Concepto: Neoliberalismo

El Municipio Concepto, Organizacion y Funciones

El Municipio Concepto, Organización Institucional y Funciones

Las ciudades no surgen espontáneamente. Existen numerosos factores que inciden para que grupos de familias se reúnan y habiten en un determinado lugar geográfico. Influyen la cercanía de los cursos de agua, o del mar, la facilidad de las comunicaciones, la fertilidad de la tierra, la abundancia de algún elemento mineral, vegetal o animal, las razones de seguridad, el interés turístico, histórico, etc.

Producida la primera agrupación, que da origen a una aldea, villa o población, la evolución natural la va a llevar a su desarrollo, hasta convertirla en una ciudad. Lo anterior no excluye la posibilidad de su extinción o estancamiento cuando, precisamente, desaparecen las causas que motivaron el aglutinamiento humano o el lugar geográfico no resulta el más adecuado.

El aumento del número de habitantes en una misma localidad genera por sí solo necesidades cada vez más amplias y complejas, relacionadas con el abastecimiento de comestibles, la salud pública, la provisión de agua corriente, de energía eléctrica, de servicios telefónicos y telegráficos, educacionales, etc., que obligan a organizar una autoridad o gobierno local, encargada de velar por los intereses generales de la comuna.

El municipio o comuna es un conjunto de familias ligadas por iguales intereses, derechos y deberes, cuya vida se desarrolla en una ciudad, villa o población y sus zonas circundantes regidas por un gobierno local. Es una comunidad de base territorial.

• El gobierno es el conjunto de las autoridades. Ellas son las encargadas del ejercicio del poder, en este caso municipal.

•  El poder es la facultad de imponer las normas que rigen la existencia del grupo.

•  Las normas son reglas de convivencia. Existen normas sociales, morales, jurídicas, religiosas, etc. Las normas jurídicas (leyes) son de cumplimiento obligatorio y las imponen las autoridades. En cambio, las normas sociales, morales o religiosas quedan libradas a la conciencia de cada individuo y su cumplimiento, por lo tanto, es voluntario.

El gobierno municipal es el encargado de aplicar las normas jurídicas y por lo tanto obligatorias, que rigen la vida del municipio. Ese gobierno tiene poderes sólo dentro del territorio de la comuna o ejido municipal. (El territorio es el asiento geográfico de la población y ésta está integrada por el conjunto de sus habitantes.)

El municipio es la primera estructura política del país. La política es un conjunto de principios que deben seguir los gobernantes en sus relaciones con los gobernados o, también, el arte de gobernar para fomentar el bienestar general. La palabra «política» deriva de «polis». vocablo griego que significa, precisamente, ciudad.

Se puede afirmar que las instituciones municipales son anteriores a la Nación. Los hombres empezaron formando pueblos o ciudades antes que naciones. Son ejemplo de ellos, Atenas, Esparta o Roma, que fueron ciudades-Estados de la antigüedad. Hoy el municipio es considerado la patria menor de sus habitantes, porque la organización política moderna reúne a ios municipios, constituyendo provincias y a éstas, integrando el Estado Nacional, que es la patria grande.

La Nación es un conjunto de individuos unidos por comunidad de cultura, tradiciones e intereses y por la conciencia de pertenecer a la misma. Es un producto de la historia, que en su incesante evolución amalgama grupos sociales culturalmente homogéneos que adquieren similar conciencia de su destino. La Argentina es una nación.

Organización institucional

Podemos definir al Estado como la organización de una población que reside en un territorio determinado, dirigida por un gobierno común. De este concepto surgen los tres elementos componentes del Estado: la población, el territorio y el gobierno.

El municipio, al igual que el Estado Nacional y los Estados provinciales, posee un gobierno que ejerce tres funciones, que se cumplen a través de distintos organismos.

1) Función ejecutiva: es la facultad de administración que está a cargo del Intendente Municipal.

2) Función legislativa: es la facultad de legislación, o sea de sancionar las normas o leyes municipales, que se denominan ordenanzas. Es ejercida por el Concejo Deliberante, cuyos miembros son los Concejales.

3) Función judicial: es la facultad de administrar justicia, es decir, de aplicar las normas jurídicas municipales (ordenanzas), a los casos particulares. Es ejercida por los jueces municipales o jueces de Faltas que juzgan a los vecinos en casos de infracciones.

Las normas acerca de la organización y funcionamiento del gobierno del municipio se encuentran en la Constitución Nacional o Ley Fundamental,en las Constituciones de Provincia, y en las leyes nacionales y provinciales, así como en las ordenanzas orgánicas que dictan los concejos deliberantes.El Art. 5º de la Constitución Nacional garantiza a las provincias el goce y ejercicio de sus instituciones, bajo la condición de que dicten una Constitución que asegure, entre otras exigencias, su régimen municipal.

En cumplimiento de lo que dispone esta cláusula constitucional, las Provincias han sancionado sendas leyes orgánicas municipales, a las que ajustan su accionar dichos gobiernos locales.

La Ley Orgánica de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, N° 19.987, modificada por la Ley N° 22.846 del año 1983, se halla en vigencia actualmente y establece que son órganos institucionales del gobierno municipal (Art. 3º):

a) El Concejo Deliberante.
b) El Departamento Ejecutivo.
c) Los Consejos Vecinales.

Elección y funciones de las autoridades

• Concejo Deliberante
Es el órgano que tiene el poder de decisión. Su función es legislativa, dado que se encarga de la elaboración y sanción de las ordenanzas municipales.
Se compone de 60 miembros (concejales), elegidos directamente por el voto popular.

Son requisitos para ser concejal: tener 25 años cumplidos, 4 años de ejercicio de la ciudadanía y una residencia no inferior a dos años en el municipio.

«Los concejales durarán cuatro (4) años en su mandato y podrán ser reelegidos indefinidamente. Cada dos (2) años se renovará la mitad de los miembros del Concejo Deliberante. En la primera integración se determinará por sorteo a quiénes corresponderá un mandato de dos (2) años».

Se ha dicho que el gobierno municipal es la expresión más democrática de la voluntad popular, teniéndose en cuenta que no sólo votan los ciudadanos, sino también los extranjeros afincados en la ciudad, aunque no se hayan naturalizado. A esos mismos extranjeros, por ejemplo, no se les permite votar en las elecciones de autoridades del gobierno provincial o nacional. Por tal motivo el padrón electoral municipal comprende más votantes que el correspondiente al orden provincial o nacional. Es decir que se reconoce el interés de los extranjeros no naturalizados por participar en el gobierno de la ciudad de que son vecinos.

Son funciones del Concejo Deliberante, entre otras:

— Sancionar ordenanzas que se refieran a las siguientes materias: ornato, sanidad, higiene, asistencia social y recreación, seguridad, moralidad, cultura, educación, protección, fomento, conservación, vialidad, comercialización, abastecimiento, servicios y obras públicas, regímenes sobre cementerios, planeamiento y desarrollo.

— Sancionar las ordenanzas, fiscal y tarifaria, y el presupuesto de gastos y recursos.

— Otorgar concesiones y permisos de uso sobre bienes municipales.

— Imponer nombres a avenidas, calles, pasajes, parques y paseos, así como a los barrios de la ciudad.

— Reglamentar la edificación y zonificación de la ciudad.

— Declarar el juzgamiento del Intendente o sus Secretarios, por mal desempeño o delito en el ejercicio de sus funciones.

• Intendente Municipal (Departamento Ejecutivo)

En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República, el Intendente Municipal es designado por el Presidente de la Nación.

Ello se debe a que la Constitución Nacional, en su Art. 86, Inc.3º, entre las atribuciones del Presidente, señala que es «el jefe inmediato y local de la Capital de la Nación».

El Intendente «ejercerá sus funciones durante tres (3) años, pudien-do ser reelegido por una sola vez. Mientras las desempeñe no podrá ocupar ningún otro cargo público ni realizar actividad privada, excepto la docencia universitaria. Su retribución será igual a la que corresponda a un ministro del Poder Ejecutivo Nacional».

Son funciones del Intendente Municipal, entre otras:

— Representar legalmente a la Municipalidad.
— Nombrar y remover a los Secretarios del Departamento Ejecutivo.
— Nombrar a los jueces municipales de Faltas, del Tribunal de Cuentas y del Tribunal Fiscal de la Municipalidad, con acuerdo del Concejo Deliberante.
— Participar en la formación de las ordenanzas, promulgarlas y reglamentarlas, cuidando de no alterar sus fines y ejecutarlas de igual modo.
— Atender a la prestación de los servicios públicos, propendiendo a una adecuada descentralización.
— Convocar al Concejo Deliberante a Sesiones Extraordinarias, cuando razones de gravedad o urgencia así lo determinen.
— Presentar proyectos de ordenanza.
— Presentar el proyecto de presupuesto anual de gastos y recursos y los de ordenanza fiscal y tarifaria.
— Expedir órdenes de pago, celebrar contratos, ejecutar obras públicas, administrar los bienes del patrimonio municipal, recaudar los recursos del municipio, otorgar permisos y habilitaciones para el ejercicio de actividades, etc.

• Consejos Vecinales

Objeto y organización. En la Ciudad de Buenos Aires fueron creados en el año 1972 y disueltos en 1976. La Ley Orgánica Municipal, actualmente vigente, creó catorce Consejos Vecinales, que corresponden a zonas de la Ciudad, cada una de ellas integradas por diversos barrios.

El Consejo Vecinal es un organismo de base del régimen municipal, que deberá cooperar con la población y con las entidades representativas, a los efectos de contribuir a una mejor acción municipalista y participativa.

Para ser vocal de ese Consejo se requiere tener 25 años de edad, como mínimo, ser argentino y domiciliarse en la jurisdicción territorial del Consejo, con una residencia inmediata anterior no inferior a dos años. Los vocales duran cuatro años en sus funciones y son reelegióles indefinidamente. El desempeño de su cargo es ad honorem.

El Consejo Vecinal se compone de nueve vocales.

Las decisiones se toman por simple mayoría.
Son funciones del Consejo Vecinal, entre otras:
— Estimular la actividad cívica y la participación comunitaria.
— Informar sobre las necesidades del vecindario y colaborar en la formulación de programas de interés comunal.
— Proponer anteproyectos de obras, servicios y trabajos.
— Promover la participación de la población en el progreso material del vecindario y en la elevación moral y cultural de sus habitantes.
— Promover la formación de consorcios para obras de interés zonal.
— Mantener una fluida y permanente acción y cooperación con las entidades representativas del vecindario (sociedades de fomento, mutualidades, cooperadoras escolares, hogares o cooperadoras policiales, centros culturales, deportivos o religiosos, cooperativas, ligas de padres y madres de familia y toda otra entidad de bien común).

Direcciones Municipales y Tribunales

• Direcciones Municipales

El Gobierno Municipal ha ido ampliando sus actividades y funciones, las que actualmente revelan una gran complejidad.

