Fin Gobierno de la Alianza

El Juicio a las Juntas Militares Condena a los Dictadores Resumen

RESUMEN HISTÓRICO DEL JUICIO A LAS JUNTAS DE GOBIERNO EN ARGENTINA

El 24 de marzo de 1976 una Junta de Comandantes asumió el poder en Argentina. Designó como presidente a Jorge Rafael Videla, dispuso que el futuro gobierno lo compusieran la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea con igual participación y comenzó el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional que duraría de 1976 a 1983. A lo largo de esos años, pensar distinto podía costar la vida tanto del «subversivo» como de su entorno familiar y afectivo.

La Junta Militar además de imponer un sistema impuso también su propio lenguaje y para encubrir las acciones de secuestro, tortura y asesinato de ciudadanos inventó la figura de «los desaparecidos», asegurando que en lugar de víctimas había gente que desaparecía por propia voluntad.

La mayoría de los desaparecidos eran jóvenes menores de 35 años, obreros o estudiantes y, por lo general, se les detenía en su domicilio durante la noche. La guerra sucia se cobró la vida de 30.000 desaparecidos. Eran secuestrados que no estaban en ningún sitio, y de los que nada volvía a saberse; simplemente dejaban de existir.

En 1982 para el candidato a la presidencia por el partido radical, Dr. Raúl Alfonsín, la represión de la Junta Militar había sido un acto brutal y salvaje y era necesario que la Justicia juzgara a todos responsables y no la historia, encargada de revisar y analizar el pasado.

Tan pronto asumió Alfonsín, el gobierno hizo explícita su voluntad de indagar los crímenes cometidos por la dictadura -distinguiendo, sin embargo, entre las Fuerzas Armadas «como institución» y los miembros de las juntas militares-, al tiempo que abolía la censura y alentaba el retorno de intelectuales, artistas y científicos exiliados. Durante estos primeros años, se hicieron presentes en varias oportunidades los rumores de un golpe de Estado.

Por ejemplo, a comienzos de 1985, ante versiones golpistas, el gobierno organizó una movilización popular con el objetivo central de fortalecer el sistema.

Uno de los primeros actos del gobierno de Alfonsín fue la constitución de una comisión para investigar los crímenes de la dictadura. En 1984 comenzó la tarea de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), que tenía como objetivo reunir antecedentes y pruebas referidas a la represión ilegal y al terrorismo de Estado. Después de nueve meses de trabajo, bajo la dirección de Ernesto Sabato, la CONADEP entregó su informe, publicado más tarde con el título de Nunca Más, que probó casi 9.000 casos de desaparición forzada de personas.

JUICIO A las juntas militares argentina

En 1983, Alfonsín advirtió rápidamente que para concretar la democracia debía subordinar las FF.AA. al poder civil. Sin embargo, los militares no aceptaron las reglas de juego democráticas y en reiteradas oportunidades, distintos sectores del ejército se sublevaron: Semana Santa (1987), Monte Caseros (enero de 1988) y Villa Martelli (diciembre de 1988).

El 10 de diciembre, luego de los años del terrorismo de Estado, Raúl Alfonsín asumió la presidencia de la Nación. Su gobierno enfrentaba dos grandes grupos de problemas: la consolidación de la democracia y su difusión en todos los ámbitos de la sociedad, por un lado, y la relación con las Fuerzas Armadas, desacreditadas en su «razón de ser» por la reciente derrota a manos del ejército británico en el Atlántico Sur. Sobre el gobierno también pesa la herencia de la deuda externa.

El 15 de diciembre, Alfonsín sancionó los decretos 157/83 y 158/83. Por el primero, se ordenaba enjuiciar a los dirigentes de las organizaciones guerrilleras ERP y Montoneros. Por el segundo, se ordenaba procesar a las tres juntas militares que dirigieron el país desde el golpe militar del 24 de marzo de 1976 hasta la Guerra de las Malvinas. El mismo día creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), integrada por personalidades apartidarías como el escritor Ernesto Sabato, la militante por los derechos humanos Graciela Fernández Meijide o el rabino norteamericano residente en la Argentina Marshall T. Meyer, entre otros.

Su misión es la de relevar, documentar y registrar casos y pruebas de violaciones a los derechos humanos con el objetivo de fundar un juicio civil a las juntas militares. También ese día, Alfonsín envió al Congreso un proyecto de ley declarando nula la llamada Ley de Autoamnistía, dictada por el gobierno militar. Una semana después, el proyecto fue sancionado como Ley 23.040, la primera ley de la nueva etapa democrática.

El proceso de desmilitarización del Estado continuó durante la presidencia de Carlos Menem. El nuevo presidente logró la subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil. Con su política de achicamiento del Estado, también redujo a ese grupo de poder y presión. En diciembre de 1990, se produjo el cuarto levantamiento carapintada, encabezado por Mohamed Seineldín.

El presidente impuso su autoridad y consiguió que los insurrectos fueran reprimidos por las fuerzas leales. Seineldín fue condenado a cadena perpetua. A partir de ese momento, los militares se alejaron de la práctica política.

Durante el gobierno de Raúl Alfonsín, al cumplirse el plazo otorgado al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas para que procediera al juzgamiento de las tres primeras juntas militares sin que se avanzara sobre el tema, la causa pasó a la justicia civil. El paso no carecía de riesgos; la organización de las Fuerzas Armadas poco había variado en el año y medio transcurrido desde el retiro del gobierno militar, y continuaban convencidas de haber actuado correctamente.

Para la defensa de los imputados, había dos caminos de justificación de ls hechos, por un lado entender que había un estado de guerra en que era necesario implementar esos actos y medidas especiales y por el otro declarar como anticonstitucional el juicio, porque se los juzgabas fuera del ámbito militar.

El Tribunal estuvo compuesto por los jueces de la Cámara Federal Carlos Arslanian, Jorge Torlasco, Andrés DAlessio, Ricardo Gil Lavedra, Jorge Valerga Aráoz y Guillermo Ledesma.

El juicio estuvo acotado a 711 casos testigo, porque solo fueron considerados los homicidios en los casos en que se encontraron los cuerpos y en que se podía demostrar que el asesinato había ocurrido por acciones u omisiones de los comandantes. De manera que el juicio no contempló el tema de los desaparecidos que continuaban en esa condición.

En la sala de audiencias se vivieron momentos muy dramáticos al escucharse los centenares de testimonios de los sobrevivientes y familiares de las víctimas.El gobierno trató de darle un perfil bajo a la difusión de los juicios. La televisión, estatal en su mayoría, nunca transmitió en vivo desde la sala del juicio y se limitó a transmitir unos pocos minutos por día de imágenes sin el audio original, que era reemplazado por la voz en off de un locutor que hacía una síntesis de lo declarado.

Esta actitud del gobierno contrastaba con la enorme difusión que tuvo el desarrollo del juicio en el mundo. Fue noticia de tapa de los principales diarios que enviaros sus corresponsales para seguir de cerca el proceso.

El 9 de diciembre de 1985 la Cámara dio a conocer las sentencias. En la fundamentación dejaron constancia que «se trató de un plan criminal organizado desde el Estado».

Se dictaminó la prisión perpetua para Videla y Massera, 17 años de prisión para Viola, al almirante Lambruschini 8 años y 4 años para Agosti. Los cuatro restantes comandantes, Graffigna, Galtieri, Anaya y Lami Dozo fueron absueltos.

Junta Militar Argentina en 1976

La mayoría de los desaparecidos eran jóvenes menores de 35 años, obreros o estudiantes y, por lo general, se les detenía en su domicilio durante la noche. La guerra sucia se cobró la vida de 30.000 desaparecidos. Eran secuestrados que no estaban en ningún sitio, y de los que nada volvía a saberse; simplemente dejaban de existir.

El punto 40 de la sentencia contariaba la política de Alfonsín que quería dar por concluido los juicios y dejaba abierta la posibilidad de continuar investigando y juzgando hacia abajo en la jerarquía militar y condenar a los jefes de zonas y subzonas militares y a los ejecutores directos de la represión.

Todas las penas íueron acompañadas de inhabilitación absoluta perpetua y destitución; los camaristas ya habían decidido de antemano absolver a los cinco acusados restantes. En todos los cargos se había optado por condenar por medio de la ley más benigna. Los casos sólo se consideraron probados si existían tres pruebas indiciarías.

Se descartaron cargos, en algunos casos por razones paradójicas: no se condenó a nadie por falsedad ideológica, por ejemplo, porque en la inmensa mayoría de las respuestas a los hábeas corpus las policías y el Ministerio del Interior habían respondido mediante documentos sellados, pero sin forma legal. No se condenó por robo de bebés porque la Cámara consideró que el número de acusaciones no era suficiente para probar un método concertado. La pertinaz tarea de los organismos humanitarios, especialmente de Abuelas de Plaza de Mayo, no fue atendida.

Había ocurrido lo inimaginable: un tribunal civil había condenado la acción de quienes habían detentado el poder absoluto en la Argentina. El juicio más conmovedor y significativo de la historia nacional, cuyas audiencias habían durado 900 horas, que había reunido a 672 periodistas, 833 testigos (546 hombres y 287 mujeres, entre ellos 64 militares y 14 sacerdotes) y producido tres toneladas de expedientes de los que formaban parte 4.000 hábeas corpus o denuncias de desaparición de Capital Federal, 5.000 del interior del país y 4.000 reclamos diplomáticos, terminó el 9 de diciembre.

ALEGATO DEL FISCA STRASSERA

Fiscal StrasseraEste proceso ha significado, para quienes hemos tenido el doloroso privilegio de conocerlo íntimamente, una suerte de descenso a zonas tenebrosas del alma humana […]. No son las Fuerzas Armadas las que están en el banquillo de los acusados, sino personas concretas y determinadas a las que se endilgan delitos concretos y determinados.

No es el honor militar lo que está en juego, sino precisamente los actos reñidos con el honor militar!…]. Por todo ello, finalmente, este juicio y esta condena son importantes y necesarios para las víctimas que reclaman y los sobrevivientes que merecen esta reparación […]. Señores jueces: Quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria.

Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces: NUNCA MÁS.

El diario del juicio. Buenos Aires, Perfil, 1986.

PARA SABER MAS…: Como ampliación del tema publicamos una nota en El Bicentenario Fasc. N° 10 período 1990-2010 a cargo de Estela de Carlotto, presidente de la abuelas de Plaza de Mayo.

DETENCIÓN DEL EXDICTADOR VIDELA POR ROBO DE BEBES

En el marco de la causa N° 1.284/85 del Juzgado Federal de San Isidro N°1, a cargo del juez federal Roberto Marquevich, en la que se investiga puntualmente la apropiación de dos menores por parte del matrimonio conformado por Norberto Afilio Bianco y Nilda Susana Wherly, dicho magistrado decretó el procesamiento de Videla y lo llamó a prestar declaración indagatoria en los términos del artículo 236 primera parte, del Código de Procedimientos en Materia Penal, Ley 2.372, por la implementación del plan sistemático de sustracción de menores, y dictó su prisión preventiva. También dispuso que la investigación de los hechos atribuidos al matrimonio Bianco-Wherly pasaran a tramitar por otro sumario.

En los considerandos de dicha resolución se expresa entre otras cosas que «a partir del desplazamiento de las autoridades constitucionales y la instalación del gobierno de facto el 24 de marzo de 1976, Jorge Rafael Videla en su calidad de comandante en jefe del Ejército Argentino ordenó un plan sistemático destinado al apoderamiento de menores, en el marco de las actividades de contrainsurgencia realizadas por la fuerza…».

Fue el 15 de junio cuando el juez federal decidió convertir la detención de Videla en prisión preventiva por considerarlo ‘»prima facie» autor mediato penalmente responsable de los delitos de sustracción, ocultación y retención de un menor de diez años (cinco hechos) en concurso real con el delito falsificación ideológica de documento público destinado a acreditar la identidad de las personas (cuatro hechos) en concurso real con el delito de falsificación ideológica de documento público (nueve hechos), concurriendo estos dos últimos en forma ideal con el delito de supresión del estado civil de un menor de diez años (cinco hechos); previstos y reprimdos por los artículos 45, 54, 55, 139, inc.2, 146 y 293, 1er. y 2do. párrafo, del Código Penal».

Si bien Videla pasó sólo un mes en la cárcel de Caseros, dado que por tener más de 70 años se le concedió luego la prisión domiciliaria, lo importante fue que esta medida fue dictada pese a la impunidad que impulsaban las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, sancionadas en 1986 y 1987, ya que había quedado fuera del alcance de las mismas el delito de apropiación de menores. Esto implicó que las Abuelas de Plaza de Mayo aprovecharan dicha fisura del sistema judicial para continuar con su inclaudicable lucha y lograr la condena de los responsables por la apropiación de sus nietos.

Fuente Consultada:
El Bicentenario Fasc. N° 9 período 1970-1989 y Fasc. N° 10 período 1990-2010
Cuatro Décadas de Historia Argentina (1966-2001) Dobaño – Lewkowicz
Historia La Argentina Contemporánea Polimodal A-Z Pigna-Dino-Mora-Bulacio-Cao

El sector terciario en la economia de un pais Actividad Terciaria

El sector terciario en la economía de un país

Al hablar de la economía de un país, nos referimos a los recursos que tiene ese país, a los bienes que produce, a los métodos de producción que emplea y al destino final de los bienes producidos. También designamos con el término economía las políticas económicas de los gobiernos, que intervienen, en mayor o menor medida, a la hora de establecer los sistemas productivos de un país, de fijar precios y salarios, de recaudar impuestos, de establecer ventajas o limitaciones, etc. El Estado, por ejemplo, puede crear y dirigir sus propias empresas, limitar la producción de un bien y fomentar la de otro, conceder ventajas para el establecimiento de industrias en una determinada región, conceder exenciones o ventajas fiscales.

Para estudiar metódicamente los bienes que produce un país, se suele dividir la economía en tres sectores:

—El sector primario, que abarca la agricultura, la ganadería, la pesca y la explotación forestal; esta última consiste en el aprovechamiento económico de los bosques para la obtención de madera, pasta de papel y algunas otras sustancias como resinas y caucho.

—El sector secundario, que engloba la minería y la industria.

—El sector terciario, que agrupa todas las demás actividades necesarias para el desarrollo de una sociedad: comercio, finanzas, transportes, turismo, enseñanza, sanidad, deportes, espectáculos, etc., consideradas desde un punto de vista económico, es decir, como productoras de riqueza.

EL SECTOR TERCIARIO:
Comprende todas aquellas actividades que no pueden incluirse ni en el sector primario ni en el secundario. Es, por tanto, un sector muy variado, que también recibe el nombre de sector de servicios, porque todas las actividades que engloba son servicios que se prestan entre sí las empresas o los individuos, como vender un producto, transportar una carga, ofrecer una habitación en un hotel, servir una cena en un restaurante, ser objeto de un reconocimiento médico, etc.

El terciario es el sector económico más importante en los países desarrollados y el que da trabajo a un mayor número de personas. En cambio, en los países en vías de desarrollo el sector económico más importante y el que ocupa mayor cantidad de población activa es el primario.

Dentro de este grupo tienen particular importancia el comercio y los transportes. Estos últimos dan lugar a la realización de grandes obras públicas, como la construcción de líneas de ferrocarril, carreteras, aeropuertos y puertos.

cuaro resumen sector terciario

Plan de Convertibilidad de Cavallo Ministro de Economia de Menem

Plan de Convertibilidad de Cavallo
Ministro de Economía de Menem

EL PLAN DE CONVERTIBILIDAD FRENTE A LA HIPERINFLACIÓN:
Los problemas económicos y políticos derivados del surgimiento de la deuda externa junto con el marcado e incesante debilitamiento de la industria argentina, fueron de una magnitud tal que se tornaron incontrolables. El Estado perdía cada día más la posibilidad de plantear políticas económicas claras y  precisas y que fueran acatadas por los distintos actores sociales. Ya en democracia, durante la presidencia de Raúl Alfonsín, fue imposible convencer a los empresarios para que abandonaran el sistema financiero y comenzaran a producir.

Cavallo Ministro de Economia de MenemDomingo Cavallo nacido en San Francisco (Córdoba), en 1946. formado como economista en la Universidad de Harvard, presidente del Banco Central cuando se nacionalizó la deuda de las empresas privadas (1982), era el director del Instituto de Estudios Económicos de la Fundación Mediterránea creada por varias empresas argentinas por iniciativa de Fulvio Pagani (Arcor). Tenía por lo tanto vínculos muy sólidos con el mundo empresario. Con el nuevo ministro, llegó al poder un equipo de más de 200 técnicos destinados a la DGI, los Bancos Central y Nación y la Aduana.

La convertibilidad de la moneda argentina, con la paridad del dólar fijada por la ley del 2 de abril de 1991, es la clave del sistema económico con que el país comenzó el nuevo milenio. El Banco Central utilizó el dinero de las privatizaciones y nuevos créditos para asegurar la convertibilidad. Así pudo renegociar la agobiante deuda externa en plazos más largos.

El Estado argentino no emitía más moneda sin respaldo y retomaba el pago de la deuda externa. Despojado de su papel de benefactor, limitaba sus obligaciones, revalorizaba el mercado y traspasaba a las provincias la responsabilidad en materia de educación y de salud pública.
La inflación desapareció. Fue del 17% anual en 1992 y descendió a valores ínfimos en los años siguientes. Gracias a las reformas se recuperó la demanda y la actividad creció en el 8,8% anual de 1990 a 1994, verdadero récord del siglo.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS: Luego de muchos años de especulación financiera, con una reducción de la llamada economía real (la que funciona sobre la base del trabajo y la  transformación de objetos y no de transacciones financieras) el sistema económico en su conjunto estalló en 1989. Los sectores más adinerados y el empresariado no tenían confianza ni en la economía (cuyo funcionamiento en los últimos años había permitido su enriquecimiento) ni en el gobierno, que ya había perdido el apoyo de la banca acreedora. Los grandes empresarios, entonces, abandonaron la moneda nacional, y compraron todos los dólares que había en reserva en el Banco Central con lo cual nuestra moneda perdió su valor por falta de respaldo.

Si una moneda no tiene respaldo, cada vez vale menos, o directamente a no vale nada. Por lo tanto, la moneda argentina ya no servía para pagar productos y servicios. Eso trajo como consecuencia el aumento de los precios hora a hora y el proceso inflacionario se transformó en hiperinflacionario. El precario equilibrio desapareció porque la cadena de pagos (lo que las personas y las empresas pagan al adquirir un bien o utilizar un servicio) se deshizo ante la falta de moneda con valor propio.

Tras la asunción anticipada de Carlos Menem, los empresarios se calmaron, algunos regresaron a la moneda nacional, y la inflación bajó sensiblemente. No obstante, el nuevo gobierno fracasó con su nuevo plan económico.

A fines de 1989, los empresarios generaron un nuevo proceso hiperinflacionario, parecido al sufrido por Alfonsín, cinco meses antes. Este nuevo golpe de mercado le costó el puesto a Néstor Rapanelli, ministro de Economía de Menen. Rapanelli era el representante de uno de los grupos económicos que dio el golpe de mercado hiperinflacionario a Alfonsín. Algunos especialistas afirman que otros grupos económicos estaban disgustados con Menem por los privilegios otorgados al grupo que representaba Rapanelli y por ese motivo impulsaron la segunda hiperinflación.

Este fracaso del menemismo, llegado al poder hacía muy poco tiempo, dio lugar a múltiples conjeturas: desde la intención del presidente de cerrar el Parlamento hasta la posibilidad de su propia renuncia. Tras un acuerdo con todos los grupos empresarios en marzo de 1990, se estabilizan medianamente las finanzas. La hábil estrategia comunicacional del gobierno de Menen posibilitó que muchos recuerden la hiperinflación del período de Alfonsín y no la que se generó dentro su propio gobierno, la que estuvo también a punto de derrumbarlo.

EL PLAN DE CONVERTIBILIDAD: El acuerdo establecido en 1990 con los grupos empresarios fue también muy endeble. El gobierno quería que produjeran y no especularan, pero los grupos empresarios querían comprar a precios bajos las empresas del Estado, que en la mayoría de los casos, no funcionaban en forma eficiente. Y se negaban a producir.

