Empresas Privatizadas en Argentina Historia Economica Menem Gobierno



Empresas Privatizadas en Argentina en el Gobierno Menem

Estado y economía
A mediados de la década de 1970, el Estado argentino fue perdiendo el perfil de Estado benefactor que lo había caracterizado desde mediados de siglo; la intervención directa en la economía y el desarrollo de políticas de protección social fueron tornándose cada vez más débiles.  La ruptura se puede registrar en la política económica adoptada por el gobierno de facto (1976) que, encuadrada dentro del liberalismo económico, impulsó la apertura económica, entre otras acciones.

Esto permitió una masiva importación de bienes, que afectó en gran medida a las industrias nacionales, que no podían competir con bienes importados más baratos. Posteriormente, ya restaurada la democracia, el liberalismo económico avanzó fuertemente en la década de 1990 con el proceso de reforma del Estado.

Las privatizaciones y los servicios
En los países en desarrollo, los servicios son en gran parte públicos. A raíz de la inestable situación económica que atraviesan los países en desarrollo, es muy común que dichos servicios sean insuficientes, obsoletos, caros para el usuario y arrojen pérdidas para el ente administrador. En nuestro país, en agosto de 1989, el Poder Ejecutivo Nacional sancionó la ley 23.696 de Reforma del Estado.

Entre otras cosas, en ella declara sn emergencia la prestación de los servicios públicos. En el período 1989-1993 se llevó a cabo un vasto programa de privatización de la mayoría de las empresas de servicios públicos nacionales.

El mecanismo de traspaso al sector privado se trató de una concesión destinada a brindar dichos servicios por un período de tiempo determinado. Este proceso comprendió a la mayoría de las empresas públicas del Estado y a una amplia franja de sectores económicos que van desde el servido telefónico, eléctrico, cíe agua y de gas hasta las industrias petroquímicas, navales y del acero, pasando por la concesión de los servicios de transporte aéreo, de ferrocarril, puertos y caminos, etc.

El Estado mantiene su función reguladora en materia de nivel y estructura tarifaria, calidad y continuidad del servicio, etc., a través de los llamados «entes reguladores», entre ellos: Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Ente Nacional Regulador de Electricidad, Ente Nacional Regulador del Gas, Comisión Nacional de Transporte Automotor, Comisión Nacional de Regulación Aerocomercial, Comisión Nacional de Correos y Telégrafos.

Economía en contexto
Entre las últimas décadas del siglo XX y los primeros años del siglo XXI, la economía argentina estuvo fuertemente marcada por varios procesos:

• Como en otros países se produjo una apertura económica, que buscaba insertarla en ‘:: mercados internacionales, y un proceso de integración regional, a través del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), Como consecuencia, las actividades orientadas a la exportación adquirieron renovada importancia.

• En la década de 1990 se profundizaron los cambios orientados por teorías económicas neoliberales, en particular la reforma del Estado que significó modificaciones en la forma como el Estado nacional y los Estados provinciales regulan las actividades económicas. través de esta reforma, se dio mayor protagonismo a las empresas privadas como sujetos organizadores de la economía.

• En 2001 se produjo una crisis económica y financiera que repercutió fuertemente en las condiciones de vida de la población. A partir de entonces, la devaluación de la moneda, as como otras orientaciones de la política económica, establecieron nuevos rumbos para la economía, que se tradujo en altas tasas de crecimiento de algunos sectores productivos.



La economía como conjunto
Las personas o las empresas producen bienes y servicios -que se venden y se compran- y, para hacerlo, no sólo establecen distintas relaciones en un área determinada sino también con otras áreas del país y del exterior. Empresas de distinto tipo y tamaño, personas en particular y también el Estado son quienes se encargan de organizar y llevar a cabo las actividades económicas. Este conjunto de relaciones complejas, que están reguladas tanto por normas legales como por los objetivos de las políticas específicas del Estado, conforman la economía del país.

PRIVATIZACIONES DE LA DÉCADA DE 1990:

Una vez aprobadas las leyes de Reforma del Estado y de Emergencia Económica se puso en marcha en la Argentina un activo plan de transferencias que, a través de distintas modalidades -venta, venta de acciones, concesiones a mediano y largo plazo, contratos de asociación- dejaría en manos privadas empresas industriales, comerciales y de servicios que hasta entonces estaban en poder del Estado nacional.

