Atribuciones Poder Judicial

Definicion de Aristocracia Caracteristicas Gobierno de los Mejores

Concepto y Características de Aristocracia

Fuente Consultada: Concepto obtenido del Diccionario Consultor Político de Julio César de la Vega

Aristocracia: (del griego aristocratia; de aristos, mejor, y kratos, fuerza, dominio). Gobierno en el que solo ejercen el poder las personas más notables del estado, según el diccionario Sopena.

Esta definición tomada del Diccionario nos parece imperfecta y confusa porque por notable se entiende a una persona destacada en un lugar. Puede ser destacada por su posición económica, social o cultural. Esto no significa necesariamente, que tenga el atributo de la primera parte del vocablo que nos ocupa: aristos, que signfica mejor.

Es por eso que nos parece más acertado definir: Aristocracia como el gobierno de los mejores.

El problema radica en que se confunde nobleza con aristocracia, siendo estos,dos conceptos diferentes. La confusión surge desde una época antigua de la historia: Grecia y Roma. En Grecia existían dos sentidos del término: el gobierno de los más poderosos y el gobierno ideal de los mejores.

En el primero de los casos, donde el ser «poderoso» implica posesión que se transmite por herencia, esta da la condición depoderosoa quien la recibe y se instituye de esta manera una continuidad hereditaria que es et atributo de la nobleza. Se deforma el concepto de aristocracia porque la condición de mejor no puede ser transmitida por herencia.

En Roma sucede una cosa parecida pues se transmite la condición de noble por la sangre: se es ilustre por la sangre. Por otra parte, en Roma la nobleza encierra la idea de virtud, cosa que lleva a confundir nobleza con aristocracia.

En la Edad Media y en la Moderna,la institución de la nobleza consolida la confusión con aristocracia que llega hasta nuestros días.

cuadro formas de gobiernos y sus deformaciones

Cuadro formas de gobiernos y sus deformaciones

Para desligar los conceptos es necesario aclarar que nobleza es una condición social que se produce por medio de la herencia, y aristocracia es una condición que se da en el gobierno cuando este es ejercido por los mejores. De allí, en sentido amplio se debe utilizar la palabra aristócrata para definir a quien tiene características virtuosas que lo hacen distinto de los demás en sentido superior y por méritos propios.

Se puede tener atributos de nobleza transmitidos por herencia y no revestir ninguna calidad especial que lo diferencie de los demás. No se puede pertenecer a la aristocracia si no se tienen virtudes y condiciones especiales que llevan a una persona a la categoría de mejor.

Ortega y Gasset en su «Rebelión de las masas», dintingue al hombre selecto del hombre vulgar, del hombre-masa como el le llama. Para Ortega aquel es el que se exige mucho a si mismo.y el hombre-masa el que no se exige nada, «sino que se contenta con lo que es y está encantado consigo». Esto establece una distinción entre un hombre y otro. El hombre selecto es el hombre que al exigirse busca ser mejor y en cierto modo lo es porque se exige. Es el hombre que para Ortega pertenece a la élite,que es una minoría selecta que dirige el cuerpo social.

Este hombre selecto, lo mismo que el hombre-masa, pertenecen a todas las clases sociales. Pertenecer a la élite no es atributo de una clase determinada, sino de la condición de ser mejor del hombre que se exige. Ser hombre-masa tampoco es distintivo de ninguna clase social. Una persona de la clase alta.por sus condiciones de vulgaridad,y por no exigirse se convierte en hombre-masa.

El concepto de hombre selecto de Ortega está estrechamente ligado con el de aristocracia, ya que las condiciones de aquel son las necesarias para pertenecerá esta.

Lo anteriormente expuesto nos lleva a la conclusión de que Aristocracia es un concepto dinámico que se distingue totalmente del de noblezapordeterminar esta una condición estática de clase.

La aristocracia considerada como el gobierno de los mejores y en funciones de tal, paramantenersu condición tiene que asumir un papel de permanente autosuperación y superación con referencia a otros aristócratas que pugnan por suplantarla. La élite que está en el poder, para conservarlo debe ser suficientemente amplia y estar en condiciones de interpretar las nuevas situaciones y fenómenos que se producen en la sociedad. De lo contrario incurre en un estado de anquilosamiento que la lleva, a su degeneración, desvirtuando su condición de Aristocracia.

La historia nos muestra que cuando una élite llega al poder sufre una transformación. Comienza su actuación con vigor, se estabiliza y se vuelve conservadora, y esta situación la lleva a ser insensible frente a nuevas condiciones, produciendo esto su decadencia. Es en este momento en que es suplantada por una nueva élite.

Es posible que la situación de decadencia se produzca porque el hombre selecto ha dejado de exigirse y se transforma en el hombre-masa de Ortega. Entonces es importante que sea suplantado por una nueva élite que está en la etapa de su exigencia, que la hace ser mejoren beneficio de ia sociedad.

También se ha confundido Aristocracia con oligarquía , y esta confusión surge como la anterior en la misma época. Oligarquía es el gobierno de unos pocos sin la condición de que sean los mejores.sino los más poderosos.

Fuente Consultada: Concepto obtenido del Diccionario Consultor Político de Julio César de la Vega

Ley de Inmigraciones de Avellaneda Comision Central

LA «LEY AVELLANEDA» PARA FOMENTAR LA INMIGRACIÓN EUROPEA

En 1874 en medio de un panorama socioeconómico, en elecciones calificadas por Mitre como fraudulentas, fue electo presidente otro hombre del interior, el tucumano Nicolás Avellaneda. El mitrismo, derrotado en los comicios, fracasó en su intento de dar un golpe de Estado. En los combates que permitieron la derrota de los mitristas se destacó el joven oficial Julio Argentino Roca.

Concluída la revuelta, Avellaneda aplicó una política de conciliación sancionando una ley de amnistía e incorporó a su gabinete a miembros de la oposición mitrista.

En 1876 se promulgó la ley de Inmigración conocida como «Ley Avellaneda» que aparecía como una promesa interesante de tierras y trabajo para los campes: nos europeos que se asentaran en nuestro país.

Avellaneda enfrentó los efectos perdurables de la grave crisis económica con medidas extremas como la disminución del presupuesto, suspensión de la convertibilida. del papel moneda a oro, la rebaja de sueldos y los despidos de empleados públicos. (Ver: Gobierno de Avellaneda)

Nicolás Avellaneda

El presidente Nicolás Avellaneda era muy pequeño de estatura y caminaba a menudos saltos, obligado por los tacones que usaba para disimular que era bajito. No se podía verle sin imaginar a un pajarillo. De ahí el mote que sus amigos y los que no lo eran, le aplicaron siempre: Chingólo. También le llamaban Taquito, mortificante alusión al suplemento con que trataba de compensar su poca altura física. Una enorme barba de guerrero asirlo o de beduino, más tarde felizmente cercenada, contrastaba con su estatura diminuta y su pésima salud.

Avellaneda, de ilustre familia tucumana, se había casado en 1862 con una dama de alcurnia, doña Carmen Nóbrega; por ser provinciano y aliado del caudillo popular Adolfo Alsina, debió soportar los rigores de cierto ostracismo social. Pero como no faltaban entre sus amigos y partidarios apellidos antiguos y aristocráticos, cuando resultó electo se proyectó un gran baile en su honor.

El 5 de setiembre de 1874, a las diez de la noche, se llevó a cabo esta fiesta en la mansión de Andrés Egaña en la calle de Belgrano. Ocho grandes salones y dos patios con toldos estaban destinados a recibir a los invitados esa noche. El gas que iluminaba ios salones deslumhraba a los concurrentes. Entre los invitados figuraban Carlos Tejedor, Bernardo de irigoyen, Victorino de la Plaza, Luis Sáenz Peña, Sarmiento, Calzadilla y el cuerpo diplomático.

«Si Mitre fue el presidente historiador, Sarmiento el presidente escritor, Avellaneda fue el presidente orador» Historiador Gustavo Gabriel Levene

LEY AVELLANEDA: La administración de Avellaneda se caracterizó por el progreso económico del país, a pesar de la grave crisis que soportó. Llegaron a la República alrededor de trescientos mil inmigrantes y la agricultura tomó rápido incremento.

En 1876 se promulgó la ley de Inmigración y Colonización, que contribuyó eficazmente al fomento de la agricultura. Sin embargo, el país afrontó la primera crisis económica grave a consecuencia de la crisis mundial que afectó a la Bolsa de Comercio de Viena y a los Estados Unidos de América. Se produjo en el mercado internacional la baja de precios de los productos agrícolas y el alza de los manufacturados, lo cual afectó nuestra balanza comercial.

La Ley de colonización” o Ley Avellaneda”, sancionada en 1876 sobre un proyecto del presidente Nicolás Avellaneda, reglamentó la ocupación y la apropiación del suelo por casi sesenta años.

