La Deuda Externa

El Sistema Federal y la Autonomia de las Provincias Organización

El Sistema Federal Argentino y la Autonomía de las Provincias
Organización Política

Una federación es una agrupación de entidades políticas bajo un gobierno central o nacional al cual, mediante una constitución, delegan unos poderes, reservándose otros.

En la Argentina, esas entidades políticas son las provincias.

La Constitución Nacional contiene en su articulado disposiciones que:

• Determinan cuáles poderes delegan las provincias en la Nación.
• Organizan la coexistencia y coordinación de ambas esferas de gobierno.

El sistema unitario es aquel en que la Constitución delega todo el poder del Estado al gobierno nacional, el cual puede crear subdivisiones otorgando a las mismas las funciones que considere convenientes.

El sistema federal es aquel en que la Constitución distribuye el poder del Estado entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales.

En el Estado unitario las normas tienen validez en todo el territorio nacional, mientras que en el Estado federal hay además normas que tienen validez local exclusivamente.

El Estado unitario es llamado también centralizado, por la existencia de un poder central único; y el federal, descentralizado, por la existencia concurrente de un poder central y distintos poderes locales. Esta terminología es útil, porque en la práctica, tal como ocurre en nuestro país, se dan ambos sistemas combinados, aunque con predominio del sistema federal.

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«El gran principio de la federación se halla en que los. Estados individuales, reteniendo la parte de soberanía que necesitan para sus negocios internos, ceden a una autoridad suprema y nacional la parte de soberanía que llamaremos eminente, para los negocios generales, en otros términos, para todos aquellos puntos en que deben obrar como nación.»
MARIANO MORENO

 

Organización Política

Decía Alberdi en las «Bases…». «Sólo hay gobiernos provinciales en la República Argentina, cuya existencia es un hecho tan evidente, como evidente el hecho de que no hay gobierno general. Para crear el gobierno general, que no existe, se ha de partir de los gobiernos provinciales existentes»,. De esta evidencia, Alberdi, el «padre de la Constitución», deducía que el Congreso Constituyente debía considerar «que los gobiernos provinciales no consentirán ni contribuirán a la creación del gobierno general, sino a condición de continuar ellos existiendo, con más o menos disminución de facultades».

Resultado de imagen para historiaybiografias alberdiEsas provincias de las cuales dependía, en manera tan absoluta, que la Constitución fuese la fórmula de paz y organización buscada, o fracasase como en 1819 y 1826, eran las entidades políticas en torno de las ciudades fundadas por las corrientes colonizadoras de la época de la conquista y que fueron capitales de partidos por la Real Ordenanza de Intendencias de 1782.

Las grandes distancias, la herencia del localismo español y la práctica municipal contribuyeron a la formación de un federalismo embrionario que se manifestó en forma extrema y violente cuando, liberadas las Provincias, se ensayó imponer constituciones unitarias. Esa reacción fue el «caudillismo». Las guerras de la Independencia habían absorbido a los hombres del campo.

La agricultura era escasa y sin método. El ganado se había alejado de la zona habitada por ios blancos como consecuencia de intensas y reiteradas sequías. Los ex soldados de la Emancipación, sin trabajo y sin dinero, se vieron obligados a reunirse en torno de los «hombres fuertes» que daban un amparo político y económico a su vida.

Los caudillos, que ejercieron poder militar y político absoluto, caracterizaron la etapa de la anarquía como representantes de los anhelos provinciales. Mas no por ello dejaron de sentirse unidos en una idea de lo nacional ni de tener deseos de organización. Dos circunstancias lo demuestran: las constituciones provinciales y los pactos interprovinciales.

Entre 1819 y 1825 se dieron constitución: Santa Fe, Tucumán, Córdoba, Santiago del Estero, Salta, Corrientes, Entre Ríos, Catamarca y San Juan. Mientras tanto, los tratados celebrados (del Pilar, Cuadrilátero, Federal) iban a ser los «pactos preexistentes» cuyo cumplimiento preparó la definitiva constitución del país.

El Pacto Federal del 4 de enero de 1831 creaba una Comisión Representativa de los gobiernos litorales, entre cuyas atribuciones figuraba la de «invitar a todas las demás provincias de la República, cuando estén en plena paz y tranquilidad, a reunirse en federación con los litorales y a que por medio de un congreso general federativo se arregle la administración general del país bajo el sistema federal».

El sistema federal establecido por la Constitución sentó las bases para la incorporación o creación de nuevas provincias. Así Buenos Aires, separada de la «Confederación» desde el movimiento del 11 de septiembre de 1852, se incorporó a la Nación mediante el Pacto de San José de Flores (11 de noviembre de 1859), por el que se reseñaba el derecho de que se convocase una Convención para proponer reformas a la Constitución de 1853.

Leyes recientes convirtieron en provincias a los antiguos «territorios nacionales» situados fuera de los límites de las catorce provincias inciales: La Pampa y el Chaco (Ley 14.037), Misiones (Ley 14.294), Formosa, Río Negro, Neuquén, Chubut y Santa Cruz (Ley 14.408). Las nuevas provincias se han dado constitución y se rigen por sus instituciones. De tal modo, nuestra Nación queda organizada con 22 provincias, el Territorio Nacional de Tierra, del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (Decreto-Ley 2191/57) y la Capital Federal.

Aspectos constitucionales que las ordenan

Es uno de los propósitos enunciados en el Preámbulo de nuestra Ley Fundamental el de «constituir la unión nacional». Tal cometido requiere que en el Estado federal haya armonía entre las instituciones que rigen al gobierno central y las que rigen a las provincias.

El artículo 5o de la Constitución Nacional fija los requisitos o condiciones que las Constituciones provinciales deben cumplir, para que el Gobierno Federal garantice el ejercicio de las instituciones que ellas mismas se dan y por las que se rigen, sin intervención del gobierno federal (art. 105).

De acuerdo con el artículo 5º, las constituciones provinciales deben llenar las siguientes condiciones:

• Sistema representativo republicano

La representación es una de las necesidades de la organización política actual, dado que «el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes». Ella se hace efectiva a través del sufragio, como medio para que el pueblo —mandante— designe a los funcionarios que han de actuar en su nombre —mandatarios o representantes—.

El sistema republicano se caracteriza, en nuestro tiempo, por: la división de poderes; la elegibilidad de los funcionarios, la periodicidad de los cargos representativos; la publicidad de los actos de gobierno; la responsabilidad de los funcionarios y la existencia de una Constitución.

El requisito que impone a las provincias el sistema representativo republicano excluye, en consecuencia, toda posibilidad de ensayar una fórmula monárquica o absolutista.

• Armonía con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional

Los derechos reconocidos y establecidos por la Constitución Nacional deben ser ratificados y respetados por las provincias. No hace falta que los expresen, aunque la mayoría de las constituciones provinciales lo hace, sino que debe surgir del ordenamiento general por ellas establecido. No obstante, la ratificación expresa de los derechos es aconsejada por Alberdi: «Debe considerarse incompleta y deficiente toda Constitución de provincia que no contenga una ratificación especial de todos y cada uno de esos derechos y garantías declarados en favor de todo hombre que habita el territorio argentino, por la Constitución común de las Provincias Unidas».

• Poder Judicial
La división de poderes, como característica de nuestra forma de gobierno, debe reflejarse en las provincias. Éstas deben darse tribuna-íes propios a los que corresponderá la administración de justicia ordinaria en su territorio. Es decir, que organizarán el Poder Judicial creando tribunales y estableciendo el régimen de nombramiento, duración y causas de remoción de los jueces.

• Régimen municipal
También tienen las provincias el deber de instituir en su Constitución respectiva el régimen municipal.

En general, las constituciones locales establecen regímenes que mantienen a las comunas como entidades autárquicas territoriales, sin autonomía rentística y a veces se limita el carácter electivo popular, cuando el encargado del departamento ejecutivo municipal es designado por el gobernador con acuerdo de la Legislatura.

• Educación primaria

Las provincias deben asegurar la educación primaria en sus constituciones. Tal requisito es también un derecho inherente a la autonomía provincial. La educación pública tiene en el nivel moral, económico y político del pueblo una incidencia fundamental. Puede afirmarse que el desarrollo de una provincia depende en gran medida del buen uso que se haga en ella de esta cláusula del artículo 5º.

Relación de poderes nacional y provinciales.

La autonomía provincial Las provincias argentinas al integrarse en la Nación, por medio de la Constitución, se desprendieron de su soberanía, para delegarla en el Estado Nacional.

La soberanía es el poder supremo. Reside en el pueblo, quien la ejerce por medio de sus representantes. Sobre dicho poder no existe ningún otro.

Cuando las provincias delegaron en la Nación el poder soberano, se convirtieron en autónomas, como consecuencia del sistema federal adoptado.

La autonomía consiste en la facultad que tienen las provincias de dictarse la propia ley y regirse por ella. Por supuesto que esa autonomía, propia de los Estados provinciales, es más limitada que la soberanía propia de la Nación.

El artículo 104, primero del título «Gobiernos de Provincia» de nuestra Constitución Nacional, establece la norma general para deslindar el ámbito de poder nacional del ámbito de poder provincial:

«Las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al gobierno federal, y el que expresamente se hayan reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación».

Según esta norma, es preciso demostrar que la Constitución prohibe a las provincias el ejercicio de un poder, o que lo atribuya de manera exclusiva al Gobierno Federal, para afirmar que las provincias no pueden ejercerlo. El artículo 108 enumera taxativamente cuáles son los poderes delegados por las provincias y que por lo tanto les está vedado ejercer. La autonomía provincial está integrada por todo el resto de poder no delegado.

El artículo 107 enuncia lo que pueden realizar las provincias en materia de gobierno. El verbo «pueden» del artículo 107 indica que tienen la atribución pero no la obligación de ejercerlos. No es el mismo caso de la justicia provincial, el régimen municipal y la educación primaria, que obligatoriamente deben ser materia de legislación constitucional provincial, según el artículo 5º.

El artículo 104 remite la autonomía provincial a los «poderes no delegados» al gobierno central. Tal principio crea la necesidad de conocer primero cuáles son los «poderes delegados», ya que, fuera de estos últimos, que deben ser expresos en la Constitución Nacional, se desenvuelve la autonomía provincial.

• A) Poderes delegados.

Está expresamente prohibido a las provincias (arts. 108 y 109):

— «Celebrar tratados parciales de carácter político». Con el fin de mantener la unidad de la soberanía de la Nación, esta cláusula prohibe a las provincias formar «ligas», firmar pactos o alianzas interprovinciales o de una provincia con una potencia extranjera. Las relaciones exteriores y su manejo son un poder cedido a la Nación.

— «Expedir leyes sobre comercio o navegación interior o exterior».

— «Establecer aduanas provinciales».

— «Acuñar monedas ni establecer bancos con facultad de emitir billetes sin autorización del Congreso Federal».

— «Dictar los códigos civil, comercial, penal y de minería después que el Código los haya sancionado; ni dictar especialmente leyes sobre ciudadanía y naturalización, bancarrotas, falsificación de moneda o documentos del Estado».

— «Establecer derechos de tonelaje». Significa que no pueden las provincias fijar gravámenes a las embarcaciones por el derecho de entrar en puerto.

— «Armar buques de guerra o levantar ejércitos, salvo el caso de invasión exterior o de un peligro inminente que no admita dilación, dando cuenta luego al gobierno federal».

— «Nombrar o recibir agentes extranjeros». Tales atribuciones corresponden al Presidente de la Nación (art. 86, incisos 10 y 14).

— «Admitir nuevas órdenes religiosas». Facultad que el artículo 67, inciso 20, otorga al Congreso Nacional.

— «Declarar ni hacer la guerra a otra provincia». El artículo 109 determina que las quejas entre provincias se deben someter a la Corte Suprema para ser dirimidas por ella. Y agrega que hostilidades entre provincias «son actos de guerra civil, calificados de sedición o asonada que el gobierno federal debe sofocar y reprimir conforme a la ley»

• B) Poderes concurrentes. El artículo 107 dice que las provincias pueden promover: «su industria, la inmigración, la construcción de ferrocarriles y canales navegables, la colonización de tierras de propiedad provincial, la introducción y establecimiento de nuevas industrias, la importación de capitales extranjeros y la explotación de sus ríos por leyes protectoras de estos fines y con sus recursos propios».

La segunda parte del inciso 16 del artículo 67, relativo a las atribuciones del Congreso Nacional, enumera exactamente las mismas materias en el mismo orden e iguales términos. De la comparación de estos artículos surge el concepto de «poderes concurrentes», es decir que pueden ejercerlos tanto la Nación como las provincias.

La diferencia reside en que ¡a legislación nacional tenderá a la promoción de obras de interés general en todas las provincias, mientras cada una de éstas promueve su propio adelanto, coloniza sus tierras y emplea recursos propios. En este punto la Constitución contempla sabiamente una fórmula de equilibrio: las provincias pueden ejercer su autonomía, pero cuando las obras necesarias son de tal envergadura que superan sus posibilidades de financiación propia, la acción del Estado central puede coadyuvar o reemplazar a la provincial sin mella del principio federal.

En el mismo sentido las provincias pueden celebrar tratados parciales para fines de administración de justicia, de intereses económicos y trabajos de utilidad común, con conocimiento del Congreso Federal (art. 107, la. parte).

• C) Poderes no delegados. Veremos ahora los poderes que son propios y exclusivos de las provincias. El artículo 105 expresa que las provincias «se dan sus propias instituciones locales y se rigen por ellas. Eligen sus gobernadores, sus legisladores y demás funcionarios de provincia, sin intervención del Gobierno Federal».

Esto significa:
— Las leyes provinciales se ajustan al régimen de elaboración, aplicación y contralor que la respectiva Constitución provincial determina.

— Dichas leyes serán las necesarias al ejercicio de la Constitución respectiva y al funcionamiento de las instituciones locales.

— La forma de sufragio para la elección de autoridades locales será la que cada provincia estatuya por sus leyes electorales.

— Los comicios se verificarán sin intervención del gobierno central.

— La designación de funcionarios de los organismos de gobierno locales es independiente de la injerencia del poder central.

Por su parte el artículo 5o determina que el régimen municipal, la administración de justicia y la educación primaria pertenencen al ámbito de la autonomía provincial y deben ser asegurados en sus respectivas constituciones.

El ejercicio del federalismo depende en forma esencial de que cada provincia pueda procurarse recursos propios adecuados. En este aspecto también el «tesoro de provincia» se compone de todos los recursos no delegados al tesoro de la Nación.

La integridad territorial de las provincias está garantizada en la segunda parte del artículo 13, que establece: «no podrá erigirse una provincia en el territorio de otra u otras, ni de varias formarse una sola, sin el consentimiento de las legislaturas de las provincias interesadas y del Congreso».

Reiteremos que la esfera de poderes de las provincias, fuera de las delegaciones expresas, no se reduce a su vez a la enumeración constitucional, sino que es ilimitada.

Por otra parte, el artículo 110 de la Constitución Nacional establece: «Los gobernadores de provincia son agentes naturales del gobierno federal para hacer cumplir la Constitución y las leyes de la Nación».

La primera parte del artículo, interpretada literalmente, puede llevar a la errónea creencia de que los gobernadores son subordinados que deben acatar órdenes del Gobierno Central. Por el contrario, el verdadero sentido del artículo es que los gobernadores, como jefes del Ejecutivo de su provincia respectiva, son los encargados de velar por el acatamiento y cumplimiento de la Constitución y leyes nacionales, y en esto representan al Gobierno de la Nación.

• La intervención del Gobierno Federal en las provincias

La «intervención» es un medio excepcional de hacer efectiva la garantía del Gobierno Federal al ejercicio normal de las instituciones provinciales, cuando circunstancias graves las ponen en peligro. Está prevista en el artículo 6º :

«El Gobierno Federal interviene en el territorio de las provincias para garantir la forma republicana de gobierno o repeler invasiones exteriores, y a requisición de sus autoridades constituidas para sostenerlas o restablecerlas si hubiesen sido depuestas por la sedición o por invasión de otra provincia».

A) Poder que la dispone. Según el artículo 6o, el Poder que dispone la intervención es el «Gobierno Federal». Debe entenderse que se trata de los dos Poderes políticos nacionales: Legislativo y Ejecutivo, pues el Judicial ejerce una «intervención permanente» en su tarea de velar por el imperio de la Constitución Nacional.

A este respecto la jurisprudencia de la Corte Suprema ha establecido: «La intervención nacional, en todos los casos en que la Constitución la permite o prescribe, es un acto político por su naturaleza, cuya verificación corresponde exclusivamente a los poderes políticos en la Nación; y éstos son el Congreso y el Poder Ejecutivo, sin ninguna participación del Judicial».

Si bien la Constitución Nacional no fija a que rama del Gobierno Federal compete disponer la intervención, la doctrina concuerda en que es primordialmente el Legislativo quien debe hacerlo, mediante una ley especial. Durante el receso de las Cámaras el Ejecutivo puede llamar a sesiones extraordinarias al efecto. Sólo en caso de suma urgencia puede admitirse que el Ejecutivo tome exclusiva iniciativa en esta materia.

B) Casos en que procede. De acuerdo con la redacción del artículo 6o debe entenderse que el Gobierno Federal tiene la facultad de intervenir por propia iniciativa solamente para «garantir la forma republicana de gobierno» (por ejemplo: una provincia en la que se haya suprimido la periodicidad de los mandatos) o para «repeler invasiones exteriores». Obrará en cambio a requisición de las autoridades constituidas cuando éstas se hallen en peligro o hayan sido depuestas por sedición o por invasión de otra provincia.

En este último caso podría ocurrir que la intervención no pudiese ser requerida por imposibilidad material. La comisión examinadora de 1860 ha opinado al respecto que «el hecho público incontrovertible de haber sido derrocadas las autoridades en una provincia explica la causa y suple el silencio de aquéllas, entendiéndose requerido el auxilio nacional».

Son «autoridades constituidas» las electas, en ejercicio del poder, de acuerdo con las leyes de la provincia respectiva y la Constitución Nacional. La «sedición», definida como delito por el artículo 22 de la misma, puede ser cometida por grupos que a nombre del pueblo abusen del derecho de peticionar y usurpen funciones de gobierno.

La «invasión de otra provincia» puede consistir en que grupos de individuos provenientes de una provincia procuren el derrocamiento de las autoridades constituidas de otra, o bien, entrando ya en lo previsto por el artículo 109, que una provincia como entidad política ataque a la vecina, cometiéndose «actos de guerra civil», que el gobierno de la Nación «debe sofocar y reprimir conforme a la ley».

LECTURA COMPLEMENTARIA:
RELACIÓN DE PODERES NACIONAL Y PROVINCIALES: La regla que deslinda lo provincial de lo nacional, en materia de gobierno, es la siguiente: las provincias conservan todos los poderes inherentes a la soberanía del pueblo de su territorio, excepto los poderes delegados expresamente al gobierno general.

La esfera del gobierno general sólo comprende un número determinado de cosas, que son las que interesan al bien común de las provincias. Mientras que los gobiernos provinciales conservan bajo su acción inmediata todos los intereses locales de su provincia respectiva, ‘la administración de justicia en asuntos civiles y criminales, que afecta a la propiedad, a la vida, al honor, a la libertad de los ciudadanos, la legislación local y el gobierno inmediato de su pueblo.

Menos numerosos que lo que parecen a primera vista, los poderes del gobierno general se refieren principalmente a objetos exteriores, tales como la paz, la guerra, los tratados con las naciones extranjeras, las aduanas y el comercio exterior. En lo interior, se reducen a muy pocos los intereses sobre que versan, y los más de ellos pueden referirse al comercio interior y sus accesorios, que son las aduanas, la posta, la moneda; y a la seguridad interna, cuyo objeto abraza las contribuciones, el crédito y el ejército, como medios auxiliares para hacerla efectiva.

Si, como se dice a menudo, el poder municipal es el alma del progreso interior del país, con cuánto mayor razón no se dirá eso del poner provincial, cuya esfera es tan rica y dilatada. La instrucción primaria, la inmigración, la colonización de las tierras desiertas, la plantificaron de nuevas ciudades, la introducción y fomento de nuevas industrias, la construcción de puentes y caminos públicos y vecinales, las seguridades dadas a la persona, a la propiedad, a la libertad de conciencia y de opiniones, la hospitalidad legislativa dada al extranjero, son otros tantos medios maravillosos de progreso y de gobierno, que quedan reservados a los gobiernos de provincias.

Mientras la provincia por su parte mueve esos resortes, la República por la suya pone en acción los grandes medios de la política exterior, y ambas acordes empujan al país hacia su prosperidad de un modo completo, es decir, en sus pormenores y en su conjunto. Tales son los beneficios del sistema de gobierno consolidado y multíplice a la vez. Sin consolidación, sin unidad nacional, no hay fuerza exterior, no hay orden interior, no hay progreso, porque no hay unión y consolidación de fuerzas y medios, para mantener la independencia, la paz interna y el progreso del país. Sin multiplicidad, sin independencia, no hay vida, no hay espontaneidad, no hay libre desarrollo en las poblaciones. Multitud -ha dicho Pascal- que no se reduce a la unidad, es confusión; unidad que no depende de la multitud, es tiranía.

Sería incurrir en un grande y capital error el creer que las provincias se desprenden o enajenan el poder que delegan en el gobierno nacional. No abandonan un ápice de su poder en esa delegación. En una parte de él abandonan una manera local de ejercerlo, en cambio de otra manera nacional de ejercer ese mismo poder, que parecen abandonar y que en realidad toman. El gobierno nacional no es un gobierno independiente de las provincias: es elegido, creado y costeado por las provincias mismas. Les pertenece del mismo modo que sus gobiernos locales; con la sola diferencia que, en vez de pertenecer a cada una aisladamente, pertenece a todas ellas reunidas en cuerpo de nación.

n vez de tener representantes sólo en la legislatura de su provincia, los tienen también en el Congreso nacional; en vez de elegir gobernador, eligen gobernador para la provincia y presidente para la República. Uno y otro gobierno son hechuras del pueblo de cada provincia; en ambos delegan su soberanía, por conducto del uno gobiernan en su suelo, y por conducto del otro en toda la República. El gobierno nacional es un mecanismo por el cual los riojanos, v. g., gobiernan en Buenos Aires, y viceversa. Delegando poderes, las provincias no hacen más que aumentar su poder.

Juan Bautista Alberdi: «Derecho Público Provincial Argentino».

Fuente Consultada:
Educación Cívica Para 1º Año Editorial Plus Ultra Delfino-Gonzalez-Tejerina

Glosario de Terminos Politicos Conceptos Basicos y Ejemplos

Glosario de Términos Políticos
Conceptos Básicos de Política con Ejemplos

ACTIVISMO: Es la agitación desarrollada en los ámbitos políticos, gremial o estudiantil. Dicho de otra forma, la militancia permanente, la actividad constante en esos sectores de la sociedad. Tiene como finalidad primordial impulsar las movilizaciones, paros o huelgas a través de los cuales se desean obtener ciertos logros, a veces meramente económicos y otras veces políticos. Se desarrolla, sobre todo, en determinados ámbitos, como en la calle, los lugares de trabajo o de estudio, desde donde a veces fluyen y se proyectan sobre todo el conjunto social.

Es común relacionar al activismo exclusivamente con los sectores de la izquierda; sin embargo, existe también un activismo de derecha que no pocas veces deriva en un terrorismo de ese signo. Porque el activismo es una práctica impulsada por quienes han alcanzado un mayor grado de compromiso político y esa conciencia desarrollada no es privativa de un sector. El activismo es practicado sobre todo por los jóvenes y por quienes, entre ellos, se están formando como dirigentes.

AUTONOMÍA UNIVERSITARIA: Se trata de la postestad ejercida por la Universidad, entendida como corporación de profesores y alumnos, en relación con los poderes del Estado. La autonomía tiene dimensiones administrativas, financieras y académicas y se apoya en organismos, normas y prácticas particulares. En un sentido más estricto, el concepto implica capacidad de autogobierno; limitada únicamente por la inserción de la Universidad en el sistema sociopolítico.

El ámbito y la legitimidad de la autonomía universitaria han variado a través del tiempo. En la Argentina, la capacidad de autogobierno fue siempre relativa y se afirmó paulatinamente a través de las movilizaciones estudiantiles. El Manifiesto de la Juventud Argentina de Córdoba a los Hombres Libres de Sudamérica (21 de junio de 1918) marcó un hito en ese sentido.

Estas luchas universitarias llevaron a que el concepto de autonomía se confundiera con el de Reforma, de modo que vino a significar la democratización de la enseñanza, la representación estudiantil en la administración de la Universidad —cogobierno tripartito de alumnos, profesores y egresados— y la adhesión a aquellas orientaciones encaminadas al cambio social.

La capacidad para nombrar personal docente y administrativo, el poder de seleccionar del estudiantado, la libre formulación de planes de estudio, la potestad de manejar sus fondos, son algunos de los derechos que la autonomía otorga a la Universidad. (Ver: Reforma Universitaria en Argentina)

BIG STICK (Política del): A principios de este siglo, los Estados Unidos van perfilando un incipiente poderío mundial. Su comercio y sus inversiones se multiplican, ‘sobre todo en Latinoamérica. Esa expansión económica se refleja en la política exterior del gobierno, agresiva y destinada a ampliar mercados, y a preservar los ya adquiridos. Diplomacia y fuerza fueron los caminos elegidos para lograr esos fines.

En ese marco debe ubicarse la frase del presidente Theodore Roosevelt, que en 1901 definió meridianamente esa política exterior y sirvió para denominar, al misno tiempo, todo un estilo de conducta internacional: «Hablad suavemente, pero tened siempre listo un gran garrote (big stick, en inglés), y así iréis lejos». Este concepto se complementaba, en la práctica, con otro no menos agresivo: la llamada Teoría del Destino Manifiesto, según la cual el pueblo norteamericano había sido elegido por Dios para construir una sociedad modelo, cuyas pautas —junto con las instituciones republicanas y la fe protestante— debían ser expandidas a todo el continente americano.

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Política del «Gran Garrote» de Roosevelt

BOGOTAZO: El 9 de abril de 1948 fue asesinado en Bogotá, capital de Colombia, el Dr. Jorge Eliecer Gaitán, jefe del. partido liberal de oposición. El agresor, arrebatado de manos de la policía por los seguidores del político muerto, verdadero caudillo popular, fue linchado.

Esa violenta reacción siguió desarrollándose inmediatamente y Bogotá se conmovió: durante tres días, miles de personas —especialmetne obreros y estudiantes— recorrieron las calles, asaltaron el Palacio del Capkolio (donde estaba reunida la Conferencia Panamericana), declararon la huelga general, dañaron gran cantidad de edificios en su lucha contra las fuerzas gubernamentales, tomaron radioemisoras y desde ellas propiciaron un levantamiento general. Cuando los focos de resistencia fueron totalmente reducidos, los muertos llegaban a más de trescientos.

Para algunas opiniones, oficialistas sobre todo, esos violentos acontecimientos —que la historia recuerda con el nombre de Bogotazo— obedecieron a una conjura de signo comunista. Muchos otros, en cambio, buscan explicaciones sociales para el fenómeno: Gaitán había captado los anhelos populares, los habian cohesionado y su candidatura significaba la esperanza de una transformación concreta e inmediata. Su muerte, al echar por tierra esa espectativa, fue la desencadenante de la violencia de los sectores que se frustraban.