Con un sistema productivo tan débil, la banca acreedora no estaba satisfecha: había que obligar a producir. Para eso era necesario reestructurar la economía. A partir de ese momento, la banca acreedora impulsa la llegada de Domingo Cavallo al Ministerio de Economía.

Cavallo mantenía excelentes relaciones con los acreedores y, por lo tanto, si llegaba al gobierno contaría con el respaldo económico, en forma de créditos, para iniciar una nueva fase de la reconversión de la economía argentina. Cavallo pudo alcanzar el cargo en 1991, por dos motivos:

1. Una nueva jugada de los empresarios nacionales que apuntaba a generar un tercer golpe hiperinflacionario (el segundo de la presidencia de Menem, que no llegó a concretarse del todo aun cuando el valor del dólar y la inflación subieron mucho). Esto debilitó económicamente al gobierno y al ministro de Economía de ese momento, Antonio Erman González.

2. Las denuncias de corrupción impulsadas por el embajador de los Estados Unidos que afectó al gobierno, a nivel político, en el ámbito internacional. Es importante tener en cuenta que existe una fuerte vinculación entre los Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional.

La caída de Erman González posibilitó la llegada de Cavallo, que era en ese momento visto como una persona muy prestigiosa y alejada de la corrupción. En los primeros meses de 1991 se puso en marcha el llamado Plan de Convertibilidad, que contó con el apoyo de la banca acreedora. Este plan logró instaurar reglas de juego mucho más claras para comenzar la nueva fase de la reestructuración económica que se había iniciado en 1976. Con ese enorme respaldo, Cavallo, decidió negociar, y en muchos casos enfrentar, a los grupos económicos nacionales. Incluso, realizó reiteradas denuncias de comportamientos «mañosos» de algunos empresarios argentinos.

El Plan de Convertibilidad fue una gran lucha de dos concepciones diferentes del poder económico: por un lado, la modernizadora de Cavallo respaldada por la banca acreedora y, por el otro, la no productivista, típica de los que se enriquecieron desmedidamente durante la dictadura militar sin producir bienes o servicios.

El Plan de Convertibilidad y la «reforma estructural», a la búsqueda del reencauzamiento económico El conjunto de políticas que hicieron posible la implementación del Plan de Convertibilidad dieron lugar a la llamada reforma estructural de la economía y el Estado.

El instrumento central de esta política fue el establecimiento de la «ley de la paridad»:un peso igual a un dólar estadounidense. La libre convertibilidad significa que en cualquier transacción económica que los habitantes del país realicen es indistinto si usanpesos o usan dólares.

Pero lo sustancial de este plan fueron las profundas medidas que permitieron sostener la paridad y la convertibilidad. Entre ellas se encuentran las privatizaciones, la flexibilización laboral y la desregulación económica.

La reforma estructural cambió, en pocos años, el funcionamiento de la economía argentina. El objetivo era desarmar el enorme sistema de especulación financiera existente hasta el momento y sentar las bases para que el capital nacional o extranjero se orientara a la producción, que el Estado pudiera cobrar más impuestos y, de esa manera, lograse pagar la deuda externa.

Podemos decir que debido a la enorme influencia que ejercían, sobre el proceso económico argentino a principios de la década de los ’90, las entidades financieras,principales acreedoras de la deuda externa argentina. Entonces, la nueva estrategia estabilizadora del Plan de Convertibilidad posibilitaba avanzar en tres frentes simultáneos y cumplimentar objetivos insoslayables de la etapa económica que se abría al cumplirse menos de dos años del nuevo gobierno:

1. vencer la recurrente hiperinflación;

2. sentar las bases de una relación estable con la banca acreedora, a fin de dejar atrás los años de incumplimiento de las obligaciones externas, y formular una estrategia que permitiese cumplir con todas las exigencias financieras derivadas de dicho endeudamiento;

3. realizar las transformaciones necesarias a fin de adaptar la economía argentina al proceso de relaciones económicas internacionales, afirmado definitivamente por la caída del Muro de Berlín, por las condiciones de la globalización y por los requisitos planteados por el Consenso de Washington.

LOS FERROCARRILES ARGENTINOS: A fines de los ’80 se pensó seriamente en la posibilidad de suprimir el sistema ferroviario, ante el creciente déficit, el descontrol de la empresa Ferrocarriles Argentinos y le imposibilidad de competir con las poderosas empresas de transporte automotor (muchas veces privilegiadas desde el mismo Estado), y el nueve rival, sobre todo en el traslado de pasajeros de larga distancia, que es el transporte aéreo.

Pero el cierre de los ferrocarriles iba a ser peor que mantenerlos funcionando en esas condiciones, ya que los efectos secundarios de tal actitud serían casi catastróficos; por ejemplo, se incrementaría el transporte automotor tanto en cargas como en pasajeros lo que produciría un gran congestionamiento en las rutas y en las ciudades; habría una mayor contaminación ambiental, un aumento en el consumo de combustibles, y vastas regiones de nuestro país quedarían incomunicadas. Ante tal situación, la única solución aparente fue la invitación al sector privado a interesarse en el servicio.

Para ello se cedería a las empresas privadas todo el material rodante existente y las vías en carácter de concesión a fin de que éstas presten el servicio; el Estado quedaría como propietario y contralor de los servicios.

El proceso privatizador comenzó a principios de los años ’90. La única línea que no fue adjudicada y que permanece en poder del Estado es el Ferrocarril Belgrano S.A.

El servicio interurbano de pasajeros fue totalmente suspendido y se le ofreció c las provincias que se hicieran cargo de él. Algunas accedieron y mantienen un mínimo servicio; otras lo han eliminado.

El principal motivo de esta baja de servicios es el alto costo de los peajes que cobran los concesionarios de cargas al paso de los trenes de pasajeros, los que no tienen ningún tipo de regulación por parte del Estado. En líneas generales este nueva modalidad trajo aparejada una mejora de alrededor de un 25% promedie en los servicios de cargas y pasajeros urbanos-suburbanos con respecto a los últimos servicios prestados por Ferrocarriles Argentinos y comparables en rendimiento al funcionamiento de la empresa estatal de mediados de los años ’60.

Adaptación del texto de Guillermo Ghio

El Plan Condor Operacion Lucha contra el comunismo en Latinoamerica

El «Plan Condor» Operación
Lucha Contra el Comunismo en Latinoamérica

A comienzos de la década del 90 se descubren en Paraguay los documentos secretos de la policía política paraguaya. Pero estos documentos, que ganaron el macabro nombre de «los archivos del terror», no sólo informaban del accionar de esa fuerza, sino que revelaban la coordinación de los gobiernos militares sudamericanos durante las décadas de 1970 y 1980 para perseguir a los opositores políticos.

Se conoce como Operación Cóndor al plan de inteligencia y coordinación entre los servicios de seguridad de las dictaduras militares de los generales Augusto Pinochet, de Chile; Hugo Bánzer, de Bolivia; Alfredo Stroessner, en Paraguay; Joao Figueredo, de Brasil; más los gobiernos derechistas de Isabel Perón, de Argentina, y Juan María Bodaberry, de Uruguay. El objetivo del plan era el intercambio de información acerca de personas «subversivos» residentes en dichos países, así como la cooperación para perseguirlas a través de las fronteras nacionales.

Aunque sus actividades se iniciaron antes, la creación oficial de la Operación Cóndor se fecha en noviembre de 1975, en una reunión secreta de representantes de los servicios de inteligencia de los mencionados países celebrada en Santiago de Chile y convocada por Manuel Contreras, el  director  de la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional, la policía política del país).

La Dirección de Inteligencia Nacional, más conocida por su acrónimo DINA, fue la policía secreta chilena durante el período inicial del régimen militar de Augusto Pinochet, siendo uno de los elementos más significativos del aparato represor de la dictadura.

Las primeras acciones enmarcadas dentro de la Operación Cóndor se llevaron a cabo en septiembre de 1974, en la ciudad de Buenos Aires. Cuatro exiliados uruguayos fueron secuestrados y, semanas más tarde, sus cadáveres aparecieron en los alrededores de Montevideo. La siguiente acción fue contra el general chileno Carlos Prats, asesor del presidente Salvador Allende y su mujer. Los dos fueron asesinados por un comando de la DINA que actuó en suelo argentino.

La Operación Cóndor permitió a las fuerzas armadas y paramilitares de las dictaduras del Cono Sur desplazarse libremente por el territorio de oír: países para secuestrar, torturar y asesinar a los ciudadanos considerados sediciosos e intercambiarse los detenidos.

Antes de esta fecha, la colaboración represiva era una realidad impulsada en la región por Estados Unidos, que amparaba los regímenes anticomunista por temor a que la existencia de un gobierno de izquierdas en la zona facilitase la emergencia de otros provocando un efecto dominó.

Era la tan reiterada «doctrina de seguridad nacional» que insistía en luchar contra enemigo interior: el comunismo.  Desde mediados de la década de 1970 se desarrollé una internacionalización de la represión que fue posible porque la coordinación de Operación Cóndor, además de permitir identificar, trasladar o asesinar a disidentes, facilitó encubrir crímenes, trasladando cadáveres de un país a otro o creando confusión sobre las víctimas y sus asesinos. Los agentes de la Operación Cóndor actuaron tanto en países de América Latina como en Estados Unidos y Europa. Por ejemplo, en Madrid, España, intentaron secuestrar a líderes del MIR chileno mientras que en Roma, Italia, actuaron contra disidentes políticos argentinos.

El Informe Hinchey señala que entre 1974 y 1977, la CIA mantuvo contacto regular pagado con el entonces director de la DINA. El gobierno de los Estados Unidos aprobó esta relación mercenaria con Contreras ya que “dada su posición como jefe de la principal organización de inteligencia en Chile, era necesario para cumplir la misión de la CIA, a pesar de las preocupaciones de que esta relación pudiera exponer a la CIA a acusaciones de estar colaborando en al represión política interna.”.

En 1992 fue descubierto en Paraguay un gran archivo con más de 700.000 páginas de documentación sobre la represión en este país. Se encontraron también registros de la cooperación de la inteligencia estadounidense con las dictaduras de la región, incluida la paraguaya. El estudio de los «archivos del terror», como se les conoce, ha proporcionado valiosísima información sobre las actividades de la Operación Cóndor en el Cono Sur que ha permitido la detención de algunos de sus miembros, incluido el propio Pinochet.

La Operación Cóndor dejó tras de sí cientos de víctimas: torturados, asesinados y desaparecidos, especialmente guerrilleros —o sospechosos de serlo— del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR) chileno, el Ejército Revolucionario del Pueblo argentino o los tupamaros uruguayos. Y, a pesar de que su punto álgido fueron los años comprendidos entre 1975 y 1977, en junio de 1980 aún tuvo lugar una acción de Cóndor: Noemí E. Giannetti de Molfino, madre de la Plaza de Mayo exiliada en Perú, fue secuestrada en Lima, y tras un largo periplo (Bolivia, Argentina, Brasil, y España) apareció envenenada en un hotel madrileño. Según los «archivos del terror» descubiertos en Paraguay , la Operación Cóndor dejó un terrible saldo de 50.000 muertos, 30.000 desaparecidos, y unos 400.000 presos.

EL 16 DE OCTUBRE DE 1998, mientras se encontraba internado en la London Clinic, el exdictador chileno Augusto Pinochet fue arrestado por Scotland Yard. Su detención era producto de una orden de captura internacional emitida por el juez español Baltasar Garzón por las acusaciones de asesinato, tortura y genocidio.

El Plan Cóndor: Las dictaduras del Cono Sur aplicaron, con la conformidad de Estados Unidos, el Plan Cóndor, que sirvió para que sus servicios represivos coordinaran miles de secuestros y asesinatos de opositores políticos. En 1992 apareció en Paraguay un archivo oficial con precisos documentos sobre esas actividades. Videla y Pinochet, durante una visita del primero a Chile en 1978.

Pacto de Olivos Alfonsin Menem Reforma de la Constitución 1994 Santa Fe

Pacto de Olivos:Alfonsín-Menem
Reforma de la Constitución en 1994

En 1993, en el marco de una fuerte crisis económica y social, Menem reflotó la propuesta de modificar la Constitución Nacional con el objetivo de permitir la reelección del presidente. Para alcanzar este objetivo, necesitaba lograr un acuerdo con el líder radical Alfonsín, quien finalmente accedió a negociar con el gobierno. El llamado «Pacto de Olivos», suscripto entre los jefes del PJ y la UCR, allanó el camino para reformar la Constitución.

Luego de tres meses de deliberaciones, el 22 de agosto de 1994, la Asamblea Constituyente sancionó la nueva Constitución y Menem quedó habilitado para presentarse como candidato a la reelección. El 14 de mayo de 1995, Menem se impuso en los comicios presidenciales y asumió el poder por un período de cuatro años, de acuerdo con el criterio que se había establecido en el Pacto de Olivos de acortar en dos años el mandato del presidente.

EL PACTO DE OLIVOS: el acuerdo fue cerrado el 14 de diciembre de 1993, después del Pacto de Olivos, el Congreso aprobó rápidamente la ley declarativa de la necesidad de la reforma, con el voto favorable de los legisladores justicialistas y radicales, se convocaron elecciones generales para designar a 305 constituyentes, y comenzó la labor de la Convención reunida inauguralmente en la ciudad de Paraná, que deliberó durante tres meses en la dudad de Santa Fe, sede histórica de las principales convenciones constituyentes argentinas desde 1853.

LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN: A fines de 1993, el gobierno y el principal partido de la oposición acordaron la reforma de la Constitución Nacional. En abril de 1994 se eligieron diputados constituyentes que, entre mayo y agosto, reformaron el texto constitucional.

Pacto de Olivos Alfonsin Menem El principal objetivo perseguido y alcanzado por el gobierno era la habilitación de la posibilidad de la reelección presidencial. La reforma establece que el Presidente y el Vicepresidente de la Nación duran en el cargo cuatro años y que podrán ser reelegidos por un solo período consecutivo.

El radicalismo, por su parte, buscó y consiguió incorporar a la Constitución un conjunto de disposiciones que habían formado parte del proyecto de reforma constitucional elaborado durante el gobierno de Alfonsín: atenuación del presidencialismo, garantías de independencia del Poder Judicial, incorporación de mecanismos de democracia semidirecta y afirmación de los derechos sociales, agregando cláusulas referidas a la protección del medio ambiente y de los derechos de los consumidores y los usuarios de los servicios públicos.

Se han incorporado a la Constitución los tratados firmados por nuestro país con organismos internacionales o con otros países, entre otros, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y la Convención de Eliminación de las Formas de Discriminación contra la Mujer.

La Constitución y el pacto Menem-Alfonsín
«Se suele argüir […] para denostarla, que esta reforma se origina en un pacto -originariamente secreto- de dos caudillos políticos. Y que el mismo supuso la aceptación de; uno de ellos, Alfonsín, de la pretensión del presidente Menem de posibilitar su reelección a cambio de la introducción de un bloque de reformas que aquél considera convenientes para garantizar la democracia y asegurar los derechos y el bienestar ciudadanos. Y que la única motivación real de Menem ha sido alcanzar esa perspectiva de continuidad y de ahí su escaso interés acerca de las otras propuestas. Es verdad. Hubiera sido más elegante posponer la autorización de una reelección inmediata para el futuro. Pero ese acuerdo de líderes fue ratificado por el Congreso Nacional y por la reelección popular, de tai manera que adquirió absoluta legitimidad. Se aduce igualmente que el pacto estuvo motivado por el temor de Alfonsín de enfrentar una nueva derrota en el plebiscito convocado para el 21 de noviembre de 1993. Sin negar esa presunción, que es correcta, Alfonsín sostiene que su gesto tendió a evitar una frustración constitucional que, aunque legítima por la suma de sufragios, podía tener los mismos problemas que la de 1949, al realizarse con la ausencia y la falta de participación de los partidos opositores. Se estaba-agregaba-en cambio, ante la posibilidad de introducir en la ley fundamental garantías y procedimientos que la modernizaran y que había procurado llevar adelante sin éxito -como antes se ha visto- en el lapso 1983-1989. Y en rigor de verdad, si se comparan esas propuestas, explicadas anteriormente, con la reforma obtenida, se advertirá su notoria continuidad de propósitos. Que esos cambios mejoren o no la gobernabilidad que se pretende es otra cuestión que se verá en su momento.»
EMILIO F. MIGNONE. Constitución de la Nación Argentina, 1994, Manual de la Reforma. Buenos Aires, Ruy Díaz, 1994

LECTURA COMPLEMENTARIA:
La reforma de 1994

Luego del llamado «Pacto de Olivos», suscrito el 13 de diciembre de 1993 por el Presidente de la Nación y del Consejo Nacional Justicialista, doctor Carlos Menem, y el Presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical y ex Presidente de la Nación, doctor Raúl R. Alfonsín, el Congreso aprobó, el 29 de diciembre de 1993, la ley 24.309, que declaró la necesidad de reformar la Constitución. El contenido de la ley seguía lo acordado por los dos partidos y establecía los puntos de la constitución que deberían reformarse.

El núcleo de coincidencias básicas contenía modificaciones al sistema de organización de los poderes previsto en la Constitución de 1853. Debía ser aprobado en su totalidad y sin que la Convención Constituyente pudiera modificarlo; caso contrario, se produciría la nulidad de la reforma. Algunos de los cambios que se propusieron fueron los siguientes: la creación del cargo de jefe de gabinete del Poder Ejecutivo; la reducción del mandato del presidente y del vicepresidente a cuatro años, con la posibilidad de reelección inmediata por un sólo período; la elección directa y a doble vuelta del presidente y del vicepresidente; la elección directa de los senadores, reduciendo su mandato a seis años y aumentando su número a tres por provincia.

Los temas habilitados para su tratamiento en la Convención Constituyente eran, entre otros, el fortalecimiento del régimen federal; el establecimiento del Defensor del Pueblo; normas de preservación del medio ambiente; normas destinadas a garantizar la defensa de la competencia y la protección de los consumidores y usuarios de servicios públicos; la incorporación a la constitución del hábeas corpus y del amparo.

Tanto los temas contenidos en el núcleo de coincidencias básicas como los que fueron habilitados para su tratamiento fueron el resultado de largas negociaciones entre los partidos firmantes del acuerdo, y debatidas, en mayor o menor medida, por los restantes partidos y los distintos sectores de la sociedad. La ley estableció también las normas que regirían la convocatoria, la reunión y el funcionamiento de la Convención.

El 10 de abril de 1994 se realizaron las elecciones de los convencionales constituyentes. Los partidos firmantes del «pacto de Olivos» obtuvieron el 57,58% de los votos emitidos (37,68% el justicialismo, 19,90% el radicalismo). Otros partidos, como el Frente Grande (12,50%) y el Movimiento por la Dignidad Nacional -MODÍN- (9,10%), no eran contrarios a la reforma de la constitución, pero estaban en desacuerdo con los límites que radicales y justicialistas habían impuesto a la Convención. Esto significa que la reforma de la Constitución contó con el respaldo de cerca del 80% de los votos emitidos.

El 25 de mayo de 1994, con 305 convencionales de 17 bloques partidarios, la Convención Constituyente inició sus sesiones en las ciudades de Santa Fe y Paraná.

El 1.° de agosto fue aprobado, por 177 votos a favor, el núcleo de coincidencias básicas. El 22 de agosto, la Convención aprobó el texto definitivo de la constitución reformada, que entró en vigencia el 24 de agosto de 1994, día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.

Ese mismo día, la nueva Constitución Nacional fue jurada por los convencionales constituyentes, los presidentes de las cámaras legislativas, el Presidente de la Nación y el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La reforma comprendió los temas incluidos en el núcleo de coincidencias básicas y los que se habilitaron para su tratamiento en la Convención Constituyente.

Ver: Garantías Constitucionales

https://historiaybiografias.com/linea_divisoria3.jpg

PARA SABER MAS…: Como ampliación del tema publicamos una nota en El Bicentenario Fasc. N° 10 período 1990-2010 a cargo de Hugo Quiroga, politógolo y periodista.

