Educacion Militar

El Rol del Estado en la Educacion Influencia y Atribuciones

La Educación Entre la Sociedad y el Estado

Comenzamos este post, con una parte de un discurso pronunciado por Domingo F. Sarmiento en el acto de la colocación de la piedra fundamental de la Escuela de Catedral al Norte, el 21 de mayo de 1859.

domingo sarmiento
Domingo Faustino Sarmiento fue el principal impulsor de la organización de un sistema educativo de alcance nacional.

…Arquímedes no había inventado ni el tornillo ni la palanca, que pertenecían a Dios y a la humanidad. Él sólo había observado la fuerza que poseían y la preconizaba en vano a sus compatriotas.

La escuela es, en lo moral, lo que la palanca de Arquímedes en lo físico: el más vulgar y conocido mecanismo humano, la más colosal de las fuerzas aplicadas a la materia o a la inteligencia. Pero esta palanca carecía en América de apoyo. Donde se ha intentado ponerla, el suelo se ha hundido y la potente fuerza ha quedado neutralizada.

En la tierra que ocupan veinticinco millones de seres que hablan nuestra lengua, ésta es la primera vez que un puñado de padres de familia se reúne a poner la piedra fundamental para la erección de una escuela, sobre esos cimientos que basian para apoyar sobre ellos la palanca omnipotente.

…La escuela es el secreto de la propseridad y el engrandecimiento de los pueblos!….

Respecto a esta afirmación, en donde la educación es el motor de crecimiento de un pueblo y de la Nación, ya no hay dudas, pero ¿cuales son las áreas de competencia específica del estado?.

¿Hasta que punto corresponde al Estado intervenir en la vida de la soceidad?.¿Cuales son las funciones que el estado no debe delegar?.

Estos y otros temas relacionados son discutido cotidianamente con quienes tienen responsabilidades de gobierno y por distintos actores sociales de la cultura.

El papel del Estado en la educación
El Estado ha sido un actor relevante en la difusión de la educación durante el último siglo. Sin embargo, desde distintas perspectivas, a veces se cuestiona su papel.

Se argumenta, por ejemplo, que no es necesario delegar la función educativa en el Estado, puesto que hay distintos agentes –como la familia o las asociaciones comunitarias- que pueden desempeñarla adecuadamente.

Otro de los argumentos frecuentes contra la participación del Estado en la educación se apoya en la posibilidad –por parte del Estado– de impedir cambios en la sociedad, ya que el Estado organiza las funciones educativas para mantener un determinado orden político y social. Sabemos que a través de una institución como la escuela, no sólo se imparten conocimientos técnicos, sino también valores, visiones del mundo, maneras de organizar el pasado y el presente.

Entonces, sostienen los críticos, la intervención del Estado podría afectar la capacidad de libre discernimiento de las personas.

Es cierto que el control de la escuela por parte de un Estado autoritario afecta la libertad de pensamiento, en tanto transforma esta institución en un espacio de adoctrinamiento, de difusión de una única visión de la realidad.

En cambio, en un Estado democrático, en el que las instituciones están conformadas por representantes del pueblo y expresan las diferencias existentes en esa sociedad, el papel del Estado en la educación es difícil de cuestionar.

Es cierto que el control de la escuela por parte de un Estado autoritario afecta la libertad de pensamiento, en tanto transforma esta institución en un espacio de adoctrinamiento, de difusión de una única visión de la realidad.

En cambio, en un Estado democrático, en el que las instituciones están conformadas por representantes del pueblo y expresan las diferencias existentes en esa sociedad, el papel del Estado en la educación es difícil de cuestionar.

En este caso, no es un grupo minoritario, sino la misma sociedad –a través de representantes– la que decide cómo se organizará el sistema educativo, qué contenidos, qué metodología y qué recursos son prioritarios en la enseñanza, cómo se integran las distintas perspectivas y cómo se respeta la diversidad de creencias.

Por otro lado, un sistema democrático permite la creación de instituciones educativas privadas, que pueden impartir -además de los contenidos básicos acordados por el conjunto de la sociedad- otras enseñanzas que interesen al grupo o al sector que sostiene esa institución; por ejemplo, principios religiosos o la lengua de una determinada comunidad.