BURGUESÍA NACIONAL: Cuando en 1930 entra en crisis el sistema de «división internacional del trabajo», se genera las condiciones para el desarrollo, mayor o menor según los casos de actividades manufactureras dedicadas a los mercados internos de los diferentes países y destinadas a sustituir los bienes que en la etapa anterior de desarrollo se adquirían a través de las importaciones.

Los sectores industriales nacionales que encarnan esa producción comienzan a ser identificados como la burgesía nacional, para distinguirlos de los viejos terratenientes exportadores. Para ciertos teóricos e ideólogos del desarrollo, la burguesía nacional aparece si se alia con el proletariado industrial urbano. Como el sector que debe liderar el proceso de progreso y de independencia económica de la Nación, sobre todo otros, por el contrario, sostienen que las burguesías nacionales tienden a asociarse con los capitales extranjeros y que, de esa forma, renuncian al papel de líderes del desarrollo económico de sus respectivos países.

En la actualidad, con el afianzamiento en el ámbito de las economías latinoamericanas del capital monopólico —que habitualmente se auna con la gran burguesía industrial—, el término burguesía nacional aparece referido más bien a la mediana y pequeña empresa. (Ver: Economía en Argentina)

CAUDILLO: La acepción corriente de esta palabra, de acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española, es la siguiente: «El que, como cabeza, guía y manda la gente de guerra». Políticamente, sin embargo, debe ampliarse esa definición: el liderazgo no se pone de manifiesto sólo en la batalla, sino que se continúa ejerciendo en las instancias de la vida civil y de la puja electoral.

El caudillo posee calidades personales que explican el poder carismático que posee ante sus seguidores, a los cuales interpreta y representa. Mezclando el paterna-lismo con las actitudes y decisiones de corte netamente autoritario, instituye todo un estilo político: el caudillismo. Un estilo que gira alrededor de la persona, que implica una admiración fanática de parte de «su gente», que crea un sistema de relaciones personales y sociales muy difíciles de transferir a pretendidos sucesores en caso de acaecer la desaparición del líder.

Caudillo y caudillismo suponen una forma de política muy tradicional. El mayor control ejercido, paso a paso, por parte de las autoridades constitucionales, terminó con el caudillaje clásico, político-militar generalmente. Sin embargo, por extensión, aún hoy se aplica ese calificativo a todo aquel que ejerce un especial ascendente, con mucho de sentimental y temperamental, sobre sus seguidores. (Ver: Los Caudillos en Argentina)

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CEPALISMO: Consiste en la interpretación del desarrollo económico y social latinoamericano en el marco de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), un organismo regional de las Naciones Unidas. Sus bases fueron asentadas por el economista Raúl Prebisch, hacia el final de los años cuarenta.

El pensamiento de la CEPAL subraya la injusticia de la dinámica de ias transacciones económicas y financieras que se verifican entre las naciones desarrolladas y las sub-desarrolladas. En primer lugar, porque los productos primarios, ofrecidos por estas últimas, encuentran, del otro lado, una demanda muy débil. En segundo lugar, por el continuo incremento de los precios de los productos manufacturados que ofrecen los países desarrollados.

Para solucionar ese desequilibrio, el cepalismo propone: el cambio de las estructuras económicas del sector agrícola-rural; la multiplicación de las oportunidades y niveles de empleo; el estímulo y diversificación de las exportaciones; la cooperación financiera internacional; por último, la fusión de los mercados nacionales en entidades regionales, como fue la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio.

CORDOBAZO: A partir del llamado «Bogotazo», fue común aplicar el sufijo «azo» al nombre de las ciudades en las cuales se produjeran levantamientos populares, similares al ocurrido en la capital de Colombia en 1948. Y justamente esas características revistieron los acontecimientos que se desencaderon en Córdoba a partir del 29 de mayo de 1969.

movilizacion en cordoba el cordobazo

En efecto, para ese día la CGT (Regional Córdoba) dispuso un «paro general activo», unánimemente apoyado por los sindicatos y por los estudiantes de la Universidad Nacional. Las reivindicaciones salariales, el repudio a la política económica vigente, la solidaridad con los presos políticos y la condena global al gobierno del general Juan C. Onganía —que años antes había derrocado al presidente constitucional Arturo Illia— constituían la plataforma del movimiento.

La muerte de un manifestante provocó reacciones en cadena, imprevisibles hasta ese momento: quemas, francotiradores y una violenta represión por parte del Ejército y la Fuerza Aérea —que demoraron dos días’ en retomar el sector del Hospital Universitario— fueron los hechos más graves de una violencia, por otra parte, ininterrumpida. Luego de tres días y tres noches de tiroteos, incendios, cortes de energía eléctrica y de agua corriente, renació la calma. El precio fue muy alto: los partes oficiales consignaron 16 muertos (todos civiles) y daños estimados en 20 millones de dólares. (Ver: El Cordobazo)

DETERIORO DE LOS TÉRMINOS DE INTERCAMBIO: La relación de los términos del intercambio es un indicador del comercio exterior que se calcula como el cociente entre el índice de precios de las exportaciones y el índice de precios de las importaciones, referidos ambos a un mismo año de base. Ese cociente resulta en las últimas décadas sistemáticamente negativo para los países subdesarrolla-dos y, por ende, para sus expectativas de progreso.

Los centros mundiales desarrollados, poseedores de la tecnología, se imponen a las economías rezagadas, típicas del sub-desarrollo. Un desigual crecimiento de la productividad pasa a ser, entonces, la constante y a ello debe agregarse una creciente diferenciación de los niveles de ingreso entre unos y otros, favorable, desde ya, a los más poderosos.

En ese contexto se verifica el deterioro de los términos de intercambio de los países subdesarrollados, cuyo poder de compra de bienes manufacturados decae constantemente. De esa manera, se ensancha la brecha económica que separa a los llamados países pobres de los países ricos o altamente industrializados.

DRENAJE DE CEREBROS: Esta denominación, que se refiere a una importante migración internacional de personas con alta calificación educacional, proviene del inglés «brain-drain». Por cerebros o talentos se entiende; Según ella, a individuos que poseen una formación intelectual y profesional muy amplias, tales como científicos de las ciencias sociales y físico-matemáticos, universitarios graduados en humanidades, profesionales de nivel terciario y artistas destacados.

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La decisión de emigrar surge de la comparación que el migrante potencial realiza entre las condiciones que lo rodean en su país de origen y las que se le ofrecen en el país elegido. Diferencias de ingreso, mayor apoyo para el trabajo que pretende realizar, mayor reconocimiento social a la especialidad de que se trate, posibilidades de libertad académica, respeto a su posición política ideológica y a su posibilidad de disenso, suelen ser los factores que más pesan sobre el ánimo de muchos de quienes, aun a regañadientes, se deciden a abandonar su patria.

Recibidos ávidamente por los países líderes mundiales, especialmente los Estados Unidos, estos «cerebros», cuyos aportes son rápidamente incorporados a la estructura productiva o académica se convierten en apoyos importantes para la creación de las nuevas tecnologías que aumentan el dominio de los países centrales.

MESIANISMO: El término mesianismo tiene orígenes religiosos. Se emplea, en sentido estricto, para designar dos hechos sociales diferentes: la creencia en la venida de un enviado divino que traerá a los hombres la justicia, la paz, condiciones felices de existencia; y la acción de todo un grupo, obediente de las órdenes del guía sagrado, para instaurar en la tierra el estado de felicidad soñado.

Por extensión, suele aplicarse a las actitudes políticas que adoptan ciertos grupos que se consideran elegidos también, si no para salvar almas, al menos para salvar el orden y las instituciones de la sociedad, toda vez que —según lo que ellos entienden— éstos se ven amenazados. El militar es uno de esos grupos.

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Ejemplo en Venezuela: Maduro se cree el salvador único de la patria

Basta con leer la profusa literatura conformada por bandos, declaraciones y manifiestos dirigidos a la opinión pública, por los cuales se intenta cada vez justificar las interrupciones de la vida constitucional, para darse cuenta del grado en que ha enraizado en algunos sectores de las fuerzas armadas esa creencia de que ellas son las elegidas «para salvar la Patria».

MIGRACIONES :Emigrar es trasladar el domicilio de un país a otro —o de una región a otra de un mismo país— a veces temporalmente y otras veces por un tiempo ilimitado. Las migraciones forman casi la vida misma de América latina. Desde mediados del siglo XIX y hasta bastante avanzado el XX ha recibido una importante afluencia de europeos que, por motivaciones políticas o económicas, decidían radicarse en estas tierras. Sin embargo, a partir de esa fecha la situación se transformó fundamentalmente.

El estancamiento de la gran mayoría de los países de la región, su inestabilidad social, la profusión de regímenes militares dictatoriales que se encaramaron en el poder, interrumpieron el interés de reubicarse en estos países: había llegado el momento en que era a los latinoamericanos a quienes les correspondía emigrar.

Los países más pauperizados —Uruguay, Bolivia, Paraguay— fueron quienes más experimentaron el fenómeno del éxodo de importantes capas medias y bajas de su sociedad. Los sectores intelectuales —tentados por condiciones económicas más satisfactorias o acorralados por la represión— se sumaron, por su parte, al «drenaje de cerebros» que practican los países más desarrollados.

Paralelamente a estas migraciones hacia fuera de fronteras, se propuso internamente otra, desde un campo desatendido a ciudades mal preparadas para recibir a los que arribaban, que terminaron ubicándose en los llamados «cinturones de miseria», que rodean a las grandes urbes.

MILITANCIA: El concepto de militancia puede ser definido como la culminación de un proceso progresivo en el que pueden distinguirse diversas etapas: a) el conocimiento de una realidad a modificar; b) una síntesis conceptual en la cual se elabora un plan estratégico, ya sea por un partido, una dirección de masas o una decisión individual; c) la actividad de transformación en sí misma, individual o colectiva. Esta última, en su forma ideal, es una práctica con alto grado de utopía, desvinculada de las gratificaciones —ingresos, prestigio, etc, — a las que está sujeta cualquier otra actividad social.

Las dos formas que principalmente suele revestir la militancia son la religiosa y la política: nos interesa referirnos, más que nada a la segunda. La militancia política implica una participación social que reconoce varios grados de compromiso.

Exige, siempre una cuota no exigua de sacrificio al que la practica y su mayor o menor intensidad dependen del desarrollo de la conciencia política del militante. Este último sufrirá a través de su experiencia, un verdadero proceso formativo, a través del cual irá pasando del ímpetu propio de las bases a las actitudes más analíticas, características de los dirigentes.

MILITARISMO: Este concepto, en su sentido más amplio, puede ser definido como una actitud hacia los asuntos públicos que concibe a la guerra y a la preparación para la guerra como los elementos principales de la política exterior y la forma superior del servicio público. Pero, además, como en toda Nación la casta militar está inexplicablemente unida con la clase social que controla los asuntos públicos, ese acostumbramien-to —y deseo— de «administrar» a otros hombres, como si fueran instrumentos o inferiores, se vuelve cada vez más fuerte.

De esa forma, es que cambian de punto de referencia los enfoques del militarismo: en efecto, aquella primitiva finalidad de atacar a «enemigos» o extranjeros se transforma en una tendencia a controlar a los propios conciudadanos. Y la estructura militar autoritaria sirve . exactamente para canalizar esos deseos de dominio.

En América latina, esas fueron las características del militarismo. Frente a la versión europea de un militarismo expansionista y agresivo en lo exterior, ella opuso un militarismo cuyo horizonte no se extienda más allá del territorio nacional. La agudización de los conflictos sociales, que los pueblos tienden a solucionar mediante procesos de transformación, justifica, a los ojos de los militaristas, su intervención que casi siempre es de signo represivo. (Ver: Militarismo en la Política)

MISERIA: En sociología suele definirse la miseria como la escasez extrema de algo, de alimentos en particular, presente en gran escala en una sociedad determinada. Se trataría, entonces, de una pobreza extrema, bajo la cual se desarrolla la existencia de una persona, de todo un grupo, y hasta de una clase social. Suele caracterizarse a la miseria y a quienes la padecen mediante una serie de connotaciones: trabajo no especializado, muy bajo poder adquisitivo, frecuentes cambios de empleo, desocupación crónica o empleo esporádico. (Ver: Hambre Mundial)

hambre en africa

PANAMERICANISMO: La Real Academia española define al panamericano como «la tendencia a fomentar las relaciones de todo orden entre los países del hemisferio occidental, principalmente entre los Estados Unidos de América y los países sudamericanos». Más allá de esta definición, sin embargo, un importante tinte político recubre el concepto.

En efecto, desde el punto de vista de muchos líderes latinoamericanos, el panamericanismo es, más bien, el esfuerzo de determinados sectores de los Estados Unidos por crear un conjunto de valores que justifiquen acciones que, a la larga, sean beneficiosas únicamente para los intereses económicos y militares norteamericanos. La reciente guerra de las Malvinas demostró fehacientemente la reticencia —y posterior negativa— manifestada por los Estados Unidos para cumplir los compromisos de un tratado militar típicamente panamericano.

Se ha querido fijar a la convocatoria del Congreso de Panamá (1826) por parte de Simón Bolívar como el origen de las ideas panamericanas. Sin embargo, el  ideal propuesto por el Libertador era el de un verdadero latinoamericanismo y difería básicamente del sistema panamericano dentro del cual, inevitablemente, la subordinación al poderoso vecino es un hecho.

PLURALISMO IDEOLÓGICO: Es te concepto define uno de los principios básicos sobre los cuales sustenta su existencia la llamada democracia representativa. Según él, en el seno de una sociedad deben coexistir diferentes ideologías, diferentes interpretaciones políticas de la realidad, de cuya puja democrática, con arreglo a las leyes de cada Estado, irá surgiendo el propio desarrollo de esa sociedad y la forma de administrarla. Los diferentes partidos políticos son, dentro de ese esquema, los llamados a expresar las distintas ideologías.

Trasladada al campo internacional, esta doctrina encuentra su fundamento inmediato en los principios de autodeterminación de los pueblos («Cada Nación puede adoptar soberanamente la forma de gobierno que más crea conveniente…») y de no intervención —que prohibe la intervención de otros Estados en las decisiones y en el territorio de un Estado soberano—, reconocidos mundialmen-te aunque no siempre respetados. Indudablemente, la admisión del pluralismo ideológico debe ser un presupuesto del sistema de relaciones entre los Estados.

POLÍTICA DE POBLACIÓN: Se denomina así al conjunto de medidas encauzadas a modificar el estado de una población de acuerdo con intereses sociales determinados. Las políticas de la población no pueden formularse ni ponerse en práctica aisladamente y, al contrario, siempre deben ser pensadas como parte de una estrategia de desarrollo global en la cual estén también contempladas y especificadas otras políticas, de tipo económico, social, político y cultural.

Una política de población, por último; comprende medidas de índole diversa las cuales, en su conjunto, conducen a la modificación deseada del estado de la población a la cual se refieren. Sólo los gobiernos están en condiciones de impulsar ese tipo de medidas y de la mayor o menor sensibilidad ofir cial dependerán los enfoques asignados a esas políticas y ei éxito o el fracaso de las mismas.

RADICALISMO LATINOAMERICANO: Los sociólogos europeos y norteamericanos suelen definir al radicalismo como «un conjunto de ideas y doctrinas de los que pretenden reformar total o parcialmente el orden político, científico, moral y aun religioso«. Sin embargo, aplicado a los movimientos políticos de América latina, debe más bien entenderse por radicalismo a una corriente político-electoral de centro-izquierda, especialmente apoyada por las clases medias urbanas.

Este tipo de partidos que se desarrollaron particularmente en Chile, la Argentina y Uruguay a fines del siglo XIX, alcanzaron su plenitud antes de la crisis económica mundial de 1929 y entraron en decadencia en la última posguerra. En Chile, el Partido Radical fue fundado por ex integrantes del Partido Liberal. En Uruguay, la publicación en 1873 de la revista La bandera radical marca el inicio de esa tendencia para los orientales. En la Argentina, el radicalismo se inicia públicamente en 1891.

Debe notarse que los autores ingleses y norteamericanos usan la palabra radical en otro sentido, para referirse a posiciones de izquierda o aun de extrema izquierda.

REFORMA UNIVERSITARIA: Fue gestada en la Argentina, en la Universidad de Córdoba, hacia 1918. En esa época, dicha casa de estudios, como todas las restantes, estaba regida por un Consejo Académico Vitalicio, sin representatividad ni jerarquía pero profundamente ultramontano en su ideología y en sus métodos.

La resistencia a su política fue impulsada por un movimiento estudiantil impregnado por las nuevas ideas de libertad que se expandían desde Europa, aprovechando además, la actitud amistosa del presidente Yrigoyen, propiciador en todos los campos del debilitamiento de los sectores oligárquicos, quienes dominaban también el mundo de la cultura.

Después de clausuras y de violencias, los estudiantes comprendieron el inevitable entronque de lo universitario y lo político. El «Manifiesto Liminar» del Movimiento Reformista así lo refleja, y su influencia en el resto del movimiento universitario latinoamericano y mundial fue innegable.

La Reforma Universitaria consagró varios principios, que tuvieron que ver directamente con la democratización de la enseñanza: autonomía universitaria, cogobierno estudiantil, libertad de cátedra y extensión universitaria, entre otros. Intimamente vinculada a los procesos libertarios de nuestra sociedad, no hubo autoritarismo que no haya pretendido arrasarla. (Ver: Reforma de 1918)

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REPRESIÓN: Para los sociólogos, es «la acción de contener, refrenar o moderar». Está siempre presente en el Derecho, en cualquiera de sus manifestaciones, en tanto, el orden jurídico debe utilizarla para preservar y conservar el orden público y las bases de la sociedad, de la cual él constituye su columna vertebral.

Existen varias categorías de represión: represión legal, es decir las leyes penales, represión psicológica, represión religiosa. Para Latinoamérica, sin embargo, la que reviste mayor importancia es la represión política. En ese marco, es normal que los gobiernos autoritarios recurran a métodos represivos para desalentar intentos reivindicativos de índole popular.

En ese sentido, es importante recordar lo expresado por Guillermo Cabanellas en el Diccionario de Derecho Usual: «…es el modo especial y más o menos violento de contener el descontento o la rebeldía, de oponerse a las alteraciones del orden público, desde una protesta verbal o gritería hasta una rebelión. La autoridad, sin ceder en sus atribuciones, sin excederse de sus derechos, debe reprimirse al reprimir, porque donde acaba la justicia concluye la represión y empieza un delito gravísimo: la persecución por el poder público». (Ver: Terrorismo de Estado)

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SINDICALISMO: Los trabajadores, se organizan sindicalmente para defender sus intereses laborales. El sindicato es el instrumento a través del cual pueden acceder a las reivindicaciones que se plantean. En América latina, estas organizaciones surgen por primera vez a fines del siglo XIX, por influencia de los inmigrantes.

Paulatinamente, esos primeros nucleamientos —fuertemente influenciados por doctrinas anarquistas y socialistas—, fueron transformando su accionar. En efecto, las primitivas «sociedades de resistencia», propiciadoras de métodos violentos y fuertemente reprimidas por los poseedores del poder, se fueron convirtiendo en sindicatos más o menos fuertes y, en no pocas oportunidades, en poderosas confederaciones o centrales obreras, que devinieron en verdadero fundamento de muchos regímenes políticos.

Sabedores de la importancia del sindicalismo, los autoritarismos buscan casi siempre maniatarlo, por la fuerza algunas veces o fomentando la corrupción de los dirigentes otras. Los sectores más reaccionarios de las patronales, por su parte, suelen trabar la organización sindical. Esa actitud se vuelve más clara, por ejemplo, en el caso de los intentos de organización sindical de los estratos campesinos. (Ver: Sindicalismo)

SOCIALISMO NACIONAL: Este término sirve para denominar varias corrientes ideológicas que combinan, con distintas modificaciones, ideas socialistas y nacionalistas. Para el socialismo, esa combinación significa abandonar parte de su ideario internacionalista. El nacionalismo, por su parte, debe eliminar los componentes aristocratizantes y conservadores que muchas veces lo acompañan.

El socialismo nacional latinoamericano se vincula con otras corrientes similares: izquierda nacional, nacionalismo de izquierda, patriotismo revolucionario y ciertas formas de populismo. Sus sostenedores hacen hincapié en conceptos tales corno lucha nacional y antiimperialismo, al mismo tiempo que defienden la formación de amplios frentes políticos nacionales.

Así lo demuestran, por lo menos, el «socialismo indoamericano» de los años 20 impulsado por el peruano José Carlos Mariáteui, la Alianza Popular Revolucionaria (APRA, en el Perú), el gobierno de Lázaro Cárdenas en México, el de Jacobo Arbenz en Guatemala, entre otros. Y, en su versión más nacionalista, el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR, Bolivia), la Alianza Nacional Popular (ANAPO, Colombia) y el Partido Revolucionario Febrerista (Paraguay). Para algunos, en la Argentina esta tendencia estaría representada por el Frente de Izquierda Popular (FIP) y por algunos sectores de izquierda del peronismo.

SUBDESARROLLO: Esta noción sirve para denominar una sociedad atrasada con relación a los países avanzados. Dicho atraso presupone la existencia de estructuras económicas y sociales donde predominan o son muy importantes los elementos precapitalistas, las que provocan un desequilibrio social y económico.

Varias son las características sociales y económicas que se tienen en cuenta para caracterizar al subdesarrollo: situación global de atraso y ausencia de modernización; predominio de la producción agrícola, orientada generalmente al monocultivo; poco desarrollo industrial; permanencia de sectores de autosubsistencia; falta de integración global del mercado; ausencia de planificación y uso irracional de los recursos; bajo nivel de ingresos y gran concentración de los mismos; economía dirigida a la exportado n; estructura política donde se pone de manifiesto una amplia influencia de los sectores oligárquicos; desequilibrio entre incremento demográfico y económico, con amplia supremacía del primero; desequilibrio social, miseria y malas condiciones de vida.

Las sociedades desarrolladas no pueden salir por sí mismas de esas condiciones de atraso: para lograr esa meta, necesitan la difusión, en su seno, de los instrumentos y técnicas que manejan las sociedades desarrolladas. (Ver: Países Desarrollados y Sub desarrollados)

Resultado de imagen para historiaybiografias.com Paises Desarrollados y Sub desarrollados

SUBEMPLEO: El concepto de sub-empleo es complejo. Abarca simultáneamente los casos de duración insuficiente del empleo, los casos de la productividad insuficiente de las tareas y los casos en que ambas circunstancias se combinan. Se aplica generalmente para caracterizar los empleos precarios, que no disfrutan de estabilidad alguna, no se retribuyen con ingresos regulares y no permiten alentar perspectivas de progreso a quienes los desempeñan.

En América latina, los porcentajes de subempleo son altos. La duración del trabajo, en estos países que pertecen al mundo del subdesarrollo, es con frecuencia, y no por voluntad de los interesados, inferior a la normal. Al mismo tiempo, las tareas son remuneradas con ingresos muchas veces muy bajos. La combinación de ambos factores da como resultado la baja utilización de la capacidad o de las calificaciones de los trabajadores y la anulación, para los mismos, de todo tipo de incentivo para producir.

En las ciudades, la mayoría de la población de los suburbios miserables se integra con marginales que, desde el punto de vista del empleo, son desocupados o sub-empleados, que no es otra cosa que una forma encubierta de desocupación.

SUBIMPERIALISMO: Fenómeno político regional, cuya existencia requiere una serie de presupuestos económicos y políticos. En determinados países subdesarrollados, privilegiados en cierto sentido por sus grandes riquezas naturales o por la población, por ejemplo, se producen procesos económicos a través de los cuales el capital comienza a concentrarse en forma monopólica, la pequeña y mediana empresa va desapareciendo y los intereses extranjeros, a través de las empresas multinacionales hacen sentir su presencia.

El desarrollo de la producción exige la búsqueda de nuevos mercados, sobre todo regionales. El Estado —netamente autoritario— comienza a impulsar grandes obras infraestructurales. Se hipertrofia el aparato militar, policial y administrativo y se va desarrollando un ejército píetórico, equipado con cantidad de armamento moderno. La política exterior se vuelve expansiva, e incluye intervenciones «teóricas» o directamente militares en los países vecinos.

De esa manera va tomando forma un proyecto de hegemonía económica, política y militar regional, que se apoya en una asociación con los grandes centros económicos mundiales y en el enunciado de teorías geopoliticas que se basan en conceptos tales como los del espacio vital o la defensa de presuntos valores’ políticos, culturales y religiosos.

SUBVERSIÓN: El Diccionario de Sociología editado por Henry Pratt Fairchild (F.C.E., México, 1949) se refiere al término de la siguiente forma: «Movimientos políticos organizados o, con menos frecuencia, actos políticos individuales que los funcionarios y defensores del statu quo consideran hostiles a las instituciones existentes y tendientes a derrocarlas por medios ilegales. Se los considera actos delictuosos… Se aplica a las actividades comunistas y fascistas, aunque en menor grado a éstas». Las acciones subversivas devienen, muchas veces, en acciones terroristas, realizadas por pequeñísimos grupos minoritarios, que carecen de respaldo masivo.

Desde una dimensión moral, dos tesis se enfrentan cuando se habla de subversión. Por un lado, quienes la entienden como un hecho negativo, que pretende destruir las bases de la sociedad. Por otro, quienes la postulan como una acción positiva, tendiente a superar un orden social injusto y avalan, desde su óptica, a los movimientos de carácter urbano y rural.

Con respecto a los origen.es de la subversión, existen también dos posiciones que se oponen en cuanto a la determinación de sus causas: quienes hacen hincapié en la influencia de agentes y de ideologías externas, que la impulsan, y quienes prefieren encontrar su origen en la particular situación de injusticia social de ciertas sociedades, cuyos regímenes políticos dictatoriales no dejan a los sectores opositores otra salida que la subversión. (Ver: La Subversión en Argetina)

TERCERISMO: En sentido político, el tercerismo supone dos partes en litigio (la Unión Soviética y los Estados Unidos) y una tercera parte que afirma el derecho propio y la legítima pretensión de no ser perjudicados por un conflicto del que no son sino simples piezas del tablero.

En América latina, sus primeros usos parecen darse en el Río de la Plata y según el sociólogo uruguayo Arturo Ardao sus fuentes de inspiración pueden encontrase en las ideas del ex vicepresidente norteamericano Henry Wallace y en el político francés León Blum, que hablaba de un «tercer estado» o de un «tercer camino» distinto del que marcan las superpotencias.

Antes que nada, el tercerismo es una toma de posición independiente en materia de política internacional. Se adhiere a la idea de una sociedad verdaderamente democrática. La afirmación del neutralismo y del antiimperialismo son sus características descollantes. Recalca la afirmación de la prioridad de los intereses nacionales y en el orden interno propicia evitar los empréstitos extranjeros, acrecentar la producción y fomentar todo tipo de acuerdo regional.

TERCERMUNDISMO: En un primer sentido, este término engloba a aquellos  países de África, Asia y América latina qué han sido afectados sólo marginalmente por un verdadero desarrollo industrial. En un segundo sentido, connota una posición política como la Tercera Posición, sustentada por el peronismo en la Argentina. La Conferencia de Bandung, en 1955, fue el primer evento internacional donde ese enfoque hizo su aparición. En rigor, tercerismo y tercer-mundismo apenas se diferencian.

Varios son los grupos de nuestro país en los que se desarrollaron los planteos tercemundistas. Entre ellos, se desarrolla toda una corriente que tuvo nacimiento entre nucleamientos saceirdotales de América latina.