En el municipio de la Ciudad de Buenos Aires, el organigrama del Departamento Ejecutivo incluye siete Secretarías:
• Gobierno
• Economía
• Obras y Servicios Públicos
• Salud Pública y Medio Ambiente
• Cultura
• Educación
• General

De cada una de ellas dependen diversas direcciones generales, Direcciones, Departamentos y organismos fuera de nivel.

• Tribunales Municipales

— Justicia Municipal de Faltas. El juzgamiento de las contravenciones a las disposiciones municipales y a las normas nacionales cuya aplicación corresponde a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, con excepción de las que sean imputadas a menores de 18 años, compete a la justicia Municipal de Faltas.

Está integrada por jueces de Faltas de primera instancia, una Cámara de Apelaciones y un Ministerio Público. Los juicios son orales y públicos.
Los jueces son designados por el Intendente Municipal y deben contar con el acuerdo del Concejo Deliberante. Tienen que ser ciudadanos argentinos y poseer título de abogado. Son inamovibles y conservarán sus cargos mientras dure su buena conducta.

El Ministerio Público estará integrado por fiscales designados por el Intendente Municipal.

Tanto los jueces, como los camaristas y los fiscales, deben residir en la Ciudad de Buenos Aires o en un radio de 70 km de la misma.

La Justicia Municipal de Faltas funcionará todo el año en forma continua y durante doce horas diarias como mínimo.

— Tribunal Fiscal. Entiende en las demandas que interpongan los vecinos que consideren que los impuestos, tasas, derechos y multas que les exige la Municipalidad, no están de acuerdo con las ordenanzas vigentes. Este Tribunal está integrado por tres abogados y tres contadores públicos, designados por el Intendente con acuerdo del Concejo Deliberante. Las audiencias son orales y públicas.

— Tribunal de Cuentas. Es el encargado de controlar la ejecución y la correcta gestión financiera de la Municipalidad. Está integrado por un Presidente, dos Vocales y un Secretario, designados por el Intendente, con acuerdo del Concejo Deliberante. El Presidente deberá ser abogado y los demás miembros contadores públicos. Deberán ser argentinos y tener no menos de 30 años de edad. Son inamovibles y permanecen en sus cargos mientras dure su buena conducta.

Los actos que fueren observados por el Tribunal de Cuentas, serán comunicados al Concejo Deliberante.

Funcionamiento del Municipio

El funcionamiento del municipio encuentra su cauce natural a través de los gobiernos democráticos.

Los regímenes autoritarios y los sistemas totalitarios lo han sometido a su arbitrio y voluntad sustituyendo las autoridades elegidas por los vecinos, por sus acólitos.

En el Municipio el hombre ejercita sus derechos y logra valiosas experiencias cívicas. Se convierte en un elemento activo de la democracia, razón por la cual el totalitarismo busca su avasallamiento, propiciando un conformismo del pueblo y un desinterés generalizado ante el abuso del poder.

Urquiza, en el año 1852, firmó un Decreto de restablecimiento del régimen municipal en Buenos Aires, avasallado hasta entonces por Rosas.

En dicho Decreto, se decía: «La carencia de vida municipal ha sido el primer escalón por donde han trepado muchos tiranos».

La comuna es la expresión más auténtica del gobierno local y descentralizado, y permite la participación activa del pueblo para la solución de sus propios problemas.

El jurista argentino contemporáneo Rafael Bielsa decía al respecto:  «La crisis del régimen municipal tiene como causa la falta de educación cívica y jurídica de los representantes comunales y la sumisión de los intendentes a gobiernos también ineducados para la función pública. En la historia de la civilización aparece el municipio, a través de todas las épocas y en casi todos los pueblos, como el más firme baluarte de las libertades políticas y de los derechos privados».

El municipio ha sido el precursor del Estado moderno. Él suprimió las trabas jurídicas que separaban las varias clases sociales y daban el carácter de privilegio a la libertad civil y la participación en la vida pública. Los grandes principios que informan la vida política contemporánea, la libertad de la persona, de la propiedad y del trabajo, la inviolabilidad del domicilio, la unidad del fuero, la igualdad de los derechos civiles y políticos, en suma, tuvieron su realización práctica en la esfera limitada por los muros del municipio.

La división y la organización de las varias ramas de la administración central tomaron también sus líneas fundamentales del régimen municipal. El municipio, finalmente, fue el centro donde asentó sus reales la vida intelectual, el progreso científico. Es la unidad administrativa más simple. Es anterior al Estado, del cual es parte constitutiva. Éste no ha hecho sino articular o unir esas células, llamadas comunas, con vida y existencia propias, y en este orden de prioridad ha debido necesariamente respetarlas.

Funciones

El Art. 2º de la Ley Orgánica de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, (Ley 19987) establece las funciones que competen a la misma y que son:

— La confección de planes, directivas, programas y proyectos sobre política urbanística, en armonía con el sistema nacional de planeamiento.

— La cultura, educación y recreación, fomento de las artes, la promoción y asistencia social, moralidad y buenas costumbres, en orden a su conservación y acrecentamiento.

— La instalación de centros sanitarios y asistenciales y de educación; contralor de la salud pública; bromato lógico y de salubridad de los elementos del ambiente ecológico.

— El contralor de construcciones, obras y embellecimiento de la ciudad, así como la prestación de servicios que garanticen la seguridad y comunicación de personas y bienes, sin perjuicio de las competencias atribuidas al respecto a otros organismos o instituciones.

— La limpieza de las calles, plazas y demás lugares públicos.

— La intervención en la comercialización de productos de consumo de la población y en la instalación de ferias y mercados.

— La construcción y conservación de puentes, túneles, calles, calzadas, aceras y demás obras públicas que se estimen convenientes; ejercer la respectiva competencia en las zonas marginales de los cursos de agua navegables o flotables; y lo concerniente al alumbrado público.

— El tránsito de personas y vehículos; las condiciones de licencias habilitantes para la conducción y el debido funcionamiento de los mismos; y las tarifas de cualquier tipo de servicio, salvo las atribuciones que puedan corresponder a otros organismos.

— La fijación de los recursos económicos-financieros, determinación del monto de los impuestos de la ley, así como las tasas y multas; contraer empréstitos; aceptar o repudiar donaciones o legados, efectuar donaciones de bienes muebles y dictar, asimismo, normas para la disposición y administración de los bienes del patrimonio municipal.

— La sanción del régimen sobre estabilidad, escalafón, derechos, obligaciones y previsión social de los agentes municipales.

— El bien común del vecindario.

— El ejercicio del poder de policía en las materias de su competencia.

Origen y destino de los ingresos municipales

• Recursos
Entre las atribuciones generales de la comuna, se encuentra la de arbitrar los recursos económicos para satisfacer los servicios locales que presta.
Para ello es necesario reconocer a la misma una facultad tributaria, cuyo alcance, en el caso de nuestro país, está dado por las Constituciones y leyes provinciales, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 5º de la Constitución Nacional.

Existe coincidencia en que los municipios no pueden cobrar impuestos (carecen de poder impositivo), excepto que la ley excluya expresamente dichos impuestos como derecho del fisco provincial o nacional, en beneficio del fisco municipal correspondiente.

Por eso lo correcto es hablar de tasas municipales o contribuciones de mejoras, cuyo pago se justifica por la contraprestación de servicios públicos locales que recibe el usuario. En cambio, el impuesto no implica la contraprestación directa de un servicio por parte de) Estado.

Las principales tasas son las de alumbrado, barrido y limpieza, riego, conservación de pavimentos, abasto e inspección veterinaria y bromatológica, constatación de pesas y medidas, cementerios, servicios fúnebres, patentes de juegos permitidos, teatros y cinematógrafos, salas de espectáculos en general, aranceles hospitalarios, etc.

La suma de los recursos así obtenidos constituyen el Tesoro Municipal y se vuelcan y distribuyen orgánicamente en los diferentes rubros del Presupuesto Municipal.

En los casos en que el Municipio debe encarar obras dentro de su ejido, en cuya realización tiene interés el Gobierno Provincial o Nacional y que excedan las posibilidades tributarias de su población, el fisco provincial o el nacional pueden contribuir con empréstitos que deben contar con autorización legislativa especial y estar acordes con la capacidad financiera del municipio. Estos últimos son denominados recursos derivados, por oposición a los originarios, que son las tasas y contribuciones de mejoras.

La anomalía que puede surgir de la multiplicidad de recaudaciones nacionales, provinciales y municipales es la aparición de la doble imposición, o sea que un mismo bien esté gravado dos veces, razón por la cual las autoridades deben evitarla extremando las precauciones al respecto.

Los cabildos indianos, que constituyen el remoto antecesor de los modernos municipios, para solventar los gastos que les ocasionaba el gobierno local de las ciudades contaban, como fuente de recursos, con los propios y los arbitrios.Los primeros eran las rentas que se obtenían de las tierras reservadas por el Cabildo al fundarse la ciudad y los segundos eran contribuciones extraordinarias, cuyo cobro autorizaba el rey para el cumplimiento de objetivos determinados.

Inversiones

El presupuesto comunal comprende no solamente el cálculo de todos los recursos que ingresan en el Tesoro, sino también el de la inversión de los mismos, es decir, el de las erogaciones que deberán efectuarse durante el año fiscal. Este criterio no es aplicable solamente al presupuesto comunal, sino también a los provinciales y al de la Nación.

Permite conocer el total de los ingresos y los egresos del Estado y si existe déficit, equilibrio o superávit.

Adquiere validez cuando la rama deliberativa del gobierno comunal (Concejo Deliberante) le presta su aprobación.

Pero este solo requisito no basta. Por medio de los Tribunales de Cuentas, el poder central ejerce un contralor sobre la forma y corrección con que se cumplen las inversiones, de acuerdo con las previsiones del presupuesto. Este contralor se extiende no solamente a la legalidad con que se cumplen los gastos de inversión, sino a la oportunidad y conveniencia de los mismos.

Las leyes prevén, también, la responsabilidad que cabe a los funcionarios intervinientes y, ante el caso de anomalías comprobadas, las sanciones que corresponden a los mismos.

El cumplimiento de las previsiones presupuestarias, dentro de los cánones señalados, permite la realización de las obras públicas (escuelas, hospitales, cementerios, plazas, etc.), la prestación de los servicios que corresponden a la esfera comunal y los gastos en personal y mantenimiento.

Servicios públicos son todos los hechos y prestaciones realizadas directa o indirectamente por la Municipalidad, en beneficio de los habitantes de la ciudad correspondiente y cuyo cumplimiento se asegura por medio del ejercicio del poder de policía. Hay servicios públicos que no son prestados ni concedidos por la Comuna, sino tan sólo reglamentados. Son los ejercidos por particulares por mera autorización.