El acuerdo político celebrado entre ambos dirigentes no estuvo exento de obstáculos y complicaciones, principalmente para el radicalismo. Por un lado, el acuerdo original contenía las renuncias de tres miembros de la Corte Suprema reclamadas por la UCR, las que debían producirse antes de la reunión de la convención del partido radical, el 4 de diciembre del pasado año. Ante el incumplimiento del compromiso adquirido por Menem, el radicalismo amenazó con romper el acuerdo si los magistrados no renunciaban antes del 3 de diciembre.

Finalmente, el anuncio de los alejamientos solicitados le permitió a Raúl Alfonsín obtener el respaldo necesario en la convención de su partido. Por el otro, el Pacto de Olivos dio lugar a una crisis profunda en el interior del radicalismo que puede llegar hasta la ruptura. El líder radical y presidente del partido ha actuado con severidad en este proceso para imponer disciplina en sus filas.

Hasta ahora se han intervenido algunos distritos rebeldes cuyas conducciones se negaban a aceptar el pacto sellado por Alfonsín, y algunos dirigentes, como Jesús Rodríguez, centraron sus campañas para constituyentes criticando al socio del acuerdo. En los comicios de convencionales, el radicalismo quedó como tercera fuerza en Capital Federal y en la provincia de Buenos Aires.

A simple vista, ambos firmantes del acuerdo salieron beneficiados. A Raúl Alfonsín le permitió ocupar el centro de la escena política, que había perdido con la salida anticipada de su Gobierno. En su discurso de defensa del pacto alegó que con estas reformas se modificará el carácter extremo del sistema presidencialista argentino. A la vez,
la mieiicion ue aíioiisiii iue detener la ofensiva del gobierno nacional por imponer de manera unilateral, a través de un plebiscito cuyo triunfo se daba por descontado, los temas de la reforma que no incluían atenuaciones al presidencialismo. A Carlos Menem, porque se le facilita el camino de la reelección presidencial.

Un pacto de cúpulas sustrajo la posibilidad de extender y profundizar un debate colectivo, imprescindible cuando se trata de reformar el diseño institucional de una nación. Es difícil sacar conclusiones sobre la puesta en práctica de una reforma que acaba de aprobarse. Sólo quedan interrogantes. La renovación de las instituciones siempre genera incertidumbres que solo puden ser resueltas desde la claridad de las prácticas constitucionales, desde la Constitución realmente aplicada.

Fuente:El Bicentenario Fasc. N° 10 período 1990-2010 a cargo de Hugo Quiroga, politógolo y periodista.

Economia en el Gobierno de Carlos Menem

Informe económico: Primera etapa del Gobierno de C. Menem

Indice:

  1. Introducción
  2. Desarrollo
  3. Primera Etapa
  4. Segunda Etapa
  5. Tercera Etapa
  6. ¿Cuál fue el resultado de todo esto?
  7. Los Resultados
  8. Balanza Comercial.
  9. Inversión.
  10. Distribución del Ingreso, Empleo y Desempleo.

Presidente de Argentina: Carlos Saul Menem

  1. Introducción 

Tomaremos en cuenta en este informe el período correspondiente a la primer presidencia del Dr. Carlos S. Menem, quien llevó adelante una reestructuración muy grande del país que comprendió a casi todos los ordenes de la sociedad. Con su plan logró bajar el pico máximo de inflación en la historia argentina (4.923,6 % anual) a cero, al tiempo que creció el PBI.

Pero a pesar de los beneficios de la estabilidad lograda, de la integración en el MERCOSUR, de la eliminación de la fiebre aftosa en la ganadería argentina, de la apertura de nuevos mercados para las exportaciones, y en general los lineamientos principales de la política económica encarada, el modelo fue criticado por el desigual reparto de los beneficios, el alto grado de desocupación, los niveles de corrupción en el gobierno y en grupos allegados al mismo, la excesiva concentración que se manifiesta en amplios sectores de la economía y el descrédito en que ha caído la Justicia.

  1. Desarrollo 

En 1989, la Argentina sufría una situación económica marcada por la hiperinflación que había provocado una suba en los precios al consumidor en un 4.923,6%. Además de una disminución del stock de divisas, atrasos en los pagos externos, el incremento en el desequilibrio fiscal, la recesión y el desempleo, el aumento de la deuda interna y la fuga de capitales hacia el exterior. Y los desórdenes sociales y económicos de las provincias, producto de la devastadora situación que atravesaba nuestro país.

En este contexto, se llevaron a cabo, por segunda vez consecutiva luego de la dictadura militar de 1976, las elecciones presidenciales. En esta oportunidad, el candidato peronista Carlos Saúl Menem se adjudicó la victoria luego de vencer a sus oponentes con el 47.12% de los votos.

Una vez electo presidente, el Dr. Menem mantuvo conversaciones y obtuvo el apoyo de los grupos empresariales y de diversas corporaciones.

Las etapas en las que podemos dividir el período de gobierno del presidente Menem son tres:

Las dos primeras coinciden con recambios ministeriales y de política económica:

La primera: Roig-Rapanelli

La segunda: González

La tercera: Cavallo (quien en luego sería reemplazado por Fernández)

  1. Primera Etapa

Las medidas anunciadas después de la asunción del Primer Mandatario fueron popularmente llamadas B.B. por la intervención que el grupo empresario Bunge y Born tuvo en la elaboración de las mismas. El director de dicho grupo, doctor Roig, fue el designado como Ministro de Economía como una señal de que la gestión que daba comienzo era libre-empresista y que introduciría grandes cambios en la economía.

La muerte sorpresiva del ministro Roig se produjo en forma casi inmediata siendo reemplazado por otro funcionario del grupo Bunge y Born, el doctor Néstor Rapanelli.

Con el fin de nivelar el sistema de precios y equilibrar las variables económicas, se decreto una pronunciada devaluación monetaria, importantes incrementos en combustibles, tarifas y transportes.

En materia monetaria se anuncio la intención de dar mayor autonomía al Banco Central, modificando su carta orgánica, y reduciendo gradualmente los encajes remunerados vigentes en el sistema financiero.

En el orden externo había atrasos en el pago de los intereses de la deuda externa desde abril de 1988 y las negociaciones, en la etapa final del gobierno de Alfonsín, estaban casi interrumpidas.

El ministro Rapanelli no logro contener la suba de precios, el apoyo empresario esperado y pactado no se concreto, los pequeños márgenes y del aumento salarial no contuvieron los reclamos sindicales.

Pese a que la tasa de inflación había descendido al 5,6%, el Gobierno implemento algunas propuestas sin éxito para afrontar la crisis:

Trato de contener la suba del dólar, aumentando la tasa de interés en australes, pero no logro detener al dólar

El Gobierno intervino largando al mercado letras del Banco Central mediante licitaciones en dólares, que no resultaron.

El Banco Central comenzó a vender reservas para contener la demanda de divisas, pero no logro parar la suba del dólar.

Ante tal situación, el ministro Rapanelli presento su renuncia y, el 18 de diciembre de 1989 asumió el Dr. Erman González como ministro de Economía. Poco más de 5 meses después, el Plan B.B. había resultado ineficaz para detener la inflación y poner en marcha la economía

  1. Segunda Etapa

La situación económica con la que se encontró el doctor E. González era la de una persistente acumulación de deuda interna, con la colocación indiscriminada por parte del Gobierno de títulos públicos con intereses gravosos.

Además el Estado tenia una creciente acumulación de atrasos en pagos a proveedores, contratistas de obras y deudas con los beneficiarios del sistema provisional.

Puso de inmediato en marcha el Plan Bonex, que causo un profundo impacto en la población y significo una gran perdida para los tenedores de plazos fijos. Consistía en la incautación, por parte del Estado, de los depósitos a plazo fijo que se hallaban en el sistema financiero, siendo restituidos a sus propietarios en títulos de la deuda externa a diez años de plazo. Se emitieron a tal efecto los Bonos de Consolidación (BOCON) en moneda nacional o en dólares para cancelar las obligaciones consolidadas.

Adopto además algunas medidas anexas, como prohibir por cuatro meses las licitaciones para compra de bienes e inversiones del Estado y estableció la obligatoriedad de la autorización previa del Ministerio de Economía, para cualquier compra o contratación de organismos del Estado.

El Plan Bonex provocó una importante caída de la liquidez.

Finalmente, en marzo de 1990, el ministro lanzó una serie de medidas aun más restrictivas denominadas: Plan Erman III:

Suspensión de todo tramite de contrataciones y licitaciones.

Eliminación de los reembolsos a las exportaciones

Se prorrogo la suspensión de beneficios a los regímenes de promoción industrial.

Se achico el aparato administrativo del Estado, suprimiéndose secretarias, subsecretarias y direcciones.

La Balanza Comercial en 1990 obtuvo un superávit extraordinario. Las exportaciones superaron en un 34 % a las del año anterior, mientras que las importaciones sólo fueron un tercio de aquellas.

  1. Tercera Etapa 

Los rumores de corrupción y denuncias contra algunos sectores del gobierno, provocaron una aceleración de la inflación y la posterior renuncia del doctor Erman González y su equipo en enero de 1991, asumiendo así el doctor Domingo Felipe Caballo.

Finalmente, dos meses después de su llegada al ministerio, el 1° de abril de 1991 puso en marcha el Plan de Convertibilidad, (Ley NC 23.928), actualmente en vigencia.

Entre sus aspectos más importantes, la ley establecía:

Convertibilidad del austral en dólar (paridad cambiaria fija y sin límite de tiempo en 10.000 australes por dólar)

Modificación del Código Civil, autorizándose contratos en moneda extranjera.

Eliminación de la actualización monetaria o desindexación, para evitar que se trasladara hacia adelante la inflación pasada

Se rebajaron los encajes bancarios de los depósitos en australes y se aumentaron los correspondientes a depósitos en moneda extranjera.

A su vez, se autorizó al Banco Central a sacar ceros al austral y a cambiar la denominación del signo monetario. Es por eso que a partir del 1° de enero de 1992 la moneda pasó a ser el peso, igualada en paridad con el dólar.

El Plan de Convertibilidad basó su logro en la eliminación de las condiciones autónomas de emisión monetaria. Ya que esto significaba atar la expansión de la moneda al crecimiento de las reservas. Además, este plan al estar avalado por una ley, conseguía contener las expectativas de devaluación.

También se produjeron aumentos sobre determinados servicios públicos (como en los ferrocarriles, obras sanitarias, teléfono, gas, electricidad). Y paradójicamente se rebajaron otros, como el gas de uso industrial, electricidad para el uso fabril y la nafta. De esta manera se disminuían los costos industriales.

Sin embargo, el estado estaba obligado a obtener una mayor cantidad de ingresos que gastos. Es por eso que se llevaron cabo: reformas tributarias, luchas contra las evasiones, disminución de los empleados públicos, aceleración en las privatizaciones, el control absoluto de las remesas a las provincias, las cuales debían ajustar sus gastos a sus recursos propios y coparticipables. (ver lista de empresas privalizadas)

Se pusieron en marcha reformas destinadas a disminuir los niveles de evasión impositiva y de simplificación del sistema para concentrar la recaudación en los impuestos: al valor agregado (IVA), aportes y contribuciones sociales, ganancias de las empresas y rentas y activos personales.

La ley de Convertibilidad fue sancionada y promulgada el 27 de marzo, y publicada en un número extraordinario del Boletín Oficial al día siguiente, entrando en vigencia el 1 de abril de 1991. Es una ley breve, nítidamente redactada.

Se establece un tipo de cambio fijo en un mercado de cambios liberalizado. La ley especifica que en todo momento la base monetaria, dividida por 10.000 no puede ser superior a las reservas externas del Banco Central.

Los contratos indexados pactados en moneda local, y su indexación queda prohibida en adelante. Los préstamos denominados en dólares se consideran realizados en moneda, no en cosas físicas. Esta última fue una excelente medida, porque terminó con situaciones ficticias y explica el desarrollo del mercado de prestamos en dólares.

El Plan de Convertibilidad modificó algunas tarifas públicas y encajes bancarios.

Los diputados y los senadores son los custodios del tipo de cambio nominal.

En marzo de 1991, el último mes anterior al plan de Convertibilidad, el total de los ingresos públicos alcanzó a $1.418 millones. En abril subió a 2.017, en enero de 1992 había trepado a 2.967, en enero de 1993 a 3.624 y en enero de 1994 a 4.212. De manera que se duplicó en un periodo en que los precios mayoristas aumentaron el 5%

A partir de 1990 también hubo ingresos por venta de activos públicos, con buena parte de los cuales se financiaron egresos de naturaleza única, como los retiros voluntarios o la deuda con los jubilados.

Este aumento de la recaudación se logro mejorando notablemente la calidad de los ingresos, disminuyendo la regresividad de la carga tributaria y la distorsión del sistema económico. Además, se elimino el impuesto inflacionario y desaparecieron otros como los que gravaban las exportaciones, los débitos bancarios y los sellos. En 1993 el 80% de la recaudación total provino del IVA.

Se introdujo un nuevo sistema de facturación en enero de 1992, se establecieron blanqueos laboral e impositivo en abril de 1992.

En su gestión, y a pesar de la redefinición del rol del Estado y la desaparición del llamado «Estado Empresario», Cavallo no solo no redujo el gasto publico total, sino que lo aumento.

El gasto publico ha sido para Cavallo y su equipo una de las principales fuentes de «pulseadas», particularmente intensas y prolongadas con los gobernadores provinciales y los jubilados.

El Pacto Fiscal fue firmado por la mayoría de las provincias en agosto de 1993 y con vigencia desde comienzos de 1994, para posibilitar que el «costo argentino», si existe, sea el de vivir y no el de reproducir en la Argentina.

En 1993 las dos terceras partes del gasto publico total se destinaron al denominado «gasto publico social», y el 30% del gasto publico total se destinó a seguridad social.

Un ítem de gasto que se negocio sin tanta turbulencia fue el de la deuda externa publica. En abril de 1992 se acordó con la banca acreedora y se oficializó el respectivo acuerdo Brady en diciembre del mismo año. Oficialmente se informó que el Brady representaba un alivio en los pagos del orden del 35%

Desde 1991 se avanzo muchísimo en la calidad de los ingresos públicos, y también en la presentación y ejecución del presupuesto. Se avanzo muchos menos en la calidad de los gastos públicos. La desaparición de la «hiper» y de la turbulencia macroeconómica, y la mayor conciencia del ciudadano, quien ahora sí está financiando explícitamente al sector público, van a presionar para que los fondos movilizados «rindan más» y se modifique el panorama en materia de justicia, seguridad, salud y educación.

  1. ¿Cuál fue el resultado de todo esto?

El Plan de Convertibilidad había buscado terminar con la inflación. Pues bien, la tasa de inflación, que en febrero de 1991 había sido del 27% a nivel consumidor y se redujo al 2,1% y 0,3% equivalente mensual respectivamente durante el resto del año, y al 0,6% y 0% equivalente mensual respectivamente durante 1993.

De manera que, en términos de lo que se propuso, el plan de Convertibilidad fue exitoso. En cuanto a los efectos no deseados, el panorama es alentador: como cualquiera de los planes estabilizadores desde el Austral inclusive, el programa reactivó la economía (el PBI aumentó 9% anual durante 1991 y 1992, y 6% durante 1993) Los aumentos de la tasa de desempleo y del número de empleados, verificados a partir de 1993, son fenómenos que estrictamente están poco relacionados con el plan de Convertibilidad.

También profundizó la apertura de la economía, continuó con las privatizaciones e inició un proceso de desregulación de la actividad económica.

Apertura de la economía. En el plano comercial hay una política general. En marzo de 1991, Cavallo eliminó los derechos de exportación y los derechos de importación específicos, y estableció tres niveles arancelarios.

¿Cuál fue el resultado de lo que venimos exponiendo? Un inmenso ingreso de capitales, del orden de los u$s 9 mil millones anuales y, entre otras consecuencias, déficit comercial.

Privatizaciones. Cuando Cavallo llegó al Ministerio de economía, una porción de Telefónica, Telecom y Aerolíneas Argentinas había sido vendida.

El ministro continuó con las privatizaciones, vendiendo otras porciones de las telefónicas y otras empresas. A comienzos de 1994, eran pocas las porciones del Estado-empresario que todavía quedaban en manos públicas.

Pasado el tiempo, conviene recordar como había caído la prestación de servicios en algunas de las empresas que luego se privatizaron. Cuando, a fines de 1992, la Subsecretaría de Privatizaciones hizo un balance, mostró que las cargas transportadas por ferrocarril habían disminuido un 44% entre 1970 y 1990, que los servicios interurbanos de ferrocarriles habían transportado en 1991 un 80% menos de pasajeros que en 1975, y que los envíos postales a través de Encotel ya habían disminuido 50% entre noviembre de 1987 e igual mes de 1991. El único indicador que había aumentado era el de la sustracción de energía de Segba, que se elevo un 133% entre 1982 y 1987.

Cuando Somisa se puso en venta hubo un único interesado, el grupo Techint, lo cual obligó a enfrentar la siguiente disyuntiva: concentración del sector siderurgico en manos privadas, o continuacion de Somisa en manos publicas. Se optó por lo primero.

Como Entel, también Segba fue dividida en dos: Edenor y Edesur, ambas compradas por grupos empresarios chilenos en agosto de 1992. Por razones extraeconómicas al sector pierde plata. En efecto, en marzo de 1993 Edesur denuncio actos de sabotaje en sus instalaciones, que provocaron cortes de energía.

En ferrocarriles se pudo avanzar más rápidamente en la privatización de los servicios de carga que en los de pasajeros. En este ultimo caso, los servicios de larga distancia fueron discontinuados.

Producto de treinta y tres empresas vendidas, diecinueve concesionadas y ochenta y seis concesiones petroleras, habían ingresado al sector público u$s 5.432 millones en efectivo. El 40% de los activos privatizados había quedado en manos argentinas y el 34% en manos europeas. Entre los tres que más compraron figuran Pérez Companc, Techint y Astra.

Le hicieron ver grandes mejoras, entre ellas la mejora fiscal por eliminación de déficit operativos, pago de obligaciones impositivas y previsionales, cancelación de deudas con provincias y jubilados, etc., y también la mejora en la calidad de los servicios. Esta fue nítida en el caso de los teléfonos, variable en el del peaje y más discutible en el de la aeronavegación.

Desregulación. Las privatizaciones fueron iniciadas antes de que Cavallo llegara al Ministerio de economía. La desregulación, en cambio, es un producto de su gestión. En noviembre de 1991, se dispone la eliminación de regulaciones en materia de salarios, servicios profesionales, puertos y transportes, comercio interior y exterior, comercio mayorista de productos perecederos, farmacias, regulaciones especificas (como la que se refiere a la vitivinicultura, la yerba o el azúcar, etc.) y la eliminación de oficinas regulatorias.

Una de las condiciones que fijó Cavallo para que las provincias ingresaran al Pacto Fiscal fue que hicieran suya, en la legislación nacional en materia de desregulación.

La desregulación del transporte de pasajeros en ómnibus de larga distancia, es uno de los ejemplos más claros de los resultados que genera esta legislación. Las rutas, como las terminales, se han poblado de una gran cantidad de flamantes ómnibus, que ofrecen servicios de transporte mejores y más baratos, como ocurre también con los remises en relación con los taxis. En 1993 se dispuso la desregulación postal.

  1. Los Resultados

Que la economía sea social de mercado, que las empresas publicas se privaticen y que se equilibre el presupuesto fiscal, son cuestiones que excitan a una minúscula de la población de cualquier país.

Estos resultados son espectaculares: la tasa de inflación paso del 5.000% anual a cero, al tiempo que el PBI no solo dejó de caer sino que creció el 9% anual durante 2 años consecutivos, y el 6% al año siguiente.

Al respecto, los especialistas opinan que la estabilidad la visualizan todos, el aumento del nivel de actividad económica fue muy desparejo.

Es cierto que la Argentina aprovecho la fuerte caída de las tasas de interés internacionales.

La estabilidad de precios y el crecimiento de la economía tienen tres variables: la balanza comercial, la tasa de inversión y el desempleo de mano de obra.