Son estos nucleamientos, justamente, quienes mejor han definido los postulados del tercermundismo: distribución equitativa de los bienes en un cuadro jurídico predominantemente socialista y humanista, postulación del hombre y su realización como objetivo superior a los esfuerzos por el mero lucro, cambio radical y urgente de un orden social antiguo por otro nuevo, que se reputa como más justo. (Ver: Tercer Mundo)

VILLERO: Este concepto es sólo utilizado en la Argentina y sirve para definir al habitante de «las villas», precarias concentraciones habitacionales suburbanas —y a veces también urbanas—, réplica argentina de las «favelas» brasileñas, los «cantegriles» uruguayos, las «callampas» de Chile, etcétera. El término «villa» se originó en la novela de Bernardo Verbistky «Villa Miseria también es América».

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Villa Miseria en la entrada a Capital Federal: «La Villa 31»

La «villa» es un poco hija y sucesora del conventillo y en ese medio geográfico, social y cultural desarrolla el «villero» su existencia. Su trabajo se reduce casi siempre a las llamadas «changas» —contra la crencia general, la absoluta mayoría de «villeros» no delinque—, sus condiciones de vida son muy precarias y existe una marcada tendencia, por otra parte, a constituir grupos familiares dentro de ese mismo medio, que casi ninguno de ellos puede abandonar jamás. La educación de los hijos será dual y el origen rural de sus padres —a veces extranjeros— se opondrá a las normas de carácter urbano impartidas por la escuela.

Las condiciones sociales y sanitarias en las que el «villero» se desenvuelve, son deplorables y en ellas predominan el hacinamiento, las carencias asistenciales y, en bastantes oportunidades, el alcoholismo. La moralidad se maneja a través de una escala de valores propia, resaltando un aspecto típico: la solidaridad, que en condiciones normales es difícil de conseguir pero que surge en forma espontánea ante cualquier crisis o trastorno grave.

Fuente Consultada:
Formación Política Para La Democracia Editorial Biblioteca de Redacción Tomo II – Glosario Político-

Historia del Gobierno Kirchnerista Presidencia de Cristina Kirchner

Historia del Gobierno Kirchnerista
Principales Medidas del Cristina F. Kirchner

ANTECEDENTES DE LA ÉPOCA: En noviembre de 2001, con Fernando De la Rúa como presidente de los argentinos, los medios informaban que cada día 2.000 argentinos caían debajo de la línea de la pobreza, En los primeros días de diciembre, la situación se hizo gravemente conflictiva. El Presidente había perdido su capital político y el ministro de Economía Domingo Cavallo, no encontraba recursos para tranquilizar a la población.

de la rua fernando

Varios gremios estatales estaban en huelga, mientras que en algunos barrios de la Capital la gente hacia escuchar su descontento golpeando cacerolas y cortando calles, protesta que se conoció con el nombre de «cacerolazos». En todo el país, las protestas cortaban las rutas y las calles: de este modo, el piquete irrumpía en la vida política argentina.

ramon puertaEl 20 de diciembre de 2001,en medio de un caos generado por el corralito bancario, el presidente Femando de la Rúa renunció a la presidencia de la Nación.

En la emergencia,a falta de vicepresidente (como consecuencia de la salida de Carlos «Chacho» Álvarez), asumió interinamente Ramón Puerta, el presidente provisional del Senado,quien el 23 dediciembre se hizo a un lado para que se hiciera cargo del país Adolfo Rodríguez Saá,el gobernador de San Luis, designado por la asamblea legislativa.

En un contexto de ahogo financiero y fuga de capitales, ese mismo día declaró la cesación depagos (default, según la jerga financiera) de una partede la deuda pública, que en ese momento ascendía a 145 mil millones de dólares. La decisión fue saludada por las dos cámaras del Congreso con una ovación. Durante su gestión, contradictoriamente, continuaron los pagos de la deuda al FMI, el Banco Mundial y el BID.

Rodríguez Saá se mostraba exultante en su nueva función y recibió en su despacho a todos los que le pidieron audiencia. Pero sus medidas no conformaron a los gobernadores, quienes le retiraron su apoyo, por lo que renunció el 31 de diciembre.

En la emergencia asumió Eduardo Camaño, el titular de la Cámara de Diputados, quien fue presi-dentedelarepúblicaporapenas unas horas, ya que el 1° de enero de 2002 el parlamento designó a Eduardo Duhalde para que completara el mandato de De la Rúa, hasta diciembre de 2003. Entre sus primeras medidas devaluó el peso y prometió devolver los ahorros en la misma moneda en que habían sido depositados.

«Por aquella época los argentinos que tenía trabajo, trabajaban mas de 8 horas diarias. La brecha entre pobres y ricos era una de las más grandes del mundo: el 10% más rico percibía del ingreso nacional casi 35 veces más que el 10% más pobre. La participación de la clase media en ese ingreso era menor al 30%, la más baja de la historia argentina. La pobreza y el desempleo castigaban especialmente a los jóvenes. Sin embargo, una parte de la Argentina empobrecida y castigada por el saqueo de los grupos económicos y los jerarcas políticos seguía apostando a la ilusión menemista de volver a tener un salario no devaluado. Los más ricos y las empresas privatizadas también apostaban a la vuelta de quien les había garantizado ganancias impensables en cualquier economía capitalista. [Gobierno de Carlos Menem]»

Fuente: Argentina, El Siglo del Progreso y la Oscuridad María Seoane

Durante el gobierno de Duhalde el poder político seguía siendo extremadamente frágil, lo que se comprobó poco después: cuando algunos grupos piqueteros cortaron una vez más los accesos a la Capital, el gobierno ordenó reprimirlos y la policía asesinó a dos manifestantes.

Temiendo que la situación volviera a descontrolarse, Duhalde decidió adelantar las elecciones para abril de 2003. Su administración, en rigor de verdad, no había podido superar el debate respecto de su legitimidad de origen ni tampoco acallar el persistente reclamo que se le hacía, incluso desde sectores del PJ, de elecciones anticipadas para todos los cargos, o al menos para el de presidente.

Los candidatos mas votados fueron Carlos Menem y Néstor Kirchner que en la primera vuelta obtuvieron un empate. En la segunda vuelta, los argentinos en su mayoría temieron el regreso de Menem. Ya se había procesado en parte su responsabilidad en la gran crisis. Menem huyó de ese turno electoral que anunciaba su derrota aplastante, también para impedir que Kirchner llegara al poder con fuerza.

nestor kirchnerNéstor Kirchner asumió la presidencia de la nación el 25 de mayo de 2003. Había obtenido un porcentaje aún menor de votos que el radical Arturo Humberto Illia cuarenta años antes. Muchos consideraban que, con semejante déficit de legitimidad a cuestas, el suyo sería un gobierno de transición. Sin embargo, Kirchner fue también el primer presidente en décadas en recibir de su antecesor un programa económico en pleno auge, cuentas públicas en orden, una inflación controlada y en baja, y un PBI en acelerada expansión. Y pronto demostró tener los reflejos necesarios para, con esos medios, adquirir el respaldo electoral y político que le faltaba

Bajo la presidencia de Kirchner, la Argentina parecía encaminarse a una normalidad institucional con la atención a los problemas sociales, el juicio político a los ministros cuestionados de la Corte Suprema de Justicia, la remoción de las cúpulas militares, una política de derechos humanos contraria a la impunidad de crímenes de lesa humanidad y la difícil tarea de pagar su deuda externa enorme a partir de buscar el desarrollo económico y no basada en ajustes perpetuos sobre los salarios de la sociedad, porque todas las opciones de política económica estarían irremediablemente condicionadas por el enorme peso de la gigantesca deuda externa.

Kirchner en su discurso de su asunción en el Congreso explica: «Pertenezco a una generación diezmada», haciendo referencia a los hechos atroces de la última dictadura militar (1976-1983). Se asumía como un sobreviviente de una generación diezmada. De una generación de militantes revolucionarios. De inmediato, inicia su Gobierno imponiéndole un ritmo casi desconocido hasta ese momento por los presidentes anteriores. El Estado habrá de intervenir en la economía. La unidad de América latina, a través del Mercosur, será un objetivo prioritario. Como los derechos humanos y el juicio a los genocidas, quienes, sí, tendrán la bienaventuranza de comparecer ante la Justicia. Se buscará el crecimiento de la economía y la redistribución de la riqueza.

Como objetivo central luchó en contra de la impunidad y posibilitar, por un lado, que miles de personas tuvieran una respuesta a su necesidad de saber qué suerte habían corrido sus seres queridos y no les fuera denegada su demanda de justicia; por el otro lado, hacer una contribución al fortalecimiento de la democracia con el esclarecimiento y el castigo a los responsables.

Impulsó el 21 de agosto de 2003 el Congreso sancionó la Ley 25.779, que declaró insanablemente nulas las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Tan importante como aquélla fue la decisión de conceder jerarquía constitucional ala Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Lesa Humanidad, suscripta por la Argentina y aprobada en 1995 por Ley 24.584.  Dicha Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Lesa Humanidad impide que para esos delitos el transcurso del tiempo pueda llegar a cumplir una función extintiva de la acción penal para perseguirlos. Dicho en otros términos: ningún acusado por hechos de la represión ilegal podrá ampararse en la prescripción de la acción penal.

Kichner aapoyó por una magistratura vigorosa y comprometida con tales postulados político-institucionales, y la renovación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación vino a satisfacer tal expectativa. Fue manifiesta y públicamente explicitada esta idea renovadora, desde el comienzo mismo de su gobierno, de recuperar el prestigio institucional de la Corte, que estaba sumamente cuestionada.

Al igual que en la década del 80 con el Juicio a las Juntas Militares, la Argentina estuvo a la vanguardia de Latinoamérica en lo que hizo al respeto por los derechos humanos. Gracias a la política impulsada desde el Ejecutivo se anularon las leyes que impedían el juzgamiento de los autores de delitos aberrantes y se recomenzaron los inicios.

LA NEGOCIACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA: A fin de terminar con el default (cesación de pagos) con los acreedores privados, el ministro de Economía, Roberto Lavagna, presentó el 1° de junio de 2004 una propuesta de reestructuración de la deuda pública externa. Se emitieron tres bonos y se planteaban dos escenarios alternativos: si la adhesión fuera menor o igual al 70% del monto total de capital de deuda en cesación de pagos, la quita del valor nominal sería del 47% aproximadamente, y de un 53% si el nivel de aceptación superaba el 70%.

El resultado del canje se conoció el 18 de marzo de 2005 y la adhesión fue del 76,15%. Del monto total de la deuda elegible, 81.836 millones de dólares, se logró canjear 62.318 millones. De esta forma el total de deuda reestructurada fue de 35.261 millones de dólares. Es la primera vez que el FMI no intervieno en la elaboración de un programa para la renegociación de la deuda pública en la Argentina desde 1965.

Esta medida contribuyó al desendeudamiento del país, fueron un desafío para las interpretaciones ortodoxas en materia económica y «realistas» en lo político. La acción de las autoridades públicas se ubicó lejos de las «sugerencias» de aquellos que indicaban que la única forma de salir de la crisis consiste en estimular el incremento de las tasas de ganancia, sostener un laxismo financiero a ultranza y respetar los dictados de los principales referentes del poder económico local e internacional, cuya cabeza visible es el FMI.

CRISTINA KIRCHNER SENADORA NACIONAL: En las elecciones legislativas del 23 de octubre, Cristina Fernández de Kirchner, compañera de Néstor Kirchner, fue elegida senadora nacional por la provincia de Buenos Aires. Cristina Fernández nació el 19 de febrero de 1953 en La Plata, y se recibió de abogada en la Universidad Nacional de La Plata en 1973.

CRISTINA Kirchner senadora nacional

Formó parte del Frente de Agrupaciones Eva Perón (Faep), ligada a las Fuerzas Armadas Revolucionarias, que luego se fusionó con la Federación Universitaria por la Revolución Nacional para formar la Juventud Universitaria Peronista, ligada a la organización Montoneros. Allí conoció a Néstor Kirchner, con quien se casó el 8 de mayo de 1975. Luego de la caída del gobierno de María Estela Martínez de Perón, la pareja se trasladó a Río Gallegos, provincia de Santa Cruz.

Los Kirchner-Fernández tuvieron dos hijos,   Máximo y Florencia. En 1989 fue electa diputada provincial en Santa Cruz y en 1995 senadora nacional por esa provincia. En 1997 es elegida diputada nacional y en 2001 otra vez senadora.

AIRES DE UN PAÍS DIFERENTE: Tras el corralito, el corralón, diecisiete cuasi monedas en circulación, aumento del desempleo y descalabro total, la Argentina se reencauzó, crece la economía y se afianza la gobernabilidad. Las consecuencias sociales de los gobiernos de economías neoliberales, fueron abrumadoras con el aumento vertiginoso del desempleo, la pobreza y la indigencia, la fractura del mercado de trabajo y, consecuentemente, la aparición de problemas de inseguridad desconocidos hasta entonces.

El desorden fue gigantesco, con 17 monedas circulando en lugar de la moneda nacional, el trueque como alternativa en una economía sin mercado, los bancos inoperantes por el corralito y el corralón, el tipo de cambio disparado en un sistema al borde de la hiperinflación.

Entre 2002 y 2006 , la economía registra tasas de crecimiento superiores al 8% anual y las tasas de ahorro e inversión alcanzaron sus máximos históricos de cerca del 30% y 24%, respectivamente. Simultáneamente se registró la acumulación de reservas internacionales fundada en el superávit del balance comercial y en la cuenta corriente del balance de pagos, la reducción de la tasa de desempleo y un alivio a la pobreza acumulada durante el cuarto de siglo anterior, 1976-2002.

El crecimiento actual obedece a dos causas principales, la pesificación de los activos y pasivos denominados en moneda extranjera y la consecuente recuperación de la autoridad monetaria del Banco Central, el superávit en los pagos internacionales debido a la caída de las importaciones y los buenos precios internacionales de los commodities, el ajuste cambiario que abrió espacios de rentabilidad clausurados durante el prolongado período de apreciación del tipo de cambio y la aparición del superávit primario en las finanzas públicas, por el repunte de la economía y la suspensión temporaria de los servicios de la deuda en default.

Por la otra, al cambio de rumbo de la política económica. Ésta abandonó la búsqueda de soluciones a través de la asistencia internacional y se dedicó a consolidar el control de los principales instrumentos de la política macroeconómica: el presupuesto, la moneda, los pagos internacionales y el tipo de cambio. La fortaleza emergente de la situación macroeconómica permitió formular una propuesta propia para resolver el problema de la deuda en default, que culminó exitosamente y, poco después, en enero de este año, cancelar la pendiente con el FMI.

CRISTINA PRESIDENTE DE TODOS LOS ARGENTINOS: por primera vez en nuestra historia, una mujer elegida democráticamente asume la presidencia. El desafío fue el de continuar con el modelo de crecimiento.

cristina kirchner asume el mando presidencial

Cristina F. de Kirchner estableció un proyecto político que seguía los lineamientos de su antecesor Néstor Kirchner. Triunfó en 2007 con el 46% de votos y fue reelegida en 2011 con el 54%, por 4 años mas.

La candidatura, de Cristina Fernández de Kirchner había sido lanzada en julio de 2007 con miras a las elecciones que iban a desarrollarse el 28 de octubre. Eso ya había desatado irritación en el establishment. En ese momento y hacia el final de su mandato, el presidente Kirchner gozaba de una altísima imagen positiva, y él mismo habría de declarar años después que los representantes del poder corporativo preferían su reelección y rechazaban la de Cristina. En aquel momento, todavía, los ciudadanos desconocían los alcances de esos hilos invisibles que habían condicionado a la democracia desde su regreso en 1983.

Nada de ello fue obstáculo para que obtuviera una cómoda victoria en las elecciones presidenciales de fines de ese mismo año, con la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner, frente a la alianza convenida poco tiempo antes entre Lavagna y lo que quedaba del radicalismo en la oposición. El kirchnerismo no sólo logró así asegurarse un segundo turno presidencial, sino habilitar nuevas reelecciones a futuro.

 Por otro lado, la adhesión de las clases medias urbanas al gobierno había disminuido respecto de la elección anterior, a consecuencia de la manipulación de las estadísticas, la inflación que así se ocultaba, los casos de corrupción que empezaban a surgir en el entorno presidencial (y que revelaban que ésta no era mucho menor que en tiempos de Menem, sino que, en todo caso, estaba más concentrada y mejor organizada) y la seguidilla de «atropellos institucionales» con los que el kirchnerismo había consolidado su poder.

«LA 125»: Con la publicación de la resolución 125, donde se aumentaba las retenciones a la expotación de soja, los empresarios rurales y grupo  seguidores mediáticos y políticos en campaña, realizaron un violento paro nacional. Mientras las rutas están cortadas por sus patrones, los peones siguen trabajando. Las enormes ganancias que daban base a la disputa , si realmente el campo era el principal generador de riqueza del país.

Después de más de 17 horas de debate, el 16 de julio, el vicepresidente de la Nación, Julio Cobos, votó finalmente contra las retenciones móviles y desempató en favor de la oposición y de las patronales rurales la votación en el Senado. Cobos trató hasta último momento evitar tener que pronunciarse pero finalmente su acción en contra del propio gobierno del que es parte quedó en evidencia.

LA REESTATIZACIÓN DE AEROLÍNEAS ARGENTINA: El 21 de noviembre de 1990, en un Salón Blanco con la presencia de tan sólo unos pocos funcionarios, se abrían los sobres de la licitación con la que se privatizaría Aerolíneas Argentinas. Se cerraba así la entrega más vil de nuestro patrimonio nacional y se iniciaba el periodo más grande de penurias para los trabajadores aeronáuticos y los usuarios argentinos.

El gobierno neoliberal de Carlos Menen comenzaba a hacer de las suyas. Exactamente 18 años después, también un 21 de noviembre, por pedido del gobierno argentino, la Justicia ordenó la intervención de la empresa. El 17 de diciembre, Aerolíneas Argentinas, con la aprobación del Senado, volvió a ser del Estado. La Cámara de Diputados, en la sesión plenaria del 4 de diciembre dio media sanción al proyecto para declarar a Aerolíneas de utilidad pública y sujeto a expropiación por amplia mayoría. Con 153 votos a favor, con los trabajadores movilizados en la puerta del Congresoyelapoyodelasociedad argentase volvía a recuperar la empresa aérea de bandera.

El grupo privado Marsans estaba llevando adelante un proceso de vaciamiento que indefectiblemente concluiría con su quiebra. A partir de la intervención del gobierno nacional y del Congreso, se salvó a Aerolíneas Argentinas, se recuperó su rol deservicio públicoy volvió aser prioridad la interconexión del país y el desarrollo de las economías regionales.

LA REESTATIZACIÓN DE LAS AFJP:

El Senado aprobó la reestatización del sistema jubilatorio, conocidas popularmente como AFJP, creadas en la década del 90. La mayoría obtenida fue muy amplia, como lo había sido en Diputados. El Frente para la Victoria consiguió el apoyo del socialismo y de otras fuerzas de centro izquierda. El Peronismo Federal, el macrismo y el radicalismo votaron en contra. Las AFJP iban a proveer mejores jubilaciones y permitirían sustentar un mercado de capitales, había prometido el ministro de economía Domingo Cavallo. Se argumentaba que cobraban comisiones siderales y gastaban sumas exorbitantes en publicidad.

El kirchnerismo supo congregar aliados y fundó su discurso en el valor solidario del repuesto sistema de jubilaciones. Anses se convertió en una sólida caja para financiar pagos a los jubilados y otras inversiones estatales.

 Las AFJP casi no tuvieron defensores que no fueran sus propios dueños o los medios dominantes. Es un gran cambio institucional, logrado por el Gobierno de la presidenta Cristina Fernández en una coyuntura que parecía signada por la derrota en el conflicto por las retenciones móviles.

LA ASIGNACIÓN UNIVERSAL POR HIJO:

Se anunció la implementación de la Asignación Universal por Hijo (AUH), reglada por un decreto del 28 de octubre de 2009,…»Cubrirá a los menores de 18 años, hijos de desempleados, trabajadores informales que no ganen por encima del salario mínimo y monotributistas sociales. Consistirá en una mensualidad igual a la asignación familiar que cobran los trabajadores formales, por cada hijo, hasta un máximo de cinco menores».

Los jefes de familia se acreditan ante la Anses (órgano de aplicación y financiamiento) que están en condiciones para quedar inscriptos y recibir el pago. Los requisitos son objetivos, por lo tanto la asignación se otorgará a todos los que estén en condiciones, dejando de lado mediaciones políticas o clientelísticas. Se exigirá a los jefes de familia certificados que acrediten cumplimiento de la escolaridad y vacunación de los menores.

La medida había sido propuesta  años antes por el Frente Nacional contra la Pobreza. El Gobierno la adoptó con algunas modificaciones. Quedan excluidos algunos chicos que deberían percibirla, en especial los hijos de monotributistas de bajos ingresos y todos los hijos de trabajadores «en negro».

Se trata del más amplio derecho universal establecido en la Argentina desde el voto femenino. Y la medida social más ambiciosa y abarcativa de las últimas décadas. Benefició a millones de niños y millones de hogares humildes, bajando las tasas de pobreza e indigencia.

Con esta medida más de 3.500.000 de niños y niñas recibieron mensualmente un seguro social, y que fue complementado con el lanzamiento de la Asignación Universal por Embarazo para protección social (AUE), que se otorga a las futuras madres que se encuentren en las 12 o más semanas de gestación.

LA SANCIÓN DE LA LEY DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL:

Esta ley se sancionó en octubre de 2009 con una amplia y plural mayoría parlamentaria con el objetivo de desmonopolizar la información y garantizar la pluralidad de voces, asegurando un 33% del espectro a los medios no comerciales. Se expone a continuación el espíritu de la ley, según Gabriel Maroto, ex Titular de la Autoridad Federal de Servicio de Comunicación Audiovisual:

«La nueva Ley de Medios Audiovisuales se convertirá en el mejor instrumento para evitar que nuestro país sea blanco o plaza a conquistar en este nuevo tipo de conflagración que los centros académicos del poder global bautizaron Guerra de Cuarta Generación, en la que son paradigmáticas las operaciones de acción y agresión psicológica, tendientes al control y al disciplinamiento del cuerpo social.

Podremos, de una vez por todas, contar con una opinión pública asumida y creada por los actores y sujetos políticos, culturales y sociales inidentificables, nominados y enunciados por sí mismos, dejando atrás el proceso miti-ficador que los oligopolios de la palabra se han encargado de dirigir, disfrazando sus propios intereses y discursos como si los mismos fuesen de cada uno de nosotros.

Sabemos que la corporación mediática y sus aliados, los sectores económicos del privilegio y la exclusión social, enderezarán sus cañones contra el gobierno que más hizo en la historia del país por la democracia de la palabra. No escatimarán esfuerzos, recursos y armas; tendremos que estar preparados para todo.

Pero también sabemos que la fuerza transformadora que encarnó Néstor Kirchner en 2003 y que hoy continúa su marcha con la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner contiene las condiciones objetivas y subjetivas para seguir desplegando y profundizándose, de forma tal que ese despliegue y esa profundización sean las claves para que esta ley que hoy provoca insomnios de festejos y reflexión cumpla con su objetivo fundamental: atribuirle densidad definitiva a la democracia de los argentinos.

Por último, y casi en términos de lo que los juristas califican «espíritu de la ley», creo que el escenario cultural que se avecina, pluralista e inclusivo, será el marco adecuado, y que tanto necesitamos, para llevar adelante el modelo de país que ya podemos designar como el de la Generación del Bicentenario que se avecina. El año próximo, cuando la patria cumpla sus primeros 200 años de vida, seguro que este puñado de ideas que acabo de esbozar serán ya actos en sí mismos y no tan sólo esperanzas. Serán deseo colectivo organizado por el proyecto político transformador e inclusivo.»

Respecto a su política exterior, el gobierno kirchnerista priorizó la integración con el resto de América Latina, a través de creación de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), con Néstor Kirchner como secretario general. También se facilitó la regularización de los inmigrantes del Mercosur. Tuvo un acercamiento a las políticas implementadas por Chávez y Maduro en Venezuela, también al gobierno de Irán y tomó distancia de Washington, sobre todo cuando se opuso a la creación del ALCA, por lo que fue duramente criticado.

En 2007, una de sus primeras medidas fue el apoyo a la ciencia , invitando a volver a Argentina a miles de cientificos exiliados por todo el mundo. Creó el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.

En 2008 se sancionó la ley de Movilidad Jubilatoria que garantiza dos actualizaciones por año, recuperando de esta manera el haber mínimo para el sector pasivo.

Respecto a los derechos civiles, la sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario establece otro momento destacable de la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, ya que permitió que más de 7.000 parejas del mismo sexo se unieran en matrimonio; y más tarde se vio complementada por la Ley de Identidad de Género, que posibilitó que más de 3.000 personas trans pudieron elegir su nombre y sexo.

Se les dió la opotunidad de participar con la ampliación de derechos políticos a medio millón de jóvenes entre 16 y 18 años de votar en forma optativa a nivel nacional.

Se inició en 2010 el lan Conectar Igualdad para que alumnos y docentes de escuelas públicas de todo el país puedan acceder al mundo digital. Mas de 5.000.000 de alumnos recibieron gratuitamente una notebook.

Estatización del sistema de jubilaciones y pensiones, ya hablado anteriormente.

Se recuperó los Talleres navales Tandanor (2007), Aerolíneas Argentinas (2008), Fábrica Militar de Aviones de Córdoba (2009) y la nacionalización del 51% de las acciones de la petrolera YPF.

Los cuestionamientos al gobierno kirchnerista fueron:

1-La grieta o división entre adherentes al modelo y opositores.
2-Las largas cadenas nacionales informando a veces noticias poco relevantes, o también criticando a oponentes. (en total 140 anuncios)
3-La falta de diálogo fue la reticencia de la jefa de Estado a dar entrevistas.
4-Los millonarios subsidios a la Energía y Transporte, generando un importante deficit fiscal de 7% de PBI. Muchas de las partidas no fueron controladas, y solo sirvieron para enriquecer a los dueños de las empresas, quienes no renovaban o mantenían sus bienes de uso.
5-La inflación que comenzó muy tenue, pero se fue incrementando notablemente hacia el final de su 2° mandato, en diciembre de 2015.
6-La política económica del «corralito» al dólar , en donde estaba limitada la compra en blanco de esa moneda.
7-El control autoritario del INDEC, publicando estadísticas falsas y «dibujadas» sobre la inflación y la pobreza nacional.
8-Las acusaciones por presunto enriquecimiento ilícito de la familia presidencial que aumentó su patrimonio en más de un 1000% desde 2003 hasta 2015. Las misma acusaciones fueron también para un grupo grande de funcionarios que acompañaron al gobierno desde sus inicios, como Jaime, Boudou, De Vido, López, Miceli.
9-Decenas de casos de corrupción, denunciados por los opositores y que hoy la Justicia está investigando. Dos exministros kirchneristas fueron condenados por corrupción (Ricardo Jaime  y Felisa Miceli) y varios más enfrentan procesos penales.

Fuente Consultada:
Diario El Bicentenario-Construyendo la Patria desde 1810 – Período 1990-2010 Fasc. N° 10
Historia de Argentina 1955-2010 Marcos Novaro Editorial Siglo Ventiuno

Vida de Di Giovanni Severino Anarquista Italiano en Argentina

VIDA, ACCIONES Y EJECUCIÓN DEL ANARQUISTA  SEVERINO DI GIOVANNI

En el año 1919, a pocos meses de la triste recordada Semana Trágica comenzaron diversos asaltos de grupos anarquistas con la finalidad de  conseguir fondo económicos para costear los gastos de sus «aventuras sangrientas», apoyar el funcionamiento de los sindicatos, mantener las familias de los presos políticos y financiar propaganda y periódicos políticos para difundir sus ideas anarquistas que habían aprendido en Europa y que deseaban implantar en Argentina.