Es importante destacar que la prestación de los servicios públicos es exjgible por los habitantes de la ciudad, teniendo en cuenta que responden a necesidades colectivas.

Los servicios que pueden prestar ios particulares, por tal motivo, quedan expresamente excluidos de esta categoría.

Finalmente, es necesario establecer que en ciertos casos ios servicios públicos no son susceptibles de prestarse indirectamente (por concesionarios). Por ejemplo, cuando se vinculan al ejercicio de la autoridad o ai control de la moralidad.

Fuente Consultada:
Educación Cívica Para 1º Año Capítulo IV – EL MUNICIPIO – Editorial Plus Ultra – Delfino-Gonzalez-Tejerina

El Sistema Federal y la Autonomia de las Provincias Organización

El Sistema Federal Argentino y la Autonomía de las Provincias
Organización Política

Una federación es una agrupación de entidades políticas bajo un gobierno central o nacional al cual, mediante una constitución, delegan unos poderes, reservándose otros.

En la Argentina, esas entidades políticas son las provincias.

La Constitución Nacional contiene en su articulado disposiciones que:

• Determinan cuáles poderes delegan las provincias en la Nación.
• Organizan la coexistencia y coordinación de ambas esferas de gobierno.

El sistema unitario es aquel en que la Constitución delega todo el poder del Estado al gobierno nacional, el cual puede crear subdivisiones otorgando a las mismas las funciones que considere convenientes.

El sistema federal es aquel en que la Constitución distribuye el poder del Estado entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales.

En el Estado unitario las normas tienen validez en todo el territorio nacional, mientras que en el Estado federal hay además normas que tienen validez local exclusivamente.

El Estado unitario es llamado también centralizado, por la existencia de un poder central único; y el federal, descentralizado, por la existencia concurrente de un poder central y distintos poderes locales. Esta terminología es útil, porque en la práctica, tal como ocurre en nuestro país, se dan ambos sistemas combinados, aunque con predominio del sistema federal.

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«El gran principio de la federación se halla en que los. Estados individuales, reteniendo la parte de soberanía que necesitan para sus negocios internos, ceden a una autoridad suprema y nacional la parte de soberanía que llamaremos eminente, para los negocios generales, en otros términos, para todos aquellos puntos en que deben obrar como nación.»
MARIANO MORENO

 

Organización Política

Decía Alberdi en las «Bases…». «Sólo hay gobiernos provinciales en la República Argentina, cuya existencia es un hecho tan evidente, como evidente el hecho de que no hay gobierno general. Para crear el gobierno general, que no existe, se ha de partir de los gobiernos provinciales existentes»,. De esta evidencia, Alberdi, el «padre de la Constitución», deducía que el Congreso Constituyente debía considerar «que los gobiernos provinciales no consentirán ni contribuirán a la creación del gobierno general, sino a condición de continuar ellos existiendo, con más o menos disminución de facultades».

Resultado de imagen para historiaybiografias alberdiEsas provincias de las cuales dependía, en manera tan absoluta, que la Constitución fuese la fórmula de paz y organización buscada, o fracasase como en 1819 y 1826, eran las entidades políticas en torno de las ciudades fundadas por las corrientes colonizadoras de la época de la conquista y que fueron capitales de partidos por la Real Ordenanza de Intendencias de 1782.

Las grandes distancias, la herencia del localismo español y la práctica municipal contribuyeron a la formación de un federalismo embrionario que se manifestó en forma extrema y violente cuando, liberadas las Provincias, se ensayó imponer constituciones unitarias. Esa reacción fue el «caudillismo». Las guerras de la Independencia habían absorbido a los hombres del campo.

La agricultura era escasa y sin método. El ganado se había alejado de la zona habitada por ios blancos como consecuencia de intensas y reiteradas sequías. Los ex soldados de la Emancipación, sin trabajo y sin dinero, se vieron obligados a reunirse en torno de los «hombres fuertes» que daban un amparo político y económico a su vida.

Los caudillos, que ejercieron poder militar y político absoluto, caracterizaron la etapa de la anarquía como representantes de los anhelos provinciales. Mas no por ello dejaron de sentirse unidos en una idea de lo nacional ni de tener deseos de organización. Dos circunstancias lo demuestran: las constituciones provinciales y los pactos interprovinciales.

Entre 1819 y 1825 se dieron constitución: Santa Fe, Tucumán, Córdoba, Santiago del Estero, Salta, Corrientes, Entre Ríos, Catamarca y San Juan. Mientras tanto, los tratados celebrados (del Pilar, Cuadrilátero, Federal) iban a ser los «pactos preexistentes» cuyo cumplimiento preparó la definitiva constitución del país.

El Pacto Federal del 4 de enero de 1831 creaba una Comisión Representativa de los gobiernos litorales, entre cuyas atribuciones figuraba la de «invitar a todas las demás provincias de la República, cuando estén en plena paz y tranquilidad, a reunirse en federación con los litorales y a que por medio de un congreso general federativo se arregle la administración general del país bajo el sistema federal».

El sistema federal establecido por la Constitución sentó las bases para la incorporación o creación de nuevas provincias. Así Buenos Aires, separada de la «Confederación» desde el movimiento del 11 de septiembre de 1852, se incorporó a la Nación mediante el Pacto de San José de Flores (11 de noviembre de 1859), por el que se reseñaba el derecho de que se convocase una Convención para proponer reformas a la Constitución de 1853.

Leyes recientes convirtieron en provincias a los antiguos «territorios nacionales» situados fuera de los límites de las catorce provincias inciales: La Pampa y el Chaco (Ley 14.037), Misiones (Ley 14.294), Formosa, Río Negro, Neuquén, Chubut y Santa Cruz (Ley 14.408). Las nuevas provincias se han dado constitución y se rigen por sus instituciones. De tal modo, nuestra Nación queda organizada con 22 provincias, el Territorio Nacional de Tierra, del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (Decreto-Ley 2191/57) y la Capital Federal.

Aspectos constitucionales que las ordenan

Es uno de los propósitos enunciados en el Preámbulo de nuestra Ley Fundamental el de «constituir la unión nacional». Tal cometido requiere que en el Estado federal haya armonía entre las instituciones que rigen al gobierno central y las que rigen a las provincias.

El artículo 5o de la Constitución Nacional fija los requisitos o condiciones que las Constituciones provinciales deben cumplir, para que el Gobierno Federal garantice el ejercicio de las instituciones que ellas mismas se dan y por las que se rigen, sin intervención del gobierno federal (art. 105).

De acuerdo con el artículo 5º, las constituciones provinciales deben llenar las siguientes condiciones:

• Sistema representativo republicano

La representación es una de las necesidades de la organización política actual, dado que «el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes». Ella se hace efectiva a través del sufragio, como medio para que el pueblo —mandante— designe a los funcionarios que han de actuar en su nombre —mandatarios o representantes—.

El sistema republicano se caracteriza, en nuestro tiempo, por: la división de poderes; la elegibilidad de los funcionarios, la periodicidad de los cargos representativos; la publicidad de los actos de gobierno; la responsabilidad de los funcionarios y la existencia de una Constitución.

El requisito que impone a las provincias el sistema representativo republicano excluye, en consecuencia, toda posibilidad de ensayar una fórmula monárquica o absolutista.

• Armonía con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional

Los derechos reconocidos y establecidos por la Constitución Nacional deben ser ratificados y respetados por las provincias. No hace falta que los expresen, aunque la mayoría de las constituciones provinciales lo hace, sino que debe surgir del ordenamiento general por ellas establecido. No obstante, la ratificación expresa de los derechos es aconsejada por Alberdi: «Debe considerarse incompleta y deficiente toda Constitución de provincia que no contenga una ratificación especial de todos y cada uno de esos derechos y garantías declarados en favor de todo hombre que habita el territorio argentino, por la Constitución común de las Provincias Unidas».

• Poder Judicial
La división de poderes, como característica de nuestra forma de gobierno, debe reflejarse en las provincias. Éstas deben darse tribuna-íes propios a los que corresponderá la administración de justicia ordinaria en su territorio. Es decir, que organizarán el Poder Judicial creando tribunales y estableciendo el régimen de nombramiento, duración y causas de remoción de los jueces.

• Régimen municipal
También tienen las provincias el deber de instituir en su Constitución respectiva el régimen municipal.

En general, las constituciones locales establecen regímenes que mantienen a las comunas como entidades autárquicas territoriales, sin autonomía rentística y a veces se limita el carácter electivo popular, cuando el encargado del departamento ejecutivo municipal es designado por el gobernador con acuerdo de la Legislatura.

• Educación primaria

Las provincias deben asegurar la educación primaria en sus constituciones. Tal requisito es también un derecho inherente a la autonomía provincial. La educación pública tiene en el nivel moral, económico y político del pueblo una incidencia fundamental. Puede afirmarse que el desarrollo de una provincia depende en gran medida del buen uso que se haga en ella de esta cláusula del artículo 5º.

Relación de poderes nacional y provinciales.

La autonomía provincial Las provincias argentinas al integrarse en la Nación, por medio de la Constitución, se desprendieron de su soberanía, para delegarla en el Estado Nacional.

La soberanía es el poder supremo. Reside en el pueblo, quien la ejerce por medio de sus representantes. Sobre dicho poder no existe ningún otro.

Cuando las provincias delegaron en la Nación el poder soberano, se convirtieron en autónomas, como consecuencia del sistema federal adoptado.

La autonomía consiste en la facultad que tienen las provincias de dictarse la propia ley y regirse por ella. Por supuesto que esa autonomía, propia de los Estados provinciales, es más limitada que la soberanía propia de la Nación.

El artículo 104, primero del título «Gobiernos de Provincia» de nuestra Constitución Nacional, establece la norma general para deslindar el ámbito de poder nacional del ámbito de poder provincial:

«Las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al gobierno federal, y el que expresamente se hayan reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación».

Según esta norma, es preciso demostrar que la Constitución prohibe a las provincias el ejercicio de un poder, o que lo atribuya de manera exclusiva al Gobierno Federal, para afirmar que las provincias no pueden ejercerlo. El artículo 108 enumera taxativamente cuáles son los poderes delegados por las provincias y que por lo tanto les está vedado ejercer. La autonomía provincial está integrada por todo el resto de poder no delegado.

El artículo 107 enuncia lo que pueden realizar las provincias en materia de gobierno. El verbo «pueden» del artículo 107 indica que tienen la atribución pero no la obligación de ejercerlos. No es el mismo caso de la justicia provincial, el régimen municipal y la educación primaria, que obligatoriamente deben ser materia de legislación constitucional provincial, según el artículo 5º.

El artículo 104 remite la autonomía provincial a los «poderes no delegados» al gobierno central. Tal principio crea la necesidad de conocer primero cuáles son los «poderes delegados», ya que, fuera de estos últimos, que deben ser expresos en la Constitución Nacional, se desenvuelve la autonomía provincial.

