clientelísticas. Se exigirá a los jefes de familia certificados que acrediten cumplimiento de la escolaridad y vacunación de los menores.

La medida había sido propuesta  años antes por el Frente Nacional contra la Pobreza. El Gobierno la adoptó con algunas modificaciones. Quedan excluidos algunos chicos que deberían percibirla, en especial los hijos de monotributistas de bajos ingresos y todos los hijos de trabajadores “en negro”.

Se trata del más amplio derecho universal establecido en la Argentina desde el voto femenino. Y la medida social más ambiciosa y abarcativa de las últimas décadas. Benefició a millones de niños y millones de hogares humildes, bajando las tasas de pobreza e indigencia.

Con esta medida más de 3.500.000 de niños y niñas recibieron mensualmente un seguro social, y que fue complementado con el lanzamiento de la Asignación Universal por Embarazo para protección social (AUE), que se otorga a las futuras madres que se encuentren en las 12 o más semanas de gestación.

LA SANCIÓN DE LA LEY DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL:

Esta ley se sancionó en octubre de 2009 con una amplia y plural mayoría parlamentaria con el objetivo de desmonopolizar la información y garantizar la pluralidad de voces, asegurando un 33% del espectro a los medios no comerciales. Se expone a continuación el espíritu de la ley, según Gabriel Maroto, ex Titular de la Autoridad Federal de Servicio de Comunicación Audiovisual:

“La nueva Ley de Medios Audiovisuales se convertirá en el mejor instrumento para evitar que nuestro país sea blanco o plaza a conquistar en este nuevo tipo de conflagración que los centros académicos del poder global bautizaron Guerra de Cuarta Generación, en la que son paradigmáticas las operaciones de acción y agresión psicológica, tendientes al control y al disciplinamiento del cuerpo social.

Podremos, de una vez por todas, contar con una opinión pública asumida y creada por los actores y sujetos políticos, culturales y sociales inidentificables, nominados y enunciados por sí mismos, dejando atrás el proceso miti-ficador que los oligopolios de la palabra se han encargado de dirigir, disfrazando sus propios intereses y discursos como si los mismos fuesen de cada uno de nosotros.

Sabemos que la corporación mediática y sus aliados, los sectores económicos del privilegio y la exclusión social, enderezarán sus cañones contra el gobierno que más hizo en la historia del país por la democracia de la palabra. No escatimarán esfuerzos, recursos y armas; tendremos que estar preparados para todo.

Pero también sabemos que la fuerza transformadora que encarnó Néstor Kirchner en 2003 y que hoy continúa su marcha con la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner contiene las condiciones objetivas y subjetivas para seguir desplegando y profundizándose, de forma tal que ese despliegue y esa profundización sean las claves para que esta ley que hoy provoca insomnios de festejos y reflexión cumpla con su objetivo fundamental: atribuirle densidad definitiva a la democracia de los argentinos.

Por último, y casi en términos de lo que los juristas califican “espíritu de la ley”, creo que el escenario cultural que se avecina, pluralista e inclusivo, será el marco adecuado, y que tanto necesitamos, para llevar adelante el modelo de país que ya podemos designar como el de la Generación del Bicentenario que se avecina. El año próximo, cuando la patria cumpla sus primeros 200 años de vida, seguro que este puñado de ideas que acabo de esbozar serán ya actos en sí mismos y no tan sólo esperanzas. Serán deseo colectivo organizado por el proyecto político transformador e inclusivo.”

Respecto a su política exterior, el gobierno kirchnerista priorizó la integración con el resto de América Latina, a través de creación de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), con Néstor Kirchner como secretario general. También se facilitó la regularización de los inmigrantes del Mercosur. Tuvo un acercamiento a las políticas implementadas por Chávez y Maduro en Venezuela, también al gobierno de Irán y tomó distancia de Washington, sobre todo cuando se opuso a la creación del ALCA, por lo que fue duramente criticado.

En 2007, una de sus primeras medidas fue el apoyo a la ciencia , invitando a volver a Argentina a miles de cientificos exiliados por todo el mundo. Creó el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.

En 2008 se sancionó la ley de Movilidad Jubilatoria que garantiza dos actualizaciones por año, recuperando de esta manera el haber mínimo para el sector pasivo.

Respecto a los derechos civiles, la sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario establece otro momento destacable de la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, ya que permitió que más de 7.000 parejas del mismo sexo se unieran en matrimonio; y más tarde se vio complementada por la Ley de Identidad de Género, que posibilitó que más de 3.000 personas trans pudieron elegir su nombre y sexo.

Se les dió la opotunidad de participar con la ampliación de derechos políticos a medio millón de jóvenes entre 16 y 18 años de votar en forma optativa a nivel nacional.

Se inició en 2010 el lan Conectar Igualdad para que alumnos y docentes de escuelas públicas de todo el país puedan acceder al mundo digital. Mas de 5.000.000 de alumnos recibieron gratuitamente una notebook.

Estatización del sistema de jubilaciones y pensiones, ya hablado anteriormente.

Se recuperó los Talleres navales Tandanor (2007), Aerolíneas Argentinas (2008), Fábrica Militar de Aviones de Córdoba (2009) y la nacionalización del 51% de las acciones de la petrolera YPF.

Los cuestionamientos al gobierno kirchnerista fueron:

1-La grieta o división entre adherentes al modelo y opositores.
2-Las largas cadenas nacionales informando a veces noticias poco relevantes, o también criticando a oponentes. (en total 140 anuncios)
3-La falta de diálogo fue la reticencia de la jefa de Estado a dar entrevistas.
4-Los millonarios subsidios a la Energía y Transporte, generando un importante deficit fiscal de 7% de PBI. Muchas de las partidas no fueron controladas, y solo sirvieron para enriquecer a los dueños de las empresas, quienes no renovaban o mantenían sus bienes de uso.
5-La inflación que comenzó muy tenue, pero se fue incrementando notablemente hacia el final de su 2° mandato, en diciembre de 2015.
6-La política económica del “corralito” al dólar , en donde estaba limitada la compra en blanco de esa moneda.
7-El control autoritario del INDEC, publicando estadísticas falsas y “dibujadas” sobre la inflación y la pobreza nacional.
8-Las acusaciones por presunto enriquecimiento ilícito de la familia presidencial que aumentó su patrimonio en más de un 1000% desde 2003 hasta 2015. Las misma acusaciones fueron también para un grupo grande de funcionarios que acompañaron al gobierno desde sus inicios, como Jaime, Boudou, De Vido, López, Miceli.
9-Decenas de casos de corrupción, denunciados por los opositores y que hoy la Justicia está investigando. Dos exministros kirchneristas fueron condenados por corrupción (Ricardo Jaime  y Felisa Miceli) y varios más enfrentan procesos penales.

Fuente Consultada:
Diario El Bicentenario-Construyendo la Patria desde 1810 – Período 1990-2010 Fasc. N° 10
Historia de Argentina 1955-2010 Marcos Novaro Editorial Siglo Ventiuno

Felipe Varela Caudillo Federal Felipe Varela Pensamiento Politico

Felipe Varela Caudillo Federal

Chacho Peñaloza Caudillo Federal Pensamiento Politico

En el pueblo de Guaycama del departamento de Valle Viejo, Catamarca, nace en 1819. Hacia 1840, junto a su madre, que muere en combate, se une a las fuerzas que enfrentan a Rosas. Derrotados los intentos unitarios, se exilia en Chile, donde se incorpora al ejército y llega a ser capitán de carabineros. Desde Copiapó regresa a la Argentina en 1855 y revista en el Séptimo de Caballería de Línea, en Río Cuarto.

En 1857 es ayudante del comisionado de La Rioja Nicanor Molinas y mantiene correspondencia con Urquiza, al que ofrece sus servicios contra Mitre. Urquiza en 1860 lo respalda como comandante del Tercer Escuadrón y segundo jefe del Regimiento N° 7.

En 1861 Várela participa de las fuerzas confederadas en Pavón y en 1862 es comandante de armas interino y jefe de policía en La Rioja. A las órdenes de Ángel “Chacho” Peñaloza se suma a su sublevación; invade Catamarca y pelea en Las Playas y Lomas Blancas. Peñaloza es derrotado y muerto y Várela se exilia en Chile.

Federal convencido, se pronuncia por el americanismo. En 1864 se constituye la filial argentina de la Unión Americana. Al año siguiente el Brasil bombardea Paysandú (Uruguay) y se inicia la guerra contra el Paraguay. Varela es decidido opositor al enfrentamiento y al centralismo que encarna Mitre, y confía en Urquiza; cabalga desde Chile hasta Rosario para ponerse a sus órdenes.

En 1866, con sus fuerzas desbandadas, regresa a Copiapó y lanza una proclama desde los Andes. En Cuyo estalla la “revolución de los colorados” y Várela, apoyado por los caudillos Sáa de San Luis y Videla de Mendoza, entre otros, integra un ejército montonero que extiende su campaña por el Noroeste y la región andina.

Es gobernador de Catamarca y logra fuerte influencia en Salta y Jujuy pero en 1867, tras sucesivas derrotas, anuncia a las autoridades bolivianas su intención de asilarse allí. El 1° de enero de 1868, desde Potosí, da a conocer el final de su célebre “Manifiesto”, un apasionado texto anticentralista y defensor de la unidad americana en el que pide ser juzgado por sus acciones seguro de sus ideales republicanos.

Mitre destina fuerzas del Paraguay a aplastar la sublevación montonera y el ejército nacional derrota completamente a Várela en la batalla de Salinas el 12 de enero de 1869. Enfermo de tuberculosis, el caudillo regresa al exilio chileno en Copiapó. Muere el 4 de junio de 1870 en Antoco, Chile.

Texto de una proclama de Felipe Varela, hecha pública en la época de sus luchas de oposición al centralismo porteño.

Las resistencias del interior: Ángel Peñaloza y Felipe Varela

Carta de A. y. Peñaloza al presidente Mitre. 16 de abril de 1863.
“¡Argentinos! El hermoso y brillante pabellón que San Martín, Alvear y Urquiza llevaron altivamente en cien combates, haciéndolo tremolar con toda gloria en las tres más grandes epopeyas que nuestra patria atravesó incólume, ha sido vilmente enlodado por el general Mitre gobernador de Buenos Aires. […]

Compatriotas: desde que aquél usurpó el gobierno de la nación, el monopolio de los tesoros públicos y la absorción de las rentas provinciales vinieron a ser el patrimonio de los porteños, condenando al provinciano a cederles hasta el pan que reservara para sus hijos. Ser porteño es ser ciudadano exclusivista; y ser provinciano es ser mendigo sin patria, sin libertad, sin derechos. Esta es la política del gobierno de Mitre. […]

¡Abajo los infractores de la ley! ¡Abajo los traidores de la patria! ¡Abajo los mercaderes de cruces en la Uruguayana, a precio de oro, de lágrimas y de sangre argentina y oriental!

¡Atrás los usurpadores de las rentas y derechos de las provincias en beneficio de un pueblo vano, déspota e indolente!
¡Soldados federales! Nuestro programa es la práctica estricta de la Constitución jurada, el orden común, la paz y amistad con el Paraguay, y la unión de las demás Repúblicas americanas.”

Felipe Varela. “Proclama”.
6 de diciembre de 1866.

Fuente Consultada: Los Hechos Que Cambiaron la Historia Argentina en el Siglo XIX Ricardo J. de Titto

Plan de Convertibilidad de Cavallo Ministro de Economia de Menem

EL PLAN DE CONVERTIBILIDAD FRENTE A LA HIPERINFLACIÓN:
Los problemas económicos y políticos derivados del surgimiento de la deuda externa junto con el marcado e incesante debilitamiento de la industria argentina, fueron de una magnitud tal que se tornaron incontrolables. El Estado perdía cada día más la posibilidad de plantear políticas económicas claras y  precisas y que fueran acatadas por los distintos actores sociales. Ya en democracia, durante la presidencia de Raúl Alfonsín, fue imposible convencer a los empresarios para que abandonaran el sistema financiero y comenzaran a producir.

Cavallo Ministro de Economia de MenemDomingo Cavallo nacido en San Francisco (Córdoba), en 1946. formado como economista en la Universidad de Harvard, presidente del Banco Central cuando se nacionalizó la deuda de las empresas privadas (1982), era el director del Instituto de Estudios Económicos de la Fundación Mediterránea creada por varias empresas argentinas por iniciativa de Fulvio Pagani (Arcor). Tenía por lo tanto vínculos muy sólidos con el mundo empresario. Con el nuevo ministro, llegó al poder un equipo de más de 200 técnicos destinados a la DGI, los Bancos Central y Nación y la Aduana.

La convertibilidad de la moneda argentina, con la paridad del dólar fijada por la ley del 2 de abril de 1991, es la clave del sistema económico con que el país comenzó el nuevo milenio. El Banco Central utilizó el dinero de las privatizaciones y nuevos créditos para asegurar la convertibilidad. Así pudo renegociar la agobiante deuda externa en plazos más largos.

El Estado argentino no emitía más moneda sin respaldo y retomaba el pago de la deuda externa. Despojado de su papel de benefactor, limitaba sus obligaciones, revalorizaba el mercado y traspasaba a las provincias la responsabilidad en materia de educación y de salud pública.
La inflación desapareció. Fue del 17% anual en 1992 y descendió a valores ínfimos en los años siguientes. Gracias a las reformas se recuperó la demanda y la actividad creció en el 8,8% anual de 1990 a 1994, verdadero récord del siglo.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS: Luego de muchos años de especulación financiera, con una reducción de la llamada economía real (la que funciona sobre la base del trabajo y la  transformación de objetos y no de transacciones financieras) el sistema económico en su conjunto estalló en 1989. Los sectores más adinerados y el empresariado no tenían confianza ni en la economía (cuyo funcionamiento en los últimos años había permitido su enriquecimiento) ni en el gobierno, que ya había perdido el apoyo de la banca acreedora. Los grandes empresarios, entonces, abandonaron la moneda nacional, y compraron todos los dólares que había en reserva en el Banco Central con lo cual nuestra moneda perdió su valor por falta de respaldo.

Si una moneda no tiene respaldo, cada vez vale menos, o directamente a no vale nada. Por lo tanto, la moneda argentina ya no servía para pagar productos y servicios. Eso trajo como consecuencia el aumento de los precios hora a hora y el proceso inflacionario se transformó en hiperinflacionario. El precario equilibrio desapareció porque la cadena de pagos (lo que las personas y las empresas pagan al adquirir un bien o utilizar un servicio) se deshizo ante la falta de moneda con valor propio.

Tras la asunción anticipada de Carlos Menem, los empresarios se calmaron, algunos regresaron a la moneda nacional, y la inflación bajó sensiblemente. No obstante, el nuevo gobierno fracasó con su nuevo plan económico.

A fines de 1989, los empresarios generaron un nuevo proceso hiperinflacionario, parecido al sufrido por Alfonsín, cinco meses antes. Este nuevo golpe de mercado le costó el puesto a Néstor Rapanelli, ministro de Economía de Menen. Rapanelli era el representante de uno de los grupos económicos que dio el golpe de mercado hiperinflacionario a Alfonsín. Algunos especialistas afirman que otros grupos económicos estaban disgustados con Menem por los privilegios otorgados al grupo que representaba Rapanelli y por ese motivo impulsaron la segunda hiperinflación.

Este fracaso del menemismo, llegado al poder hacía muy poco tiempo, dio lugar a múltiples conjeturas: desde la intención del presidente de cerrar el Parlamento hasta la posibilidad de su propia renuncia. Tras un acuerdo con todos los grupos empresarios en marzo de 1990, se estabilizan medianamente las finanzas. La hábil estrategia comunicacional del gobierno de Menen posibilitó que muchos recuerden la hiperinflación del período de Alfonsín y no la que se generó dentro su propio gobierno, la que estuvo también a punto de derrumbarlo.

EL PLAN DE CONVERTIBILIDAD: El acuerdo establecido en 1990 con los grupos empresarios fue también muy endeble. El gobierno quería que produjeran y no especularan, pero los grupos empresarios querían comprar a precios bajos las empresas del Estado, que en la mayoría de los casos, no funcionaban en forma eficiente. Y se negaban a producir.

Con un sistema productivo tan débil, la banca acreedora no estaba satisfecha: había que obligar a producir. Para eso era necesario reestructurar la economía. A partir de ese momento, la banca acreedora impulsa la llegada de Domingo Cavallo al Ministerio de Economía.

Cavallo mantenía excelentes relaciones con los acreedores y, por lo tanto, si llegaba al gobierno contaría con el respaldo económico, en forma de créditos, para iniciar una nueva fase de la reconversión de la economía argentina. Cavallo pudo alcanzar el cargo en 1991, por dos motivos:

1. Una nueva jugada de los empresarios nacionales que apuntaba a generar un tercer golpe hiperinflacionario (el segundo de la presidencia de Menem, que no llegó a concretarse del todo aun cuando el valor del dólar y la inflación subieron mucho). Esto debilitó económicamente al gobierno y al ministro de Economía de ese momento, Antonio Erman González.

2. Las denuncias de corrupción impulsadas por el embajador de los Estados Unidos que afectó al gobierno, a nivel político, en el ámbito internacional. Es importante tener en cuenta que existe una fuerte vinculación entre los Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional.

La caída de Erman González posibilitó la llegada de Cavallo, que era en ese momento visto como una persona muy prestigiosa y alejada de la corrupción. En los primeros meses de 1991 se puso en marcha el llamado Plan de Convertibilidad, que contó con el apoyo de la banca acreedora. Este plan logró instaurar reglas de juego mucho más claras para comenzar la nueva fase de la reestructuración económica que se había iniciado en 1976. Con ese enorme respaldo, Cavallo, decidió negociar, y en muchos casos enfrentar, a los grupos económicos nacionales. Incluso, realizó reiteradas denuncias de comportamientos “mañosos” de algunos empresarios argentinos.

El Plan de Convertibilidad fue una gran lucha de dos concepciones diferentes del poder económico: por un lado, la modernizadora de Cavallo respaldada por la banca acreedora y, por el otro, la no productivista, típica de los que se enriquecieron desmedidamente durante la dictadura militar sin producir bienes o servicios.

El Plan de Convertibilidad y la “reforma estructural”, a la búsqueda del reencauzamiento económico El conjunto de políticas que hicieron posible la implementación del Plan de Convertibilidad dieron lugar a la llamada reforma estructural de la economía y el Estado.

El instrumento central de esta política fue el establecimiento de la “ley de la paridad”:un peso igual a un dólar estadounidense. La libre convertibilidad significa que en cualquier transacción económica que los habitantes del país realicen es indistinto si usanpesos o usan dólares.

Pero lo sustancial de este plan fueron las profundas medidas que permitieron sostener la paridad y la convertibilidad. Entre ellas se encuentran las privatizaciones, la flexibilización laboral y la desregulación económica.

La reforma estructural cambió, en pocos años, el funcionamiento de la economía argentina. El objetivo era desarmar el enorme sistema de especulación financiera existente hasta el momento y sentar las bases para que el capital nacional o extranjero se orientara a la producción, que el Estado pudiera cobrar más impuestos y, de esa manera, lograse pagar la deuda externa.

Podemos decir que debido a la enorme influencia que ejercían, sobre el proceso económico argentino a principios de la década de los ’90, las entidades financieras,principales acreedoras de la deuda externa argentina. Entonces, la nueva estrategia estabilizadora del Plan de Convertibilidad posibilitaba avanzar en tres frentes simultáneos y cumplimentar objetivos insoslayables de la etapa económica que se abría al cumplirse menos de dos años del nuevo gobierno:

1. vencer la recurrente hiperinflación;

2. sentar las bases de una relación estable con la banca acreedora, a fin de dejar atrás los años de incumplimiento de las obligaciones externas, y formular una estrategia que permitiese cumplir con todas las exigencias financieras derivadas de dicho endeudamiento;

3. realizar las transformaciones necesarias a fin de adaptar la economía argentina al proceso de relaciones económicas internacionales, afirmado definitivamente por la caída del Muro de Berlín, por las condiciones de la globalización y por los requisitos planteados por el Consenso de Washington.

LOS FERROCARRILES ARGENTINOS: A fines de los ’80 se pensó seriamente en la posibilidad de suprimir el sistema ferroviario, ante el creciente déficit, el descontrol de la empresa Ferrocarriles Argentinos y le imposibilidad de competir con las poderosas empresas de transporte automotor (muchas veces privilegiadas desde el mismo Estado), y el nueve rival, sobre todo en el traslado de pasajeros de larga distancia, que es el transporte aéreo.

Pero el cierre de los ferrocarriles iba a ser peor que mantenerlos funcionando en esas condiciones, ya que los efectos secundarios de tal actitud serían casi catastróficos; por ejemplo, se incrementaría el transporte automotor tanto en cargas como en pasajeros lo que produciría un gran congestionamiento en las rutas y en las ciudades; habría una mayor contaminación ambiental, un aumento en el consumo de combustibles, y vastas regiones de nuestro país quedarían incomunicadas. Ante tal situación, la única solución aparente fue la invitación al sector privado a interesarse en el servicio.

Para ello se cedería a las empresas privadas todo el material rodante existente y las vías en carácter de concesión a fin de que éstas presten el servicio; el Estado quedaría como propietario y contralor de los servicios.

El proceso privatizador comenzó a principios de los años ’90. La única línea que no fue adjudicada y que permanece en poder del Estado es el Ferrocarril Belgrano S.A.

El servicio interurbano de pasajeros fue totalmente suspendido y se le ofreció c las provincias que se hicieran cargo de él. Algunas accedieron y mantienen un mínimo servicio; otras lo han eliminado.

El principal motivo de esta baja de servicios es el alto costo de los peajes que cobran los concesionarios de cargas al paso de los trenes de pasajeros, los que no tienen ningún tipo de regulación por parte del Estado. En líneas generales este nueva modalidad trajo aparejada una mejora de alrededor de un 25% promedie en los servicios de cargas y pasajeros urbanos-suburbanos con respecto a los últimos servicios prestados por Ferrocarriles Argentinos y comparables en rendimiento al funcionamiento de la empresa estatal de mediados de los años ’60.

Adaptación del texto de Guillermo Ghio

El Plan Condor Operacion Lucha contra el comunismo en Latinoamerica

A comienzos de la década del 90 se descubren en Paraguay los documentos secretos de la policía política paraguaya. Pero estos documentos, que ganaron el macabro nombre de “los archivos del terror”, no sólo informaban del accionar de esa fuerza, sino que revelaban la coordinación de los gobiernos militares sudamericanos durante las décadas de 1970 y 1980 para perseguir a los opositores políticos.

Se conoce como Operación Cóndor al plan de inteligencia y coordinación entre los servicios de seguridad de las dictaduras militares de los generales Augusto Pinochet, de Chile; Hugo Bánzer, de Bolivia; Alfredo Stroessner, en Paraguay; Joao Figueredo, de Brasil; más los gobiernos derechistas de Isabel Perón, de Argentina, y Juan María Bodaberry, de Uruguay. El objetivo del plan era el intercambio de información acerca de personas “subversivos” residentes en dichos países, así como la cooperación para perseguirlas a través de las fronteras nacionales.

Aunque sus actividades se iniciaron antes, la creación oficial de la Operación Cóndor se fecha en noviembre de 1975, en una reunión secreta de representantes de los servicios de inteligencia de los mencionados países celebrada en Santiago de Chile y convocada por Manuel Contreras, el  director  de la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional, la policía política del país).

La Dirección de Inteligencia Nacional, más conocida por su acrónimo DINA, fue la policía secreta chilena durante el período inicial del régimen militar de Augusto Pinochet, siendo uno de los elementos más significativos del aparato represor de la dictadura.

Las primeras acciones enmarcadas dentro de la Operación Cóndor se llevaron a cabo en septiembre de 1974, en la ciudad de Buenos Aires. Cuatro exiliados uruguayos fueron secuestrados y, semanas más tarde, sus cadáveres aparecieron en los alrededores de Montevideo. La siguiente acción fue contra el general chileno Carlos Prats, asesor del presidente Salvador Allende y su mujer. Los dos fueron asesinados por un comando de la DINA que actuó en suelo argentino.

La Operación Cóndor permitió a las fuerzas armadas y paramilitares de las dictaduras del Cono Sur desplazarse libremente por el territorio de oír: países para secuestrar, torturar y asesinar a los ciudadanos considerados sediciosos e intercambiarse los detenidos.

Antes de esta fecha, la colaboración represiva era una realidad impulsada en la región por Estados Unidos, que amparaba los regímenes anticomunista por temor a que la existencia de un gobierno de izquierdas en la zona facilitase la emergencia de otros provocando un efecto dominó.

Era la tan reiterada «doctrina de seguridad nacional» que insistía en luchar contra enemigo interior: el comunismo.  Desde mediados de la década de 1970 se desarrollé una internacionalización de la represión que fue posible porque la coordinación de Operación Cóndor, además de permitir identificar, trasladar o asesinar a disidentes, facilitó encubrir crímenes, trasladando cadáveres de un país a otro o creando confusión sobre las víctimas y sus asesinos. Los agentes de la Operación Cóndor actuaron tanto en países de América Latina como en Estados Unidos y Europa. Por ejemplo, en Madrid, España, intentaron secuestrar a líderes del MIR chileno mientras que en Roma, Italia, actuaron contra disidentes políticos argentinos.

El Informe Hinchey señala que entre 1974 y 1977, la CIA mantuvo contacto regular pagado con el entonces director de la DINA. El gobierno de los Estados Unidos aprobó esta relación mercenaria con Contreras ya que “dada su posición como jefe de la principal organización de inteligencia en Chile, era necesario para cumplir la misión de la CIA, a pesar de las preocupaciones de que esta relación pudiera exponer a la CIA a acusaciones de estar colaborando en al represión política interna.”.

En 1992 fue descubierto en Paraguay un gran archivo con más de 700.000 páginas de documentación sobre la represión en este país. Se encontraron también registros de la cooperación de la inteligencia estadounidense con las dictaduras de la región, incluida la paraguaya. El estudio de los «archivos del terror», como se les conoce, ha proporcionado valiosísima información sobre las actividades de la Operación Cóndor en el Cono Sur que ha permitido la detención de algunos de sus miembros, incluido el propio Pinochet.

La Operación Cóndor dejó tras de sí cientos de víctimas: torturados, asesinados y desaparecidos, especialmente guerrilleros —o sospechosos de serlo— del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR) chileno, el Ejército Revolucionario del Pueblo argentino o los tupamaros uruguayos. Y, a pesar de que su punto álgido fueron los años comprendidos entre 1975 y 1977, en junio de 1980 aún tuvo lugar una acción de Cóndor: Noemí E. Giannetti de Molfino, madre de la Plaza de Mayo exiliada en Perú, fue secuestrada en Lima, y tras un largo periplo (Bolivia, Argentina, Brasil, y España) apareció envenenada en un hotel madrileño. Según los “archivos del terror” descubiertos en Paraguay , la Operación Cóndor dejó un terrible saldo de 50.000 muertos, 30.000 desaparecidos, y unos 400.000 presos.

EL 16 DE OCTUBRE DE 1998, mientras se encontraba internado en la London Clinic, el exdictador chileno Augusto Pinochet fue arrestado por Scotland Yard. Su detención era producto de una orden de captura internacional emitida por el juez español Baltasar Garzón por las acusaciones de asesinato, tortura y genocidio.