Entre los dirigientes mas destacados de este movimiento de protesta, existió un inmigrante que llegó escapando del fascismo italiano, y que es recordado hasta nuestro días por lo salvaje de sus acciones, llamado Severino Di Giovanni, quien representa el segmento probablemente más idealista y radicalizado del anarquismo argentino. Debido a sus posiciones intransigentes con el orden capitalista, encuentra enconados adversarios no sólo en el régimen político sino en las propias filas anarquistas.

Semana Trágica: El 7 de enero de 1919 hubo una manifestación de obreros en huelga frente a la fábrica Vasena; fueron atacados por la custodia de la empresa y por la policía, con saldo de varios muertos. El día 9, en el sepelio, la policía reprimió a la multitud y se entabló una lucha entre ambos bandos que dejó un saldo aproximado de 65 muertos y 130 heridos, entre los huelguistas, y de 4 muertos y 9 heridos, entre los policías.

Di Giovanni Severino

Di Giovanni, se lo recuerda como un  anarquista expropiador que tuvo en jaque a la policía argentina
durante seis años con sus asaltos y atentados.

ANTECEDENTES: los miles de inmigrantes que fueron llegando a Bs.As. con la idea de «hacerse la América», veían muchas injusticias sociales y laborales, por lo que decidieron luchar por sus derechos, como la jornada laboral de ocho horas, leyes sanitarias,  limitación del trabajo de los menores  y fundamentalmente por un salario digno y su participación en política.

Como respuestas a sus reclamos obtuvieron por parte del estado  una represión salvaje , violencia y la aplicación de la Ley de Residencia, donde eran expulasados de Argentina, y enviados a su país de origen. Como consecuncia se declararon violentas huelgas que siempre culminaban con la intervención y la represión policial. Fue éste el punto de inflexión respecto de la cuestión de la tolerancia hacia los inmigrantes. No sólo se expulsaba a los extranjeros, también se prohibieron las huelgas, se comenzó a reprimir y reglamentó la actividad sindical.

A fines del siglo XIX habían llegado a la Argentina contingentes de anarquistas españoles e italianos, entre los cuales estaban el catalán Diego Abad de Santillán y el italiano Enrico Malatesta, impulsores del movimiento anarquista en la Argentina. Malatesta, que residió en el país entre 1885 y 1889, publicó en Buenos Aires, en español e italiano, La Questione Sociale, precursor del periódico La Protesta, el diario ácrata más importante y permanente del siglo XX.

DI GIOVANNI SEVERINO: Poco después de la «Marcha sobre Roma» (1922) de Benito Mussolini, llegó a la Argentina Severino Di Giovanni, un obrero tipógrafo, que sería el más conocido de los anarquistas «vengadores» o individualistas de la Argentina.

Nacido en Italia el 17 de marzo de 1901,  en Chieti en la región de los Abruzos, a unos 180 kilómetros de Roma, era un adolescente   cuando se impregnó de las ideas libertarias.Estudió el magisterio y antes de graduarse comenzó a enseñar en una escuela de su aldea. En 1922 debió dejar la Italia fascista refugiándose en nuestro país, donde se desempeña como obrero tipógrafo entre otros trabajos.

Es un ávido lector, y aunque realizó estudios en su país natal, fue sobre todo la afición letrada la que lo convirtió en un erudito conocedor del pensamiento libertario. Durante algún tiempo editó el periódico Culmine, cuyo objetivo mayor es despertar la conciencia de los oprimidos y llamar a la destrucción del orden económico-jurídico.

En sus horas libres aprendió el oficio de tipógrafo y leyó todos los libros que llegaron a sus manos,
entre ellos, las obras de los teóricos anarquistas Proudhon, Bakunin, Malatesta y Reclús.

Y ahora, cuando promedia la década de 1920, lleva adelante, con un grupo sin duda menguado de seguidores, una serie de acciones apropiadoras con creciente despliegue de violencia, lo que incomoda al grupo anarquista del  conocido periódico libertario La Protesta, de gran predicamento entre los sectores obreros.

En 1922 se casó con Teresa Masciulli, una muchacha de su pueblo, con quien tiene tres hijos. La muerte de sus padres y la llegada al poder del fascismo lo decidieron a abandonar Italia y a partir junto a su esposa rumbo a la Argentina. Llegó a Buenos Aires en mayo de 1923 y de inmediato entró en contacto con los círculos anarquistas y antifascistas. Consiguió trabajo como obrero gráfico, se instaló en Morón (Bs.As.) y concurrió diariamente a reuniones para planear actos de agitación contra Mussolini y sus simpatizantes italianos residentes en la Argentina.

Refugiados en la casa de la familia Scarfó, ejerció una poderosa influencia sobre los hermanos Alejandro y Paulino Scarfó, a quienes convirtió al  credo libertario. También se enamoró con singular pasión de Josefa América, hermana  de aquéllos, a la sazón de 15 años. Pero todo indica que Severino sólo convivió con la   joven después de haberse separado de Teresa. Josefa América sigue con devoción la arriesgada militancia de su compañero. El grupo de Di Giovanni es conocido como el de los anarquistas expropiadores,  y muy a menudo cruza tiroteos con la policía movilizada tras sus huellas.

ALGUNAS DE SUS ACCIONES

Explica la periodista e historiadora María Seoane en su libro ARGENTINA El siglo del progreso y de la oscuridad (2003):

«En 1925, Di Giovanni escandalizó a la oligarquía argentina cuando irrumpió en el Teatro Colón en medio de una presentación artística organizada por la Embajada de Italia con motivo del vigésimo quinto aniversario de la llegada al trono de Víctor Manuel III. Se trataba de un acto protocolar, del cual participaban el entonces presidente argentino Marcelo Torcuato de Alvear —que gobernó entre 1922 y 1928—, la primera dama, los integrantes del gabinete de ministros, autoridades consulares y miembros de la más distinguida aristocracia.

La velada había comenzado con la entonación del Himno Nacional Argentino y, luego, con la Marcha Real Italiana. Súbitamente, desde la platea popular comenzaron a escucharse gritos: «¡Ladril ¡Assassini! ¡Viva l’anarchia!», mientras una lluvia de panfletos que denunciaban la opresión en Italia caía a la platea a los pies del embajador.

Di Giovanni continuó su actividad política organizando atentados contra bancos y hasta contra el consulado italiano en Buenos Aires, que causó 9 muertos y 34 heridos. Sus acciones dividieron al movimiento anarquista. Finalmente, fue declarado «enemigo público número uno» por el gobierno militar del general José Félix Uriburu y fusilado en la Penitenciaría Nacional el 10 de febrero de 1931. «

ARGENTINA El siglo del progreso y de la oscuridad

  • Severino y sus compañeros  con sus atentados antinorteamericanos. El 24 de diciembre de 1927 vuelan las casas centrales del Citi Bank y el Banco de Boston, con el lamentable saldo de dos muertos y  23 heridos. Las víctimas son trabajadores del banco, transeúntes y clientes.
  • A comienzos de 1928 el diario liberal de la colectividad italiana de Buenos Aires, L’Italia del Popólo, denuncia que el cónsul italiano, ítalo Capani, trabaja para la sección Orden Social de la Policía Federal, brindándole información sobre ciudadanos italianos antifascistas. Severino tiene información de que el cónsul visitará el nuevo edificio del consulado en la calle Quintana 475, junto al nuevo embajador italiano Martin Franklin. A las 11.42 del 23 de mayo de 1928 estalló una terrible bomba que destruyó casi completamente el consulado con un saldo de nueve muertos y 34 heridos. Era el atentado más grave cometido en la Argentina hasta ese momento.
  • Ese mismo día Severino se dirige a La Boca. Su objetivo era volar la farmacia de Benjamín Mastronardi, presidente del Comité Fascista de la Boca, en Almirante Brown 899. Deja en el lugar un poderoso artefacto oculto en un maletín. La bomba será casualmente desactivada por el pequeño Dante Mastronardi, hijo del farmacéutico, al que le llamó la atención el maletín, le quitó la manija y con ella el detonador.

EJECUCIÓN DEL ANARQUISTA EXPROPIADOR:
NOTA DEL HISTORIADOR  OSVALDO BAYER
PERIÓDICO EL BICENTENARIO FASC. N°7 PERÍODO 1930-1949
EL ÚLTIMO ANARQUISTA

Fue un crimen de la dictadura de Uriburu. El fusilamiento del anarquista más buscado de la Argentina: Severino Di Giovanni. La prensa lo pintaba como el asesino serial más cruel de nuestra historia.

La realidad era muy otra. Di Giovanni fue un luchador por el ideal anarquista: llegar al socialismo pero en libertad, no mediante una dictadura del proletariado. Era un maestro italiano, perseguido por el fascismo. Debió exiliarse con su familia y al llegar a Buenos Aires tomó contacto con los anarquistas.

Este movimiento estaba dividido entre los que creían llegar a la revolución social mediante sus publicaciones, asambleas y la fuerza sindical, y los que decían que había que combatir la violencia de arriba con la violencia de abajo. No bien llegado a Buenos Aires, comenzó a editar una revista en italiano, Culmine, donde propagaba sus ideas.

Para financiarla organizó asaltos a bancos y otras entidades. La primera vez que Di Giovanni salió en los diarios fue cuando en el Teatro Colón, el presidente Alvear le hizo una fiesta al embajador de Italia porque se cumplía un cuarto de siglo de la asunción del rey Víctor Manuel. Di Giovanni arrojó, desde el «paraíso» a la platea, volantes contra Mussolini y el rey, y gritó vivas al anarquismo. Y fue detenido.

Ya en libertad siguió trabajando como tipógrafo. Estaba casado con Teresina y tenía cuatro hijos. El dinero que ganaba lo dedicaba a su familia y a la edición de su periódico. Cuando en EE.UU. fueron ejecutados los anarquistas Sacco y Vanzetti, Di Giovanni hizo atentados de bomba: contra el monumento a Washington y contra el Citi Bank. En este último murieron dos inocentes; allí se equivocó. Pero siguió su línea de violencia.

Ayudado por dos hermanos jóvenes, Alejandro y Paulino Scarfó, Severino se enamoró de la joven Josefina América Scarfó, de 17 años. En enero último, Di Giovanni fue apresado y se le hizo un juicio militar sumario. Insólitamente, el oficial nombrado como defensor del reo hizo una defensa valiente del acusado. Pero el anarquista fue condenado a ser fusilado. Al día siguiente fue fusilado Paulino Scarfó.

La dictadura no tenía ningún derecho a hacer esto ya que la pena de muerte había sido anulada por el presidente Yrigoyen. Fueron muertes valientes las de los dos. Severino, antes de recibir los balazos mortales de los soldados, grito: «¡Vívala anarquía!».

Al conocer su muerte, la poetisa italiana Virgilia d’Andrea escribió: «De rosas, la sangre ese bello cuerpo cubre./ Mientras en los ojos ha naufragado el cielo/ un ruiseñor dulcemente canta/ y el alba se disuelve en tenue velo…».

POR OSVALDO BAYER
Historiador y ensayista

Fuente Consulatadas:
LOS MITOS DE LA HISTORIA ARGENTINA Tomo 3 Felipe Pigna
ARGENTINA EL Siglo del Progreso y de la Oscuridad María Seoane
Periódico EL BICENTENARIO N° 6 y 7 Períodos 1910-1929 y 1930-1949 Nota de Osvaldo Bayer

División del Partido Radical UCR Irigoyen y Alvear Radicalismo

RADICALISMO: 1924 PERSONALISTAS CONTRA ANTIPERSONALISTAS

En 1922 los radicales ganaron las elecciones sin mayores dificultades. Pero en el interior de la UCR comenzó un debate sobre si debían continuarse —o no— las líneas de acción políticas, económicas y sociales puestas en práctica por Yrigoyen. Esta discusión reflejaba una lucha por el control del partido radical entre los diferentes sectores sociales que constituían su base electoral. Y el enfrentamiento se mantuvo durante toda la presidencia de Marcelo T. de Alvear, quien en octubre de 1922 asumió como presi-dente de la República.

El triunfo de la fórmula radical Marcelo T. de Alvear – Elpidio González ratificó la permanencia en el poder del radicalismo. Sin embargo, Alvear impuso su propio estilo y pronto se distanció de Yrigoyen; en el gabinete nacional el nuevo mandatario buscó incluir a políticos alejados de la postura del jefe del partido. Alvear estaba más cerca del antiguo liberalismo conservador que de Yrigoyen.

La división del radicalismo. En la etapa final del gobierno de Yrigoyen, dentro de la UCR surgió una división entre los que adherían casi ciegamente a la persona del caudillo (grupo al que se denominó yrigoyenista o personalista) y los que se oponían al centralismo del dirigente citado. Este último grupo, llamado antipersonalista (por su oposición al manejo personal que del partido y del gobierno hacía Yrigoyen), se núcleo en torno a Alvear, a quien el mismo Yrigoyen había apoyado como candidato, pensando en que sería un instrumento dócil de su propia política.

La división interna del radicalismo se convirtió en ruptura abierta desde setiembre de 1924; en las futuras elecciones presidenciales, ambos sectores presentarían listas separadas.

Los miembros de la élite (antipersonalista) exigieron el retorno a la legalidad constitucional. Desde su punto de vista, esto significaba que debían cesar las intervenciones federales a las provincias por simple decreto del Poder Ejecutivo, y que el gasto público debía estar bajo el control estricto del Congreso. Estas exigencias apuntaban directamente a debilitar la influencia de los poderosos caudillos barriales que aseguraban el apoyo popular a Yrigoyen, para —de este modo— debilitar el poder del ex presidente en la conducción del partido radical.

Los integrantes más conservadores del gobierno de Alvear propusieron una drástica reducción del gasto público destinado al mantenimiento de la numerosa burocracia administrativa, para hacer frente a otras necesidades financieras del Estado. Pero como esta medida significaba la pérdida de la principal fuente de apoyo partidario, el gobierno se propuso complementarla„tratando de aumentar sus ingresos fiscales.

Caras y caretas, division de la UCR

Así satirizaba «Caras y Caretas» en 1922 la desunión del partido radical.
La división del partido radical: yrigoyenistasy antipersonalistas».

Hacia fines de 1923, aumentó los aranceles aduaneros que debían pagar los productos importados. Esta decisión estaba relacionada, además, con un objetivo de política económica: impulsar el desarrollo de algunos sectores de la industria nacional, particularmente en la rama de la elaboración de alimentos.

FUENTE: CRÓNICA DE LA ÉPOCA:
POR MARCELA FERRARI Historidora
Periódico El Bicentenario Fasc. N°6 Período 1910-1929

[…] Vicente Gallo (Ministro de Alvear) comprende que para desmantelar la máquina yrigoyenista hay que crear otra semejante, utilizar los recursos del Estado de manera prebendaria –como hizo Yrigoyen, pero a favor de su tendencia– e intervenir la provincia de Buenos Aires, la plaza más fuerte del yrigoyenismo. La estrategia fue acertada para alcanzar sus objetivos. Sin embargo, la negativa del Presidente –fundada en su vocación democrática– echó por tierra los planes del ministro, que renunció.

Estos resultados no eran previsibles el año pasado, cuando los antipersonalistas se escindieron del tronco partidario y provocaron un cimbronazo en la UCR. No es que el radicalismo, un gran paraguas político a cuyo apelativo nadie quiere renunciar y mucho menos desde que es gobierno, esté desacostumbrado a albergar distintas facciones. Por sólo remontarnos a la década de 1910, los múltiples colores con que éstas se identifican -entre los que se destacan el rojo (que convoca a los sectores más populares) y el azul (más conservador)- proliferaban en todos los distritos.

Muchas de ellas pululan todavía con otros nombres y atribuyéndose para sí el «verdadero» radicalismo.

Pero el año pasado los opositores a , Yrigoyen se reunieron en la Asamblea del Teatro Coliseo y proclamaron la formación de un nuevo partido, la UCR Antipersonalista. Institucionalizaron una división largamente anunciada. Los une el rechazo al personalismo demagógico, una práctica de conducción inconcebible en un partido orgánico, de principios y con un programa definido como, dicen, debería ser la UCR.

Son las mismas razones invocadas por Pedro C. Molina en 1910, un radicalprincipista que polemizó fuertemente con el líder y ya entonces se alejó del partido. A esos argumentos se suman reclamos de larga data: que los agentes de Yrigoyen intervienen en la selección de candidatos; que Elpidio González, actual vicepresidente, en 1922 se negó a incluir a adversarios internos en algunas comisiones del Senado; que Yrigoyen había arrasado la voluntad de los representantes al intervenir las provincias por decreto cuando el parlamento estaba en receso o cuando sus ministrosno asistían a las interpelaciones.

Ahora bien, saltan a la vista las dificultades de los antipersonalistas. Primero, son pocos. Tienen presencia en cada distrito pero en la mayor parte son minoritarios. Controlan situaciones provinciales a través de expresiones locales o regionales, como el bloquismo sanjuanino, el lencinismo mendo-cino y el antipersonalismo santafesino. También son fuertes en Santiago del Estero y Jujuy. Pero no pueden imponerse en el orden nacional. Segundo, no constituyen un partido homogéneo ni orgánico porque incluyen elementos sociales e ideológicos muy distintos.

Poco tienen que ver, por ejemplo, los caudillos populistas de Cuyo con la élite oligárquica a la que pertenecen algunos de sus referentes bonaerenses o con los muy conservadores y clericales cordobeses seguidores de Arturo M. Bas. Tercero, sus prácticas contradicen su discurso. Se imponen allí donde sus miembros manejan situaciones locales ofreciendo empleos públicos o prebendas y arman clientelas desde los comités. Es decir, repiten las prácticas que critican en sus adversarios.

En suma, el antipersonalismo no termina de constituirse como una opción política ni, menos aún, como un partido orgánico y disciplinado. El yrigoyenismo, con sus diferencias, sigue avanzando.

Períodico El Bicentenario Fasc. N°6 Período 1910-1929

Fuentes Consultadas:
HISTORIA 3 La nación Argentina Miretzky-Mur-Ribas-Royo Editorial Kapelusz
El Bicentenario Fasc. N°6 Período 1910-1929
HISTORIA Argentina y El Mundo Contemporáneo Alonso-Elisalde-Vázquez

Ver: Los Gobiernos Radicales

El Juicio a las Juntas Militares Condena a los Dictadores Resumen

RESUMEN HISTÓRICO DEL JUICIO A LAS JUNTAS DE GOBIERNO EN ARGENTINA

El 24 de marzo de 1976 una Junta de Comandantes asumió el poder en Argentina. Designó como presidente a Jorge Rafael Videla, dispuso que el futuro gobierno lo compusieran la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea con igual participación y comenzó el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional que duraría de 1976 a 1983. A lo largo de esos años, pensar distinto podía costar la vida tanto del «subversivo» como de su entorno familiar y afectivo.

La Junta Militar además de imponer un sistema impuso también su propio lenguaje y para encubrir las acciones de secuestro, tortura y asesinato de ciudadanos inventó la figura de «los desaparecidos», asegurando que en lugar de víctimas había gente que desaparecía por propia voluntad.

La mayoría de los desaparecidos eran jóvenes menores de 35 años, obreros o estudiantes y, por lo general, se les detenía en su domicilio durante la noche. La guerra sucia se cobró la vida de 30.000 desaparecidos. Eran secuestrados que no estaban en ningún sitio, y de los que nada volvía a saberse; simplemente dejaban de existir.

En 1982 para el candidato a la presidencia por el partido radical, Dr. Raúl Alfonsín, la represión de la Junta Militar había sido un acto brutal y salvaje y era necesario que la Justicia juzgara a todos responsables y no la historia, encargada de revisar y analizar el pasado.

Tan pronto asumió Alfonsín, el gobierno hizo explícita su voluntad de indagar los crímenes cometidos por la dictadura -distinguiendo, sin embargo, entre las Fuerzas Armadas «como institución» y los miembros de las juntas militares-, al tiempo que abolía la censura y alentaba el retorno de intelectuales, artistas y científicos exiliados. Durante estos primeros años, se hicieron presentes en varias oportunidades los rumores de un golpe de Estado.

Por ejemplo, a comienzos de 1985, ante versiones golpistas, el gobierno organizó una movilización popular con el objetivo central de fortalecer el sistema.

Uno de los primeros actos del gobierno de Alfonsín fue la constitución de una comisión para investigar los crímenes de la dictadura. En 1984 comenzó la tarea de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), que tenía como objetivo reunir antecedentes y pruebas referidas a la represión ilegal y al terrorismo de Estado. Después de nueve meses de trabajo, bajo la dirección de Ernesto Sabato, la CONADEP entregó su informe, publicado más tarde con el título de Nunca Más, que probó casi 9.000 casos de desaparición forzada de personas.

JUICIO A las juntas militares argentina

En 1983, Alfonsín advirtió rápidamente que para concretar la democracia debía subordinar las FF.AA. al poder civil. Sin embargo, los militares no aceptaron las reglas de juego democráticas y en reiteradas oportunidades, distintos sectores del ejército se sublevaron: Semana Santa (1987), Monte Caseros (enero de 1988) y Villa Martelli (diciembre de 1988).

El 10 de diciembre, luego de los años del terrorismo de Estado, Raúl Alfonsín asumió la presidencia de la Nación. Su gobierno enfrentaba dos grandes grupos de problemas: la consolidación de la democracia y su difusión en todos los ámbitos de la sociedad, por un lado, y la relación con las Fuerzas Armadas, desacreditadas en su «razón de ser» por la reciente derrota a manos del ejército británico en el Atlántico Sur. Sobre el gobierno también pesa la herencia de la deuda externa.

El 15 de diciembre, Alfonsín sancionó los decretos 157/83 y 158/83. Por el primero, se ordenaba enjuiciar a los dirigentes de las organizaciones guerrilleras ERP y Montoneros. Por el segundo, se ordenaba procesar a las tres juntas militares que dirigieron el país desde el golpe militar del 24 de marzo de 1976 hasta la Guerra de las Malvinas. El mismo día creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), integrada por personalidades apartidarías como el escritor Ernesto Sabato, la militante por los derechos humanos Graciela Fernández Meijide o el rabino norteamericano residente en la Argentina Marshall T. Meyer, entre otros.

Su misión es la de relevar, documentar y registrar casos y pruebas de violaciones a los derechos humanos con el objetivo de fundar un juicio civil a las juntas militares. También ese día, Alfonsín envió al Congreso un proyecto de ley declarando nula la llamada Ley de Autoamnistía, dictada por el gobierno militar. Una semana después, el proyecto fue sancionado como Ley 23.040, la primera ley de la nueva etapa democrática.

El proceso de desmilitarización del Estado continuó durante la presidencia de Carlos Menem. El nuevo presidente logró la subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil. Con su política de achicamiento del Estado, también redujo a ese grupo de poder y presión. En diciembre de 1990, se produjo el cuarto levantamiento carapintada, encabezado por Mohamed Seineldín.

El presidente impuso su autoridad y consiguió que los insurrectos fueran reprimidos por las fuerzas leales. Seineldín fue condenado a cadena perpetua. A partir de ese momento, los militares se alejaron de la práctica política.

Durante el gobierno de Raúl Alfonsín, al cumplirse el plazo otorgado al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas para que procediera al juzgamiento de las tres primeras juntas militares sin que se avanzara sobre el tema, la causa pasó a la justicia civil. El paso no carecía de riesgos; la organización de las Fuerzas Armadas poco había variado en el año y medio transcurrido desde el retiro del gobierno militar, y continuaban convencidas de haber actuado correctamente.

Para la defensa de los imputados, había dos caminos de justificación de ls hechos, por un lado entender que había un estado de guerra en que era necesario implementar esos actos y medidas especiales y por el otro declarar como anticonstitucional el juicio, porque se los juzgabas fuera del ámbito militar.

El Tribunal estuvo compuesto por los jueces de la Cámara Federal Carlos Arslanian, Jorge Torlasco, Andrés DAlessio, Ricardo Gil Lavedra, Jorge Valerga Aráoz y Guillermo Ledesma.

El juicio estuvo acotado a 711 casos testigo, porque solo fueron considerados los homicidios en los casos en que se encontraron los cuerpos y en que se podía demostrar que el asesinato había ocurrido por acciones u omisiones de los comandantes. De manera que el juicio no contempló el tema de los desaparecidos que continuaban en esa condición.

En la sala de audiencias se vivieron momentos muy dramáticos al escucharse los centenares de testimonios de los sobrevivientes y familiares de las víctimas.El gobierno trató de darle un perfil bajo a la difusión de los juicios. La televisión, estatal en su mayoría, nunca transmitió en vivo desde la sala del juicio y se limitó a transmitir unos pocos minutos por día de imágenes sin el audio original, que era reemplazado por la voz en off de un locutor que hacía una síntesis de lo declarado.

Esta actitud del gobierno contrastaba con la enorme difusión que tuvo el desarrollo del juicio en el mundo. Fue noticia de tapa de los principales diarios que enviaros sus corresponsales para seguir de cerca el proceso.

El 9 de diciembre de 1985 la Cámara dio a conocer las sentencias. En la fundamentación dejaron constancia que «se trató de un plan criminal organizado desde el Estado».

Se dictaminó la prisión perpetua para Videla y Massera, 17 años de prisión para Viola, al almirante Lambruschini 8 años y 4 años para Agosti. Los cuatro restantes comandantes, Graffigna, Galtieri, Anaya y Lami Dozo fueron absueltos.

Junta Militar Argentina en 1976

La mayoría de los desaparecidos eran jóvenes menores de 35 años, obreros o estudiantes y, por lo general, se les detenía en su domicilio durante la noche. La guerra sucia se cobró la vida de 30.000 desaparecidos. Eran secuestrados que no estaban en ningún sitio, y de los que nada volvía a saberse; simplemente dejaban de existir.

El punto 40 de la sentencia contariaba la política de Alfonsín que quería dar por concluido los juicios y dejaba abierta la posibilidad de continuar investigando y juzgando hacia abajo en la jerarquía militar y condenar a los jefes de zonas y subzonas militares y a los ejecutores directos de la represión.

Todas las penas íueron acompañadas de inhabilitación absoluta perpetua y destitución; los camaristas ya habían decidido de antemano absolver a los cinco acusados restantes. En todos los cargos se había optado por condenar por medio de la ley más benigna. Los casos sólo se consideraron probados si existían tres pruebas indiciarías.

Se descartaron cargos, en algunos casos por razones paradójicas: no se condenó a nadie por falsedad ideológica, por ejemplo, porque en la inmensa mayoría de las respuestas a los hábeas corpus las policías y el Ministerio del Interior habían respondido mediante documentos sellados, pero sin forma legal. No se condenó por robo de bebés porque la Cámara consideró que el número de acusaciones no era suficiente para probar un método concertado. La pertinaz tarea de los organismos humanitarios, especialmente de Abuelas de Plaza de Mayo, no fue atendida.

Había ocurrido lo inimaginable: un tribunal civil había condenado la acción de quienes habían detentado el poder absoluto en la Argentina. El juicio más conmovedor y significativo de la historia nacional, cuyas audiencias habían durado 900 horas, que había reunido a 672 periodistas, 833 testigos (546 hombres y 287 mujeres, entre ellos 64 militares y 14 sacerdotes) y producido tres toneladas de expedientes de los que formaban parte 4.000 hábeas corpus o denuncias de desaparición de Capital Federal, 5.000 del interior del país y 4.000 reclamos diplomáticos, terminó el 9 de diciembre.