En general, en los países democráticos contemporáneos hay un ciclo mínimo de obligatoriedad de la enseñanza, que se debe cumplir en una institución formal.

En un contexto democrático, las decisiones sobre la necesidad de un ciclo obligatorio y sobre los contenidos que se deben enseñar en las escuelas no son arbitrarias. Son el resultado de la discusión y el acuerdo del conjunto de la sociedad.

Veamos ahora un poco de historia, tomado del libro de Sergio Grimozzi, «Fracaso Escolar», ¿por que se quedan los que se quedan?, Editorial Bonum.

La significación de la escolarización durante el siglo XIX
A partir de la segunda mitad del siglo XIX comienza, dentro del país, el fortalecimiento de un Estado a través de la definición de las fronteras territoriales, la organización del ejército y de los poderes públicos.

El sistema educativo se constituye como uno de los pilares de ese Estado en formación para garantizar su consolidación. La Constitución Nacional de 1853 establece, precisamente, el derecho de enseñar y educarse como una responsabilidad de los gobiernos provinciales.

La significación que los estamentos políticos le asignan a la educación en aquel entonces pasa por el progreso de la nación a través de la educación de los inmigrantes. La Argentina debe ser una república civilizada, aunque, debido a la curiosa contradicción del sistema político conservador, en sus mismos inicios el sistema ya cuenta con numerosos excluidos: solamente un 20% de los niños en edad escolar asisten a la escuela.

Es evidente que la Argentina es un país grande pero escasamente poblado, y que necesita un crecimiento rápido de su población. Aunque, asimismo, es imperativo moldear a los habitantes en la cultura del trabajo y del orden a través de una «educación común», como la que propugnaba Domingo Faustino Sarmiento.

En esta escuela pública, destinada por igual a varones y mujeres, en la que recibían instrucción elemental, moral y buenas costumbres, el Estado debía garantizar sus fines y hacerse cargo de su funcionamiento y conducción.

A través de la influencia europea y norteamericana, Sarmiento establece las bases de una educación popular que apuesta a la escuela primaria obligatoria. Es un hombre convencido, a diferencia de Alberdi, de que la educación es la herramienta decisiva para lograr la transformación del país, garantizando el progreso nacional dentro de un sistema democrático.

A través de la aprobación de la Ley de Educación de la Provincia de Buenos Aires, Sarmiento logra establecer la educación común, gratuita y obligatoria, y la obligación de los padres a instruir a sus hijos, legalizando la corresponsabilidad educativa.

Asimismo, se definen autoridades educativas y la creación de un consejo de educación que controla escuelas, nombra maestros, garantiza el cumplimiento de leyes, estimula la asistencia de los niños a la escuela y administra los fondos económicos. Se generan distintos tipos de escuelas: particulares, de adultos, jardines de infantes, etc.

Se reglamentan las escuelas normales para homogeneizar también los valores y contenidos a impartir en las aulas, y se promueve la actividad con un curioso principio utilizado por el mundo empresarial en la actualidad: un incentivo de becas para los estudiantes, que quedan obligados a ejercer la profesión docente por cuatro años una vez recibidos, como contraprestación de la inversión puesta en ellos por el Estado.

También se prohiben los castigos corporales, con las consecuencias imaginables para la época en cuanto a una nueva significación respecto de la formación disciplinaria.

El Congreso Pedagógico Internacional (año 1882) intenta convocar a un debate sobre contenidos educativos, financiamiento educativo, obligatoriedad de la escolarización y las competencias de la Iglesia en la organización educativa.

Estos debates, llevados a cabo por la llamada «generación del ochenta», derivan posteriormente en la Ley de Educación Común N° 1.420 (año 1884).

Dicha ley fue el principal instrumento legal para expandir el sistema educativo sobre los principios de la enseñanza universal, obligatoria, integral, graduada, laica y gratuita. Su aplicación fue facilitada por la denominada Ley Láinez (Ley 4.874, año 1905), sancionada con el fin de que el Consejo Nacional de Educación procediera a establecer, en las provincias que lo solicitaran, escuelas primarias.