• A) Poderes delegados.

Está expresamente prohibido a las provincias (arts. 108 y 109):

— «Celebrar tratados parciales de carácter político». Con el fin de mantener la unidad de la soberanía de la Nación, esta cláusula prohibe a las provincias formar «ligas», firmar pactos o alianzas interprovinciales o de una provincia con una potencia extranjera. Las relaciones exteriores y su manejo son un poder cedido a la Nación.

— «Expedir leyes sobre comercio o navegación interior o exterior».

— «Establecer aduanas provinciales».

— «Acuñar monedas ni establecer bancos con facultad de emitir billetes sin autorización del Congreso Federal».

— «Dictar los códigos civil, comercial, penal y de minería después que el Código los haya sancionado; ni dictar especialmente leyes sobre ciudadanía y naturalización, bancarrotas, falsificación de moneda o documentos del Estado».

— «Establecer derechos de tonelaje». Significa que no pueden las provincias fijar gravámenes a las embarcaciones por el derecho de entrar en puerto.

— «Armar buques de guerra o levantar ejércitos, salvo el caso de invasión exterior o de un peligro inminente que no admita dilación, dando cuenta luego al gobierno federal».

— «Nombrar o recibir agentes extranjeros». Tales atribuciones corresponden al Presidente de la Nación (art. 86, incisos 10 y 14).

— «Admitir nuevas órdenes religiosas». Facultad que el artículo 67, inciso 20, otorga al Congreso Nacional.

— «Declarar ni hacer la guerra a otra provincia». El artículo 109 determina que las quejas entre provincias se deben someter a la Corte Suprema para ser dirimidas por ella. Y agrega que hostilidades entre provincias «son actos de guerra civil, calificados de sedición o asonada que el gobierno federal debe sofocar y reprimir conforme a la ley»

• B) Poderes concurrentes. El artículo 107 dice que las provincias pueden promover: «su industria, la inmigración, la construcción de ferrocarriles y canales navegables, la colonización de tierras de propiedad provincial, la introducción y establecimiento de nuevas industrias, la importación de capitales extranjeros y la explotación de sus ríos por leyes protectoras de estos fines y con sus recursos propios».

La segunda parte del inciso 16 del artículo 67, relativo a las atribuciones del Congreso Nacional, enumera exactamente las mismas materias en el mismo orden e iguales términos. De la comparación de estos artículos surge el concepto de «poderes concurrentes», es decir que pueden ejercerlos tanto la Nación como las provincias.

La diferencia reside en que ¡a legislación nacional tenderá a la promoción de obras de interés general en todas las provincias, mientras cada una de éstas promueve su propio adelanto, coloniza sus tierras y emplea recursos propios. En este punto la Constitución contempla sabiamente una fórmula de equilibrio: las provincias pueden ejercer su autonomía, pero cuando las obras necesarias son de tal envergadura que superan sus posibilidades de financiación propia, la acción del Estado central puede coadyuvar o reemplazar a la provincial sin mella del principio federal.

En el mismo sentido las provincias pueden celebrar tratados parciales para fines de administración de justicia, de intereses económicos y trabajos de utilidad común, con conocimiento del Congreso Federal (art. 107, la. parte).

• C) Poderes no delegados. Veremos ahora los poderes que son propios y exclusivos de las provincias. El artículo 105 expresa que las provincias «se dan sus propias instituciones locales y se rigen por ellas. Eligen sus gobernadores, sus legisladores y demás funcionarios de provincia, sin intervención del Gobierno Federal».

Esto significa:
— Las leyes provinciales se ajustan al régimen de elaboración, aplicación y contralor que la respectiva Constitución provincial determina.

— Dichas leyes serán las necesarias al ejercicio de la Constitución respectiva y al funcionamiento de las instituciones locales.

— La forma de sufragio para la elección de autoridades locales será la que cada provincia estatuya por sus leyes electorales.

— Los comicios se verificarán sin intervención del gobierno central.

— La designación de funcionarios de los organismos de gobierno locales es independiente de la injerencia del poder central.

Por su parte el artículo 5o determina que el régimen municipal, la administración de justicia y la educación primaria pertenencen al ámbito de la autonomía provincial y deben ser asegurados en sus respectivas constituciones.

El ejercicio del federalismo depende en forma esencial de que cada provincia pueda procurarse recursos propios adecuados. En este aspecto también el «tesoro de provincia» se compone de todos los recursos no delegados al tesoro de la Nación.

La integridad territorial de las provincias está garantizada en la segunda parte del artículo 13, que establece: «no podrá erigirse una provincia en el territorio de otra u otras, ni de varias formarse una sola, sin el consentimiento de las legislaturas de las provincias interesadas y del Congreso».

Reiteremos que la esfera de poderes de las provincias, fuera de las delegaciones expresas, no se reduce a su vez a la enumeración constitucional, sino que es ilimitada.

Por otra parte, el artículo 110 de la Constitución Nacional establece: «Los gobernadores de provincia son agentes naturales del gobierno federal para hacer cumplir la Constitución y las leyes de la Nación».

La primera parte del artículo, interpretada literalmente, puede llevar a la errónea creencia de que los gobernadores son subordinados que deben acatar órdenes del Gobierno Central. Por el contrario, el verdadero sentido del artículo es que los gobernadores, como jefes del Ejecutivo de su provincia respectiva, son los encargados de velar por el acatamiento y cumplimiento de la Constitución y leyes nacionales, y en esto representan al Gobierno de la Nación.

• La intervención del Gobierno Federal en las provincias

La «intervención» es un medio excepcional de hacer efectiva la garantía del Gobierno Federal al ejercicio normal de las instituciones provinciales, cuando circunstancias graves las ponen en peligro. Está prevista en el artículo 6º :

«El Gobierno Federal interviene en el territorio de las provincias para garantir la forma republicana de gobierno o repeler invasiones exteriores, y a requisición de sus autoridades constituidas para sostenerlas o restablecerlas si hubiesen sido depuestas por la sedición o por invasión de otra provincia».

A) Poder que la dispone. Según el artículo 6o, el Poder que dispone la intervención es el «Gobierno Federal». Debe entenderse que se trata de los dos Poderes políticos nacionales: Legislativo y Ejecutivo, pues el Judicial ejerce una «intervención permanente» en su tarea de velar por el imperio de la Constitución Nacional.

A este respecto la jurisprudencia de la Corte Suprema ha establecido: «La intervención nacional, en todos los casos en que la Constitución la permite o prescribe, es un acto político por su naturaleza, cuya verificación corresponde exclusivamente a los poderes políticos en la Nación; y éstos son el Congreso y el Poder Ejecutivo, sin ninguna participación del Judicial».

Si bien la Constitución Nacional no fija a que rama del Gobierno Federal compete disponer la intervención, la doctrina concuerda en que es primordialmente el Legislativo quien debe hacerlo, mediante una ley especial. Durante el receso de las Cámaras el Ejecutivo puede llamar a sesiones extraordinarias al efecto. Sólo en caso de suma urgencia puede admitirse que el Ejecutivo tome exclusiva iniciativa en esta materia.

B) Casos en que procede. De acuerdo con la redacción del artículo 6o debe entenderse que el Gobierno Federal tiene la facultad de intervenir por propia iniciativa solamente para «garantir la forma republicana de gobierno» (por ejemplo: una provincia en la que se haya suprimido la periodicidad de los mandatos) o para «repeler invasiones exteriores». Obrará en cambio a requisición de las autoridades constituidas cuando éstas se hallen en peligro o hayan sido depuestas por sedición o por invasión de otra provincia.

En este último caso podría ocurrir que la intervención no pudiese ser requerida por imposibilidad material. La comisión examinadora de 1860 ha opinado al respecto que «el hecho público incontrovertible de haber sido derrocadas las autoridades en una provincia explica la causa y suple el silencio de aquéllas, entendiéndose requerido el auxilio nacional».

Son «autoridades constituidas» las electas, en ejercicio del poder, de acuerdo con las leyes de la provincia respectiva y la Constitución Nacional. La «sedición», definida como delito por el artículo 22 de la misma, puede ser cometida por grupos que a nombre del pueblo abusen del derecho de peticionar y usurpen funciones de gobierno.

La «invasión de otra provincia» puede consistir en que grupos de individuos provenientes de una provincia procuren el derrocamiento de las autoridades constituidas de otra, o bien, entrando ya en lo previsto por el artículo 109, que una provincia como entidad política ataque a la vecina, cometiéndose «actos de guerra civil», que el gobierno de la Nación «debe sofocar y reprimir conforme a la ley».

LECTURA COMPLEMENTARIA:
RELACIÓN DE PODERES NACIONAL Y PROVINCIALES: La regla que deslinda lo provincial de lo nacional, en materia de gobierno, es la siguiente: las provincias conservan todos los poderes inherentes a la soberanía del pueblo de su territorio, excepto los poderes delegados expresamente al gobierno general.

La esfera del gobierno general sólo comprende un número determinado de cosas, que son las que interesan al bien común de las provincias. Mientras que los gobiernos provinciales conservan bajo su acción inmediata todos los intereses locales de su provincia respectiva, ‘la administración de justicia en asuntos civiles y criminales, que afecta a la propiedad, a la vida, al honor, a la libertad de los ciudadanos, la legislación local y el gobierno inmediato de su pueblo.

Menos numerosos que lo que parecen a primera vista, los poderes del gobierno general se refieren principalmente a objetos exteriores, tales como la paz, la guerra, los tratados con las naciones extranjeras, las aduanas y el comercio exterior. En lo interior, se reducen a muy pocos los intereses sobre que versan, y los más de ellos pueden referirse al comercio interior y sus accesorios, que son las aduanas, la posta, la moneda; y a la seguridad interna, cuyo objeto abraza las contribuciones, el crédito y el ejército, como medios auxiliares para hacerla efectiva.

Si, como se dice a menudo, el poder municipal es el alma del progreso interior del país, con cuánto mayor razón no se dirá eso del poner provincial, cuya esfera es tan rica y dilatada. La instrucción primaria, la inmigración, la colonización de las tierras desiertas, la plantificaron de nuevas ciudades, la introducción y fomento de nuevas industrias, la construcción de puentes y caminos públicos y vecinales, las seguridades dadas a la persona, a la propiedad, a la libertad de conciencia y de opiniones, la hospitalidad legislativa dada al extranjero, son otros tantos medios maravillosos de progreso y de gobierno, que quedan reservados a los gobiernos de provincias.

Mientras la provincia por su parte mueve esos resortes, la República por la suya pone en acción los grandes medios de la política exterior, y ambas acordes empujan al país hacia su prosperidad de un modo completo, es decir, en sus pormenores y en su conjunto. Tales son los beneficios del sistema de gobierno consolidado y multíplice a la vez. Sin consolidación, sin unidad nacional, no hay fuerza exterior, no hay orden interior, no hay progreso, porque no hay unión y consolidación de fuerzas y medios, para mantener la independencia, la paz interna y el progreso del país. Sin multiplicidad, sin independencia, no hay vida, no hay espontaneidad, no hay libre desarrollo en las poblaciones. Multitud -ha dicho Pascal- que no se reduce a la unidad, es confusión; unidad que no depende de la multitud, es tiranía.