El Plan Cóndor: Las dictaduras del Cono Sur aplicaron, con la conformidad de Estados Unidos, el Plan Cóndor, que sirvió para que sus servicios represivos coordinaran miles de secuestros y asesinatos de opositores políticos. En 1992 apareció en Paraguay un archivo oficial con precisos documentos sobre esas actividades. Videla y Pinochet, durante una visita del primero a Chile en 1978.

Hiperinflacion Alfonsin Plan Austral y Primavera Crisis Economica

La última década del siglo XX se vio precedida, en la Argentina, por años atravesados por una crisis política y económica, que dejaría otro país, con amplia fragmentación social, quizás una de las más duras de su historia; un tiempo preliminar que iba anticipando un futuro quiebre institucional, éste daría después del año 2000.

billete de un austral

CRÓNICA DE LA ÉPOCA:

La inflación de 1984 ascenderá al 700%, pero las exportaciones aumentan a 8.500 millones de dólares contra 5.000 millones de importaciones. La deuda externa, según revela el ministro de Economía, Bernardo Grinspun, asciende a 45 mil millones de dólares. Durante la campaña electoral Alfonsín defendió la necesidad de politizar la deuda, ya que las políticas de ajuste ortodoxo recomendadas por los organismos internacionales debilitarían las nacientes de mocracias de la región, demasiado vulnerables para soportar los efectos sociales de las medidas de austeridad. Alfonsín prometió pagar sólo los compromisos legítimos de la cuantiosa deuda legada por la dictadura militar. El 12 de enero, en la primera conferencia de prensa que ofreció al asumirel gobierno, Alfonsín volvió a repetir estos conceptos y expresó su preocupación porel alza de lastasas de interés, que aumenta lo que la Argentina debe pagar este año.

SE DISTRIBUYEN LAS CAJAS PAN ENTRE LOS MÁS NECESITADOS
Dos kilos de harina, leche en polvo, dos kilos de azúcar, dos litros de aceite, tres kilos de fideos, dos kilos de arroz, un kilo y medio de comed beef, lentejas y porotos: éstos son los alimentos que contienen las primeras 800 mil cajas que el Gobierno reparte entre los sectores carenciados, a través del Plan Alimentario Nacional (PAN). El proyecto del PAN fue convertido en ley el 15 de marzo, después de sufrir modificaciones en ambas cámaras legislativas.

El Plan Austral. La hiperinflación. Las elecciones de 1989.
El gobierno radical se esforzó por afianzar las normas de vida democrática, por fomentar el pluralismo, la libertad de expresión, la autonomía de las universidades y la independencia de los poderes del Estado. En 1985, mediante un referéndum popular no vinculante, la ciudadanía se pronunció por abrumadora mayoría en favor de un acuerdo pacífico con Chile en el problema del Beagle.

Los argentinos también dieron la bienvenida a las leyes de divorcio y de patria potestad compartida. En cambio, no mostraron interés por las propuestas de reformar la Constitución y de trasladar la Capital Federal al Sur del país. El primer proyecto, concebido con la idea de habilitar su reelección, reflejó las intenciones de Raúl Alfonsín de fundar un «tercer movimiento histórico».

Bernardo Grinspun, primer ministro de Economía de la gestión alfonsinista, trató de reactivar la economía y de detener la inflación con métodos ortodoxos. Con el propósito de ayudar a las familias más pobres, se estableció el Programa Alimentario Nacional (PAN), que funcionó hasta 1989. Las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por la obtención de créditos implicaron la aplicación de un ajuste monetario intolerable.

En diciembre de 1984 el índice de precios aumentó el 20 por ciento; en febrero de 1985 Juan Vital Sourrouille reemplazó a Grinspun y, en junio, el nuevo ministro lanzó el Plan Austral. Este programa, entre otras cosas, decidió el cambio de moneda, diseñó un mecanismo desindexatorio y afirmó el compromiso de no volver a emitir para financiar el déficit fiscal.

El Plan Austral contenía cinco puntos fundamentales:
1. El congelamiento de los precios, de las tarifas de los servicios públicos y de los salarios al día 12 de
junio de 1985. En el caso de las tarifas de los servicios públicos, se realizó un fuerte reajuste antes del congelamiento.

2. La reducción de las tasas de interés a niveles más bajos respecto de las existentes en ese momento. Así, las tasas para depósitos se redujeron del 28 % al 4 %, mientras que para los préstamos la reducción fue del 30 % al 6 %.

3. La implementación de una política monetaria y fiscal más severa y restrictiva (mayor control del gasto público y de la circulación monetaria).

4. La devaluación del peso en forma simultánea al incremento de las retenciones a las exportaciones (es decir, el gobierno se apropió de las ganancias de la devaluación). De este modo, el tipo de cambio fue fijado a razón de 80 centavos de austral por dólar, y se procedió a su congelamiento.

5. El cambio de la moneda: la eliminación de los anteriores pesos y su reemplazo por el austral.

Uno de los problemas que provocó el cambio de la moneda era que existían contratos firmados con anterioridad al lanzamiento del Plan, con cláusulas de indexación automática fijadas sobre la base de las tasas de inflación previas al congelamiento. Mantener esas cláusulas hubiera implicado la transferencia de ingresos a favor de acreedores, contratistas y locatarios, en tanto los deudores deberían seguir pagando como si la inflación mantuviera el mismo ritmo.

Ante este problema se resolvió la creación de una nueva moneda: el austral. De este modo, todos los pago? a término existentes por contrato debían ser convenidos a la nueva moneda pero siguiendo una regla de depreciación (denominada “desagio“) que iba reduciendo progresivamente el valor del viejo peso en relación con el austral.

El Plan Austral funcionó durante el resto del año, pero las metas acordadas con el FMI causaron serios desequilibrios en el presupuesto sólo en lo concerniente al pago de los intereses de una deuda externa abismal. Resultó imposible controlar el gasto de las provincias (la mayoría en manos peronistas) y de las empresas públicas. La gestión económica también se vio entorpecida por la oposición de los oligopolios, los monopolios y el sindicalismo.

El Senado vetó una ley que buscaba democratizar el movimiento obrero y liberarlo de su estructura corporativista. La CGT, que durante la dictadura militar había estado dividida en dos ramas, se unificó bajo el liderazgo de su secretario general, el dirigente cervecero Saúl Ubaldini, y ejerció presión desestabilizadora a través de catorce paros generales y otras tantas movilizaciones.

El mercado internacional no favoreció los ingresos del Tesoro, debido a la brusca caída de los precios de granos y oleaginosas en 1986 y 1987.

A partir del 1987, el gobierno radical vio significativamente imitada su capacidad de acción. A las sublevaciones militares de enero y diciembre de 1988, que acentuaron la capacita: de presión de las Fuerzas Armadas, se agregó el triunfo electoral justicialista de 1987 (que quitó al radicalismo el control del Parlamento y de los gobiernos de varias provincias inflación y la oposición de los sindicatos. En efecto, la cada vez más aguda crisis económica fortaleció a los sindicalistas de la CGT, que presionaron al gobierno con marchas y huelgas generales para conseguir aumentos en los salarios, y llegaron incluso a reclamar la renuncia del Presidente.

En agosto de 1988 se lanzó el llamado Plan Primavera que no trajo alivio alguno. Una severa sequía veraniega restringió la alimentación eléctrica en todo el país y, en consecuencia, afectó la actividad industrial y causó malestar en la población.

El plan Primavera
En agosto de 1988, el plan Austral estaba agotado, por lo cual el gobierno lanzó el plan Primavera. El nuevo plan económico impulsaba la apertura de la economía y la privatización de empresas estatales, un punto que fue duramente atacado por el justicialismo en ambas Cámaras. El gobierno, en medio de la campaña electoral y limitado en su acción política, pudo sostener la propuesta económica, Careció de respaldo: tuvo la decidida oposición del sector rural y escaso apoyo de los sectores industriales. En pocas semanas, el plan había fracasado. En febrero de 1989, en medio de un clima de ebullición político y social, el gobierno dispuso una devaluación de la moneda. Esta medida produjo un alza de precios que se fue acelerando -hasta producir hiperinflación. Los precios, que en enero se habían incrementado en un 9.: en mayo treparon hasta el 80% y la cotización del dólar se octuplicó.

En febrero de 1989 el dólar subió un 25 por ciento y el mercado empezó a descontrolarse. En medio de sucesivos feriados bancarios, la gente corría a comprar billetes de la divisa norteamericana que, en marzo, trepó a los 31 australes, con un índice de inflación del 17 por ciento.

A fin de mes, Juan Carlos Pugliese reemplazó a Sourrouille; a la semana el dólar llegó a los cincuenta australes y más adelante –en el marco de un mercado cambiario libre y único– aumentó a noventa. En un escenario de remarcaciones de precios casi diarias y de desabastecimiento, la inflación de abril fue del 33,4 por ciento.

Las elecciones presidenciales del 14 de mayo dieron la victoria al binomio justicialista, Carlos Saúl Menem-Eduardo Duhalde, que obtuvo el 49 por ciento de los sufragios. El candidato radical cordobés Eduardo Angeloz ocupó el segundo lugar con el 37 por ciento, y la Unión del Centro.

“Normales son considerados los sueldos de los seres humanos y el valor de los alimentos en las vísperas de la estampida del dólar. El presidente de la República cobra 890 dólares y cumple decorosamente su papel. El jefe de Redacción del periódico vespertino La Razón, Jorge Azpitarte, gana casi 4.000 dólares y se lo ve satisfecho. Sergio Frenkel, empleado jerarquizado de Christian Dior, recibe 800 dólares, llena el tanque de su Renault 12 modelo 79 y todavía cree en el país. Juan Leyrado, uno de los mejores actores de la Argentina, actúa para mantener a su numerosa familia y nada perturba su paz interior; se prepara para ser admirado por su papel de Juan Tenorio en El Burlador de Sevilla.

El albañil Nicolás Laguna se lleva 150 dólares por quincena y con eso alimenta a cuatro y se da el gusto de invitar al cine a su compañera. La pintora Verónica Ferreyra acaba de perder su puesto de trabajo como recepcionista, pero sus ahorros le permiten aislarse del mundo exterior para pintar. El kilogramo de acelga cuesta 3 australes. La batata 6. La lechuga 23. La papa 3,80. El tomate 9. La manzana 18. La docena de huevos 14. El kilo de pollo 27. El de asado 24. El de paleta 30 y el de lomo 32. La leche condensada Nestlé 23. Las Cerealitas de Gánale 6. Las tabletas de aspirina Fecofar, 20. El té de boldo de Arceli 21,40. El Cal-C-Vita, 20,88.

La inflación de enero apenas pasa el 8 %. La canasta familiar se calcula en 10 mil australes. Al final de la tragedia del dólar, cuyo responsable principal pero no exclusivo es el gobierno, nada ni nadie serán los mismos.
La inflación de julio alcanzará el 196 %, para convertirse en la más alta de toda la historia argentina. La canasta familiar se ubicará en 200 mil australes, aunque millones de argentinos no ganarán ni la mitad.

Alfonsín cobrará 200 australes antes de renunciar anticipadamente y después de admitir su incapacidad para tomar decisiones. Azpitarte huirá despavorido de La Razón ya que la empresa no podrá garantizarle el pago de 800 dólares. Frenkel se desesperará al recibir 200, rematará su coche y emigrará a España. Leyrado venderá su casa, pasará algunos días del invierno en la cama, tapado hasta la cabeza, atacado de angustia frente a la realidad de un país angustiante. Laguna encontrará una nueva ocupación: saqueador de supermercados. Ferreyra saldrá de vez en cuando a comprar lo necesario para sobrevivir y regresará cargada de impotencia y con la bolsa casi vacía.

El kilogramo de acelga costará 60 australes. La batata 150. La lechuga 200. La papa 199. El tomate 240. La manzana 220, La docena de huevos 560. El pollo 580. El asado 820. La paleta 950 y el lomo 1.500 australes. La leche condensada Nestlé aumentará el 2.800 %. La Cerealitas el 2.900 %. La aspirina será pagada 951 australes. El té de boldo 876, Y el Cal-C-Vita, 960.” Fuente Consultada: Luis Majul. ¿Por qué cayó Alfonsín? El nuevo terrorismo económico, Buenos Aires, Sudamericana, 1990.

PARA SABER MAS…: Como ampliación del tema publicamos parte de una nota en El Bicentenario Fasc. N° 10 período 1990-2010 a cargo de Guillermo Vittelli, economista e historiador.

Las dos hiperinflaciones argentinas tienen raíces y objetivos diferentes aunque se entroncan con un mismo entorno externo que acentúa los saltos en los precios: se formaron al tiempo que la macroeconomía mundial se mueve con reducida liquidez, reticencias al otorgamiento de créditos, pisos elevados en las tasas nominales de interés, reflujos de capitales y exigencias de pago de las deudas externas contraídas en la década de 1970. Y esos rasgos no son ajenos a sus desenlaces.

La primera hiperinflación argentina se enlaza con los planes de ajuste lanzados en junio de 1985 y agosto de este año, el Austral y Primavera, que procuraron captar recursos líquidos en moneda externa posicionando las tasas internas de interés muy por encima de las externas en un contexto de estabilidad del tipo de cambio. Así se procuró suplir las escasas divisas logradas a través del intercambio comercial otorgando premios exorbitantes al ingreso de capitales especulativos. Pero esos rendimientos no podían perdurar.

Además, desde el lanzamiento del plan de agosto último y hasta el estallido de la híper, la inflación sumó 109,5 por ciento, mientras que la devaluación fue solamente del 23 por ciento. Cualquiera pronosticaba allí una corrida contra la moneda local. Por eso, en estos meses comenzó el rápido drenaje de las escasas divisas que se poseen, y se llegará a comienzos del año próximo con sólo 400 millones de dólares en las arcas locales: las grandes ventas de reservas acentuarán la percepción de imposibilidades de pago de las altas rentas, desencadenando la inmediata ruptura inflacionaria del plan iniciado en este año.

Durante esta coyuntura, similar a los quiebres de todo plan de ajuste anterior, la capacidad de la autoridad económica para prevenir o minimizar las devaluaciones y las aceleraciones de precios es extremadamente reducida. Así, este entorno carente de divisas y de alta puja distributiva confluye en un saltade precios cercano al 200 por ciento mensual cuando la autoridad económica procura lograr divisas externas y recursos para las arcas fiscales gestando alzas pautadas en los precios internos: se estima que hacia julio del año próximo sextuplicará las tarifas públicas mientras se implantará una devaluación de la moneda local cercana al 150 por ciento.

Esos aumentos acentuarán los incrementos de precios ya que los intentos por captar recursos desde el cambio en los precios relativos ocurrirán al tiempo que la economía transitará aún el tramo inflacionario de ruptura del plan de ajuste previo.
Una posible segunda hiperinñación podría encontrar a las autoridades económicas procurando, deliberadamente, licuar activos monetarios internos. Esa sería la diferencia con la primera. Para vehiculizarla, se podrían lanzar dos aceleraciones pautadas de precios, que serán contestadas por los agentes económicos que rápidamente ajustarán sus precios a los que intente definir la autoridad económica. Pero el objetivo de política económica se cumplirá al diluirse la deuda pública en moneda local a niveles intrascendentes por el efecto de la inflación.

El encadenamiento de las dos hiperinflaciones señala que la evasiva de los mercados financieros externos a otorgar créditos durante la presente década extenderá, hasta comienzos de la década siguiente, el empleo de los planes de ajuste como instrumento de corto plazo para obtener fondos líquidos en monedas externas. Pero su reiteración, aunado al aprendizaje de los agentes económicos, motivará que sólo gesten saltos desequilibrantes en los precios internos. (Fuente: El Bicentenario Fasc. N° 10 período 1990-2010 a cargo de Guillermo Vittelli, economista e historiador.)

El grito de Alcorta Causas Conflicto Rural Santa Fe Huelga Agraria

GRITO DE ALCORTA:
HUELGA AGRARIA EN EL SUR DE SANTA FE

EL GRITO DE ALCORTA:
Los conflictos rurales

Para muchos agricultores de la región pampeana 1911 fue un año muy duro. La pérdida de la cosecha maicera empujó a las familias del sur de Santa Fe a una situación económica desesperante. Para colmo, una serie de maniobras especulativas provocó una baja repentina en las cotizaciones del cereal.

Miles de campesinos vieron cernirse sobre sus hogares el fantasma de la miseria. Ante la imposibilidad de hacer efectivas sus deudas, los comerciantes se sintieron igualmente apremiados y decidieron retirar a los colonos la libreta de crédito si no pagaban por lo menos la mitad de lo que les debían.

Esto no tenía el sentido de una solución sino que era una forma más de presionar a los agricultores, pero no se consiguió prácticamente nada porque éstos no tenían un centavo. Por eso no resulta extraño que fuera un comerciante, Ángel Busjarrábal, quien sugiriera al agricultor Francisco Francisco Bulzani la realización de un movimiento de fuerza para reclamar una rebaja en el precio de los arrendamientos.

A mediados de 1912 se produjo una violenta revuelta de colonos y arrendatarios denominada “Grito de Alcorta”. El mundo rural ya había presenciado importantes conflictos, como el alzamiento de los colonos santafesinos en apoyo de los levantamientos radicales de 1893.

En 1912, los malos precios de los granos provocaron importantes deudas que dejaron a los pequeños chacareros arrendatarios sin respuesta ante sus acreedores. Entre estos acreedores se encontraban empresas acopiadoras, como Dreyfus y Bunge y Born. A fines de junio de ese año estalló la rebelión de los chacareros armados. De este conflicto nació la Federación Agraria Argentina que, a diferencia de la Sociedad Rural Argentina, representaba a los pequeños productores.

Antecedentes: Las pésimas condiciones contractuales de arrendamiento de tierras, de los colonos, en su mayoría inmigrantes, con respecto a los grandes terratenientes provocó el estallido de una enorme protesta de los pequeños productores, en la provincia de Santa Fe, en la colonia de Alcorta, en 1912.

El conflicto, que evidenciaba las necesidades que pasaba el sector, se extendió rápidamente a las provincias de Buenos Aires y Córdoba. Con la unión de los chacareros disconformes por los aumentos de los arrendamientos, las condiciones desiguales de comercialización y la imposibilidad de convertirse en propietarios, surgió la Federación Agraria Argentina, aún existente, que, a diferencia de la Sociedad Rural creada en 1866, representaba a los pequeños y medianos productores agropecuarios. El conflicto, que duró tres meses, obtuvo algunos éxitos, ya que algunos propietarios disminuyeron el precio de los arrendamientos.

La cuestión agraria: El sistema de explotación de la tierra se basaba en incorporar paulatinamente a la producción nuevas tierras que se cultivaban mediante el sistema de arriendo. Pero hacia 1910, ya estaban en explotación la totalidad de las tierras disponibles y aptas para la producción agropecuaria de exportación.

Ante esta situación, los propietarios de las tierras —para mantener el nivel de beneficios que obtenían— se decidieron por sucesivos aumentos en los precios de los arrendamientos.

Primer Comité de la Federación Agraria Argentina
Primer Comité de la Federación Agraria Argentina

Los agricultores arrendatarios, por esos años, enfrentaban dificultades para lograr su subsistencia y cumplir con el contrato. El aumento de los precios de los arrendamientos profundizó su crisis y generó un gran descontento. La crisis de los agricultores comprometía también a los comerciantes de la campaña, proveedores de los insumos y bienes de consumo y también del dinero que le adelantaban al arrendatario para pagar los gastos de la cosecha.

La cuestión agraria se planteó en junio de 1912 cuando —después de intentar una conciliación que -los terratenientes rechazaron— los arrendatarios del pueblo de Alcorta, en el centro de la zona maicera de Santa Fe, decidieron utilizar el mismo instrumento que los asalariados urbanos: la huelga.

Los campesinos se negaron a arar los campos y reclamaron el establecimiento de un tipo uniforme de arrendamiento. En el transcurso de la lucha, ampliaron sus demandas: plazo mayor de contratación, rebaja de los arrendamientos en dinero y de los porcentajes de producción que debían entregar los aparceros y, también, exención de impuestos.

La primera reacción de los propietarios fue desconocer la validez del movimiento y los reclamos. Pero cuando la huelga y la movilización se extendieron hacia el sur de Santa Fe y el norte y el oeste de Buenos Aires, los miembros de la Sociedad Rural de Rosario y de Buenos Aires comenzaron a sentir amenazado su derecho de propiedad. Los terratenientes exigieron a los gobiernos provinciales y al gobierno nacional que reprimiera, a través de las fuerzas del orden, este movimiento que consideraron subversivo.

El gobierno nacional intervino a través del Ministerio de Agricultura y puso fin a la huelga. Estableció que los reclamos, en general, no estaban justificados pero promovió la formación de tribunales arbitrales para resolver las diferencias entre propietarios y arrendatarios. Finalmente, las gestiones conciliatorias terminaron en el fracaso de las reivindicaciones exigidas por los agricultores.

PARA SABER MAS…

Las huelgas agrarias ocurridas en 1912, conocidas generalmente como el movimiento del “Grito de Alcorta”, habían traído como consecuencia ciertas mejoras en el sistema de arrendamiento, pero de ninguna manera ‘habían resuelto el problema en toda su significación social y económica.

El arrendamiento era en sí mismo una salida económica que había beneficiado en su conjunto a todo el país. Gracias a este sistema —aunque no exclusivamente a él— Argentina podía ser uno de los principales Productores y abastecedores de cereales y carne en el mundo.

Esa riqueza, sin embargo, estaba asentada sobre mecanismos sociales y económicos muy particulares. En primer lugar, la concentración de la propiedad, cuyas grandes extensiones en la mayoría de los casos se subdividían en predios relativamente pequeños para arrendar y en algunos casos también para subarrendar creando así pequeñas unidades productoras ‘l(‘ escasa rentabilidad. Además la duración de los contratos era limitada, Y aunque variaba según la situación particular de cada locador y locatario, por lo general no pasaba de los tres años.

En consecuencia, se creaba en la población agraria la necesidad de practicar una especie de nomadismo. Los campesinos, en su mayoría de origen migratorio, no encontraban la oportunidad de establecerse con la expectativa de permanecer un tiempo prolongado en la chacra, y no se despertaban en ellos, en consecuencia, necesidades de transformación en los métodos, de, mejoramiento y de diversificación de la producción. La prolongación de sus contratos era un hecho contingente con el que no podían contar de ninguna manera.

Pero éste no era el único aspecto irritante del sistema. Las cláusulas establecidas en los contratos de arriendo eran una carga pesada de llevar aun en situaciones normales (buenas cosechas, precios adecuados, situación económica general estable).

Desde el punto de vista social, las medidas legislativas del gobierno de Irigoyen frenaron en parte la movilidad ecológica de esa masa flotante constituida por el arrendatario y su familia, y la prolongación del período de arriendo facilitó mejoras generales en las zonas rurales desde el punto de vista sanitario, de vivienda y educación. Auspiciaron también la creación de un sistema cooperativo, que con el tiempo fue extendiéndose, y constituyó un punto esencial en la estabilidad económica del chacarero.

AMPLIACIÓN DEL TEMA:
EL GRITO DE ALCORTA Para muchos agricultores de la región pampeana 1911 fue un año muy duro. La pérdida de la cosecha maicera empujó a las familias del sur de Santa Fe a una situación económica desesperante. Para colmo, una serie de maniobras especulativas provocó una baja repentina en las cotizaciones del cereal. Miles de campesinos vieron cernirse sobre sus hogares el fantasma de la miseria.

Ante la imposibilidad de hacer efectivas sus deudas, los comerciantes se sintieron igualmente apremiados y decidieron retirar a los colonos la libreta de crédito si no pagaban por lo menos la mitad de lo que les debían. Esto no tenía el sentido de una solución sino que era una forma más de presionar a los agricultores, pero no se consiguió prácticamente nada porque éstos no tenían un centavo. Por eso no resulta extraño que fuera un comerciante, Ángel Busjarrábal, quien sugiriera al agricultor Francisco Francisco Bulzani la realización de un movimiento de fuerza para reclamar una rebaja en el precio de los arrendamientos.

El 10 de junio de 1912 una reunión de agricultores decidió integrar una comisión de huelga, y quince días después una asamblea que reunió a más de trescientos colonos decidió por unanimidad iniciar un cese de labores que no tardó en extenderse. Los colonos afrontaban una situación realmente insostenible: los contratos vigentes obligaban al agricultor a ceder al propietario entre el 40 y el 50 por ciento de lo que produjera la tierra.

El terrateniente estaba absolutamente libre de todo gasto porque debía percibir el producto en su chacra, en perfectas condiciones de sequedad y limpieza, trillado y embolsado. Por lo demás, el campesino estaba obligado a cumplir una serie de condiciones con respecto a la superficie sembrada, la forma de sembrar y demás; en caso de dificultades imprevistas, el arrendatario podía considerarse desalojado.

No puede sorprender, entonces, que, a pesar de las persecuciones policiales y las campañas desatadas por los propietarios, el movimiento se extendiera como reguero de pólvora. El 2 de julio de 1912 los obreros agrarios y los braceros de las máquinas desgranadoras afiliados a la FORA (Federación Obrera Regional Argentina) anunciaron que se plegaban al movimiento.

Algunos propietarios accedieron a firmar nuevos convenios, pero- la huelga se extendió a casi todos los pueblos y colonias de Santa Fe, y luego a Córdoba, Buenos Aires y Entre Ríos, Interesado en el problema por el doctor Francisco Netri —animador incansable de la huelga, que fue asesinado en 1916 por sus enemigos—, el tribuno socialista Juan B. Justo llevó el asunto al Congreso Nacional y el 20 de julio interpeló al ministro de Agricultura, Adolfo Mujica, que se limitó a atribuir el problema a “un núcleo de agitadores”.

Con ese tipo de argumentos se trató de silenciar y doblegar el movimiento, pero todo fue inútil: la certeza de que la única forma de defender sus intereses era agremiarse se había hecho carne en los colonos.

Tres meses después del “grito de Alcorta” se constituyó en Rosario la Federación Agraria Argentina. Su nacimiento había costado centenares de chacareros presos, varios incidentes de violencia y largos días de angustia para muchas familias campesinas, pero el movimiento se encontraba en pleno desarrollo.

CRÓNICA DE LA ÉPOCA:
POR DANIELA FLOGIA Historiadora
Períodico El Bicentenario Fasc. N°6 Período 1910-1929

[…] A esta situación se le ha sumado el fracaso en la cosecha de maíz el año pasado, lo que no les ha permitido cumplir con todos los compromisos adquiridos ya sea con el propietario terrateniente, con el gran arrendatario, a los que subarriendan, o con el dueño del almacén de ramos generales con quien se encuentran endeudados por medio de la libreta que les ha abierto para proveerlos de los productos necesarios para la producción a cambio de prendar con anticipación la cosecha.

Ante el desastre del año pasado en Firmat, han comenzado a reunirse los pequeños productores arrendatarios. En marzo de este año escribieron un manifiesto donde alentaban a los colonos a unirse a la protesta. A esta reunión asistió Francisco Bulzani, principal gestor del movimiento en Alcorta, que al regresar trajo una gran cantidad de manifiestos que distribuyó en las colonias de Alcorta, Bigand y Bombal.

Alcorta es una de las zonas más ricas e importantes de la provincia. Es allí donde el 25 de junio se ha organizado una concentración que congregó a cientos de agricultores y de donde surgió el grito de la rebelión campesina. El abogado Francisco Netri, convertido en el asesor de los huelguistas, presentó el nuevo contrato de arrendamiento.