De esta manera, sobre el final del siglo se produce la transferencia al Estado de funciones que anteriormente eran patrimonio de corporaciones religiosas, étnicas y/o civiles. Se incorporan modalidades de capacitación para trabajos específicos, a través de las escuelas de artes y oficios, y se crean las escuelas normales, que incorporan a las mujeres a la educación.

La significación de la escolarización durante la primera mitad del siglo XX
Para principios del siglo XX, la escuela se convierte en una experiencia mayoritaria para los niños argentinos, alcanzando un 70% de asistencia en la franja de edad que hoy consideramos la escuela primaria, prácticamente triplicando la población existente medio siglo atrás.

Sin embargo, no fue sino hasta fines de la primera década de ese siglo cuando José María Ramos Mejía (presidente del Consejo Nacional de Educación) denuncia que las masas de inmigrantes no logran una plena integración que pueda garantizar la grandeza y el progreso nacional.

Por ello, lanza un programa para profundizar los contenidos de tenor patriótico y nacionalista, que establezca un efecto homogeneizador entre la población estudiantil. Las características del sistema se basan en una educación rígida y disciplinada, fundamentada en el principio de premio y castigo, acción y reacción.

En el marco de este programa destinado a moldear a las generaciones futuras, los niños debían aprender a venerar las tradiciones patrias, sus símbolos y sus proceres.

A nivel curricular, la política educativa dicta que el patriotismo atraviese transversalmente todas las áreas del saber y que abarque desde los actos escolares, los paseos, la lectoescritura, las ciencias y la moral hasta la formación de los maestros y la construcción de edificios.

La escuela y el programa nacionalista son, según Ramos Mejía, el molde donde se funde el carácter colectivo en el período en que los cerebros infantiles son fácilmente plasmables y dóciles.

En las décadas siguientes, la dirección de sentido de la educación entra en un conflicto de poderes en el que se entremezclan los burócratas del sistema, los conservadores, los anarquistas, los laicos, los religiosos, los militares, los liberales, los antiliberales, los totalitarios y las crisis políticas y económicas –incluyendo golpes de Estado— producidas por todos los actores anteriormente mencionados.

Estas corrientes de pensamiento pugnarán por los contenidos de los planes educativos, los métodos pedagógicos y la formación docente, siendo los nacionalistas quienes resultan triunfadores y quienes conducen el sistema educativo hacia el tradicionalismo institucional, apuntando hacia la reformulación jerárquica de la sociedad con base en la nación y la familia.

La igualdad de oportunidades
La intervención del Estado en la educación se refiere tanto al diseño de la política educativa, el dictado de las leyes y reglamentaciones y a la fijación del presupuesto, como también a la creación y el mantenimiento de escuelas públicas y el otorgamiento de subsidios a escuelas privadas, cuando se considera necesario.

La necesidad de garantizar la igualdad de oportunidades a todos los miembros de la sociedad es un argumento a favor de la intervención del Estado en la educación. Los diversos sectores sociales tienen distintos niveles de ingresos y, por lo tanto, diferentes posibilidades de acceso al consumo. A pesar de la desigualdad en sus condiciones de vida, todos los sectores necesitan y tienen derecho a la educación.

Los miembros de una sociedad tienen el deber de ser solidarios unos con otros y, especialmente, con quienes más lo necesitan. Si el Estado no se hiciera cargo de la educación, se correría el riesgo de que la oferta educativa dependiera de la capacidad económica de cada comunidad.

Las organizaciones de una comunidad no siempre cuentan con los medios para este fin. Si la educación quedara exclusivamente a cargo de las comunidades, no resultaría igual para todos.

Una propuesta de educación igual para todos es posible si la sociedad, a través de las instituciones del Estado, se hace cargo de ella. Es más, algunos especialistas sostienen que la superación de la pobreza requiere una excelente oferta educativa para los sectores más pobres de la sociedad.