ALEGATO DEL FISCA STRASSERA

Fiscal StrasseraEste proceso ha significado, para quienes hemos tenido el doloroso privilegio de conocerlo íntimamente, una suerte de descenso a zonas tenebrosas del alma humana […]. No son las Fuerzas Armadas las que están en el banquillo de los acusados, sino personas concretas y determinadas a las que se endilgan delitos concretos y determinados.

No es el honor militar lo que está en juego, sino precisamente los actos reñidos con el honor militar!…]. Por todo ello, finalmente, este juicio y esta condena son importantes y necesarios para las víctimas que reclaman y los sobrevivientes que merecen esta reparación […]. Señores jueces: Quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria.

Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces: NUNCA MÁS.

El diario del juicio. Buenos Aires, Perfil, 1986.

PARA SABER MAS…: Como ampliación del tema publicamos una nota en El Bicentenario Fasc. N° 10 período 1990-2010 a cargo de Estela de Carlotto, presidente de la abuelas de Plaza de Mayo.

DETENCIÓN DEL EXDICTADOR VIDELA POR ROBO DE BEBES

En el marco de la causa N° 1.284/85 del Juzgado Federal de San Isidro N°1, a cargo del juez federal Roberto Marquevich, en la que se investiga puntualmente la apropiación de dos menores por parte del matrimonio conformado por Norberto Afilio Bianco y Nilda Susana Wherly, dicho magistrado decretó el procesamiento de Videla y lo llamó a prestar declaración indagatoria en los términos del artículo 236 primera parte, del Código de Procedimientos en Materia Penal, Ley 2.372, por la implementación del plan sistemático de sustracción de menores, y dictó su prisión preventiva. También dispuso que la investigación de los hechos atribuidos al matrimonio Bianco-Wherly pasaran a tramitar por otro sumario.

En los considerandos de dicha resolución se expresa entre otras cosas que «a partir del desplazamiento de las autoridades constitucionales y la instalación del gobierno de facto el 24 de marzo de 1976, Jorge Rafael Videla en su calidad de comandante en jefe del Ejército Argentino ordenó un plan sistemático destinado al apoderamiento de menores, en el marco de las actividades de contrainsurgencia realizadas por la fuerza…».

Fue el 15 de junio cuando el juez federal decidió convertir la detención de Videla en prisión preventiva por considerarlo ‘»prima facie» autor mediato penalmente responsable de los delitos de sustracción, ocultación y retención de un menor de diez años (cinco hechos) en concurso real con el delito falsificación ideológica de documento público destinado a acreditar la identidad de las personas (cuatro hechos) en concurso real con el delito de falsificación ideológica de documento público (nueve hechos), concurriendo estos dos últimos en forma ideal con el delito de supresión del estado civil de un menor de diez años (cinco hechos); previstos y reprimdos por los artículos 45, 54, 55, 139, inc.2, 146 y 293, 1er. y 2do. párrafo, del Código Penal».

Si bien Videla pasó sólo un mes en la cárcel de Caseros, dado que por tener más de 70 años se le concedió luego la prisión domiciliaria, lo importante fue que esta medida fue dictada pese a la impunidad que impulsaban las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, sancionadas en 1986 y 1987, ya que había quedado fuera del alcance de las mismas el delito de apropiación de menores. Esto implicó que las Abuelas de Plaza de Mayo aprovecharan dicha fisura del sistema judicial para continuar con su inclaudicable lucha y lograr la condena de los responsables por la apropiación de sus nietos.

Fuente Consultada:
El Bicentenario Fasc. N° 9 período 1970-1989 y Fasc. N° 10 período 1990-2010
Cuatro Décadas de Historia Argentina (1966-2001) Dobaño – Lewkowicz
Historia La Argentina Contemporánea Polimodal A-Z Pigna-Dino-Mora-Bulacio-Cao

El sector terciario en la economia de un pais Actividad Terciaria

El sector terciario en la economía de un país

Al hablar de la economía de un país, nos referimos a los recursos que tiene ese país, a los bienes que produce, a los métodos de producción que emplea y al destino final de los bienes producidos. También designamos con el término economía las políticas económicas de los gobiernos, que intervienen, en mayor o menor medida, a la hora de establecer los sistemas productivos de un país, de fijar precios y salarios, de recaudar impuestos, de establecer ventajas o limitaciones, etc. El Estado, por ejemplo, puede crear y dirigir sus propias empresas, limitar la producción de un bien y fomentar la de otro, conceder ventajas para el establecimiento de industrias en una determinada región, conceder exenciones o ventajas fiscales.

Para estudiar metódicamente los bienes que produce un país, se suele dividir la economía en tres sectores:

—El sector primario, que abarca la agricultura, la ganadería, la pesca y la explotación forestal; esta última consiste en el aprovechamiento económico de los bosques para la obtención de madera, pasta de papel y algunas otras sustancias como resinas y caucho.

—El sector secundario, que engloba la minería y la industria.

—El sector terciario, que agrupa todas las demás actividades necesarias para el desarrollo de una sociedad: comercio, finanzas, transportes, turismo, enseñanza, sanidad, deportes, espectáculos, etc., consideradas desde un punto de vista económico, es decir, como productoras de riqueza.

EL SECTOR TERCIARIO:
Comprende todas aquellas actividades que no pueden incluirse ni en el sector primario ni en el secundario. Es, por tanto, un sector muy variado, que también recibe el nombre de sector de servicios, porque todas las actividades que engloba son servicios que se prestan entre sí las empresas o los individuos, como vender un producto, transportar una carga, ofrecer una habitación en un hotel, servir una cena en un restaurante, ser objeto de un reconocimiento médico, etc.

El terciario es el sector económico más importante en los países desarrollados y el que da trabajo a un mayor número de personas. En cambio, en los países en vías de desarrollo el sector económico más importante y el que ocupa mayor cantidad de población activa es el primario.

Dentro de este grupo tienen particular importancia el comercio y los transportes. Estos últimos dan lugar a la realización de grandes obras públicas, como la construcción de líneas de ferrocarril, carreteras, aeropuertos y puertos.

cuaro resumen sector terciario

Felipe Varela Caudillo Federal Su Pensamiento Politico

Felipe Varela Caudillo Federal

En el pueblo de Guaycama del departamento de Valle Viejo, Catamarca, nace en 1819. Hacia 1840, junto a su madre, que muere en combate, se une a las fuerzas que enfrentan a Rosas. Derrotados los intentos unitarios, se exilia en Chile, donde se incorpora al ejército y llega a ser capitán de carabineros. Desde Copiapó regresa a la Argentina en 1855 y revista en el Séptimo de Caballería de Línea, en Río Cuarto. En 1857 es ayudante del comisionado de La Rioja Nicanor Molinas y mantiene correspondencia con Urquiza, al que ofrece sus servicios contra Mitre. Urquiza en 1860 lo respalda como comandante del Tercer Escuadrón y segundo jefe del Regimiento N° 7.

Chacho Peñaloza Caudillo Federal Pensamiento Politico

En 1861 Várela participa de las fuerzas confederadas en Pavón y en 1862 es comandante de armas interino y jefe de policía en La Rioja. A las órdenes de Ángel «Chacho» Peñaloza se suma a su sublevación; invade Catamarca y pelea en Las Playas y Lomas Blancas. Peñaloza es derrotado y muerto y Várela se exilia en Chile.

Federal convencido, se pronuncia por el americanismo. En 1864 se constituye la filial argentina de la Unión Americana. Al año siguiente el Brasil bombardea Paysandú (Uruguay) y se inicia la guerra contra el Paraguay. Varela es decidido opositor al enfrentamiento y al centralismo que encarna Mitre, y confía en Urquiza; cabalga desde Chile hasta Rosario para ponerse a sus órdenes.

En 1866, con sus fuerzas desbandadas, regresa a Copiapó y lanza una proclama desde los Andes. En Cuyo estalla la «revolución de los colorados» y Várela, apoyado por los caudillos Sáa de San Luis y Videla de Mendoza, entre otros, integra un ejército montonero que extiende su campaña por el Noroeste y la región andina.

Es gobernador de Catamarca y logra fuerte influencia en Salta y Jujuy pero en 1867, tras sucesivas derrotas, anuncia a las autoridades bolivianas su intención de asilarse allí. El 1° de enero de 1868, desde Potosí, da a conocer el final de su célebre «Manifiesto», un apasionado texto anticentralista y defensor de la unidad americana en el que pide ser juzgado por sus acciones seguro de sus ideales republicanos.

Mitre destina fuerzas del Paraguay a aplastar la sublevación montonera y el ejército nacional derrota completamente a Várela en la batalla de Salinas el 12 de enero de 1869. Enfermo de tuberculosis, el caudillo regresa al exilio chileno en Copiapó. Muere el 4 de junio de 1870 en Antoco, Chile.

Texto de una proclama de Felipe Varela, hecha pública en la época de sus luchas de oposición al centralismo porteño.

Las resistencias del interior: Ángel Peñaloza y Felipe Varela

Carta de A. y. Peñaloza al presidente Mitre. 16 de abril de 1863.
“¡Argentinos! El hermoso y brillante pabellón que San Martín, Alvear y Urquiza llevaron altivamente en cien combates, haciéndolo tremolar con toda gloria en las tres más grandes epopeyas que nuestra patria atravesó incólume, ha sido vilmente enlodado por el general Mitre gobernador de Buenos Aires. […]

Compatriotas: desde que aquél usurpó el gobierno de la nación, el monopolio de los tesoros públicos y la absorción de las rentas provinciales vinieron a ser el patrimonio de los porteños, condenando al provinciano a cederles hasta el pan que reservara para sus hijos. Ser porteño es ser ciudadano exclusivista; y ser provinciano es ser mendigo sin patria, sin libertad, sin derechos. Esta es la política del gobierno de Mitre. […]

¡Abajo los infractores de la ley! ¡Abajo los traidores de la patria! ¡Abajo los mercaderes de cruces en la Uruguayana, a precio de oro, de lágrimas y de sangre argentina y oriental!

¡Atrás los usurpadores de las rentas y derechos de las provincias en beneficio de un pueblo vano, déspota e indolente!
¡Soldados federales! Nuestro programa es la práctica estricta de la Constitución jurada, el orden común, la paz y amistad con el Paraguay, y la unión de las demás Repúblicas americanas.”

Felipe Varela. “Proclama”.
6 de diciembre de 1866.

Fuente Consultada: Los Hechos Que Cambiaron la Historia Argentina en el Siglo XIX Ricardo J. de Titto

Plan de Convertibilidad de Cavallo Ministro de Economia de Menem

Plan de Convertibilidad de Cavallo
Ministro de Economía de Menem

EL PLAN DE CONVERTIBILIDAD FRENTE A LA HIPERINFLACIÓN:
Los problemas económicos y políticos derivados del surgimiento de la deuda externa junto con el marcado e incesante debilitamiento de la industria argentina, fueron de una magnitud tal que se tornaron incontrolables. El Estado perdía cada día más la posibilidad de plantear políticas económicas claras y  precisas y que fueran acatadas por los distintos actores sociales. Ya en democracia, durante la presidencia de Raúl Alfonsín, fue imposible convencer a los empresarios para que abandonaran el sistema financiero y comenzaran a producir.

Cavallo Ministro de Economia de MenemDomingo Cavallo nacido en San Francisco (Córdoba), en 1946. formado como economista en la Universidad de Harvard, presidente del Banco Central cuando se nacionalizó la deuda de las empresas privadas (1982), era el director del Instituto de Estudios Económicos de la Fundación Mediterránea creada por varias empresas argentinas por iniciativa de Fulvio Pagani (Arcor). Tenía por lo tanto vínculos muy sólidos con el mundo empresario. Con el nuevo ministro, llegó al poder un equipo de más de 200 técnicos destinados a la DGI, los Bancos Central y Nación y la Aduana.

La convertibilidad de la moneda argentina, con la paridad del dólar fijada por la ley del 2 de abril de 1991, es la clave del sistema económico con que el país comenzó el nuevo milenio. El Banco Central utilizó el dinero de las privatizaciones y nuevos créditos para asegurar la convertibilidad. Así pudo renegociar la agobiante deuda externa en plazos más largos.

El Estado argentino no emitía más moneda sin respaldo y retomaba el pago de la deuda externa. Despojado de su papel de benefactor, limitaba sus obligaciones, revalorizaba el mercado y traspasaba a las provincias la responsabilidad en materia de educación y de salud pública.
La inflación desapareció. Fue del 17% anual en 1992 y descendió a valores ínfimos en los años siguientes. Gracias a las reformas se recuperó la demanda y la actividad creció en el 8,8% anual de 1990 a 1994, verdadero récord del siglo.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS: Luego de muchos años de especulación financiera, con una reducción de la llamada economía real (la que funciona sobre la base del trabajo y la  transformación de objetos y no de transacciones financieras) el sistema económico en su conjunto estalló en 1989. Los sectores más adinerados y el empresariado no tenían confianza ni en la economía (cuyo funcionamiento en los últimos años había permitido su enriquecimiento) ni en el gobierno, que ya había perdido el apoyo de la banca acreedora. Los grandes empresarios, entonces, abandonaron la moneda nacional, y compraron todos los dólares que había en reserva en el Banco Central con lo cual nuestra moneda perdió su valor por falta de respaldo.

Si una moneda no tiene respaldo, cada vez vale menos, o directamente a no vale nada. Por lo tanto, la moneda argentina ya no servía para pagar productos y servicios. Eso trajo como consecuencia el aumento de los precios hora a hora y el proceso inflacionario se transformó en hiperinflacionario. El precario equilibrio desapareció porque la cadena de pagos (lo que las personas y las empresas pagan al adquirir un bien o utilizar un servicio) se deshizo ante la falta de moneda con valor propio.

Tras la asunción anticipada de Carlos Menem, los empresarios se calmaron, algunos regresaron a la moneda nacional, y la inflación bajó sensiblemente. No obstante, el nuevo gobierno fracasó con su nuevo plan económico.

A fines de 1989, los empresarios generaron un nuevo proceso hiperinflacionario, parecido al sufrido por Alfonsín, cinco meses antes. Este nuevo golpe de mercado le costó el puesto a Néstor Rapanelli, ministro de Economía de Menen. Rapanelli era el representante de uno de los grupos económicos que dio el golpe de mercado hiperinflacionario a Alfonsín. Algunos especialistas afirman que otros grupos económicos estaban disgustados con Menem por los privilegios otorgados al grupo que representaba Rapanelli y por ese motivo impulsaron la segunda hiperinflación.

Este fracaso del menemismo, llegado al poder hacía muy poco tiempo, dio lugar a múltiples conjeturas: desde la intención del presidente de cerrar el Parlamento hasta la posibilidad de su propia renuncia. Tras un acuerdo con todos los grupos empresarios en marzo de 1990, se estabilizan medianamente las finanzas. La hábil estrategia comunicacional del gobierno de Menen posibilitó que muchos recuerden la hiperinflación del período de Alfonsín y no la que se generó dentro su propio gobierno, la que estuvo también a punto de derrumbarlo.

EL PLAN DE CONVERTIBILIDAD: El acuerdo establecido en 1990 con los grupos empresarios fue también muy endeble. El gobierno quería que produjeran y no especularan, pero los grupos empresarios querían comprar a precios bajos las empresas del Estado, que en la mayoría de los casos, no funcionaban en forma eficiente. Y se negaban a producir.

Con un sistema productivo tan débil, la banca acreedora no estaba satisfecha: había que obligar a producir. Para eso era necesario reestructurar la economía. A partir de ese momento, la banca acreedora impulsa la llegada de Domingo Cavallo al Ministerio de Economía.

Cavallo mantenía excelentes relaciones con los acreedores y, por lo tanto, si llegaba al gobierno contaría con el respaldo económico, en forma de créditos, para iniciar una nueva fase de la reconversión de la economía argentina. Cavallo pudo alcanzar el cargo en 1991, por dos motivos:

1. Una nueva jugada de los empresarios nacionales que apuntaba a generar un tercer golpe hiperinflacionario (el segundo de la presidencia de Menem, que no llegó a concretarse del todo aun cuando el valor del dólar y la inflación subieron mucho). Esto debilitó económicamente al gobierno y al ministro de Economía de ese momento, Antonio Erman González.

2. Las denuncias de corrupción impulsadas por el embajador de los Estados Unidos que afectó al gobierno, a nivel político, en el ámbito internacional. Es importante tener en cuenta que existe una fuerte vinculación entre los Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional.

La caída de Erman González posibilitó la llegada de Cavallo, que era en ese momento visto como una persona muy prestigiosa y alejada de la corrupción. En los primeros meses de 1991 se puso en marcha el llamado Plan de Convertibilidad, que contó con el apoyo de la banca acreedora. Este plan logró instaurar reglas de juego mucho más claras para comenzar la nueva fase de la reestructuración económica que se había iniciado en 1976. Con ese enorme respaldo, Cavallo, decidió negociar, y en muchos casos enfrentar, a los grupos económicos nacionales. Incluso, realizó reiteradas denuncias de comportamientos «mañosos» de algunos empresarios argentinos.

El Plan de Convertibilidad fue una gran lucha de dos concepciones diferentes del poder económico: por un lado, la modernizadora de Cavallo respaldada por la banca acreedora y, por el otro, la no productivista, típica de los que se enriquecieron desmedidamente durante la dictadura militar sin producir bienes o servicios.

El Plan de Convertibilidad y la «reforma estructural», a la búsqueda del reencauzamiento económico El conjunto de políticas que hicieron posible la implementación del Plan de Convertibilidad dieron lugar a la llamada reforma estructural de la economía y el Estado.

El instrumento central de esta política fue el establecimiento de la «ley de la paridad»:un peso igual a un dólar estadounidense. La libre convertibilidad significa que en cualquier transacción económica que los habitantes del país realicen es indistinto si usanpesos o usan dólares.

Pero lo sustancial de este plan fueron las profundas medidas que permitieron sostener la paridad y la convertibilidad. Entre ellas se encuentran las privatizaciones, la flexibilización laboral y la desregulación económica.

La reforma estructural cambió, en pocos años, el funcionamiento de la economía argentina. El objetivo era desarmar el enorme sistema de especulación financiera existente hasta el momento y sentar las bases para que el capital nacional o extranjero se orientara a la producción, que el Estado pudiera cobrar más impuestos y, de esa manera, lograse pagar la deuda externa.

Podemos decir que debido a la enorme influencia que ejercían, sobre el proceso económico argentino a principios de la década de los ’90, las entidades financieras,principales acreedoras de la deuda externa argentina. Entonces, la nueva estrategia estabilizadora del Plan de Convertibilidad posibilitaba avanzar en tres frentes simultáneos y cumplimentar objetivos insoslayables de la etapa económica que se abría al cumplirse menos de dos años del nuevo gobierno:

1. vencer la recurrente hiperinflación;

2. sentar las bases de una relación estable con la banca acreedora, a fin de dejar atrás los años de incumplimiento de las obligaciones externas, y formular una estrategia que permitiese cumplir con todas las exigencias financieras derivadas de dicho endeudamiento;

3. realizar las transformaciones necesarias a fin de adaptar la economía argentina al proceso de relaciones económicas internacionales, afirmado definitivamente por la caída del Muro de Berlín, por las condiciones de la globalización y por los requisitos planteados por el Consenso de Washington.

LOS FERROCARRILES ARGENTINOS: A fines de los ’80 se pensó seriamente en la posibilidad de suprimir el sistema ferroviario, ante el creciente déficit, el descontrol de la empresa Ferrocarriles Argentinos y le imposibilidad de competir con las poderosas empresas de transporte automotor (muchas veces privilegiadas desde el mismo Estado), y el nueve rival, sobre todo en el traslado de pasajeros de larga distancia, que es el transporte aéreo.

Pero el cierre de los ferrocarriles iba a ser peor que mantenerlos funcionando en esas condiciones, ya que los efectos secundarios de tal actitud serían casi catastróficos; por ejemplo, se incrementaría el transporte automotor tanto en cargas como en pasajeros lo que produciría un gran congestionamiento en las rutas y en las ciudades; habría una mayor contaminación ambiental, un aumento en el consumo de combustibles, y vastas regiones de nuestro país quedarían incomunicadas. Ante tal situación, la única solución aparente fue la invitación al sector privado a interesarse en el servicio.

Para ello se cedería a las empresas privadas todo el material rodante existente y las vías en carácter de concesión a fin de que éstas presten el servicio; el Estado quedaría como propietario y contralor de los servicios.

El proceso privatizador comenzó a principios de los años ’90. La única línea que no fue adjudicada y que permanece en poder del Estado es el Ferrocarril Belgrano S.A.

El servicio interurbano de pasajeros fue totalmente suspendido y se le ofreció c las provincias que se hicieran cargo de él. Algunas accedieron y mantienen un mínimo servicio; otras lo han eliminado.

El principal motivo de esta baja de servicios es el alto costo de los peajes que cobran los concesionarios de cargas al paso de los trenes de pasajeros, los que no tienen ningún tipo de regulación por parte del Estado. En líneas generales este nueva modalidad trajo aparejada una mejora de alrededor de un 25% promedie en los servicios de cargas y pasajeros urbanos-suburbanos con respecto a los últimos servicios prestados por Ferrocarriles Argentinos y comparables en rendimiento al funcionamiento de la empresa estatal de mediados de los años ’60.

Adaptación del texto de Guillermo Ghio

El Plan Condor Operacion Lucha contra el comunismo en Latinoamerica

El «Plan Condor» Operación
Lucha Contra el Comunismo en Latinoamérica

A comienzos de la década del 90 se descubren en Paraguay los documentos secretos de la policía política paraguaya. Pero estos documentos, que ganaron el macabro nombre de «los archivos del terror», no sólo informaban del accionar de esa fuerza, sino que revelaban la coordinación de los gobiernos militares sudamericanos durante las décadas de 1970 y 1980 para perseguir a los opositores políticos.

Se conoce como Operación Cóndor al plan de inteligencia y coordinación entre los servicios de seguridad de las dictaduras militares de los generales Augusto Pinochet, de Chile; Hugo Bánzer, de Bolivia; Alfredo Stroessner, en Paraguay; Joao Figueredo, de Brasil; más los gobiernos derechistas de Isabel Perón, de Argentina, y Juan María Bodaberry, de Uruguay. El objetivo del plan era el intercambio de información acerca de personas «subversivos» residentes en dichos países, así como la cooperación para perseguirlas a través de las fronteras nacionales.

Aunque sus actividades se iniciaron antes, la creación oficial de la Operación Cóndor se fecha en noviembre de 1975, en una reunión secreta de representantes de los servicios de inteligencia de los mencionados países celebrada en Santiago de Chile y convocada por Manuel Contreras, el  director  de la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional, la policía política del país).

La Dirección de Inteligencia Nacional, más conocida por su acrónimo DINA, fue la policía secreta chilena durante el período inicial del régimen militar de Augusto Pinochet, siendo uno de los elementos más significativos del aparato represor de la dictadura.

Las primeras acciones enmarcadas dentro de la Operación Cóndor se llevaron a cabo en septiembre de 1974, en la ciudad de Buenos Aires. Cuatro exiliados uruguayos fueron secuestrados y, semanas más tarde, sus cadáveres aparecieron en los alrededores de Montevideo. La siguiente acción fue contra el general chileno Carlos Prats, asesor del presidente Salvador Allende y su mujer. Los dos fueron asesinados por un comando de la DINA que actuó en suelo argentino.

La Operación Cóndor permitió a las fuerzas armadas y paramilitares de las dictaduras del Cono Sur desplazarse libremente por el territorio de oír: países para secuestrar, torturar y asesinar a los ciudadanos considerados sediciosos e intercambiarse los detenidos.

Antes de esta fecha, la colaboración represiva era una realidad impulsada en la región por Estados Unidos, que amparaba los regímenes anticomunista por temor a que la existencia de un gobierno de izquierdas en la zona facilitase la emergencia de otros provocando un efecto dominó.

Era la tan reiterada «doctrina de seguridad nacional» que insistía en luchar contra enemigo interior: el comunismo.  Desde mediados de la década de 1970 se desarrollé una internacionalización de la represión que fue posible porque la coordinación de Operación Cóndor, además de permitir identificar, trasladar o asesinar a disidentes, facilitó encubrir crímenes, trasladando cadáveres de un país a otro o creando confusión sobre las víctimas y sus asesinos. Los agentes de la Operación Cóndor actuaron tanto en países de América Latina como en Estados Unidos y Europa. Por ejemplo, en Madrid, España, intentaron secuestrar a líderes del MIR chileno mientras que en Roma, Italia, actuaron contra disidentes políticos argentinos.

El Informe Hinchey señala que entre 1974 y 1977, la CIA mantuvo contacto regular pagado con el entonces director de la DINA. El gobierno de los Estados Unidos aprobó esta relación mercenaria con Contreras ya que “dada su posición como jefe de la principal organización de inteligencia en Chile, era necesario para cumplir la misión de la CIA, a pesar de las preocupaciones de que esta relación pudiera exponer a la CIA a acusaciones de estar colaborando en al represión política interna.”.

En 1992 fue descubierto en Paraguay un gran archivo con más de 700.000 páginas de documentación sobre la represión en este país. Se encontraron también registros de la cooperación de la inteligencia estadounidense con las dictaduras de la región, incluida la paraguaya. El estudio de los «archivos del terror», como se les conoce, ha proporcionado valiosísima información sobre las actividades de la Operación Cóndor en el Cono Sur que ha permitido la detención de algunos de sus miembros, incluido el propio Pinochet.

La Operación Cóndor dejó tras de sí cientos de víctimas: torturados, asesinados y desaparecidos, especialmente guerrilleros —o sospechosos de serlo— del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR) chileno, el Ejército Revolucionario del Pueblo argentino o los tupamaros uruguayos. Y, a pesar de que su punto álgido fueron los años comprendidos entre 1975 y 1977, en junio de 1980 aún tuvo lugar una acción de Cóndor: Noemí E. Giannetti de Molfino, madre de la Plaza de Mayo exiliada en Perú, fue secuestrada en Lima, y tras un largo periplo (Bolivia, Argentina, Brasil, y España) apareció envenenada en un hotel madrileño. Según los «archivos del terror» descubiertos en Paraguay , la Operación Cóndor dejó un terrible saldo de 50.000 muertos, 30.000 desaparecidos, y unos 400.000 presos.

EL 16 DE OCTUBRE DE 1998, mientras se encontraba internado en la London Clinic, el exdictador chileno Augusto Pinochet fue arrestado por Scotland Yard. Su detención era producto de una orden de captura internacional emitida por el juez español Baltasar Garzón por las acusaciones de asesinato, tortura y genocidio.

El Plan Cóndor: Las dictaduras del Cono Sur aplicaron, con la conformidad de Estados Unidos, el Plan Cóndor, que sirvió para que sus servicios represivos coordinaran miles de secuestros y asesinatos de opositores políticos. En 1992 apareció en Paraguay un archivo oficial con precisos documentos sobre esas actividades. Videla y Pinochet, durante una visita del primero a Chile en 1978.

Pacto de Olivos Alfonsin Menem Reforma de la Constitución 1994 Santa Fe

Pacto de Olivos:Alfonsín-Menem
Reforma de la Constitución en 1994

En 1993, en el marco de una fuerte crisis económica y social, Menem reflotó la propuesta de modificar la Constitución Nacional con el objetivo de permitir la reelección del presidente. Para alcanzar este objetivo, necesitaba lograr un acuerdo con el líder radical Alfonsín, quien finalmente accedió a negociar con el gobierno. El llamado «Pacto de Olivos», suscripto entre los jefes del PJ y la UCR, allanó el camino para reformar la Constitución.