Esta movilización se ha trasformado en un grito desesperado dando lugar a la organización de los chacareros arrendatarios en reclamo de mejoras en las condiciones de los arriendos con el objetivo de acceder a una vida digna. Este movimiento no es un suceso menor; los diarios se han hecho eco de la huelga reproduciendo no sólo las reuniones de los pequeños arrendatarios sino también los atropellos de los que son víctimas. También ha adquirido repercusiones en las provincias de Córdoba, Buenos Aires, Entre Ríos y La Pampa.

El gobierno santafesino, al comprender la magnitud del problema, ha decidido enviar una comisión veedora para que se entrevistase con los huelguistas. Si bien la comisión se ha expresado claramente a favor de los colonos, el informe ha sido olvidado.

Recién en agosto se ha comenzado a vislumbrar una relajación de la huelga cuando algunos propietarios aceptaron las bases del arreglo que les proponían los agricultores. Además han logrado estructurar una organización gremial que defienda sus intereses: la Federación Agraria Argentina.

Fuentes Consultadas:
Historia Argentina Santillana Luchilo-Romano-Paz
Historia 3 La Nación Argentina Kapeluz de Miretzky – Mur – Ribas – Royo

Desarrollo Industrial en el Virreinato del Rio de la Plata Los Gremios Obreros

ORGANIZACIÓN ECONÓMICA DEL VIRREINATO DEL RÍO DE LA PLATA:

El desarrollo industrial Las primeras industrias se desarrollaron intensamente en el Plata durante el siglo XVII como consecuencia del aislamiento provincial. Con las medidas liberales de los Borbones, especialmente con el Reglamento de Comercio Libre, se inició la decadencia de las industrias nacionales que no podían competir con las extranjeras, y por otra parte pagaban fletes excesivos. Cuando se producían guerras las industrias revivían por falta de competencia.

Industrias de diversa índole surgieron en el virreinato del Río de la Plata; así en Tucumán y Mendoza se construyeron carretas, en Corrientes y en el Paraguay, que tenían abundancia de maderas, existían pequeños astilleros. La industria textil tomó incremento en las provincias del norte y del oeste, donde ya había florecido el arte textil incásico, que influyó en los dibujos y en el colorido.

También en las Misiones Jesuíticas prosperó esa industria, que era de carácter doméstico. El cultivo de la vid, planta introducida desde Chile a Santiago del Estero, desde donde pasó a la región de Cuyo, dió lugar a la industria vitivinícola, obstaculizada por el gobierno español para evitar la competencia con los productos españoles. Santa Fe carecía de industrias.

En Buenos Aires había saladeros, graserías, fábricas de velas y de jabón, industrias todas derivadas de su riqueza ganadera y además una fábrica de aceite de ballena. En casi todas las provincias, se fabricaban dulces y objetos de plata, como mates, bombillas, mangos de rebenques, hebillas, etc.

Los gremios — El desarrollo de la industria y el comercio provocó la aparición de una clase numerosa que para defenderse de la inhabilidad o mala voluntad de algunos que practicaban esas actividades, se agremiaron.

Los gremios, que se habían establecido en Europa durante la Edad Media y alcanzado su época de auge durante los siglos XV y XVI, tenían cada uno para su gobierno un grupo de cuatro hombres, que ejercían inspecci6n sobré los miembros del gremio respectivo en cuanto al cumplimiento de la confección del artículo, de las leyes gremiales que establecían salarios, del descanso dominical y de la celebración de reuniones en se trataban asuntos de interés general.

En el Río de la Plata existieron los gremios de hacendados, panaderos, plateros, etc. En las colonias hispano-americanas también se establecieron estas instituciones corporativas del trabajo, fomentadas por las mismas autoridades ya que aquéllas no sólo intentaban la defensa de sus respectivos intereses sino también intensificar el desarrollo de las industrias y las artes.

Fuente Consultada: Historia Argentina de Etchart – Douzon – Wikipedia –  La Argentina, Historia del País y Su Gente de María Sánchez Quesada

Los Golpes Militares en Argentina desde 1930 Gobiernos de facto

Junta Militar del Golpe en 1976

Junta Militar del Golpe en 1976

La Constitución Nacional fue sancionada en 1853, y el primer gobierno constitucional comenzó en marzo de 1854. Desde entonces la vida democrática, en lo que hace a los mecanismos constitucionales, funcionó en forma regular hasta 1930. Se trataba de una democracia que mostraba debilidades, pero que funcionaba con todas sus instituciones y que, gracias a la educación, a la experiencia y a la participación de los ciudadanos, permitía una sociedad que vivía en libertad.

 En el período que se extiende de 1854 a 1930 no faltaron hombres públicos que en ciertas oportunidades desconfiaran de la pureza de los actos comiciales por los cuales surgían determinados gobiernos, y creyeran que la única manera de lograr esa pureza consistía en impedir que los elegidos en esos comicios tomaran el poder, o que, ejerciéndolos, debían ser desalojados.

Estallaron así en ese período varias revoluciones con fines distintos cada una, siendo las de mayor magnitud, las de 1874, 1880, 1890, 1893, 1905. Ninguna de ellas, sin embargo, obtuvo sus propósitos de romper el orden constitucional, si bien es cierto que ejercieron influencia en los sucesos políticos posteriores a su estallido.

Pero la vigencia constitucional quedó en pie y los hombres públicos de esa época sentían orgullo de que la cordura hubiera impedido la ruptura del orden constitucional.

La democracia es un régimen político que exige hombres virtuosos, llenos de cualidades, y ello hace siempre difícil todo sistema democrático. La historia de nuestro país lo demuestra. Esos movimientos de violencia política no eran sino el aprendizaje necesario de un pueblo a través de los años de vigencia de instituciones difíciles de practicar. Cuando suceden esos acontecimientos múltiples causas concurren que no podemos analizar aquí; pero ellas no siempre son de naturaleza política.

Los estallidos revolucionarios, que no derrumbaron gobiernos ni rompieron la vigencia de la Constitución y que hemos mencionado, se proponían obtener, por medios equivocados, el mejoramiento o perfección del sistema democrático.

Pero aún con los inconvenientes, las debilidades, las contradicciones el país marchaba en busca del perfeccionamiento de su sistema político En 1912 se sanciona la ley electoral que instaura el voto secreto obligatorio y la utilización, en carácter de padrón electoral, del padrón militar. Esa ley establecía, además, que ingresaran las minorías en las cámaras, con lo que se dio un paso hacia la representación de todos los sectores en la vida pública. La ley denominada Ley Sáenz Peña fue instrumento de extraordinaria significación en la vida política del país. mejoró notablemente los procedimientos comiciales.

La primera vez que esa ley se aplicó en elecciones presidenciales fue en el año 1916. Ese comicio consagró como Presidente a Hipólito Yrigoyen, propiciado como candidato por la Unión Cívica Radical, una agrupación política surgida en 1891 y que se mantenía en la abstención por no querer convalidar con su presencia el sistema electoral vigente Producida la nueva ley Sáenz Peña, el radicalismo se presentó en las elecciones y obtuvo el triunfo del partido.

Yrigoyen fue un hombre público y un caudillo singular, que asumió la conducción del partido después de la muerte de Alem en 1896. Su método político, la ausencia de ambiciones personales, su alejamiento de las manifestaciones populares y públicas, le dieron un carácter casi mítico a su figura y un ascendiente muy grande; fue un verdadero caudillo popular. Multitudes enfervorizadas lo acompañaron tanto cuando asumió el poder en 1916 como cuando lo dejó en 1922.

De vida austera, el candidato radical se caracterizó por su probidad en el manejo de los fondos públicos y por su altiva política internacional que no aceptaba intromisiones ni tutelas de naciones extranjeras. La popularidad de su gobierno le permitió, al finalizar su mandato, que el radicalismo volviera a ganar en 1922 con su candidato, que lo era Marcelo T. de Alvear, quien gobernó al país con un estilo distinto del de Yrigoyen y aun con hombres que no se identificaban con el Radicalismo.

El período de Alvear finalizó en 1928 y nuevamente fue postulado para las elecciones Hipólito Yrigoyen. Este resultó triunfante otra vez en elecciones que le dieron un apoyo masivo de la población. Su período debía extenderse de 1928 a 1934.

Pacto de Olivos Alfonsin Menem Reforma de la Constitución 1994 Santa Fe

Pacto de Olivos:Alfonsín Menem

EL PACTO DE OLIVOS: Cuando llegaba el fin de su mandato, Menem comenzó una campaña a favor de una reforma constitucional que lo habilitara para ser reelegido. Para ello, necesitaba el acuerdo del radicalismo, que no estaba dispuesto a negociar. Finalmente, el acuerdo, logrado el 14 de diciembre de 1993, se llamó pacto de Olivos, Después del Pacto de Olivos, el Congreso aprobó rápidamente la ley declarativa de la necesidad de la reforma, con el voto favorable de los legisladores justicialistas y radicales, se convocaron elecciones generales para designar a 305 constituyentes, y comenzó la labor de la Convención reunida inauguralmente en la ciudad de Paraná, que deliberó durante tres meses en la dudad de Santa Fe, sede histórica de las principales convenciones constituyentes argentinas desde 1853.

LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN: A fines de 1993, el gobierno y el principal partido de la oposición acordaron la reforma de la Constitución Nacional. En abril de 1994 se eligieron diputados constituyentes que, entre mayo y agosto, reformaron el texto constitucional.

Pacto de Olivos Alfonsin Menem El principal objetivo perseguido y alcanzado por el gobierno era la habilitación de la posibilidad de la reelección presidencial. La reforma establece que el Presidente y el Vicepresidente de la Nación duran en el cargo cuatro años y que podrán ser reelegidos por un solo período consecutivo.

El radicalismo, por su parte, buscó y consiguió incorporar a la Constitución un conjunto de disposiciones que habían formado parte del proyecto de reforma constitucional elaborado durante el gobierno de Alfonsín: atenuación del presidencialismo, garantías de independencia del Poder Judicial, incorporación de mecanismos de democracia semidirecta y afirmación de los derechos sociales, agregando cláusulas referidas a la protección del medio ambiente y de los derechos de los consumidores y los usuarios de los servicios públicos.

Se han incorporado a la Constitución los tratados firmados por nuestro país con organismos internacionales o con otros países, entre otros, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y la Convención de Eliminación de las Formas de Discriminación contra la Mujer.

La Constitución y el pacto Menem-Alfonsín
“Se suele argüir […] para denostarla, que esta reforma se origina en un pacto -originariamente secreto-de dos caudillos políticos. Y que el mismo supuso la aceptación de; uno de ellos, Alfonsín, de la pretensión del presidente Menem de posibilitar su reelección a cambio de la introducción de un bloque de reformas que aquél considera convenientes para garantizar la democracia y asegurar los derechos y el bienestar ciudadanos. Y que la única motivación real de Menem ha sido alcanzar esa perspectiva de continuidad y de ahí su escaso interés acerca de las otras propuestas. Es verdad. Hubiera sido más elegante posponer la autorización de una reelección inmediata para el futuro. Pero ese acuerdo de líderes fue ratificado por el Congreso Nacional y por la reelección popular, de tai manera que adquirió absoluta legitimidad. Se aduce igualmente que el pacto estuvo motivado por el temor de Alfonsín de enfrentar una nueva derrota en el plebiscito convocado para el 21 de noviembre de 1993. Sin negar esa presunción, que es correcta, Alfonsín sostiene que su gesto tendió a evitar una frustración constitucional que, aunque legítima por la suma de sufragios, podía tener los mismos problemas que la de 1949, al realizarse con la ausencia y la falta de participación de los partidos opositores. Se estaba-agregaba-en cambio, ante la posibilidad de introducir en la ley fundamental garantías y procedimientos que la modernizaran y que había procurado llevar adelante sin éxito -como antes se ha visto- en el lapso 1983-1989. Y en rigor de verdad, si se comparan esas propuestas, explicadas anteriormente, con la reforma obtenida, se advertirá su notoria continuidad de propósitos. Que esos cambios mejoren o no la gobernabilidad que se pretende es otra cuestión que se verá en su momento.”
EMILIO F. MIGNONE. Constitución de la Nación Argentina, 1994, Manual de la Reforma. Buenos Aires, Ruy Díaz, 1994

PARA SABER MAS…: Como ampliación del tema publicamos una nota en El Bicentenario Fasc. N° 10 período 1990-2010 a cargo de Hugo Quiroga, politógolo y periodista.

El acuerdo político celebrado entre ambos dirigentes no estuvo exento de obstáculos y complicaciones, principalmente para el radicalismo. Por un lado, el acuerdo original contenía las renuncias de tres miembros de la Corte Suprema reclamadas por la UCR, las que debían producirse antes de la reunión de la convención del partido radical, el 4 de diciembre del pasado año. Ante el incumplimiento del compromiso adquirido por Menem, el radicalismo amenazó con romper el acuerdo si los magistrados no renunciaban antes del 3 de diciembre.

Finalmente, el anuncio de los alejamientos solicitados le permitió a Raúl Alfonsín obtener el respaldo necesario en la convención de su partido. Por el otro, el Pacto de Olivos dio lugar a una crisis profunda en el interior del radicalismo que puede llegar hasta la ruptura. El líder radical y presidente del partido ha actuado con severidad en este proceso para imponer disciplina en sus filas.

Hasta ahora se han intervenido algunos distritos rebeldes cuyas conducciones se negaban a aceptar el pacto sellado por Alfonsín, y algunos dirigentes, como Jesús Rodríguez, centraron sus campañas para constituyentes criticando al socio del acuerdo. En los comicios de convencionales, el radicalismo quedó como tercera fuerza en Capital Federal y en la provincia de Buenos Aires.

A simple vista, ambos firmantes del acuerdo salieron beneficiados. A Raúl Alfonsín le permitió ocupar el centro de la escena política, que había perdido con la salida anticipada de su Gobierno. En su discurso de defensa del pacto alegó que con estas reformas se modificará el carácter extremo del sistema presidencialista argentino. A la vez,
la mieiicion ue aíioiisiii iue detener la ofensiva del gobierno nacional por imponer de manera unilateral, a través de un plebiscito cuyo triunfo se daba por descontado, los temas de la reforma que no incluían atenuaciones al presidencialismo. A Carlos Menem, porque se le facilita el camino de la reelección presidencial.

Un pacto de cúpulas sustrajo la posibilidad de extender y profundizar un debate colectivo, imprescindible cuando se trata de reformar el diseño institucional de una nación. Es difícil sacar conclusiones sobre la puesta en práctica de una reforma que acaba de aprobarse. Sólo quedan interrogantes. La renovación de las instituciones siempre genera incertidumbres que solo puden ser resueltas desde la claridad de las prácticas constitucionales, desde la Constitución realmente aplicada.

Fuente:El Bicentenario Fasc. N° 10 período 1990-2010 a cargo de Hugo Quiroga, politógolo y periodista.

Obra de Gobierno de Rivadavia Ley de Enfiteusis Cracion Banco Nacional

Obra de Gobierno de Rivadavia Ley de Enfiteusis

BERNARDINO RIVADAVIA nadó en Buenos Aires el 20 de mayo de 1780. Estudió en el Coléalo de San Carlos, luchó con valor en la segunda invasión inglesa, se pronunció en favor de la Revolución de Mayo, fue secretario de guerra del Primer Triunvirato y, desde entonces, representó al centralismo porteño.

Fue diplomático en Europa representando a las Provincias Unidas en la búsqueda del reconocimiento a nuestra independencia; en 1821 fue llamado a cubrir el cargo de ministro en la gobernación de Martín Rodríguez, realizando una serie de reformas que marcaron notablemente al período histórico entre 1821-1824.

El 8 de febrero de 1826 fue nombrado presidente en momentos difíciles para la nación (Guerra con el Brasil); tuvo que renunciar al año siguiente y se alejó definitivamente de la vida política. Falleció un 2 de septiembre de 1845, en Cádiz, España.

Presidencia de Rivadavia:
gobierno de rivadaviaUna instancia polémica: Bernardino Rivadavia fue una figura polémica de nuestra historia, que generó simpatías y rechazos. Se lo ha visto como un pensador que ideó un plan acertado de renovación estatal, o como el representante de la burguesía comercial agente británico en el Río de la Plata”. Más allá de estas interpretaciones, el grupo rivadaviano elaboró un plan concreto para organizar el país, que en su momento era prácticamente único.

El grupo rivadaviano estaba integrado por partidarios de las ideas liberales, la mayoría de formación universitaria europea, que contaban con el respaldo de comerciantes y hacendados de Buenos Aires. Los comerciantes apoyaban la política de librecambio: impuestos bajos para el comercio de importación y exportación.

Los hacendados vieron con buenos ojos la Ley de Enfiteusis que dictó Rivadavia, porque pudieron engrosar sus propiedades. Por otra parte, el presidente favorecía la exportación de cueros. Este apoyo, sin embargo, no sería eterno: terminaría cuando las medidas económicas fueran desfavorables para sus intereses.

• Ley de Capitalización de Buenos Aires
El presidente Rivadavia no hizo esperar el programa de medidas de su mandato. El mismo mes de febrero presentó un proyecto sobre capitalización de Buenos Aires, el cual se sancionó a principios del mes siguiente. La nueva capital estaba comprendida entre Puente Márquez (próximo a Merlo), Tigre y el río Santiago. Este territorio quedaba bajo la dirección de la Legislatura y del presidente nacional; todos sus establecimientos se nacionalizaban junto a las acciones, deberes y empréstitos contraídos por la provincia de Buenos Aires.

Días después se disuelve la Junta de Representantes y cesan las funciones del Poder Ejecutivo y Legislativo de la provincia bonaerense. La provincia de Buenos Aires había desaparecido.

• Ley de consolidación de la deuda pública
La economía de la provincia no era muy ventajosa. Por la situación presentada con el Brasil, el presupuesto estaba destinado en su totalidad a los gastos militares. Existía una importante deuda pública acumulada desde 1810 y el empréstito Baring debía pagarse.

El Congreso trató el proyecto de consolidación de la deuda pública y de la hipoteca de la tierra fiscal de todo el país. Las tierras públicas quedaban afectadas al pago de la deuda y no podían venderse. Las tierras provinciales pasaban de este modo a manos del Estado nacional. Esta ley condujo a la sanción de la Ley de Enfiteusis. La medida provocó descontento en las provincias, porque perdían el control de sus tierras.

La tierra: negocio redondo
La vocación de Rivadavia sobre inmigración y colonización culminaría bajo.su mandato como presidente, cuando el Congreso Constituyente de las Provincias Unidas sancionó el 20 de mayo de 1826 la Ley de Enfiteusis, que disponía en su art. 1°. la prohibición de enajenar las tierras de propiedad pública, determinando que éstas se darían en enfiteusis durante un periodo no menor de 20 años, a contarse desde el 1° de enero de 1827. El art 2° fijaba dos tipos de canon; 8 por ciento para las tierras de pastoreo y el 4 por ciento, si las tierras eran de “pan llevar”, con lo que se pretendía fomentar la agricultura… El objetivo era poder hacerse de recursos (el canon) sin desprenderse de la propiedad de la tierra (enfiteusis) que seguía siendo el resguardo del préstamo con Baring, y de los nuevos préstamos solicitados con motivo de la guerra. Lo que no se esperaba era que los grandes ganaderos se quedaran en forma directa o por testaferros con enormes cantidades de tierra que originaron grandes latifundios; tampoco estaba previsto que el estado de conflicto permanente del próximo cuarto de siglo haría que los colonos sólo llegaran a cuentagotas, por lo que la ley se convirtió en definitiva en una trampa muy costosa, ya que las mejores tierras quedaron inhabilitadas para cualquier colonización futura.
(Fuente Consultada: Grandes Debates Nacionales Pagina 12)

• Ley de Enfiteusis
A mediados de 1826 se sanciona la Ley de Enfiteusis, que tuvo por objetivo estimular la colonización y obtener recursos para el tesoro nacional.

Esta ley establecía la concesión de la tierra pública en arrendamiento por veinte años. La tasación sería realizada por una comisión de vecinos que establecerían el monto de alquiler anual, según fuesen tierras para ganadería o agricultura.

Pero la ley no dará los frutos esperados, porque los arrendamientos no se pagaban con frecuencia y las tierras fueron adquiridas mayormente por capitalistas que las tenían como inversión y no para hacerlas trabajar. La idea de favorecer la formación de pequeñas propiedades para otorgar la tierra a los campesinos tampoco pudo cumplirse. Surgieron grandes propiedades o latifundios, en manos de quienes podían pagar más.

• La Constitución de 1826
El Congreso comenzó a tratar el tema constitucional. Como primer paso se acordó establecer una república representativa; la monarquía quedaba descartada. Un tema más espinoso fue decidir la organización estatal: ¿federal o unitaria?

A pesar de la oposición de los federales, el 24 de diciembre de 1826 se aprobó la Constitución que establecía “la forma representativa republicana bajo la unidad de régimen”. Los gobiernos provinciales quedaban bajo la total dependencia del presidente de la Nación.

La Constitución fue rechazada en las provincias, al no ver satisfechas las aspiraciones federalistas.

Renuncia de Rivadavia
La situación del presidente Rivadavia se volvió muy delicada:
Las provincias habían rechazado la Constitución de 1826, por lo tanto, su autoridad nacional estaba cuestionada.
El ministro García había firmado un tratado deshonroso, por la cual reconocía a Brasil la posesión de la Banda Oriental, con el objetivo de finalizar la guerra.

Los terratenientes y comerciantes, su grupo de apoyo tradicional, le quitaron el respaldo por el aumento de impuestos y contribuciones destinados a cubrir gastos de la guerra con el Brasil.
Ante estas circunstancias, Rivadavia se vio obligado a renunciar. Se avecinaban tiempos de disgregación nacional.

PARA SABER MAS…
ESTADO Vs. IGLESIA

En el Argos de Bs.As. del sábado 19 de octubre 1822, se publicaba un comentario acerca de la discusión sobre la reforma eclesiástica propuesta por el gobierno , que había tenido lugar en la sala de Representantes:

(…) ha quedado decretada la abolición del fuero personal del clero (…) El público ha quedado prendado del celo y patriotismo con que estos señores eclesiásticos, que han atacado con calor, y con los más vivos coloridos los perjuicios que resultan a La sociedad de esta distinción que les había sido concedida; (…). La representación y el gobierno caminan con pasos de gigante, y Buenos Aires, de día en día va dando pruebas que dentro de breve presentará el modelo de una de las sociedades más bien organizadas, y a donde correrán habitantes de todas naciones a disfrutar en su seno el libre ejercicio de su industria, la abundancia y la seguridad.”

Como parte del plan orgánico concebido por el ministro Bernardino Rivadavia y su grupo, el gobierno se ocupó también de la Iglesia. La revolución de 1810 había alcanzado con su impacto a la jerarquía eclesiástica del Río de la Plata, la había separado de Roma y privado de muchas de  sus autoridades legítimas. Corno resultado de la conmoción social que la afectó, la Iglesia ofrecía un cuadro de desorden interno que acusaba problemas de todo tipo. Rivadavia se propuso poner coto al desquicio de esa situación, pero la reforma se impuso desde el gobierno  que asumió de esta manera, una potestad que subordinaba la Iglesia al poder civil.

Se inventariaron los bienes eclesiásticos, inclusive los de las órdenes religiosas; se suprimió toda autoridad eclesiástica sobre franciscanos y mercedarios, que quedaron sujetos a la del gobierno; se fijaron normas de conducta para los frailes, entre otras medidas que se arbitraron.

La iglesia dividió sus posiciones frente al avance reformista del gobierno y Francisco de Paula Castañeda, un fraile recoleto, se erigió en el más firme y vocinglero contradictor de la reforma y su alma mater. Agitó la opinión a través de una serie de periódicos de vida efímera y nombres estrafalarios que, pese a constituir una campaña de verdadero asedio, no pudieron contener la resolución del gobierno.

La ley de reforma eclesiástica se sancionó en noviembre de 1822 después de un prolongado y ardoroso debate. Por ella se dispuso la anulación del diezmo, la secularización de las órdenes monásticas; los bienes de los conventos disueltos se declararon como propiedad del Estado, a cambio de lo cual el gobierno se comprometía a proveer el presupuesto de la iglesia. Así nació, dicen algunos autores, el primer presupuesto de culto y en el predio de los monjes recoletos se estableció el cementerio del Norte o de “la Recoleta” , bajo la administración estatal.

Con el apoyo de algunos eclesiásticos comprometidos con la reforma, en Buenos Aires ésta pudo llevarse adelante. En el resto del país, una sociedad más ligada a las tradiciones hispánicas no podía comprenderla y se hizo inaplicable. El gobierno y, especialmente su ministro, se ganaron una acusación de anticlericalismo que excedió con creces las intenciones de Rivadavia. La reforma tuvo, además, un correlato político de carácter más violento, como fue la revolución encabezada por Gregorio Tagle en 1823, rápidamente sofocada.

EL GRUPO QUE ACOMPAÑABA A RIVADAVIA: Al calificar de grupo a este conjunto de hombres lo hago a sabiendas. Se trata de individuos que tienen, en un momento dado, similitud de ideas, adoptan una actitud pública común y se sienten entre ellos solidarios. Pero no mantienen una unidad permanente desde 1811 hasta 1827. A veces, la relación es puramente amistosa; otras se agregan al grupo algunos colaboradores inmediatos. En ocasiones, el grupo es relativamente numeroso.

Bernardino Rivadavia es quien la vertebra y las etapas en que se divide el plan económico analizado coinciden con las de su actuación pública. Julián Segundo de Agüero, sacerdote, legislador, ministro y político activo, es la otra figura central, tan Importante como Rivadavia en cuanto al manejo de las ideas. Salvador María del Carril es ministro de Hacienda durante la presidencia de Rivadavia y ha sido antes gobernador de San Juan.

Manuel José García merece párrafo aparte. Es colega de Rivadavia en el ministerio del gobernador Martín Rodríguez en la provincia de Buenos Aires y durante ese período (1820-1824) no cabe duda que ambos comparten muchas de las ideas e iniciativas económicas. Resulta difícil y quizá innecesario discriminar quién es el verdadero autor de algunas iniciativas que, muy probablemente, son patrimonio de varios grupos y de decenas de individuos durante el cuatrienio mencionado.

Algunos de los documentos reproducidos en esta obra correspondientes a ese período llevan la firma de García, como se observará. No participa éste, en cambio, de otras iniciativas y, ya en ese período, comienza a tener una actuación que es menester individualizar y que nada presenta en común con el grupo estudiado. Antes de iniciarse la presidencia de Rivadavia, las discrepancias entre García y Agüero y su enemistad son notorias en el medio porteño.

Sin embargo, el 8 de febrero de 1826, después de la ceremonia de toma de posesión del cargo de presidente, Rivadavia dicta un decreto nombrando su ministerio y allí le reserva a García la cartera de Relaciones Exteriores. El 10 de febrero-cuarenta y ocho horas después- otro decreto expresa que, habiendo renunciado García a su ministerio, se nombra a Francisco de la Cruz en su reemplazo. Rivadavia le envía más tarde como jefe de la misión diplomática a Río que en 1827 firma un tratado que aquél desconoce de inmediato.

Sin la menor duda hacía ya algún tiempo que ambos representaban posiciones ideológicas, económicas, políticas e internacionales irreconciliables, como se verá. El 28 de abril de 1834, García, como ministro del gobernador Viamonte, suscribe el decreto por el cual Rivadavia es expulsado de Buenos Aires.