Esto significa que en el área de la educación –como en el área de la salud-, los servicios para los sectores socialmente desprotegidos deben concentrar mayores esfuerzos que aquellos a los que acceden otros sectores sociales.

En este aspecto, no se trata de establecer una oposición entre escuelas públicas y escuelas privadas. En muchas zonas de nuestro país, son escuelas privadas (por ejemplo, las parroquiales), con frecuencia subsidiadas por el Estado, las que atienden a la población de menos recursos.

Si el Estado es considerado una organización en la que la sociedad delega funciones, se puede entender su participación en la educación como una expresión del espíritu democrático.

En el mundo contemporáneo, esta intervención del Estado en la educación continúa siendo una garantía de que todos los individuos, independientemente de su condición social, puedan apropiarse de las herramientas necesarias para el desenvolvimiento en la vida.

Estado y educación en la Argentina
En los procesos de constitución de los estados nacionales, la instauración de un sistema educativo extendido a distintos sectores de la población fue un elemento importante en tanto permitió, entre otros objetivos, unificar la nación en torno a una lengua común.

En el caso de la Argentina, el censo de 1869 había registrado que casi el 80% de la población era analfabeta. La mayoría de los inmigrantes que llegaron a nuestro país hacia fines del siglo XTX y principios del XX tampoco sabían leer o escribir.

La necesidad de modernizar el país hacía imprescindible que la mayor cantidad posible de ciudadanos accediera a distinto tipo de capacitación. En ese momento, estaban surgiendo las principales instituciones de la República y la economía se complejizaba. Además de mano de obra, se requerían profesionales, técnicos y empleados que supieran leer y escribir.

Esos grupos heterogéneos de trabajadores no sólo necesitaban formación técnica; también querían –como lo pretendían los dirigentes– integrarse a la nación que los había recibido. Esto implica la construcción de una identidad.

Los hijos de los inmigrantes concurrían a las escuelas, que los «nacionalizaban», con el apoyo de los padres.

Ellos encontraban en la escuela argentina un sistema educativo abierto que valoraban y que les permitiría la posibilidad de que sus hijos accedieran a una profesión universitaria.

En 1882, se realizó en la Argentina un Congreso Pedagógico Internacional, que tenía como objetivos dar cuenta del estado de la educación en el país y encontrar los medios adecuados para posibilitar su desarrollo.

En este contexto de discusiones sobre la educación, se sancionó, en 1884, la conocida Ley 1.420 de enseñanza universal, obligatoria, gratuita y laica.

Esta ley tuvo su correlato en obras concretas: la creación de escuelas primarias y escuelas normales –de formación de maestros– en todo el territorio nacional y el impulso de la creación de bibliotecas populares.

Esta situación general resultó en un significativo aumento de la población alfabetizada (en 1914, la población analfabeta se había reducido al 35% del total de la población).

La educación, hoy
La educación en el mundo contemporáneo se plantea cada vez más como un desafío para las sociedades y los gobiernos. Ya no es una cuestión de mejor o peor integración de los individuos a la sociedad, sino que directamente se instala la alternativa de integración o exclusión.

El Informe Mundial de educación de la UNESCO de 1995 revela que, en 1994, se gastaban ochocientos millones de dólares en armamento, lo que equivale a los dos tercios del gasto público mundial estimado en educación.

Mientras tanto, el mismo informe sostiene que, para el mismo año, se registraron 885 millones de adultos analfabetos y 129 millones de niños en edad escolar que no iban a la escuela.

Un buen manejo de la lectura, de las operaciones aritméticas, manejarse con familiaridad frente a una computadora, son competencias que hoy forman parte de los requisitos exigidos, aun para trabajos poco calificados.

Podemos imaginar con facilidad las diferentes trayectorias sociales que recorrerán chicos que poseen acceso al estudio, la lectura, la utilización de computadoras, y aquellos cuyos recursos apenas les han permitido aprender a leer y a escribir.

Aunque las situaciones no sean irremediables, se ve claramente que los chicos pertenecientes a familias de escasos recursos tienen más posibilidades de realizar una trayectoria orientada hacia la exclusión social.

El tipo de educación recibida es el factor que más puede influir en sus posibilidades futuras.