La ley autorizaba varios sistemas de colonización (entre ellos, la colonización por empresarios privados amparados por el Estado) y fijaba el tamaño mínimo y máximo de las parcelas de tierras públicas por venderse (25 a 400 ha), así como la extensión de las colonias (40.000 ha), la cantidad de familias por instalar, etc.

Aunque uno de los objetivos de la ley era limitar la especulación y favorecer el poblamiento del país, fracasó como instrumento para establecer colonos —pequeños propietarios— y evitar la especulación, sobre todo por la libertad de acción que otorgó a las empresas privadas de colonización. Por otro lado, una serie de leyes dictadas en la provincia de Buenos Aires disponiendo la venta de tierras públicas permitieron la transferencia a manos privadas de 3,6 millones de hectáreas en 1867; entre 2 y 3 millones en 1870 y casi 4 millones en 1880.

La Ley Avellaneda era también una ley de inmigración En su parte primera, establecía las funciones del Departamento General de Inmigración. También definía el concepto de “inmigrante” (para ser beneficiario de las facilidades otorgadas por el Estado):

“Repútase de inmigrante para los efectos de esta ley, todo extranjero jornalero, artesano, industrial, agricultor, o profesor, que siendo menor de sesenta años, y acreditando su moralidad y sus aptitudes, llegase a la República para establecerse en ella, en buques a vapor o a vela, pagando pasaje de segunda o tercera clase, o teniendo el viaje pagado por cuenta de la Nación, de las provincias o de las empresas particulares, protectoras de la inmigración y la colonización” .

PARA SABER MAS…: Como ampliación del tema publicamos una nota en El Bicentenario Fasc. N° 03 período 1850-1869 a cargo de Alejandro Fernandez, Historiador.

CRÓNICA DE LA ÉPOCA
1868: Se Crea La Comisión Central de Inmigración

El presidente de la República ha creado mediante decreto la Comisión Central de Inmigración, que concentrará la dirección de los trabajos orientados a fomentar la llegada al país de labradores, artesanos y trabajadores extranjeros, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 25 de la Constitución nacional. En el nuevo organismo se integrarán las demás comisiones actualmente existentes, que habían sido creadas por varias provincias, y los agentes de inmigración radicados en el extranjero.

La Comisión Central será integrada por quince personas, elegidas por el gobierno federal entre los contribuyentes al sostén del Asilo de Inmigrantes y renovables anualmente por mitades. Serán sus atribuciones: promover la inmigración extranjera en el interior de la República, poniéndose para ello en contacto con los gobiernos provinciales; solicitar informes a los cónsules y agentes de inmigración; nombrar sucursales en las capitales de provincia y en las colonias establecidas, y promover el aumento de los contribuyentes al Asilo.

La Comisión tratará de obtener concesiones y donaciones de tierras públicas, a fin de colonizarlas con agricultores reclutados a través de sus agentes en el exterior. Una importante tarea que deberá afrontar será la de construir un nuevo establecimiento para el alojamiento gratuito y manutención de los inmigrantes durante la semana siguiente a la llegada del barco en el que viajaron.

Hasta el momento ese servicio fue cumplido, con remarcable eficacia, por el asilo de la calle Corrientes N° 8, pero sus condiciones resultan ya insuficientes para albergar a la creciente oleada de los nuevos arribados. A su vez, para atender las necesidades de quienes no se establezcan en las colonias agrícolas ni cuenten con un empleo, la Comisión fundará una Agencia de Conchabos, que colectará los pedidos de los industriales y comerciantes que necesiten brazos.

Por último, cabe destacar que el organismo recién creado llevará un registro exhaustivo de la inmigración, reuniendo las listas de pasajeros que los capitanes de los barcos entregarán a los oficiales a cargo de la revista de sanidad. En dichas listas deberá constar el nombre y apellido de los inmigrantes, su edad, sexo, nacionalidad, profesión y religión. Con tales datos se elaborará una estadística detallada del movimiento inmigratorio, que será incluida en las memorias anuales de los trabajos de la Comisión.

Fuente: El Bicentenario Fasc. N° 03 período 1850-1869 a cargo de Alejandro Fernandez, Historiador.

Primer Censo en Argentina 1869 Sarmiento Presidente

SARMIENTO PRESIDENTE DE ARGENTINA, IMPULSA EL PRIMER CENSO

Impulsivo, sanguíneo, talentoso, Sarmiento asombró por su desmesura. Escritor brillante, pelemista temible, su vigoroso caracter lo hizo tan admirado como odiado por sus contemporáneos. Sobreviven al personaje alguna de las mas bellas páginas de la literatura argentina.

Domingo Faustino Sarmiento

En diciembre de 1863, el presidente Mitre lo nombró ministro plenipotenciario ante los EE.UU. y en 1864, embajador en Chile y Perú. En 1868, Sarmiento fue elegido presidente cuando aún se encontraba fuera del país.

En su paso por Perú, donde se hallaba reunido el Congreso Americano, condenó el ataque español contra esta nación, lo que constituyó un acto de desobediencia a las claras órdenes de Mitre. Finalmente arribó a Nueva York en mayo de 1865, justo tras la asunción del presidente Andrew Jackson, quien reemplazó a Abraham Lincoln, que fue asesinado por un fanático racista. Este hecho le causó impacto y llevó a Sarmiento a escribir Vida de Lincoln.

En los Estados Unidos participó de los círculos académicos norteamericanos y fue distinguido con los doctorados honoris causa de las universidades de Michigan y Brown.

El coronel Lucio V. Mansilla, junto a un grupo de políticos, decidió postular aSarmiento para la presidencia, mientras él continuaba con su viaje. Así fue, y en abril se celebraron los comicios que le darían la victoria y el Congreso lo consagró presidente de los argentinos el 16 de agosto.

Asumió el honorífico cargo el 12 de octubre de 1869.

La elección de sus colaboradores fue la firme orientación intelectual y progresista de Sarmiento. Formó su gabinete de gobierno con personalidades meritorias, algunas figuras consumadas de los últimos decenios, otros, jóvenes valiosos que tenían ante sí un gran porvenir.

El ministerio del Interior lo confió a Dalmacio Vélez Sársfield, como contrapeso a su carácter impulsivo. Vélez Sársfield había sido mitrista y colaborador de su gobierno, y era propietario del diario El Nacional. A Mariano Várela, ex ministro de Adolfo Alsina en el gobierno de Buenos Aires, lo nombró ministro de Relaciones Exteriores. A Nicolás Avellaneda, también miembro del gobierno provisional de Alsina, le dio la cartera de Instrucción Pública.

Para Hacienda nombró a José Benjamín Gorostiaga, que había sido ministro de Urquiza; para el ministerio de Guerra y Marina fue designado el coronel Martín de Gainza. Sarmiento no se plegó a ningún partido beligerante y eligió a los colaboradores independientemente de su origen político.

Cuando Sarmiento asumió la primera magistratura contaba 57 años, Adolfo Alsina tenía 39 años. El más joven era Nicolás Avellaneda, de 31 años, y el más anciano Vélez Sársfield, que tenía 68 años. El vicepresidente Adolfo Alsina había pasado su juventud en la emigración junto con su familia y había regresado al país en 1852.

En el terreno político actuó en las batallas de Cepeda y Pavón; formó parte de laconvenclón reformadora de la Constitución de 1860. Fue diputado por Buenos Aires y elegido gobernador de la provincia en 1866, cargo al cual renunció al ser elegido vicepresidente de la Nación, en 1868 Alsina era muy popular por su oratoria fogosa y era el jefe indiscutido del autonomismo porteño.

Durante su mandato finalizó la sangrienta guerra del Paraguay, con sus complicadas derivaciones diplomáticas. Fundó el Observatorio Astronómico de Córdoba. También realizó el primer censo demográfico nacional y favoreció la inmigración europea. En 1870 fundó el Colegio Militar y, en 1872, la Escuela Naval. Creó el Departamento de Agricultura, promovió la riqueza minera y extendió la red ferroviaria y telegráfica.

En 1869, el primer censo nacional mostraba en sus cifras objetivas muchos aspectos de la realidad argentina. Sobre una población total de 1.830.000 habitantes, 90.000 eran indios y los extranjeros superaban los 200.000. Dos «manchas» afeaban «el mapa», para vergüenza del país: casi el 80% de los habitantes eran analfabetos y cerca de un 80% de las viviendas consistían en «ranchos», es decir en chozas con pisos de tierra y techos de paja, sin chimenea, sin cocina y casi siempre sin tabiques divisorios que evitaran la promiscuidad. (Historiador Gustavo Gabriel Levene, Breve Historia de la Argentina)

Desde el 15 al 17 de setiembre de 1869 se llevó a cabo el censo nacional prescripto por la Constitución y dispuesto por la ley especial del gobierno de Mitre. Se le consideró el primer monumento estadístico de la población de estos vastos territorios y forma el punto de partida para todos los cálculos que en esas materias pueden hacerse en el país.