Santiago Wilde, británico, contador de profesión y funcionario del gobierno de Buenos Aires durante varios años, es el autor de la Memoria sobre organización fiscal que se reproduce en el documento número 11. Trabajó durante algún tiempo en colaboración con Rivadavia y es probable que alguna de las iniciativas económicas de éste hayan contado con su asesoramiento. Es redactor de El Argos de Buenos Aires en los primeros números de este periódico.

Los otros miembros del grupo rivadaviano son redactores de cuatro periódicos que apoyan las iniciativas de Rivadavia y Agüero, o bien sostienen las ideas que pueden considerarse comunes al grupo. Esos periódicos sonEl Argos de Buenos Aires, fundado en 1821, del cual Ignacio Núñez es propietario y principal redactor; El Centinela, que aparece durante 1822s y 1823, redactado por Ignacio Núñez y Juan Cruz Várela; El Nacional, cuyos redactores son Valentín Alsina y dos profesores cuyos apellidos son  San Martín y Palacios, y que ocasionalmente recibe la contribución de  Agüero y García, y El Mensajero Argentino, que se inicia en 1825 y cesó en 1827, en cuyas columnas escribieron Juan Cruz Várela, Agustín Delgado, Francisco Pico y Valentín Alsina. (…)

Lo que todos tienen en común es un nivel cultural que puede considerarse elevado para la época y el lugar. Rivadavia y Núñez fueron hombres de recursos propios, obtenidos por herencia. La mayor parte de los bienes privados de Rivadavia estaba invertida en fincas urbanas, (…). Lo que no he hallado son referencias, directas o indirectas, que indiquen que alguno de los miembros de este grupo haya pertenecido a empresas de importancia aunque fuere mediana. No parece, pues, que ninguno de ellos haya tenido comprometidos bienes personales de consideración en las medidas que integran esto que denomino el plan económico del grupo rivadaviano.”

BAGU, SERGIO. El Plan
Económico del Grupo Rivadaviano
(1811-1827). Rosario, Instituto de
Investigaciones Históricas, 1966.

RESPECTO A LA LEY DE ENFITEUSIS: Los proyectos de Rivadavia, que en un primer momento fueron apoyados por la burguesía comercial porteña, pues su concepción unitaria buscaba centralizar al país para crear un extenso mercado nacional, el que se afianzaría con el desarrollo de la agricultura pues se incrementarían los consumidores, no estaba desprovista de, lógica en lo referente a sentar las bases para la formación de una nación capitalista moderna.

Si bien las medidas librecambistas, a las que adhería Rivadavia, en una primera etapa aniquilarían alas rústicas industrias del interior, posteriormente, en base a la propagación de la agricultura y al establecimiento de una multitud de propietarios, que ampliarían el mercado interno, se podría desarrollar una industria nacional competitiva. Sin embargo, en la realidad económica y social de Argentina, en la década de 1820, esto no era más que una teoría de dudosa concreción. Para empezar, no existía una población dispuesta a contraerse a las actividades agrícolas ya que se carecía, casi por completo, de la tradición y cultura necesaria.

Esta dificultad, que no era desconocida por Rivadavia y su grupo, se pretendió superar con planes inmigratorios, pero la escasez de recursos del Estado, la inestabilidad política, que determinaba la sucesión de permanentes guerras civiles, y la población indígena que amenazaba constantemente a las fronteras interiores, desalentaban a los inmigrantes a radicarse en las pampas argentinas.

Estas condiciones objetivas fueron percibidas con claridad por la misma clase comercial, que no sólo se dedicaba al comercio de importación, sino que también exportaba frutos del país, tales como cueros y sebo principalmente. Fueron precisamente la valorización del cuero y el auge del saladero debido a la creciente colocación del primero en Europa, y a la estable demanda del tasajo en Cuba y Brasil, los factores que determinaron el interés de los comerciantes porteños por la posesión de la tierra apta para la ganadería, ya sea con fines especulativos o para destinarla a la cría de vacunos para la exportación de sus subproductos. De esta forma la burguesía comercial, hasta hacía poco la clase más poderosa de Buenos Aires, comenzó a transformarse en burguesía terrateniente y a participar en los negocios ganaderos.

Este hecho implicaba una contradicción para los proyectos de Rivadavia. Es sabido que el fomento de la agricultura y el poblamiento de la campaña iban en contra del interés de los estancieros que buscaban poseer grandes extensiones de tierra para criar el ganado con pasturas naturales.

Las condiciones descriptas determinaron que, en el gobierno de Martín Rodríguez, después del decreto del 1a de julio de 1822 (al que nos referiremos luego), y entre 1826 y 1830, como consecuencia de la ley nacional de enfiteusis, tanto los estancieros como los grandes comerciantes, muchos de los cuales integraban la Junta de Representantes, el Congreso Nacional y otras funciones gubernamentales, canalizaran en su beneficio personal el régimen de enfiteusis y consiguieran que se desvirtuaran sus propósitos iniciales. De esta forma, un proyecto que había tenido por finalidad promover la agricultura y evitar la especulación con la propiedad de la tierra, produjo un resultado totalmente opuesto al buscado

Fuente Consultada:
Historia 2 Serie De la Modernidad a los Tiempos Contemporáneos Serie Horizonte Silvia A. Vázquez de Fernández
Historia Argentina Tomo I Desde La Prehistoria Hasta 1829  Nota de María Cristina San Román

Historia Argentina de Etchart – Douzon – Wikipedia –

ORDEN DEL LIBERTADOR SAN MARTÍN Condecoracion Argentina Maxima

“ORDEN DEL LIBERTADOR SAN MARTÍN”

EN AGOSTO DE 1943 EL GOBIERNO DE FACTO DISPUSO CREAR POR DECRETO LA ORDEN DEL LIBERTADOR SAN MARTÍN DOS AÑOS DESPUÉS SE APROBÓ EL DISEÑO DEL COLLAR DE ESA ORDEN, LA MÁXIMA DISTINCIÓN QUE CONCEDE EL ESTADO ARGENTINO A PERSONALIDADES EXTRANJERAS RELEVANTES LAS QUE, PARA CONSERVAR LA POSESIÓN DEL COLLAR, DEBEN MANTENER UNA CONDUCTA INTACHABLE.

El gobierno de Edelmiro Farrell dictó el decreto 5000 del 17 de agosto de 1943, aniversario de la muerte del Gral. José de San Martín y de este modo instituyó la condecoración con el nombre “Orden del Libertador San Martín”. El decreto fue respaldado luego por la ley 13302 del 21 de mayo de 1948, que derogó la anterior medida, pero manteniendo la exigencia de conferirla a extranjeros. Luego del golpe de 1955 , el decreto ley 16628 derogó parte de la ley anterior y modificó algunos artículos.

Argentina pudo entonces integrar el conjunto de estados que en el mundo poseían una condecoración nacional máxima para retribuir las distinciones que otros países otorgaban a sus autoridades o ciudadanos , lo que en el terreno de la cortesía internacional , resulta indiscutible para una adecuada política de relación entre estados.

Una vez constituida la condecoración, se dispuso concursar el diseño del collar. Para ello el Consejo de la Orden dispuso convocar a concurso público a diseñadores y escultores a principios de 1945. De entre los proyectos presentados el Consejo eligió el del ingeniero Ángel E. Ibarra García. El 3 de mayo de 1945 se reunió el Consejo para considerar el bosquejo preparado por Ibarra García, el que fue aprobado en general, dejándose para otra reunión considerar las objeciones en particular.

El collar está compuesto por dieciocho elementos. Diez de ellos son coronas de laureles elípticas, alternadas por cuatro piezas que representan al sol que aparece en la primera moneda argentina de plata acuñada en 1813 en Potosí.

Los laureles rematan en sus extremos en sendas nervaduras de hojas, de acuerdo al uso de los ornamentos coloniales bordados en el frac que San Martín usó como Protector del Perú. Los de su extremo anterior están unidos por un eslabón con forma de infinito, y las del interior por el broche de la divisa mencionada.

Los laureles representan las glorias logradas por el Libertador en su campaña sudamericana, cuyo eslabón del extremo exterior se pierde en el infinito.

El sol es fiel reproducción de aquella primera moneda patria. Es figurado, como en heráldica, con un total de 32 rayos alternados, 16 rectilíneos y 16 flamígeros. La pieza central es la divisa nombrada.

La segunda parte está compuesta por tres elementos. De la divisa pende un cóndor andino de frente, en actitud de volar. Sostiene en sus garras una doble corona de laureles que sirve de lecho a la réplica del sable corvo desenvainado.

El cóndor es mudo testigo de las proezas sammartinianas andinas. Los laureles simbolizan las glorias que logró San Martín con su genio. Finalmente, la pieza principal es el gran medallón que pende de la corona de laureles.

El gran medallón representa al sol, con sus rayos flamígeros y rectilíneos que sirve de sostén a la medalla con la efigie del Libertador, mostrado con uniforme en perfil tres cuartos, dentro de un cintillo y un doble círculo esmaltado con los colores nacionales, distribuidos de la misma forma en que se usó en la bandera del Ejército de los Andes.

Condecoracion a Eva Peron Orden del Libertador Unica Excepcion

Condecoración a Eva Perón
Orden del Libertador

Párrafo aparte merece el Collar que, en Grado Extraordinario, fuera conferido a la señora María Eva Duarte de Perón, única excepción en la historia del Collar, en lo que a sus destinatarios se refiere.

Le fue otorgado por ley 14.128 del 18 de julio de 1952. Esta ley agregó un segundo apartado en el articulo 4″ de la ley 13.202, que justificó el uso. La condecoración fue impuesta por el presidente Perón, en su calidad de Gran Maestre de la Orden, el21 de julio de 1952. De características notables, esta pieza fue única por su contenido.

El Collar no incluyó nombre o imagen personal alguna, sólo el habitual busto del Libertador y su nombre. Poseyó seis piezas principales: un gran medallón; corona de laureles con e! sable corvo; cóndor andino; gran Escudo Nacional con cuatro banderas; el Collar compuesto con los escudos de las entonces catorce provincias unidos por una doble cadena de tambores (réplica del tambor de Tacuarí) y cierre de laureles con remate de un gran sol.

El Collar estuvo constituido por 4.574 piezas, distribuidas en 3.821 de oro y platino y 753 piedras preciosas, entre brillantes, esmeraldas y rubíes. Su confección se le adjudicó a la joyería Ghiso S.A. Su bosquejo y trazado lo realizó la diseñadora de joyas Aída Louzao, teniendo como base el original de Ibarra García.

Acaecido, el levantamiento militar de 1955, el gobierno dispuso el embargo de bienes del ex presidente Perón y su esposa a través del decreto-ley 8124/57, que tuvo antecedente en el decreto-ley 5148/55. La condecoración, junto a otras joyas y piezas de arte, en primera instancia, fue ofrecida en subasta pública el 21 de octubre de 1957. Los peritos del Banco Municipal de la Ciudad de Buenos Aires aconsejaron su desengarce y venta en lotes. El acto del des engarce se efectuó ante el escribano Miguel F. Punta, el 15 de enero de 1958 en dicho banco (inventario número 279 T.G.).

Luego en 55 apreciados lotes fueron subastados y adquiridos por distintos compradores. El agraciado debe usar e! Collar en las grandes ceremonias a las cuales es invitado y asiste el presidente de la Nación. En actos oficiales menores debe usar la miniatura de la insignia.

Esta es una réplica en escala reducida del mismo, excepto el Collar propiamente dicho. En la vida civil debe usar la pequeña cinta especial de tela de hilo metálico dorado, que se le entrega con el Collar, para su uso en e! ojal de! saco. Respecto a los demás grados de la Orden, ellos son: la Gran Cruz, que se compone solamente de una banda de fa ya blanca y azul celeste con medalla y placa de oro; Gran Oficial, banda y placa de oro y plata; Comendador, medalla circular, corona de laureles todo en oro y plata y venera azul celeste y blanca; Oficial, medalla circular y corona en plata y oro y cinta azul celeste y blanca; Caballero, medalla circular en oro y cinta azul celeste y blanca. Estos grados son entregados con su miniatura y distintivo para su uso en la solapa de la prenda. La Orden del Libertador General San Martín y otras piezas notables pueden ser admiradas en el Museo de la Diplomacia Argentina.

Obra de la Fundación Evita

Fuente: Revista  Todo Es Historia Nro.315

Gobiernos Populista en America Latina Peron Beneficios a Obreros

Gobiernos Populista en América Latina

Después de la Segunda Guerra Mundial, mientras Estados Unidos y  Unión Soviética rivalizaban por extender su influencia en distintas partes ce mundo, en América Latina surgieron o se consolidaron experiencias denominadas populistas. Las más clásicas son las que se desarrollaron en México. En Argentina y Brasil. Aunque con sus particularidades, estos “populismos” presentaron algunos rasgos en común. Getulio Vargas en Brasil,Lázaro Cárdenas y sus sucesores en México y Juan Domingo Perón en la Argentina se transformaron en líderes muy populares que ejercieron el gobierno de manera personalista.

Populismo en america latina

Pretendían que sus países lograran una mayor independencia económica a través de la profundización del desarrollo industrial. Del mismo modo, consideraban que el Estado debía atender los intereses del “pueblo’ constituido por los trabajadores urbanos y rurales y los empresarios nacionales. Tenía que cumplir además la función de arbitro en los conflictos que surgieran entre los distintos grupos sociales.

 El mejoramiento de la situación de los trabajadores fue una preocupación central y la base para construir una sociedad más justa y menos conflictiva. El único sector a combatir era la “oligarquía”: una minoría vinculada con el enemigo extranjero, el “imperialismo”, ajena a los intereses del “pueblo” y la “Nación”.

El Estado jugó efectivamente un papel central en las transformaciones propuestas. Alentó el desarrollo industrial y, en el caso de México, también la reforma agraria. Tomó además a su cargo nuevas funciones empresariales como la explotación del petróleo y de ciertos servicios públicos; protegió a los empresarios industriales, impulsó leyes laborales y aumentó los ingresos de los trabajadores. Fue justamente entre ellos donde los líderes populistas obtuvieron el mayor apoyo.

En el plano económico, si bien creció la industria y se avanzó en el desarrollo de la siderurgia y la producción energética, desde mediados de la década de 1950, sobre todo en la Argentina y Brasil, las economías comenzaron a mostrar signos crecientes de estancamiento.

Los problemas de las economías latinoamericanas
El estancamiento no sólo afectaba a los países más grandes de América latina. En la mayoría de los restantes, el mantenimiento de grandes explotaciones improductivas frenaba el desarrollo de la agricultura. Además, la existencia de una masa campesina, que a cambio de su trabajo no recibía salarios sino pequeñas parcelas para explotar, limitaba el número de consumidores y volvía difícil cualquier tipo de desarrollo industrial. El atraso y la miseria generaban, por otra parte, frecuentes rebeliones en el sector rural.

PERÓN EN EL GOBIERNO DE FARREL: Perón a cargo de la secretaría de Trabajo produjo cambios fundamentales respecto de los gobiernos anteriores, tendientes a establecer una relación más fluida con el movimiento obrero. Para lograr tal objetivo, se sancionaron una serie de reformas en la legislación laboral. Las principales medidas fueron:

a. El Estatuto del Peón, que estableció un salario mínimo y procuró mejorar las condiciones de alimentación, vivienda y trabajo de los trabajadores rurales. Esta reforma fue severamente cuestionada por los terratenientes, ya que —según afirmaban— no podrían responder a los gastos que ocasionarían las nuevas disposiciones. Perón les respondió —anunciando un clima de tensión que caracterizaría a toda la década— que “el propietario que no pueda pagar peones, debe trabajar la tierra personalmente”, b. El establecimiento del seguro soda! Y la jubilación que benefició a 2 millones de personas.
c. La creación de Tribunales de Trabajo, cuyas sentencias, en líneas generales, resultaron favorables a las demandas obreras.
d. La fijación de mejoras salariales y el establecimiento del aguinaldo para todos los trabajadores.
e. El reconocimiento de las asociaciones profesionales, con lo cual el sindicalismo obtuvo una mejora sustancial de su posición en el plano jurídico
.

LA INDEPENDENCIA ECONÓMICA DE JUAN PERÓN: En un discurso pronunciado en octubre de 1946 Perón presentó el Primer Plan Quinquenal y explicó los lineamientos principales de la política económica de su gobierno: “Para aumentar nuestras conquistas sociales necesitamos aumentar la riqueza y aumentar el trabajo. Nuestro plan considera, en esta etapa, multiplicar nuestra riqueza y repartirla convenientemente; y con ello, las nuevas conquistas sociales han de salir de nuestro propio trabajo, sin perjudicar a nadie. A ello tiende nuestro plan quinquenal. Debemos producir el doble; multiplicarlo por cuatro mediante una buena industrialización, distribuir equitativamente la riqueza y aumentar el estándar de vida de nuestras poblaciones hambrientas, que son la mitad del país; cerrar ese ciclo con una conveniente distribución y comercialización de esa riqueza. Y cuando este ciclo se haya cerrado, no tendremos necesidad de mendigar mercados extranjeros porque tendremos el mercado dentro del país, y habremos solucionado con ello una de las cuestiones más importantes: la estabilidad social.” Un año después, el 9 de julio de 1947, el gobierno peronista declaró, en Tucumán, la independencia económica. Ésta, junto a la justicia social y la soberanía política se convertirían en las tres banderas históricas del peronismo.

PARA SABER MAS…
Populismo
Los estudios sobre el peronismo coinciden en destacar que se trató de un movimiento sustentado en un amplio apoyo popular. Algunos autores lo califican como un movimiento popular, o como un nacionalismo popular, mientras que otros utilizan el concepto de populismo. La expresión populismo, asociada al estudio del peronismo —y de otros movimientos latinoamericanos como el cardenismo en México o el varguismo en Brasil— fue el que alcanzó mayor difusión en el campo de las ciencias sociales y ha sido utilizado con distintos sentidos.

Para algunos historiadores, populismo significa un conjunto de políticas que realizan las clases propietarias desde el Estado, tratando de obtener el apoyo pasivo de las masas. Para otros, el populismo es el resultado de la alianza entre una burguesía que busca impulsar un proyecto industrialista y una clase obrera organizada que se moviliza para lograr satisfacer sus propias demandas. En esta segunda interpretación, el protagonismo popular tiene más importancia que en la primera.

Pero el análisis del populismo no se agota en estas dos interpretaciones. Existe un conjunto de características que describen al peronismo como un movimiento populista y en las que coinciden muchos autores. No obstante, los estudios difieren según e! énfasis que cada autor pone en uno u otro rasgo del populismo. Algunas de esas características son:
el policlasismo: la base social del peronismo estuvo constituida por una alianza entre obreros, sectores de la burguesía industrial y un grupo nacionalista del ejército.

programa económico industrialista, nacionalista y dístribucionista: el Estado asumió un papel decisivo en el desarrollo de la actividad industrial, creando fuentes de trabajo, generando una redistribución de los ingresos favorable a los trabajadores y ampliando el mercado interno. El Estado —planificador de la economía— impulsó una política de nacionalizaciones de sectores claves como el comercio exterior, las fuentes de energía, las comunicaciones y los transportes. Estas políticas intentaron resolver las necesidades de muchos países latinoamericanos frente a la gran depresión de los años ’30 y a las dificultades económicas que siguieron a la Segunda Guerra Mundial.

oposición de intereses entre pueblo y oligarquía: los intereses de la alianza gobernante —el pueblo— se identificaron con los intereses de la Nación, mientras que los opositores —la oligarquía— fueron considerados como representantes de proyectos antinacionales y aliados del imperialismo. Al plantear la oposición entre pueblo y oligarquía, el populismo no considera central la diferencia de intereses entre la burguesía y la clase obrera.

liderazgo carismático: el liderazgo político de! movimiento populista lo ejerce un líder carismático —que establece un fuerte vínculo afectivo con el pueblo—. Este jefe político conduce al movimiento en su conjunto, intentando armonizar los distintos intereses de los sectores sociales que integran la alianza populista.

Sociedad , Espacio y Cultura Siglo XX La Argentina en América y el Mundo Tobio/Pipkin/Scaltritti

Gobierno de Campora Hector Resumen Anmistia Politica Liberacion Presos

ANTECEDENTES DE LA ÉPOCA DE CÁMPORA:

El gobierno militar, a cargo de Agustín Lanusse, avanzó en la transición por medio de dos gestos: en septiembre devolvió el cadáver de Evita, que permanecía oculto desde hacía muchos años, y en noviembre de 1972 permitió el regreso del líder justicialista. En realidad, se trató de una visita que duró unos días y en la que selló un acuerdo con Ricardo Balbín.

El Perón que había vuelto del exilio parecía un político dispuesto a negociar con todos con tal de rescatar al país de una inestabilidad de casi dos décadas. Además del apoyo sindical, representado por el secretario general de la CGT José Rucci, también contaba con la adhesión de muchos grupos armados.

El propio Perón reivindicó el uso de la violencia en el contexto de esa época e incorporó a Rodolfo Galimberti, uno de los jefes de Montoneros, al Consejo Superior del peronismo. En ese organismo convivía un extraño elenco que incluía a su esposa «Isabel», al ultraderechista teniente coronel Jorge Manuel Osinde y a Héctor J. Cámpora, que había reemplazado a Paladino como delegado personal de Perón gracias a su legendaria lealtad.

Ese mismo año se formó el Frente Justicialista de Liberación (FREJULI), una coalición integrada por el peronismo y otros partidos menores. Perón intentó conciliar las corrientes renovadoras e históricas que se disputaban la conducción del movimiento y designó en la fórmula presidencial a Cámpora y Vicente Solano Lima. El primero se hallaba cercano a la juventud radicalizada y el segundo era un peronista conservador.

Las acciones terroristas habían proseguido con bombas, sabotajes, asaltos y copamientos. El 10 de abril de 1972 el ERP secuestró y mató a un alto ejecutivo de la fábrica de automóviles Fiat; ese mismo día, el grupo Montoneros asesinó en Rosario a un general del Ejército. La respuesta del gobierno resultó ambivalente. Por un lado, se crearon tribunales especiales para juzgar a los guerrilleros; por el otro, las Fuerzas Armadas ejercieron la represión ilegal mediante el secuestro y la tortura de activistas, y en agosto asesinaron a unos guerrilleros detenidos en la base aeronaval de Trelew.

Sorpresivamente, Perón convocó a Héctor Jorge Cámpora y lo designó su delegado personal en reemplazo de Jorge Daniel Paladino. Cámpora, que había sido presidente de la Cámara de Diputados entre 1948 y 1952, se había mantenido en un segundo plano desde la fuga de la cárcel de Río Gallegos en 1957 junto a John William Cooke, Jorge Antonio, Guillermo Patricio Kelly y José Espejo.

Desde abril de 1971, el presidente Alejandro Lanusse había iniciado la búsqueda de una salida política para la Revolución Argentina, negociando con los partidos reunidosen La Hora del Pueblo, de la que Paladino era un importante animador. La designación de Cámpora indicaba que Perón quería controlar personalmente, y sin intermediarios independientes, la compleja negociación que iniciada. Por lo pronto, Perón acusó a Paladino de ser “agente del dictador Lanusse” y acentuó sus ataques al Gobierno. Además, estimulaba a los grupos juveniles y atacaba a las Fuerzas Armadas desde la revista Las Bases, quo dirigía la hija de su secretario López Rega.

Héctor Cámpora (frejuli)El 11 de marzo de 1973 se realizaron los comicios. El FREJULI obtuvo el 49,6 por ciento de lo votos, seguido muy atrás por Balbín, con el 21,3 por ciento. La UCR reconoció la virtual victoria de Cámpora y decidió no presentarse a la segunda vuelta en el orden nacional.

El acto de asunción de Cámpora, el 25 de mayo, fue acompañado por una gran movilización popular a Plaza de Mayo y manifestaciones en las ciudades más importantes del interior del país. Al finalizar el acto, grandes columnas encabezadas por las organizaciones juveniles se dirigieron a la cárcel de Villa Devoto y exigieron la libertad de los presos políticos.

Luego de varias horas, y para legalizar esa situación “de hecho”, el gobierno decretó la libertad de todos los detenidos a través de una ley de amnistía. Esta medida provocó la crítica de diferentes sectores de la opinión pública.

Los acontecimientos de esa jornada marcaron el tono del breve gobierno de Cámpora, que duró menos de dos meses. Fue un gobierno signado por la movilización popular y la expectativa de cambios revolucionarios. Durante ese período dirigentes de la izquierda peronista ocuparon puestos relevantes en el gobierno. Es el caso de las gobernaciones de Buenos Aires, Córdoba , Mendoza, algunos ministerios y banca en la Cámara de Diputados , las universidades y otras instituciones gubernamentales.

De todas maneras siempre se intentó buscar un equilibrio de poder entre la izquierda y derecha peronista. Además Perón buscaba impulsar una estrategia política conciliadora con las restantes fuerza políticas.

Cámpora tenía mejor relación con los sectores de la izquierda peronista, sectores que serán absorbidos por Montoneros, eran los únicos que no cuestionaban su papel como representante del líder, viendo en esa aceptación la posibilidad de integrar espacios del poder. Los sectores tradicionales del sindicalismo y de la derecha peronista, en cambio, ya desde su nombramiento habían trabado su accionar.

La presencia de figuras como los presidentes de Chile, Salvador Allende, y de Cuba, Osvaldo Dorticós, en el acto de asunción de Cámpora, el 25 de mayo de 1973, luego sería usada para acusar al Tío de “agente de la infiltración marxista”, aunque las invitaciones habían contado con el aval de Perón.

En el gabinete ministerial no predominaban las figuras ligadas a la denominada “Tendencia Revolucionaria”. Salvo la Cancillería, donde fue designado Juan Carlos Puig, hombre vinculado con la Iglesia, y el Ministerio del Interior, ocupado por Esteban Righi, los demás ministerios tuvieron al frente a los mismos funcionarios que luego acompañaron a Raúl Lastiri y a Perón en su tercera presidencia. Entre ellos, se destacaban el secretario privado del líder, José López Rega, en Bienestar Social; el ministro de Trabajo, el sindicalista Ricardo Otero, y el de Hacienda y Finanzas, José Gelbard, dirigente de la CGE.

El 20 de junio Perón regresó de forma definitiva al país y comenzaría una nueva etapa del gobierno peronista, ahora con el líder en su tierra. Ese día fue también uno de los momentos mas triste de la historia política argentina, pues se convirtió en escenario de una sangrienta batalla en la cual la mayoría de los concurrentes se encontró atrapada entre dos fuegos. Nunca se supo con exactitud la cantidad de muertos, porque no hubo interés en realizar una investigación seria del hecho. Algunos reportes hablan de una decena de víctimas fatales y de unos trescientos sesenta heridos. Otros informes sostienen que hubo más de un centenar de muertos. Para evitar el riesgo de un posible atentado, el avión de Perón aterrizó en el aeropuerto militar de Morón.

Como se expresa en el libro “El Libro de los presidentes argentinos”:

La “Masacre de Ezeiza” puso en tela de juicio la capacidad del Presidente para conjurar los enfrentamientos internos. Una intensa campaña contra sus más cercanos colaboradores -Righi y su sobrino Mario-, y el hecho evidente de que el poder no residía en la Casa Rosada sino en la mansión de la calle Gaspar Campos donde se instaló Perón, llevaron a Cámpora a ofrecerle al líder su renuncia.