Sería incurrir en un grande y capital error el creer que las provincias se desprenden o enajenan el poder que delegan en el gobierno nacional. No abandonan un ápice de su poder en esa delegación. En una parte de él abandonan una manera local de ejercerlo, en cambio de otra manera nacional de ejercer ese mismo poder, que parecen abandonar y que en realidad toman. El gobierno nacional no es un gobierno independiente de las provincias: es elegido, creado y costeado por las provincias mismas. Les pertenece del mismo modo que sus gobiernos locales; con la sola diferencia que, en vez de pertenecer a cada una aisladamente, pertenece a todas ellas reunidas en cuerpo de nación.

n vez de tener representantes sólo en la legislatura de su provincia, los tienen también en el Congreso nacional; en vez de elegir gobernador, eligen gobernador para la provincia y presidente para la República. Uno y otro gobierno son hechuras del pueblo de cada provincia; en ambos delegan su soberanía, por conducto del uno gobiernan en su suelo, y por conducto del otro en toda la República. El gobierno nacional es un mecanismo por el cual los riojanos, v. g., gobiernan en Buenos Aires, y viceversa. Delegando poderes, las provincias no hacen más que aumentar su poder.

Juan Bautista Alberdi: «Derecho Público Provincial Argentino».

Fuente Consultada:
Educación Cívica Para 1º Año Editorial Plus Ultra Delfino-Gonzalez-Tejerina

El Utilitarismo y La Felicidad General Mayor Placer y Bienestar Social

El Utilitarismo y La Felicidad General
El Mayor Placer y Bienestar Social

¿Cómo puede obtenerse la mayor felicidad para la comunidad? ¿Puede ser feliz una sociedad  en la que cada uno persigue sus propios intereses? He aquí unos puntos de vista objeto de polémicas.

La motivación que hay tras las acciones del hombre es su deseo de experimentar placer y evitar el dolor. En esta tesis se apoya una importante teoría del siglo XIX que se denomina principio de la utilidad: el mayor bien del mayor número de personas.

Según ella, todas las acciones humanas tienen su explicación en la forma en que asocian los hombres el placer y el dolor con las diversas formas de conducta; su objetivo consiste siempre en obtener la mayor cantidad posible del primero y evitar la mayor cantidad posible del segundo. Debe juzgarse la rectitud de conducta según la cantidad de felicidad obtenida en términos de placer, entendiendo el concepto de placer en su sentido más amplio.

A partir del siglo XVII se había ido desarrollando gradualmente una nueva aproximación empírica a las cuestiones humanas, por la que empezaba a reconocerse la importancia de principios psicológicos tales como la asociación de ideas. Sin ella, nunca habría sido posible formular el principio de la utilidad. En ética, política y derecho se manifestaba una actitud acorde con la aproximación empírica general. Ya no se podían atribuir los conceptos del bien y del mal a una especie de adecuación intrínseca a la naturaleza de las cosas: era preciso abandonar la vieja teoría de la ley natural.

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Jeremy Bentham

El utilitarismo es la concepción para la cual las acciones deben juzgarse como buenas o malas en atención a su capacidad para incrementar o reducir el bienestar humano o la «utilidad». Desde Bentham se han propuesto múltiples interpretaciones de la utilidad, pero para él consistía en la felicidad y el placer humanos, y su teoría de las acciones correctas se resume en ocasiones como el fomento de «la mayor felicidad del mayor número posible».

Francis Hurcheson (1694-1747) fue uno de los primeros en formular la nueva teoría. Claude Helvetius, en su obra De l’esprit (1758), la propugnó en Francia como instrumento para la reforma social. Partiendo del hecho de que el hombre actuará básicamente según su propia conveniencia, infiere que el único criterio general para juzgar los actos
es el principio del mayor bien para el mayor número de personas.

Sobre esta base se hace posible reformar la sociedad mediante una legislación, haciendo que el obedecerla sea ventajoso y conveniente para todos. Para ello se disponen diversas penas como castigo a los actos que vayan en contra del bien común.

Al evaluar las posibilidades de sufrimiento los hombres se sienten incitados a la obediencia. Debemos notar en este punto que la nueva perspectiva utilitarista se basa en ciertos supuestos propios no examinados.

En primer lugar se da por sentado que el mayor bienestar posible de la comunidad es consecuencia de la persecución por parte de cada cual, adecuadamente motivada, de los propios intereses. Se presupone que la igualdad de los intereses individuales y la armonía entre ellos reside en cierto modo en la naturaleza de las cosas.

La negación de la libertad
Los escritos de Paul Holbach (1723-89) subrayan la misma fuerza utilitarista, especialmente en lo que concierne a la naturaleza del gobierno. El bien de la humanidad se ve frustrado precisamente cuando los gobiernos se apartan del principio de la utilidad. La clase dirigente explota entonces al resto de la sociedad, negándole esa libertad a la que tienen derecho todos los hombres como único medio para realizar su propia felicidad y el bien común.

Lo único que se necesita para remediar los defectos del mal gobierno es la educación: una vez que los hombres hayan descubierto dónde reside su verdadera conveniencia, no tardarán en adoptar el principio adecuado.

El movimiento fisiocrático, nacido en la Francia del siglo XVIII, adoptó también el principio de la utilidad, pero combinándolo con la opinión de que el gobierno no debe intervenir en la esfera de la economía: se sirve mejor al bien común dejando que ésta siga su curso natural sin impedimentos.

La doctrina del laissez-faire del liberalismo económico habría de influir a su vez sobre los economistas británicos: queda bien evidente en esa especie de fatalismo económico de David Ricardo (1772-1823) o Thomas Malthus (1766-1834).

Jeremy Bentham se halla todavía entre nosotros: en su testamento legaba su cuerpo 2 la ciencia, pero dispuso que el esqueleto, vestido con sus ropas, se exhibiese en una urna para servir de inspiración a sus discípulos y a la  posteridad.

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David Hume señaló que los hombres actúan con frecuencia siguiendo sus impulsos y sin considerar previamente los resultados de sus  actos.

En el movimiento de reforma
liberal surgido durante el siglo XIX causaría cierta tensión, puesto que’se vio claramente que no era tan sencillo conciliar los ideales de la Revolución Francesa: libertad e igualdad parecían en cierto sentido antagónicas. Es en esta dificultad donde hallaría una de sus fuentes de inspiración el movimiento revolucionario de Marx y Engels.

En la obra de David Hume (1711-76) hallamos una aplicación directa del principio de la utilidad. Hume sostuvo que, de hecho, los hombres decidían el distinto curso de sus actos evaluando el equilibrio entre el bien y el mal que podría resultar. Al mismo tiempo estableció un punto muy importante al observar que, por lo general, no se calcula la acción en sentido estricto, sino que los hombres actúan según sus impulsos a la luz de lo que en ese momento consideran como más adecuado a sus mejores intereses.

Cesare Beccaria (1738-94), seguidor italiano de Helvetius, propuso la reforma del derecho penal sobre la base del principio de la utilidad. Con un espíritu muy propio de la Ilustración, pretendió abolir la tortura judicial y la pena de muerte, insistiendo en que ercastigo no debería ser más de lo necesario para hacer al crimen poco atractivo en comparación. Además debería suprimirse todo aplazamiento y, sobre todo, toda duda respecto a cual sería tal castigo.

Aumento de la felicidad
En tanto que el fermento de la Ilustración conducía en Francia a la revolución de 1798, en Inglaterra tomó un sesgo mucho menos violento. La reforma se fue operando gradualmente, gracias a los esfuerzos de los radicales filosóficos, en línea directa con los grandes filósofos empiristas. Uno de los más influyentes fue Jeremy Bentham (1748-1832). Pese a no ser un pensador verdaderamente original, dio notable impulso a la causa de la reforma con sus detallados estudios, especialmente en el campo de las leyes. Siguió a Helvetius y Beccaria y, al igual que ellos, adoptó el principio de la utilidad como dogma básico.

El criterio para juzgar si una acción es buena o mala es el aumento de la felicidad o la disminución de la infelicidad. Lo que produce la felicidad es el placer o la ausencia de dolor; se supone que lo único que persigue el hombre por su propia causa es el placer y la evitación del dolor. Naturalmente, hay que tomar el concepto de placer en un sentido adecuadamente general. Pero nunca se explica con claridad cómo debe entenderse. Bentham va más allá y afirma que se puede atribuir a cada placer y a cada dolor una especie de valor numérico en una escala general, no sólo para una persona, sino para diferentes personas.

Evidentemente, este método de los equilibrios de placer no es un principio ético muy útil para servir de guía y norma de conducta. De hecho, el cálculo de Bentham es la parte más endeble de todo su método: incluso sus propios seguidores pudieron verlo. Por otra parte, no está nada claro cómo debe efectuarse la reducción de todas las cosas a una sola escala, ni tan siquiera si ello es posible.

Sin embargo, y como guía para la reforma legal, el principio de la utilidad tiene indudablemente cierto mérito. Con arreglo a él, Bentham examina todo el campo de la ley y de los procedimientos legales. En vez de las viejas justificaciones teóricas que acompañaban a la teoría de la ley natural, Bentham valoraba todas las disposiciones legales por medio del principió de la utilidad.

En tanto que los teóricos de la ley natural condenarían el robo, por ejemplo, por ir contra el derecho de propiedad, los utilitaristas lo condenan porque la inseguridad que crea menoscaba la felicidad humana. En derecho penal especialmente establecieron un sistema de sanciones cuya finalidad consistía en hacer que al hombre le resultase desagradable cometer un delito.

La proporción de la pena es tal, que sólo las consideraciones utilitaristas pueden disuadir al criminal. Bentham sostuvo que la bárbara severidad de los castigos entonces al uso era un error, no tanto a causa de su crueldad como porque no se ajustaba al principio de la utilidad. Con todo, trabajó seriamente en favor de la reforma penitenciaria, propugnando mejores condiciones para los presos y un trato más humano; por desgracia, sus esfuerzos para que el gobierno adoptase el nuevo tipo de prisión que él mismo había diseñado resultaron infructuosos.

Aún estaba muy lejana la reforma penal: a finales del siglo XVIII, el niño que fuese descubierto robando un pan porque tenía hambre, corría el riesgo de morir ahorcado.

Uno de los aspectos legales que hoy día vuelven a atraer una vez más la atención de los reformadores es el campo de los procedimientos. En él formuló Bentham importantes sugerencias que se hallan entre sus proposiciones más originales y, al mismo tiempo, menos afortunadas en la práctica. También aquí se hallaba demasiado adelantado a su tiempo, pues argüyó que los tediosos procedimientos y la oscuridad del lenguaje legal eran un obstáculo para la auténtica jurisprudencia.