La población ascendía a 1.737.076 habitantes (incluyendo el ejército en Paraguay y a los argentinos en el exterior). De éstos 887,780 eran hombres y 845.572, mujeres. Se censaron 211.943 extranjeros (italianos, españoles, franceses, ingleses, suizos, alemanes, portugueses, austríacos, belgas y algunos sudamericanos).

La ciudad de Buenos Aires tenía 187.000 habitantes. Los hechos nostraron la relativa exactitud de esas cifras; lo que quedó debajo de la realidad fue el crecimiento de Buenos Aires. Desde el punto de vista educacional, descontados los 315.822 menores de 6 años, no sabían leer ni escribir 1.066.847 habitantes, es decir, más del 70% de la población. En ese mismo censo se registraron 5.400 propietarios de bienes muebles e inmuebles y alrededor de 8.600 estancieros y agricultores.

Tanto la provincia de Buenos Aires como la Confederación habían coincidido en fomentar la inmigración ofreciendo tierras y auxilios, política que mantuvo el gobierno de la República, una vez constituido definitivamente, con la Comisión central de inmigración de 1863 y con la Comisión central de inmigración de 1869.

PARA SABER MAS…
Como ampliación del tema publicamos una nota en El Bicentenario Fasc. N° 3 período 1850-1860 a cargo de Hernán Otero, historiador.

[…] También debe elogiarse la sencillez del formulario basado en muy pocas preguntas de respuesta confiable. Además de la edad, el sexo, la nacionalidad, el estado civil, la ocupación, la provincia de nacimiento y la instrucción, se inquirió por las enfermedades físicas y mentales, la invalidez, la orfandad, la asistencia a la escuela, la ilegitimidad, el amancebamiento y las viviendas.

No se preguntó la raza, como en Estados Unidos, ya que en opinión de De la Fuente los indígenas y los negros no tienen aquí importancia numérica y se han ido integrando a la población blanca, lo que augura su pronta desaparición. Las distinciones raciales, propias de la colonia, no tendrían además cabida en una república cuya constitución las desterró justamente a la ignominia.

La población de hecho (la que durmió en la vivienda la noche previa al censo) asciende a 1.830.214 habitantes, lo que revela que el crecimiento demográfico en las dos últimas décadas fue similar al de Estados Unidos en sus mejores épocas.

Ello fue favorecido por el aporte de extranjeros, sobre todo europeos, que representan hoy el 12 por ciento de la población del país y que están radicados principalmente en las provincias de Buenos Aires (ella sola tiene a 7 de cada 10 inmigrantes), Santa Fe, Entre Ríos y en menor medida Corrientes, que son también las que más migrantes de otras provincias reciben. Por ello no sorprende que el Litoral haya crecido más rápido que el resto del país y cuente con el 45 por ciento de la población. La ciudad de Buenos Aires, con 177.787 habitantes, es más numerosa que todas las capitales de provincia sumadas. Signo de los progresos realizados, la población urbana del país llega al 29 por ciento.

El censo confirmó que somos la nación más despoblada de América con un habitante por cada dos kilómetros cuadrados, situación que, según el superintendente, exige con urgencia un plan activo y estratégico de colonización.

Las cifras del crecimiento, que llenan de optimismo a un país que desde la Constitución nacional se ha encaminado en la senda del progreso, no deben hacer olvidar que son muchos los problemas que requieren solución. Las proporciones de analfabetos en la población de 14 años y más (65 por ciento en hombres y 78 en mujeres) y el 80 por ciento de niños de 6 al4 años que no asiste a la escuela alertan sobre lo mucho que resta por hacer.

Uno de cada diez menores de 14 años es huérfano y dos de cada diez son ilegítimos, proporciones muy alejadas de las europeas, a lo que se suman los niños abandonados o entregados al servicio doméstico que el censo no ha podido evaluar.

La situación de las mujeres, que sobrepasan en número a los varones en casi todas las provincias por efecto de las guerras y las migraciones, muchas de ellas viudas o amancebadas, es también preocupante ya que la mitad tiene ocupaciones que le proveen un jornal incierto y precario. La riqueza material, por último, dista del óptimo ya que el 79 por ciento de las viviendas son de madera, caña o paja. Las de azotea y teja se encuentran en su gran mayoría en la provincia de Buenos Aires, que cuenta también con la mayor parte de las profesiones científicas y liberales.

Como señaló De la Fuente, el creciente desequilibrio de población entre el Litoral y el resto del país afectará la representación política de las provincias en la Cámara de Diputados, tema que, con toda certeza, concitará debates intensos en los años venideros.

Fuente Consultada:
HICIERON HISTORIA Biografías Edit. Larousse Entrada Domingo F. Sarmiento
Colección El Bicentenario Fasc. N° 3 período 1850-1860 a cargo de Hernán Otero, historiador.
Enciclopedia de Historia Universal HISTORAMA Tomo IV La Gran Aventura del Hombre

Tratado de Libre Navegación de los Ríos Con Francia e Inglaterra

URQUIZA FIRMA EL ACUERDO DE LIBRE NAVEGACIÓN DE LOS RÍOS

La expansión económica de Buenos Aires a partir de 1820 -basada en el intercambio de productos ganaderos por manufacturas ultramarinas-fue el modelo de desarrollo durante la primera mitad del siglo XIX . Su ubicación geográfica, sus recursos naturales, su control del comercio exterior, a través del puerto y de la Aduana, colocaron a Buenos Aires en una posición de predominio sobre las provincias, que, en su mayoría, tenían escasas posibilidades de adecuarse al sistema económico porteño o no estaban de acuerdo con él.

El control de Buenos Aires sobre la navegación de los ríos Paraná y Uruguay, su política arancelaria y el destino de las rentas de su aduana constituyeron el centro de los conflictos del período, e influyeron en los alineamientos políticos de las provincias. Durante la primera mitad del siglo XIX, los diferentes intereses sociales y económicos también enfrentaron a las oligarquías provinciales entre sí.

En ese marco no era posible encontrar una fórmula que congeniara la autonomía de los estados provinciales con el proyecto de organizar un Estado unificado. Los diferentes proyectos políticos relacionados con el sistema de gobierno se expresaron, desde mediados de la década del veinte, en las concepciones opuestas de unitarios y federales. Las dos tendencias contaban con partidarios en Buenos Aires y en las provincias.

Los unitarios, menos numerosos pero más homogéneos como grupo, defendían la organización de un poder centralizado, depositario de la soberanía y de carácter liberal. Esa forma de organización estatal subordinaba los poderes provinciales a la autoridad central y a una legislación común que afectaba la autonomía política, económica y financiera de las provincias. Para los unitarios, la autonomía era sinónimo de anarquía, de desorden y de atraso, mientras que la unidad del régimen era la garantía de unión, por encima de las diferencias regionales, y la posibilidad de fomentar el desarrollo social y económico del país.

Por el contrario, el federalismo era favorable a una organización estatal, en la cual las partes representadas delegaban sólo algunas de sus atribuciones en la autoridad superior, pero conservaban su soberanía e independencia.

tratado de libre navegacion

Puerto de Buenos Aires

La libre navegación de los ríos: un reclamo reiterado: El tratado del Cuadrilátero -firmado en la ciudad de Santa Fe, el 25 de enero de 1822, por Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes-establecía la paz, amistad, unión y respeto recíproco entre las provincias firmantes; la alianza frente a una posible agresión exterior o interior; la libre navegación de los ríos y la no asistencia al congreso organizado en Córdoba, según lo dispuesto en el Pacto de Benegas. Al mismo tiempo, acordaba la convocatoria a un congreso general cuando las condiciones se volvieran propicias.

Según el historiador Clifton Kroeber, en la navegación de los ríos en la historia argentina, lo que las provincias litorales entendían por libre navegación de los ríos, es decir, comercio directo con el exterior a través de sus muelles o el trasbordo de las cargas de naves extranjeras en el Río de la Plata sin tener que pagar impuestos a la provincia de Buenos Aires, difería de lo entendido o aceptado por los porteños, pues, en Buenos Aires, «ninguna facción [.,.] estaba dispuesta a renunciar a su posición de dominio en el comercio».

Gobierno de Juan Manuel de Rosas: En 1845, el puerto de Buenos Aires fue bloqueado por una flota anglo-francesa. El bloqueo no sólo afectaba los intereses de los extranjeros: también perjudicaba a los estancieros del litoral, que no podían navegar libremente por el río Paraná y debían comerciar sus productos por el puerto de Buenos Aires. Entre los afectados estaba Justo José de Urquiza, que gobernaba la provincia de Entre Ríos desde 1841.

Los ingleses levantaron el bloqueo en 1847 mientras que los franceses lo hicieron un año después. Pero recién en 1850 quedaron normalizadas las relaciones con ambas potencias. Los bloqueos impusieron sacrificios a los sectores populares pero no tanto a los estancieros, financistas y grandes comerciantes. Estos grupos disponían de importantes reservas para sobrellevar los malos tiempos y de ventajas de todo tipo, entre ellas impositivas.