El 4 de julio, una reunión reservada de la cúpula justicialista, realizada en Gaspar Campos, definió los pasos que seguirían, de los que la ciudadanía sólo tuvo noticias ciertas una semana después. El jueves 12 de julio, Cámpora anunció su dimisión para que, mediante nuevas elecciones, el general Perón pudiese acceder al gobierno. También renunció Solano Lima, y el vicepresidente primero del Senado, Alejandro Díaz Bialet, fue enviado especialmente a la reunión de Países no Alineados. De este modo, la Presidencia provisional de la Nación fue ocupada por Raúl Lastiri, presidente de la Cámara de Diputados y yerno de López Rega. En cuarenta y nueve días había concluido el gobierno constitucional más breve de toda la historia argentina.

El 13 de julio Cámpora renunció y Raúl Lastiri ocupó la presidencia provisional. Lastiri formaba parte del entorno que había convivido con Perón en Madrid hasta su regreso, al igual que Osinde y José López Rega, secretario privado de Perón y ministro de Bienestar Social.

El 23 de septiembre se convocaron a nuevas elecciones y la fórmula Perón-Perón salió vencedora con el 62% de los votos.

Incondicional de Perón
[Cámpora] era un típico peronista […] que había llegado a la política “sin saber por qué”; es decir sin etiquetas ni compromisos del pasado, en ese aluvión que Sanmartino quería relegar a lo zoológico porque no podía admitir un reacomodamiento de las placas sociales que convertía en ciudadanos a todos los que habían estado excluidos y relegados, efectivamente, a la zoología. Cámpora respondía a los agravios al modo de esas flamantes “muchachas peronistas”, como Juanita Larrauri, que recogían el salivazo de los niños bien (“Juanita, al Bajo, a seguir con tu trabajo”) y lo convertían en desafío: “Con bombacha o sin calzón, todas somos de Perón”. Si le decían “obsecuente” respondía que sí lo era, “de puro consecuente”. A los que lo llamaban “sirviente de Eva” les contestaba orgulloso: “Me honra que me consideren su sirviente porque la sirvo lealmente”. Pero el calificativo que más defendía era el de “incondicional”, porque su lealtad a Perón no ponía condiciones y se confundía con su sentimiento religioso: el amor al General respondía a la sed oculta de mito, al hondón de las relaciones padre-hijo y debía expresarlo de manera fanática. Curiosa, por otra parte, en un hombre que tendía a evitar los extremos y las confrontaciones. Y así, sería él mismo, con su increíble falta de malicia y su debilidad por la hipérbole, el que alimentaría el estereotipo “contrera” del mucamo idiota.

Miguel Bonasso, El presidente que no fue.

AMNISTÍA POLÍTICAS ARGENTINAS
1973, 25 de Mayo: un indulto masivo impuesto desde la calle:

El principio de la violenta década de los ’70 tuvo entre sus hechos salientes el crecimiento de la violencia guerrillera, su represión legal e ilegal y la apertura electoral. Al finalizar el gobierno de Lanusse, las cárceles estaban pobladas por cientos de presos políticos y sociales cuya “inmensa mayoría, —escribe Bonasso- eran combatientes de las organizaciones guerrilleras”.

La tentativa del saliente poder militar de condicionar al nuevo gobierno y evitar la liberación de esos presos vinculados con la subversión guerrillera iba contra la tendencia predominante, y fracasó. El 25 de Mayo, al asumir la presidencia Héctor). Cámpora, la situación de aquellos detenidos, con cuya lucha se identificaban cientos de miles de quienes manifestaban en calles y plazas, aparecía como un tema inmediato e ineludible. (“¡El Tío Presidente/ libertad a los combatientes!”era uno de los slogans voceados en la jornada.) La mayoría de la gente parecía compartir esa postura, suponiendo que era uno de los pasos necesarios camino a la democratización.

El nuevo mandatario anunció un proyecto de amnistía en su mensaje al Congreso. Pero los hechos protagonizados por activistas y simpatizantes en torno de la cárcel Villa Devoto (parecía que llegarían al asalto de la prisión) obligaron a la firma apresurada, la misma noche, de un decreto de indulto en el que se disponía la libertad de cientos de detenidos, pues se “…impone el cumplimiento del mandato popular recibido el 11 de marzo último y dadas las características del momento por el cual atraviesa el país… “.

En la confusión, alguna mano aviesa logró incluir en la lista de presos a liberar a un famoso criminal internacional. (En el anecdotario de la época quedaron registradas “oportunas” manifestaciones de solidaridad de los delincuentes comunes encarcelados, con los presos políticos.)

Según Bonasso se trató del “…único preso común que logró evadirse” esa noche. El caso fue “utilizado en la campaña montada por la derecha…”.

Fuente Consultada:
Compendio de Historia Argentina Mariana Vicat
Cuatro Décadas de Historia Argentina – P. Dobaño – M. Lewkowicz
El Libro de los Presidentes Argentinos del Siglo XX Deleis-Tito-Arguindeguy
Historia 3 – El Mundo Contemporáneo – Santillana
Fascículo de Grandes Debates Nacionales Pagina/12

Pensamiento de Menem Respecto a las Privatizaciones Neoliberales

Tal como lo había advertido en su mensaje al Congreso de la Nación pronunciado el 8 de julio de 1989, Carlos Saúl Menem llegaba a la presidencia de la Nación dispuesto a poner en marcha un plan integral de reformas estructurales.

En un contexto signado por la crisis económica y social que había obligado al presidente saliente a entregar el poder varios meses antes de lo que estaba dispuesto, no resultaba sorprendente que se anunciara un cambio de rumbo.

Pero la celeridad, la profundidad y, muy especialmente, el camino que habría de elegirse para llevarlo a cabo dejarían “con la boca abierta” a muchos de sus seguidores y a no pocos de sus opositores.

“(…) Desde el Estado nacional vamos a dar el ejemplo a través de una cirugía mayor, que va a extirpar de raíz males que son ancestrales e intolerables. Porque creemos en la justicia social, vamos a poner al Estado nacional al servicio de todo el pueblo argentino. Vamos a sentar las bases de un Estado para la defensa nacional y no para la defensa del delito y de la coima. Vamos a refundar un Estado para el servicio del pueblo y no para el servicio de las burocracias, que siempre encuentran un problema para evitar una solución. (Aplausos.)

La eficacia social, la participación de toda la ciudadanía, la sana administración, el protagonismo del usuario y la anulación de toda clase de feudos serán instrumentos vitales para transformar a nuestro Estado, un Estado que agoniza como esclavo de unos pocos, en lugar de paliar las necesidades de quienes más sufren. (…) Todo aquello que puedan hacer por sí solos los particulares no lo hará el Estado nacional. Todo aquello que puedan hacer los municipios, no lo hará el Estado nacional.

En esta auténtica cruzada que inauguro hoy en pos de la reconquista definitiva del sector estatal, quiero convocar muy especialmente a todos los trabajadores. Deseo que sepan que estas reformas son, antes que nada, a favor de los más humildes, de sus mejores oportunidades de trabajo, de su dignidad personal y realización, de su protagonismo en la vida del país. (…) Seremos pragmáticos sin hacer del pragmatismo una ideología. Seremos prácticos sin hacer del realismo un dogma.

Seremos sensatos, sin olvidar que el desarrollo es el verdadero nombre de la paz. Para este gobierno el verdadero nacionalismo es el nacionalismo del crecimiento, de la riqueza, de la producción. Porque somos profundamente nacionales en la concepción de nuestra economía consideramos que no puede haber realización alguna en el marco del empobrecimiento, del atraso, del retroceso y del aislamiento internacional. (…)”

MENEM, CARLOS SAÚL, Mensaje a la Asamblea Legislativa, 8 de julio de 1989.

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Economia en el Gobierno de Carlos Menem

Informe económico:
Primera etapa del Gobierno de C. Menem

Indice:

  1. Introducción
  2. Desarrollo
  3. Primera Etapa
  4. Segunda Etapa
  5. Tercera Etapa
  6. ¿Cuál fue el resultado de todo esto?
  7. Los Resultados
  8. Balanza Comercial.
  9. Inversión.
  10. Distribución del Ingreso, Empleo y Desempleo.

Presidente de Argentina: Carlos Saul Menem

  1. Introducción 

Tomaremos en cuenta en este informe el período correspondiente a la primer presidencia del Dr. Carlos S. Menem, quien llevó adelante una reestructuración muy grande del país que comprendió a casi todos los ordenes de la sociedad. Con su plan logró bajar el pico máximo de inflación en la historia argentina (4.923,6 % anual) a cero, al tiempo que creció el PBI. Pero a pesar de los beneficios de la estabilidad lograda, de la integración en el MERCOSUR, de la eliminación de la fiebre aftosa en la ganadería argentina, de la apertura de nuevos mercados para las exportaciones, y en general los lineamientos principales de la política económica encarada, el modelo fue criticado por el desigual reparto de los beneficios, el alto grado de desocupación, los niveles de corrupción en el gobierno y en grupos allegados al mismo, la excesiva concentración que se manifiesta en amplios sectores de la economía y el descrédito en que ha caído la Justicia.

  1. Desarrollo 

En 1989, la Argentina sufría una situación económica marcada por la hiperinflación que había provocado una suba en los precios al consumidor en un 4.923,6%. Además de una disminución del stock de divisas, atrasos en los pagos externos, el incremento en el desequilibrio fiscal, la recesión y el desempleo, el aumento de la deuda interna y la fuga de capitales hacia el exterior. Y los desórdenes sociales y económicos de las provincias, producto de la devastadora situación que atravesaba nuestro país.

En este contexto, se llevaron a cabo, por segunda vez consecutiva luego de la dictadura militar de 1976, las elecciones presidenciales. En esta oportunidad, el candidato peronista Carlos Saúl Menem se adjudicó la victoria luego de vencer a sus oponentes con el 47.12% de los votos.

Una vez electo presidente, el Dr. Menem mantuvo conversaciones y obtuvo el apoyo de los grupos empresariales y de diversas corporaciones.

Las etapas en las que podemos dividir el período de gobierno del presidente Menem son tres:

Las dos primeras coinciden con recambios ministeriales y de política económica:

La primera: Roig-Rapanelli

La segunda: González

La tercera: Cavallo (quien en luego sería reemplazado por Fernández)

  1. Primera Etapa

Las medidas anunciadas después de la asunción del Primer Mandatario fueron popularmente llamadas B.B. por la intervención que el grupo empresario Bunge y Born tuvo en la elaboración de las mismas. El director de dicho grupo, doctor Roig, fue el designado como Ministro de Economía como una señal de que la gestión que daba comienzo era libre-empresista y que introduciría grandes cambios en la economía.

La muerte sorpresiva del ministro Roig se produjo en forma casi inmediata siendo reemplazado por otro funcionario del grupo Bunge y Born, el doctor Néstor Rapanelli.

Con el fin de nivelar el sistema de precios y equilibrar las variables económicas, se decreto una pronunciada devaluación monetaria, importantes incrementos en combustibles, tarifas y transportes.

En materia monetaria se anuncio la intención de dar mayor autonomía al Banco Central, modificando su carta orgánica, y reduciendo gradualmente los encajes remunerados vigentes en el sistema financiero.

En el orden externo había atrasos en el pago de los intereses de la deuda externa desde abril de 1988 y las negociaciones, en la etapa final del gobierno de Alfonsín, estaban casi interrumpidas.

El ministro Rapanelli no logro contener la suba de precios, el apoyo empresario esperado y pactado no se concreto, los pequeños márgenes y del aumento salarial no contuvieron los reclamos sindicales.

Pese a que la tasa de inflación había descendido al 5,6%, el Gobierno implemento algunas propuestas sin éxito para afrontar la crisis:

Trato de contener la suba del dólar, aumentando la tasa de interés en australes, pero no logro detener al dólar

El Gobierno intervino largando al mercado letras del Banco Central mediante licitaciones en dólares, que no resultaron.

El Banco Central comenzó a vender reservas para contener la demanda de divisas, pero no logro parar la suba del dólar.

Ante tal situación, el ministro Rapanelli presento su renuncia y, el 18 de diciembre de 1989 asumió el Dr. Erman González como ministro de Economía. Poco más de 5 meses después, el Plan B.B. había resultado ineficaz para detener la inflación y poner en marcha la economía

  1. Segunda Etapa

La situación económica con la que se encontró el doctor E. González era la de una persistente acumulación de deuda interna, con la colocación indiscriminada por parte del Gobierno de títulos públicos con intereses gravosos.

Además el Estado tenia una creciente acumulación de atrasos en pagos a proveedores, contratistas de obras y deudas con los beneficiarios del sistema provisional.

Puso de inmediato en marcha el Plan Bonex, que causo un profundo impacto en la población y significo una gran perdida para los tenedores de plazos fijos. Consistía en la incautación, por parte del Estado, de los depósitos a plazo fijo que se hallaban en el sistema financiero, siendo restituidos a sus propietarios en títulos de la deuda externa a diez años de plazo. Se emitieron a tal efecto los Bonos de Consolidación (BOCON) en moneda nacional o en dólares para cancelar las obligaciones consolidadas.

Adopto además algunas medidas anexas, como prohibir por cuatro meses las licitaciones para compra de bienes e inversiones del Estado y estableció la obligatoriedad de la autorización previa del Ministerio de Economía, para cualquier compra o contratación de organismos del Estado.

El Plan Bonex provocó una importante caída de la liquidez.

Finalmente, en marzo de 1990, el ministro lanzó una serie de medidas aun más restrictivas denominadas: Plan Erman III:

Suspensión de todo tramite de contrataciones y licitaciones.

Eliminación de los reembolsos a las exportaciones

Se prorrogo la suspensión de beneficios a los regímenes de promoción industrial.

Se achico el aparato administrativo del Estado, suprimiéndose secretarias, subsecretarias y direcciones.

La Balanza Comercial en 1990 obtuvo un superávit extraordinario. Las exportaciones superaron en un 34 % a las del año anterior, mientras que las importaciones sólo fueron un tercio de aquellas.

  1. Tercera Etapa 

Los rumores de corrupción y denuncias contra algunos sectores del gobierno, provocaron una aceleración de la inflación y la posterior renuncia del doctor Erman González y su equipo en enero de 1991, asumiendo así el doctor Domingo Felipe Caballo.

Finalmente, dos meses después de su llegada al ministerio, el 1° de abril de 1991 puso en marcha el Plan de Convertibilidad, (Ley NC 23.928), actualmente en vigencia.

Entre sus aspectos más importantes, la ley establecía:

Convertibilidad del austral en dólar (paridad cambiaria fija y sin límite de tiempo en 10.000 australes por dólar)

Modificación del Código Civil, autorizándose contratos en moneda extranjera.

Eliminación de la actualización monetaria o desindexación, para evitar que se trasladara hacia adelante la inflación pasada

Se rebajaron los encajes bancarios de los depósitos en australes y se aumentaron los correspondientes a depósitos en moneda extranjera.

A su vez, se autorizó al Banco Central a sacar ceros al austral y a cambiar la denominación del signo monetario. Es por eso que a partir del 1° de enero de 1992 la moneda pasó a ser el peso, igualada en paridad con el dólar.

El Plan de Convertibilidad basó su logro en la eliminación de las condiciones autónomas de emisión monetaria. Ya que esto significaba atar la expansión de la moneda al crecimiento de las reservas. Además, este plan al estar avalado por una ley, conseguía contener las expectativas de devaluación.

También se produjeron aumentos sobre determinados servicios públicos (como en los ferrocarriles, obras sanitarias, teléfono, gas, electricidad). Y paradójicamente se rebajaron otros, como el gas de uso industrial, electricidad para el uso fabril y la nafta. De esta manera se disminuían los costos industriales.

Sin embargo, el estado estaba obligado a obtener una mayor cantidad de ingresos que gastos. Es por eso que se llevaron cabo: reformas tributarias, luchas contra las evasiones, disminución de los empleados públicos, aceleración en las privatizaciones, el control absoluto de las remesas a las provincias, las cuales debían ajustar sus gastos a sus recursos propios y coparticipables. (ver lista de empresas privalizadas)

Se pusieron en marcha reformas destinadas a disminuir los niveles de evasión impositiva y de simplificación del sistema para concentrar la recaudación en los impuestos: al valor agregado (IVA), aportes y contribuciones sociales, ganancias de las empresas y rentas y activos personales.

La ley de Convertibilidad fue sancionada y promulgada el 27 de marzo, y publicada en un número extraordinario del Boletín Oficial al día siguiente, entrando en vigencia el 1 de abril de 1991. Es una ley breve, nítidamente redactada.

Se establece un tipo de cambio fijo en un mercado de cambios liberalizado. La ley especifica que en todo momento la base monetaria, dividida por 10.000 no puede ser superior a las reservas externas del Banco Central.

Los contratos indexados pactados en moneda local, y su indexación queda prohibida en adelante. Los préstamos denominados en dólares se consideran realizados en moneda, no en cosas físicas. Esta última fue una excelente medida, porque terminó con situaciones ficticias y explica el desarrollo del mercado de prestamos en dólares.

El Plan de Convertibilidad modificó algunas tarifas públicas y encajes bancarios.

Los diputados y los senadores son los custodios del tipo de cambio nominal.

En marzo de 1991, el último mes anterior al plan de Convertibilidad, el total de los ingresos públicos alcanzó a $1.418 millones. En abril subió a 2.017, en enero de 1992 había trepado a 2.967, en enero de 1993 a 3.624 y en enero de 1994 a 4.212. De manera que se duplicó en un periodo en que los precios mayoristas aumentaron el 5%

A partir de 1990 también hubo ingresos por venta de activos públicos, con buena parte de los cuales se financiaron egresos de naturaleza única, como los retiros voluntarios o la deuda con los jubilados.

Este aumento de la recaudación se logro mejorando notablemente la calidad de los ingresos, disminuyendo la regresividad de la carga tributaria y la distorsión del sistema económico. Además, se elimino el impuesto inflacionario y desaparecieron otros como los que gravaban las exportaciones, los débitos bancarios y los sellos. En 1993 el 80% de la recaudación total provino del IVA.

Se introdujo un nuevo sistema de facturación en enero de 1992, se establecieron blanqueos laboral e impositivo en abril de 1992.

En su gestión, y a pesar de la redefinición del rol del Estado y la desaparición del llamado “Estado Empresario”, Cavallo no solo no redujo el gasto publico total, sino que lo aumento.

El gasto publico ha sido para Cavallo y su equipo una de las principales fuentes de “pulseadas”, particularmente intensas y prolongadas con los gobernadores provinciales y los jubilados.

El Pacto Fiscal fue firmado por la mayoría de las provincias en agosto de 1993 y con vigencia desde comienzos de 1994, para posibilitar que el “costo argentino”, si existe, sea el de vivir y no el de reproducir en la Argentina.

En 1993 las dos terceras partes del gasto publico total se destinaron al denominado “gasto publico social”, y el 30% del gasto publico total se destinó a seguridad social.

Un ítem de gasto que se negocio sin tanta turbulencia fue el de la deuda externa publica. En abril de 1992 se acordó con la banca acreedora y se oficializó el respectivo acuerdo Brady en diciembre del mismo año. Oficialmente se informó que el Brady representaba un alivio en los pagos del orden del 35%

Desde 1991 se avanzo muchísimo en la calidad de los ingresos públicos, y también en la presentación y ejecución del presupuesto. Se avanzo muchos menos en la calidad de los gastos públicos. La desaparición de la “hiper” y de la turbulencia macroeconómica, y la mayor conciencia del ciudadano, quien ahora sí está financiando explícitamente al sector público, van a presionar para que los fondos movilizados “rindan más” y se modifique el panorama en materia de justicia, seguridad, salud y educación.

  1. ¿Cuál fue el resultado de todo esto?

El Plan de Convertibilidad había buscado terminar con la inflación. Pues bien, la tasa de inflación, que en febrero de 1991 había sido del 27% a nivel consumidor y se redujo al 2,1% y 0,3% equivalente mensual respectivamente durante el resto del año, y al 0,6% y 0% equivalente mensual respectivamente durante 1993.

De manera que, en términos de lo que se propuso, el plan de Convertibilidad fue exitoso. En cuanto a los efectos no deseados, el panorama es alentador: como cualquiera de los planes estabilizadores desde el Austral inclusive, el programa reactivó la economía (el PBI aumentó 9% anual durante 1991 y 1992, y 6% durante 1993) Los aumentos de la tasa de desempleo y del número de empleados, verificados a partir de 1993, son fenómenos que estrictamente están poco relacionados con el plan de Convertibilidad.

También profundizó la apertura de la economía, continuó con las privatizaciones e inició un proceso de desregulación de la actividad económica.

Apertura de la economía. En el plano comercial hay una política general. En marzo de 1991, Cavallo eliminó los derechos de exportación y los derechos de importación específicos, y estableció tres niveles arancelarios.

¿Cuál fue el resultado de lo que venimos exponiendo? Un inmenso ingreso de capitales, del orden de los u$s 9 mil millones anuales y, entre otras consecuencias, déficit comercial.

Privatizaciones. Cuando Cavallo llegó al Ministerio de economía, una porción de Telefónica, Telecom y Aerolíneas Argentinas había sido vendida.

El ministro continuó con las privatizaciones, vendiendo otras porciones de las telefónicas y otras empresas. A comienzos de 1994, eran pocas las porciones del Estado-empresario que todavía quedaban en manos públicas.

Pasado el tiempo, conviene recordar como había caído la prestación de servicios en algunas de las empresas que luego se privatizaron. Cuando, a fines de 1992, la Subsecretaría de Privatizaciones hizo un balance, mostró que las cargas transportadas por ferrocarril habían disminuido un 44% entre 1970 y 1990, que los servicios interurbanos de ferrocarriles habían transportado en 1991 un 80% menos de pasajeros que en 1975, y que los envíos postales a través de Encotel ya habían disminuido 50% entre noviembre de 1987 e igual mes de 1991. El único indicador que había aumentado era el de la sustracción de energía de Segba, que se elevo un 133% entre 1982 y 1987.

Cuando Somisa se puso en venta hubo un único interesado, el grupo Techint, lo cual obligó a enfrentar la siguiente disyuntiva: concentración del sector siderurgico en manos privadas, o continuacion de Somisa en manos publicas. Se optó por lo primero.

Como Entel, también Segba fue dividida en dos: Edenor y Edesur, ambas compradas por grupos empresarios chilenos en agosto de 1992. Por razones extraeconómicas al sector pierde plata. En efecto, en marzo de 1993 Edesur denuncio actos de sabotaje en sus instalaciones, que provocaron cortes de energía.

En ferrocarriles se pudo avanzar más rápidamente en la privatización de los servicios de carga que en los de pasajeros. En este ultimo caso, los servicios de larga distancia fueron discontinuados.

Producto de treinta y tres empresas vendidas, diecinueve concesionadas y ochenta y seis concesiones petroleras, habían ingresado al sector público u$s 5.432 millones en efectivo. El 40% de los activos privatizados había quedado en manos argentinas y el 34% en manos europeas. Entre los tres que más compraron figuran Pérez Companc, Techint y Astra.

Le hicieron ver grandes mejoras, entre ellas la mejora fiscal por eliminación de déficit operativos, pago de obligaciones impositivas y previsionales, cancelación de deudas con provincias y jubilados, etc., y también la mejora en la calidad de los servicios. Esta fue nítida en el caso de los teléfonos, variable en el del peaje y más discutible en el de la aeronavegación.

Desregulación. Las privatizaciones fueron iniciadas antes de que Cavallo llegara al Ministerio de economía. La desregulación, en cambio, es un producto de su gestión. En noviembre de 1991, se dispone la eliminación de regulaciones en materia de salarios, servicios profesionales, puertos y transportes, comercio interior y exterior, comercio mayorista de productos perecederos, farmacias, regulaciones especificas (como la que se refiere a la vitivinicultura, la yerba o el azúcar, etc.) y la eliminación de oficinas regulatorias.

Una de las condiciones que fijó Cavallo para que las provincias ingresaran al Pacto Fiscal fue que hicieran suya, en la legislación nacional en materia de desregulación.

La desregulación del transporte de pasajeros en ómnibus de larga distancia, es uno de los ejemplos más claros de los resultados que genera esta legislación. Las rutas, como las terminales, se han poblado de una gran cantidad de flamantes ómnibus, que ofrecen servicios de transporte mejores y más baratos, como ocurre también con los remises en relación con los taxis. En 1993 se dispuso la desregulación postal.

  1. Los Resultados

Que la economía sea social de mercado, que las empresas publicas se privaticen y que se equilibre el presupuesto fiscal, son cuestiones que excitan a una minúscula de la población de cualquier país.

Estos resultados son espectaculares: la tasa de inflación paso del 5.000% anual a cero, al tiempo que el PBI no solo dejó de caer sino que creció el 9% anual durante 2 años consecutivos, y el 6% al año siguiente.

Al respecto, los especialistas opinan que la estabilidad la visualizan todos, el aumento del nivel de actividad económica fue muy desparejo.

Es cierto que la Argentina aprovecho la fuerte caída de las tasas de interés internacionales.

La estabilidad de precios y el crecimiento de la economía tienen tres variables: la balanza comercial, la tasa de inversión y el desempleo de mano de obra.

  1. Balanza Comercial.

Con el aumento de las exportaciones de mercaderías y cuadruplicación del valor en dólares de las importaciones, el balance comercial paso de un superávit de 8.276 millones a un déficit de 2637 millones

La preocupación por el déficit comercial tiene que ser, en rigor, la preocupación por el ingreso de capitales y por los determinantes de dicho ingreso. Si países como Estados Unidos aumentan su tasa de interés, una porción de los capitales que hoy fluyen hacia la Argentina buscara otros destinos. La verdadera crisis la produciría un cambio producto en la dirección de los movimientos internacionales de capital debido a una crisis política interna.

  1. Inversión.

Como consecuencia de cambio tecnológico, la reducción de tamaños, la apertura de la economía y la recesión del Primer Mundo, en la actualidad el precio relativo de las maquinas se redujo, en comparación con años anteriores, con respecto al precio del resto de los productos (por ejemplo, el de las computadoras)

  1. Distribución del Ingreso, Empleo y Desempleo.

A pesar de continuar la reactivación iniciada en 1991, entre mayo de 1992 e igual mes de 1993 , en el país en su conjunto, la tasa de desempleo aumento 3 puntos porcentuales, al pasar del 6,9% al 9,9%.

El aumento simultaneo del empleo y el desempleo involuntario sugiere que lo que se produjo fue un fuerte aumento de la oferta de mano de obra. La pretensión de reducir el desempleo no puede pasar por volver a reducir la oferta de trabajo, sino por aumentar la demanda de trabajo.

La demanda de trabajo depende del estado de la economía por un lado, y del costo laboral por el otro.

Así como el esfuerzo laboral del asalariado depende del salario que ingresa en su bolsillo, la disposición de los empleadores a contratar asalariados depende de lo que ello le cueste cualquiera sea el motivo: salario de bolsillo o impuestos al trabajo.

En Argentina el nivel de empleo y remuneraciones esta siendo afectado por realidades internacionales, como el referido bajo costo de las maquinas y la competencia de productos fabricados en el sudeste asiático, particularmente en China. Hay un “costo argentino” que, frente al costo extranjero, justifica la producción de un bien en el país o en el resto del mundo y un costo laboral que, frente al costo de las maquinarias, justifica la producción de un bien en el país con mayor o menor empleo de mano de obra y capital.