En pocos años también las provincias, para poder acogerse a los «beneficios» de los Pactos Fiscales, debieron emprender el mismo camino. Aun cuando la venta de activos sólo era una de las estrategias que se habían anunciado para convertir al Estado «grande y débil» en «pequeño y fuerte», a poco de andar quedó claro que se trataba de la más significativa, y acaso de la única que se llevaría adelante hasta sus últimas consecuencias.

Como se ha señalado en el capítulo anterior, el menemismo, haciéndose eco de las sugerencias que llegaban desde el exterior desde ya hacía algunos años, encontró de este modo la clave que habría de resolver las contradicciones existentes entre los distintos grupos de poder locales e internacionales.

La subasta del patrimonio público -catalogado por algunos como «las joyas de la abuela» y por otros como «la hipoteca de la abuela»- auspiciaba la formación de consorcios que reunían a la cúpula empresaria local con los conglomerados extranjeros que operaban en el país, y también asociaban a la banca acreedora.

Con  la Ley de Reforma del Estado de 1989, se puso en marcha la privatización de distintas empresas estatales. La privatización se llevó a cabo mediante la venta -total o parcial- de las empresas o por la concesión a empresas privadas de la estación de servicios.

Muchas de las empresas pasaron a manos privadas, mayoritariamente grandes grupos económicos nacionales o extranjeros. Las privatizaciones de diferentes servicios implicaron, en general, que las empresas concesionarias realizaran inversiones para mejorar la prestación. Así se estipuló qué obras debían realizarse y los plazos requeridos para ello.

Para controlar y regular el cumplimiento :e los contratos de las privatizaciones se formaron organismos denominados «entes reguladores».

En algunas áreas del país, en particular en aquellas cuyo desarrollo estuvo ligado a las actividades estatales, por ejemplo, la explotación petrolera en la Patagonia, la privatización tuvo efectos muy importantes. Allí, las empresas privadas que accedieron a la explotación de los yacimientos incorporaron innovaciones tecnológicas y de organización de la actividad.



Como consecuencia, se produjo un incremento en la producción y, a la vez, una reducción importante del personal hasta entonces ocupado. En la provincia de Chubut y Santa Cruz (en el área que corresponde a la cuenca del golfo San Jorge), por ejemplo, numerosos trabajadores perdieron su trabajo y tuvieron que emigrar con sus familias a otras zonas.

ALGUNAS EMPRESAS PRIVATIZADAS O CONCESIONADAS DENTRO DEL MARCO DE REFORMA DEL ESTADO ARGENTINO:

Aerolineas Argentinas Privatizada, avion

Aerolineas Argentinas Privatizada

Administración General de Puertos (A.G.P.) Privatizada
Aerolíneas Argentinas S.E.  Privatizada
Aeropuertos Concesionados
Agua y Energía Eléctrica S.E. / Sector Eléctrico Privatizada
Caja Nacional de Ahorro y Seguro Privatizada
Empresa Líneas Marítimas Argentinas (ELMA) Privatizada
Empresa Nacional de Correos y Telégrafos (ENCOTEL) Disuelta
Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL) Privatizada
Ferrocarriles Belgrano S.A., Ferrocarriles Argentinos S.A.
Ferrocarriles Metropolitanos S.A. Concesionados
Gas del Estado S.E. Privatizada
Hidroeléctrica Norpatagónica S.A.   HIDRONOR / Sector Eléctrico Privatizada
Hierro Patagónico de Sierra Grande S.A. Minera HIPASAM Privatizado
Obras Sanitarias de la Nación (O.S.N.) Concesionada
Polisur Sociedad Mixta Privatizado
Redes de Acceso a grandes ciudades Concesionadas
Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires (SEGBA) / Sector Eléctrico Privatizados
Sociedad Mixta Siderurgia Argentina (SOMISA) Privatizada
Talleres Navales Dársena Norte S.A.C.I. y N. TANDANOR  Privatizados
Tanque Argentino Mediano S.E. TAMSE Disuelto
Tecnología Aeroespacial S.A. TEA Disuelta
Yacimientos Carboníferos Fiscales (Y.C.F.) Concesionados
Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.E. (Y.P.F.) Privatizados

ENTES REGULADORES
• Autoridad Regulatoria Nuclear
• Comisión Nacional de Comunicaciones
• Comisión Nacional de Regulación del Transporte
• Ente Nacional Regulador de la Electricidad 1 Ente Nacional Regulador del Gas
• Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios
• Organismo Regulador de Seguridad de Presas Comahue
Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos

La Corte de Carlos Menem:

El diputado nacional Moisés Fontela realizó una presentación ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 2 solicitando, en función de algunas irregularidades, la suspensión de la privatización de Aerolíneas Argentinas. El Dr. Garzón Funes dio lugar al recurso de amparo, ordenando al Estado que resolviera la cuestión.