Las actuaciones legales resultaban así indebidamente largas, costosas e inciertas. Lo que él proponía a cambio era un sistema en el que los litigantes pudiesen reunirse en una especie de ambiente de comité, con el juez como presidente y arbitro de la causa.

Lo mejor para la comunidad
En la esfera de la economía, el principio utilitarista negó toda intervención del gobierno. Ello se debió en parte a la creencia de que el libre intercambio de los intereses propios de cada individuo conduciría al mejor resultado posible para la comunidad en conjunto.

Otro concepto que respaldaba dicha actitud era la convicción de que las leyes económicas actuaban, en términos generales, como las leyes físicas de Newton, por lo que resultaba sencillamente inútil intervenir. Esto pone de relieve uno de los aspectos más débiles de la teoría utilitarista, no sólo en la esfera de la economía, sino también en los campos legal y político: los utilitaristas omitieron por completo toda consideración de la fuerza de las tradiciones e instituciones que se han desarrollado a lo largo de la historia.

La tarea de los primeros utilitaristas en el campo político era, en cierto modo, limitada. La función del gobierno quedaba para ellos muy restringida, ya que no incluía los asuntos económicos. Tanto Bentham como James Mill (1773-1836) eran partidarios de la ampliación del derecho político sobre la base del principio de la utilidad: al conceder el voto a mayor número de personas, y al reducir el período de mandato de los representantes elegidos, el gobierno podría hallarse más directamente relacionado con la mayor felicidad del mayor número  de seres.

Thomas Malthus fue, junto con Ricardo, una importante figura en el desarrollo de la teoría económica en la Gran Bretaña, si bien es mucho más conocido por su teoría sobre la expansión de la población, teoría que no ha  perdido vigencia.

Según el filósofo inglés de finales del siglo XYIII Jeremy Bentham: «La mayor felicidad del mayor número es la medida de lo que es correcto o equivocado». Este principio creaba una ciencia de la toma de decisiones ética, un medio de resolver controversias por métodos prácticos y contrastables que, llevados al extremo, podían llegar a ser cuantitativos y estadísticos. Con este objetivo, Bentham inventó un método para «calcular la felicidad») que abarcaba siete dimensiones del placer y del dolor: la intensidad (¿cómo de intenso es el placer o el dolor?), la duración (¿cuánto tiempo dura?), la certeza (¿qué probabilidades hay de que el resultado final sea ese tipo de sensación?), la propincuidad (¿con qué prontitud se producirán los resultados?), la fecundidad (si el resultado es placentero, ¿puede ser seguido por sensaciones del mismo tipo?), la pureza (¿es probable que el resultado sea seguido por sensaciones del tipo contrario?) y la extensión (¿a cuántas personas afectará?). Alguien que contemple la posibilidad de empezar a fumar puede hacer un cálculo de este tipo al plantearse: «¿Merece la pena?». En la esfera pública, esta es la estrategia de los economistas para realizar el análisis coste-beneficio, en el que se sopesan, por ejemplo, los costes de los sistemas de seguridad ferroviarios frente al número de vidas que salvarán.

El abandono de un principio
Sin embargo, pronto se hicieron evidentes los fallos del primer programa utilitarista en el campo económico. Lejos de mejorar la suerte de la humanidad en conjunto, el crecimiento no regulado del industrialismo sumió a vastos contingentes de población en las condiciones más abyectas de sordidez y miseria. Tenía que haber algún error básico en los viejos supuestos.

Así supo reconocerlo John Stuart Mill (1806-1873), que fue descubriendo gradualmente la necesidad de modificar la filosofía utilitarista. Sufrió en parte la influencia de la filosofía idealista germánica, y en parte de la de Auguste Comte (1798-1857).

Como resultado, el utilitarismo de John Stuart Mill representa en ciertos aspectos un abandono total del antiguo principio de la utilidad. Si bien lo establece explícitamente, en la práctica está muy lejos de aplicarlo, cosa que por otra parte resulta imposible dado sus nuevos puntos de vista, puesto que introduce distinciones entre los placeres, y ello impide el tipo de comparaciones que requerían los cálculos de Bentham.

Además, al definir el placer simplemente como lo que el hombre desea, y al admitir que algunos de esos placeres son buenos como fines en sí mismos, independientemente de las consecuencias, lo que realmente hace es abandonar el utilitarismo. Sigue prodigando alabanzas a la vieja doctrina, pero ya no se adhiere a ella. Al mismo tiempo, es incapaz de desarrollar una doctrina nueva coherente: Mill tiene conciencia de los problemas, pero no sabe hacerles frente. Su actitud es más contemplativa que de acción.

En su famoso ensayo Sobre la libertad describe la libertad de pensamiento y de discusión como acordes con el principio de la utilidad, puesto que permite difundir las nuevas ideas y estimula la inventiva; pero también dice que la negativa de esta libertad perjudica a la naturaleza moral del hombre. Evidentemente, considera la libertad como una cosa buena en sí misma.

En la época de Mill, las amenazas a la libertad no estaban ya en las restricciones impuestas por una mayoría invasora que trataba de suprimir las opiniones de la minoría. No creía que la tarea del gobierno consistiese en intervenir para ayudar al pueblo; era mejor dejarle defenderse por sí mismo, a fin de fortalecer su propio sentido de autoconfianza.

Sin embargo. Mill empezaba a comprender al mismo tiempo la necesidad de que el Estado introdujese una legislación protectora en el orden económico —legislación que, de hecho, llevaba ya algún tiempo en vigor. Ella contribuía a evitar la explotación de las mujeres y los niños, y garantizaba unos niveles adecuados en las condiciones de trabajo, aspecto en el que habían resultado totalmente inoperantes los motivos utilitaristas privados.

Ciertamente, y a pesar de las tradicionales sospechas liberales contra la interferencia, Mill era partidario de varias actuaciones gubernativas; pero fue incapaz de establecer un criterio general respecto a qué legislación era deseable y cuál no.

La doctrina del utilitarismo sigue siendo importante en la única esfera donde puede resultar hasta cierto punto plausible, esto es, como una especie de guía aproximada para la legislación. Cuando se establecen, por ejemplo, unas disposiciones para el tráfico, el objetivo es promover el bien general.

Que la evaluación del problema sea correcta y la finalidad conseguida es ya, naturalmente, otra cosa. Además, hay ciertas ocasiones en las que el legislador confunde el bien general con sus propias conveniencias administrativas. Gran parte de la legislación social se basa en el supuesto de que habrá de proporcionar el mayor bien a la mayoría de personas. Sin embargo, el principio utilitarista puede degenerar en tiranía.

Una de las mayores dificultades de Mill fue reconciliar la utilidad con la libertad. Pero para este problema no existe una solución general.

La Democracia como Forma de Gobierno del Pueblo Principios

La Democracia como Forma de Gobierno

No cualquier clase de Estado es garantía de la vigencia de los derechos. Hay algunos que vulneran estos derechos, por ejemplo al consagrar desigualdades jurídicas varones y mujeres o a! establecer limitaciones a la libertad de expresión o de circulación.

El llamado Estado de Derecho es el que consagra jurídicamente la existencia de los derechos humanos. Se caracteriza por el imperio de la ley, la división de poderes, la legalidad de la administración y consagración constitucional.

En el momento de su surgimiento histórico, quienes promovían la creación de las instituciones del Estado de Derecho pensaban en garantizar los derechos civiles frente a los gobiernos, especialmente frente a las monarquías. Posteriormente, el reconocimiento de los derechos sociales condujo a una modificación profunda en las cuestiones en las que los Estados debían intervenir y en las formas en que podían hacerlo. Por ejemplo, el reconocimiento del derecho a una vivienda digna hizo que los Estados tuvieran políticas sobre el tema que, en algunos casos, se implementaron a través del otorgamiento de créditos hipotecarios.

La atención de un conjunto muy amplio y diverso de demandas sociales exige un gran esfuerzo por parte de los Estados, tanto en lo que se refiere al financiamiento como a la eficiencia y a la equidad en la provisión de los servicios. En materia de financiamiento, tienen que encontrar un equilibrio entre la carga impositiva y el mantenimiento de niveles de ganancia empresaria que permitan la inversión y el crecimiento.

En cuanto a la equidad y a la eficacia, deben desarrollar la capacidad para identificar y atender los problemas sociales; para eso, deben asegurar que todos los habitantes estén bien cubiertos en sus necesidades fundamentales y procurar la compensación de las desigualdades educativas, económicas y sociales.

Para concretar los derechos sociales, los distintos países aplican políticas que varían en su alcance, de acuerdo con las prioridades de cada sociedad y los recursos con los que cuentan. En un extremo, algunos países del norte de Europa han desarrollado políticas sociales de carácter universal, dirigidas a todos los habitantes y con un espectro muy grande de servicios —seguros de salud y de desempleo, sistemas educativos de alta cobertura y calidad, amplios sistemas de jubilaciones y pensiones, etc.—. Para sostener estos servicios, los Estados cobran altos impuestos. En el otro extremo, los países más pobres del planeta se caracterizan por muy baja cobertura y calidad de los servicios sociales.

¿QUÉ ES LA DEMOCRACIA: La palabra “democracia” significa etimológicamente gobierno del pueblo. Proviene de dos vocablos griegos: “demos”, pueblo, y “kratos”, gobierno.

La democracia como forma de gobierno se caracteriza porque en ella el poder público reside en la totalidad da los ciudadanos. Mientras la monarquía es el gobierno de uno solo, y la aristocracia el de una minoría que se considera integrada por los mejores, la democracia, en cambio, es el gobierno del pueblo, por el pueblo y  para el pueblo, según la definición de Abraham Lincoln.

Pero la democracia no es sólo una forma de gobierno, es también y sobre todo un estilo de vida basado en el respeto de la libertad , la dignidad de la persona humana.

Algunos afirman que la democracia consiste en entregar el gobierno del Estado a la mayoría sin tener en cuenta qué piensa y qué se propone esa mayoría. Según esto, el Estado democrático debe ser neutral frente a todas las ideologías. Así se explica que, en Alemania, una mayoría antidemocrática se apoderase, en 1933, del Estado democrático, para ponerlo al servicio de sus planes.

Este modo de concebir la democracia no es exacto. La democracia no es indiferente a las concepciones políticas. La democracia tiene una concepción política propia, para ella lo más importante es la libertad.

Actualmente Suiza es una confederación donde cinco cantones conservan todavía la antigua costumbre de celebrar sus debates al aire libre. En estas asambleas generales, llamadas “Landsgemeinde” y cuyo orden se remonta a la Edad Media, se eligen las autoridades y se actualiza la legislación. Tienen lugar el primer domingo de mayo. Los habitantes se reúnen en amplios prados y, a la hora fijada, se ubican en torno de un tinglado de madera. La fotografía muestra una asamblea realizada en el cantón de Glarus.

democracia, votar

Los instrumentos de la democracia son: el sufragio universal y los partidos políticos.