Por otra parte, durante este período se restringió el sacrificio de animales, de manera que, al finalizar los bloqueos, las estancias se encontraban con su ganado multiplicado y listo para ser exportado.

FIRMA DEL TRATADO DE LIBRE NAVEGACIÓN
Nota de Silvia Ratto, Historiadora

El 10 de julio de 1852, el presidente provisorio de la Confederación, Justo José de Urquiza, firmó un tratado comercial con los representantes de Francia y de Gran Bretaña. El artículo 1° establece que la Confederación Argentina, en el ejercicio de sus derechos soberanos, permite la libre navegación de los ríos Paraná y Uruguay a los buques de todas las naciones. Este tratado viene a poner en práctica los artículos 12 y 26 de la Constitución y la atribución otorgada al Congreso que lo faculta a «reglamentar la libre navegación de los ríos interiores, habilitar los puertos que considere convenientes, y crear y suprimir aduanas» (artículo 64.9).

De esta manera se cierra un conflicto que se remonta a 1831. En esa oportunidad, los representantes de las provincias de Santa Fe, Buenos Aires, Corrientes y Entre Ríos se habían reunido para organizar un pacto de unión contra los unitarios. En las discusiones sostenidas entre los representantes, la más polémica fue, precisamente, sobre la política comercial. Pedro Ferré, diputado por Corrientes, fue quien sostuvo con mayor vehemencia la posición favorable a la libre navegación de los ríos interiores. Pero el Pacto Federal firmado por dichas provincias acordó la delegación de las relaciones internacionales en el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y en tal función, el entonces gobernador Juan Manuel de Rosas sostuvo que el Río de la Plata, el río Uruguay y el río Paraná debían ser considerados ríos interiores de la Confederación Argentina y que el único puerto autorizado de importación y exportación era el de Buenos Aires.

Esta política perjudicaba los intereses de las provincias del Litoral, que debían llevar sus producciones al puerto de Buenos Aires para su exportación a la vez que debían adquirir los importados por la misma vía. Pero también se vieron perjudicados los países ubicados aguas arriba de los ríos Paraná y Uruguay y los comerciantes europeos que
pretendían comerciar directamente con el Paraguay y el oeste de Brasil.

El punto más álgido de esta discusión fue el bloqueo marítimo impuesto por la armada anglo-francesa que había cerrado el comercio de todos los puertos de la Confederación y de la República Oriental del Uruguay entre 1845 y 1850 con objetivo de presionar al gobierno de Rosas a reconocer la libre navegación de los ríos interiores. La acción aglo-francesa no logró su objetivo y luego de cinco años el bloqueo debió ser levantado.

Fuente Consultadas:
Historia Argentina Secundaria Luchilo-Romano-Paz Edit. Santillana
Colección El Bicentenario Fasc. N° 3 Período 1850-1869 Nota de Silvia Ratto, Historiadora

Estructura de la Constitucion Nacional Argentina Articulo 14 Bis

Estructura De La Constitución Nacional Argentina

INTRODUCCIÓN: El Congreso General Constituyente se reunió el 20 de noviembre de 1852. Eligió presidente a Facundo Zuviría, representante salteño. Urquiza delegó en su ministro Luis José de la Peña la lectura de su discurso inaugural.

Refiriéndose a la ausencia porteña decía uno de sus párrafos: «Porque amo al pueblo de Buenos Aires me duelo de la ausencia de sus representantes en este recinto. La geografía, la historia, los pactos, vinculan Buenos Aires al resto de la Nación». Ni ella puede vivir sin sus hermanas, ni sus hermanas sin ella. En la bandera argentina hay espacio para más de catorce estrellas, pero no puede eclipsarse una sola.»

El 18 de abril de 1853 fue presentado el Proyecto de Constitución por la comisión encargada de hacerlo. Pero el 20, Zuviría pidió el aplazamiento de las tareas pues «el país seguía convulsionado y estaba lejos de ofrecer el ambiente de tranquilidad y orden necesario».

Su moción fue rechazada de inmediato se abrió el debate; el 1º de mayo la Constitución fue sancionada. El día 25 se promulgó y el 9 de julio fue jurada. Se eligieron esas dos fechas para dar jerarquía histórica y confirmación de argentinidad al acto.

Además de la Constitución de los Estados Unidos y de las nuestras de 1819 y 1826, que no alcanzaron a aplicarse, influyeron en la redacción un libro titulado»El federalista» y sobre todo la obra de Juan Bautista Alberdi «Bases y puntjs de partida para la Organización Política de la Confederación Argentina».

Contenía .sensatos consejos entre los cuales figuraba la calurosa recomendación de atraer inmigrantes europeos, brindándoles amplias garantías. Coincidía en esto,con la idea expuesta por Sarmiento en un párrafo de su obra «Facundo»: «El mal que aqueja a la Argentina es la extensión».

La Constitución comprendía un preámbulo y 110 artículos. Constaba de dos partes: la primera con las declaraciones, derechos y garantías; la segunda con el enunciado de las autoridades de la nación, subdividida en dos títulos: Gobierno Federal y gobiernos de provincias.

Temas del Menú: 1-Etapas Organización  2-Asamblea 1813   3-Pactos Preexistentes  4-Constitución Nacional  5-Forma de Gobierno  6-Division de Poderes   7-Estado y Nación   8-Democracia Argentina

La Constitución es la ley fundamental que determina y ordena la organización política de un estado. La constitución es la ley suprema que determina la forma de gobierno, las funciones y competencias de los distintos poderes, señala las normas fundamentales para la designación de los magistrados, determina las normas para la sanción de las leyes, etc.

La constitución tiene el carácter de ley suprema. Las demás leyes que regulan la actividad del país, para su validez, deben ajustarse a ella.

El sistema de constituciones escritas se desarrolló durante el siglo XIX. Su objeto fundamental fue la racionalización del poder y la limitación del poder absoluto o arbitrario de las monarquías.

Las constituciones pueden ser escritas y no escritas. Las escritas están, como su nombre lo indica, consignadas en un documento. Las no escritas están constituidas por costumbres, usos y tradiciones que determinan di funcionamiento de un régimen político. Inglaterra no tiene constitución escrita.

La Constitución Nacional:

El Congreso General Constituyente

El Congreso General Constituyente se reunió en Santa Fe en el mes de septiembre de 1852 e inició sus deliberaciones.
Tenía por objeto:

a – Dictar una Constitución nacional
b – Dictar las leyes orgánicas que fueran necesarias para ponerla en práctica.

Entre los meses de octubre de 1852 y mayo de 1853 la convención discutió un anteproyecto de constitución y le dio forma definitiva. El 25 de mayo de ese año fue promulgada por el Director Provisorio de la Confederación, y el 9 de julio fue jurada por todo el pueblo del país.

La Convención continuó sus deliberaciones hasta el mes de marzo de 1854, dictando algunas leyes que pusieran en vigencia la aplicación de la Constitución. El 6 de marzo se hizo cargo el Primer gobierno constitucional presidido por el general Justo José de Urquiza en calidad de Presidente y por Salvador María del Carril en calidad de Vicepresidente.

Desde la fecha de su sanción la Constitución ha sufrido algunas reformas parciales a través de Convenciones Reformadoras, las que se convocaron y reunieron en 1860, 1866, 1898, 1949 (luego anulada) , 1957 y 1994. Pero esas reformas sólo tocaron ciertos artículos sin alterar la estructura esencial y original de la forma de gobierno ni las declaraciones, derechos y garantías.

La Constitución consta de 110 artículos a los que hay que agregar el artículo 14 bis sancionado en la Convención Reformadora de 1957.

La Constitución puede ser objeto de nuevas reformas, pero para ello deben cumplirse las exigencias que ella establece, a saber:

1) La necesidad de reforma debe ser declarada por el Congreso, con el voto de dos terceras partes, al menos, de sus miembros;
2)Con ese fin debe convocarse en forma especial a una convención que tenga ese solo objeto.

Contitución Argentina

Supremacía de la Constitución

Dentro de la nación la Constitución es la ley fundamental. No hay ley alguna superior a ella ni en el orden nacional ni en el provincial.

Ese principio de supremacía está consagrado por el artículo 31 de la Constitución que establece: “Esta Constitución, las Leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras, son la ley suprema de la Nación”.

La supremacía queda patente en el párrafo siguiente del mismo artículo: “Las autoridades de cada provincia están obligadas a conformar-se a ella, no obstante cualquier disposición en contrario que contengan las leyes o constituciones provinciales”.

La estructura de la Constitución

La estructura de la Constitución se forma de las siguientes partes:

— Preámbulo.

—Primera Parte. Declaraciones, derechos y garantías.

—Segunda Parte. Autoridades de la Nación.

En el Preámbulo se enuncian los principios y objetivos que desde el comienzo de la emancipación se propusieron los hombres de la Revolución de Mayo, los cuales ratificaron los proyectos de construcción y los pactos preexistentes. Es como un pórtico que cierra el pasado y enuncia el futuro. Es, desde otro punto de vista, una síntesis de la filosofía política de la Constitución.