Luego de tres meses de deliberaciones, el 22 de agosto de 1994, la Asamblea Constituyente sancionó la nueva Constitución y Menem quedó habilitado para presentarse como candidato a la reelección. El 14 de mayo de 1995, Menem se impuso en los comicios presidenciales y asumió el poder por un período de cuatro años, de acuerdo con el criterio que se había establecido en el Pacto de Olivos de acortar en dos años el mandato del presidente.

EL PACTO DE OLIVOS: el acuerdo fue cerrado el 14 de diciembre de 1993, después del Pacto de Olivos, el Congreso aprobó rápidamente la ley declarativa de la necesidad de la reforma, con el voto favorable de los legisladores justicialistas y radicales, se convocaron elecciones generales para designar a 305 constituyentes, y comenzó la labor de la Convención reunida inauguralmente en la ciudad de Paraná, que deliberó durante tres meses en la dudad de Santa Fe, sede histórica de las principales convenciones constituyentes argentinas desde 1853.

LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN: A fines de 1993, el gobierno y el principal partido de la oposición acordaron la reforma de la Constitución Nacional. En abril de 1994 se eligieron diputados constituyentes que, entre mayo y agosto, reformaron el texto constitucional.

Pacto de Olivos Alfonsin Menem El principal objetivo perseguido y alcanzado por el gobierno era la habilitación de la posibilidad de la reelección presidencial. La reforma establece que el Presidente y el Vicepresidente de la Nación duran en el cargo cuatro años y que podrán ser reelegidos por un solo período consecutivo.

El radicalismo, por su parte, buscó y consiguió incorporar a la Constitución un conjunto de disposiciones que habían formado parte del proyecto de reforma constitucional elaborado durante el gobierno de Alfonsín: atenuación del presidencialismo, garantías de independencia del Poder Judicial, incorporación de mecanismos de democracia semidirecta y afirmación de los derechos sociales, agregando cláusulas referidas a la protección del medio ambiente y de los derechos de los consumidores y los usuarios de los servicios públicos.

Se han incorporado a la Constitución los tratados firmados por nuestro país con organismos internacionales o con otros países, entre otros, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y la Convención de Eliminación de las Formas de Discriminación contra la Mujer.

La Constitución y el pacto Menem-Alfonsín
«Se suele argüir […] para denostarla, que esta reforma se origina en un pacto -originariamente secreto- de dos caudillos políticos. Y que el mismo supuso la aceptación de; uno de ellos, Alfonsín, de la pretensión del presidente Menem de posibilitar su reelección a cambio de la introducción de un bloque de reformas que aquél considera convenientes para garantizar la democracia y asegurar los derechos y el bienestar ciudadanos. Y que la única motivación real de Menem ha sido alcanzar esa perspectiva de continuidad y de ahí su escaso interés acerca de las otras propuestas. Es verdad. Hubiera sido más elegante posponer la autorización de una reelección inmediata para el futuro. Pero ese acuerdo de líderes fue ratificado por el Congreso Nacional y por la reelección popular, de tai manera que adquirió absoluta legitimidad. Se aduce igualmente que el pacto estuvo motivado por el temor de Alfonsín de enfrentar una nueva derrota en el plebiscito convocado para el 21 de noviembre de 1993. Sin negar esa presunción, que es correcta, Alfonsín sostiene que su gesto tendió a evitar una frustración constitucional que, aunque legítima por la suma de sufragios, podía tener los mismos problemas que la de 1949, al realizarse con la ausencia y la falta de participación de los partidos opositores. Se estaba-agregaba-en cambio, ante la posibilidad de introducir en la ley fundamental garantías y procedimientos que la modernizaran y que había procurado llevar adelante sin éxito -como antes se ha visto- en el lapso 1983-1989. Y en rigor de verdad, si se comparan esas propuestas, explicadas anteriormente, con la reforma obtenida, se advertirá su notoria continuidad de propósitos. Que esos cambios mejoren o no la gobernabilidad que se pretende es otra cuestión que se verá en su momento.»
EMILIO F. MIGNONE. Constitución de la Nación Argentina, 1994, Manual de la Reforma. Buenos Aires, Ruy Díaz, 1994

LECTURA COMPLEMENTARIA:
La reforma de 1994

Luego del llamado «Pacto de Olivos», suscrito el 13 de diciembre de 1993 por el Presidente de la Nación y del Consejo Nacional Justicialista, doctor Carlos Menem, y el Presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical y ex Presidente de la Nación, doctor Raúl R. Alfonsín, el Congreso aprobó, el 29 de diciembre de 1993, la ley 24.309, que declaró la necesidad de reformar la Constitución. El contenido de la ley seguía lo acordado por los dos partidos y establecía los puntos de la constitución que deberían reformarse.

El núcleo de coincidencias básicas contenía modificaciones al sistema de organización de los poderes previsto en la Constitución de 1853. Debía ser aprobado en su totalidad y sin que la Convención Constituyente pudiera modificarlo; caso contrario, se produciría la nulidad de la reforma. Algunos de los cambios que se propusieron fueron los siguientes: la creación del cargo de jefe de gabinete del Poder Ejecutivo; la reducción del mandato del presidente y del vicepresidente a cuatro años, con la posibilidad de reelección inmediata por un sólo período; la elección directa y a doble vuelta del presidente y del vicepresidente; la elección directa de los senadores, reduciendo su mandato a seis años y aumentando su número a tres por provincia.

Los temas habilitados para su tratamiento en la Convención Constituyente eran, entre otros, el fortalecimiento del régimen federal; el establecimiento del Defensor del Pueblo; normas de preservación del medio ambiente; normas destinadas a garantizar la defensa de la competencia y la protección de los consumidores y usuarios de servicios públicos; la incorporación a la constitución del hábeas corpus y del amparo.

Tanto los temas contenidos en el núcleo de coincidencias básicas como los que fueron habilitados para su tratamiento fueron el resultado de largas negociaciones entre los partidos firmantes del acuerdo, y debatidas, en mayor o menor medida, por los restantes partidos y los distintos sectores de la sociedad. La ley estableció también las normas que regirían la convocatoria, la reunión y el funcionamiento de la Convención.

El 10 de abril de 1994 se realizaron las elecciones de los convencionales constituyentes. Los partidos firmantes del «pacto de Olivos» obtuvieron el 57,58% de los votos emitidos (37,68% el justicialismo, 19,90% el radicalismo). Otros partidos, como el Frente Grande (12,50%) y el Movimiento por la Dignidad Nacional -MODÍN- (9,10%), no eran contrarios a la reforma de la constitución, pero estaban en desacuerdo con los límites que radicales y justicialistas habían impuesto a la Convención. Esto significa que la reforma de la Constitución contó con el respaldo de cerca del 80% de los votos emitidos.

El 25 de mayo de 1994, con 305 convencionales de 17 bloques partidarios, la Convención Constituyente inició sus sesiones en las ciudades de Santa Fe y Paraná.

El 1.° de agosto fue aprobado, por 177 votos a favor, el núcleo de coincidencias básicas. El 22 de agosto, la Convención aprobó el texto definitivo de la constitución reformada, que entró en vigencia el 24 de agosto de 1994, día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.

Ese mismo día, la nueva Constitución Nacional fue jurada por los convencionales constituyentes, los presidentes de las cámaras legislativas, el Presidente de la Nación y el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La reforma comprendió los temas incluidos en el núcleo de coincidencias básicas y los que se habilitaron para su tratamiento en la Convención Constituyente.

Ver: Garantías Constitucionales

https://historiaybiografias.com/linea_divisoria3.jpg

PARA SABER MAS…: Como ampliación del tema publicamos una nota en El Bicentenario Fasc. N° 10 período 1990-2010 a cargo de Hugo Quiroga, politógolo y periodista.

El acuerdo político celebrado entre ambos dirigentes no estuvo exento de obstáculos y complicaciones, principalmente para el radicalismo. Por un lado, el acuerdo original contenía las renuncias de tres miembros de la Corte Suprema reclamadas por la UCR, las que debían producirse antes de la reunión de la convención del partido radical, el 4 de diciembre del pasado año. Ante el incumplimiento del compromiso adquirido por Menem, el radicalismo amenazó con romper el acuerdo si los magistrados no renunciaban antes del 3 de diciembre.

Finalmente, el anuncio de los alejamientos solicitados le permitió a Raúl Alfonsín obtener el respaldo necesario en la convención de su partido. Por el otro, el Pacto de Olivos dio lugar a una crisis profunda en el interior del radicalismo que puede llegar hasta la ruptura. El líder radical y presidente del partido ha actuado con severidad en este proceso para imponer disciplina en sus filas.

Hasta ahora se han intervenido algunos distritos rebeldes cuyas conducciones se negaban a aceptar el pacto sellado por Alfonsín, y algunos dirigentes, como Jesús Rodríguez, centraron sus campañas para constituyentes criticando al socio del acuerdo. En los comicios de convencionales, el radicalismo quedó como tercera fuerza en Capital Federal y en la provincia de Buenos Aires.

A simple vista, ambos firmantes del acuerdo salieron beneficiados. A Raúl Alfonsín le permitió ocupar el centro de la escena política, que había perdido con la salida anticipada de su Gobierno. En su discurso de defensa del pacto alegó que con estas reformas se modificará el carácter extremo del sistema presidencialista argentino. A la vez,
la mieiicion ue aíioiisiii iue detener la ofensiva del gobierno nacional por imponer de manera unilateral, a través de un plebiscito cuyo triunfo se daba por descontado, los temas de la reforma que no incluían atenuaciones al presidencialismo. A Carlos Menem, porque se le facilita el camino de la reelección presidencial.

Un pacto de cúpulas sustrajo la posibilidad de extender y profundizar un debate colectivo, imprescindible cuando se trata de reformar el diseño institucional de una nación. Es difícil sacar conclusiones sobre la puesta en práctica de una reforma que acaba de aprobarse. Sólo quedan interrogantes. La renovación de las instituciones siempre genera incertidumbres que solo puden ser resueltas desde la claridad de las prácticas constitucionales, desde la Constitución realmente aplicada.

Fuente:El Bicentenario Fasc. N° 10 período 1990-2010 a cargo de Hugo Quiroga, politógolo y periodista.

ORDEN DEL LIBERTADOR SAN MARTÍN Condecoracion Argentina Maxima

«ORDEN DEL LIBERTADOR SAN MARTÍN»

EN AGOSTO DE 1943 EL GOBIERNO DE FACTO DISPUSO CREAR POR DECRETO LA ORDEN DEL LIBERTADOR SAN MARTÍN DOS AÑOS DESPUÉS SE APROBÓ EL DISEÑO DEL COLLAR DE ESA ORDEN, LA MÁXIMA DISTINCIÓN QUE CONCEDE EL ESTADO ARGENTINO A PERSONALIDADES EXTRANJERAS RELEVANTES LAS QUE, PARA CONSERVAR LA POSESIÓN DEL COLLAR, DEBEN MANTENER UNA CONDUCTA INTACHABLE.

El gobierno de Edelmiro Farrell dictó el decreto 5000 del 17 de agosto de 1943, aniversario de la muerte del Gral. José de San Martín y de este modo instituyó la condecoración con el nombre «Orden del Libertador San Martín». El decreto fue respaldado luego por la ley 13302 del 21 de mayo de 1948, que derogó la anterior medida, pero manteniendo la exigencia de conferirla a extranjeros. Luego del golpe de 1955 , el decreto ley 16628 derogó parte de la ley anterior y modificó algunos artículos.

Argentina pudo entonces integrar el conjunto de estados que en el mundo poseían una condecoración nacional máxima para retribuir las distinciones que otros países otorgaban a sus autoridades o ciudadanos , lo que en el terreno de la cortesía internacional , resulta indiscutible para una adecuada política de relación entre estados.

Una vez constituida la condecoración, se dispuso concursar el diseño del collar. Para ello el Consejo de la Orden dispuso convocar a concurso público a diseñadores y escultores a principios de 1945. De entre los proyectos presentados el Consejo eligió el del ingeniero Ángel E. Ibarra García. El 3 de mayo de 1945 se reunió el Consejo para considerar el bosquejo preparado por Ibarra García, el que fue aprobado en general, dejándose para otra reunión considerar las objeciones en particular.

El collar está compuesto por dieciocho elementos. Diez de ellos son coronas de laureles elípticas, alternadas por cuatro piezas que representan al sol que aparece en la primera moneda argentina de plata acuñada en 1813 en Potosí.

Los laureles rematan en sus extremos en sendas nervaduras de hojas, de acuerdo al uso de los ornamentos coloniales bordados en el frac que San Martín usó como Protector del Perú. Los de su extremo anterior están unidos por un eslabón con forma de infinito, y las del interior por el broche de la divisa mencionada.

Los laureles representan las glorias logradas por el Libertador en su campaña sudamericana, cuyo eslabón del extremo exterior se pierde en el infinito.

El sol es fiel reproducción de aquella primera moneda patria. Es figurado, como en heráldica, con un total de 32 rayos alternados, 16 rectilíneos y 16 flamígeros. La pieza central es la divisa nombrada.

La segunda parte está compuesta por tres elementos. De la divisa pende un cóndor andino de frente, en actitud de volar. Sostiene en sus garras una doble corona de laureles que sirve de lecho a la réplica del sable corvo desenvainado.

El cóndor es mudo testigo de las proezas sammartinianas andinas. Los laureles simbolizan las glorias que logró San Martín con su genio. Finalmente, la pieza principal es el gran medallón que pende de la corona de laureles.

El gran medallón representa al sol, con sus rayos flamígeros y rectilíneos que sirve de sostén a la medalla con la efigie del Libertador, mostrado con uniforme en perfil tres cuartos, dentro de un cintillo y un doble círculo esmaltado con los colores nacionales, distribuidos de la misma forma en que se usó en la bandera del Ejército de los Andes.

Condecoracion a Eva Peron Orden del Libertador Unica Excepcion

Condecoración a Eva Perón
Orden del Libertador

Párrafo aparte merece el Collar que, en Grado Extraordinario, fuera conferido a la señora María Eva Duarte de Perón, única excepción en la historia del Collar, en lo que a sus destinatarios se refiere.

Le fue otorgado por ley 14.128 del 18 de julio de 1952. Esta ley agregó un segundo apartado en el articulo 4″ de la ley 13.202, que justificó el uso.

La condecoración fue impuesta por el presidente Perón, en su calidad de Gran Maestre de la Orden, el 21 de julio de 1952. De características notables, esta pieza fue única por su contenido.

El Collar no incluyó nombre o imagen personal alguna, sólo el habitual busto del Libertador y su nombre. Poseyó seis piezas principales: un gran medallón; corona de laureles con e! sable corvo; cóndor andino; gran Escudo Nacional con cuatro banderas; el Collar compuesto con los escudos de las entonces catorce provincias unidos por una doble cadena de tambores (réplica del tambor de Tacuarí) y cierre de laureles con remate de un gran sol.

El Collar estuvo constituido por 4.574 piezas, distribuidas en 3.821 de oro y platino y 753 piedras preciosas, entre brillantes, esmeraldas y rubíes. Su confección se le adjudicó a la joyería Ghiso S.A. Su bosquejo y trazado lo realizó la diseñadora de joyas Aída Louzao, teniendo como base el original de Ibarra García.

Acaecido, el levantamiento militar de 1955, el gobierno dispuso el embargo de bienes del ex presidente Perón y su esposa a través del decreto-ley 8124/57, que tuvo antecedente en el decreto-ley 5148/55.

La condecoración, junto a otras joyas y piezas de arte, en primera instancia, fue ofrecida en subasta pública el 21 de octubre de 1957. Los peritos del Banco Municipal de la Ciudad de Buenos Aires aconsejaron su desengarce y venta en lotes.

El acto del des engarce se efectuó ante el escribano Miguel F. Punta, el 15 de enero de 1958 en dicho banco (inventario número 279 T.G.).

Luego en 55 apreciados lotes fueron subastados y adquiridos por distintos compradores.

El agraciado debe usar el Collar en las grandes ceremonias a las cuales es invitado y asiste el presidente de la Nación. En actos oficiales menores debe usar la miniatura de la insignia.

Esta es una réplica en escala reducida del mismo, excepto el Collar propiamente dicho.

En la vida civil debe usar la pequeña cinta especial de tela de hilo metálico dorado, que se le entrega con el Collar, para su uso en e! ojal del saco.

Respecto a los demás grados de la Orden, ellos son: la Gran Cruz, que se compone solamente de una banda de fa ya blanca y azul celeste con medalla y placa de oro; Gran Oficial, banda y placa de oro y plata; Comendador, medalla circular, corona de laureles todo en oro y plata y venera azul celeste y blanca; Oficial, medalla circular y corona en plata y oro y cinta azul celeste y blanca; Caballero, medalla circular en oro y cinta azul celeste y blanca.

Estos grados son entregados con su miniatura y distintivo para su uso en la solapa de la prenda. La Orden del Libertador General San Martín y otras piezas notables pueden ser admiradas en el Museo de la Diplomacia Argentina.

Obra de la Fundación Evita

Fuente: Revista  Todo Es Historia Nro.315

Gobiernos Populistas en America Latina Causas y Objetivos

Gobiernos Populistas en América Latina
Causas y Los Objetivos

Después de la Segunda Guerra Mundial, mientras Estados Unidos y  Unión Soviética rivalizaban por extender su influencia en distintas partes ce mundo, en América Latina surgieron o se consolidaron experiencias denominadas populistas. Las más clásicas son las que se desarrollaron en México. En Argentina y Brasil. Aunque con sus particularidades, estos «populismos» presentaron algunos rasgos en común. Getulio Vargas en Brasil, Lázaro Cárdenas y sus sucesores en México y Juan Domingo Perón en la Argentina se transformaron en líderes muy populares que ejercieron el gobierno de manera personalista.

Populismo en america latina

ANTECEDENTES:

En la Argentinay en toda Latinoamérica— desde mediados de la década de 1940 las masas emergen de un modo inequívoco, en la sociedad y en la política. Esto se relaciona en parte con procesos de industrialización pero, sobre todo, con el acelerado crecimiento de algunas grandes ciudades, a las que se vuelcan sectores expulsados por la crisis rural y atraídos por la posibilidad, más o menos real, de obtener en las ciudades mejores empleos, mejores condiciones de vida. Excluidas y marginadas del consumo, del prestigio y del poder, en un momento esas masas irrumpieron en forma brusca reclamando un lugar en la sociedad. En ese sentido, el 17 de octubre de 1945 fue un episodio de un simbolismo extremo.

¿Qué hacer con esas masas? Hay una política posible para ellas —en la Argentina y en todo el mundo— que es la de lo que genéricamente podría denominarse el socialismo: colaborar con ellas, para que ellas mismas encuentren su propio destino, realicen su propia reivindicación. Se plantean aquí varios problemas tácticos y estratégicos: cuáles van a ser los medios, con qtu velocidad se van a producir esos cambios qué sacrificios debe imponerse una genera ción en aras de las siguientes. En cualquier caso, es un camino difícil. Naturalmente es posible la política inversa: excluir y marginar a las masas, explotarlas, reprimirlas los riesgos también son evidentes y consis ten en una explosión incontenible.

El siglo XX elaboró una tercera opción desarrollada por el fascismo italiano y ade cuada —modificándola sensiblemente— en Latinoamérica: una política de masas que descarte su autonomía y las utilice para sustentar poderes ajenos. Esto es lo que suel denominarse populismo.

Se apoya en primer lugar en el consumo de masas. Estos vastos contingentes, recientemente urbanizados, desean consumir, y ese consumo puede ser adecuado para el desarrollo de ciertos sectores industriales locales. Fomentarlo, mediante una política redistributiva de ingresos, no sólo beneficia a las masas —las tranquiliza quizá— sino también a quienes produce para ellas.

También estos gobierno pretendían que sus países lograran una mayor independencia económica a través de la profundización del desarrollo industrial. Del mismo modo, consideraban que el Estado debía atender los intereses del «pueblo» constituido por los trabajadores urbanos y rurales y los empresarios nacionales.

Tenía que cumplir además la función de arbitro en los conflictos que surgieran entre los distintos grupos sociales.  El mejoramiento de la situación de los trabajadores fue una preocupación central y la base para construir una sociedad más justa y menos conflictiva. El único sector a combatir era la «oligarquía»: una minoría vinculada con el enemigo extranjero, el «imperialismo», ajena a los intereses del «pueblo» y la «Nación».

El Estado jugó efectivamente un papel central en las transformaciones propuestas. Alentó el desarrollo industrial y, en el caso de México, también la reforma agraria. Tomó además a su cargo nuevas funciones empresariales como la explotación del petróleo y de ciertos servicios públicos; protegió a los empresarios industriales, impulsó leyes laborales y aumentó los ingresos de los trabajadores. Fue justamente entre ellos donde los líderes populistas obtuvieron el mayor apoyo.

En el plano económico, si bien creció la industria y se avanzó en el desarrollo de la siderurgia y la producción energética, desde mediados de la década de 1950, sobre todo en la Argentina y Brasil, las economías comenzaron a mostrar signos crecientes de estancamiento.

¿Quién paga esto? Generalmente los sectores productores tradicionalmente volcados a la exportación —nuestra oligarquía terrateniente, por ejemplo— cuyos ingresos son trasladados al sector industrial por intermedio del Estado, a través de retenciones a las exportaciones, cambio diferencial, etc.

Sobre todo, se apoya en una política de masas. Estas son movilizadas y politizadas intensamente, pero cuidando de tronchar todo amago de acción autónoma. La politización es encuadrada por el Estado, junto con un partido —o un movimiento— que se desarrolla adosado a él y que está indisolublemente unido a la figura de un líder carismático, su surgimiento no es un mero azar: esa figura es cuidadosamente construida por los medios de comunicación de masas —la radio, la televisión— cuyo desarrollo es esencial para esta política populista. Ni Mussolini ni Perón habrían existido sin la radio.

También es construida mediante la práctica de una beneficencia directa. El Estado providente y benefactor —el clásico Welfare State de los capitalismos avanzados— se concentra en una persona, de cuya bondad y caridad parece depender esa beneficencia que, según es bien sabido, es hoy una función casi ineludible del Estado moderno.

Falta, finalmente, un buen enemigo, para aglutinar fuerzas. Tratándose de movimientos policlasistas, que procuran armonizar los intereses de sectores de propietarios y de trabajadores, este enemigo no puede ser, sin más, el patrón. Se recurre a figuras más ambiguas en cuanto a contenido real, pero de gran fuerza emocional: la oligarquía, la maléfica, proteica y omnipresente oligarquía, cien veces derrotada y cien veces renacida.

¿Es eterna esta política? Sus límites son los de la distribución de ingresos que le da origen. Mientras haya un sector próspero del que pueda sacarse, con destino a un sector industrial urbano —generalmente ineficiente— esto es posible. Cuando las vacas flacas suceden a las vacas gordas, el populismo suele morir, aunque su recuerdo indisolublemente unido a épocas de prosperidad, perdura largamente y alimenta a quienes pretenden ser sus herederos.

Los problemas de las economías latinoamericanas

El estancamiento no sólo afectaba a los países más grandes de América latina. En la mayoría de los restantes, el mantenimiento de grandes explotaciones improductivas frenaba el desarrollo de la agricultura. Además, la existencia de una masa campesina, que a cambio de su trabajo no recibía salarios sino pequeñas parcelas para explotar, limitaba el número de consumidores y volvía difícil cualquier tipo de desarrollo industrial. El atraso y la miseria generaban, por otra parte, frecuentes rebeliones en el sector rural.

PERÓN EN EL GOBIERNO DE FARREL: Perón a cargo de la secretaría de Trabajo produjo cambios fundamentales respecto de los gobiernos anteriores, tendientes a establecer una relación más fluida con el movimiento obrero. Para lograr tal objetivo, se sancionaron una serie de reformas en la legislación laboral. Las principales medidas fueron:

a. El Estatuto del Peón, que estableció un salario mínimo y procuró mejorar las condiciones de alimentación, vivienda y trabajo de los trabajadores rurales. Esta reforma fue severamente cuestionada por los terratenientes, ya que —según afirmaban— no podrían responder a los gastos que ocasionarían las nuevas disposiciones. Perón les respondió —anunciando un clima de tensión que caracterizaría a toda la década— que «el propietario que no pueda pagar peones, debe trabajar la tierra personalmente», b. El establecimiento del seguro soda! Y la jubilación que benefició a 2 millones de personas.
c. La creación de Tribunales de Trabajo, cuyas sentencias, en líneas generales, resultaron favorables a las demandas obreras.
d. La fijación de mejoras salariales y el establecimiento del aguinaldo para todos los trabajadores.
e. El reconocimiento de las asociaciones profesionales, con lo cual el sindicalismo obtuvo una mejora sustancial de su posición en el plano jurídico
.

LA INDEPENDENCIA ECONÓMICA DE JUAN PERÓN: En un discurso pronunciado en octubre de 1946 Perón presentó el Primer Plan Quinquenal y explicó los lineamientos principales de la política económica de su gobierno: «Para aumentar nuestras conquistas sociales necesitamos aumentar la riqueza y aumentar el trabajo. Nuestro plan considera, en esta etapa, multiplicar nuestra riqueza y repartirla convenientemente; y con ello, las nuevas conquistas sociales han de salir de nuestro propio trabajo, sin perjudicar a nadie. A ello tiende nuestro plan quinquenal.

Debemos producir el doble; multiplicarlo por cuatro mediante una buena industrialización, distribuir equitativamente la riqueza y aumentar el estándar de vida de nuestras poblaciones hambrientas, que son la mitad del país; cerrar ese ciclo con una conveniente distribución y comercialización de esa riqueza. Y cuando este ciclo se haya cerrado, no tendremos necesidad de mendigar mercados extranjeros porque tendremos el mercado dentro del país, y habremos solucionado con ello una de las cuestiones más importantes: la estabilidad social.» Un año después, el 9 de julio de 1947, el gobierno peronista declaró, en Tucumán, la independencia económica. Ésta, junto a la justicia social y la soberanía política se convertirían en las tres banderas históricas del peronismo.

PARA SABER MAS…
Populismo

Los estudios sobre el peronismo coinciden en destacar que se trató de un movimiento sustentado en un amplio apoyo popular. Algunos autores lo califican como un movimiento popular, o como un nacionalismo popular, mientras que otros utilizan el concepto de populismo. La expresión populismo, asociada al estudio del peronismo —y de otros movimientos latinoamericanos como el cardenismo en México o el varguismo en Brasil— fue el que alcanzó mayor difusión en el campo de las ciencias sociales y ha sido utilizado con distintos sentidos.

Para algunos historiadores, populismo significa un conjunto de políticas que realizan las clases propietarias desde el Estado, tratando de obtener el apoyo pasivo de las masas. Para otros, el populismo es el resultado de la alianza entre una burguesía que busca impulsar un proyecto industrialista y una clase obrera organizada que se moviliza para lograr satisfacer sus propias demandas. En esta segunda interpretación, el protagonismo popular tiene más importancia que en la primera.

Pero el análisis del populismo no se agota en estas dos interpretaciones. Existe un conjunto de características que describen al peronismo como un movimiento populista y en las que coinciden muchos autores. No obstante, los estudios difieren según e! énfasis que cada autor pone en uno u otro rasgo del populismo.