  1. Balanza Comercial.

Con el aumento de las exportaciones de mercaderías y cuadruplicación del valor en dólares de las importaciones, el balance comercial paso de un superávit de 8.276 millones a un déficit de 2637 millones

La preocupación por el déficit comercial tiene que ser, en rigor, la preocupación por el ingreso de capitales y por los determinantes de dicho ingreso. Si países como Estados Unidos aumentan su tasa de interés, una porción de los capitales que hoy fluyen hacia la Argentina buscara otros destinos. La verdadera crisis la produciría un cambio producto en la dirección de los movimientos internacionales de capital debido a una crisis política interna.

  1. Inversión.

Como consecuencia de cambio tecnológico, la reducción de tamaños, la apertura de la economía y la recesión del Primer Mundo, en la actualidad el precio relativo de las maquinas se redujo, en comparación con años anteriores, con respecto al precio del resto de los productos (por ejemplo, el de las computadoras)

  1. Distribución del Ingreso, Empleo y Desempleo.

A pesar de continuar la reactivación iniciada en 1991, entre mayo de 1992 e igual mes de 1993 , en el país en su conjunto, la tasa de desempleo aumento 3 puntos porcentuales, al pasar del 6,9% al 9,9%.

El aumento simultaneo del empleo y el desempleo involuntario sugiere que lo que se produjo fue un fuerte aumento de la oferta de mano de obra. La pretensión de reducir el desempleo no puede pasar por volver a reducir la oferta de trabajo, sino por aumentar la demanda de trabajo.

La demanda de trabajo depende del estado de la economía por un lado, y del costo laboral por el otro.

Así como el esfuerzo laboral del asalariado depende del salario que ingresa en su bolsillo, la disposición de los empleadores a contratar asalariados depende de lo que ello le cueste cualquiera sea el motivo: salario de bolsillo o impuestos al trabajo.

En Argentina el nivel de empleo y remuneraciones esta siendo afectado por realidades internacionales, como el referido bajo costo de las maquinas y la competencia de productos fabricados en el sudeste asiático, particularmente en China. Hay un «costo argentino» que, frente al costo extranjero, justifica la producción de un bien en el país o en el resto del mundo y un costo laboral que, frente al costo de las maquinarias, justifica la producción de un bien en el país con mayor o menor empleo de mano de obra y capital.

Una transformación genera redistribuciones de ingreso y empleo de naturaleza mucho más compleja

Argentina fue país de inmigración durante él ultimo tercio del siglo XIX y el primero de XX. Luego fue país de emigración. Desde comienzos de la década de 1990 estamos volviendo a ser país de inmigración por parte de argentinos que retornan a su tierra y de extranjeros que ven en nuestro país mejores chances de supervivencia y éxito que en el propio.

En la Argentina los problemas económicos no desaparecieron sino que cambiaron. Hoy no discutimos la «hiper» o la turbulencia macroeconómica, discutimos sectores y regiones específicos.

Categoría: historia – economía Comentario:

Informe sobre la economía durante la primer presidencia de Carlos Menem – La situación en 1989 – Hiperinflación – Proceso de reestructuración económica – Convertibilidad – Crecimiento del PBI – MERCOSUR – Eliminación de la Aftosa – Nuevos mercados para la exportación – Críticas al modelo – Efectos: Desocupación, corrupción y descrédito de la Justicia.

     VOLVER ARRIBA   

Breve Resumen de los Gobiernos de Carlos Menem y Biografia

Resumen de los Gobiernos de Carlos Menem y Biografía

carlo saul menem presidente de argentina

Dr. Carlos Saúl Menem: Presidente del país en dos períodos consecutivos: 1989-1995 y 1995-1999. Abogado, descendiente de una familia de origen sirio que se instaló en la provincia de La Rioja y se dedicó al comercio. Se lanzó a la arena política en las elecciones de 1958 fundando el Partido Populista —similar al que había formado en Catamarca Vicente Leónides Saadi-, que tuvo poco éxito. Ese mismo año se trasladó a Buenos Aires, se presentó ante el Comando Nacional del Peronismo —en ese entonces clandestino debido a la proscripción que sufría el partido- y fue nombrado interventor de la Juventud Peronista de La Rioja. En 1972 viajó en el charter que trajo a Juan D. Perón de su exilio español. En las elecciones de 1973 fue electo gobernador de su provincia, concentrando el más alto porcentaje de votos peronistas logrado en el país. El 24 de marzo de 1976, día en que se inició la más cruenta dictadura militar de la historia argentina, fue detenido y durante el transcurso del gobierno de facto trasladado a diversos destinos, hasta ser liberado definitivamente en febrero de 1981, cuando asumió el poder el general Roberto Viola. Restaurada la democracia, ganó las elecciones para gobernador de La Rioja en 1983 y las presidenciales de 1989.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS: La caída del muro de Berlín en 1989 abría paso aun mundo en el que una sola potencia, los Estados Unidos, ejercía una hegemonía militar indiscutible, acompañada de un poder económico formidable.

El 14 de mayo de 1989. Carlos Menem el candidato del Frente Justicialista Popular (Frejupo  y una coalición del P.J. con diversos partidos, se impuso al radical Eduardo Angeloz con el 49,3% de los votos. El 8 de julio, con cinco meses de antelación, el traspaso de poderes estaba previsto para el 10 de diciembre, ante la delicada situación económica y social, Menem se hacía cargo de la Presidencia de la Nación.

Heredó una economía en rápida descomposición, una hiperinflación cercana al $5.000% y una deuda externa que rondaba los 63.000 millones de dólares. Una vez en la presidencia, cambió el mensaje populista de su campaña por un duro programa de ajuste, cuyo carácter ultraliberal provocó divisiones en la CGT y acusaciones de diversos sectores, por considerarlo contrario a los postulados del general Perón.

El nuevo presidente no hacía más que poner en marcha aquello que académicos, economistas y funcionarios estadounidenses y del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional establecieron a comienzos de 1989 en el denominado Consenso de Washington: En el documento aparecían diez puntos que expresaban las necesidades y las opciones del mundo hacia el siglo XXI: disciplina fiscal, prioridad del gasto público en educación y salud, reforma tributaria, tasas de interés positivas determinadas por el mercado, tipos de cambio competitivos, políticas comerciales liberales, mayor apertura e la inversión extranjera, privatización de empresas públicas, desregulación y protección de la propiedad privada.

También se dispuso que se otorgaría ayuda financiera a aquellos países endeudados que adoptaran las políticas sugeridas por el Consenso.

Para dar cauce a estas recomendaciones, Menem abandonó rápidamente sus promesas de salariazo y revolución productiva. Nombró ministro de Economía a Miguel Roig primero, y luego a Néstor Rapanelli, ambos altos ejecutivos de Bunge y Born. El llamado Plan Bunge y Born estableció el control de precios, el cierre a las importaciones y la convocatoria a negociaciones paritarias entre empresarios y sindicatos.

También se aprobaron la Ley de Reforma del Estado y La Ley de emergencia Económica, que esbozaban un amplio plan de privatizaciones y dotaban

al Ejecutivo de amplias facultades.

El plan fracasó. La inflación no se detuvo y la recesión fue en aumento. En consecuencia asumió la Cartera de Economía el el ministro de Economía de La Rioja Antonio Erman González, quien en 1990 lanzó un nuevo plan.

Una de las primeras medidas fue el canje compulsivo de depósitos a plazo fijo por bonos externos. Esto ocasionó pérdidas irreparables al sector de pequeños y medianos ahorristas

Menem cultivó la alianza con sectores Conservadores tradicionalmente antiperonistas quienes ocuparon importantes cargos en el Gobierno. Así, el

proceso de privatizaciones estuvo a cargo de José Roberto Dromi y María Julia Alsogaray. Hacia el final de la presidencia de Menen y virtualmente no quedó ninguna empresa en manos del Estado.

Se privatizaron la petrolera YPF, Aerolíneas Argentinas, Entel, gas del Estado, la Caja Nacional de Ahorro y Seguro, Obras Sanitarias, los aeropuertos,  Correo, la energía Eléctrica, la seguridad social, dos plantas siderúrgicas, el Mercado de Hacienda de Liniers, las radios, los Canales de televisión, las carreteras los ferrocarriles.

Si bien la prédica privatista aconsejaba romper con el monopolio estatal, las empresas adjudicatarias gozaron de un virtual monopolio, ya que se distribuyeron territorialmente la provisión de servicios.

Esta transformó a los usuarios en rehenes de las empresas, que fijaron altas tarifas y con total libertad redujeron los servicios a los territorios que mayores ganancias les brindaban.

El servicio ferroviario, por ejemplo, quedó reducido al Gran Buenos Aires y dejó aisladas a importantes zonas del país. Las privatizaciones proporcionaron unos 25.006 millones de dólares.

Entre 1989 y 1990, como parte de una política de reconciliación nacional. Menem indultó a los máximos culpables de la represión durante la dictadura Jorge Rafael Videla, Roberto Eduardo Viola y Leopoldo Fortunato Galtieri y unos 220 militares y civiles, entre ellos el líder montonero Mario Firmenich. El 3 de diciembre de 1990, se produjo la última asonada de militares carapintadas liderados por el coronel Mohamed  Seineldin, el alzamiento fue sofocado. En 1994, quedó abolido el servicio militar obligatorio

Durante su gestión, Menem se alineó con Estados Unidos, buscando el anclaje del país en Occidente. Su canciller, Guido Di Tella, llegó a decir que Argentina mantenía relaciones carnales con aquel país. En 1991, ante el conflicto en el Golfo Pérsico envió tropas a esa zona, rompiendo la larga trayectoria de neutralidad argentina.

Luego se posicionó del lado de Estados Unidos en lo referente a Cuba y en otros enfoques geopolíticos y llegó a alcanzar el status de aliado de la OTAN. Además, el país renunció, en 1990, a desarrollar armas nucleares.

Entretanto en el orden interno se sucedieron una  serie de escándalos económicos de grandes proporciones.Muchos funcionarios encontraron en la falta de controles a impunidad para hacer negocios a expensas del Estado. Miguel Angel Vicco y Carlos Spadone secretario y asesor presidencial respectivamente quedaron implicados en la venta de leche no apta para el consumo humano.

El asesor Emir Yoma y el ministro de Obras y Servicios Públicos, Roberto Dromi, decidieron renunciar luego de pedir coimas a empresa norteamericana Swift varios familiares y colaboradores del Presidente fueron investigados por lavado de narcodólares entre ellos su cuñada y secretaría personal, Amira Yoma; funcionarios de la empresa estadounidense IBM y del Banco de la Nación Argentina quedaron involucrados en el cobro y pago de coimas para posibilitar la firma de un contrato que beneficiaba a la empresa extranjera

Ante las numerables denuncias Menem consiguió la sanción de una ley en que aumentaba de cuatro a nueve los miembros de la Corte Suprema de Justicia  se designaron por mecanismos que fueron duramente cuestionados seis de los nueve miembros que tendría esa corte. Quedó así conformada una mayoría automática que nunca se expidió en contra de las decisiones del Ejecutivo

En 1991  fue designado ministro de Economía Domingo Felipe Cavallo una figura aceptada por el establishment ya que había estatizado lo deuda de los grandes grupos económicos privados cuando presidía el Banco Central durante la dictadura.

Pronto el Congreso aprobarla la Lev de Convertibilidad Monetaria  que fijaba la cotización del austral en razón de 10.000 unidades por 1 dólar. En 1992 el Plan recuperaba el peso como unidad de cuenta nacional sobre la paridad exacta y fija con respecto al dólar. Se prohibía además toda emisión de moneda sin el respaldo en las reservas internacionales de divisas. Si bien el programa trajo aparejada cierta estabilidad, posibilidad de viajes al exterior, compras en cuotas y con tarjetas de crédito, esos frutos tuvieron como contrapartida la caída de los salarios reales, que recuperados del proceso inflacionario,  iniciarían un descenso continuo.

Los salarios estaban congelados pero los precios de los productos de la canasta familiar y las tarifas de los servicios y de los alquileres no. La disminución del índice de pobreza fue tan solo un reflejo de la disminución de  la de inflación acompañada por un breve crecimiento del PBI y no una consecuencia redistributiva de la riqueza. El crecimiento de las exportaciones estuvo centrado en sectores de uso intensivo de los recursos naturales y la brecha salarial entre mano obra calificada y no calificada creció.

En 1992, una bomba destruyó la Embajada de Israel y  dos años más tarde, otro artefacto explosivo demolió la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA). Entre los dos atentados murieron 116 personas y 550 resultaron heridas Tras años de investigaciones nada se ha esclarecido aún y los responsables siguen impunes.

En 1992 Argentina renunció a la inmunidad soberana y ratificó la jurisdicción de los tribunales de Nueva York para los contratos vinculados a la deuda externa. Un año después, el Gobierno emitió 25,000 millones de dólares en bonos, que posibilitaron a los Bancos acreedores desembarazarse de los créditos incobrables Según Cavallo ésta era la forma de Solucionar el problema de la deuda externa.

En 1993, Menem y Alfonsín firmaron el denominado Pacto de Olivos por el cual se aceptaba la reforma Constitucional que Se reflejaría en cambios políticos e institucionales cuyo punto más llamativo era la reelección presidencial. En 1994, quedó consagrada la nueva Constitución que establecía el acortamiento del mandato presidencial a cuatro años la reelección presidencial, la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, la creación del Consejo de la Magistratura, la elección de  los senadores y un nuevo capitulo, titulado Nuevos derechos y garantías

Como reacción al Pacto de Olivos, sectores de la Oposición entre los que se encontraban e dirigentes justicialistas como Ferrando Solanas , Chacho Alvarez, Juan Pablo Gallero, sectores de fa Democracia Cristiana de Carlos Auyero y Graciela Fernández Mehide y grupos socialistas liderados por Alfredo Bravo fundaron el Frente Grande.

EL 1 de enero de 1994, en virtud del acuerdo celebrado por Canadá, Estados Unidos y México entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA). Al mismo tiempo, se generaba en México una reacción encabezada por el subcomandante Marcos, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional ante las decisiones gubernamentales que, con el objeto de dar cumplimiento al NAFTA garantizaban los latifundios provocando la extinción de las propiedades comunales.

El 15 de marzo de 1995, murió en un accidente de helicóptero el hijo del Presidente Carlos Facundo Menem Su madre, Zulema Yoma, sostuvo la teoría de un atentado proveniente del entorno de su marido.

En 1995, Menem obtuvo la reelección con el 49,6% de los votos, seguido por la fórmula José Octavio Bordón, Carlos «Chacho» Alvarez, del Frente País Solidario (Frepaso). El PJ consigue 434 bancas en la Cámara de Diputados y obtuvo así a primera mayoría absoluta desde 1951. En el discurso inaugural de su segundo mandato Menem anunció que trabajaría par a aniquilar la desocupación y en el conjunto del capítulo social.

La CGT, que durante el gobierno de Alfonsín llevó adelante 14 paros generales, sólo hizo oír su voz a partir de 1998, cuando lanzó dos huelgas generales. Ante la escasa o nula combatividad de la central obrera oficial, seconformaron organizaciones alternativas el Movimiento de Trabajadores Argentinos (MTA), la Central de Trabajadores Argentinos (CIA) y la Corriente Clasista y Combativa (CCC).

En enero de 1997, se encontró el cuerpo calcinado del periodista gráfico José Luis Cabezas. El crimen quedó pronto ligado a bandas delictivas integradas por electivos de la policía bonaerense y al empresario Alfredo Yabrán, a quien Cavallo había denunciado en 1996 como miembro de una mafia económica. En 1996 el juez José Luis Macchi pidió la capture del empresario, quien se suicidó en una de sus estancias en Entre Ríos.

Luego de las denuncias realizadas contra el empresario Alfredo Yabrán, Domingo Cavallo renunció a su cargo el 27 de julio de 1996 y fue reemplazado por Roque Fernández quien dio continuidad a su política económica.

En 1997, la Alianza ,conformada por radicales, frepasistas y pequeños partidos regionales se impuso con el 45,7% de los votos en las elecciones legislativas. El justicialismo perdió la mayoría en la Cámara de Diputados por primera vez desde 1987.

Una de las primeras medidas fue la derogación de las leyes de Punto Final (1986)y Obediencia Debida (4987), que no tuvieron carácter retroactivo, y por lo tanto, no afectaron a los militares que gozaban de impunidad gracias a ellas. Las investigaciones relacionadas con los secuestros de bebés durante la dictadura continuaron y en 1998, Jorge Rafael Videla fue arrestado, pero se le concedió la prisión domiciliaria por su avanzada edad.

Fernando De la Rúa: En las elecciones presidenciales de 1999, el candidato de la Alianza, Fernando De la Rúa,

triunfó con el 48,5% de los votos frente al candidato justicialista Eduardo Duhalde. El nuevo presidente designó ministro de Economía a José Luis Machinea, ex Gerente de Finanzas Públicas del Banco Central durante la dictadura militar. Ante la delicada situación económica, el Ministro dispuso un recorte salarial del 13% a los jubilados y empleo dos estatales que percibieran más de mil pesos.

En agosto de 2000, sobrevine la crisis a raíz de las graves acusaciones al Ejecutivo sobre sobornos en el Senado para aprobar la polémica Ley de Reforma Laboral, pactada con el FMI para conseguir su ayuda. La ley liquidaba los derechos del trabajador. Los principales denunciados fueron el ministro de Trabajo, Alberto Flamarique y el jefe de la SIDE, Fernando de Santibañes, un banquero miembro de la UCP y amigo personal del Presidente. Restándole importancia al asunto, De la Rúa nombró al primero de ellos como Secretario General de la Presidencia.

En consecuencia, el vicepresidente Carlos Alvarez renunció a su cargo. Se trataba de una ruptura de la Alianza. Las renuncias continuaron: Terragno, a la Jefatura de Gabinete, De Santibáñez a la SIDE, y Flamarique a la Secretaria General de la Presidencia.

En diciembre de 2000, el Gobierno obtuvo un crédito de 30.700 millones de dólares al que denominaron «blindaje». Pero la ineficiente gestión de Machinea abrió paso a un nuevo ministro, Ricardo López Murphy, a quien se le encargó un programa de austeridad que fue rechazado con una ola de protestas en todo el país. El Ministro debió renunciar El 20 de marzo.

De la Rúa depositaba sus esperanzas en Domingo Cavallo Por entonces, el ex funcionario del gobierno de facto y de Carlos Menem contaba con un 70% de imagen positiva y había salido tercero en las elecciones de 1999. Nueve días después, era investido por el Congreso con poderes especiales que le permitirían gobernar por decreto, transformándose de ese modo en «superministro Cavallo» diseñó un plan de competitividad que pretendía controlar la evasión de capitales, disminuir el gasto público y aumentarlos ingresos a fin de recuperar liquidez y reducir la necesidad de refinanciación de la deuda externa

La situación social se deterioraba. Las huelgas y los disturbios por los bajo salarios y las malas condiciones laborales se sucedían cotidianamente Los inversores desconfiaban de la paridad cambiaria y de la capacidad del Estado para pagar sus deudas. La bolsa de Buenos Aires registró bajas sucesivas y el riesgo país –índice de la confianza en la solvencia del país- alcanzó los 1.300 puntos básicos, convirtiendo a la Argentina en la nación más proclive a suspender sus compromisos.

En las elecciones del 14 de octubre  los justicialistas obtuvieron  el dominio de los dos cámaras del Congreso. El desencanto do la sociedad se hizo sentir en lo que se denominó “voto bronca” (21,1%) y en el alto porcentajes de votos en blanco (29,3%). En noviembre Cavallo presentó al FMI un nuevo plan de reformas, pero el organismo no envió la ayuda acordada.

La crisis de confianza hizo que los pequeños y medianos ahorristas se lanzaran a los bancos a retirar sus fondos. Los grandes ahorristas hacía tiempo habían puesto a salvo su dinero en el et tenor. La Ley de Convertibilidad se apoyaba en una base ficticia, porque el Banco Central contaba sólo con cerca de la tercera parte de las reservas liquidas en dólares para garantizar los 10.000 millones de pesos circulantes. El sistema financiero estaba al borde del colapso.