Las sociedades, a través de sus gobiernos, deciden las políticas que im-plementarán los organismos del Estado, y que contribuirán a conformar un tipo de organización de la sociedad. Una forma democrática de resolver la desigualdad social supone invertir en un sistema educativo que garantice la igualdad de oportunidades para todos.

Fuente Consultada:
Ciencias Sociales – EGB – Ciclo 8º – Editorial Santillana –
«Fracaso Escolar», ¿por que se quedan los que se quedan?- Sergio Grimozzi, – Editorial Bonum

La Educación Militar Valores, Principios y Doctrina Nacionalista

La Educación Militar Argentina

Las raíces de la conflictiva relación entre los militares y la democracia  probablemente se encuentran en la educación recibida a lo largo de su carrera, que va moldeando los rasgos profundos de sus personalidades, definiendo sus opiniones, sus actitudes básicas, sus valores. ¿Hasta qué punto ellos son compatibles con su adaptación a un sistema democrático?

Las tres últimas décadas han visto en América Latina excepcionales progresos en lo que refiere a relaciones cívico-militares.  El fin de las dictaduras  militares durante la década de 1970 y los años 1980, y la llegada (o retorno) de la democracia, ha sido considerado como uno de los momentos más  importantes para el progreso de la región desde su  independencia. La democracia se ha convertido en  un objetivo, al menos declarado, de toda la región, e incluso los gobiernos más autoritarios han tenido  que encontrar maneras de hacer sobrevivir procesos democráticos como elemento central de su vida política.

En medio de toda esta actividad positiva que se ha producido casi de forma generalizada, aunque con importantes excepciones, se dio la concreta subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil y constitucional. Esas mismas  Fuerzas Armadas, sin embargo, cuando se trata de la reforma de sus sistemas universitarios militares, han estado menos ansiosas por avanzar rápidamente hacia el cambio y reforzar la democracia a través de la preparación de los  futuros oficiales. (Ver Un Apunte)

La formación de los jóvenes: Lo más importante de la formación militar se realiza en el Colegio Militar, en la Escuela Naval o en sus equivalentes. Los jóvenes cadetes entran allí en la edad en que más permeables son a las influencias, con su personalidad aún no totalmente definida. El aislamiento del medio civil, con el cual los contactos se reducen al mínimo, ayuda en esa intensa tarea de moldeamiento de la personalidad, de adaptación a las exigencias de la vida militar, de adecuación a sus pautas y valores.

Colegio Militar

Hasta ahora la educación de los militares argentinos no ha enfatizado en las ventajas de la democracia. No es de extrañar entonces que las actitudes básicas de muchos de los oficiales de las fuerzas armadas presenten alguna incompatibilidad con el régimen democrático.

En esta educación —y debido a una tradición muy arraigada en nuestro Ejército—tienen una gran importancia los aspectos formales; saludos, fórmulas y ceremonial, todo lo que constituye la etiqueta militar y define los rasgos institucionales, recibe particular atención, en tanto se relaciona con una concepción rígidamente jerárquica y hasta estamental del servicio.

El resto de la enseñanza está básicamente orientada a la formación del combatiente, de modo que la educación general, la que contribuye a la formación integral de la persona, que podría atenuar al rigor de la formación profesional, es particularmente débil. No hay, ciertamente, una preocupación mayor por las humanidades y por la adquisición de ideas y valores universales, que trasciendan lo castrense.

La Historia, —la «maestra de la vida» de los antiguos— «será considerada con la mayor amplitud demostrándose cómo la Argentina ha llegado al puesto que ocupa entre las naciones de América, examinando su situación política, y la acción de los grandes hombres», dice un texto militar de 1918, que cita Alain Rouquié. En esta historia que se quiere tan donaría.

Doctrina política. De él, Rouquié ha extractado un párrafo revelador. Luego de denunciar la violación del «orden natural por el liberalismo, antecámara del bolcheviquismo«, Genta aboga por una «educación cristianocéntrica, patriótica, tradicionalista y jerárquica» y se pronuncia por una dictadura militar, «necesidad absoluta para salvar al país del sufragio universal… elección inorgánica, niveladora y anónima… prostitución universal».