Algunas de esas características son:

el policlasismo: la base social del peronismo estuvo constituida por una alianza entre obreros, sectores de la burguesía industrial y un grupo nacionalista del ejército.

programa económico industrialista, nacionalista y dístribucionista: el Estado asumió un papel decisivo en el desarrollo de la actividad industrial, creando fuentes de trabajo, generando una redistribución de los ingresos favorable a los trabajadores y ampliando el mercado interno. El Estado —planificador de la economía— impulsó una política de nacionalizaciones de sectores claves como el comercio exterior, las fuentes de energía, las comunicaciones y los transportes. Estas políticas intentaron resolver las necesidades de muchos países latinoamericanos frente a la gran depresión de los años ’30 y a las dificultades económicas que siguieron a la Segunda Guerra Mundial.

oposición de intereses entre pueblo y oligarquía: los intereses de la alianza gobernante —el pueblo— se identificaron con los intereses de la Nación, mientras que los opositores —la oligarquía— fueron considerados como representantes de proyectos antinacionales y aliados del imperialismo. Al plantear la oposición entre pueblo y oligarquía, el populismo no considera central la diferencia de intereses entre la burguesía y la clase obrera.

liderazgo carismático: el liderazgo político de! movimiento populista lo ejerce un líder carismático —que establece un fuerte vínculo afectivo con el pueblo—. Este jefe político conduce al movimiento en su conjunto, intentando armonizar los distintos intereses de los sectores sociales que integran la alianza populista.

Sociedad , Espacio y Cultura Siglo XX La Argentina en América y el Mundo Tobio/Pipkin/Scaltritti

Gobierno de Campora Hector Resumen Anmistia Politica Liberacion Presos

Gobierno de Cámpora Héctor Resumen
Anmistía Política y la Liberación Presos

ANTECEDENTES DE LA ÉPOCA DE CÁMPORA:

El gobierno militar, a cargo de Agustín Lanusse, avanzó en la transición por medio de dos gestos: en septiembre devolvió el cadáver de Evita, que permanecía oculto desde hacía muchos años, y en noviembre de 1972 permitió el regreso del líder justicialista. En realidad, se trató de una visita que duró unos días y en la que selló un acuerdo con Ricardo Balbín.

El Perón que había vuelto del exilio parecía un político dispuesto a negociar con todos con tal de rescatar al país de una inestabilidad de casi dos décadas. Además del apoyo sindical, representado por el secretario general de la CGT José Rucci, también contaba con la adhesión de muchos grupos armados.

El propio Perón reivindicó el uso de la violencia en el contexto de esa época e incorporó a Rodolfo Galimberti, uno de los jefes de Montoneros, al Consejo Superior del peronismo. En ese organismo convivía un extraño elenco que incluía a su esposa «Isabel», al ultraderechista teniente coronel Jorge Manuel Osinde y a Héctor J. Cámpora, que había reemplazado a Paladino como delegado personal de Perón gracias a su legendaria lealtad.

Ese mismo año se formó el Frente Justicialista de Liberación (FREJULI), una coalición integrada por el peronismo y otros partidos menores. Perón intentó conciliar las corrientes renovadoras e históricas que se disputaban la conducción del movimiento y designó en la fórmula presidencial a Cámpora y Vicente Solano Lima. El primero se hallaba cercano a la juventud radicalizada y el segundo era un peronista conservador.

Las acciones terroristas habían proseguido con bombas, sabotajes, asaltos y copamientos. El 10 de abril de 1972 el ERP secuestró y mató a un alto ejecutivo de la fábrica de automóviles Fiat; ese mismo día, el grupo Montoneros asesinó en Rosario a un general del Ejército. La respuesta del gobierno resultó ambivalente. Por un lado, se crearon tribunales especiales para juzgar a los guerrilleros; por el otro, las Fuerzas Armadas ejercieron la represión ilegal mediante el secuestro y la tortura de activistas, y en agosto asesinaron a unos guerrilleros detenidos en la base aeronaval de Trelew.

Sorpresivamente, Perón convocó a Héctor Jorge Cámpora y lo designó su delegado personal en reemplazo de Jorge Daniel Paladino. Cámpora, que había sido presidente de la Cámara de Diputados entre 1948 y 1952, se había mantenido en un segundo plano desde la fuga de la cárcel de Río Gallegos en 1957 junto a John William Cooke, Jorge Antonio, Guillermo Patricio Kelly y José Espejo.

Desde abril de 1971, el presidente Alejandro Lanusse había iniciado la búsqueda de una salida política para la Revolución Argentina, negociando con los partidos reunidosen La Hora del Pueblo, de la que Paladino era un importante animador. La designación de Cámpora indicaba que Perón quería controlar personalmente, y sin intermediarios independientes, la compleja negociación que iniciada. Por lo pronto, Perón acusó a Paladino de ser «agente del dictador Lanusse» y acentuó sus ataques al Gobierno. Además, estimulaba a los grupos juveniles y atacaba a las Fuerzas Armadas desde la revista Las Bases, quo dirigía la hija de su secretario López Rega.

Héctor Cámpora (frejuli)El 11 de marzo de 1973 se realizaron los comicios. El FREJULI obtuvo el 49,6 por ciento de lo votos, seguido muy atrás por Balbín, con el 21,3 por ciento. La UCR reconoció la virtual victoria de Cámpora y decidió no presentarse a la segunda vuelta en el orden nacional.

El acto de asunción de Cámpora, el 25 de mayo, fue acompañado por una gran movilización popular a Plaza de Mayo y manifestaciones en las ciudades más importantes del interior del país. Al finalizar el acto, grandes columnas encabezadas por las organizaciones juveniles se dirigieron a la cárcel de Villa Devoto y exigieron la libertad de los presos políticos.

Luego de varias horas, y para legalizar esa situación «de hecho», el gobierno decretó la libertad de todos los detenidos a través de una ley de amnistía. Esta medida provocó la crítica de diferentes sectores de la opinión pública.

Los acontecimientos de esa jornada marcaron el tono del breve gobierno de Cámpora, que duró menos de dos meses. Fue un gobierno signado por la movilización popular y la expectativa de cambios revolucionarios. Durante ese período dirigentes de la izquierda peronista ocuparon puestos relevantes en el gobierno. Es el caso de las gobernaciones de Buenos Aires, Córdoba , Mendoza, algunos ministerios y banca en la Cámara de Diputados , las universidades y otras instituciones gubernamentales.

De todas maneras siempre se intentó buscar un equilibrio de poder entre la izquierda y derecha peronista. Además Perón buscaba impulsar una estrategia política conciliadora con las restantes fuerza políticas.

Cámpora tenía mejor relación con los sectores de la izquierda peronista, sectores que serán absorbidos por Montoneros, eran los únicos que no cuestionaban su papel como representante del líder, viendo en esa aceptación la posibilidad de integrar espacios del poder. Los sectores tradicionales del sindicalismo y de la derecha peronista, en cambio, ya desde su nombramiento habían trabado su accionar.

La presencia de figuras como los presidentes de Chile, Salvador Allende, y de Cuba, Osvaldo Dorticós, en el acto de asunción de Cámpora, el 25 de mayo de 1973, luego sería usada para acusar al Tío de «agente de la infiltración marxista», aunque las invitaciones habían contado con el aval de Perón.

En el gabinete ministerial no predominaban las figuras ligadas a la denominada «Tendencia Revolucionaria». Salvo la Cancillería, donde fue designado Juan Carlos Puig, hombre vinculado con la Iglesia, y el Ministerio del Interior, ocupado por Esteban Righi, los demás ministerios tuvieron al frente a los mismos funcionarios que luego acompañaron a Raúl Lastiri y a Perón en su tercera presidencia. Entre ellos, se destacaban el secretario privado del líder, José López Rega, en Bienestar Social; el ministro de Trabajo, el sindicalista Ricardo Otero, y el de Hacienda y Finanzas, José Gelbard, dirigente de la CGE.

El 20 de junio Perón regresó de forma definitiva al país y comenzaría una nueva etapa del gobierno peronista, ahora con el líder en su tierra. Ese día fue también uno de los momentos mas triste de la historia política argentina, pues se convirtió en escenario de una sangrienta batalla en la cual la mayoría de los concurrentes se encontró atrapada entre dos fuegos. Nunca se supo con exactitud la cantidad de muertos, porque no hubo interés en realizar una investigación seria del hecho. Algunos reportes hablan de una decena de víctimas fatales y de unos trescientos sesenta heridos. Otros informes sostienen que hubo más de un centenar de muertos. Para evitar el riesgo de un posible atentado, el avión de Perón aterrizó en el aeropuerto militar de Morón.

Como se expresa en el libro «El Libro de los presidentes argentinos»:

La «Masacre de Ezeiza» puso en tela de juicio la capacidad del Presidente para conjurar los enfrentamientos internos. Una intensa campaña contra sus más cercanos colaboradores -Righi y su sobrino Mario-, y el hecho evidente de que el poder no residía en la Casa Rosada sino en la mansión de la calle Gaspar Campos donde se instaló Perón, llevaron a Cámpora a ofrecerle al líder su renuncia.

El 4 de julio, una reunión reservada de la cúpula justicialista, realizada en Gaspar Campos, definió los pasos que seguirían, de los que la ciudadanía sólo tuvo noticias ciertas una semana después. El jueves 12 de julio, Cámpora anunció su dimisión para que, mediante nuevas elecciones, el general Perón pudiese acceder al gobierno. También renunció Solano Lima, y el vicepresidente primero del Senado, Alejandro Díaz Bialet, fue enviado especialmente a la reunión de Países no Alineados. De este modo, la Presidencia provisional de la Nación fue ocupada por Raúl Lastiri, presidente de la Cámara de Diputados y yerno de López Rega. En cuarenta y nueve días había concluido el gobierno constitucional más breve de toda la historia argentina.

El 13 de julio Cámpora renunció y Raúl Lastiri ocupó la presidencia provisional. Lastiri formaba parte del entorno que había convivido con Perón en Madrid hasta su regreso, al igual que Osinde y José López Rega, secretario privado de Perón y ministro de Bienestar Social.

El 23 de septiembre se convocaron a nuevas elecciones y la fórmula Perón-Perón salió vencedora con el 62% de los votos.

Incondicional de Perón
[Cámpora] era un típico peronista […] que había llegado a la política «sin saber por qué»; es decir sin etiquetas ni compromisos del pasado, en ese aluvión que Sanmartino quería relegar a lo zoológico porque no podía admitir un reacomodamiento de las placas sociales que convertía en ciudadanos a todos los que habían estado excluidos y relegados, efectivamente, a la zoología. Cámpora respondía a los agravios al modo de esas flamantes «muchachas peronistas», como Juanita Larrauri, que recogían el salivazo de los niños bien («Juanita, al Bajo, a seguir con tu trabajo») y lo convertían en desafío: «Con bombacha o sin calzón, todas somos de Perón». Si le decían «obsecuente» respondía que sí lo era, «de puro consecuente». A los que lo llamaban «sirviente de Eva» les contestaba orgulloso: «Me honra que me consideren su sirviente porque la sirvo lealmente». Pero el calificativo que más defendía era el de «incondicional», porque su lealtad a Perón no ponía condiciones y se confundía con su sentimiento religioso: el amor al General respondía a la sed oculta de mito, al hondón de las relaciones padre-hijo y debía expresarlo de manera fanática. Curiosa, por otra parte, en un hombre que tendía a evitar los extremos y las confrontaciones. Y así, sería él mismo, con su increíble falta de malicia y su debilidad por la hipérbole, el que alimentaría el estereotipo «contrera» del mucamo idiota.

Miguel Bonasso, El presidente que no fue.

AMNISTÍA POLÍTICAS ARGENTINAS
1973, 25 de Mayo: un indulto masivo impuesto desde la calle:

El principio de la violenta década de los ’70 tuvo entre sus hechos salientes el crecimiento de la violencia guerrillera, su represión legal e ilegal y la apertura electoral. Al finalizar el gobierno de Lanusse, las cárceles estaban pobladas por cientos de presos políticos y sociales cuya «inmensa mayoría, —escribe Bonasso- eran combatientes de las organizaciones guerrilleras».

La tentativa del saliente poder militar de condicionar al nuevo gobierno y evitar la liberación de esos presos vinculados con la subversión guerrillera iba contra la tendencia predominante, y fracasó. El 25 de Mayo, al asumir la presidencia Héctor). Cámpora, la situación de aquellos detenidos, con cuya lucha se identificaban cientos de miles de quienes manifestaban en calles y plazas, aparecía como un tema inmediato e ineludible. («¡El Tío Presidente/ libertad a los combatientes!»era uno de los slogans voceados en la jornada.) La mayoría de la gente parecía compartir esa postura, suponiendo que era uno de los pasos necesarios camino a la democratización.

El nuevo mandatario anunció un proyecto de amnistía en su mensaje al Congreso. Pero los hechos protagonizados por activistas y simpatizantes en torno de la cárcel Villa Devoto (parecía que llegarían al asalto de la prisión) obligaron a la firma apresurada, la misma noche, de un decreto de indulto en el que se disponía la libertad de cientos de detenidos, pues se «…impone el cumplimiento del mandato popular recibido el 11 de marzo último y dadas las características del momento por el cual atraviesa el país… «.

En la confusión, alguna mano aviesa logró incluir en la lista de presos a liberar a un famoso criminal internacional. (En el anecdotario de la época quedaron registradas «oportunas» manifestaciones de solidaridad de los delincuentes comunes encarcelados, con los presos políticos.)

Según Bonasso se trató del «…único preso común que logró evadirse» esa noche. El caso fue «utilizado en la campaña montada por la derecha…».

Fuente Consultada:
Compendio de Historia Argentina Mariana Vicat
Cuatro Décadas de Historia Argentina – P. Dobaño – M. Lewkowicz
El Libro de los Presidentes Argentinos del Siglo XX Deleis-Tito-Arguindeguy
Historia 3 – El Mundo Contemporáneo – Santillana
Fascículo de Grandes Debates Nacionales Pagina/12

Presidencia Julio Roca Segundo Gobierno Ley Ricchieri

Presidencia Julio Roca
Segundo Gobierno La Ley Ricchieri

LA SEGUNDA PRESIDENCIA DE ROCA (1898-1904): Al finalizar la presidencia de Uriburu. el país vivía un estado peligroso a causa de una posible conflagración exterior. Fue éste uno de los argumentos que favorecieron la elección de Roca, quien, por otra parte, manejó hábilmente sus recursos políticos. Para muchos, parecía el hombre necesario para enfrentar una crisis exterior. El 12 de octubre de 1898 fue proclamado presidente de Argentina.

La segunda presidencia de Julio A. Roca (1898 – 1904) tiene caracteres diferentes a los de la primera, pues debe adecuarse a circunstancias muy distintas. El propio PAN (Partido Autonomista Nacional, ensayo de «partido único») va sufriendo crisis decisivas. Las condiciones del mundo y del país no eran las mismas y estos años finiseculares fueron grávidos de acontecimientos que preanunciaban una época plena de inquietudes.

Se había saludado al siglo XX con la euforia propia del siglo precedente, y Roca era hombre de su tiempo. El siglo XX dio en seguida la pauta de que el cambio no era meramente cronológico. Por lo demás se venía preanunciando el sentido de una crisis de estructuras que en Europa se hizo sentir en seguida y cuyos ecos llegarían poco después a nuestra tierra. (Fuente: Galleti Alfredo  La Política y los Partidos)

Julio Argentino Roca Presidente de Argentina

SEGUNDA PRESIDENCIA DE ROCA (1898-1904)
El general Roca, senador por Tucumán, presidente del Senado, y durante algunos meses, de la República, por licencia otorgada al doctor Uriburu (octubre de 1895 a febrero de 1896), gozaba de una gran influencia política. Los grupos dominantes de las provincias (dueños de las denominadas «situaciones»), le respondían; tanto allí como en la capital, la oposición se abstenía de concurrir a los comicios. En ese ambiente de pasividad cívica surgió la candidatura de Roca para un segundo período presidencial.

El doctor Pellegrini la proclamó, en una asamblea de personalidades, reunida en el teatro Odeón de la capital. A los amigos disconformes con su actitud les replicó: «Roca debe ser presidente; sólo él evitará la guerra con Chile, y esa cuestión es más importante que cualquier otro interés del país». Las relaciones con el Estado vecino, en efecto, se habían tornado críticas una vez más.

Las elecciones dieron un fácil triunfo a la fórmula encabezada por Roca, a quien acompañaba como vicepresidente el doctor Norberto Quirno Costa. Tomaron posesión de sus altos cargos el 12 de octubre de 1898.

LA POLÍTICA INTERNACIONAL. Roca desarrolló una hábil política internacional; estrechó la amistad con el Brasil, mediante un cambio de visitas con el presidente de esa nación, Campos Salles. También visitó oficial mente el Uruguay. Con respecto a Chile, Roca y Errásuriz, presidentes de las dos naciones, se entrevistaron a bordo de barcos de las respectivas escuadras, en el estrecho de Magallanes (1899), gestión directa y personal que contribuyó al feliz desenlace del conflicto, pse mismo año fue resuelta la cuestión de la puna de Atacama.

Una junta mixta, integrada por el señor Buchanan, ministro de Estados Unidos de América en Buenos Aires, adoptó una línea convencional,que dividió la zona controvertida, adjudicando a Chile la porción noroeste y a la Argentina la sudeste.

Por los pactos de mayo, firmados en 1902, Chile y la Argentina acordaron la venta de los buques de guerra que habían contratado en Europa, la reducción de sus ejércitos y la resolución inmediata del pleito de límites sobre la base de un fallo arbitral del nuevo rey de Inglaterra, Eduardo VII Una comisión de peritos ingleses marcó una frontera intermedia entre las altas cumbres y la línea divisoria de aguas.

 Por iniciativa de una comisión de damas, en un punto divisorio de la cordillera fue erigida en 1904 una estatua de Cristo, hito simbólico de paz y fraternidad

En materia de derecho internacional, cupo al ministro de Relaciones Exteriores doctor Luis María Drago formular una doctrina en defensa de la soberanía americana. El gobierno venezolano había dejado pendientes ciertas deudas contraídas con banqueros de Alemania y Gran Bretaña. Los gobiernos de esos Estados exigieron su pago inmediato, y al no conseguirlo, enviaron buques de guerra que bombardearon algunos puertos de Venezuela. La «doctrina Drago» sostuvo entonces el principio de que ninguna nación acreedora debe emplear la fuerza para obligar a otra al pago de sus deudas. El conflicto fue arreglado con la intervención amistosa de Estados Unidos de América.

LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA. En 1901, el ministro de Guerra, coronel Pablo Ricchieri, obtuvo la sanción de una ley que implantó el servicio militar obligatorio. El antiguo ejército profesional se transformó en otro de ciudadanos, elevó el nivel de la tropa, hizo de los cuarteles una escuela de democracia, y permitió preparar de una manera eficiente y uniforme las fuerzas armadas de la Nación.

La segunda presidencia de Julio A. Roca (1898 - 1904)Las finanzas sufrieron el efecto de los grandes gastos ocasionados por los preparativos militares y navales: cerca de 80 000 000 de pesos.

Para aliviar la pesada deuda que recaía sobre la economía pública, el gobierno presentó un proyecto de unificación. Un sindicato de banqueros pagaría las deudas existentes, a cambio de una nueva, por el total, al 4 por ciento de interés anual. Los títulos serían colocados al tipo de 75 por ciento.

Como una de las cláusulas acordaba en garantía los ingresos fiscales, incluso los de la aduana, la opinión estime lesionada la soberanía nacional. Se produjeron en la capital algunos desórdenes, Roca, por consejo de Mitre, retiró el proyecto, ya aprobado por el Senado.

En 1899 una nueva ley de Conversión fijó el valor de un peso papel en cuarenta y cuatro centavos oro.El comercio alcanzó un extraordinario desarrollo; de 301 000 000 de pesos oro en 1899, pasó a 451.000.000 en 1904; las exportaciones superaron siempre a las importaciones. Los ferrocarriles aumentaron sus líneas en 4.000 kilómetros. Fueron construido; puertos fluviales, como el de Rosario y Concepción del Uruguay, y en once capitales de provincia comenzaron los servicios de agua potable. Las obras de irrigación favorecieron especialmente a Mendoza, San Juan, San Luis y los valles de los ríos Colorado y Negro.

LA CUESTIÓN SOCIAL. La gran prosperidad económica, sin embargo, sólo beneficiaba a un reducido grupo de personas y de empresas, en su mayoría extranjeras. El nivel de vida de la masa proletaria y campesina era muy bajo, por los salarios escasos y la falta de amparo legal. En Buenos Aires, Rosario y otros puntos las familias obreras se hacinaban en sucios conventillos.

La inquietud tomó auge con la divulgación de las teorías socialistas y anarquistas y el desarrollo de las industrias. Aparecieron los primeros sindicatos, que se confederaron en entidades considerables. Comenzaron a estallar huelgas, y su violencia cada vez mayor impuso la declaración del estado de sitio y provocó choques entre los obreros y la policía.

En 1902 se sancionó, tras un breve debate, la ley de Residencia, que autorizaba al Poder Ejecutivo para expulsar del país a los extranjeros agitadores. El Ministro del Interior  Joaquín V. González presento al Congreso un proyecto de Código de Trabajo, en procura de soluciones amplias y racionales de justicia social.

LAS FUERZAS ARMADAS. El país no estaba preparado para utilizar los instrumentos de guerra adquiridos con premura por el presidente anterior. Faltaban jefes técnicamente capaces, personal especializado, tripulaciones instruidas, arsenales, armamentos, etc.

La creación del ministerio de Marina, a cargo de Martín Rivadavia, permitió el aprovechamiento de la escuadra adquirida con tantos sacrificios. Se iniciaron entonces las obras del Puerto Militar o Puerto Belgrano, que seria la mayor base en su género en América del Sur. y se habilitó el apostadero de Río Santiago. Con el objeto de modernizar el ejército, y con la colaboración del genera) Luis M. Campos, se creó la Escuela Superior de Guerra y la Escuela Normal de Tiro.

El coronel Pablo Ricchieri, segundo ministro de Guerra, inició una nueva era en la organización militar. Convirtió al ejército argentino en un organismo moderno y eficiente, superando el sistema de la Guardia Nacional. En diciembre de 1901 se promulgó una ley sobre la organización de) ejército y el servicio militar obligatorio: la llamada Ley Ricchieri.

ALGO MAS…
La política exterior
Para solucionar el enojoso conflicto limítrofe con el país trasandino, el presidente Roca concertó una entrevista con su colega chileno —señor Errázuriz—, conviniéndose que la reunión se realizara en el estrecho de Magallanes, frente a Punta Arenas.

Roca subió a bordo del acorazado O’Higgins para estrechar la mano de Errázuriz y más tarde el presidente chileno trasbordó al acorazado Belgrano para saludar al presidente argentino.

Ambos mandatarios se ocuparon del problema limítrofe austral, sujeto en esos momentos al  arbitraje de Gran Bretaña.

También trataron la cuestión de la Puna de Atacama, donde las dos naciones sustentaban puntos de vista distintos. Este pleito internacional fue resuelto ese mismo año, por mediación de Guillermo Buchanan, ministro de los Estaaos Unidos en Buenos Aires. Con los 42.000 km2 que correspondieron a nuestro país, se formó el territorio nacional  de los Andes.

El 28 de mayo de 1902, los gobiernos de Argentina y Chile firmaron en la ciudad de Santiago tres convenios —conocidos como Pacto de Mayo—, a fin de facilitar la solución del problema limítrofe en las regiones australes.

Las negociaciones establecieron:
a) la limitación de armamento, es decir, que ambos gobiernos suspendían la adquisición de nuevos barcos de guerra en Europa y disminuían sus unidades en uso, hasta una cierta equivalencia;
b) el arbitraje general o sea someter las diferencias al arbitraje de Gran Bretaña, país que debía designar una comisión técnica para demarcar la frontera.

Poco más tarde, el rey Eduardo VII —por intermedio de una comisión presidida por Mr. Holdich— fijó un límite intermedio y con esto quedó sellada la amistad argentino-chilena.

En cumplimiento de una hábil’ política internacional, el Presidente Roca intercambió visitas con Campos Salles, el primer mandatario brasileño; también estrechó vínculos con Perú y Bolivia.

En diciembre de 1902, las naciones americanas fueron conmovidas cuando naves británicas, alemanas e italianas atacaron y bloquearon la costa de Venezuela, debido a que este país había suspendido los pagos de la deuda exterior.

Ante el incidente, el Dr. Luis María Drago —ministro de Relaciones Exteriores argentino— defendió la soberanía americana y proclamó que ninguna nación acreedora debe emplear las armas sobre otra para saldar deudas. La pacífica intervención de Estados Unidos solucionó el conflicto venezolano.

La nota argentina produjo repercusión en el exterior y fue incorporada, con el nombre de Doctrina Drago, a las normas del Derecho público internacional.

Fuentes Consultadas:
Historia 3 La Nación Argentina Kapeluz
de Miretzky – Mur – Ribas  – Royo
Historia Argentina Santillana Luchilo-Romano-Paz
Historia 3 La Argentina y El Mundo Astolfi José C.
Enciclopedia Historia Argentina Tomo 13
La Argentina Historia del País de y De Su Gente María Sáenz Quesada
HISTORIA 5 Historia Argentina José Cosmelli Ibañez Edit. TROQUEL

Economia en el Gobierno de Carlos Menem

Informe económico: Primera etapa del Gobierno de C. Menem

Indice:

  1. Introducción
  2. Desarrollo
  3. Primera Etapa
  4. Segunda Etapa
  5. Tercera Etapa
  6. ¿Cuál fue el resultado de todo esto?
  7. Los Resultados
  8. Balanza Comercial.
  9. Inversión.
  10. Distribución del Ingreso, Empleo y Desempleo.

Presidente de Argentina: Carlos Saul Menem

  1. Introducción 

Tomaremos en cuenta en este informe el período correspondiente a la primer presidencia del Dr. Carlos S. Menem, quien llevó adelante una reestructuración muy grande del país que comprendió a casi todos los ordenes de la sociedad. Con su plan logró bajar el pico máximo de inflación en la historia argentina (4.923,6 % anual) a cero, al tiempo que creció el PBI.

Pero a pesar de los beneficios de la estabilidad lograda, de la integración en el MERCOSUR, de la eliminación de la fiebre aftosa en la ganadería argentina, de la apertura de nuevos mercados para las exportaciones, y en general los lineamientos principales de la política económica encarada, el modelo fue criticado por el desigual reparto de los beneficios, el alto grado de desocupación, los niveles de corrupción en el gobierno y en grupos allegados al mismo, la excesiva concentración que se manifiesta en amplios sectores de la economía y el descrédito en que ha caído la Justicia.

  1. Desarrollo 

En 1989, la Argentina sufría una situación económica marcada por la hiperinflación que había provocado una suba en los precios al consumidor en un 4.923,6%. Además de una disminución del stock de divisas, atrasos en los pagos externos, el incremento en el desequilibrio fiscal, la recesión y el desempleo, el aumento de la deuda interna y la fuga de capitales hacia el exterior. Y los desórdenes sociales y económicos de las provincias, producto de la devastadora situación que atravesaba nuestro país.

En este contexto, se llevaron a cabo, por segunda vez consecutiva luego de la dictadura militar de 1976, las elecciones presidenciales. En esta oportunidad, el candidato peronista Carlos Saúl Menem se adjudicó la victoria luego de vencer a sus oponentes con el 47.12% de los votos.