El 1 de diciembre, Cavallo decretó el estado de excepción monetario, que implicaba la inmovilizaron parcial de todos los depósitos bancarios durante 90 días, topes de hasta 250 pesos o dólares por semana en las extracciones de efectivo y la imposición del uso de tarjetas de crédito y débito para la realización do pagos. Esta medida fue conocida como “el corralito». Como consecuencia, disminuyó el consumo y la actividad productiva. Los diversos actores sociales, partidos políticos y centrales sindicales dispusieron movilizaciones y paros so protesta por la situación. Se produjeron saqueos a comercios.

El Gobierno respondió con la dimisión de Cavallo y la declaración del estado de sitio. Esta decisión fue repudiada, durante los días 20 y 21 de diciembre con cacerolazos de protesta y movilizaciones que la policía reprimió duramente.

El saldo fue de 27 muertos y decenas de heridos en todo el país, De la Rua invitó al justicialismo a participar de un gobierno de “concertación nacional”. Los justicialistas no aceptaron y el presidente luego de leer en cadena nacional su renuncio se escurría ríe la Casa Rosada en un helicóptero que lo llevó a la residencia de Olivos.

Durante la última década, el poder de los grupos financieros y el modelo socioeconómico excluyente creados durante la última dictadura militar se consolidaron las nuevas relaciones de explotación y dominación que se gestaron en la dictadura militar alcanzaron su plena madurez con el mandato de Carlos Menem.

La disparidad económica, social y política entre el gran capital y las pequeñas empresas, entre los ricos y los sectores populares, sólo puede compararse con las desigualdades de los años 40, es decir; el perfecto previo a la irrupción del peronismo en la Argentina, ex Gerente de Finanzas Públicas del Banco Central durante la dictadura militar. Ante la delicada situación económica, el Ministro dispuso un recorte salarial del 3% a los jubilados y empleados estatales que percibieran más de mil pesos.

En agosto de 2000, sobrevino la crisis a raíz de las graves acusaciones al Ejecutivo sobre sobornos en el Senado para aprobar la polémica Ley de Reforma Laboral, pactada con el FMI para conseguir su ayuda. La ley liquidaba los derechos del trabajador.

 ALGUNAS RECOMENDACIONES DEL CONSENSO DE WASHINGTON

1, Es preciso concluir con toda política que torne al Estado protagonista en el proceso de desarrollo de un país, en particular si lo que se pretende es insistir con el llamado ‘proceso de sustitución de importaciones’ que coloca al aparato estatal como actor central en la implementación de dicho programa de industrialización, con proteccionismo aduanero.

  1. El déficit fiscal debe ser eliminado en el menor lapso posible, pues su presencia es un signo desalentador para los acreedores externos, que no advierten cómo hará un país para pagar los intereses y el capital de su deuda si el Estado no dispone de excedentes financieros suficientes para cumplimentar tal objetivo.
  2. Es imperativo liberalizar totalmente el sistema financiero de modo que los bancos dispongan a su arbitrio de los recursos que les entregan los depositantes, que desaparezcan todas las trabas regulatorias sobre la fijación de tasas de interés, y que la banca nacional, estatal o privada, pueda ser adquirida por capital extranjero.
  3. Agresiva política de privatización de las empresas estatales, para disminuir el peso del ineficiente manejo de las mismas sobre el presupuesto nacional […].
  4. Apertura externa irrestricta […], eliminando todas las restricciones arancelarias o de otro tipo que traben dicho ingreso. De este modo, el mercado productivo nacional tendrá que volverse crecientemente competitivo para no ser sustituido por importaciones carentes del antiguo proteccionismo aduanero o, en su defecto, deberán desaparecer. […]
  5. Profunda reforma del Estado, que suponga la desregulación de sus actividades intervencionistas en el funcionamiento de! aparato productivo, desligándose no solamente de las empresas de su propiedad sino dejando sin efecto todas las medidas que traben el libre accionar de los mercados. De este modo, no se producen distorsiones en la fijación de precios, que surge exclusivamente por la oferta y la demanda en los respectivos mercados, ni se recarga con gastos innecesarios el funcionamiento del aparato estatal, pues desaparecen entidades oficiales que incidían en forma negativa en el presupuesto gubernamental.

Daniel Muchnik. Argentina modelo. De la furia a la resignación. Economía y política entre 1973 y 1998,
Buenos Aires, Editorial Manantial SRL, 1999.

Trabajo de: Diana Hamra – Felipe Pigna

Consejo: Trata de ver los videos de los mismos autores sobre Historia Argentina

Gobierno de Fernando De La Rua Resumen Politico Historia Argentina

RESUMEN GOBIERNO DE FERNANDO DE LA RUA – GANÓ LA ALIANZA


Fernando De la Rua (1937-2019)
Presidente de Argentina (1999-2001)

ASCENSO Y CAÍDA DE LA ALIANZA

Introducción

El 2 de agosto de 1997 se creó la Alianza para la Producción, el Trabajo y la Educación, que reunía a la Unión Cívica Radical y al Frente para un País Solidario (FREPASO). Muy rápidamente recibió el apoyo de otros partidos de la oposición al gobierno de Carlos Menem

El radicalismo había sufrido una derrota importante en 1995, pero mantenía un caudal electoral significativo a nivel provincial y municipal, mientras que el Frente había obtenido casi un 30 % de los sufragios, aunque su peso en el interior del país era muy limitado.

Desde su creación la Alianza para el Trabajo, la Justicia y la Educación intentó elaborar un discurso que apuntaba a la superación de las falencias del modelo económico y social, sin poner en riesgo ninguno de los supuestos éxitos alcanzados. Este discurso tenía enormes ambigüedades, lo que permitía que los diferentes sectores que se oponían al menemismo encontraran en él respuestas a sus distintas propuestas e intereses.

Por otra parte, en el seno de la coalición existían diferentes posiciones en tenias tan importantes como la situación de las empresas privatizadas, el grado de apertura de la economía y los cambios en el plano judicial. La mayor parte de esas desavenencias quedaba relegada a un segundo plano, el objetivo fundamental era imponerse frente al menemismo.

La Alianza tenía un organismo que se encargaba de la elaboración de un programa, el Instituto Programático de la Alianza (IPA), en el que desempeñaba un papel relevante el ex presidente Raúl Alfonsín. Pero las líneas centrales del discurso de campaña eran definidas de hecho por Fernando De la Rúa y Carlos “Chacho” Alvarez, integrantes de la fórmula presidencial, que por lo general adoptaban posturas más moderadas que las elabora­das por el IPA.2

En las propuestas de la Alianza predominaban las buenas intenciones, la voluntad de acabar con la corrupción y de ingresar a los sectores sociales postergados.

Políticas sociales y burocracia pública: intentos de cambios:

El gobierno de De la Rua intentó llevar adelante muchas de las reformas que en la administración Ménem habían quedado inconclusas. Desde los comienzos de su gobierno la Alianza propuso reformas que alivianaran las cargas que el sistema jubilatorio tenía para el Estado. Se reducía la Prestación Compensatoria para aquellos que ganaran más de 640 pesos (Clarín, 27 de diciembre de 1999).

Asimismo, el diputado Eduardo Santín reveló que existía un proyecto para reducir las jubilaciones superiores a 3.100 pesos, según un mecanismo de deducciones, con el objetivo de obtener mayores fondos y mejorar los haberes mínimos (Clarín, 3 de enero de 2000). El entonces ministro de Economía José Luis Machinea planteó que estaba trabajando en la presentación de un proyecto para eliminar los regímenes previsionales especiales y aumentar la edad jubilatoria de las mujeres (Clarín, 6 de enero de 2000). Algunas de estas modificaciones, además, formaban parte de una negociación con el Fondo Monetario Internacional.

Para mejorar la equidad del sistema, el 29 de diciembre de 2000 se dictó un Decreto por el que se reemplazaba la Prestación Básica Universal (igual para todos los beneficiarios) por. una Prestación Suplementaria que sería decreciente hasta los que se jubilaran con 800 pesos.

En la elección presidencial de octubre de 1999, la Alianza ganó con el 40% de los votos. Pero las provincias más populosas tenían gobiernos peronistas y la bancada claramente mayoritaria en la Cámara de Senadores del PJ.

Por otra parte, para proteger a algunos sectores que no estaban cubiertos, se instituía el beneficio Universal de 100 pesos para mayores de 75 años, que no tuvieran ningún ingreso ni dispusieran de propiedades, salvo la que usaran como vivienda propia. Quienes accedieran a ese beneficio recibirían también la cobertura médica del PAMI. Además, se creaba la Prestación Proporcional para mujeres mayores de 70 años que tuvieran entre 10 y 29 años de aportes, se generaba un beneficio de 10 pesos por cada año aportado, con un piso de 150 pesos.

Finalmente, el gobierno podría flexibilizar el menú de inversiones de las AFJP, estableciendo además que ninguna de ellas podría cubrir más del 27,5 % del mercado y que los que serían derivados a la Administradora que cobrara la comisión más baja. Con esta medida se buscaba incrementar los niveles de competencia y evitar el fortalecimiento excesivo de alguna AFJP.

El gobierno intentó en primera instancia realizar estos cambios por le» Cuando la iniciativa se estancó
en el Parlamento por el rechazo de un sector importante del radicalismo, encabezado por Leopoldo Moreau, recurrió a un decreto de necesidad y urgencia. No obstante, toda esa situación generó un enorme desgaste en el interior de la Alianza y la necesidad de estrechar vínculos con miembros de Acción por la República (el partido de Domingo Cavallo) y con legisladores de partidos provinciales.

Además, la crisis económica llevó a que se forzara a las Administradoras a comprar bonos del Estado, se alteró por completo la lógica del menú de inversiones que se venía produciendo hasta ese momento.

Con relación a la reforma laboral, luego de una negociación con la CGT para que se mantuvieran las contribuciones obligatorias a las obras sociales, el presidente De la Rua logró generar consensos en torno a un proyecto enviado al Congreso, que fue aprobado en el Senado una vez que le aseguró a los representantes de los trabajadores que no habría recortes en los salarios durante los dos años posteriores a la sanción de la ley.

Esta iniciativa intentaba profundizar el proceso flexibilizador que se había iniciado en el gobierno menemista. Se proponía extender el período de prueba para los ocupados, se introducían modalidades promovidas de trabajo, se descentralizaba la negociación a niveles de fábrica y se disminuían los montos de las indemnizaciones para favorecer la contratación de nuevos operarios.

Sin embargo, rápidamente se acusé a varios senadores de haber recibido sobornos para la aprobación de la iniciativa, situación que produjo fuertes divisiones en la coalición gobernante y llevó a las renuncias del vicepresidente Alvarez y el Ministro de Trabajo Alberto Flamarique . La ley tardó mucho en reglamentarse y el gobierno tuvo enorme dificultades para implementarla, al tiempo que crecían las presiones para obtener su derogación.

Además, la sospecha de pago de sobornos para la sanción de la ley, refor­zó en muchos sectores la creencia (le que seguían existiendo mecanismos corruptos para la formulación e implementación de políticas, lo cual era visto por la sociedad como una continuidad de las prácticas utilizadas por el menemismo11.

Por otra parte, el gobierno trató de profundizar la reforma del sistema de obras sociales. Como no se podía procesar los cambios por la vía legislativa, el 1° de Junio de 2000 el vicepresidente Carlos Álvarez (en ejercicio del poder porque De la Rúa estaba en el exterior) firmó el decreto de necesidad y urgencia para desregular las obras sociales, de ese modo entró en conflicto con algunos dirigentes de su partido. Si bien esa era una medida solicitada por los organismos de crédito internacionales, la inexistencia de apoyos concretos dentro de la coalición gobernante y entre los distintos actores sociales que la habían impulsado, hizo que la implementación de la inicia­tiva se volviera crecientemente dificultosa.

También en el área de la burocracia gubernamental se introdujeron modificaciones para mejorar las capacidades para la resolución de problemas y para controlar la corrupción. El programa Carta Compromiso con el Ciudadano fue creado a través del decreto 229/00 que establecía en sus considerando que uno de los objetivos del gobierno nacional era potenciar la transparencia y receptividad del Estado hacia los ciudadanos para optimizar el uso de los recursos humanos y materiales que estos financiaban a través de sus impuestos. En este sentido, el ámbito de aplicación del programa eran todas aquellas dependencias de la Administración Pública Nacional (APN) que prestaran de servicios a la ciudadanía. El decreto establecía el desarrollo de herramientas para simplificar y facilitar el seguimiento de los procedimientos administrativos. También instauraba la necesidad de contar con un sistema de información y seguimiento de la relación de los organismos con los usuarios que transparentara su desempeño y rindiera cuenta en forma periódica del nivel de prestación alcanzado a través de estándares de calidad de servicio.

El gobierno de De la Rúa continuó con la idea de mantener la práctica de asignar recursos y controlar la administración a través del mecanismo de acuerdos programa para la realización de determinadas actividades. Por ello, reglamentó estos acuerdos programa a través del decreto 103/01 que también aprobaba el nuevo Plan Nacional de Modernización del Estado.

El Plan de Modernización partía de la idea de que el problema del Estado no era su excesiva dimensión sino su forma inadecuada y buscaba mejorar su capacidad de gestión. Las reformas se basaban en tres puntos: cambio en el modelo de gestión, proyectos de modernización estructural y transparencia y política anticorrupción. El modelo de gestión por resultados y la carta compromiso con el ciudadano hacían referencia al primer pilar, esto es, el cambio en el modelo de gestión para reorientarlo hacia los resultados y los procesos de mejora continua. (Estevez y Lopreite, 2001).

La implementación de la Gestión por Resultados suponía transformar el presupuesto en una herramienta de gestión que permitiera medir los resultados alcanzados y adoptar la reingeniería de procesos para mejorar la gestión interna de los organismos.

El modelo buscaba introducir la idea de responsabilizar a los gerentes por los resultados alcanzados por la organización e iba acompañado por la aplicación de incentivos monetarios para estos administradores por el cumplimiento de las metas. En este sentido, la ley 25.152 permitía a los organismos que se incorporaran a los acuerdos programa cierta flexibilidad en la asignación de los recursos (modificaciones presupuestarias) y en las estructuras organizativas. (art. 5, inc. 3, 4 y 5).

Muchas de estas iniciativas no se pudieron aplicar a causa de la creciente inestabilidad que afectaba al Gobierno que permanentemente introducía cambios de funcionarios. También, los conflictos en el interior de la Alianza dificultaron la implementación de iniciativas en sectores claves de la burocracia estatal. En tal sentido, en áreas como las políticas sociales había una enorme fragmentación entre las diferentes secretarías. Existían más de noventa planes, con un muy bajo nivel de coordinación. Se producían continuas pujas dentro del gabinete por el control de los recursos.

POLITICA EXTERIOR

En política exterior predominaron las continuidades con el gobierno menemista. El canciller Adalberto Rodríguez Giavarini (un economista con una antigua y muy aceitada relación con De la Rua) favoreció la continuación de la intervención de tropas argentinas en misiones de paz en el exterior, formando parte de esa particular «milicia internacional”, surgida a instancias de los Estados Unidos tras la Primera Guerra del Golfo. Asimismo, la Argentina siguió votando a favor de la investigación sobre la violación de derechos humanos en Cuba, con lo que mantenía la posición sustentada en la década anterior. Esta actitud contrariaba la voluntad de los sectores ligados con Alfonsín en la Unión Cívica Radical que se inclinaban por la abstención en lo referente a Cuba.

Por otra parte, se mantuvo la idea de darle un fuerte peso a los condicionantes de la economía en las decisiones de política exterior. La designación de un economista ortodoxo como Rodríguez Giavarini al frente de la Cancillería revelaba las prioridades que tenía el Gobierno en lo referido a las relaciones del país con el resto del mundo.

Relación con los actores políticos y sociales y factores que llevaron a la caída

El gobierno de Fernando de la Rúa sufrió un fuerte aislamiento casi desde su comienzo. La carencia de apoyos concretos se vio tanto desde el punto de vista partidario como del de la relación con los diferentes actores sociales. La Alianza para el Trabajo, la Justicia y la Educación se fue desgranando a lo largo de sus dos años de gobierno, se produjo la retirada de un importante número de legisladores que pasaron a formar parte de otras agrupaciones. Inclusive los dos partidos que la integraban adoptaron posturas muy críticas hacia la gestión gubernamental.

La Alianza había surgido como estrategia para vencer al menemismo. Más allá de este acuerdo, lo que primaba era la falta de coincidencias programáticas explícitamente definidas. Esta carencia se tomó evidente cuando la Alianza alcanzó ei gobierno en las elecciones de octubre de 1999.

Existían diferentes diagnósticos sobre la situación del país entre los distintos sectores que componían la Alianza y, a partir de ellos, surgieron en el seno del Gobierno posiciones disímiles acerca de las soluciones que debían implementarse. El jefe de gabinete, Rodolfo Terragno, criticaba duramente el modelo económico vigente. Como no podía imponer los cambios que creía necesarios, terminó renunciando en octubre de 2000. Este tipo de desacuerdos y alejamiento se repitió con otros miembros originales de la coalición.

Asimismo, algunos analistas consideran que el resultado abrumador a favor de Fernando de la Rúa en la interna presidencial frente a Graciela Fernández Meijide dejó al radicalismo y al FREPASO en condiciones muy desiguales para negociar. En el momento de formar el gabinete, la fuerza liderada por Carlos “Chacho” Alvarez se quedó disconforme con la situación subordinada en que había quedado. El FREPASO solo contaba con dos ministerios y un reducido número de secretarías. Igualmente, la necesidad de darle participación a algunas organizaciones menores dentro de la Alianza dificultó en ocasiones la necesaria cohesión para tomar decisiones, que requerían un fuerte apoyo político.

El gobierno aliancista no logró establecer buenas relaciones con ningún sector del sindicalismo. En primer lugar, se plantearon importantes diferencias con el Congreso de los Trabajadores Argentinos, la organización gremial más afín a la administración en el ámbito gremial, del cual provenían algunos diputados. A medida que el gobierno fue anunciando sus diferentes políticas, el CTA fue tomando distancia. Esta tendencia se profundizó tras el recorte de los salarios estatales, el proyecto de reforma laboral del entonces ministro de Trabajo Alberto Flamarique, y posteriormente con la llegada de Domingo Cavallo al Ministerio de Economía.

La CGT disidente, encabezada por el camionero Hugo Moyano, tuvo también una postura claramente opositora. Este sector del sindicalismo, que había tenido frecuentes reuniones con Raúl Alfonsín en el último tramo del gobierno menemista, endureció su posición frente a la administración de De la Rúa, convocó a paros generales y a movilizaciones de repudio a las medidas gubernamentales.

Por su parte, los sindicalistas de la CGT oficial, conocidos como “los gordos”, establecieron negociaciones con el gobierno en circunstancias como el tratamiento de la reforma laboral. Pero en general mantuvieron una actitud opositora. Muchas de las iniciativas de la ministro de Trabajo Patricia Bullrich, referidas al manejo de los gremios y a la gestión de las obras sociales, fueron rotundamente rechazadas por estos sectores, que no querían perder capacidad de negociación en temas centrales para sus intereses.

Con relación a los grupos empresariales y en especial los ligados al sector financiero, el gobierno de De la Rúa obtuvo el apoyo para muchas de sus iniciativas destinadas a alcanzar el equilibrio presupuestario o bien a introducir reformas orientadas al desarrollo del mercado en relación con las políticas sociales. Sin embargo. las divergencias existentes dentro de la coalición gobernante y el permanente intento presidencial por alcanzar amplios consensos, llevaron a que los empresarios tampoco adoptaran un papel muy activo como soportes de las políticas oficiales.

El estilo de gobierno del De la Rúa fue señalado también como causa de su progresiva pérdida de legitimidad. En primer lugar, De la Rua no ejercía el liderazgo indiscutido sobre la UCR. De hecho, su candidatura por la Unión Cívica Radical para las internas de la Alianza en 1998, se relacionó más con la falta de otros candidatos, que con su capacidad para convertirse en un dirigente capaz de generar importantes corrientes de identificación con su figura e ideas.

Por otra parte, numerosos sectores de la Alianza consideraban que el presidente se alejaba de los postulados de la coalición. Lo criticaban por no escuchar los reclamos que sus aliados políticos le formulaban, estando excesivamente influenciado por un círculo de colaboradores en el que se destacan sus familiares más cercanos, que en muchas ocasiones no seguían los lineamientos impulsados por la Alianza.