La apelación no se hizo esperar, aunque lamentablemente se utilizó una vía «excepcional» que colocaría en el centro de la escena a la Corte Suprema de Justicia. El Estado, a través del ministro R. Dromi, recurrió directamente a esta última que, en cuestión de días y alterando el orden normal de las instituciones, suspendió los efectos del fallo del juez federal de primera instancia. El per saltum permitió eludir un obstáculo y seguir adelante con la venta de la empresa estatal. El Poder Ejecutivo, agradecido. ¿La Justicia? Bien, gracias.


«Tiene la palabra el Sr. diputrucho…»

A fines de marzo de 1992 la Cámara de Diputados de la Nación sería el escenario de un hecho sin precedentes en la historia parlamentaria argentina. Se debía tratar el marco regulatorio de la privatización de Gas del Estado, pero el bloque radical había anticipado que no concurriría al recinto. El oficialismo debió esforzarse para reunir el quorum mínimo requerido para sesionar (130 diputados), aunque el sacrificio valió la pena, ya que consiguió que se aprobara el traspaso de la compañía a manos privadas.

Pero los periodistas del Congreso denunciaron ante el juez federal Néstor Blondi una pequeña anomalía: uno de los votantes no era diputado, sino «colaborador» de un diputado. Se trataba de Juan Abraham Kenan, vinculado al legislador justicialista Manuel Samid. El pobre Kenan argumentó que se había sentado en una banca porque se sentía «indispuesto». No obstante, fue procesado por el delito de «usurpación de títulos y honores» y condenado a dos meses de prisión en suspenso e inhabilitación por cuatro meses para ejercer cargos públicos. La Justicia fue aún más dura con Samid -considerado «el instigador» de este ilícito-, condenándolo nada menos que a ocho meses de prisión en suspenso.



ALGO MAS SOBRE LA PRIVATIZACIÓN DE YPF:

De acuerdo con la ley sancionada en septiembre de 1992 comenzó la venta del paquete accionario de YPF. La ley transformó a YPF en una sociedad anónima, transfirió a las provincias los derechos sobre los hidrocarburos y les reconoció una deuda histórica. Este aspecto fue decisivo para volcar el apoyo de los legisladores justicialistas provenientes de las provincias petroleras.

Un 45% del paquete accionario fue vendido a particulares, en unos 3.000 millones de dólares. El 11% de las acciones fue destinado al rescate de unos 1.000 millones de dólares de la deuda pública. A fines del año, alrededor del 58% de las acciones estaba en manos privadas; el Estado nacional y las provincias retuvieron el 31%, y el restante 10% pasó a ser propiedad de los empleados. El proceso de privatización terminó en 1999, cuando la empresa española Repsol compró al Estado y a los particulares casi el 90% de las acciones. Así, el Estado perdió toda facultad de incidir en el manejo de la explotación petrolera.

Desde 1922, YPF había sido el emblema de la política petrolera del Estado. Estaba presente en todos los rincones del país. Asociada con el Automóvil Club Argentino, participó en la construcción de caminos y estaciones de servicio. También fue una suerte de segundo hogar para sus empleados, que gozaron de importantes beneficios.

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La incorporación de empresas privadas a la explotación petrolera no modificó ese carácter fundacional de la empresa. Pero, a la vez, la planta de personal creció considerablemente. Sin embargo, desde 1976, por malas políticas estatales, la empresa se endeudó fuertemente. Finalmente, los gobiernos provinciales reclamaron su parte.

En manos privadas, hubo una gran reducción de personal. Los 37.000 empleados de 1987 eran apenas 10.000 en 1994, en parte por la racionalización interna y en parte por la transferencia a otras empresas de los trabajos de exploración y explotación. Los despidos tuvieron un efecto devastador en la gente que vivía de la empresa. Las indemnizaciones fueron un paliativo transitorio, pero en 1996 comenzó una protesta fuerte y sostenida. (Fuente:Menen y la reforma Laboral Cuadernillo de Historia Argentina Etapa: 1990-1999  Edit. Clarín)

Fuente Consultada:
Geografía de la Argentina La Nación Tomo 21
Geografía de la Argentina y del Mercosur en el Siglo XXI Polimodal  S. Sasone  C. Bertone de Daguerre
Grandes Debates de la Nacionales Página 12 Privatizaciones: Reforma del Estado

 

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