La Primera Parte, como lo dice el título en el enunciado, está dedicada a las Declaraciones básicas referidas al derecho constitucional argentino. En las Declaraciones se refiere a la Nación en conjunto, en si misma corno organización política, a las autoridades que ha instituido, a las provincias como parle de la Nación y a los hombres que pueblan el suelo argentino.
Los Derechos son los que corresponden a todo hombre y que la Constitución les reconoce, y los que corresponden al pueblo y a las provincias.

Las garantías son todas aquellas seguridades y promesas que ofrece la Constitución al pueblo argentino.

La Segunda Parte está referida a las autoridades de la Nación, a saber:

1 – Al Gobierno Federal: Poder Legislativo (Cámara de Diputados y Cámara de Senadores); atribuciones del Congreso; de la formación y sanción de las leyes.
2 – Al Poder Ejecutivo. Su naturaleza, de la elección del Presidente, de las atribuciones que posee.
3 – Al Poder Judicial. Su naturaleza y atribuciones.
4 – Al Gobierno de las Provincias.

Los Derechos Sociales en el Artículo 14 Bis de la Constitución Nacional

constitucion nacional articulo 14 bis

Art. 14 bis:
El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor; jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción, y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical, libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial.

Queda garantizado a los gremios: concertar convenios colectivos de trabajo; recurrir a la conciliación y al arbitraje; el derecho de huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo. El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable.

En especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económicas administradas por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral de la familia; la defensa del bien de la familia, la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna.

Fuente Consultada: Educación Cívica 2 – Zuretti-Auza

Camara de Senadores Atribuciones Tiempo Mandato Funciones Poder

Atribuciones de la Cámara de Senadores 

LA CÁMARA DE SENADORES
Su carácter e integración: La Cámara de Senadores constituye la representación política nacional de las provincias y de la ciudad de Buenos Aires.
En plena vigencia del régimen federal, la representación senatorial de provincias en el Congreso Nacional es igualitaria, sin que se tenga en cuenta, en este caso, la importancia demográfica de cada provincia. El Senado se integra con tres senadores por cada provincia y tres senadores por la ciudad de Buenos Aires.

REQUISITOS MÍNIMOS PARA SER SENADOR. Las condiciones mínimas exigidas para ser senador nacional son las siguientes:

• Ser ciudadano argentino.
• Haber cumplido 30 años de edad,
• En caso de tratarse de extranjeros naturalizados, tener un mínimo de 6 años como ciudadano.
• Haber nacido en la provincia que lo elija (o en la Capital Federal, si es el caso) o tener dos años de residencia inmediata en ella.

La Constitución Nacional estableció la necesidad de contar con un ingreso personal superior a 2.000 pesos fuertes (de 1853) anuales, o una entrada equivalente, para poder ser senador nacional. Esta condición -resultado de la manera de pensar de aquella época- ha caído en desuso: no tiene aplicación real en nuestros días. Ha sido derogada por la costumbre.

DURACIÓN DEL MANDATO. Los senadores nacionales duran 6 años en su cargo y se los puede reelegir sin límite de tiempo.

La Cámara de Senadores se renueva por tercios cada dos años. Esto significa que una parte de los senadores debe abandonar sus cargos y elegirse reemplazantes.
En caso de vacancia antes de cumplir el período (por renuncia, muerte, etc.) debe efectuarse de inmediato la elección del reemplazante en la forma indicada por la Constitución y la legislación local.

EL VICEPRESIDENTE EN EL SENADO. La Cámara de Senadores es presidida por el Vicepresidente de la Nación. En los debates sólo vota en caso de empate. Cuando el Vicepresidente debe ocupar la Presidencia de la Nación (por renuncia, muerte o ausencia transitoria del Presidente) su función al frente del Senado es cumplida por un presidente provisional elegido por la misma cámara.

Cámara de Senadores

Cámara de Senadores en Argentina

Atribuciones exclusivas del Senado
Están determinadas por varios artículos de la Constitución Nacional y son las siguientes:

• El Poder Ejecutivo necesita del acuerdo (conformidad) del Senado para designar a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, a los jueces nacionales, a los altos funcionarios diplomáticos y a los oficiales superiores de las Fuerzas Armadas.
• El Senado es el que realiza el juicio político a los acusados por la Cámara de Diputados.
• Es necesario el acuerdo o autorización de esta cámara para la declaración del estado de sitio en caso de «ataque exterior».

«CÁMARA BAJA» Y «CÁMARA ALTA»
A través de lo analizado en las páginas anteriores, se habrá advertido la existencia de importantes diferencias entre ambas cámaras del Poder Legislativo.

La principal es la que surge del distinto carácter de su respectiva representación: popular en un caso, institucional en el otro, pues los senadores representan a las provincias.

Existe, además, una diferencia de la edad mínima exigida para ser diputado (25 años) o para ser senador (30 años). Se ha calificado como «cámara joven» a la de Diputados y se atribuyó (sin mayores fundamentos políticos) una función supuestamente moderadora a la de Senadores. La idea de los constituyentes de 1853 al adoptar este sistema fue «atemperar la impetuosidad juvenil» de los diputados con la acción de otra cámara que, históricamente, desempeñó un papel más conservador.

La denominación de «cámara alta» con que se identificó al Senado deriva de la tradición parlamentaria occidental, heredera del parlamentarismo británico. Antiguamente en el Reino Unido la «cámara alta» -la de mayor jerarquía- era la Cámara de los Lores, asamblea aristocrática sin poder real en nuestros días.

Fuente Consultada:
Instrucción Cívica
Norberto Fraga – Gabriel Ribas Editorial A-Z
Instrucción Cívica 2 D.A. Sabsay – S.G. Jáuregui

El Poder Legislativo Atribuciones Camara de Diputados Tiempo Mandato

Atribuciones del Poder Legislativo

El Poder Legislativo : En un sistema de gobierno basado en la división de poderes, la función principal del Poder Legislativo es la de sancionar y derogar las leyes. En este caso utilizamos la palabra ley en su sentido restringido y formal. El Poder Legislativo es ejercido por el Congreso. Nuestro Congreso está compuesto por dos cámaras: la Cámara de Diputados y del Senado, se lo llama de carácter bicameral. El Congreso tiene a su cargo la función legislativa. Cada una de las cámaras actúa de manera independiente pero, para que un proyecto se convierta en ley, es necesaria la voluntad concurrente de ambas cámaras.

Los diputados representan a la Nación en su conjunto. Es decir que aunque hayan sido elegidos por el electorado de un distrito determinado, representan al electorado total del país. Los senadores, en cambio, representan al distrito que los ha elegido. Los senadores defienden, en el Congreso, los intereses de las provincias que ellos representan, o de la Capital Federal.

poder legislativo

Cámara de Senadores Donde se Debaten las Leyes

Las cámaras se reúnen en sesiones ordinarias que comienzan el 1° de marzo  y se extienden hasta el 30 de noviembre de cada año También pueden reunirse en sesiones extraordinarias. Ello ocurre cuando el Presidente decide convocarlas fuera del término de sesiones ordinarias, o prorrogar el período ordinario. Sin embargo, cabe señalar que tanto el H. Senado como la Cámara de Diputados han interpretado que el Congreso tiene facultades suficientes para disponer la prórroga de las sesiones ordinarias en Resoluciones adoptadas durante el mes de diciembre de 2001

La Constitución determina los requisitos para ser senador o diputado, como así también el término de sus mandatos y las formas de elección.

La Cámara de Diputados se compone de representantes o diputados elegidos directamente por el pueblo de las provincias y de la ciudad de Buenos Aires.

REQUISITOS MÍNIMOS PARA SER DIPUTADO. Para poder ser diputado nacional es necesario reunir ciertas condiciones -requisitos- mínimas:
• Ser ciudadano argentino.
• Haber cumplido 25 años de edad.
• En caso de tratarse de un extranjero naturalizado, tener un mínimo de 4 años como ciudadano argentino.
• Ser nativo de la provincia que lo elija (o de la Capital) o haber residido en ella los dos años anteriores a la elección.

DURACIÓN DEL MANDATO Los diputados nacionales son electos para cumplir un mandato de 4 años y pueden ser reelegidos sin limitación de tiempo. La Cámara de Diputados se renueva por mitades cada 2 años. Esto significa que al cumplirse ese plazo, la mitad de los representantes deben dejar sus cargos y son reemplazados por los nuevos electos. (La Constitución estableció que en la primera legislatura se procedería a sortear a los diputados que sólo cumplirían un período de 2 años: Reiteradas interrupciones del ciclo constitucional a lo largo de las últimas décadas han obligado a aplicar este mecanismo en varias oportunidades.)

El texto constitucional también establece que en caso de vacante (por muerte, renuncia o cualquier otra razón), debe realizarse la elección del reemplazante en el distrito electoral correspondiente. Sin embargo, este sistema ha sido reemplazado por un régimen de suplencias.

Atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados
El Congreso posee una serie de atribuciones (es decir, de facultades) y de deberes.
La mayoría de esas atribuciones y deberes son comunes a ambas cámaras y las explicaremos un poco más adelante. Otras sólo pertenecen a cada una de ellas, son exclusivas del Senado o de la Cámara de Diputados.

Las atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados son las siguientes:

• Sólo la Cámara de Diputados posee la iniciativa para promover el tratamiento de proyectos de ley sobre contribuciones económicas que se impongan a la población (impuestos) y sobre el reclutamiento de tropas.
Esto es así, porque se entiende que esas leyes t pueden afectar el derecho de propiedad de los habitantes (en el caso de aprobarse nuevos impuestos) o su libertad personal (al regularse el servicio militar, por ejemplo) y se reserva la iniciativa en tales materias a los representantes directos del pueblo.

• Sólo la Cámara de Diputados tiene la facultad de iniciar juicio político al Presidente, al Vicepresidente de la Nación, al jefe del gabinete de ministros, a los ministros del Poder Ejecutivo y a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. El juicio político -que ampliaremos al final de esta Unidad- se inicia cuando la Cámara de Diputados acusa ante el Senado a quien haya desempeñado mal su cargo o cometido delitos. (El juicio político puede dar como resultado la destitución del acusado y su posterior encausamiento judicial.)

Organización del Poder Judicial Federal Eleccion Jueces

Organización del Poder Judicial Federal – La Elección Jueces y el Consejo de la Magistratura

El Poder Judicial: Este Poder  cumple un papel fundamental dentro de un Estado democrático. El Poder Judicial tiene a su cargo la función jurisdiccional, a través de la cual se convierte en el gran tutor de los derechos de los habitantes. Además, el Poder Judicial es el órgano de control por excelencia, control que ejercita sobre los otros dos poderes. El Poder Judicial debe ser independiente para poder cumplir sus funciones sin interferencias ajenas a él. La independencia del Poder Judicial constituye uno de los principales elementos del Estado de Derecho.

Un juez, para decidir un caso, no puede ser objeto de presiones provenientes de otros poderes o incluso de sectores o grupos de la sociedad. Para resistir esas presiones, la Constitución prevé distintos recursos.

Los principales procedimientos son el modo de designación y la duración de las funciones de los jueces. Los jueces son designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado. La participación de los otros dos poderes en el acto de nombramiento de los magistrados, ha sido prevista para evitar que un único poder de decisión pudiera completar la nómina de jueces a su antojo y conveniencia. De este modo, el Poder Ejecutivo presenta una lista, a medida que surgen las necesidades, y el Senado la acepta o la rechaza, actuando así como controlador de la iniciativa del Presidente.

Los jueces se mantienen en sus funciones mientras dure su buena conducta. A diferencia de lo que ocurre en los otros poderes, donde se ha establecido un plazo para la duración de los mandatos, los jueces no tienen un lapso de tiempo preestablecido, luego del cual deban dejar sus cargos.

Así, se ha querido evitar que exista una identificación entre la ideología de los jueces y la de los gobiernos de turno. También, para preservar la independencia del Poder Judicial, la Constitución le prohíbe expresamente al Presidente de la Nación el ejercicio de funciones judiciales.

Organización de nuestra justicia
Como nuestro país es federal, en él conviven un Poder Judicial Nacional y los poderes judiciales provinciales. El Poder Judicial Nacional es la justicia federal, mientras que por justicia provincial se hace referencia a los poderes judiciales de las veintidós provincias argentinas.

La Constitución Nacional determina las bases de la organización de la justicia federal, las constituciones provinciales se ocupan de la justicia en cada una de ellas, cuyas características varían de una a otra provincia. El Poder Judicial de la Nación está compuesto por la Corte Suprema de Justicia y los demás tribunales inferiores. La Corte Suprema es el órgano máximo del Poder Judicial y está compuesta por cinco miembros.

Los tribunales inferiores son:
• los tribunales de primera instancia, integrados cada uno por un juez,
• las Cámaras Federales de Apelación, son colegiadas y están formadas por varios jueces, cada una.

El papel de cada instancia judicial
Los jueces de primera instancia y las Cámaras de Apelación están agrupados por materia. Es así como existen jueces y cámaras en materia penal, civil, comercial, etc. Una persona que desee encontrar una solución a un conflicto derivado de la falta de pago de alquileres de su inquilino, concurrirá primero ante el juez de primera instancia en lo civil, pues se trata de una cuestión civil. Una vez que el juez haya dictado sentencia, tanto la persona que inició el juicio como su contrincante pueden apelarla. Si la sentencia es apelada, el asunto deberá ser nuevamente analizado por la Cámara de Apelaciones en lo Civil.

La cámara dictará una nueva sentencia. En esta nueva sentencia se podrá confirmar lo decidido por el primer juez o establecer algo diferente. Luego de esta segunda instancia, el asunto quedará dilucidado y las partes deberán atenerse a lo decidido por los jueces. La Constitución ha establecido una doble instancia judicial para garantizar una adecuada administración de la justicia. Los conflictos son estudiados y decididos dos veces, evitándose al máximo la posibilidad de que se cometan errores o arbitrariedades. La Corte Suprema de Justicia se ocupa de los asuntos en que intervienen las provincias o diplomáticos extranjeros.

Los poderes se relacionan y controlan entre sí
La separación de poderes no implica una desvinculación total entre ellos. Esta técnica de división del poder fue pensada para evitar que el poder careciera de control. Cada poder es controlado por los otros a través de facultades contenidas en la Constitución. De este modo, los órganos se relacionan e interactúan.

El Poder Judicial invade la esfera de los otros dos poderes, a través del llamado control de constitucionalidad que ejerce sobre las leyes del Poder Legislativo y decretos del Poder Ejecutivo. Este control tiene por objeto impedir la aplicación de leyes o decretos contrarios a la Constitución. De ocurrir esta situación durante la tramitación de un juicio, la parte que se considere afectada podrá solicitar que no se le aplique la norma, por ser inconstitucional; si la Corte Suprema así lo entiende dicha norma no se aplicará.

A su vez, el Poder Legislativo controla al Poder Judicial, cuando decide sobre la creación de nuevos tribunales inferiores o cuando sanciona la ley de presupuesto, en cuyo interior se prevé la suma que le corresponde al Poder Judicial para sus gastos, o cuando a través del juicio político decide remover a algún magistrado.

El Poder Ejecutivo también controla al Poder Judicial, cuando propone al Senado los nombres de los futuros jueces, y a su vez, el Senado realiza una fiscalización sobre el Poder Ejecutivo, cuando presta o no su acuerdo a lo propuesto por el Poder Ejecutivo.

También el Poder Legislativo incursiona en el Poder Ejecutivo en otras cuestiones, como por ejemplo: la sanción de la ley de presupuesto nacional, la aprobación o no de los tratados con los países extranjeros que han sido firmados por el Presidente, la autorización al Poder Ejecutivo para declarar la guerra, etcétera.

El Poder Ejecutivo controla al Poder Legislativo con el veto o rechazo de las leyes que ya han sido sancionadas por el Congreso antes de su promulgación, o cuando decide convocar a sesiones extraordinarias a las cámaras o prorrogar las sesiones ordinarias.

ORGANIZACIÓN DEL PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN
Existe en nuestro país una Justicia nacional o federal y una Justicia provincial o local. Un caso particular de la Justicia Nacional es el de los llamados Tribunales Nacionales de la Capital, que cumple, dentro de la jurisdicción de la Capital Federal, un papel equivalente al de los poderes judiciales provinciales en cada una de las provincias.

Derecho federal: Son las normas que regulan la organización, funcionamiento y atribuciones de los Poderes del gobierno nacional, así como las que se refieren al contenido del artículo 75 inciso 18 de la C. N. Es aplicado por los tribunales federales en todo el territorio nacional.

Derecho común: Son, esencialmente, las normas contenidas en los Códigos Civil, Penal, Comercial y de Minería (o «códigos de fondo», por oposición a los «códigos de forma» o de procedimiento), aplicados por los jueces federales o provinciales según los casos.

Derecho local: Son las normas dictadas por los poderes locales y tienen vigencia en su ámbito (provincias y Capital Federal). En el caso de la Capital, la legislatura local es el Congreso de la Nación.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación
La Constitución crea una Corte Suprema de Justicia. Al decir que es «suprema» se expresa que es el más alto tribunal de justicia de la Nación; sus decisiones son inapelables.

La Corte Suprema es, además, el intérprete máximo de la Constitución Nacional. Es quien interpreta, en caso de duda, y con carácter definitivo, el significado de las normas constitucionales. Por eso, se la ha definido como «guardián de la Constitución» y se ha dicho que «la Constitución es lo que la Corte dice que es».

Cuando la Corte Suprema efectúa una interpretación de una norma constitucional, esa interpretación es obligatoria para los tribunales inferiores.