Justamente, muchos de sus críticos hacían hincapié en la forma en que De la Rúa tomaba decisiones, resaltaban que demostraba un alto nivel de desconfianza hacia la mayoría de los que lo rodeaban. Por ello, quedaba demasiado expuesto a la opinión de los pocos a los que escuchaba. Remarcaban su meticulosidad y el hecho de que quería supervisar puntualmente todas las iniciativas, por lo que el proceso decisorio se volvía extremadamente lento y complejo.

A diferencia del estilo que caracterizó a Carlos Menem, Fernando de la Rua prefirió adoptar otro, basado en la búsqueda de consensos, lo que le quitaba dinamismo. Además, para muchos, De la Rúa era un presidente débil porque muchas iniciativas anunciadas públicamente no se llevaban a la práctica por presiones de los grupos afectados

. La debilidad del presidente se hacía visible, los propios miembros de su gabinete lo contradecían o criticaban con dureza. Un ejemplo muy claro en este sentido fue el del ministro de Desarrollo Social Juan Pablo Cafiero, el cual no solo tomó decisiones como la de mantener un diálogo con los piqueteros de Salta sin consultar con el presidente, o formuló duras críticas a algunas de las iniciativas oficiales, sino que incluso declaró que en el entono de Fernando de la Rúa se reunían con mafiosos que frecuentaban la Casa Rosada, sin que el presidente le pidiera explicaciones.

Había, por otra parte, tina actitud bastante agresiva por parte del justicialismo, que eligió presidente de la Cámara de Diputados al peronista Eduardo Caamaño y presidente provisional del Seriado a Ramón Puerta. Se planteaba una situación compleja porque no había Vicepresidente debido a la renuncia de Alvarez. Por lo tanto, cada vez que el presidente De la Rúa se ausentara del país, su lugar sería ocupado por un político de la oposición en virtud de la Ley de Acefalía.

También hubo maniobras de algunos sectores del peronismo que conspiraron contra la gobernabilidad. Por ejemplo, la presunta participación de algunos intendentes justicialistas del conurbano bonaerense en las movilizaciones que terminaron en saqueos a supermercados y otros comercios minoristas fue documentada en los medios de comunicación y complicó manifiestamente la continuidad del gobierno delarruísta.

De hecho, se produjo una ruptura de la coalición gobernante, que se sumó a un retaceo de apoyo por parte de importantes sectores del radicalismo. El gobierno sufrió en las elecciones de octubre de 2001 la paradójica situación de no tener candidatos que apoyaran abiertamente la gestión oficial. Por el contrario, hubo candidatos de la Alianza, como Terragno, que impugnaban la mayoría de las decisiones que se estaban adoptando. El incremento de los votos nulos, la abstención y el voto en blanco, que dieron lugar a lo que se denominé el fenómeno del ‘<voto bronca”, marcaron con claridad el descontento de un sector importante de la sociedad frente a las alternativas que se presentaban.

Tras las elecciones, el peronismo quedó consolidado como primera fuerza., lo que complicó aún más la debilitada situación del gobierno. El PJ no contribuyó a la gobernabilidad, por el contrario aprovechó las limitaciones que el gobierno delarruísta tenía en ese momento para ocupar posiciones de poder.

Cuando Cavallo, con el “corralito”, confiscó los depósitos bancarios afectó en forma directa a los sectores de clase media que reaccionaron con cacerolazos y otras Formas de protesta. Todos estos factores desembocaron en dos fenómenos que se potenciaron mutuamente: una crisis político institucional y la crisis en las calles. Esta combinación provocó tras los violentos episodios en la Plaza de Mayo el 20 y 21 de diciembre de 2001 la renuncia del presidente.

En su discurso del 20 de diciembre, De la Rúa declaró el estado de sitio y ordenó la represión. Amplios sectores de la sociedad reaccionaron haciendo sonar sus cacerolas y marchando hacia el domicilio del ministro Domingo Cavallo, la Quinta Presidencial y la Plaza de Mayo. Su descontento ya se había manifestado en las elecciones legislativas de octubre con el voto bronca”. La falta de respuestas por parte del gobierno profundizó el descontento de la población y provocó finalmente su caída.

Es importante remarcar como elemento característico de esta crisis el proceso de vaciamiento de poder que se fue produciendo. Este proceso no solo dificulté la aplicación de medidas necesarias para la recuperación del país le quitó al gobierno mecanismos para sostenerse. La posición adoptada por el Partido Justicialista que se negó a conformar un gobierno de coalición, o como se lo denominé de “Salvación nacional”, fue un factor significativo. En esta visión las manifestaciones populares fueron un componente en el proceso de caída del gobierno, pero no el determinante. Lo decisivo fue la debilidad de la coalición oficialista.

A modo de conclusión

En cuanto a las dificultades que afronté la Alianza para consolidarse, puede señalarse la falta de una clara definición programática. También la ausencia de estructura partidaria en el FREPASO ayudó a que buena parte de sus dirigentes no pudieran contener la salida hacia otros horizontes políticos. Esta carencia de contención partidaria se plasmé en la creación de agrupamientos políticos que rechazaban las continuidades existentes con el menemismo por parte del gobierno aliancista, entre los que se pueden mencionar Alternativa para una República de Iguales (ARI), encolumnado tras la ex radical Elisa Carrió, y el Polo Social, que presentó la candidatura en la Provincia de Buenos Aires del sacerdote Luis Farinello. Por su parte, algunos sectores se manifestaron solidarios con las experiencias piqueteras de acción directa.

Fernando De la Rua no conté con el apoyo contundente de su propio partido, situación que se vio agravada por el proceso de disgregación que sufrió el FREPASO.

Además, el Gobierno no pudo establecer vínculos fuertes con los distintos actores sociales. Respecto de los trabajadores, incluso perdió las buenas relaciones que tenia con la Central de Trabajadores Argentinos, de la cual provenían algunos de sus legisladores y funcionarios, como Alicia Castro y Mary Sánchez. A medida que el gobierno fue proponiendo su plan económico, la CTA se fue distanciando cada vez más.

Desde el punto de vista económico, la convertibilidad era incompatible con el rechazo del recorte del gasto público, con la flexibilización de importan res áreas de la economía o con el incremento del ahorro interno a partir de la expansión del sistema de capitalización previsional.

El resultado de esta tensión fue la profundización de los desequilibrios que presentaba el sistema productivo, acompañado de un proceso de fuga de capitales que disminuyó las reservas internacionales del país. y el cierre de los mercados para el acceso al crédito, reflejado en el constante aumento en el índice de riesgo país a lo largo del año 2001.

Por ello, la crisis económica fue incrementándose a lo largo de los dos años de administración, siendo sus aspectos más sensibles la caída del consumo y el decreciente ritmo de la actividad económica. Por otra parte, la agudización de los problemas de empleo y de incremento en los índices de pobreza e indigencia produjo la erosión de la popularidad del gobierno.

Por último, la Alianza tampoco logró terminar con la corrupción y dotar de mayor transparencia al sistema político. Las denuncias de irregularidades en el PAMI, la ocupación de cargos públicos por parte de familiares de los principales dirigentes aliancistas y el escándalo producido tras la aprobación de la reforma laboral, que derivó en la renuncia del vicepresidente Carlos Álvarez, provocaron la sensación de desconfianza y de frustración. Este rechazo no se limitó a los miembros del partido gobernante, sino que se extendió a los políticos en general, lo que dio lugar a su identificación como “casta privilegiada” y generó un reclamo de renovación en las prácticas políticas que se popularizó a partir del pedido “que se vayan todos”.

Sin embargo, las elecciones de 2003, tanto en el ámbito nacional como en el provincial o municipal, no presentaron sorpresas. Se consolidaron en las principales candidaturas, políticos experimentados que ya habían ocupado cargos importantes, generaron poca adhesión aquellos que se identificaban con la “nueva política” enfrentada con los tradicionales aparatos partidarios .

Notas al pie

(1) La diversidad ideológica dentro de la Alianza era tal que coexistían en ese espacio político dirigentes del Partido Comunista y representantes de un partido de centro derecha como Rafael Martínez Raymonda o Alberto Natale, que anteriormente habían apoyado las candidaturas presidenciales de Alvaro Alsogarav en 1989 y de Carlos Menem en 1995.

(2) Los desacuerdos en torno de algunas de las propuestas formuladas por el IPA y rechazadas por el binomio De la Rua y Alvarez, y el rol subordinado en que iba quedando el Instituto, motivaron que Alfonsín decidiera renunciar a su dirección poco tiempo antes de las elecciones.

(3) Durante la discusión de la iniciativa en el Senado, el gremialista Hugo Moyano comentó que el entonces ministro de Trabajo Alberto Flamarique le había dicho que a los senadores los manejaba con la tarjeta Bandeo. Posteriormente a la sanción en la Cámara Alta se produjo una declaración a la periodista del diario La Nación Fernanda Villosio de un supuesto arrepentido que relataba que se habían producido sobornos a senadores para la aprobación de la ley’, con dinero proveniente de fondos reservados de la Secretaría de Inteligencia del Estado.

El hecho de que los principales imputados en esa maniobra (Flamarique y De Santibáñez) no fueran desplazados del Gobierno, sino fortalecidos, provocó la reacción del vicepresidente Alvarez y su posterior renuncia. El caso de los sobornos en el Senado no fue aún resuelto por la justicia, por lo que se desconoce la veracidad de las imputaciones del supuesto arrepentido.

El hecho de que un miembro del FREPASO como Flamarique estuviera implicado en la denuncia de corrupción. se sumaba a las anteriores imputaciones realizadas a funcionarios de esa agrupación como Tonietto en el PAMJ y el profesor de tenis de Fernández Meijide. Se lesionaba de ese modo la credibilidad de un partido que se había fortalecido a partir de frecuentes denuncias sobre la falta de transparencia en materia administrativa.

Fuente Consultada: Cuatro Décadas de Historia Argentina
Palmira Dobaño – Mariana Lewkowicz

PARA SABER MAS….Como ampliación del tema publicamos una nota en El Bicentenario Fasc. N° 10 período 1990-2010 a cargo de Gabriel Rafart , periodista.

1999 es un año de moderado optimismo político frente a la posibilidad de poner fin a diez años de populismo neoliberal encarnado por Carlos Me-nem. Algo inédito ocurre. Desde el nacimiento de los dos grandes partidos en la Argentina el peronismo nunca tuvo oportunidad de transferir el poder presidencial a un candidato de
otro color político sin que mediara una salida castrense. Además por segunda vez el peronismo fue derrotado en elecciones limpias.

En los comicios del 24 de octubre de 1999 de la Rúa y Alvarez se impuso sobre Eduardo Duhalde y Ramón Ortega. La Alianza obtuvo 7.590.034 sufragios. El P.J. sumó 5.476.635 votos.

Quienes acceden al poder forman parte de una coalición que dio ¿H sus primeros pasos en 1997. Las principales fuerzas reunidas son los radicales y frepasistas. La Alianza UCR-FREPASO había sido lan-Pzada en agosto de 1998 con la presentación en sociedad de la Carta a los Argentinos. «Vamos a cambiar el Irumbo. Creemos en la Argentina como un destino común y solidario, organizada como una república democrática moderna y gobernada por funcionarios y mandatarios capaces y honestos.

Nos proponemos la eficiencia para aumentar la equidad. Queremos una sociedad abierta para ser más fuertes como Nación» decía la Carta. Meses después en noviembre de 1998 se llevaron a cabo las primarias abiertas de la coalición política para definir el candidato a presidente. Se impuso el poco carismático y radical moderado Fernando de la Rúa.

El arribo de la Alianza al gobierno promete demostrar que es posible la convivencia de un vice con un estilo y pensamiento divergente al del presidente. A la presencia de dos figuras distintas compartiendo de manera civilizada la cabeza del ejecutivc se la identifico como presidencialismo de coalición. No son pocos quienes considerar que con este tipo de presidencialismo se acabaran los males de nuestra escasa ineficacia gubernamental y aún más, la democracia se vera reforzada. La otra ventaja es el cierre del capitulo bipartidista en la Argentina y el inicio de las grandes ce ediciones. Otros, en cambio, consideran muy difícil dicha convivencia.

El 10 de diciembre de 1999, jura como nuevo presidente de la República Fernando de la Rúa. Lo hizo a las doce menos veinte en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno. Su mandato debe finalizar en 2003. La UCR, apesar de ser socio igualitario del Frepaso se quedó con ocho de los diez ministerios.

Paradójicamente De la Rúa arma un Gabinete con figuras políticas adherentes al «modelo» que según la «Carta de los Argen-I tinos» se propone desterrar. Ricardo López Murphy, en la Cartera de Defensa, Juan José Llach, en Educación son hombres ligados al pensamiento neoliberal. Al frente del Ministerio de Economía fue nombrado José l Luis Machinea, quién pertenece a una corriente desarrollista propia del radicalismo histórico. Rodolfo Terragno es designado I Jefe de Gabinete, mientras Federico Storani ocupa la cartera de Interior.

Desde el día de la victoria en las urnas, De la Rúa realizó contundentes declaraciones acerca de poner punto final a los privilegios del poder y la impunidad que corroía al Estado. En su carácter de Presidente el discurso se alza sobre el «modelo». «No vengo a emprolijar modelos sino a que entre todos luchemos por un país distinto. El 24 de octubre los argentinos expresamos una firme vocación de cambio.

Ese cambio supone, en primer término, una estricta vigencia de los valores que deben estar necesariamente vinculados al estilo de gestión de los intereses públicos: la transparencia, la honestidad, la austeridad, la lucha contra cualquier forma de corrupción, la convicción profunda de servir a la gente y no a sí mismo o a grupos privilegiados a la sombra del poder, serán un presupuesto insoslayable de mi gestión».

Al asumir el nuevo Presidente ofrece un panorama sombrío de la «herencia» de diez años de gobierno de Carlos Menem. «Hoy asumo la Presidencia de la Nación sin que se haya aprobado el Presupuesto para el año 2000. El gobierno que hoy concluye su gestión vivió el efecto de años de crecimiento global. Reformó el Estado privatizando empresas públicas, tuvo estabilidad monetaria mediante la convertibilidad, y en rigor debió entregar el país con las cuentas ordenadas.

En cambio, hay un enorme déficit presupuestario alejado de la Ley de Convertibilidad Fiscal votada por este Congreso, el endeudamiento de las provincias creció ante la indiferencia del poder central que se desentendió de ellos, la obra social de los jubilados fue derrumbándose a punto de arriesgar sus prestaciones, la ANSeS carece de recursos suficientes, se multiplican los juicios contra el Estado …» y remataba diciendo «La situación es grave».

El Presidente sabía de lo que hablaba. La recesión de la economía lleva su segundo año consecutivo provocada por la caída de las exportaciones y el alto endeudamiento del país. El déficit fiscal superaba los 7.000 millones de dólares. La deuda externa, tanto pública como privada ronda los 170.000 millones de dólares. La desocupación superaba el 14 % por ciento y la subo-cupación oscilaba en un 20 %. Más de un tercio de la población tiene serios problemas de trabajo. La pobreza campeaba en gran parte del país y la brecha entre las familias más ricas y los más pobres es abismal.

Fuente: El Bicentenario Fasc. N° 10 período 1990-2010 a cargo de Gabriel Rafart , periodista.

Ver: 2001, Caída Gobierno de Fernando De La Rua

Bases del crecimiento economico de Argentina en 1880 Proyecto de Roca

A comienzos de la década que se inicia en 1880, las posibilidades económicas del país se asentaban sobre bases con las que toda la dirigencia argentina coincidía: ingreso al mercado mundial como productor de artículos primarios, transporte capaz de llevar a puerto esta producción, capitales para explotar los recursos naturales fundamentalmente la tierra e inmigración para paliar la escasez de mano de obra. Además, era indispensable terminar con la anarquía monetaria para unificar y prestigiar los medios de pago de la Nación.

La circunstancia internacional tendía a favorecer estos planes: en Europa existía un mercado de capitales ávidos de colocaciones con alto rendimiento; a su vez, la industria del viejo Continente, con exceso de producción, buscaba nuevos mercados y, al mismo tiempo, productos primarios para elaborar. Así, el momento del despegue económico del país se veía favorecido por una especial y tal vez irrepetible circunstancia.

Julio Argentino Roca  Presidente Argentino (1880-1186)

Julio Argentino Roca Presidente Argentino (1880-1186)

En qué consistía este proyecto?  En lo económico, la inserción de nuestro país en la división internacional del trabajo a partir de la producción de materias primas y alimentos y la importación de la mayor parte de los productos elaborados que se consumían en el mercado interno; en lo social, el tratar de cambiar usos nativos a través de la inmigración de mano de obra y tratando de europeizar nuestras costumbres; y en lo político, la conformación de un estado moderno a partir de instituciones a imitación de la Europa de fin de siglo con el propósito de ofrecer garantías a los capitales extranjeros que invertían en nuestro país.

Por otra parte Europa tiene necesidad de colocar un excedente de producción y de población, asimismo necesita de alimentos y de materias primas.

Para asegurar la ansiada meta del progreso, los distintos sectores le atribuían a la educación una relevancia singular queriendo alfabetizar a la masa de argentinos que vivían bajo un índice de analfabetización extraordinario, pero más necesaria fue la educación de la elite dirigente que debía pasar por la universidad si quería acceder a una posición destacada dentro de la carrera política para alcanzar el poder.

Esta generación aprendió que la libertad individual era el valor supremo que el Estado debía defender y que el librecambio comercial era el sustento de toda política económica, pero no advirtió que esa libertad era privilegio de los fuertes y en la Argentina los fuertes no fueron precisamente los nativos, que el librecambio solo servía para consolidar al capital extranjero y que los sagrados derechos y garantías eran solamente excusas para amparar a las compañías extranjeras cuando buscaban eludir los impuestos nacionales o no querían someterse a las leyes justas de la Nación.

La ideología que adoptó esta generación fue el reflejo de los sentimientos e intereses de los terratenientes, su gobierno fue el gobierno de los selectos y de los iluminados. Bajo su influjo Buenos Aires dejó de ser la gran aldea para transformarse en una urbe cosmopolita de carácter, como ya dijimos, europeizante ya que la educación universitaria a la que nos referimos anteriormente tenía que venir de Londres y Paris.

1234
Inmigración
Europea
Ingreso de
Capitales
Educación y
Alfabetización
Construcción de
Ferrocarriles

El positivismo fue su filosofía: orden y progreso. Este lema, que se lo debemos a Comté, fue la bandera de su accionar. Progreso significó crecimiento y modernización. Orden consistía en crear las condiciones de tranquilidad en las cuales debía encontrarse el pueblo para permitir la proyección del progreso sin pausa.

La segunda mitad del Siglo XIX trae el triunfo del capitalismo industrial y con ello el aumento de la demanda de materias primas. La mejora en los transportes permiten el traslado de millones de inmigrantes que van a satisfacer la creciente demanda de mayor producción. En este mundo de progreso y cambio se inserta la Argentina a través de la expansión de su producción agropecuaria produciéndose entonces el fenómeno de un extraordinario crecimiento en su economía pero para ello fue preciso conquistar la Pampa Húmeda expulsando al indio y sometiendo todo el territorio nacional a la voluntad del gobierno central, de esta manera indios y gauchos fueron sacrificados en beneficio del sistema.

La riqueza generada se derrocharía en la construcción de palacios, monumentos y lujo a la europea, se quería copia a París, que era el centro mundial del progreso y educación.

Esta generación fue un fenómeno cultural trascendente, fruto de la política educacional liberal, querido y logrado por un plan meditado. Sus hombres oscilaban en los 30 años de edad en consecuencia no habían vivido la época del federalismo. Conocieron como una única realidad nacional la de los gobiernos liberales posteriores a Pavón y se formaron en los Colegios Nacionales lo que les permitió pertenecer a los grupos privilegiados convirtiéndose en ilustrados a la europea y aptos para integrarse a la política, a la burocracia y al ejercicio de las profesiones liberales ocupando los mejores cargos.