Una transformación genera redistribuciones de ingreso y empleo de naturaleza mucho más compleja

Argentina fue país de inmigración durante él ultimo tercio del siglo XIX y el primero de XX. Luego fue país de emigración. Desde comienzos de la década de 1990 estamos volviendo a ser país de inmigración por parte de argentinos que retornan a su tierra y de extranjeros que ven en nuestro país mejores chances de supervivencia y éxito que en el propio.

En la Argentina los problemas económicos no desaparecieron sino que cambiaron. Hoy no discutimos la “hiper” o la turbulencia macroeconómica, discutimos sectores y regiones específicos.

Categoría: historia – economía Comentario:

Informe sobre la economía durante la primer presidencia de Carlos Menem – La situación en 1989 – Hiperinflación – Proceso de reestructuración económica – Convertibilidad – Crecimiento del PBI – MERCOSUR – Eliminación de la Aftosa – Nuevos mercados para la exportación – Críticas al modelo – Efectos: Desocupación, corrupción y descrédito de la Justicia.

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Breve Resumen de los Gobiernos de Carlos Menem

Historia Argentina
Resumen de los Gobiernos de Carlos Menem y De La Rua

Dr. Carlos Saúl Menem

SÍNTESIS DE CONTENIDO

La caída del muro de Berlín en 1989 abría paso aun mundo en el que una sola potencia, los Estados Unidos, ejercía una hegemonía militar indiscutible, acompañada de un poder económico formidable.

El 14 de mayo de 1989. Carlos Menem el candidato del Frente Justicialista Popular (Frejupo  y una coalición del P.J. con diversos partidos, se impuso al radical Eduardo Angeloz con el 49,3% de los votos. El 8 de julio, con cinco meses de antelación, el traspaso de poderes estaba previsto para el 10 de diciembre, ante la delicada situación económica y social, Menem se hacía cargo de la Presidencia de la Nación.

Heredó una economía en rápida descomposición, una hiperinflación cercana al $5.000% y una deuda externa que rondaba los 63.000 millones de dólares. Una vez en la presidencia, cambió el mensaje populista de su campaña por un duro programa de ajuste, cuyo carácter ultraliberal provocó divisiones en la CGT y acusaciones de diversos sectores, por considerarlo contrario a los postulados del general Perón.

El nuevo presidente no hacía más que poner en marcha aquello que académicos, economistas y funcionarios estadounidenses y del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional establecieron a comienzos de 1989 en el denominado Consenso de Washington: En el documento aparecían diez puntos que expresaban las necesidades y las opciones del mundo hacia el siglo XXI: disciplina fiscal, prioridad del gasto público en educación y salud, reforma tributaria, tasas de interés positivas determinadas por el mercado, tipos de cambio competitivos, políticas comerciales liberales, mayor apertura e la inversión extranjera, privatización de empresas públicas, desregulación y protección de la propiedad privada.

También se dispuso que se otorgaría ayuda financiera a aquellos países endeudados que adoptaran las políticas sugeridas por el Consenso.

Para dar cauce a estas recomendaciones, Menem abandonó rápidamente sus promesas de salariazo y revolución productiva. Nombró ministro de Economía a Miguel Roig primero, y luego a Néstor Rapanelli, ambos altos ejecutivos de Bunge y Born. El llamado Plan Bunge y Born estableció el control de precios, el cierre a las importaciones y la convocatoria a negociaciones paritarias entre empresarios y sindicatos. También se aprobaron la Ley de Reforma del Estado y La Ley de emergencia Económica, que esbozaban un amplio plan de privatizaciones y dotaban al Ejecutivo de amplias facultades.

El plan fracasó. La inflación no se detuvo y la recesión fue en aumento. En consecuencia asumió la Cartera de Economía el el ministro de Economía de La Rioja Antonio Erman González, quien en 1990 lanzó un nuevo plan.

Una de las primeras medidas fue el canje compulsivo de depósitos a plazo fijo por bonos externos. Esto ocasionó pérdidas irreparables al sector de pequeños y medianos ahorristas

Menem cultivó la alianza con sectores Conservadores tradicionalmente antiperonistas quienes ocuparon importantes cargos en el Gobierno. Así, el proceso de privatizaciones estuvo a cargo de José Roberto Dromi y María Julia Alsogaray. Hacia el final de la presidencia de Menen y virtualmente no quedó ninguna empresa en manos del Estado. Se privatizaron la petrolera YPF, Aerolíneas Argentinas, Entel, gas del Estado, la Caja Nacional de Ahorro y Seguro, Obras Sanitarias, los aeropuertos,  Correo, la energía Eléctrica, la seguridad social, dos plantas siderúrgicas, el Mercado de Hacienda de Liniers, las radios, los Canales de televisión, las carreteras los ferrocarriles.

Si bien la prédica privatista aconsejaba romper con el monopolio estatal, las empresas adjudicatarias gozaron de un virtual monopolio, ya que se distribuyeron territorialmente la provisión de servicios. Esta transformó a los usuarios en rehenes de las empresas, que fijaron altas tarifas y con total libertad redujeron los servicios a los territorios que mayores ganancias les brindaban.

El servicio ferroviario, por ejemplo, quedó reducido al Gran Buenos Aires y dejó aisladas a importantes zonas del país. Las privatizaciones proporcionaron unos 25.006 millones de dólares. Entre 1989 y 1990, como parte de una política de reconciliación nacional. Menem indultó a los máximos culpables de la represión durante la dictadura Jorge Rafael Videla, Roberto Eduardo Viola y Leopoldo Fortunato Galtieri y unos 220 militares y civiles, entre ellos el líder montonero Mario Firmenich. El 3 de diciembre de 1990, se produjo la última asonada de militares carapintadas liderados por el coronel Mohamed  Seineldin, el alzamiento fue sofocado. En 1994, quedó abolido el servicio militar obligatorio

Durante su gestión, Menem se alineó con Estados Unidos, buscando el anclaje del país en Occidente. Su canciller, Guido Di Tella, llegó a decir que Argentina mantenía relaciones carnales con aquel país. En 1991, ante el conflicto en el Golfo Pérsico envió tropas a esa zona, rompiendo la larga trayectoria de neutralidad argentina.

Luego se posicionó del lado de Estados Unidos en lo referente a Cuba y en otros enfoques geopolíticos y llegó a alcanzar el status de aliado de la OTAN. Además, el país renunció, en 1990, a desarrollar armas nucleares.

Entretanto en el orden interno se sucedieron una  serie de escándalos económicos de grandes proporciones.Muchos funcionarios encontraron en la falta de controles a impunidad para hacer negocios a expensas del Estado. Miguel Angel Vicco y Carlos Spadone secretario y asesor presidencial respectivamente quedaron implicados en la venta de leche no apta para el consumo humano.

El asesor Emir Yoma y el ministro de Obras y Servicios Públicos, Roberto Dromi, decidieron renunciar luego de pedir coimas a empresa norteamericana Swift varios familiares y colaboradores del Presidente fueron investigados por lavado de narcodólares entre ellos su cuñada y secretaría personal, Amira Yoma; funcionarios de la empresa estadounidense IBM y del Banco de la Nación Argentina quedaron involucrados en el cobro y pago de coimas para posibilitar la firma de un contrato que beneficiaba a la empresa extranjera

Ante las numerables denuncias Menem consiguió la sanción de una ley en que aumentaba de cuatro a nueve los miembros de la Corte Suprema de Justicia  se designaron por mecanismos que fueron duramente cuestionados seis de los nueve miembros que tendría esa corte. Quedó así conformada una mayoría automática que nunca se expidió en contra de las decisiones del Ejecutivo

En 1991  fue designado ministro de Economía Domingo Felipe Cavallo una figura aceptada por el establishment ya que había estatizado lo deuda de los grandes grupos económicos privados cuando presidía el Banco Central durante la dictadura.

Pronto el Congreso aprobarla la Lev de Convertibilidad Monetaria  que fijaba la cotización del austral en razón de 10.000 unidades por 1 dólar. En 1992 el Plan recuperaba el peso como unidad de cuenta nacional sobre la paridad exacta y fija con respecto al dólar. Se prohibía además toda emisión de moneda sin el respaldo en las reservas internacionales de divisas. Si bien el programa trajo aparejada cierta estabilidad, posibilidad de viajes al exterior, compras en cuotas y con tarjetas de crédito, esos frutos tuvieron como contrapartida la caída de los salarios reales, que recuperados del proceso inflacionario,  iniciarían un descenso continuo.

Los salarios estaban congelados pero los precios de los productos de la canasta familiar y las tarifas de los servicios y de los alquileres no. La disminución del índice de pobreza fue tan solo un reflejo de la disminución de  la de inflación acompañada por un breve crecimiento del PBI y no una consecuencia redistributiva de la riqueza. El crecimiento de las exportaciones estuvo centrado en sectores de uso intensivo de los recursos naturales y la brecha salarial entre mano obra calificada y no calificada creció.

En 1992, una bomba destruyó la Embajada de Israel y  dos años más tarde, otro artefacto explosivo demolió la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA). Entre los dos atentados murieron 116 personas y 550 resultaron heridas Tras años de investigaciones nada se ha esclarecido aún y los responsables siguen impunes.

En 1992 Argentina renunció a la inmunidad soberana y ratificó la jurisdicción de los tribunales de Nueva York para los contratos vinculados a la deuda externa. Un año después, el Gobierno emitió 25,000 millones de dólares en bonos, que posibilitaron a los Bancos acreedores desembarazarse de los créditos incobrables Según Cavallo ésta era la forma de Solucionar el problema de la deuda externa.

En 1993, Menem y Alfonsín firmaron el denominado Pacto de Olivos por el cual se aceptaba la reforma Constitucional que Se reflejaría en cambios políticos e institucionales cuyo punto más llamativo era la reelección presidencial. En 1994, quedó consagrada la nueva Constitución que establecía el acortamiento del mandato presidencial a cuatro años la reelección presidencial, la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, la creación del Consejo de la Magistratura, la elección de  los senadores y un nuevo capitulo, titulado Nuevos derechos y garantías

Como reacción al Pacto de Olivos, sectores de la Oposición entre los que se encontraban e dirigentes justicialistas como Ferrando Solanas , Chacho Alvarez, Juan Pablo Gallero, sectores de fa Democracia Cristiana de Carlos Auyero y Graciela Fernández Mehide y grupos socialistas liderados por Alfredo Bravo fundaron el Frente Grande.

EL 1 de enero de 1994, en virtud del acuerdo celebrado por Canadá, Estados Unidos y México entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA). Al mismo tiempo, se generaba en México una reacción encabezada por el subcomandante Marcos, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional ante las decisiones gubernamentales que, con el objeto de dar cumplimiento al NAFTA garantizaban los latifundios provocando la extinción de las propiedades comunales.

El 15 de marzo de 1995, murió en un accidente de helicóptero el hijo del Presidente Carlos Facundo Menem Su madre, Zulema Yoma, sostuvo la teoría de un atentado proveniente del entorno de su marido.

En 1995, Menem obtuvo la reelección con el 49,6% de los votos, seguido por la fórmula José Octavio Bordón, Carlos “Chacho” Alvarez, del Frente País Solidario (Frepaso). El PJ consigue 434 bancas en la Cámara de Diputados y obtuvo así a primera mayoría absoluta desde 1951. En el discurso inaugural de su segundo mandato Menem anunció que trabajaría par a aniquilar la desocupación y en el conjunto del capítulo social.

La CGT, que durante el gobierno de Alfonsín llevó adelante 14 paros generales, sólo hizo oír su voz a partir de 1998, cuando lanzó dos huelgas generales. Ante la escasa o nula combatividad de la central obrera oficial, seconformaron organizaciones alternativas el Movimiento de Trabajadores Argentinos (MTA), la Central de Trabajadores Argentinos (CIA) y la Corriente Clasista y Combativa (CCC).

En enero de 1997, se encontró el cuerpo calcinado del periodista gráfico José Luis Cabezas. El crimen quedó pronto ligado a bandas delictivas integradas por electivos de la policía bonaerense y al empresario Alfredo Yabrán, a quien Cavallo había denunciado en 1996 como miembro de una mafia económica. En 1996 el juez José Luis Macchi pidió la capture del empresario, quien se suicidó en una de sus estancias en Entre Ríos.

Luego de las denuncias realizadas contra el empresario Alfredo Yabrán, Domingo Cavallo renunció a su cargo el 27 de julio de 1996 y fue reemplazado por Roque Fernández quien dio continuidad a su política económica.

En 1997, la Alianza ,conformada por radicales, frepasistas y pequeños partidos regionales se impuso con el 45,7% de los votos en las elecciones legislativas. El justicialismo perdió la mayoría en la Cámara de Diputados por primera vez desde 1987.

Una de las primeras medidas fue la derogación de las leyes de Punto Final (1986)y Obediencia Debida (4987), que no tuvieron carácter retroactivo, y por lo tanto, no afectaron a los militares que gozaban de impunidad gracias a ellas. Las investigaciones relacionadas con los secuestros de bebés durante la dictadura continuaron y en 1998, Jorge Rafael Videla fue arrestado, pero se le concedió la prisión domiciliaria por su avanzada edad.

Fernando De la Rúa: En las elecciones presidenciales de 1999, el candidato de la Alianza, Fernando De la Rúa,

triunfó con el 48,5% de los votos frente al candidato justicialista Eduardo Duhalde. El nuevo presidente designó ministro de Economía a José Luis Machinea, ex Gerente de Finanzas Públicas del Banco Central durante la dictadura militar. Ante la delicada situación económica, el Ministro dispuso un recorte salarial del 13% a los jubilados y empleo dos estatales que percibieran más de mil pesos.

En agosto de 2000, sobrevine la crisis a raíz de las graves acusaciones al Ejecutivo sobre sobornos en el Senado para aprobar la polémica Ley de Reforma Laboral, pactada con el FMI para conseguir su ayuda. La ley liquidaba los derechos del trabajador. Los principales denunciados fueron el ministro de Trabajo, Alberto Flamarique y el jefe de la SIDE, Fernando de Santibañes, un banquero miembro de la UCP y amigo personal del Presidente. Restándole importancia al asunto, De la Rúa nombró al primero de ellos como Secretario General de la Presidencia.

En consecuencia, el vicepresidente Carlos Alvarez renunció a su cargo. Se trataba de una ruptura de la Alianza. Las renuncias continuaron: Terragno, a la Jefatura de Gabinete, De Santibáñez a la SIDE, y Flamarique a la Secretaria General de la Presidencia.

En diciembre de 2000, el Gobierno obtuvo un crédito de 30.700 millones de dólares al que denominaron “blindaje”. Pero la ineficiente gestión de Machinea abrió paso a un nuevo ministro, Ricardo López Murphy, a quien se le encargó un programa de austeridad que fue rechazado con una ola de protestas en todo el país. El Ministro debió renunciar El 20 de marzo.

De la Rúa depositaba sus esperanzas en Domingo Cavallo Por entonces, el ex funcionario del gobierno de facto y de Carlos Menem contaba con un 70% de imagen positiva y había salido tercero en las elecciones de 1999. Nueve días después, era investido por el Congreso con poderes especiales que le permitirían gobernar por decreto, transformándose de ese modo en “superministro Cavallo” diseñó un plan de competitividad que pretendía controlar la evasión de capitales, disminuir el gasto público y aumentarlos ingresos a fin de recuperar liquidez y reducir la necesidad de refinanciación de la deuda externa

La situación social se deterioraba. Las huelgas y los disturbios por los bajo salarios y las malas condiciones laborales se sucedían cotidianamente Los inversores desconfiaban de la paridad cambiaria y de la capacidad del Estado para pagar sus deudas. La bolsa de Buenos Aires registró bajas sucesivas y el riesgo país –índice de la confianza en la solvencia del país- alcanzó los 1.300 puntos básicos, convirtiendo a la Argentina en la nación más proclive a suspender sus compromisos.

En las elecciones del 14 de octubre  los justicialistas obtuvieron  el dominio de los dos cámaras del Congreso. El desencanto do la sociedad se hizo sentir en lo que se denominó “voto bronca” (21,1%) y en el alto porcentajes de votos en blanco (29,3%). En noviembre Cavallo presentó al FMI un nuevo plan de reformas, pero el organismo no envió la ayuda acordada.

La crisis de confianza hizo que los pequeños y medianos ahorristas se lanzaran a los bancos a retirar sus fondos. Los grandes ahorristas hacía tiempo habían puesto a salvo su dinero en el et tenor. La Ley de Convertibilidad se apoyaba en una base ficticia, porque el Banco Central contaba sólo con cerca de la tercera parte de las reservas liquidas en dólares para garantizar los 10.000 millones de pesos circulantes. El sistema financiero estaba al borde del colapso.

El 1 de diciembre, Cavallo decretó el estado de excepción monetario, que implicaba la inmovilizaron parcial de todos los depósitos bancarios durante 90 días, topes de hasta 250 pesos o dólares por semana en las extracciones de efectivo y la imposición del uso de tarjetas de crédito y débito para la realización do pagos. Esta medida fue conocida como “el corralito”. Como consecuencia, disminuyó el consumo y la actividad productiva. Los diversos actores sociales, partidos políticos y centrales sindicales dispusieron movilizaciones y paros so protesta por la situación. Se produjeron saqueos a comercios.

El Gobierno respondió con la dimisión de Cavallo y la declaración del estado de sitio. Esta decisión fue repudiada, durante los días 20 y 21 de diciembre con cacerolazos de protesta y movilizaciones que la policía reprimió duramente.

El saldo fue de 27 muertos y decenas de heridos en todo el país, De la Rua invitó al justicialismo a participar de un gobierno de “concertación nacional”. Los justicialistas no aceptaron y el presidente luego de leer en cadena nacional su renuncio se escurría ríe la Casa Rosada en un helicóptero que lo llevó a la residencia de Olivos.

Durante la última década, el poder de los grupos financieros y el modelo socioeconómico excluyente creados durante la última dictadura militar se consolidaron las nuevas relaciones de explotación y dominación que se gestaron en la dictadura militar alcanzaron su plena madurez con el mandato de Carlos Menem.

La disparidad económica, social y política entre el gran capital y las pequeñas empresas, entre los ricos y los sectores populares, sólo puede compararse con las desigualdades de los años 40, es decir; el perfecto previo a la irrupción del peronismo en la Argentina, ex Gerente de Finanzas Públicas del Banco Central durante la dictadura militar. Ante la delicada situación económica, el Ministro dispuso un recorte salarial del 3% a los jubilados y empleados estatales que percibieran más de mil pesos.

En agosto de 2000, sobrevino la crisis a raíz de las graves acusaciones al Ejecutivo sobre sobornos en el Senado para aprobar la polémica Ley de Reforma Laboral, pactada con el FMI para conseguir su ayuda. La ley liquidaba los derechos del trabajador.

 ALGUNAS RECOMENDACIONES DEL CONSENSO DE WASHINGTON

1, Es preciso concluir con toda política que torne al Estado protagonista en el proceso de desarrollo de un país, en particular si lo que se pretende es insistir con el llamado ‘proceso de sustitución de importaciones’ que coloca al aparato estatal como actor central en la implementación de dicho programa de industrialización, con proteccionismo aduanero.

  1. El déficit fiscal debe ser eliminado en el menor lapso posible, pues su presencia es un signo desalentador para los acreedores externos, que no advierten cómo hará un país para pagar los intereses y el capital de su deuda si el Estado no dispone de excedentes financieros suficientes para cumplimentar tal objetivo.
  2. Es imperativo liberalizar totalmente el sistema financiero de modo que los bancos dispongan a su arbitrio de los recursos que les entregan los depositantes, que desaparezcan todas las trabas regulatorias sobre la fijación de tasas de interés, y que la banca nacional, estatal o privada, pueda ser adquirida por capital extranjero.
  3. Agresiva política de privatización de las empresas estatales, para disminuir el peso del ineficiente manejo de las mismas sobre el presupuesto nacional […].
  4. Apertura externa irrestricta […], eliminando todas las restricciones arancelarias o de otro tipo que traben dicho ingreso. De este modo, el mercado productivo nacional tendrá que volverse crecientemente competitivo para no ser sustituido por importaciones carentes del antiguo proteccionismo aduanero o, en su defecto, deberán desaparecer. […]
  5. Profunda reforma del Estado, que suponga la desregulación de sus actividades intervencionistas en el funcionamiento de! aparato productivo, desligándose no solamente de las empresas de su propiedad sino dejando sin efecto todas las medidas que traben el libre accionar de los mercados. De este modo, no se producen distorsiones en la fijación de precios, que surge exclusivamente por la oferta y la demanda en los respectivos mercados, ni se recarga con gastos innecesarios el funcionamiento del aparato estatal, pues desaparecen entidades oficiales que incidían en forma negativa en el presupuesto gubernamental.

Daniel Muchnik. Argentina modelo. De la furia a la resignación. Economía y política entre 1973 y 1998,
Buenos Aires, Editorial Manantial SRL, 1999.

Trabajo de: Diana Hamra – Felipe Pigna

Consejo: Trata de ver los videos de los mismos autores sobre Historia Argentina

Gobiernos Democraticos en Argentina Alfonsín Menem De La Rua Resumen

Descripción De Las Tres Primeras Presidencias Democráticas en Argentina Desde 1983-2001

gobierno de alfonsin gobierno menem gobierno de la rua
Gobierno de Alfonsín Gobierno de Menem Gobierno de De La rua

Gobierno de Alfonsín Gobierno de Menem Gobierno de De La Rua

LOS PRIMEROS AÑOS DE LA DEMOCRACIA EN ARGENTINA:
La derrota de Malvinas el 14 de junio de 1982 fue el fracaso definitivo del ”Proceso de Reorganización Nacional”, El nuevo presidente, general Reinaldo Bignone, entabló negociaciones rápidamente con los principales partidos políticos para organizar una salida electoral. Otra cuestión clave para el gobierno era la de los delitos cometidos por los militares durante la represión ilegal. La Junta Militar sancionó la “Ley de Pacificación Nacional”, que justificaba y exoneraba a los militares por los crímenes cometidos.

A lo largo del año 1982 la vida cotidiana se hizo cada vez más difícil debido al deterioro de la economía real, la inflación, el desempleo y los altos impuestos. La sociedad argentina reaccionó con manifestaciones y huelgas en reclamo de mejoras salariales. Por otro lado, las denuncias de las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos eran cada vez más frecuentes y movilizaban cada vez a mayor cantidad de gente. La permanencia de los militares en el poder era insostenible, el Gral. Bignone convocó a elecciones para el mes de octubre de 1983.

Para la sociedad argentina, elegir democráticamente a sus representantes parecía un sueño. Después de siete años de dictadura, la perspectiva de las elecciones generaba grandes esperanzas. La campaña electoral tuvo rasgos muy específicos; la amplia participación de la ciudadanía que se afilió masivamente a distintos partidos políticos y asistió a actos multitudinarios, los aspectos éticos, el pluralismo ideológico y el diálogo entre diferentes grupos políticos. Los partidos con más adhesión fueron el PJ y la UCR.

El Dr. Raúl Alfonsín, candidato de la UCR, cerró su campaña con un acto en el obelisco. Ante una concurrencia masiva, apeló al respeto por la Constitución Nacional. Un día después, en el mismo escenario, ítalo Luder, candidato presidencial por el P] y Herminio Iglesias, candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, cometieron un error fatal. Herminio Iglesias quemó un ataúd que representaba a la UCR, Este hecho le quitó gran cantidad de votos al PJ, puesto que para muchos, si triunfaba el PJ era posible que se impusiera nuevamente la violencia política de la década del setenta.

En las elecciones del 30 de octubre de 1983, Raúl Alfonsín obtuvo el 51,8 % de los votos. La fecha marcó un hito en la historia argentina, era el fin del régimen militar y, al mismo tiempo, el peronismo fue derrotado en elecciones abiertas por primera vez en la historia.

Desde su inicio, el gobierno radical luchó infructuosamente contra la inflación. Los sindicatos formulaban reclamos salariales cor. huelgas permanentes. El Fondo Monetario Internacional (FMI) exigía el cumplimiento de los pagos de la deuda externa, que seguían aumentando. En estas circunstancias, en 1985 se implemento el Piar. Austral, un programa de ajuste que consistió en el congelamiento de precios, tarifas y salarios (previo aumento de estos), al tiempo que se regulaba el precio del dinero (las tasas de interés) y el tipo de cambio. El Estado se comprometió a no emitir moneda sin respaldo.

El tema más espinoso fue el juzgamiento de los crímenes cometidos por la dictadura. Alfonsín intentó solucionarlo sin afectar a las Fuerzas Armadas como institución. Esta política produjo fuertes críticas de los organismos de derechos humanos -especialmente de las Madres de Plaza de Mayo-, y no alcanzó a descomprimir la fuerte oposición de los militares. En abril de 1987, encabezados por el entonces teniente coronel Aldo Rico, un grupo de oficiales se alzó en Campo de Mayo, en la primera de las rebeliones “carapintadas”. Una multitud se movilizó a Plaza de Mayo, durante Semana Santa para defender la democracia.

La crisis de Semana Santa y el fracaso del Plan Austral trajeron la primera derrota política del gobierno, en las elecciones parlamentarias y provinciales de 1987. El justicialismo, derrotado y dividido desde 1983, halló nuevos liderazgos en las figuras de Antonio Cañero y Carlos Saúl Menem, que aunque habían mantenido buenas relaciones con el gobierno, fueron fortaleciendo su papel de oposición.

Entre 1988 y 1989 los intentos para detener la crisis económica fracasaron , consecuentemente la imagen de Alfonsín comenzó a deteriorarse aceleradamente. En 1989 una fuerte devaluación abrió las puertas a un proceso hiperinflacionario imposible de controlar, iniciándose también una ola de saqueos a decenas de supermercados y negocios, que hizo perder las elecciones frente a Menem y negociar una salida anticipada del gobierno.

Ver Gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989)

Carlos Saúl Menem provenía del justicialismo, al que él mismo definió alguna vez como una corriente política nacionalista, populista y cristiana. Durante la década en que fue presidente, entre 1989 y 1999, reconvirtió al movimiento nacional y popular peronista en una fuerza política neoliberal en lo económico y conservadora en lo político.

Este alejamiento ideológico de las bases doctrinarias peronistas le permitió forjar una alianza electoral que lo llevó dos veces a la presidencia. Esa coalición estuvo formada por las clases sociales populares (en particular, los trabajadores) que tradicionalmente apoyaron al justicialismo, y también por sus tradicionales enemigos: los productores rurales, los financistas internacionales, los grandes industriales y las clases sociales altas, en general.

El neoliberalismo
Durante la campaña presidencial, Menem había prometido una revolución productiva que comenzaría con un salariazo, al parecer, en la línea del viejo populismo. La política económica que implemento contradijo esos postulados. Por el contrario, adhirió a los principios de la economía de libre mercado; es decir, un modelo que considera que todas las actividades económicas dependen únicamente de la libre iniciativa de las personas, salvo aquellas que son inevitablemente inherentes al Estado, como la defensa nacional y el mantenimiento del orden público. En los hechos, la adopción de esta ideología implicó el abandono de la concepción del Estado de Bienestar, propia del peronismo tradicional.

La economía de libre mercado tomó fuerza particularmente desde principios de 1991 cuando, después de un nuevo estallido hiperinflacionario, se puso en marcha el llamado Plan de Convertibilidad.