La Corte puede declarar la inconstitucionalidad de cualquier norma (una ley, un decreto, etc.), pero debe hacerlo solamente ante la aplicación de esa norma en un caso concreto y a pedido de la parte afectada (por ejemplo: ante el pedido de un individuo en un juicio, que se* vea afectado por la aplicación de una ley). La declaración de inconstitucionalidad no deroga la norma cuestionada: si la Corte estuviera facultada para derogar una norma dictada por el Congreso o por el Presidente se violaría la división de poderes.

Existen diversos caminos judiciales por los que una causa puede llegar a la Corte Suprema: recursos de apelación impugnando sentencias de tribunales inferiores, recursos de revisión, de aclaratoria, de queja, etc.

La Constitución no determina el número de integrantes de la Corte, ni su organización y funcionamiento. Tampoco establece la forma en que debe ser elegido el magistrado que la presida. Todos esta aspectos han sido reglamentados por la Ley 23.774, que fijó en nueve el número de jueces que la integran.

Estos magistrados se denominan Ministros de la Corte y son designados por el Presidente de la Nación con acuerdo del senado y son ellos, según la ley, quienes deben designar a su presidente.

REQUISITOS PARA INTEGRAR LA CORTE SUPREMA: LOS establecidos por la Constitución Nacional son los siguientes:

• Ser abogado de la Nación con g anu3.de ejercicio profesional.
• Reunir las calidades necesarias para ser senador nacional (30 años cumplidos de edad, 6 años de ciudadanía si se es argentino por opción, etc.). Los ministros de la Corte prestan juramento «de desempeñar sus obligaciones, administrando justicia bien y legalmente, y en conformidad a lo que prescribe la Constitución». Ese juramento se presta ante el presidente de la Corte.

La designación de los jueces y el Consejo de la Magistratura
Jueces y camaristas son designados por el Presidente de la Nación con acuerdo del Senado y -a partir de la vigencia de lo dispuesto en la reforma constitucional de 1994 con la previa participación del Consejo de la Magistratura: el Poder Ejecutivo solamente puede designar para ocupar cada cargo a uno de los tres integrantes de una terna seleccionada por aquel organismo.

Además de la selección de los postulantes a los cargos de jueces integrantes de los tribunales nacionales, corresponde al Consejo de la Magistratura, la administración del Poder Judicial.

De acuerdo con lo establecido en la C.N.este Consejo se integrará equilibradamente con: representantes de los «órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal»; también se incluirán en él a «personas del ámbito académico y científico». El detalle preciso de su integración debe determinarse por ley del Congreso.

Esta institución no existía hasta la reforma constitucional de 1994.

ATRIBUCIONES DEL PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN FEDERAL
Atribuciones judiciales
La competencia de la justicia federal se encuentra establecida básicamente en el artículo 116 de la Constitución. De acuerdo con su texto:

La Corte Suprema de Justicia tiene una competencia originaria y exclusiva en los asuntos que involucren -a diplomáticos extranjeros o en los que una provincia fuese parte litigante. En estos casos el juicio debe iniciarse directamente ante la Corte (por eso se habla de competencia originaria ) y no existe apelación de su decisión (por eso es exclusiva).

Además de los casos de competencia originaria, la Corte Suprema posee también competencia por impugnación de las sentencias de tribunales inferiores.

Atribuciones colegislativas
• La Corte Suprema y las Cámaras de Apelaciones dictan acordadas, que son resoluciones referidas al funcionamiento interno de los tribunales.
• Las Cámaras de Apelaciones dictan también fallos plenarios, que son sentencias cuya doctrina es de aplicación obligatoria para los tribunales inferiores.
• La Corte también posee atribuciones para dictar su propio reglamento interno.
En todos estos casos podemos señalar la existencia de facultades colegislativas del Poder Judicial.

El Poder Ejecutivo Atribuciones Jefe de Gabinete Funciones Ministros

Atribuciones  del Poder Ejecutivo

Lista de Atribuciones:

1. Atribuciones de organización institucional y político-administrativas

2. Atribuciones económico-financieras:

3. Atribuciones Militares

4. Atribuciones relativas al manejo de la relaciones exteriores:

5. Funciones colegislativas:

6. Funciones judiciales:

El Poder Ejecutivo

En nuestro país, el Poder Ejecutivo es unipersonal. Seguramente, después de leer esta afirmación, nos preguntaremos sobre el papel que cumplen el Vicepresidente de la Nación y los ministros.El Vicepresidente es elegido por la ciudadanía juntamente con el Presidente; ambos componen la fórmula presidencial.

Sin embargo, ya en funciones, el Vicepresidente se desempeñará como Presidente del Senado, donde sólo vota en caso de empate. Cuando el Presidente no puede ejercer la presidencia en forma definitiva o temporaria, es reemplazado por el Vicepresidente. En el primer caso, termina el mandato presidencial. En el segundo caso, ejerce la presidencia durante la ausencia del Presidente; esta hipótesis es la más común, ya que ella se produce toda vez que el Presidente debe viajar al exterior.

Casa Rosada en Buenos Aires

Casa Rosada en Buenos Aires

 Carácter del Poder Ejecutivo

La Constitución Nacional establece que el Poder Ejecutivo es desempeñado por «un ciudadano con el título de presidente de la Nación Argentina»
El Poder Ejecutivo nacional es de carácter presidencialista: se trata de un Poder con fuerte concentración de autoridad -tomado en parte del modelo norteamericano- y gran cantidad de atribuciones.

La tradición histórica de nuestro país asigna un destacado peso político a la figura presidencial. Ese peso político ha dependido, además de las disposiciones constitucionales, de las características de quienes ejercieron la primera magistratura. Por otra parte, en el orden establecido por nuestra «ley fundamental», el Poder Ejecutivo está sujeto al control de los otros dos poderes del Estado, como ya hemos señalado.

EL VICEPRESIDENTE DE LA NACIÓN. Es a quien le corresponde reemplazar al Presidente en el ejercicio del Poder Ejecutivo, en caso de enfermedad, ausencia de la capital (producida, por ejemplo, por haber viajado al exterior), renuncia, destitución o muerte.

Además de esta función de reemplazo eventual, el Vicepresidente cumple la de presidir la Cámara de Senadores, en la que sólo tiene voto en caso de empate.

Los ministros son colaboradores del Presidente. Él los designa y los reemplaza cuando lo estima conveniente. El Presidente es el único responsable político de la gestión ejecutiva del gobierno. Los ministros son, en realidad, sus secretarios y tienen a su cargo las distintas ramas o campos de actividad administrativa.

El Presidente y el Vicepresidente son elegidos de manera indirecta. Los ciudadanos votan a los miembros de un Colegio Electoral, que tiene por función designar al Presidente y Vicepresidente de la Nación. La Constitución determina los requisitos y la duración de sus mandatos, que a partir de la reforma de 1994, la duración del mandato es de 4 años y pueden ser reelegidos solo para otro mandato.

El Presidente tiene la jefatura política del país. Él representa a la Nación en el exterior y en el interior del país. Por sus manos pasan las grandes iniciativas políticas. Esto sucede cuando anuncia las relaciones que tendremos con los demás países, o presenta el proyecto de presupuesto ante el Congreso, o establece los planes en materia de educación, o decide el tratamiento que debe dársele a una huelga, o determina las relaciones con los partidos opositores, etcétera.

La lista es larguísima, sólo quisimos ilustrar sobre la amplia gama de actos que puede realizar el Presidente de la Nación. Por supuesto que muchos de dichos actos, el Presidente los realiza con la aprobación y el control de los otros poderes, pero el solo hecho de tener la iniciativa ya le permite concretar su papel de conductor político.

El Presidente es el jefe de la administración pública; el Poder Ejecutivo asegura la función administrativa del Estado. Además, es el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas.

Requisitos para ser elegido Presidente o Vicepresidente de la Nación: La Constitución exige una serie de requisitos o condiciones mínimas- para poder ser electo Presidente o Vicepresidente:

• Haber nacido en territorio argentino o ser hijo de ciudadano nativo, habiendo nacido en país extranjero.
(Una razón de origen histórico explica la segunda parte de este requisito: en 1853 se contempló especialmente el caso de los muchos emigrados políticos que habían abandonado el país durante la época de Rosas.)
• Reunir las calidades exigidas para ser electo senador.

Cómo se eligen el Presidente y el Vicepresidente
El procedimiento constitucional para la elección de Presidente y Vicepresidente de la República consiste en una elección directa o de primer grado. Los ciudadanos votan directamente a los candidatos a Presidente y a Vicepresidente de la Nación.