A. – Sufragio universal:

El sufragio es un procedimiento destinado a conocer la opinión de la ciudadanía y a realizar la elección de los representantes del pueblo. La persona mediante el voto expresa su voluntad acerca de determinado candidato e implícitamente su preferencia hacia determinada orientación política.

El sufragio es universal cuando el derecho de votar se concede a todos; es restringido cuando el derecho de votar se reserva para los ciudadanos que reúnen ciertas condiciones.

El sufragio universal tomado así, como se ejerce actualmente: cada individuo un voto, ha sido objeto de numerosas críticas y oposiciones. Se lo ha juzgado una ficción: ordinariamente un gran número de ciudadanos, los menores de 18 años, en algunos países las mujeres, quedan excluidos del derecho de votar; contrario a la realidad viva del consorcio humano: iguala y equipara a todos los individuos que en realidad no son tales; al sabio con el ignorante, al padre de familia honesto y con grandes responsabilidades sobre sus hombros con el jovenzuelo irresponsable y calavera, etc. Tampoco tiene en cuenta los grupos sociales menores que tendrían derecho a influir, como tales, en la vida pública.

El grave peligro del sufragio universal igualitario, es además de su degeneración demagógica, de que una turba mayoritaria irresponsable imponga con sus votos, regímenes de gobierno que están en las antípodas de la democracia. En 1933 una mayoría impuso en Alemania un régimen antidemocrático.

B. – Partidos políticos:

Los partidos políticos son agrupaciones de ciudadanos empeñados en hacer triunfar un determinado programa de gobierno, que consideran beneficioso para el adelanto del país.

También es esencial a la democracia la presencia de partidos políticos. De la divergencia de ideas y programas pueden surgir medios más aptos para lograr el bien común. La pluralidad de partidos es un efecto natural de la vida social si se desenvuelve bajo el signo de la libertad. El partido único es la muerte de la democracia.

Es la organización de la sociedad y un modo de vivir que considera al hombre centro de la vida social y política y lo respeta en todos sus derechos. Es más importante este segundo aspecto que el primero. En efecto, puede tener un Estado una forma jurídica de gobierno monárquica y no obstante la actuación de su gobierno y el enfoque de la vida ciudadana ser eminentemente democrático. Un ejemplo: Inglaterra. Por el contrario, pudo haber en la antigua Grecia algún gobierno cuya estructura fuese democrática y no obstante no ser demo ciático el estilo o forma de vida. No puede ser llamada demo cracia una sociedad con tantos millares de esclavos y basada en la desigualdad jurídica de sus miembros.

Las bases indispensables de la vida democrática son la igual dad jurídica de todos los ciudadanos ante la ley, el resped» a los derechos esenciales de la persona humana.

DEMOCRACIA PURA Y REPRESENTATIVA

La democracia, como forma de gobierno, puede ser directa o pura e indirecta o representativa.

La democracia DIRECTA, llamada también PURA, es aquella en la que los ciudadanos gobiernan directamente y no a través de representantes.

La democracia directa fue posible en las ciudades griegas, especialmente en Atenas. Eran comunidades muy reducidas y homogéneas donde la totalidad de los ciudadanos, reunidos en asambleas, participaban en el gobierno de la cosa pública.

Actualmente la democracia directa se conserva en algunos cantones suizos pero tiene un valor más simbólico que real.

En la democracia INDIRECTA O REPRESENTATIVA, en cambio, los ciudadanos gobiernan por medio de representantes que ellos mismos eligen, como ocurre en nuestro país, donde “el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por la Constitución”, según lo establece el artículo 22 de la misma.

La democracia representativa es propia de los Estados modernos, donde sería imposible reunir a todos los ciudadanos en una asamblea para deliberar y donde los asuntos públicos son tan complejos.

Juan Jacobo Rousseau, el gran teórico de la democracia, influido por el ejemplo de la democracia antigua y de los pequeños cantones suizos, consideraba que la democracia sólo podía sex directa. “La soberanía —dice— no puede ser representada, por la misma razón que no puede ser enajenada; consiste esencialmente en la voluntad general, y la voluntad general no se representa: es ella misma o es otra, no hay término medio.”

Por eso, para Rousseau, “los diputados del pueblo no son ni deben ser representantes; no son más que comisionados, no pueden decidir nada. Toda ley que el pueblo en persona no ha ratificado es nula; no es una ley”.

Actualmente existe una tercer forma de democracia. Es la democracia semidirecta o mixta. Se llama DEMOCRACIA SEMIDIRECTA aquella en que la democracia representativa se combina con ciertas formas de democracia directa como el referendum, la iniciativa, el veto y el plebiscito.

El ESTILO DE VIDA DEMOCRÁTICO: La democracia es algo más que un sistema político. Es fácil visualizar la vigencia de la organización democrática cuando vemos que hay elecciones libres, división de poderes, rotación de funcionarios y respeto por las garantías individuales. Pero esto es sólo un aspecto, el más formal. El sistema democrático se nutre de ciertos valores y principios que inspiran las estructuras de la sociedad y se reflejan en la vida cotidiana de todos. La democracia implica conciencia de ciudadanía, libertad para actuar y responsabilidad. Esto supone una elevada base moral. Se exige menos para ser súbdito, la persona sólo se limita a obedecer. La democracia supone ventajas (garantías, libertad, tolerancia) pero requiere que todos asuman los valores democráticos como propios.

LA DEMOCRACIA COMO EXPRESIÓN DE PAZ:

La paz ha sido definida como la tranquilidad en el orden. Es clásica la sentencia «opus justitiae pax«: la paz es obra y resultado de la justicia.

Para que exista paz es menester que exista orden y justicia.

La paz entre los hombres implica:

1. la paz social interna, la disminución de las tensiones y conflictos entre los distintos sectores y grupos de cada comunidad.
2. la paz entre las naciones, el establecimiento de un orden internacional que respete los derechos de cada pueblo y sea expresión de solidaridad humana.

La concepción democrática aspira al establecimiento de la paz social dentro de cada comunidad, para lo cual se basa:

1. en el reconocimiento de los derechos y libertades de los individuos y grupos sociales;
2. la búsqueda de la justicia social que a todos haga partícipes de los beneficios económicos, sociales y culturales;
3. el establecimiento de un orden jurídico que armonice los derechos de todos y solvente los posibles conflictos;
4. el respeto a la diversidad de ideas y opiniones;
5. el poder político que debe lograr el bien común ordenando las libertades y no suprimiéndolas.

Para lograr la paz internacional cuenta con el reconocimiento de los derechos de los pueblos y su capacidad de autodeterminación y con el apoyo dado a los organismos internacionales para la solución pacífica de los conflictos.

En 1945 fue creada la Organización de las Naciones Unidas con el fin de preservar la paz tan difícilmente lograda. Su objeto es el mantenimiento y conservación de la paz entre las naciones integrantes, fomentando las relaciones amistosas basadas en el principio de la igualdad jurídica, mutuo respeto, y cooperación en todos los sectores de la convivencia humana.

EL SENTIDO CIVIL: Civil significa ciudadano, lo que es propio de la cualidad de ciudadano.

La democracia tiene un sentido eminentemente civil por cuanto se fundamenta en el reconocimiento de la ciudadanía activa y su ejercicio responsable por todos los miembros de la comunidad.

En los regímenes democráticos son los ciudadanos quienes, escogiendo entre los diversos partidos y candidatos, designan a los gobernantes, eligen a sus representantes y se reservan, a través del derecho de crítica, la capacidad de controlar la acción gubernamental.

Por eso una democracia no puede funcionar correctamente donde los ciudadanos no se sienten responsables de la marcha de la comunidad o no están dispuestos a asumir las obligaciones correspondientes.

En los regímenes totalitarios la participación ciudadana es anulada o sumamente restringida. En su lugar se instauran regímenes de fuerza, con el apoyo, en la mayor parte de ellos, de las fuerzas militares.

LA DEMOCRACIA MODERNA

En el siglo I a. de J. C., Roma abandonó la forma de gobierno republicana y se inició el Imperio. Los ideales democráticos desaparecen por varios siglos. Durante la Edad Media existen movimientos de oposición al poder absoluto de una persona o de un grupo sobre el resto de los habitantes.
Así, encontramos las llamadas democracias campesinas como la de Islandia, cuyo primer Parlamento se reunió en 930, y la de los cantones suizos, en el siglo XIII.

Algunos pensadores medievales (Guillermo de Occam u Ockham, Marsilio de Padua, Nicolás de Cusa, Altusio) desarrollaron concepciones sobre la soberanía popular totalmente revolucionarias para su tiempo y que fueron admitidas siglos después por autores como Thomas Hobbes, Locke y Rousseau.

Muy importante, como antecedente de la democracia moderna, es el papel que desempeñan los municipios, cuyos concejos resultan de elecciones populares.

A partir del siglo XI, los habitantes de las ciudades europeas se beneficiaron con el renacimiento del comercio, favorecido sobre todo por las Cruzadas.

Pero los habitantes de las ciudades, los burgueses, dependían de un señor que les cobraba impuestos y tributos, con frecuencia exagerados o injustos.

Para conservar lo que habían ganado y poder ganar más aún, los burgueses quisieron limitar la autoridad de sus señores. Para ello, se unieron y obtuvieron de sus señores, unas veces mediante luchas sangrientas, otras dándoles dinero, ciertas libertades o franquicias que se consignaban en un acta llamada carta o fuero. En ciertas regiones, los burgueses lograron el derecho de gobernarse por ellos mismos, como se gobernaban los ciudadanos de Atenas y de Roma en la antigüedad. Constituyeron, pues, verdaderas repúblicas.

Si los ciudadanos y los gobernantes no practican los principios democráticos, la organización política no deja de ser una formalidad; tiene pocas posibilidades de profundizarse y mejorar la vida de los habitantes de un país. Los principios son el sustento moral de la democracia, la base sobre la cual la comunidad puede desarrollarse. Aunque puedan parecer conocidos, conviene tenerlos presentes: libertad, respeto a la ley, honestidad y transparencia.

Este derecho que tuvieron los burgueses de gobernarse por sí mismos, se extendió, siglos después en ciertos países, a todos los ciudadanos del Estado. En Inglaterra, Estados Unidos y Francia, los ciudadanos se dieron sus propios gobiernos y de este modo nació la democracia moderna basada en la libertad, en la igualdad y de la fraternidad.