EN 1994, con la reforma de la Constitución, Menem quedó habilitado para presentarse ;-los comicios presidenciales de 1995. Después de una fuerte campaña, el Justldalismo, cela fórmula Carlos Menem-Carlos Ruckauf, logró el 49,9% de los votos; seguido por el Frente por un País Solidario (FREPASO), con la fórmula José Bordón-Carlos “Chacho” Álvarez, que obtuvo un 29,3%; la Unión Cívica Radical quedó en tercer lugar, con el 17?: de los votos. Pese a la amplia victoria, la situación no era alentadora para eL gobierno ese año. Gracias al plan de Convertibilidad, la inflación, que a fines de 1989 era del 5.000%, se redujo en 1992 a menos del 20%, en 1994 era sólo del 3,9% y seguía en baja. Pero cree E.-los despidos en la administración pública y en las empresas privadas, los salarios bajaban, aumentaban el desempleo y el subempleo.

Menem, cuya administración dependía de los capitales foráneos, debió aceptar imposiciones de organizaciones financieras internacionales como el Banco Interamerica” de Desarrollo, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.

Ver Gobierno de Carlos Menem (1989-1999)

En 1997, la Alianza, una coalición electoral conformada por la Unión Cívica Radical (UCR) y el Frente País Solidario (Frepaso), triunfó en las elecciones presidenciales del 24 de octubre de 1999 con la fórmula Fernando de la Rúa (UCR)-Carlos “Chacho” Álvarez (Frepaso). Desde sus inicios, la gestión aliancista estuvo fuertemente condicionada por la herencia recibida del menemismo.

El principal condicionamiento económico fue el monto de la deuda externa, que equivalía al 43% del producto bruto interno (PBI). Los préstamos externos (así como el dinero obtenido con las privatizaciones) no sirvieron para invertir en el país sino para pagar la deuda. De hecho, a fines del año 2000, la economía atravesaba una coyuntura de más de dos años de caída del PBI.

El país no parecía estar en condiciones de pagar siquiera los intereses de la deuda, que equivalían a alrededor de 20 mil millones de dólares anuales. “La Argentina dilapida anualmente el 4% de su PBI para pagar los intereses de su endeudamiento-decía por entonces el periodista económico Julio Nudler. Mientras las exportaciones del país no llegan a representar ni el uno por ciento del total mundial, en la primera mitad del 2000 los bonos de deuda pública colocados por la Argentina fueron el once por ciento de todo lo emitido por los países emergentes. [El país es] insignificante como exportador pero líder como deudor…”

Además de la deuda económica, el Plan de Convertibilidad generó una fuerte deuda social. En el año 2000, trece millones de personas vivían en la pobreza. La desocupación había avanzado ininterrumpidamente desde 1991, afectando a sectores de la población cada vez más amplios. Entre los que trabajaban, dos de cada cinco lo hacían en negro, sin protección social alguna. El Estado, en el mejor de los casos, se limitó a asistir a los más necesitados. La Alianza se enfrentó con la necesidad de formular políticas sociales sin contar con los recursos de un Estado virtualmente quebrado.

A pocos meses de asumir, el vicepresidente Álvarez renunció a su ;argo por disidencias con la gestión gubernamental. En el año 2000, era generalizado el descreimiento de los ciudadanos respecto de las normas de hacer política, a las que juzgaban corruptas e inoperantes.

Durante las dos últimas décadas del siglo XX, cambiaron las formas de la protesta social. En los años 80, los conflictos eran salariales y le expresaban mediante paros, huelgas y medidas de fuerza ordenadas 3or los sindicatos. En los años 90, el descontento social se manifestó por medio de los cortes de rutas, protagonizados predominantemente por desocupados que, como tales no pertenecían a gremio alguno.

Un desconcierto creciente

En noviembre de 2001, los medios informaban que cada día 2.000 argentinos caían bajo la línea de la pobreza. En los primeros días de diciembre, la situación se hizo gravemente conflictiva. El Presidente había perdido su capital político y el ministro de Economía, Domingo Cavallo, no encontraba recursos para tranquilizar a la población. Varios gremios estatales estaban en huelga, mientras que en algunos barrios de la Capital la gente hacía escuchar su descontento golpeando cacerolas y cortando calles, protesta que se conoció con el nombre de “cacerolazos”. En todo el país, las protestas cortaban las rutas y las calles: de este modo, el piquete irrumpía en la vida política argentina.

El “corralito”
Para evitar la fuga de depósitos barcarios, el 1° de diciembre, Cavallo decretó el “esta; de excepción monetaria”. Este “golpe” económico, conocido como “el corralito”, significaba que todos los depósitos bancarios quedaban inmovilizados durante 90 días -además, que las extracciones de efectivo tenían un tope de hasta 250 pesos o dólares por semana. Así, el dinero desapareció de la calle, el consumo se retrajo y la actividad productiva y comercial se paralizó. Masivamente, agrupaciones sociales, partidos políticos: y centrales sindicales se opusieron a las medidas y promovieron movilizaciones y pares de protesta.

Saqueos y cacerolazos
Entre el 13 y el 18 de diciembre se iniciaron los saqueos contra los supermercados. Primero en Rosario y luego en la Capital, San Isidro, Munro, El Palomar, Ciudadela, Ramos,; Mejía, Morón, Moreno, Lanús y La Tablada, Entre el 18 y el 20, los saqueos se generalizaron en Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos, San Juan, Santiago del Estero y Mendoza.

Frente a la escalada de violencia, el 19 de diciembre e! Presidente decretó el estado ce sitio. El 20 De la Rúa transmitió un discurso por la cadena nacional. E! discurso no ha: terminado cuando en todos los barrios de la ciudad de Buenos Aires comenzaron a escucharse cacerolazos. Una multitud salió a las calles y marchó hacia la Plaza de May: el Congreso, la quinta de Olivos y la casa de Cavallo.

A la medianoche, se dio a conocer la renuncia de Cavallo. Sin embargo, esto no tranquiza los manifestantes, que pedían “que se vayan todos”. De la Rúa ordenó la represión que dejó como resultado 32 muertos y cientos de detenidos en todo el país. Pero nada detener la movilización. El 21 de diciembre de 2001, luego de leer su renuncia en cadena nacional , deja la Casa Rosada en el helicóptero presidencial que lo lleva a Olivos.

Ver Gobierno de Fernando De La Rua (1999-2001)

AMPLIACIÓN DEL TEMA:

Las de la obtienen en las Por un lado, los argentinos valoran casi del mismo modo los derechos civiles, sociales y políticos como sus principios constitutivos. Pero, por otro lado, en el momento de jerarquizarlos, el acento se coloca sobre los derechos sociales: salud, educación, vivienda y trabajo. De este modo, 6 de cada 10 consideran que hay democracia cuando se garantiza el bienestar de la gente, mientras que el derecho al voto y a la libertad de expresión tienen un lugar secundario.

De estas indagaciones se concluye que el perfil de ciudadano más extendido en la Argentina es el que otorga primacía a los derechos sociales y, además, considera que los derechos deben venir del Estado. Esa percepción se acentúa cuanto más descendemos en el nivel económico-social.

El predominio otorgado a la resolución de los problemas socioeconómicos lleva a que el 49% de los encuestados afirme que “no le importaría que llegara al poder un gobierno autoritario si pudiera resolver los problemas económicos del país”. Cuanto menor es el nivel socioeconómico, mayor es la probabilidad de apoyo a una alternativa autoritaria.

Por otra parte, la población muestra un bajo nivel de conocimiento o conciencia de los derechos y los deberes que le caben en democracia. Aquí también se privilegian los derechos sociales como derechos de la persona en democracia, en detrimento de los civiles y políticos. Respecto de los deberes, el 28% menciona en primer lugar “trabajar y cuidar de uno mismo”, y sólo un 2%, “informarse de asuntos públicos”.

Esta idea de la ciudadanía, que implica una escasa valoración de los derechos políticos y civiles, se refuerza con la mirada puesta en el Estado: cinco de cada diez consideran que es el gobierno nacional quien más responsabilidad tiene de fortalecer la democracia.

LA DEMOCRACIA REPUBLICANA Y LA NACIONAL-POPULAR: El sociólogo Gino Germani distinguía dos formas de acceso a la democracia con participación total. La clásica, Llamada republicana, suponía reconocer primero los derechos civiles, luego los políticos y, finalmente, los sociales. En la segunda, propia de sociedades como la argentina, la participación total llegaba de la mano de regímenes de tipo “nacional-popular”, en los que los trabajadores negociaban directamente con el gobierno y no a través de la mediación de los partidos políticos. En estos regímenes, el Estado anticipa los derechos de ciudadanía social en desmedro de sus aspectos civiles y políticos.

OTROS CANALES DE PARTICIPACIÓN: La crisis de representación de los partidos políticos, estalló en las elecciones de octubre de 2001, y el agravamiento de la crisis económica e institucional a fines de año produjeron un alto grado de movilización, principalmente espontánea, que se canalizó a través de protestas “piquetes”, “cacerolazos” y “asambleas populares”. Frente al desprestigio de la participación política a través de los partidos, estas formas de manifestación colectiva se percibieron como la posibilidad más importante de acceder a una voz eficaz y como el síntoma más elocuente de la ruptura de la relación entre la sociedad civil y el sistema político que se estableció a partir de 1983.

Dentro de estos fenómenos, conviene distinguir las protestas de los incluidos y las de los excluidos. El primer grupo (que se concentra, sobre todo, en los “cacerolazos” y las “asambleas populares”) proviene de los sectores medios urbanos que cuestionan la legitimidad y la competencia de los dirigentes políticos, en el contexto de reclamos por algunos aspectos de la crisis económica (la indisponibilidad de fondos o la salida de la convertibilidad) y por el mal desempeño y la corrupción de los tres poderes del Estado.

El segundo grupo, el de los excluidos, proviene de los sectores populares, que plantean reivindicaciones relativas a la desocupación y a la pobreza. Su forma principal de expresión son los “piquetes”. Estos sectores no reclaman la destrucción del sistema social, sino su inclusión dentro de él, a través de la obtención de bienes concretos. Por otra parte, organizaciones como la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y la Corriente Clasista y Combativa (CCC) intentaron canalizar las demandas sociales en el contexto de una estrategia general contra la pobreza.

La política, reformada después de este derrumbe institucional, no podría prescindir de una relación madura con estas nuevas formas de expresión y sus actores, aunque no resulte una tarea fácil.

DEMOCRACIA EN AMÉRICA LATINA: El retorno a la democracia fue la buena noticia de los años 80 para casi toda la región. La ciudadanía de América Latina, desde el sur de México hasta Tierra del Fuego, volvía a las urnas para elegir a sus gobernantes. Recuperaba sus derechos después de una o varias décadas de proscripción política.

Los políticos, en tanto, volvían a tener protagonismo y, en muchos casos, debieron negociar con los militares la manera de regresar a la senda institucional. Sin embargo, no se trataba solamente de elecciones libres. La tarea de los nuevos gobiernos no sería fácil ya que la democracia iluminaba todos los rincones de las oscuras dictaduras y las violaciones de los derechos humanos pasaron a ocupar un primer plano.

Todavía en el poder, los militares habían puesto algunas condiciones al traspaso. En efecto, querían permanecer al margen de las investigaciones y sufrir el menor descrédito posible, pero el desgaste sufrido a lo largo de una o varias décadas de autoritarismo trastocó la tradicional tutela a la que tenían acostumbrados a los políticos. Los condicionamientos de la economía, por su parte, representaban un desafío similar, o mayor, en plena recuperación democrática. América Latina acumulaba una enorme deuda externa que, en pocos años, sería el detonante de varias crisis. De todas formas, el contexto global era bastante favorable.

El fin de la Guerra Fría había modificado por completo las circunstancias internacionales: Estados Unidos y la URSS ya no competían por influir en uno u otro lado. Entonces, la amenaza del comunismo ya no podía esgrimirse como pretexto para justificar nuevas dictaduras. De esta manera, a pesar de los contratiempos, todo parecía encaminarse por la senda del respeto a las instituciones. Hubo nuevos coletazos autoritarios, incluso desde el mismo poder constitucional, pero la democracia había llegado para quedarse.

Ver: Organización Política de Argentina

Fuente Consultadas:
Cuatro Décadas de Historia Argentina Dobaño-Lewkowicz
Sociedad en Red EGB 3° Ciclo 9 Año
La Enciclopedia del Estudiante Tomo 20 Historia de la Argentina
El Desarrollo Humano en la Argentina del Siglo XXI UNICEF – UNDP – Ministerio de Educación , Ciencia y tecnologíA
Revista TIME Historia del Siglo XX – América Latina de la dictadura a la democracia

Gobierno de Fernando De La Rua Resumen Politico Historia Argentina

RESUMEN GOBIERNO DE FERNANDO DE LA RUA – GANÓ LA ALIANZA

ASCENSO Y CAÍDA DE LA ALIANZA

Introducción

El 2 de agosto de 1997 se creó la Alianza para la Producción, el Trabajo y la Educación, que reunía a la Unión Cívica Radical y al Frente para un País Solidario (FREPASO). Muy rápidamente recibió el apoyo de otros partidos de la oposición al gobierno de Carlos Menem

El radicalismo había sufrido una derrota importante en 1995, pero mantenía un caudal electoral significativo a nivel provincial y municipal, mientras que el Frente había obtenido casi un 30 % de los sufragios, aunque su peso en el interior del país era muy limitado.

Desde su creación la Alianza para el Trabajo, la Justicia y la Educación intentó elaborar un discurso que apuntaba a la superación de las falencias del modelo económico y social, sin poner en riesgo ninguno de los supuestos éxitos alcanzados. Este discurso tenía enormes ambigüedades, lo que permitía que los diferentes sectores que se oponían al menemismo encontraran en él respuestas a sus distintas propuestas e intereses.

Por otra parte, en el seno de la coalición existían diferentes posiciones en tenias tan importantes como la situación de las empresas privatizadas, el grado de apertura de la economía y los cambios en el plano judicial. La mayor parte de esas desavenencias quedaba relegada a un segundo plano, el objetivo fundamental era imponerse frente al menemismo.

La Alianza tenía un organismo que se encargaba de la elaboración de un programa, el Instituto Programático de la Alianza (IPA), en el que desempeñaba un papel relevante el ex presidente Raúl Alfonsín. Pero las líneas centrales del discurso de campaña eran definidas de hecho por Fernando De la Rúa y Carlos “Chacho” Alvarez, integrantes de la fórmula presidencial, que por lo general adoptaban posturas más moderadas que las elabora­das por el IPA.2

En las propuestas de la Alianza predominaban las buenas intenciones, la voluntad de acabar con la corrupción y de ingresar a los sectores sociales postergados.

Políticas sociales y burocracia pública: intentos de cambios:

El gobierno de De la Rua intentó llevar adelante muchas de las reformas que en la administración Ménem habían quedado inconclusas. Desde los comienzos de su gobierno la Alianza propuso reformas que alivianaran las cargas que el sistema jubilatorio tenía para el Estado. Se reducía la Prestación Compensatoria para aquellos que ganaran más de 640 pesos (Clarín, 27 de diciembre de 1999).

Asimismo, el diputado Eduardo Santín reveló que existía un proyecto para reducir las jubilaciones superiores a 3.100 pesos, según un mecanismo de deducciones, con el objetivo de obtener mayores fondos y mejorar los haberes mínimos (Clarín, 3 de enero de 2000). El entonces ministro de Economía José Luis Machinea planteó que estaba trabajando en la presentación de un proyecto para eliminar los regímenes previsionales especiales y aumentar la edad jubilatoria de las mujeres (Clarín, 6 de enero de 2000). Algunas de estas modificaciones, además, formaban parte de una negociación con el Fondo Monetario Internacional.

Para mejorar la equidad del sistema, el 29 de diciembre de 2000 se dictó un Decreto por el que se reemplazaba la Prestación Básica Universal (igual para todos los beneficiarios) por. una Prestación Suplementaria que sería decreciente hasta los que se jubilaran con 800 pesos.

En la elección presidencial de octubre de 1999, la Alianza ganó con el 40% de los votos. Pero las provincias más populosas tenían gobiernos peronistas y la bancada claramente mayoritaria en la Cámara de Senadores del PJ.

Por otra parte, para proteger a algunos sectores que no estaban cubiertos, se instituía el beneficio Universal de 100 pesos para mayores de 75 años, que no tuvieran ningún ingreso ni dispusieran de propiedades, salvo la que usaran como vivienda propia. Quienes accedieran a ese beneficio recibirían también la cobertura médica del PAMI. Además, se creaba la Prestación Proporcional para mujeres mayores de 70 años que tuvieran entre 10 y 29 años de aportes, se generaba un beneficio de 10 pesos por cada año aportado, con un piso de 150 pesos.

Finalmente, el gobierno podría flexibilizar el menú de inversiones de las AFJP, estableciendo además que ninguna de ellas podría cubrir más del 27,5 % del mercado y que los que serían derivados a la Administradora que cobrara la comisión más baja. Con esta medida se buscaba incrementar los niveles de competencia y evitar el fortalecimiento excesivo de alguna AFJP.

El gobierno intentó en primera instancia realizar estos cambios por le» Cuando la iniciativa se estancó
en el Parlamento por el rechazo de un sector importante del radicalismo, encabezado por Leopoldo Moreau, recurrió a un decreto de necesidad y urgencia. No obstante, toda esa situación generó un enorme desgaste en el interior de la Alianza y la necesidad de estrechar vínculos con miembros de Acción por la República (el partido de Domingo Cavallo) y con legisladores de partidos provinciales.

Además, la crisis económica llevó a que se forzara a las Administradoras a comprar bonos del Estado, se alteró por completo la lógica del menú de inversiones que se venía produciendo hasta ese momento.

Con relación a la reforma laboral, luego de una negociación con la CGT para que se mantuvieran las contribuciones obligatorias a las obras sociales, el presidente De la Rua logró generar consensos en torno a un proyecto enviado al Congreso, que fue aprobado en el Senado una vez que le aseguró a los representantes de los trabajadores que no habría recortes en los salarios durante los dos años posteriores a la sanción de la ley.

Esta iniciativa intentaba profundizar el proceso flexibilizador que se había iniciado en el gobierno menemista. Se proponía extender el período de prueba para los ocupados, se introducían modalidades promovidas de trabajo, se descentralizaba la negociación a niveles de fábrica y se disminuían los montos de las indemnizaciones para favorecer la contratación de nuevos operarios.

Sin embargo, rápidamente se acusé a varios senadores de haber recibido sobornos para la aprobación de la iniciativa, situación que produjo fuertes divisiones en la coalición gobernante y llevó a las renuncias del vicepresidente Alvarez y el Ministro de Trabajo Alberto Flamarique . La ley tardó mucho en reglamentarse y el gobierno tuvo enorme dificultades para implementarla, al tiempo que crecían las presiones para obtener su derogación.

Además, la sospecha de pago de sobornos para la sanción de la ley, refor­zó en muchos sectores la creencia (le que seguían existiendo mecanismos corruptos para la formulación e implementación de políticas, lo cual era visto por la sociedad como una continuidad de las prácticas utilizadas por el menemismo11.

Por otra parte, el gobierno trató de profundizar la reforma del sistema de obras sociales. Como no se podía procesar los cambios por la vía legislativa, el 1° de Junio de 2000 el vicepresidente Carlos Álvarez (en ejercicio del poder porque De la Rúa estaba en el exterior) firmó el decreto de necesidad y urgencia para desregular las obras sociales, de ese modo entró en conflicto con algunos dirigentes de su partido. Si bien esa era una medida solicitada por los organismos de crédito internacionales, la inexistencia de apoyos concretos dentro de la coalición gobernante y entre los distintos actores sociales que la habían impulsado, hizo que la implementación de la inicia­tiva se volviera crecientemente dificultosa.

También en el área de la burocracia gubernamental se introdujeron modificaciones para mejorar las capacidades para la resolución de problemas y para controlar la corrupción. El programa Carta Compromiso con el Ciudadano fue creado a través del decreto 229/00 que establecía en sus considerando que uno de los objetivos del gobierno nacional era potenciar la transparencia y receptividad del Estado hacia los ciudadanos para optimizar el uso de los recursos humanos y materiales que estos financiaban a través de sus impuestos. En este sentido, el ámbito de aplicación del programa eran todas aquellas dependencias de la Administración Pública Nacional (APN) que prestaran de servicios a la ciudadanía. El decreto establecía el desarrollo de herramientas para simplificar y facilitar el seguimiento de los procedimientos administrativos. También instauraba la necesidad de contar con un sistema de información y seguimiento de la relación de los organismos con los usuarios que transparentara su desempeño y rindiera cuenta en forma periódica del nivel de prestación alcanzado a través de estándares de calidad de servicio.

El gobierno de De la Rúa continuó con la idea de mantener la práctica de asignar recursos y controlar la administración a través del mecanismo de acuerdos programa para la realización de determinadas actividades. Por ello, reglamentó estos acuerdos programa a través del decreto 103/01 que también aprobaba el nuevo Plan Nacional de Modernización del Estado.

El Plan de Modernización partía de la idea de que el problema del Estado no era su excesiva dimensión sino su forma inadecuada y buscaba mejorar su capacidad de gestión. Las reformas se basaban en tres puntos: cambio en el modelo de gestión, proyectos de modernización estructural y transparencia y política anticorrupción. El modelo de gestión por resultados y la carta compromiso con el ciudadano hacían referencia al primer pilar, esto es, el cambio en el modelo de gestión para reorientarlo hacia los resultados y los procesos de mejora continua. (Estevez y Lopreite, 2001).

La implementación de la Gestión por Resultados suponía transformar el presupuesto en una herramienta de gestión que permitiera medir los resultados alcanzados y adoptar la reingeniería de procesos para mejorar la gestión interna de los organismos.

El modelo buscaba introducir la idea de responsabilizar a los gerentes por los resultados alcanzados por la organización e iba acompañado por la aplicación de incentivos monetarios para estos administradores por el cumplimiento de las metas. En este sentido, la ley 25.152 permitía a los organismos que se incorporaran a los acuerdos programa cierta flexibilidad en la asignación de los recursos (modificaciones presupuestarias) y en las estructuras organizativas. (art. 5, inc. 3, 4 y 5).

Muchas de estas iniciativas no se pudieron aplicar a causa de la creciente inestabilidad que afectaba al Gobierno que permanentemente introducía cambios de funcionarios. También, los conflictos en el interior de la Alianza dificultaron la implementación de iniciativas en sectores claves de la burocracia estatal. En tal sentido, en áreas como las políticas sociales había una enorme fragmentación entre las diferentes secretarías. Existían más de noventa planes, con un muy bajo nivel de coordinación. Se producían continuas pujas dentro del gabinete por el control de los recursos.

POLITICA EXTERIOR

En política exterior predominaron las continuidades con el gobierno menemista. El canciller Adalberto Rodríguez Giavarini (un economista con una antigua y muy aceitada relación con De la Rua) favoreció la continuación de la intervención de tropas argentinas en misiones de paz en el exterior, formando parte de esa particular “milicia internacional”, surgida a instancias de los Estados Unidos tras la Primera Guerra del Golfo. Asimismo, la Argentina siguió votando a favor de la investigación sobre la violación de derechos humanos en Cuba, con lo que mantenía la posición sustentada en la década anterior. Esta actitud contrariaba la voluntad de los sectores ligados con Alfonsín en la Unión Cívica Radical que se inclinaban por la abstención en lo referente a Cuba.

Por otra parte, se mantuvo la idea de darle un fuerte peso a los condicionantes de la economía en las decisiones de política exterior. La designación de un economista ortodoxo como Rodríguez Giavarini al frente de la Cancillería revelaba las prioridades que tenía el Gobierno en lo referido a las relaciones del país con el resto del mundo.

Relación con los actores políticos y sociales y factores que llevaron a la caída

El gobierno de Fernando de la Rúa sufrió un fuerte aislamiento casi desde su comienzo. La carencia de apoyos concretos se vio tanto desde el punto de vista partidario como del de la relación con los diferentes actores sociales. La Alianza para el Trabajo, la Justicia y la Educación se fue desgranando a lo largo de sus dos años de gobierno, se produjo la retirada de un importante número de legisladores que pasaron a formar parte de otras agrupaciones. Inclusive los dos partidos que la integraban adoptaron posturas muy críticas hacia la gestión gubernamental.

La Alianza había surgido como estrategia para vencer al menemismo. Más allá de este acuerdo, lo que primaba era la falta de coincidencias programáticas explícitamente definidas. Esta carencia se tomó evidente cuando la Alianza alcanzó ei gobierno en las elecciones de octubre de 1999.

Existían diferentes diagnósticos sobre la situación del país entre los distintos sectores que componían la Alianza y, a partir de ellos, surgieron en el seno del Gobierno posiciones disímiles acerca de las soluciones que debían implementarse. El jefe de gabinete, Rodolfo Terragno, criticaba duramente el modelo económico vigente. Como no podía imponer los cambios que creía necesarios, terminó renunciando en octubre de 2000. Este tipo de desacuerdos y alejamiento se repitió con otros miembros originales de la coalición.

Asimismo, algunos analistas consideran que el resultado abrumador a favor de Fernando de la Rúa en la interna presidencial frente a Graciela Fernández Meijide dejó al radicalismo y al FREPASO en condiciones muy desiguales para negociar. En el momento de formar el gabinete, la fuerza liderada por Carlos “Chacho” Alvarez se quedó disconforme con la situación subordinada en que había quedado. El FREPASO solo contaba con dos ministerios y un reducido número de secretarías. Igualmente, la necesidad de darle participación a algunas organizaciones menores dentro de la Alianza dificultó en ocasiones la necesaria cohesión para tomar decisiones, que requerían un fuerte apoyo político.

El gobierno aliancista no logró establecer buenas relaciones con ningún sector del sindicalismo. En primer lugar, se plantearon importantes diferencias con el Congreso de los Trabajadores Argentinos, la organización gremial más afín a la administración en el ámbito gremial, del cual provenían algunos diputados. A medida que el gobierno fue anunciando sus diferentes políticas, el CTA fue tomando distancia. Esta tendencia se profundizó tras el recorte de los salarios estatales, el proyecto de reforma laboral del entonces ministro de Trabajo Alberto Flamarique, y posteriormente con la llegada de Domingo Cavallo al Ministerio de Economía.

La CGT disidente, encabezada por el camionero Hugo Moyano, tuvo también una postura claramente opositora. Este sector del sindicalismo, que había tenido frecuentes reuniones con Raúl Alfonsín en el último tramo del gobierno menemista, endureció su posición frente a la administración de De la Rúa, convocó a paros generales y a movilizaciones de repudio a las medidas gubernamentales.

Por su parte, los sindicalistas de la CGT oficial, conocidos como “los gordos”, establecieron negociaciones con el gobierno en circunstancias como el tratamiento de la reforma laboral. Pero en general mantuvieron una actitud opositora. Muchas de las iniciativas de la ministro de Trabajo Patricia Bullrich, referidas al manejo de los gremios y a la gestión de las obras sociales, fueron rotundamente rechazadas por estos sectores, que no querían perder capacidad de negociación en temas centrales para sus intereses.

Con relación a los grupos empresariales y en especial los ligados al sector financiero, el gobierno de De la Rúa obtuvo el apoyo para muchas de sus iniciativas destinadas a alcanzar el equilibrio presupuestario o bien a introducir reformas orientadas al desarrollo del mercado en relación con las políticas sociales. Sin embargo. las divergencias existentes dentro de la coalición gobernante y el permanente intento presidencial por alcanzar amplios consensos, llevaron a que los empresarios tampoco adoptaran un papel muy activo como soportes de las políticas oficiales.