La elección presidencial se realiza de la siguiente forma:

• Debe efectuarse dentro de los meses anteriores a la finalización del mandato del Presidente en ejercicio.
• Todo el territorio nacional se considera como un distrito electoral único, sumándose los votos para cada candidato sin discriminar de qué provincia provienen (sistema de distrito uninominal).
• Se aplica el sistema de doble vuelta o ballottage:

1) En una primera elección participan todas las fórmulas de candidatos que se presenten. (Las fórmulas se integran con su candidatos a Presidente y otro a Vice.) Si una de ellas obtienen una cantidad de votos superior al 45% de los votos afirmativos válidamente emitidos, los integrantes de esa fórmula serán proclamados como Presidente y Vice. (La expresión «votos afirmativos válidamente emitidos» significa que para calcular ese porcentaje sobre el total de sufragios no se cuentan los votos anulados ni los votos en blanco). Lo mismo ocurrirá si logra entre el 40% y el 45% pero, además, obtiene una ventaja mayor de 10 puntos porcentuales sobre la fórmula que sigue en número de sufragios.

En otros países donde se aplica el sistema de ballottage es necesario obtener la mitad más uno del total de votos válidos para triunfar.

2) De no obtener ninguna de las fórmulas de candidatos las mayorías indicadas en 1), debe realizarse una segunda elección dentro de los treinta días de celebrarse la primera.

En ella participarán solamente las dos fórmulas presidenciales más votadas. Para esta segunda elección no es posible recomponer las fórmulas de candidatos (o sea, por ejemplo, reemplazar a uno de ellos para concretar una alianza interpartidaria).

Este sistema de elección directa del Poder Ejecutivo se introdujo en nuestro país con la reforma constitucional de 1994. Hasta entonces se había aplicado un régimen de elección indirecta: los ciudadanos votaban por electores y éstos, reunidos en colegio electoral, elegían al primer mandatario y a su vice. En caso de empate en el colegio electoral, la elección pasaba al Congreso Nacional.

Esta última posibilidad nunca se concretó. En cambio sí se produjeron casos en los que una fórmula presidencial necesitara el apoyo de los electores de otros partidos para triunfar, por no tener mayoría propia (así sucedió con la elección del presidente Illia en 1963). Además, era teóricamente posible que los electores de presidente y vice decidieran elegir a personas cuyas candidatura no tuviera mayoría en el respaldo popular o que ni siquiera hubieran sido candidatos hasta ese momento (cosa que no ocurrió nunca en la realidad).

Todas estas circunstancias aconsejaban reemplazar el sistema dando un papel más decisivo a la ciudadanía. Las últimas elecciones presidenciales por el sistema indirecto fueron las que llevaron a la Casa Rosada a los doctores Alfonsín (en 1983) y Menem (en 1989); ambos candidatos tuvieron mayoría propia en el colegio electoral.

ATRIBUCIONES DEL PODER EJECUTIVO

Se llaman atribuciones del Poder Ejecutivo a las facultades que otorga al mismo la Constitución Nacional. Estas facultades están enumeradas, principalmente, en el artículo 99 de nuestra «ley fundamental».

El Presidente de la Nación, a cargo del Poder Ejecutivo del gobierno federal, ejerce lo que se ha llamado tres jefaturas:

Es el Jefe Supremo de la Nación, es el jefe del Gobierno y es el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación. Es, además, el responsable político de la administración general del país.
Como Jefe del Gobierno, el Presidente es el máximo representante del Estado argentino ante la comunidad internacional.

La expresión «Jefe Supremo» utilizada en la Constitución Nacional ha sido cuestionada por diversos tratadistas como no adecuada: puede dar la idea de alguien dotado de un poder de mando ilimitado. Esa interpretación es contraria al espíritu y disposiciones de la Constitución, que responde a la concepción republicana, caracterizada por el control recíproco entre los poderes constituidos.

Clasificación de las atribuciones del Poder Ejecutivo
1. Atribuciones de organización institucional y político-administrativas.
2. Atribuciones económico-financieras.
3. Atribuciones militares.
4. Atribuciones relativas al manejo de las relaciones exteriores.
5. Funciones colegislativas.
6. Funciones judiciales.

Principales atribuciones y funciones del Presidente de la Nación

1. Atribuciones de organización institucional y político-administrativas: Es el responsable político de la administración general del país, administración que es ejercida por el Jefe del Gabinete de Ministros. Designa -con el acuerdo del Senado- a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a los jueces federales; designa o remueve a los altos funcionarios diplomáticos (con acuerdo del Senado); nombra y remueve al Jefe del Gabinete, a los demás ministros, oficiales de su secretaría, etc.; inaugura anualmente las sesiones del Congreso, en cuya oportunidad da cuenta al Poder Legislativo del estado de la Nación y recomienda la consideración de las medidas que juzga oportunas y convenientes; declara el estado de sitio en caso de ataque exterior o de conmoción interna (en el caso en que el Congreso no esté sesionando); decreta la intervención federal a una provincia o a la Ciudad de Buenos Aires en el caso en que el Congreso esté en receso (y debe convocarlo entonces para tratar la cuestión); etc.

2. Atribuciones económico-financieras: Supervisa la tarea del Jefe del Gabinete respecto de la recaudación de las rentas nacionales y de su inversión de acuerdo con la ley de presupuesto.

3. Atribuciones militares: Corno Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, dispone de dichas fuerzas y ordena su distribución, entrada en operaciones, etc.

4. Atribuciones relativas al manejo de la relaciones exteriores: Es el Jefe del Gobierno, es decir, el máximo representante de la República ante la comunidad internacional. Concluye y firma tratados internacionales; recibe a representantes de otras potencias extranjeras y admite a sus cónsules; declara la guerra y ordena represalias con autorización del Congreso.

(132)La firma de un tratado internacional no significa su inmediata entrada en vigencia; sólo fija su texto. .Es necesario que el Congreso lo apruebe para que sea válido como ley de la Nación. Cabe aclarar que un tratado internacional entra en vigencia con el intercambio de ratificaciones o su depósito ante el organismo internacional correspondiente.

5. Funciones colegislativas: Participa de la formación de las leyes, las promulga; dicta los decretos reglamentarios para la aplicación de las mismas; ejerce el derecho de veto, con el que puede oponerse total o parcialmente a la sanción de una ley; convoca a sesiones ordinarias y extraordinarias del Congreso y puede prorrogarlas, etc. La reforma de 1994 ha establecido enfáticamente que el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta, emitir disposiciones de carácter legislativo. Sin embargo, admite que en ciertas circunstancias excepcionales el P.E. dicte decretos «de necesidad y urgencia», que constituyen disposiciones legislativas sancionadas sin la intervención del Congreso. Se limita esta atribución excepcional excluyendo de ella lo referido a materia penal, tributaria, electoral y al régimen de los partidos políticos. Además, estos decretos «de necesidad y urgencia» deberán ser sometidos en un plazo perentorio a la consideración del Poder Legislativo

6. Funciones judiciales: El Presidente está facultado para conceder indultos y para conmutar penas.  El indulto consiste en el perdón de un cielito cometido; por él se suprimen las consecuencias penales de una condena judicial. Conmutar una pena consiste en sustituirla por otra menor. Estas facultades del Presidente han sido incorporadas con un fin humanitario y sólo deben ser aplicadas en casos excepcionales.

El Jefe de Gabinete y demás ministros del Poder Ejecutivo
La Constitución Nacional establece que «El jefe de gabinete de ministros y los demás ministros secretarios […] tendrán a su cargo el despacho de los negocios de la Nación y refrendarán y legalizarán los actos del presidente por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de eficacia».

Los ministros dirigen sus respectivas áreas de gobierno y colaboran con el Presidente al que asesoran, actuando individual o conjuntamente en el gabinete nacional.

El número de ministros ha variado a lo largo de nuestra historia política. El texto de la Constitución vigente establece que la cantidad de ministros y las funciones de cada uno de ellos «será establecida por una ley especial».

La organización vigente al editarse este libro incluye los siguientes ministros:
• Del Interior.
• De Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
• De Defensa.
• De Economía y Obras y Servicios Públicos.
• De Justicia.
• De Cultura y Educación.
• De Trabajo y Seguridad Social.
• De Salud y Acción Social.

El jefe de gabinete
Como los demás ministros es nombrado -y puede ser removido de su cargo- por el Presiden-te. Pero también tiene responsabilidad política ante el Congreso nacional y puede también ser removido de su cargo por el voto de la mayoría absoluta de los miembros de cada una de las Cámaras.

Los ministros son responsables ante el Presidente, que los designa y que puede destituirlos, y ante el Congreso, que puede someterlos a juicio político.

Luego que el Poder Legislativo inaugura sus sesiones, el jefe de gabinete y los ministros deben presentar una memoria (un informe detallado) de la situación de la Nación en sus respectivas áreas de competencia. También están obligados a concurrir al Congreso cuando cualquiera de sus cámaras se lo solicite, para dar explicaciones e informar sobre los temas de su propio ministerio (en estos casos se dice que los ministros son interpelados).

Los tratadistas han discutido si debe considerarse a los ministros como integrantes del Poder Ejecutivo (en cuyo caso éste no podría definirse como unipersonal) o como funcionarios que colaboran con ese poder del Estado sin formar parte de él. La mayoría se inclina por la segunda interpretación.