LA LIBERTAD: Libertad es el poder que el hombre necesita para vencer las arbitrariedades de los gobiernos, la incultura, la miseria, la Intemperancia, la enfermedad y todos los obstáculos que se opongan al acrecentamiento de su personalidad Libertad es el poder que necesita una nación para defender su soberanía exterior e interior, para que sus destinos queden en manos de los representantes que sus ciudadanos elijan libremente, y no sean así patrimonio de ningún poder extranjero, ni de ninguna familia, persona ni clase. Libertad es el sentimiento de responsabilidad individual y colectiva, que obliga a los individuos y a las colectividades al cumplimiento de sus respectivos deberes.


Igualdad es el establecimiento de un régimen jurídico en que se ofrezca a todos los hombres iguales posibilidades sociales para su desenvolvimiento; en que pueda realizarse aquella aspiración del siglo XVIII expresada en la frase “abrir carrera al talento’, y que tendía a que la dirección de la vida de un país en sus diversas manifestaciones políticas, económicas y culturales estuviese en manos de las personas más capacitadas para la función directora, y no en la de quienes no pudiesen alegar otro mérito que el de pertenecer a una familia o una clase social determinadas; en que todos los hombres tengan el deber nacional de trabajar; en que por medio de una organización económica inspirada en la justicia y de un sistema de seguros sociales, se garanticen a todos los ciudadanos cumplidores de sus deberes cívicos los medios necesarios para que puedan tener una existencia digna.

Fraternidad es el sentimiento de humanidad en su grado más elevado, el principio de la igualdad jurídica de todos los hombres sin distinción de razas, y de todos los Estados, el derecho igual de todas las patrias a la libertad y a la justicia, el deber de todo hombre de acrecentar en su patria las fuerzas de la libertad y de la justicia, y el ideal de la paz universal, sustentado sobre la idea de una sociedad democrática de naciones que regule con normas jurídicas la vida exterior de los Estados.

LEYES DE LA DEMOCRACIA
Denominamos «leyes de la democracia» a los principios generales que caracterizan este sistema de gobierno. Las fundamentales son:

LA PARTICIPACIÓN POPULAR. La ciudadanía ejerce el gobierno, ya sea en forma directa (en los casos de democracia directa) o por medio de sus representantes libremente elegidos a través del sufragio (en los casos de democracia representativa).

PREDOMINIO DE LA VOLUNTAD DE LA MAYORÍA. El concepto de mayoría es variable. Se dice que un sector tiene «mayoría simple» cuando es el más numeroso pero no alcanza a superar el 50% del total. En cambio, cuando un sector o partido supera el 50% del total de votantes, se dice que logró «mayoría absoluta».

RESPETO POR LAS MINORÍAS Y TOLERANCIA DE IDEAS Y CREENCIAS. En el concepto actual de democracia el predominio de las mayorías debe complementarse con la protección de los derechos de las minorías.

Este principio se refiere a las minorías políticas y a las minorías sociales, culturales o religiosas. Las primeras suelen ser transitorias, como ocurre con partidos políticos cuyo número de seguidores puede variar de una época a otra. Las segundas tienen un carácter más permanente; es el caso de las minorías raciales, por ejemplo. En estos casos es esencial asegurar su protección evitando la tiranización .de las minorías por una mayoría estable. Esa protección se logra mediante normas especiales tales como las que aseguran la libertad de cultos, proscriben la discriminación racial, etcétera.

VIGENCIA DEL PLURALISMO POLÍTICO. La plenitud de la democracia sólo es posible a través de la libre existencia de partidos políticos.

VIGENCIA DE LA LIBERTAD Y RESPETO POR LOS DERECHOS HUMANOS. Ésta es una de las características que definen a la democracia moderna como algo más amplio que un sistema político: es también una forma de vida.

La democracia adopta dos formas de gobierno
Una democracia puede ser parlamentaría o presidencialista.

En el presidencialismo:
• Los poderes que componen la estructura del gobierno se rigen por el principio de la separación de poderes. Los poderes actúan y se integran de manera independiente.
• El Poder Ejecutivo es ejercido por una sola persona: el Presidente de la Nación.
• El pueblo elige a los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo a través del sufragio universal.
• El Presidente y los legisladores, una vez que han sido electos, permanecen en sus funciones hasta la finalización del término del mandato establecido en la Constitución.
Nuestra Constitución adopta el presidencialismo como forma de gobierno. Este sistema también impera en Estados Unidos, los países latinoamericanos casi en su totalidad, Filipinas, etcétera.

En el parlamentarismo:
• El principio de separación de poderes no es tan rígido como en el presidencialismo. Entre los poderes políticos del Estado se produce una suerte de colaboración. Por ejemplo, el voto de confianza del Parlamento es necesario para que se constituya el gabinete de gobierno.
• El Poder Ejecutivo es ejercido por varias personas, es colegiado.
• Sólo los integrantes del Parlamento son elegidos directamente por el pueblo. El Poder Ejecutivo surge del Parlamento y, por lo tanto, debe contar con su confianza para gobernar.
• El término del mandato de los legisladores y de los miembros del Poder Ejecutivo puede concluir antes de lo estipulado.
Este sistema ha sido adoptado por Gran Bretaña, Japón, Israel, Canadá, etcétera.

cuadro democracia

gobierno autocrático: aquel que presenta el poder concentrado en un solo hombre u órgano, que permanece en el poder por la fuerza o por herencia y sobre el cual no se ejerce ningún tipo de control. poderes políticos del Estado: son los órganos encargados de tomar las decisiones que hacen al rumbo político del Estado. Ellos son los poderes Legislativo y Ejecutivo.

Las diferencias con un régimen autocrático: Características muy distintas de las señaladas son las de los gobiernos autocráticos. En ellos quien ejerce el poder es «siempre superior al orden social y por consiguiente irresponsable de por sí».

En las autocracias rige generalmente el principio del secreto de gobierno. El gobierno monopoliza la influencia sobre las masas y existe una tendencia coactiva hacia la unanimidad o, como se ha dicho, una «pasión por la unanimidad».

En un régimen democrático no debe existir esa «pasión por la unanimidad», sino una saludable convivencia dentro de las discrepancias. Una convivencia donde la crítica dentro del sistema -como ha dicho el pensador contemporáneo Karl Popper- «constituye la vida misma de la democracia».

Formas de Gobierno Democráticos Representativos:
El parlamentarismo

El parlamentarismo se caracteriza porque los ciudadanos eligen directamente a los representantes que integran el Poder Legislativo o Parlamento y estos son los que eligen, entre sus miembros, a quienes componen el gobierno o gabinete.

El gabinete está encabezado por el Primer Ministro que ejerce las funciones de Jefe de Gobierno. En general, es el líder del partido político que ha logrado obtener la mayoría de las bancas en el Parlamento o bien el líder de uno de los partidos políticos que ha llegado a un acuerdo con los otros partidos o mediante una coalición de gobierno entre varios partidos.

Lo característico de esta forma de gobierno es que el Primer Ministro permanecerá en el poder mientras tenga el respaldo del Parlamento o hasta que, en las próximas elecciones, cambie la mayoría parlamentaria. Pero también, tiene la atribución de disolver el Parlamento y convocar a nuevas elecciones si advierte que ya no cuenta con el respaldo parlamentario suficiente. De esta forma, tanto el gobierno como el parlamento se controlan mutuamente.

En esta forma de gobierno, los proyectos de ley surgen del Poder Ejecutivo y son aprobados casi automáticamente por el Parlamento, ya que existe una clara mayoría que respalda al gobierno.

El presidencialismo: En esta forma de gobierno, los ciudadanos eligen tanto a los miembros del Poder Legislativo o Congreso y al representante del Poder Ejecutivo o Presidente. En este caso, el Presidente cumple la función de Jefe de Estado y de gobierno, por lo que tiene a su cargo la conducción política del país: nombra a sus colaboradores o ministros, representa a la nación frente a otros países y dura en su mandato el tiempo preestablecido por la Constitución. La Argentina es un ejemplo de presidencialismo.

Bajo esta forma de gobierno, ni el presidente ni los ministros forman parte del Congreso y tampoco pueden disolverlo. Sin embargo, este sí puede destituir al presidente mediante un procedimiento conocido como juicio político, aunque este recurso se utiliza excepcionalmente.

A diferencia de lo que ocurre en la forma de gobierno parlamentaria, los proyectos de ley pueden surgir tanto a partir de los legisladores como del presidente y su aprobación no es automática ya que puede existir o no una mayoría legislativa que respalde al gobierno.

LECTURA COMPLEMENTARIA:
La democracia de Masas: «Todo régimen de gobierno necesita del dominio en alguna forma, pues para su desempeño siempre se deben colocar en manos de alguien poderes imperativos. El poder de mando puede tener una modesta apariencia y el jefe puede considerarse como un ‘servidor’ de los dominados. Esto ocurre casi siempre en el llamado gobierno directamente democrático. Se llama democrático por dos razones que no coinciden necesariamente:

1) porque se basa en la suposición de que todo el mundo está en principio igualmente calificado para la dirección de asuntos comunes;
2) porque reduce a lo mínimo el alcance del poder de mando.

En tal régimen. !as funciones de gobierno se tran miten simplemente mediante un sistema de turnos o se ejercen mediante suertes o por elección directa durante un breve período, reservándose a los miembros de la comunidad todas las decisiones importantes y correspondiendo a los funcionarios sólo la preparación y ejecución de las disposiciones, así como la dirección de asuntos corrientes de acuerdo con los decretos establecidos por la asamblea de los miembros. Siguen el anterior esquema el régimen de gobierno de muchas entidades privadas, de algunas entidades políticas […] lo hacen las comunidades rurales suizas y los municipios de Estados Unidos […].

Con la aparición de la lucha de los partidos por el poder, la democracia di-‘ recta pierde necesariamente su carácter específico, que contiene la ‘dominación’ sólo en germen. Pues todo partido es una organización que lucha específicamente por el dominio y, por consiguiente, tiene la tendencia -a veces oculta- a organizarse expresamente de acuerdo con las formas de dominación […].

Las condiciones que rigen el gobierno en las organizaciones formadas por masas son radicalmente distintas de las que rigen el gobierno de las asociaciones basadas en la relación personal o de vecindad. Cuando se trata de un gobierno de masas, el concepto de la ‘democracia’ altera de tal forma su sentido sociológico que sería absurdo buscar la misma realidad bajo aquel mismo nombre común. El desarrollo cuantitativo y cualitativo dé las tareas de gobierno, que exige una superioridad técnica a causa de la creciente necesidad del entrenamiento y de la experiencia favorece inevitablemente la continuidad, por lo menos de hecho, de una parte de los funcionarios […].»

Max Weber. Economía’ y Sociedad. FCE, México, 1994.

Fuente Consultada:
Instrucción Cívica
Norberto Fraga – Gabriel Ribas Editorial A-Z
El Desarrollo Humano en la Argentina del Siglo XXI UNICEF – UNDP – Ministerio de Educación , Ciencia y tecnología
Sociedad en Red EGB 9 A-Z Editora