El estilo de gobierno del De la Rúa fue señalado también como causa de su progresiva pérdida de legitimidad. En primer lugar, De la Rua no ejercía el liderazgo indiscutido sobre la UCR. De hecho, su candidatura por la Unión Cívica Radical para las internas de la Alianza en 1998, se relacionó más con la falta de otros candidatos, que con su capacidad para convertirse en un dirigente capaz de generar importantes corrientes de identificación con su figura e ideas.

Por otra parte, numerosos sectores de la Alianza consideraban que el presidente se alejaba de los postulados de la coalición. Lo criticaban por no escuchar los reclamos que sus aliados políticos le formulaban, estando excesivamente influenciado por un círculo de colaboradores en el que se destacan sus familiares más cercanos, que en muchas ocasiones no seguían los lineamientos impulsados por la Alianza.

Justamente, muchos de sus críticos hacían hincapié en la forma en que De la Rúa tomaba decisiones, resaltaban que demostraba un alto nivel de desconfianza hacia la mayoría de los que lo rodeaban. Por ello, quedaba demasiado expuesto a la opinión de los pocos a los que escuchaba. Remarcaban su meticulosidad y el hecho de que quería supervisar puntualmente todas las iniciativas, por lo que el proceso decisorio se volvía extremadamente lento y complejo.

A diferencia del estilo que caracterizó a Carlos Menem, Fernando de la Rua prefirió adoptar otro, basado en la búsqueda de consensos, lo que le quitaba dinamismo. Además, para muchos, De la Rúa era un presidente débil porque muchas iniciativas anunciadas públicamente no se llevaban a la práctica por presiones de los grupos afectados. La debilidad del presidente se hacía visible, los propios miembros de su gabinete lo contradecían o criticaban con dureza. Un ejemplo muy claro en este sentido fue el del ministro de Desarrollo Social Juan Pablo Cafiero, el cual no solo tomó decisiones como la de mantener un diálogo con los piqueteros de Salta sin consultar con el presidente, o formuló duras críticas a algunas de las iniciativas oficiales, sino que incluso declaró que en el entono de Fernando de la Rúa se reunían con mafiosos que frecuentaban la Casa Rosada, sin que el presidente le pidiera explicaciones.

Había, por otra parte, tina actitud bastante agresiva por parte del justicialismo, que eligió presidente de la Cámara de Diputados al peronista Eduardo Caamaño y presidente provisional del Seriado a Ramón Puerta. Se planteaba una situación compleja porque no había Vicepresidente debido a la renuncia de Alvarez. Por lo tanto, cada vez que el presidente De la Rúa se ausentara del país, su lugar sería ocupado por un político de la oposición en virtud de la Ley de Acefalía.

También hubo maniobras de algunos sectores del peronismo que conspiraron contra la gobernabilidad. Por ejemplo, la presunta participación de algunos intendentes justicialistas del conurbano bonaerense en las movilizaciones que terminaron en saqueos a supermercados y otros comercios minoristas fue documentada en los medios de comunicación y complicó manifiestamente la continuidad del gobierno delarruísta.

De hecho, se produjo una ruptura de la coalición gobernante, que se sumó a un retaceo de apoyo por parte de importantes sectores del radicalismo. El gobierno sufrió en las elecciones de octubre de 2001 la paradójica situación de no tener candidatos que apoyaran abiertamente la gestión oficial. Por el contrario, hubo candidatos de la Alianza, como Terragno, que impugnaban la mayoría de las decisiones que se estaban adoptando. El incremento de los votos nulos, la abstención y el voto en blanco, que dieron lugar a lo que se denominé el fenómeno del ‘<voto bronca”, marcaron con claridad el descontento de un sector importante de la sociedad frente a las alternativas que se presentaban.

Tras las elecciones, el peronismo quedó consolidado como primera fuerza., lo que complicó aún más la debilitada situación del gobierno. El PJ no contribuyó a la gobernabilidad, por el contrario aprovechó las limitaciones que el gobierno delarruísta tenía en ese momento para ocupar posiciones de poder.

Cuando Cavallo, con el “corralito”, confiscó los depósitos bancarios afectó en forma directa a los sectores de clase media que reaccionaron con cacerolazos y otras Formas de protesta. Todos estos factores desembocaron en dos fenómenos que se potenciaron mutuamente: una crisis político institucional y la crisis en las calles. Esta combinación provocó tras los violentos episodios en la Plaza de Mayo el 20 y 21 de diciembre de 2001 la renuncia del presidente.

En su discurso del 20 de diciembre, De la Rúa declaró el estado de sitio y ordenó la represión. Amplios sectores de la sociedad reaccionaron haciendo sonar sus cacerolas y marchando hacia el domicilio del ministro Domingo Cavallo, la Quinta Presidencial y la Plaza de Mayo. Su descontento ya se había manifestado en las elecciones legislativas de octubre con el voto bronca”. La falta de respuestas por parte del gobierno profundizó el descontento de la población y provocó finalmente su caída.

Es importante remarcar como elemento característico de esta crisis el proceso de vaciamiento de poder que se fue produciendo. Este proceso no solo dificulté la aplicación de medidas necesarias para la recuperación del país le quitó al gobierno mecanismos para sostenerse. La posición adoptada por el Partido Justicialista que se negó a conformar un gobierno de coalición, o como se lo denominé de “Salvación nacional”, fue un factor significativo. En esta visión las manifestaciones populares fueron un componente en el proceso de caída del gobierno, pero no el determinante. Lo decisivo fue la debilidad de la coalición oficialista.

A modo de conclusión

En cuanto a las dificultades que afronté la Alianza para consolidarse, puede señalarse la falta de una clara definición programática. También la ausencia de estructura partidaria en el FREPASO ayudó a que buena parte de sus dirigentes no pudieran contener la salida hacia otros horizontes políticos. Esta carencia de contención partidaria se plasmé en la creación de agrupamientos políticos que rechazaban las continuidades existentes con el menemismo por parte del gobierno aliancista, entre los que se pueden mencionar Alternativa para una República de Iguales (ARI), encolumnado tras la ex radical Elisa Carrió, y el Polo Social, que presentó la candidatura en la Provincia de Buenos Aires del sacerdote Luis Farinello. Por su parte, algunos sectores se manifestaron solidarios con las experiencias piqueteras de acción directa.

Fernando De la Rua no conté con el apoyo contundente de su propio partido, situación que se vio agravada por el proceso de disgregación que sufrió el FREPASO.

Además, el Gobierno no pudo establecer vínculos fuertes con los distintos actores sociales. Respecto de los trabajadores, incluso perdió las buenas relaciones que tenia con la Central de Trabajadores Argentinos, de la cual provenían algunos de sus legisladores y funcionarios, como Alicia Castro y Mary Sánchez. A medida que el gobierno fue proponiendo su plan económico, la CTA se fue distanciando cada vez más.

Desde el punto de vista económico, la convertibilidad era incompatible con el rechazo del recorte del gasto público, con la flexibilización de importan res áreas de la economía o con el incremento del ahorro interno a partir de la expansión del sistema de capitalización previsional.

El resultado de esta tensión fue la profundización de los desequilibrios que presentaba el sistema productivo, acompañado de un proceso de fuga de capitales que disminuyó las reservas internacionales del país. y el cierre de los mercados para el acceso al crédito, reflejado en el constante aumento en el índice de riesgo país a lo largo del año 2001.

Por ello, la crisis económica fue incrementándose a lo largo de los dos años de administración, siendo sus aspectos más sensibles la caída del consumo y el decreciente ritmo de la actividad económica. Por otra parte, la agudización de los problemas de empleo y de incremento en los índices de pobreza e indigencia produjo la erosión de la popularidad del gobierno.

Por último, la Alianza tampoco logró terminar con la corrupción y dotar de mayor transparencia al sistema político. Las denuncias de irregularidades en el PAMI, la ocupación de cargos públicos por parte de familiares de los principales dirigentes aliancistas y el escándalo producido tras la aprobación de la reforma laboral, que derivó en la renuncia del vicepresidente Carlos Álvarez, provocaron la sensación de desconfianza y de frustración. Este rechazo no se limitó a los miembros del partido gobernante, sino que se extendió a los políticos en general, lo que dio lugar a su identificación como “casta privilegiada” y generó un reclamo de renovación en las prácticas políticas que se popularizó a partir del pedido “que se vayan todos”.

Sin embargo, las elecciones de 2003, tanto en el ámbito nacional como en el provincial o municipal, no presentaron sorpresas. Se consolidaron en las principales candidaturas, políticos experimentados que ya habían ocupado cargos importantes, generaron poca adhesión aquellos que se identificaban con la “nueva política” enfrentada con los tradicionales aparatos partidarios .

Notas al pie

(1) La diversidad ideológica dentro de la Alianza era tal que coexistían en ese espacio político dirigentes del Partido Comunista y representantes de un partido de centro derecha como Rafael Martínez Raymonda o Alberto Natale, que anteriormente habían apoyado las candidaturas presidenciales de Alvaro Alsogarav en 1989 y de Carlos Menem en 1995.

(2) Los desacuerdos en torno de algunas de las propuestas formuladas por el IPA y rechazadas por el binomio De la Rua y Alvarez, y el rol subordinado en que iba quedando el Instituto, motivaron que Alfonsín decidiera renunciar a su dirección poco tiempo antes de las elecciones.

(3) Durante la discusión de la iniciativa en el Senado, el gremialista Hugo Moyano comentó que el entonces ministro de Trabajo Alberto Flamarique le había dicho que a los senadores los manejaba con la tarjeta Bandeo. Posteriormente a la sanción en la Cámara Alta se produjo una declaración a la periodista del diario La Nación Fernanda Villosio de un supuesto arrepentido que relataba que se habían producido sobornos a senadores para la aprobación de la ley’, con dinero proveniente de fondos reservados de la Secretaría de Inteligencia del Estado.

El hecho de que los principales imputados en esa maniobra (Flamarique y De Santibáñez) no fueran desplazados del Gobierno, sino fortalecidos, provocó la reacción del vicepresidente Alvarez y su posterior renuncia. El caso de los sobornos en el Senado no fue aún resuelto por la justicia, por lo que se desconoce la veracidad de las imputaciones del supuesto arrepentido.

El hecho de que un miembro del FREPASO como Flamarique estuviera implicado en la denuncia de corrupción. se sumaba a las anteriores imputaciones realizadas a funcionarios de esa agrupación como Tonietto en el PAMJ y el profesor de tenis de Fernández Meijide. Se lesionaba de ese modo la credibilidad de un partido que se había fortalecido a partir de frecuentes denuncias sobre la falta de transparencia en materia administrativa.

Fuente Consultada: Cuatro Décadas de Historia Argentina
Palmira Dobaño – Mariana Lewkowicz

PARA SABER MAS….Como ampliación del tema publicamos una nota en El Bicentenario Fasc. N° 10 período 1990-2010 a cargo de Gabriel Rafart , periodista.

1999 es un año de moderado optimismo político frente a la posibilidad de poner fin a diez años de populismo neoliberal encarnado por Carlos Me-nem. Algo inédito ocurre. Desde el nacimiento de los dos grandes partidos en la Argentina el peronismo nunca tuvo oportunidad de transferir el poder presidencial a un candidato de
otro color político sin que mediara una salida castrense. Además por segunda vez el peronismo fue derrotado en elecciones limpias.

En los comicios del 24 de octubre de 1999 de la Rúa y Alvarez se impuso sobre Eduardo Duhalde y Ramón Ortega. La Alianza obtuvo 7.590.034 sufragios. El P.J. sumó 5.476.635 votos.

Quienes acceden al poder forman parte de una coalición que dio ¿H sus primeros pasos en 1997. Las principales fuerzas reunidas son los radicales y frepasistas. La Alianza UCR-FREPASO había sido lan-Pzada en agosto de 1998 con la presentación en sociedad de la Carta a los Argentinos. “Vamos a cambiar el Irumbo. Creemos en la Argentina como un destino común y solidario, organizada como una república democrática moderna y gobernada por funcionarios y mandatarios capaces y honestos.

Nos proponemos la eficiencia para aumentar la equidad. Queremos una sociedad abierta para ser más fuertes como Nación” decía la Carta. Meses después en noviembre de 1998 se llevaron a cabo las primarias abiertas de la coalición política para definir el candidato a presidente. Se impuso el poco carismático y radical moderado Fernando de la Rúa.

El arribo de la Alianza al gobierno promete demostrar que es posible la convivencia de un vice con un estilo y pensamiento divergente al del presidente. A la presencia de dos figuras distintas compartiendo de manera civilizada la cabeza del ejecutivc se la identifico como presidencialismo de coalición. No son pocos quienes considerar que con este tipo de presidencialismo se acabaran los males de nuestra escasa ineficacia gubernamental y aún más, la democracia se vera reforzada. La otra ventaja es el cierre del capitulo bipartidista en la Argentina y el inicio de las grandes ce ediciones. Otros, en cambio, consideran muy difícil dicha convivencia.

El 10 de diciembre de 1999, jura como nuevo presidente de la República Fernando de la Rúa. Lo hizo a las doce menos veinte en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno. Su mandato debe finalizar en 2003. La UCR, apesar de ser socio igualitario del Frepaso se quedó con ocho de los diez ministerios.

Paradójicamente De la Rúa arma un Gabinete con figuras políticas adherentes al “modelo” que según la “Carta de los Argen-I tinos” se propone desterrar. Ricardo López Murphy, en la Cartera de Defensa, Juan José Llach, en Educación son hombres ligados al pensamiento neoliberal. Al frente del Ministerio de Economía fue nombrado José l Luis Machinea, quién pertenece a una corriente desarrollista propia del radicalismo histórico. Rodolfo Terragno es designado I Jefe de Gabinete, mientras Federico Storani ocupa la cartera de Interior.

Desde el día de la victoria en las urnas, De la Rúa realizó contundentes declaraciones acerca de poner punto final a los privilegios del poder y la impunidad que corroía al Estado. En su carácter de Presidente el discurso se alza sobre el “modelo”. “No vengo a emprolijar modelos sino a que entre todos luchemos por un país distinto. El 24 de octubre los argentinos expresamos una firme vocación de cambio.

Ese cambio supone, en primer término, una estricta vigencia de los valores que deben estar necesariamente vinculados al estilo de gestión de los intereses públicos: la transparencia, la honestidad, la austeridad, la lucha contra cualquier forma de corrupción, la convicción profunda de servir a la gente y no a sí mismo o a grupos privilegiados a la sombra del poder, serán un presupuesto insoslayable de mi gestión”.

Al asumir el nuevo Presidente ofrece un panorama sombrío de la “herencia” de diez años de gobierno de Carlos Menem. “Hoy asumo la Presidencia de la Nación sin que se haya aprobado el Presupuesto para el año 2000. El gobierno que hoy concluye su gestión vivió el efecto de años de crecimiento global. Reformó el Estado privatizando empresas públicas, tuvo estabilidad monetaria mediante la convertibilidad, y en rigor debió entregar el país con las cuentas ordenadas.

En cambio, hay un enorme déficit presupuestario alejado de la Ley de Convertibilidad Fiscal votada por este Congreso, el endeudamiento de las provincias creció ante la indiferencia del poder central que se desentendió de ellos, la obra social de los jubilados fue derrumbándose a punto de arriesgar sus prestaciones, la ANSeS carece de recursos suficientes, se multiplican los juicios contra el Estado …” y remataba diciendo “La situación es grave”.

El Presidente sabía de lo que hablaba. La recesión de la economía lleva su segundo año consecutivo provocada por la caída de las exportaciones y el alto endeudamiento del país. El déficit fiscal superaba los 7.000 millones de dólares. La deuda externa, tanto pública como privada ronda los 170.000 millones de dólares. La desocupación superaba el 14 % por ciento y la subo-cupación oscilaba en un 20 %. Más de un tercio de la población tiene serios problemas de trabajo. La pobreza campeaba en gran parte del país y la brecha entre las familias más ricas y los más pobres es abismal.

Fuente: El Bicentenario Fasc. N° 10 período 1990-2010 a cargo de Gabriel Rafart , periodista.

El Fraude Electoral Caudillos Electorales La Elecciones Nacionales

El Fraude Electoral en las Elecciones Políticas

Origen de la Oligarquía La Semana Trágica Grito de Alcorta Reforma Universitaria

ELECCIONES Y FRAUDES
LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y EL PODER

Entendemos por partido político aquella agrupación de personas constituida en torno a un plan o programa común destinado a aplicarse en la vida política, social y económica de un país a través del ejercicio del poder o desde la oposición. Hacia 1890 la vida de las agrupaciones políticas era mucho menos orgánica que en la época actual. Un partido era una simple reunión, no siempre coherente ni duradera, de gente simpatizante con una ideología, con un caudillo o con un, grupo de dirigentes.

LA VIDA POLÍTICA ARGENTINA DURANTE El, SIGLO XIX. De hecho, la vida política estaba regida por minorías que pugnaban por el poder o lo poseían. Como se señaló más de una vez en muchos casos el objetivo supremo de esa lucha fue el poder y. en su beneficio, los principios e ideas fueron dejados de lado.

Esta afirmación explica las frecuentes alianzas entre grupos al parecer irreconciliables, los acuerdos, las uniones electorales, etc. La mayoría de los partidos carecía de principios ideológicos claramente definidos. En general, eran tendencias que variaban con el tiempo, aunque coincidían en ciertos asuntos fundamentales.

ELECCIONES Y FRAUDE. Sólo grupos minoritarios tomaron parte real en la vida pública. En las elecciones legislativas celebradas en la ciudad de Buenos Aires en 1864 —que entonces contaba con 160.000 habitantes— hubo 3.074 votantes inscriptos; de ellos, concurrieron a las urnas 2.882.

La violencia y el fraude —generalmente ejercido con el concurso de la autoridad local— eran una constante de la vida política. Este vicio, arma favorita de los clubes políticos (luego llamados comités) se acentuó en las últimas décadas del siglo XIX, contribuyendo a crear los factores que llevaron al estallido de 1890.

El control de los cargos de gobierno
Uno de los recursos en los que se basó el funcionamiento del sistema de gobierno oligárquico fue el control del acceso a los cargos de gobierno y a  la administración. Eran los miembros de la clase gobernante quienes —a través del Partido Autonomista Nacional elegían a las personas destinadas a ocupar los cargos y a cumplir una especie de carrera: diputado nacional, senador nacional, ministro del poder ejecutivo nacional, gobernador, y presidente o vicepresidente.

El grupo de la clase gobernante que había ocupado todos o el mayor número de estos cargos controlaba la sucesión presidencial. En la práctica, la elección de cada nuevo presidente la realizaba el presidente saliente con el consejo de aquellos que ocupaban los cargos de gobierno más importantes.

Elección de Diputados Nacionales en Capital Federal
Elección de Diputados Nacionales en Capital Federal

Insulsas, desanimadas, soñolientas y aburridas resultaron las elecciones del domingo. Parecía como si la gente, preocupada por las triquiñuelas entre el doctor Yofre y el Intendente, no pensase en otra cosa. Los atrios no olían á pólvora, sino A fastidio. De ellos, como Bullrich cuando ahora se refiere al municipio, podía decirse: »No hay ni una rata».
El fenómeno es digno de tenerse en cuenta: los desocupados que suelen asistir á los remates campestres cuando se les ofrece un almuerzo a la criolla, no quisieron asistirá las elecciones de Flore» donde estaba preparado un respetable y suculento asado con cuero.

En Balvanera. la parroquia batalla dora y bochinchera en otros tiempos, no ocurrid cosa digna de recordarse; por no haber nada no hubo ni votantes siquiera. En San Cristóbal votaron 1617 ciudadanos, batiendo el record de las elecciones, en todos sentidos. Como en los teatros donde hay poca comparsería, entraban por un lado y salían por otro los votantes, siempre los misinos, formando algo así como una serpiente que se muerde la cola. Tal lo aseguran testigos respetables, á quienes hay que creer porque no eran ni volantes ni candidatos.

En San Bernardo, en San Carlos, en la Piedad, en San Juan Evangelista, en San Telmo, en el Socorro, en San Nicolás, en Monserrat, en toda partes ocurrió lo mismo.

Todas y cada una de las parroquias parecían remedo de las sesiones que celebra la comisión encargada del recibimiento de Campos Salles: todo el mundo , bostezaba; la soledad de dos ó más escrutadores en compañía era capaz de aburrir á un cartujo.

A pesar de ello, el fraude fue superior a de años anteriores. Es un progreso que debe tenerse en cuenta: 16618 votantes figuraron é hicieron triunfar á los candidatos del acuerdo. La gente  echaba de menos melancólicamente tos buenos tiempos en que se andaba á balazos, y el que más y el que menos sentíase con vocación de sangrador en los atrios. —Antes había partidos—decían algunos:—partidos políticos antes de las elecciones y partidos por el eje después de ellas. Hoy no queda nada de eso.

El fraude electoral:
El otro recurso en el que se basaba el funcionamiento de este sistema de gobierno fue el fraude electoral. A partir de 1880, la clase gobernante mantuvo las reglas de la democracia política: convocó a elecciones en el orden nacional, provincial y municipal; y, como desde 1863, las sucesivas leyes electorales nunca restringieron el derecho de sufragio de los ciudadanos sobre la base de una determinada capacidad económica o cultural.

Sin embargo, el gobierno controlaba los comicios interviniendo de diferentes formas en el momento de la emisión del voto por parte de los ciudadanos. Intervenía en las comisiones empadronadoras que conformaban el registro electoral y —con las ventajas que le daba el hecho de que el voto era voluntario y no era secreto— organizaba el voto colectivo, el voto doble, la repetición del voto y la compra de sufragios.

Por estos medios, aseguraba que los representantes elegidos para integrar las asambleas legislativas fueran personas que estaban, de acuerdo con el gobierno.

Los caudillos electorales actuaban en todos los distritos, en la campaña y en las ciudades. Eran instrumentos necesarios. Algunos testimonios evocan al caudillo como un arquetipo de lealtad hacia su protector; otros como un hombre de lealtades difusas y cambiantes que combinaba, según la circunstancia, el apoyo con la amenaza.

El caudillo electoral desplegaba su acción ofreciendo servicios, pactando acuerdos cambiantes, haciendo presente su disconformidad mediante la sustracción de sufragios de una lista cuando sobrevenían arreglos previos no del todo satisfactorios. Según testigos de la época, uno de estos caudillos —Cayetano Ganghi, un italiano y comerciante de libretas cívicas que sirvió a los grandes de Buenos Aires— le dijo a Roque Sáenz Peña: “Roca es un poroto a mi lado. Tengo 2.500 libretas.” Según estos testigos, él inventaba la nacionalización de ciertos extranjeros —entre quienes tenía un gran prestigio—, y recogía sus libretas y las catalogaba y acumulaba pacientemente.

Fragmento Tomado de Natalio Botana, historiador argentino contemporáneo, El orden conservador

CRÓNICA DE LA ÉPOCA
EL FRAUDE ELECTORAL DOMINA LA ESCENA POLÍTICA DE LA DÉCADA

Las elecciones complementarias de diputados nacionales se han efectuado ayer en la provincia de Buenos Aires sin que el más fuerte partido opositor se hiciera presente. Comprobada en las del 6 la inutilidad del esfuerzo contra la coacción oficial, el radicalismo desistió de someterse a esta nueva prueba, y dejó que el partido gobernante se adjudicara sin dificultad votos que, de cualquier manera, no alterarán el resultado inevitable de comicios sin garantías.

Ante situaciones exactamente iguales, la oposición de otras provincias -como los mismos radicales en Santa Fe y los liberales en Corrientes- declararon que concurrirían a las elecciones de ayer con el único objeto de documentar el fraude y obligar al oficialismo a poner en juego sus recursos ilegítimos. Esta es la conducta que, en nuestro concepto, se debe seguir, por las razones permanentes que más de una vez hemos expuesto y en las que ha de confiarse para un futuro restablecimiento del orden institucional.

Tal discrepancia, entretanto, no podría significar, en el caso de Buenos Aires, ninguna atenuación del juicio severo que merecen las demasías gubernativas que han puesto a la oposición de esa provincia en la imposibilidad de aproximarse a las urnas. Los métodos de intimidación allí empleados de algunos años a esta parte fueron perfeccionados por la reforma de la ley electoral que suprimió prácticamente el voto secreto -establecido, en principio, por su artículo 1°- al eliminar la cláusula que prohibía a los electores presentarse en el local donde funciona una mesa receptora de votos, exhibiendo su boleta de sufragio.

En las elecciones nacionales no se les puede exigir que las exhiban; pero esa restricción legal no tiene ninguna importancia para lo hombres de acción a quienes se confía la tarea de impedir que la voluntad popular se manifieste libremente. Tanto en el orden local como en el nacional, las elecciones bonaerenses se efectúan bajo el mismo régimen de arbitrariedad implacable.

El grado de crudeza a que llegan esos procedimientos; la falta de disimulo con que, en las puertas mismas de la Capital Federal, se producen actos que hasta hace poco tiempo habrían parecido inauditos, son de una evidencia pública tan definitiva que resultaría ocioso detenerse una vez —as a caracterizarlos.

Se fueron agravando a medida que se comprobaba su impunidad, certificada por el sugerente silencio de las autoridades federales. Hoy ya constituyen un sistema riguroso, cuyos usufructuarios se sienten cada día más satisfechos de sus resultados y más dispuestos a extender su aplicación. Buenos Aires retorna, decididamente, hacia la edad de oro de las unanimidades legislativas y las elecciones canónicas. La oposición abandona los comicios y al Gobierno le falta poco para disponer de la totalidad de las bancas en la Legislatura.

Por mucho que se haya retrogradado durante los últimos seis años en materia de cultura política, parece llegado el momento de preguntar si es admisible que semejante anormalidad se prolongue, convirtiéndose en régimen ordinario lo que al comienzo se pretendió disculpar como transitorio expediente rusticado por las exigencias de una hora de transición. La responsabilidad de esta crisis, que afecta el decoro de nuestro pueblo y nos disminuye moralmente, en una hora tan difícil de la historia del mundo, no podría ser limitada a los ejecutores inmediatos de las irregularidades electorales. Sería imposible rehuirla, sobre todo cuando no se trata sólo de elecciones provinciales, sino de las correspondientes al Congreso de la Nación.

El gobierno federal no puede desentenderse de la forma en que ellas se efectúen, convirtiendo en sus árbitros inapelables a los gobernadores de provincia. Tanto menos cuanto que esa tolerancia sólo se extiende a los gobernadores bienquistos en la Casa Rosada, como bastaría a demostrarlo el ejemplo contrario de San Juan.

La tenaz esperanza popular en el restablecimiento más o menos próximo de la normalidad supuso que el cambio de gobierno determinaría un progreso hacia ese rumbo. Nadie creyó discreto esperar una rectificación brusca que restableciera de la noche a la mañana el imperio de la legalidad.

Pero se confiaba en una reacción moderadora, que empezara por corregir, cuando menos, los alardes de desprecio por las formas. Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes y otras provincias acaban de probar que nada ha cambiado. Hay interés por saber si quienes pueden impedirlo admiten que tal sea la suerte definitiva de nuestras instituciones.

Fuente Consultada:
Historia 3 La Nación Argentina e Historia Argentina y Contemporánea Alonso-Elizalde-Vázquez
La Nación 135 Años Testimonios de Tres Siglos