Sin trabas morales para sus ambiciones dejaron de lado los principios éticos de sus antecesores y las costumbres tradicionales creando un nuevo estilo de vida, aprovecharon los empréstitos, los juegos de la Bolsa, el hipódromo y los naipes que se hicieron sus costumbres y le otorgaron dinero fácil que les permitió acceder al despilfarro, a las viviendas más suntuosas, a la vestimenta europea y gozar de todos los lujos.

Con ellos comenzó la corrupción fenómeno nuevo en el país, salvo algunos pocos casos anteriores. Esta generación fue ajena al sentir nacional, inescrupulosa, dilapidó la riqueza de la Nación empobreciendo al país y exaltando como únicos valores culturales los propios de Europa, logrando también imponer en el país el respeto sagrado al capital extranjero.

...pero crecer al fin!
Sobre estas grandes líneas se fueron desarrollando las formas del espectacular crecimiento argentino de la década de 1880. Aunque Roca y su sucesor, Juárez Celman, se diferenciaron en sus distintas concepciones sobre el papel que debía desempeñar el Estado Nacional en este proceso, puede decirse que éste se llevó a cabo de acuerdo a una ideología única: progreso a toda costa y sin reparar en precios.

Fue un crecimiento anárquico y descontrolado, pero su febril espectáculo cubría todas las dudas y amordazaba cualquier predicción agorera. Puede afirmarse que el principio era crecer de cualquier modo, pero crecer al fin… Tantas décadas habían demorado en concretarse las profecías de Rivadavia, Sarmiento, Alberdi y tantos otros sobre el venturoso futuro que le estaba reservado a la Argentina, que cuando empezó a palparse su evidencia toda palabra prudente sonó como una cobardía, toda actitud sensata pareció una negación del porvenir.

Por eso, el progreso de esos años se realizó en medio de un desorden monetario que las leyes de Roca no alcanzaron a superar totalmente, dado que su gobierno se encontraba agobiado por una deuda exterior cada vez más voluminosa y acuciante, una política crediticia incontrolada y un sistema bancario irresponsable.

Pero aun con todas estas fallas, el despegue argentino tuvo una inauguración asombrosa que podía cuantificarse en los contingentes de inmigrantes que llegaban anualmente, en los kilómetros de vías que se tendían, en las exportaciones de productos nobles y fácilmente colocables, en las obras y construcciones que, por momentos, hacían de las grandes ciudades argentinas un inmenso campamento como lo era, por otra parte, La Plata, a un paso de Buenos Aires.

Sobre todo, las fallas del crecimiento se cubrían con una fanática fe en el progreso argentino, que nacionales y extranjeros compartían por igual. La crisis de 1890 puso de manifiesto los errores y abusos de este proceso, pero no conmovió sus grandes bases ni sus presupuestos ideológicos, y sirvió para demostrar que, rectificando algunos de los desaciertos cometidos, el camino emprendido en 1880 era el de la grandeza y el enriquecimiento de esta tierra, cuya imagen ya se hacía legendaria en el Viejo Continente.

 

Reformas Neoliberales en el Gobierno de Menem

Reformas Neoliberales en el Gobierno de Menem

Carlos Saúl Menem provenía del justicialismo, al que él mismo definió alguna vez como una corriente política nacionalista, populista y cristiana. Durante la década en que fue presidente, entre 1989 y 1999, reconvirtió al movimiento nacional y popular peronista en una fuerza política neoliberal en lo económico y conservadora en lo político.

Este alejamiento ideológico de las bases doctrinarias peronistas le permitió forjar una alianza electoral que lo llevó dos veces a la presidencia. Esa coalición estuvo formada por las clases sociales populares (en particular, los trabajadores) que tradicionalmente apoyaron al justicialismo, y también por sus tradicionales enemigos: los productores rurales, los financistas internacionales, los grandes industriales y las clases sociales altas, en general.

El neoliberalismo: Durante la campaña presidencial, Menem había prometido una revolución productiva que comenzaría con un salariazo, al parecer, en la línea del viejo populismo. La política económica que implemento contradijo esos postulados. Por el contrario, adhirió a los principios de la economía de libre mercado; es decir, un modelo que considera que todas las actividades económicas dependen únicamente de la libre iniciativa de las personas, salvo aquellas que son inevitablemente inherentes al Estado, como la defensa nacional y el mantenimiento del orden público. En los hechos, la adopción de esta ideología implicó el abandono de la concepción del Estado de Bienestar, propia del peronismo tradicional.

 Carlos Menem

Carlos Menem, Presidente de Argentina (1989-1999)

La economía de libre mercado tomó fuerza particularmente desde principios de 1991 cuando, después de un nuevo estallido hiperinfla-cionario, se puso en marcha el llamado Plan de Convertibilidad.

El economista Pablo Gerchunoff caracterizó al Plan de Convertibilidad como una estrategia de auto atamiento; es decir, el Estado se comprometió a no intervenir en la economía, como si se hubiera atado las manos.

Lo hizo en dos planos.

1. En materia cambiaría, una ley fijó, estable y perdurablemente (solo otra ley podía modificarlo), un tipo de cambio en el cual un peso es igual a un dólar.
2. En materia monetaria, el Banco Central solo podía emitir un peso si disponía de un dólar en sus reservas.

Como cinco años antes, la clave era el tamaño del Estado. Se inició, entonces, una serie de apresuradas privatizaciones con reglas poco claras. Los teléfonos, por ejemplo, fueron entregados en condiciones oligopólicas (un reducido número de oferentes podía controlar el mercado) y, previamente, el Estado debió hacerse cargo de las deudas de la empresa estatal. Se demoró, asimismo, la creación de entes reguladores que controlaran el poder de mercado, a menudo monopólico, de las nuevas compañías privadas.

La reforma del Estado: privatizaciones, descentralización y reformas administrativa y tributaria:

En esta reforma se buscaba devolver al Estado la difícil tarea de establecer normas precisas y aceptables para el gran capital nacional, el capital extranjero y la banca acreedora. Desde el gobierno se implementaron las medidas tendientes a satisfacer las demandas de todos esos sectores, que casi nunca se llevaban bien entre sí. De esa forma, se aseguró la estabilidad económica y la paridad cambiaría. Las principales políticas económicas que se implementaron desde el gobierno en relación con la reforma del Estado fueron las siguientes:

a. Privatizaciones
Apuntaban a «achicar al Estado». Para eso se vendieron al capital privado, nacional y extranjero, las empresas que manejaba el Estado. Canales de televisión, radios, ferrocarriles, transporte marítimo, transporte aéreo de pasajeros, teléfonos, gas, electricidad, servicio de agua potable y la empresa nacional de explotación de petróleo, entre otras, fueron vendidas en pocos años.

El Estado se comprometió a controlar las nuevas empresas privatizadas con los llamados «entes reguladores», que no en todos los casos fueron exitosos y muchas veces intervinieron en favor de los nuevos propietarios y no de los usuarios-clientes.

b. Descentralización
Esta reforma apuntó a transferir actividades o funciones del Estado Nacional, como la salud y la educación, a las provincias. En algunas, a su vez. se descentralizaron y delegaron funciones a los municipios. En muchos casos, provincias con una base económica débil no pudieron hacerse cargo en forma eficiente de las nuevas tareas.

c. Reforma administrativa
En algunas áreas, como el Ministerio de Economía, se buscó la profesionalización de sus trabajadores y el reemplazo de algunos de baja calificación por otros de un mejor nivel técnico. En general, esta reforma estuvo supeditada a ahorrar gastos, de forma tal que se implementaron los llamados «retiros voluntarios». El Estado pagaba una cifra de dinero para que el trabajador renunciara y se comprometiera a no volver a trabajar en la administración pública.

d. Reforma tributaria
Decidió atacar la evasión impositiva, pero no hubo muy buenos resultados porque se persiguió a los pequeños contribuyentes (comerciantes y profesionales independientes). Por otra parte, los grandes empresarios que pagaban eran siempre los mismos y a ellos les creaban nuevos impuestos en vez de evitar la evasión de los demás. Además, la Dirección General Impositiva (DGI) no se modernizó lo suficiente, lo que tornaba muy complicados los trámites vinculados al pago de impuestos.

La desregulación económica
Con este término se alude al cambio en la forma de control que realiza el Estado a las empresas. El Estado pasa a controlar o regular «menos» y de una manera más «libre», es decir, dejando que los empresarios se guíen de acuerdo con los beneficios económicos que recibirán al producir bienes y servicios. Algunos de los elementos que se aplicaron para posibilitar la desregulación son los siguientes:

• Eliminación de algunos subsidios o beneficios económicos a algunas empresas. Las que se vieron más afectadas fueron las chicas y medianas.
• Eliminación de antiguos «entes reguladores», como la Junta Nacional de Granos que imponía algunas restricciones a los empresarios.
• Menor atención a los problemas ambientales y a la calidad de los productos que se consumen.

La flexibilización laboral
Si bien no se pudo establecer una ley que flexibilice el trabajo, dicha flexibilización ya funciona en muchos lugares. Disminución de salarios, desaparición del aguinaldo, imposibilidad del trabajador de elegir la fecha de sus vacaciones, duración de la jornada de trabajo de más de diez horas y ser despedido sin cobrar indemnización fueron algunos de los cambios que se produjeron en la forma de contratación de los trabajadores.

El gobierno sostiene que la flexibilización es necesaria para que aumenten los puestos de trabajo, ya que contratar trabajadores en estas condiciones es más «fácil». No obstante, la desocupación aumentó mucho. Lo que casi nadie pone en duda es que la flexibilización laboral beneficia económicamente a los empresarios porque reduce los costos.

La renegociación de la deuda externa: el Plan Brady
Este acuerdo, que se realizó con la banca acreedora, consistió en la disminución de un porcentaje pequeño de la deuda externa y en una reducción de la tasa de interés a cambio del compromiso de la Argentina de pagar puntualmente las «cuotas» de la deuda. La reducción de la deuda no fue significativa y en poco tiempo los intereses acumulados superaron largamente ese descuento.

Gran parte de lo obtenido por la privatización de las empresas estatales fue destinado al pago de la deuda externa y aún así esta siguió aumentando. A mediados de 1997, la deuda externa argentina ascendía a 98 mil millones de dólares. Cuando no se puede pagar la «cuota», el FMI vuelve a prestar dinero a cambio de implementar políticas económicas destinadas a la reforma estructural que esa institución quiere que se aplique en la Argentina.

Fuente Consultada:
Sociedad Espacio y Cultura Siglo XX La Argentina en América y en Mundo
Tobio-Pipkin-Scaltritti – Kapeluz

PARA SABER MAS…: Como ampliación del tena publicamos una nota en El Bicentenario Fasc. N° 10 período 1990-2010 a cargo de Mario Rapoport, economista e historiador.

Desde el punto de vista ideológico el neoliberalismo (una doctrina economica que declara el predominio absoluto de la economía de mercado) juega un rol importante a través de las reglas que brinda el llamado «Consenso de Washington». Este recomienda políticas económicas cuyos ejes centrales son el control del gasto público y la discilplina fiscal, la liberalización del comercio y del sistema financiero, el fomento de la inversión extranjera, la privatización de las empresas públicas y la desregulación y reforma del Estado. Los gobiernos deben limitarse a fijar el marco que permita el libre juego de las fuerzas del mercado; sólo éste puede repartir de la mejor manera posible los recursos productivos, las inversiones y el trabajo.

Esas ideas coincidieron en la Argentina con la feroz crisis hiperinflacionaria, producto de la herencia del endeudamiento externo de la dictadura militar y del fracaso de las políticas implementadas por el gobierno de Alfonsín para superarlo, y favorecida por intereses empresariales. Se esperaba que la llegada de otro presidente justicialista, Carlos Menem, pudiera revertir la situación. Pero si en 1945 se produjo la confluencia entre un líder histórico como Perón, y vastos sectores obreros y populares, que dio impulso a la industrialización y sustanciales mejoras a los trabajadores, el año pasado se verificó un escenario diferente.

Menem ganó las elecciones presidenciales con el apoyo de una gran mayoría popular que aspiraba a un cambio de rumbo, creyendo en sus promesas de «salariazo» y «revolución productiva». Pocos sabían que ya había establecido antes de llegar al poder una alianza con el establishment y la derecha neoliberal y estaba dispuesto a realizar políticas de signo contrario a las proclamadas. La derecha en la Argentina nunca tuvo un partido fuerte como para poder triunfar electoralmente y desde la década de 1930 llegó al gobierno gracias a golpes de Estado militares. Ahora, impuso sus ideas y, sobre todo, sus intereses al nuevo liderazgo justicialista, el llamado menemismo.

Se desplegó allí la etapa más importante del neoliberalismo en la Argentina. Se dictó una ley de convertibilidad que llevó al abandono de toda política monetaria y a la sobrevaluación del peso; se dio lugar a una apertura irrestricta de la economía; se liberalizaron los movimientos de capitales externos y el sector financiero; se apoyó la flexibilización laboral y el ajuste salarial, y se realizó la privatización de las principales empresas y activos públicos, cuyo resultado más lamentable fue la venta de la compañía petrolera estatal YPF, perdiendo el Estado un recurso estratégico clave para la economía nacional.

Muchas de esas privatizaciones, así como otras políticas del Gobierno, se realizaron por medio de actos de corrupción. Se incluyó también en este proceso la privatización de la previsión social, una de las causas principales del déficit fiscal en la Argentina. El predominio de las finanzas sobre el aparato productivo afectó singularmente al sector industrial cuya participación en el PBI podría caer más de diez puntos en la próxima década (del actual 27 por ciento a alrededor del 15 para 2002).

La clave del sistema resulta, sin duda, la convertibilidad de la moneda con un tipo de cambio fijo (un dólar igual a un peso), que funciona como el patn in oro del siglo XIX y contradice todas las otras med idas de liberalización.

En un sistema así, con apertura irrestricta de los mercados, la única forma de controlar el déficit externo y el déficit fiscal es aplicando políticas necesivas y de ajuste a la espera de un milagroso finjo de caí átales externos que compense la situación.

La falencia le ese proceso podrá observarse una vez agotadas las privatizaciones, que significan una importante pérdida del patrimonio nacional y que, junto a la venta de empresas privadas nacionales, dio lugar a una extranjerización sin precedentes de la economía sin que se ampliara su capacidad productiva. Sólo se benefician grandes grupos económicos extranjeros y nacionales, hasta que se produzca la caída final del modeló.

Fuente: El Bicentenario Fasc. N° 10 período 1990-2010 a cargo de Mario Rapoport, economista e historiador.

Las dos caras de la moneda:
Por el Historiador Luis Alberto Romero
Cuadernillo de Historia Argentina El Bicentenario-Clarín

Otros países latinoamericanos adoptaron el giro neoliberal: Brasil, con Cardoso; Chile, con los presidentes de la Concertación, y Perú, con Fujimori. La guerra civil se acalló en El Salvador y la nueva guerrilla, que surgió en Chiapas, se adecuó al nuevo ambiente democrático.

El mismo optimismo imperaba entonces en Europa Occidental, que emprendió la ruta de la Unión Europea y el euro, y sobre todo en Alemania, que en 1990 se reunificó. En cambio, el bloque soviético se disgregó de manera conflictiva. De la URSS surgieron Rusia y muchas otras repúblicas; Checoslovaquia se partió en dos y Yugoslavia se dividió y entró en una guerra sangrienta, sólo aplacada por la intervención de la OTAN. La conciliación llegó a Sudáfrica, donde Mándela fue liberado y electo presidente, y también a Palestina, pero la guerra civil se ensañó en Somalia y en Sudán.

En los Estados Unidos comenzó la era Clinton y también un período recesivo de la economía. El flujo fácil de dólares se interrumpió y, en la Argentina, emergió la otra cara de la fiesta.

Las privatizaciones dejaron un tendal de desocupados, en momentos en que el Estado descuidaba la educación, la salud y la seguridad. Emergió un mundo de pobreza que se manifestó con protestas exasperadas, como los cortes de rutas. Por otra parte, la corrupción del gran cambio se hizo pública: hubo escándalos, como la venta de armas; crímenes, como el de María Soledad y Cabezas; atentados, como los de la AMIA y Río Tercero, y en todos los casos quedaba como secuela la sospecha de la connivencia y el encubrimiento, a veces revelados por la implacable cámara oculta.

Por entonces, la jefatura de Menem comenzó a ser cuestionada: dentro del justicialismo, por quienes se consideraban sus sucesores; por fuera, la oposición comenzó a tomar forma, en torno del radicalismo y del Frepaso, nueva fuerza de centro-izquierda. Unidas desde 1997 en la Alianza, ambas fuerzas ofrecieron una alternativa centrada en la honestidad y el respeto de las instituciones.

No cuestionaron, en cambio, la convertibilidad, considerada por todos la clave de la estabilidad. Pero la convertibilidad tambaleaba, y la protesta social crecía: tal la herencia de la Alianza, que en 1999 derrotó al justicialismo y ganó la presidencia.

 

Empresas Privatizadas en Argentina Historia Economica Menem Gobierno

Empresas Privatizadas en Argentina en el Gobierno Menem

Estado y economía
A mediados de la década de 1970, el Estado argentino fue perdiendo el perfil de Estado benefactor que lo había caracterizado desde mediados de siglo; la intervención directa en la economía y el desarrollo de políticas de protección social fueron tornándose cada vez más débiles.  La ruptura se puede registrar en la política económica adoptada por el gobierno de facto (1976) que, encuadrada dentro del liberalismo económico, impulsó la apertura económica, entre otras acciones.

Esto permitió una masiva importación de bienes, que afectó en gran medida a las industrias nacionales, que no podían competir con bienes importados más baratos. Posteriormente, ya restaurada la democracia, el liberalismo económico avanzó fuertemente en la década de 1990 con el proceso de reforma del Estado.

Las privatizaciones y los servicios
En los países en desarrollo, los servicios son en gran parte públicos. A raíz de la inestable situación económica que atraviesan los países en desarrollo, es muy común que dichos servicios sean insuficientes, obsoletos, caros para el usuario y arrojen pérdidas para el ente administrador. En nuestro país, en agosto de 1989, el Poder Ejecutivo Nacional sancionó la ley 23.696 de Reforma del Estado.

Entre otras cosas, en ella declara sn emergencia la prestación de los servicios públicos. En el período 1989-1993 se llevó a cabo un vasto programa de privatización de la mayoría de las empresas de servicios públicos nacionales.

El mecanismo de traspaso al sector privado se trató de una concesión destinada a brindar dichos servicios por un período de tiempo determinado. Este proceso comprendió a la mayoría de las empresas públicas del Estado y a una amplia franja de sectores económicos que van desde el servido telefónico, eléctrico, cíe agua y de gas hasta las industrias petroquímicas, navales y del acero, pasando por la concesión de los servicios de transporte aéreo, de ferrocarril, puertos y caminos, etc.

El Estado mantiene su función reguladora en materia de nivel y estructura tarifaria, calidad y continuidad del servicio, etc., a través de los llamados «entes reguladores», entre ellos: Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Ente Nacional Regulador de Electricidad, Ente Nacional Regulador del Gas, Comisión Nacional de Transporte Automotor, Comisión Nacional de Regulación Aerocomercial, Comisión Nacional de Correos y Telégrafos.

Economía en contexto
Entre las últimas décadas del siglo XX y los primeros años del siglo XXI, la economía argentina estuvo fuertemente marcada por varios procesos:

• Como en otros países se produjo una apertura económica, que buscaba insertarla en ‘:: mercados internacionales, y un proceso de integración regional, a través del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), Como consecuencia, las actividades orientadas a la exportación adquirieron renovada importancia.

• En la década de 1990 se profundizaron los cambios orientados por teorías económicas neoliberales, en particular la reforma del Estado que significó modificaciones en la forma como el Estado nacional y los Estados provinciales regulan las actividades económicas. través de esta reforma, se dio mayor protagonismo a las empresas privadas como sujetos organizadores de la economía.

• En 2001 se produjo una crisis económica y financiera que repercutió fuertemente en las condiciones de vida de la población. A partir de entonces, la devaluación de la moneda, as como otras orientaciones de la política económica, establecieron nuevos rumbos para la economía, que se tradujo en altas tasas de crecimiento de algunos sectores productivos.