También están los profesores civiles de los institutos militares, generalmente reclu-tados en los ateneos, círculos o sociedades ultranacionalistas, constituidos precisamente para hacer llegar ese mensaje a las fuerzas armadas. De esos círculos provienen luego los técnicos, los asesores, los consejeros. Su discurso tiene tres o cuatro rasgos básicos, cuya machacona repetición termina siendo eficaz.

En primer lugar, el anticomunismo radical, que se une a la apelación a las fuerzas armadas como escudo contra su avance. Luego el elitismo, la reivindicación de los valores de las auténticas minorías dirigentes, contra la ignorancia de las masas. A esto se unen el hispanismo, el catolicismo integrista y preconciliar, y hasta la apelación a una concepción heroica de la vida, que encuentra en la muerte sus más altos valores. Todo esto constituye el mensaje antiguo y tradicional; el moderno, en cambio, suele adoptar el lenguaje de la geopolítica, denuncia el avance del imperialismo y legitima la búsqueda del «espacio vital» para la comunidad nacional.

Las actitudes básicas: El oficial, en su carrera de joven cadete a maduro jefe superior, es acosado y bombardeado con todo tipo de mensajes que, aunque difieren en sus orígenes, coinciden en su mayoría ,en la opinión negativa sobre la organización democrática de la sociedad civil. No es de extrañar entonces que las actitudes básicas de muchos de los oficiales de las fuerzas armadas presenten alguna incompatibilidad con el régimen democrático.

En primer lugar, el espíritu de cuerpo, que la institución se encarga tan celosamente de arraigar, deriva en una acendrada convicción acerca de la superioridad de la institución militar sobre la sociedad civil, en términos de eficacia y coherencia. Desde esa perspectiva, es notoria la poca capacidad de los militares para comprender plenamente la heterogeneidad de la sociedad, su carácter intrínsecamente conílictivo y su transformación permanente. Tales rasgos suelen ser considerados, ya como signos de anarquía, ya como testimonios de una nefasta subversión.

Acostumbrados a la uniformidad y jerarquía de la institución, el pluralismo democrático suscita en muchos de ellos el reclamo de la unidad y la eliminación de las disidencias, mientras que el descubrimiento de la evolución de la sociedad —tanto sea en sus aspectos básicos como en otros tan superficiales como una moda capilar— origina un rechazo, la exigencia del quietismo y la conservación de unos valores que acostumbran a identificar —sin que esté claro por qué— con lo que llaman «nuestra tradición occidental y cristiana».

Si les cuesta comprender cómo funciona la sociedad, más difícil les resulta entender su comportamiento político. Todo el funcionamiento de las fuerzas armadas se apoya en el principio de la subordinación, en la existencia de quien manda y quien obedece, en el principio de que la comprensión general de las situaciones sólo reside en el nivel más alto de la decisión.

Por otra parte, la concepción militar, inculcada en las escuelas profesionales y poco balanceada con una adecuada formación general, acostumbra a dividir a los actores políticos, igual que en la guerra, en dos sectores inconciliables: amigos y enemigos.

A partir de estas premisas, es difícil entender la política, que es el arte del diálogo, la negociación y la transacción, el ámbito de los medios tonos y los grises. Menos aún, es posible admitir que el de la política sea el mundo de la participación, la discusión igualitaria y la elaboración del consenso a partir del disenso. No extraña, entonces, que reiteradamente las primeras medidas de los gobiernos militares apunten a suprimir por decreto el mundo de la política. No extraña, tampoco, que los militares con real  capacidad política puedan ser contados con los dedos de las manos.

Tales son las raíces del mesianismo militar, y de una política que, reiteradamente, tiende a romper el juego democrático. Quizás haya llegado la hora en la que el mundo de la democracia imponga sus propios principios en el ámbito de la formación militar.

Fuente Consultada:
Formación Política Para La Democracia Editorial Biblioteca de Redacción Tomo II – Los Militares y La Democracia – Educación Militar –