La economía como conjunto
Las personas o las empresas producen bienes y servicios -que se venden y se compran- y, para hacerlo, no sólo establecen distintas relaciones en un área determinada sino también con otras áreas del país y del exterior. Empresas de distinto tipo y tamaño, personas en particular y también el Estado son quienes se encargan de organizar y llevar a cabo las actividades económicas. Este conjunto de relaciones complejas, que están reguladas tanto por normas legales como por los objetivos de las políticas específicas del Estado, conforman la economía del país.

PRIVATIZACIONES DE LA DÉCADA DE 1990:

Una vez aprobadas las leyes de Reforma del Estado y de Emergencia Económica se puso en marcha en la Argentina un activo plan de transferencias que, a través de distintas modalidades -venta, venta de acciones, concesiones a mediano y largo plazo, contratos de asociación- dejaría en manos privadas empresas industriales, comerciales y de servicios que hasta entonces estaban en poder del Estado nacional.

En pocos años también las provincias, para poder acogerse a los «beneficios» de los Pactos Fiscales, debieron emprender el mismo camino. Aun cuando la venta de activos sólo era una de las estrategias que se habían anunciado para convertir al Estado «grande y débil» en «pequeño y fuerte», a poco de andar quedó claro que se trataba de la más significativa, y acaso de la única que se llevaría adelante hasta sus últimas consecuencias.

Como se ha señalado en el capítulo anterior, el menemismo, haciéndose eco de las sugerencias que llegaban desde el exterior desde ya hacía algunos años, encontró de este modo la clave que habría de resolver las contradicciones existentes entre los distintos grupos de poder locales e internacionales.

La subasta del patrimonio público -catalogado por algunos como «las joyas de la abuela» y por otros como «la hipoteca de la abuela»- auspiciaba la formación de consorcios que reunían a la cúpula empresaria local con los conglomerados extranjeros que operaban en el país, y también asociaban a la banca acreedora.

Con  la Ley de Reforma del Estado de 1989, se puso en marcha la privatización de distintas empresas estatales. La privatización se llevó a cabo mediante la venta -total o parcial- de las empresas o por la concesión a empresas privadas de la estación de servicios.

Muchas de las empresas pasaron a manos privadas, mayoritariamente grandes grupos económicos nacionales o extranjeros. Las privatizaciones de diferentes servicios implicaron, en general, que las empresas concesionarias realizaran inversiones para mejorar la prestación. Así se estipuló qué obras debían realizarse y los plazos requeridos para ello.

Para controlar y regular el cumplimiento :e los contratos de las privatizaciones se formaron organismos denominados «entes reguladores».

En algunas áreas del país, en particular en aquellas cuyo desarrollo estuvo ligado a las actividades estatales, por ejemplo, la explotación petrolera en la Patagonia, la privatización tuvo efectos muy importantes. Allí, las empresas privadas que accedieron a la explotación de los yacimientos incorporaron innovaciones tecnológicas y de organización de la actividad.

Como consecuencia, se produjo un incremento en la producción y, a la vez, una reducción importante del personal hasta entonces ocupado. En la provincia de Chubut y Santa Cruz (en el área que corresponde a la cuenca del golfo San Jorge), por ejemplo, numerosos trabajadores perdieron su trabajo y tuvieron que emigrar con sus familias a otras zonas.

ALGUNAS EMPRESAS PRIVATIZADAS O CONCESIONADAS DENTRO DEL MARCO DE REFORMA DEL ESTADO ARGENTINO:

Aerolineas Argentinas Privatizada, avion

Aerolineas Argentinas Privatizada

Administración General de Puertos (A.G.P.) Privatizada
Aerolíneas Argentinas S.E.  Privatizada
Aeropuertos Concesionados
Agua y Energía Eléctrica S.E. / Sector Eléctrico Privatizada
Caja Nacional de Ahorro y Seguro Privatizada
Empresa Líneas Marítimas Argentinas (ELMA) Privatizada
Empresa Nacional de Correos y Telégrafos (ENCOTEL) Disuelta
Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL) Privatizada
Ferrocarriles Belgrano S.A., Ferrocarriles Argentinos S.A.
Ferrocarriles Metropolitanos S.A. Concesionados
Gas del Estado S.E. Privatizada
Hidroeléctrica Norpatagónica S.A.   HIDRONOR / Sector Eléctrico Privatizada
Hierro Patagónico de Sierra Grande S.A. Minera HIPASAM Privatizado
Obras Sanitarias de la Nación (O.S.N.) Concesionada
Polisur Sociedad Mixta Privatizado
Redes de Acceso a grandes ciudades Concesionadas
Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires (SEGBA) / Sector Eléctrico Privatizados
Sociedad Mixta Siderurgia Argentina (SOMISA) Privatizada
Talleres Navales Dársena Norte S.A.C.I. y N. TANDANOR  Privatizados
Tanque Argentino Mediano S.E. TAMSE Disuelto
Tecnología Aeroespacial S.A. TEA Disuelta
Yacimientos Carboníferos Fiscales (Y.C.F.) Concesionados
Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.E. (Y.P.F.) Privatizados

ENTES REGULADORES
• Autoridad Regulatoria Nuclear
• Comisión Nacional de Comunicaciones
• Comisión Nacional de Regulación del Transporte
• Ente Nacional Regulador de la Electricidad 1 Ente Nacional Regulador del Gas
• Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios
• Organismo Regulador de Seguridad de Presas Comahue
Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos

La Corte de Carlos Menem:

El diputado nacional Moisés Fontela realizó una presentación ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 2 solicitando, en función de algunas irregularidades, la suspensión de la privatización de Aerolíneas Argentinas. El Dr. Garzón Funes dio lugar al recurso de amparo, ordenando al Estado que resolviera la cuestión.

La apelación no se hizo esperar, aunque lamentablemente se utilizó una vía «excepcional» que colocaría en el centro de la escena a la Corte Suprema de Justicia. El Estado, a través del ministro R. Dromi, recurrió directamente a esta última que, en cuestión de días y alterando el orden normal de las instituciones, suspendió los efectos del fallo del juez federal de primera instancia. El per saltum permitió eludir un obstáculo y seguir adelante con la venta de la empresa estatal. El Poder Ejecutivo, agradecido. ¿La Justicia? Bien, gracias.


«Tiene la palabra el Sr. diputrucho…»

A fines de marzo de 1992 la Cámara de Diputados de la Nación sería el escenario de un hecho sin precedentes en la historia parlamentaria argentina. Se debía tratar el marco regulatorio de la privatización de Gas del Estado, pero el bloque radical había anticipado que no concurriría al recinto. El oficialismo debió esforzarse para reunir el quorum mínimo requerido para sesionar (130 diputados), aunque el sacrificio valió la pena, ya que consiguió que se aprobara el traspaso de la compañía a manos privadas.

Pero los periodistas del Congreso denunciaron ante el juez federal Néstor Blondi una pequeña anomalía: uno de los votantes no era diputado, sino «colaborador» de un diputado. Se trataba de Juan Abraham Kenan, vinculado al legislador justicialista Manuel Samid. El pobre Kenan argumentó que se había sentado en una banca porque se sentía «indispuesto». No obstante, fue procesado por el delito de «usurpación de títulos y honores» y condenado a dos meses de prisión en suspenso e inhabilitación por cuatro meses para ejercer cargos públicos. La Justicia fue aún más dura con Samid -considerado «el instigador» de este ilícito-, condenándolo nada menos que a ocho meses de prisión en suspenso.

ALGO MAS SOBRE LA PRIVATIZACIÓN DE YPF:

De acuerdo con la ley sancionada en septiembre de 1992 comenzó la venta del paquete accionario de YPF. La ley transformó a YPF en una sociedad anónima, transfirió a las provincias los derechos sobre los hidrocarburos y les reconoció una deuda histórica. Este aspecto fue decisivo para volcar el apoyo de los legisladores justicialistas provenientes de las provincias petroleras.

Un 45% del paquete accionario fue vendido a particulares, en unos 3.000 millones de dólares. El 11% de las acciones fue destinado al rescate de unos 1.000 millones de dólares de la deuda pública. A fines del año, alrededor del 58% de las acciones estaba en manos privadas; el Estado nacional y las provincias retuvieron el 31%, y el restante 10% pasó a ser propiedad de los empleados. El proceso de privatización terminó en 1999, cuando la empresa española Repsol compró al Estado y a los particulares casi el 90% de las acciones. Así, el Estado perdió toda facultad de incidir en el manejo de la explotación petrolera.

Desde 1922, YPF había sido el emblema de la política petrolera del Estado. Estaba presente en todos los rincones del país. Asociada con el Automóvil Club Argentino, participó en la construcción de caminos y estaciones de servicio. También fue una suerte de segundo hogar para sus empleados, que gozaron de importantes beneficios.

La incorporación de empresas privadas a la explotación petrolera no modificó ese carácter fundacional de la empresa. Pero, a la vez, la planta de personal creció considerablemente. Sin embargo, desde 1976, por malas políticas estatales, la empresa se endeudó fuertemente. Finalmente, los gobiernos provinciales reclamaron su parte.

En manos privadas, hubo una gran reducción de personal. Los 37.000 empleados de 1987 eran apenas 10.000 en 1994, en parte por la racionalización interna y en parte por la transferencia a otras empresas de los trabajos de exploración y explotación. Los despidos tuvieron un efecto devastador en la gente que vivía de la empresa. Las indemnizaciones fueron un paliativo transitorio, pero en 1996 comenzó una protesta fuerte y sostenida. (Fuente:Menen y la reforma Laboral Cuadernillo de Historia Argentina Etapa: 1990-1999  Edit. Clarín)

Fuente Consultada:
Geografía de la Argentina La Nación Tomo 21
Geografía de la Argentina y del Mercosur en el Siglo XXI Polimodal  S. Sasone  C. Bertone de Daguerre
Grandes Debates de la Nacionales Página 12 Privatizaciones: Reforma del Estado

 

Reforma del Estado Argentino Privatizaciones de Empresas

Reforma del Estado Argentino Privatizaciones de Empresas

La Reforma es Estructural del Estado Argentino: La Reforma del Estado incluye la desregulación, la apertura comercial externa, la reducción de la inflación y de la incertidumbre, junto con la disminución del costo de capital, todas acciones orientadas a lograr un proceso de crecimiento económico sostenible a lo largo del tiempo, posibilitando un aumento de la productividad mediante la incorporación de tecnología y la modernización de la estructura económica.

parlamento argentino en la reforma del estado

Parlamento Argentino

A partir de 1990 la economía argentina comenzó un proceso de acelerada integración a la economía mundial. El resultado ha sido un incremento en la incorporación de maquinaria, capitales y tecnología. Entre 1990 y 1994, el PBI creció el 34,4%, el consumo el 39,3% y la inversión el 120,7% (Argentina en Crecimiento 1995-1999, Poder Ejecutivo Nacional). En 1995, la crisis mexicana (conocida como «efecto tequila») frenó los cambios abordados. De todos modos, nuestro país continuó con su vinculación con el resto del mundo para integrarse en el marco de la globalización de las economías nacionales.

Llach (economista, nacido 1944)  señala que las raíz del malestar que condujeron al cambio de modelo hacia 1990 fueron varias. En primer lugar, la globalización y la crisis de les Estados nacionales; eso influyó pan aumentar las inversiones en los países emergentes, como es el caso de la Argentina.

En segundo lugar, la tercera ola tecnológica y la crisis de las empresas y del mundo del trabajo. En tal sentido, téngase en cuenta que la organización de las empresas debió ser informatizada y controlada por redes de subcontratos terciarizados.

En tercer lugar, la crisis del Estado Benefactor que hasta entonces se ocupaba de todos los servicios y era el empresario; esto generó un acelerado crecimiento del gasto público y no favorecía las inversiones privadas. En cuarto y último lugar, los Estados necesitaron organizarse en bloques de países para ampliar los mercados de consumo, como es el caso del Mercosur.

Las transformaciones que se han dado en el Estado nacional argentino a través de la historia se han reflejado en nuestro territorio a nivel nacional, regional, provincial y municipal, con una reformulación de sus funciones, entre las cuales encontramos las concernientes al equilibrio ecológico, la preservación del medio ambiente, la calidad de vida, la seguridad en la circulación, la afirmación del federalismo, la preservación del habitat, la formación de estructuras profesionales y eficientes en materia de política exterior, etc. La Argentina ingresó en 1991 a una etapa nueva regida por una economía abierta e integrada.

Nuevo rol del Estado
Uno de los grandes debates del fin del siglo en el mundo occidental y en la Argentina en particular, es el papel del Estado dentro del contexto de una economía cada vez más globalizada y privatizada. Hay acuerdo en que se debe promover el crecimiento económico, proteger a los consumidores y asegurar el acceso de los ciudadanos a la salud, la educación, la justicia y la seguridad. El orden internacional, el comercio, las ideologías, la tecnología y las comunicaciones son sólo algunas de las áreas más afectadas por el modelo neoliberal imperante en los noventa. Dentro de esa lista, el nuevo papel del Estado moderno está entre los temas más complejos.

La reforma del Estado Argentino fue un proceso rápido; en pocos años perdió las que eran sus principales funciones y ocupaciones, como por ejemplo la provisión de servicios públicos, y se transformaron algunas de sus tradicionales formas de intervención en la economía y en la sociedad. Desapareció el Estado empresario, se concretó la privatización de los servicios públicos y se establecieron límites a la intervención pública. Fue un cambio cuantitativo y cualitativo.

Algunos de los roles de este nuevo Estado son:

Relaciones entre Estado y mercado: Primero cabe consignar que hay tres tipos de mercados. El primer tipo abarca la producción de bienes y servicios en condiciones competitivas en general; en el segundo podría incluirse al sistema financiero, las comunicaciones y los combustibles, y en el tercero a la provisión de agua potable, la educación, la infraestructura social y la salud. El nuevo papel del Estado radica en k interacción con esos mercados y abarca un amplio espectro, desde la defensa pasiva de la competencia hasta la regulación directa de algunas actividades.

Defensa del ciudadano, en tanto consumidor y productor, en el ámbito del mercado La masiva privatización de los servicios públicos puso sobre el tapete una serie de problemáticas de regulación y de defensa del consumidor frente a las nuevas prestatarias privadas. El incremento de la calidad de los servicios públicos debe ser complementado con un aumento de la calidad de los derechos de los consumidores. La regulación de los servicios públicos y las políticas de defensa de la competencia constituyen uno de los pilares de las nueva; funciones del Estado.

Estado y sector productivo: El Estado está profundamente relacionado con el sector productivo aunque ya no come productor directo. Su nueva función es facilita: la integración, mejorar los eslabonamientos brindar asistencia tecnológica y comercial a los sectores que lo requieran y solucionar los problemas de acción colectiva del sector privado. El Estado cuenta con instrumentos para cumplir con ese papel: subsidios a la producción de sectores claves, organización de consorcios de exportación, financiamiento de la investigación, promoción de normas de calidad y capacitación del personal.

Dentro de este nuevo Estado hay actividades que le siguen siendo propias: la administración pública, la justicia, la salud, la ciencia y la educación. Además, debe ser un Estado social. Ahora bien, no puede dejar de reconocerse ya en el año 2000 que el Estado Benefactor está, con su desmantelamiento, en una profunda crisis: buena parte de la población está expuesta a alguna forma de exclusión social.

Otra tarea del Estado es monitorear la eficiencia del gasto social y del gasto público en general). El sistema impositivo y la administración tributaria constituyen la base sobre la que el Estado puede llevar adelante políticas con mayor equidad distributiva.

Áreas ClavesReformas
Marco internacionalAfianzamiento del predominio de los Estados Unidos, pero con un gran desarrollo de Asia Oriental. Globalización comercial, financiera y de inversiones, con bloques regionales. Crisis de los Estados nacionales y auge de las reformas económicas neoliberales.
Relaciones económicas
internacionales de la
Argentina
Economía abierta a comercio y a las inversiones. Predominio del americanismo, con centro en el Mercosur en un contexto de diversificación de las relaciones económicas internacionales e importancia creciente del comercio con Asia-Pacífico.
Instituciones políticasPlena vigencia de las instituciones políticas de la Constitución, reformada en 1994.
Desarrollo regional Internacionalización de las economías regionales y primera posibilidad cierta de desarrollo sostenible y «desde adentro» del Interior.
InfraestructuraTelecomunicaciones y aeronavegación como es centrales de la integración espacial. Gran desarrollo de a infraestructura urbana y regional.
Estructura productiva y sectores dinámicos Estructura productiva y sectores dinámicosDesarrollo diversificado en e sector primario y en los servicios. En la industria crecen todas las ramas, pero más especializadas y con mayor calidad. Cierto liderazgo de los complejos productivos basados en los recursos naturales. Desarrollo en biotecnología y software.
El Estado y la economíaEstado subsidiario, desregulación, privatización de los servicios públicos, creciente importancia del gasto social, tendencia al equilibrio fiscal. Servicios públicos de alta calidad en justicia, seguridad, salud-nutrición, educación, ciencia y técnica y políticas horizontales de competitividad.
Moneda y preciosRégimen de convertibilidad, moneda fuerte, estabilidad de los precios,  reforma del sistema financiero, desarrollo del ahorro y del mercado de capitales
Macroeconomía, crecimiento y ciclosTendencia al crecimiento sostenidamente alto, empujado por la conjunción de la globalización y la economía de oferta interna. Exposición a choques externos favorables (entradas de capitales 1991 – 1994) o desfavorables (caso del efecto tequila). Posterior tendencia a mayor independencia del resto del mundo por e aumento de ahorro público y privado.
Sociedad, empleo y distribución del ingresoMejora inicial de la distribución del ingreso. Posterior desmejora por efecto del ajuste estructura y de la crisis de 1995 con caída del nivel del empleo y fuerte aumento de desempleo; especial impacto en los sectores medios tradicionales.

MENSAJE DE MENEM A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

Carlos Menem ,impulsor de la reforma del estado

Carlos Menem ,impulsor de la reforma del estado

«(…) Desde el Estado nacional vamos a dar el ejemplo a través de una cirugía mayor, que va a extirpar de raíz males que son ancestrales e intolerables. Porque creemos en la justicia social, vamos a poner al Estado nacional al servicio de todo el pueblo argentino. Vamos a sentar las bases de un Estado para la defensa nacional y no para la defensa del delito y de la coima.

Vamos a refundar un Estado para el servicio del pueblo y no para el servicio de las burocracias, que siempre encuentran un problema para evitar una solución. (Aplausos.)

La eficacia social, la participación de toda la ciudadanía, la sana administración, el protagonismo del usuario y la anulación de toda clase de feudos serán instrumentos vitales para transformar a nuestro Estado, un Estado que agoniza como esclavo de unos pocos, en lugar de paliar las necesidades de quienes más sufren. (…) Todo aquello que puedan hacer por sí solos los particulares no lo hará el Estado nacional. Todo aquello que puedan hacer los municipios, no lo hará el Estado nacional. En esta auténtica cruzada que inauguro hoy en pos de la reconquista definitiva del sector estatal, quiero convocar muy especialmente a todos los trabajadores.

Deseo que sepan que estas reformas son, antes que nada, a favor de los más humildes, de sus mejores oportunidades de trabajo, de su dignidad personal y realización, de su protagonismo en la vida del país. (…) Seremos pragmáticos sin hacer del pragmatismo una ideología. Seremos prácticos sin hacer del realismo un dogma.

Seremos sensatos, sin olvidar que el desarrollo es el verdadero nombre de la paz. Para este gobierno el verdadero nacionalismo es el nacionalismo del crecimiento, de la riqueza, de la producción. Porque somos profundamente nacionales en la concepción de nuestra economía consideramos que no puede haber realización alguna en el marco del empobrecimiento, del atraso, del retroceso y del aislamiento internacional. (…)»

MENEM, CARLOS SAÚL, Mensaje a la Asamblea Legislativa, 8 de julio de 1989.
Congreso Nacional, Diario de Senadores de la Cámara de Senadores, pp. 1063

Fuente Consultada:
Geografía de la Argentina y del Mercosur en el Siglo XXI Polimodal  S. Sasone  C. Bertone de Daguerre