Una vez electo presidente, el Dr. Menem mantuvo conversaciones y obtuvo el apoyo de los grupos empresariales y de diversas corporaciones.

Las etapas en las que podemos dividir el período de gobierno del presidente Menem son tres:

Las dos primeras coinciden con recambios ministeriales y de política económica:

La primera: Roig-Rapanelli

La segunda: González

La tercera: Cavallo (quien en luego sería reemplazado por Fernández)

  1. Primera Etapa

Las medidas anunciadas después de la asunción del Primer Mandatario fueron popularmente llamadas B.B. por la intervención que el grupo empresario Bunge y Born tuvo en la elaboración de las mismas. El director de dicho grupo, doctor Roig, fue el designado como Ministro de Economía como una señal de que la gestión que daba comienzo era libre-empresista y que introduciría grandes cambios en la economía.

La muerte sorpresiva del ministro Roig se produjo en forma casi inmediata siendo reemplazado por otro funcionario del grupo Bunge y Born, el doctor Néstor Rapanelli.

Con el fin de nivelar el sistema de precios y equilibrar las variables económicas, se decreto una pronunciada devaluación monetaria, importantes incrementos en combustibles, tarifas y transportes.

En materia monetaria se anuncio la intención de dar mayor autonomía al Banco Central, modificando su carta orgánica, y reduciendo gradualmente los encajes remunerados vigentes en el sistema financiero.

En el orden externo había atrasos en el pago de los intereses de la deuda externa desde abril de 1988 y las negociaciones, en la etapa final del gobierno de Alfonsín, estaban casi interrumpidas.

El ministro Rapanelli no logro contener la suba de precios, el apoyo empresario esperado y pactado no se concreto, los pequeños márgenes y del aumento salarial no contuvieron los reclamos sindicales.

Pese a que la tasa de inflación había descendido al 5,6%, el Gobierno implemento algunas propuestas sin éxito para afrontar la crisis:

Trato de contener la suba del dólar, aumentando la tasa de interés en australes, pero no logro detener al dólar

El Gobierno intervino largando al mercado letras del Banco Central mediante licitaciones en dólares, que no resultaron.

El Banco Central comenzó a vender reservas para contener la demanda de divisas, pero no logro parar la suba del dólar.

Ante tal situación, el ministro Rapanelli presento su renuncia y, el 18 de diciembre de 1989 asumió el Dr. Erman González como ministro de Economía. Poco más de 5 meses después, el Plan B.B. había resultado ineficaz para detener la inflación y poner en marcha la economía

  1. Segunda Etapa

La situación económica con la que se encontró el doctor E. González era la de una persistente acumulación de deuda interna, con la colocación indiscriminada por parte del Gobierno de títulos públicos con intereses gravosos.

Además el Estado tenia una creciente acumulación de atrasos en pagos a proveedores, contratistas de obras y deudas con los beneficiarios del sistema provisional.

Puso de inmediato en marcha el Plan Bonex, que causo un profundo impacto en la población y significo una gran perdida para los tenedores de plazos fijos. Consistía en la incautación, por parte del Estado, de los depósitos a plazo fijo que se hallaban en el sistema financiero, siendo restituidos a sus propietarios en títulos de la deuda externa a diez años de plazo. Se emitieron a tal efecto los Bonos de Consolidación (BOCON) en moneda nacional o en dólares para cancelar las obligaciones consolidadas.

Adopto además algunas medidas anexas, como prohibir por cuatro meses las licitaciones para compra de bienes e inversiones del Estado y estableció la obligatoriedad de la autorización previa del Ministerio de Economía, para cualquier compra o contratación de organismos del Estado.

El Plan Bonex provocó una importante caída de la liquidez.

Finalmente, en marzo de 1990, el ministro lanzó una serie de medidas aun más restrictivas denominadas: Plan Erman III:

Suspensión de todo tramite de contrataciones y licitaciones.

Eliminación de los reembolsos a las exportaciones

Se prorrogo la suspensión de beneficios a los regímenes de promoción industrial.

Se achico el aparato administrativo del Estado, suprimiéndose secretarias, subsecretarias y direcciones.

La Balanza Comercial en 1990 obtuvo un superávit extraordinario. Las exportaciones superaron en un 34 % a las del año anterior, mientras que las importaciones sólo fueron un tercio de aquellas.

  1. Tercera Etapa 

Los rumores de corrupción y denuncias contra algunos sectores del gobierno, provocaron una aceleración de la inflación y la posterior renuncia del doctor Erman González y su equipo en enero de 1991, asumiendo así el doctor Domingo Felipe Caballo.

Finalmente, dos meses después de su llegada al ministerio, el 1° de abril de 1991 puso en marcha el Plan de Convertibilidad, (Ley NC 23.928), actualmente en vigencia.

Entre sus aspectos más importantes, la ley establecía:

Convertibilidad del austral en dólar (paridad cambiaria fija y sin límite de tiempo en 10.000 australes por dólar)

Modificación del Código Civil, autorizándose contratos en moneda extranjera.

Eliminación de la actualización monetaria o desindexación, para evitar que se trasladara hacia adelante la inflación pasada

Se rebajaron los encajes bancarios de los depósitos en australes y se aumentaron los correspondientes a depósitos en moneda extranjera.

A su vez, se autorizó al Banco Central a sacar ceros al austral y a cambiar la denominación del signo monetario. Es por eso que a partir del 1° de enero de 1992 la moneda pasó a ser el peso, igualada en paridad con el dólar.

El Plan de Convertibilidad basó su logro en la eliminación de las condiciones autónomas de emisión monetaria. Ya que esto significaba atar la expansión de la moneda al crecimiento de las reservas. Además, este plan al estar avalado por una ley, conseguía contener las expectativas de devaluación.

También se produjeron aumentos sobre determinados servicios públicos (como en los ferrocarriles, obras sanitarias, teléfono, gas, electricidad). Y paradójicamente se rebajaron otros, como el gas de uso industrial, electricidad para el uso fabril y la nafta. De esta manera se disminuían los costos industriales.

Sin embargo, el estado estaba obligado a obtener una mayor cantidad de ingresos que gastos. Es por eso que se llevaron cabo: reformas tributarias, luchas contra las evasiones, disminución de los empleados públicos, aceleración en las privatizaciones, el control absoluto de las remesas a las provincias, las cuales debían ajustar sus gastos a sus recursos propios y coparticipables. (ver lista de empresas privalizadas)

Se pusieron en marcha reformas destinadas a disminuir los niveles de evasión impositiva y de simplificación del sistema para concentrar la recaudación en los impuestos: al valor agregado (IVA), aportes y contribuciones sociales, ganancias de las empresas y rentas y activos personales.

La ley de Convertibilidad fue sancionada y promulgada el 27 de marzo, y publicada en un número extraordinario del Boletín Oficial al día siguiente, entrando en vigencia el 1 de abril de 1991. Es una ley breve, nítidamente redactada.

Se establece un tipo de cambio fijo en un mercado de cambios liberalizado. La ley especifica que en todo momento la base monetaria, dividida por 10.000 no puede ser superior a las reservas externas del Banco Central.

Los contratos indexados pactados en moneda local, y su indexación queda prohibida en adelante. Los préstamos denominados en dólares se consideran realizados en moneda, no en cosas físicas. Esta última fue una excelente medida, porque terminó con situaciones ficticias y explica el desarrollo del mercado de prestamos en dólares.

El Plan de Convertibilidad modificó algunas tarifas públicas y encajes bancarios.

Los diputados y los senadores son los custodios del tipo de cambio nominal.

En marzo de 1991, el último mes anterior al plan de Convertibilidad, el total de los ingresos públicos alcanzó a $1.418 millones. En abril subió a 2.017, en enero de 1992 había trepado a 2.967, en enero de 1993 a 3.624 y en enero de 1994 a 4.212. De manera que se duplicó en un periodo en que los precios mayoristas aumentaron el 5%

A partir de 1990 también hubo ingresos por venta de activos públicos, con buena parte de los cuales se financiaron egresos de naturaleza única, como los retiros voluntarios o la deuda con los jubilados.

Este aumento de la recaudación se logro mejorando notablemente la calidad de los ingresos, disminuyendo la regresividad de la carga tributaria y la distorsión del sistema económico. Además, se elimino el impuesto inflacionario y desaparecieron otros como los que gravaban las exportaciones, los débitos bancarios y los sellos. En 1993 el 80% de la recaudación total provino del IVA.

Se introdujo un nuevo sistema de facturación en enero de 1992, se establecieron blanqueos laboral e impositivo en abril de 1992.

En su gestión, y a pesar de la redefinición del rol del Estado y la desaparición del llamado «Estado Empresario», Cavallo no solo no redujo el gasto publico total, sino que lo aumento.

El gasto publico ha sido para Cavallo y su equipo una de las principales fuentes de «pulseadas», particularmente intensas y prolongadas con los gobernadores provinciales y los jubilados.

El Pacto Fiscal fue firmado por la mayoría de las provincias en agosto de 1993 y con vigencia desde comienzos de 1994, para posibilitar que el «costo argentino», si existe, sea el de vivir y no el de reproducir en la Argentina.

En 1993 las dos terceras partes del gasto publico total se destinaron al denominado «gasto publico social», y el 30% del gasto publico total se destinó a seguridad social.

Un ítem de gasto que se negocio sin tanta turbulencia fue el de la deuda externa publica. En abril de 1992 se acordó con la banca acreedora y se oficializó el respectivo acuerdo Brady en diciembre del mismo año. Oficialmente se informó que el Brady representaba un alivio en los pagos del orden del 35%

Desde 1991 se avanzo muchísimo en la calidad de los ingresos públicos, y también en la presentación y ejecución del presupuesto. Se avanzo muchos menos en la calidad de los gastos públicos. La desaparición de la «hiper» y de la turbulencia macroeconómica, y la mayor conciencia del ciudadano, quien ahora sí está financiando explícitamente al sector público, van a presionar para que los fondos movilizados «rindan más» y se modifique el panorama en materia de justicia, seguridad, salud y educación.

  1. ¿Cuál fue el resultado de todo esto?

El Plan de Convertibilidad había buscado terminar con la inflación. Pues bien, la tasa de inflación, que en febrero de 1991 había sido del 27% a nivel consumidor y se redujo al 2,1% y 0,3% equivalente mensual respectivamente durante el resto del año, y al 0,6% y 0% equivalente mensual respectivamente durante 1993.

De manera que, en términos de lo que se propuso, el plan de Convertibilidad fue exitoso. En cuanto a los efectos no deseados, el panorama es alentador: como cualquiera de los planes estabilizadores desde el Austral inclusive, el programa reactivó la economía (el PBI aumentó 9% anual durante 1991 y 1992, y 6% durante 1993) Los aumentos de la tasa de desempleo y del número de empleados, verificados a partir de 1993, son fenómenos que estrictamente están poco relacionados con el plan de Convertibilidad.

También profundizó la apertura de la economía, continuó con las privatizaciones e inició un proceso de desregulación de la actividad económica.

Apertura de la economía. En el plano comercial hay una política general. En marzo de 1991, Cavallo eliminó los derechos de exportación y los derechos de importación específicos, y estableció tres niveles arancelarios.

¿Cuál fue el resultado de lo que venimos exponiendo? Un inmenso ingreso de capitales, del orden de los u$s 9 mil millones anuales y, entre otras consecuencias, déficit comercial.

Privatizaciones. Cuando Cavallo llegó al Ministerio de economía, una porción de Telefónica, Telecom y Aerolíneas Argentinas había sido vendida.

El ministro continuó con las privatizaciones, vendiendo otras porciones de las telefónicas y otras empresas. A comienzos de 1994, eran pocas las porciones del Estado-empresario que todavía quedaban en manos públicas.

Pasado el tiempo, conviene recordar como había caído la prestación de servicios en algunas de las empresas que luego se privatizaron. Cuando, a fines de 1992, la Subsecretaría de Privatizaciones hizo un balance, mostró que las cargas transportadas por ferrocarril habían disminuido un 44% entre 1970 y 1990, que los servicios interurbanos de ferrocarriles habían transportado en 1991 un 80% menos de pasajeros que en 1975, y que los envíos postales a través de Encotel ya habían disminuido 50% entre noviembre de 1987 e igual mes de 1991. El único indicador que había aumentado era el de la sustracción de energía de Segba, que se elevo un 133% entre 1982 y 1987.

Cuando Somisa se puso en venta hubo un único interesado, el grupo Techint, lo cual obligó a enfrentar la siguiente disyuntiva: concentración del sector siderurgico en manos privadas, o continuacion de Somisa en manos publicas. Se optó por lo primero.

Como Entel, también Segba fue dividida en dos: Edenor y Edesur, ambas compradas por grupos empresarios chilenos en agosto de 1992. Por razones extraeconómicas al sector pierde plata. En efecto, en marzo de 1993 Edesur denuncio actos de sabotaje en sus instalaciones, que provocaron cortes de energía.

En ferrocarriles se pudo avanzar más rápidamente en la privatización de los servicios de carga que en los de pasajeros. En este ultimo caso, los servicios de larga distancia fueron discontinuados.

Producto de treinta y tres empresas vendidas, diecinueve concesionadas y ochenta y seis concesiones petroleras, habían ingresado al sector público u$s 5.432 millones en efectivo. El 40% de los activos privatizados había quedado en manos argentinas y el 34% en manos europeas. Entre los tres que más compraron figuran Pérez Companc, Techint y Astra.

Le hicieron ver grandes mejoras, entre ellas la mejora fiscal por eliminación de déficit operativos, pago de obligaciones impositivas y previsionales, cancelación de deudas con provincias y jubilados, etc., y también la mejora en la calidad de los servicios. Esta fue nítida en el caso de los teléfonos, variable en el del peaje y más discutible en el de la aeronavegación.

Desregulación. Las privatizaciones fueron iniciadas antes de que Cavallo llegara al Ministerio de economía. La desregulación, en cambio, es un producto de su gestión. En noviembre de 1991, se dispone la eliminación de regulaciones en materia de salarios, servicios profesionales, puertos y transportes, comercio interior y exterior, comercio mayorista de productos perecederos, farmacias, regulaciones especificas (como la que se refiere a la vitivinicultura, la yerba o el azúcar, etc.) y la eliminación de oficinas regulatorias.

Una de las condiciones que fijó Cavallo para que las provincias ingresaran al Pacto Fiscal fue que hicieran suya, en la legislación nacional en materia de desregulación.

La desregulación del transporte de pasajeros en ómnibus de larga distancia, es uno de los ejemplos más claros de los resultados que genera esta legislación. Las rutas, como las terminales, se han poblado de una gran cantidad de flamantes ómnibus, que ofrecen servicios de transporte mejores y más baratos, como ocurre también con los remises en relación con los taxis. En 1993 se dispuso la desregulación postal.

  1. Los Resultados

Que la economía sea social de mercado, que las empresas publicas se privaticen y que se equilibre el presupuesto fiscal, son cuestiones que excitan a una minúscula de la población de cualquier país.

Estos resultados son espectaculares: la tasa de inflación paso del 5.000% anual a cero, al tiempo que el PBI no solo dejó de caer sino que creció el 9% anual durante 2 años consecutivos, y el 6% al año siguiente.

Al respecto, los especialistas opinan que la estabilidad la visualizan todos, el aumento del nivel de actividad económica fue muy desparejo.

Es cierto que la Argentina aprovecho la fuerte caída de las tasas de interés internacionales.

La estabilidad de precios y el crecimiento de la economía tienen tres variables: la balanza comercial, la tasa de inversión y el desempleo de mano de obra.

  1. Balanza Comercial.

Con el aumento de las exportaciones de mercaderías y cuadruplicación del valor en dólares de las importaciones, el balance comercial paso de un superávit de 8.276 millones a un déficit de 2637 millones

La preocupación por el déficit comercial tiene que ser, en rigor, la preocupación por el ingreso de capitales y por los determinantes de dicho ingreso. Si países como Estados Unidos aumentan su tasa de interés, una porción de los capitales que hoy fluyen hacia la Argentina buscara otros destinos. La verdadera crisis la produciría un cambio producto en la dirección de los movimientos internacionales de capital debido a una crisis política interna.

  1. Inversión.

Como consecuencia de cambio tecnológico, la reducción de tamaños, la apertura de la economía y la recesión del Primer Mundo, en la actualidad el precio relativo de las maquinas se redujo, en comparación con años anteriores, con respecto al precio del resto de los productos (por ejemplo, el de las computadoras)

  1. Distribución del Ingreso, Empleo y Desempleo.

A pesar de continuar la reactivación iniciada en 1991, entre mayo de 1992 e igual mes de 1993 , en el país en su conjunto, la tasa de desempleo aumento 3 puntos porcentuales, al pasar del 6,9% al 9,9%.

El aumento simultaneo del empleo y el desempleo involuntario sugiere que lo que se produjo fue un fuerte aumento de la oferta de mano de obra. La pretensión de reducir el desempleo no puede pasar por volver a reducir la oferta de trabajo, sino por aumentar la demanda de trabajo.

La demanda de trabajo depende del estado de la economía por un lado, y del costo laboral por el otro.

Así como el esfuerzo laboral del asalariado depende del salario que ingresa en su bolsillo, la disposición de los empleadores a contratar asalariados depende de lo que ello le cueste cualquiera sea el motivo: salario de bolsillo o impuestos al trabajo.

En Argentina el nivel de empleo y remuneraciones esta siendo afectado por realidades internacionales, como el referido bajo costo de las maquinas y la competencia de productos fabricados en el sudeste asiático, particularmente en China. Hay un «costo argentino» que, frente al costo extranjero, justifica la producción de un bien en el país o en el resto del mundo y un costo laboral que, frente al costo de las maquinarias, justifica la producción de un bien en el país con mayor o menor empleo de mano de obra y capital.

Una transformación genera redistribuciones de ingreso y empleo de naturaleza mucho más compleja

Argentina fue país de inmigración durante él ultimo tercio del siglo XIX y el primero de XX. Luego fue país de emigración. Desde comienzos de la década de 1990 estamos volviendo a ser país de inmigración por parte de argentinos que retornan a su tierra y de extranjeros que ven en nuestro país mejores chances de supervivencia y éxito que en el propio.

En la Argentina los problemas económicos no desaparecieron sino que cambiaron. Hoy no discutimos la «hiper» o la turbulencia macroeconómica, discutimos sectores y regiones específicos.

Categoría: historia – economía Comentario:

Informe sobre la economía durante la primer presidencia de Carlos Menem – La situación en 1989 – Hiperinflación – Proceso de reestructuración económica – Convertibilidad – Crecimiento del PBI – MERCOSUR – Eliminación de la Aftosa – Nuevos mercados para la exportación – Críticas al modelo – Efectos: Desocupación, corrupción y descrédito de la Justicia.

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Breve Resumen de los Gobiernos de Carlos Menem y Biografia

Resumen de los Gobiernos de Carlos Menem y Biografía

carlo saul menem presidente de argentina

Dr. Carlos Saúl Menem: Presidente del país en dos períodos consecutivos: 1989-1995 y 1995-1999. Abogado, descendiente de una familia de origen sirio que se instaló en la provincia de La Rioja y se dedicó al comercio. Se lanzó a la arena política en las elecciones de 1958 fundando el Partido Populista —similar al que había formado en Catamarca Vicente Leónides Saadi-, que tuvo poco éxito. Ese mismo año se trasladó a Buenos Aires, se presentó ante el Comando Nacional del Peronismo —en ese entonces clandestino debido a la proscripción que sufría el partido- y fue nombrado interventor de la Juventud Peronista de La Rioja. En 1972 viajó en el charter que trajo a Juan D. Perón de su exilio español. En las elecciones de 1973 fue electo gobernador de su provincia, concentrando el más alto porcentaje de votos peronistas logrado en el país. El 24 de marzo de 1976, día en que se inició la más cruenta dictadura militar de la historia argentina, fue detenido y durante el transcurso del gobierno de facto trasladado a diversos destinos, hasta ser liberado definitivamente en febrero de 1981, cuando asumió el poder el general Roberto Viola. Restaurada la democracia, ganó las elecciones para gobernador de La Rioja en 1983 y las presidenciales de 1989.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS: La caída del muro de Berlín en 1989 abría paso aun mundo en el que una sola potencia, los Estados Unidos, ejercía una hegemonía militar indiscutible, acompañada de un poder económico formidable.

El 14 de mayo de 1989. Carlos Menem el candidato del Frente Justicialista Popular (Frejupo  y una coalición del P.J. con diversos partidos, se impuso al radical Eduardo Angeloz con el 49,3% de los votos. El 8 de julio, con cinco meses de antelación, el traspaso de poderes estaba previsto para el 10 de diciembre, ante la delicada situación económica y social, Menem se hacía cargo de la Presidencia de la Nación.

Heredó una economía en rápida descomposición, una hiperinflación cercana al $5.000% y una deuda externa que rondaba los 63.000 millones de dólares. Una vez en la presidencia, cambió el mensaje populista de su campaña por un duro programa de ajuste, cuyo carácter ultraliberal provocó divisiones en la CGT y acusaciones de diversos sectores, por considerarlo contrario a los postulados del general Perón.

El nuevo presidente no hacía más que poner en marcha aquello que académicos, economistas y funcionarios estadounidenses y del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional establecieron a comienzos de 1989 en el denominado Consenso de Washington: En el documento aparecían diez puntos que expresaban las necesidades y las opciones del mundo hacia el siglo XXI: disciplina fiscal, prioridad del gasto público en educación y salud, reforma tributaria, tasas de interés positivas determinadas por el mercado, tipos de cambio competitivos, políticas comerciales liberales, mayor apertura e la inversión extranjera, privatización de empresas públicas, desregulación y protección de la propiedad privada.

También se dispuso que se otorgaría ayuda financiera a aquellos países endeudados que adoptaran las políticas sugeridas por el Consenso.

Para dar cauce a estas recomendaciones, Menem abandonó rápidamente sus promesas de salariazo y revolución productiva. Nombró ministro de Economía a Miguel Roig primero, y luego a Néstor Rapanelli, ambos altos ejecutivos de Bunge y Born. El llamado Plan Bunge y Born estableció el control de precios, el cierre a las importaciones y la convocatoria a negociaciones paritarias entre empresarios y sindicatos.

También se aprobaron la Ley de Reforma del Estado y La Ley de emergencia Económica, que esbozaban un amplio plan de privatizaciones y dotaban

al Ejecutivo de amplias facultades.

El plan fracasó. La inflación no se detuvo y la recesión fue en aumento. En consecuencia asumió la Cartera de Economía el el ministro de Economía de La Rioja Antonio Erman González, quien en 1990 lanzó un nuevo plan.

Una de las primeras medidas fue el canje compulsivo de depósitos a plazo fijo por bonos externos. Esto ocasionó pérdidas irreparables al sector de pequeños y medianos ahorristas

Menem cultivó la alianza con sectores Conservadores tradicionalmente antiperonistas quienes ocuparon importantes cargos en el Gobierno. Así, el

proceso de privatizaciones estuvo a cargo de José Roberto Dromi y María Julia Alsogaray. Hacia el final de la presidencia de Menen y virtualmente no quedó ninguna empresa en manos del Estado.

Se privatizaron la petrolera YPF, Aerolíneas Argentinas, Entel, gas del Estado, la Caja Nacional de Ahorro y Seguro, Obras Sanitarias, los aeropuertos,  Correo, la energía Eléctrica, la seguridad social, dos plantas siderúrgicas, el Mercado de Hacienda de Liniers, las radios, los Canales de televisión, las carreteras los ferrocarriles.

Si bien la prédica privatista aconsejaba romper con el monopolio estatal, las empresas adjudicatarias gozaron de un virtual monopolio, ya que se distribuyeron territorialmente la provisión de servicios.

Esta transformó a los usuarios en rehenes de las empresas, que fijaron altas tarifas y con total libertad redujeron los servicios a los territorios que mayores ganancias les brindaban.

El servicio ferroviario, por ejemplo, quedó reducido al Gran Buenos Aires y dejó aisladas a importantes zonas del país. Las privatizaciones proporcionaron unos 25.006 millones de dólares.

Entre 1989 y 1990, como parte de una política de reconciliación nacional. Menem indultó a los máximos culpables de la represión durante la dictadura Jorge Rafael Videla, Roberto Eduardo Viola y Leopoldo Fortunato Galtieri y unos 220 militares y civiles, entre ellos el líder montonero Mario Firmenich. El 3 de diciembre de 1990, se produjo la última asonada de militares carapintadas liderados por el coronel Mohamed  Seineldin, el alzamiento fue sofocado. En 1994, quedó abolido el servicio militar obligatorio

Durante su gestión, Menem se alineó con Estados Unidos, buscando el anclaje del país en Occidente. Su canciller, Guido Di Tella, llegó a decir que Argentina mantenía relaciones carnales con aquel país. En 1991, ante el conflicto en el Golfo Pérsico envió tropas a esa zona, rompiendo la larga trayectoria de neutralidad argentina.

Luego se posicionó del lado de Estados Unidos en lo referente a Cuba y en otros enfoques geopolíticos y llegó a alcanzar el status de aliado de la OTAN. Además, el país renunció, en 1990, a desarrollar armas nucleares.

Entretanto en el orden interno se sucedieron una  serie de escándalos económicos de grandes proporciones.Muchos funcionarios encontraron en la falta de controles a impunidad para hacer negocios a expensas del Estado. Miguel Angel Vicco y Carlos Spadone secretario y asesor presidencial respectivamente quedaron implicados en la venta de leche no apta para el consumo humano.

El asesor Emir Yoma y el ministro de Obras y Servicios Públicos, Roberto Dromi, decidieron renunciar luego de pedir coimas a empresa norteamericana Swift varios familiares y colaboradores del Presidente fueron investigados por lavado de narcodólares entre ellos su cuñada y secretaría personal, Amira Yoma; funcionarios de la empresa estadounidense IBM y del Banco de la Nación Argentina quedaron involucrados en el cobro y pago de coimas para posibilitar la firma de un contrato que beneficiaba a la empresa extranjera

Ante las numerables denuncias Menem consiguió la sanción de una ley en que aumentaba de cuatro a nueve los miembros de la Corte Suprema de Justicia  se designaron por mecanismos que fueron duramente cuestionados seis de los nueve miembros que tendría esa corte. Quedó así conformada una mayoría automática que nunca se expidió en contra de las decisiones del Ejecutivo

En 1991  fue designado ministro de Economía Domingo Felipe Cavallo una figura aceptada por el establishment ya que había estatizado lo deuda de los grandes grupos económicos privados cuando presidía el Banco Central durante la dictadura.

Pronto el Congreso aprobarla la Lev de Convertibilidad Monetaria  que fijaba la cotización del austral en razón de 10.000 unidades por 1 dólar. En 1992 el Plan recuperaba el peso como unidad de cuenta nacional sobre la paridad exacta y fija con respecto al dólar. Se prohibía además toda emisión de moneda sin el respaldo en las reservas internacionales de divisas. Si bien el programa trajo aparejada cierta estabilidad, posibilidad de viajes al exterior, compras en cuotas y con tarjetas de crédito, esos frutos tuvieron como contrapartida la caída de los salarios reales, que recuperados del proceso inflacionario,  iniciarían un descenso continuo.

Los salarios estaban congelados pero los precios de los productos de la canasta familiar y las tarifas de los servicios y de los alquileres no. La disminución del índice de pobreza fue tan solo un reflejo de la disminución de  la de inflación acompañada por un breve crecimiento del PBI y no una consecuencia redistributiva de la riqueza. El crecimiento de las exportaciones estuvo centrado en sectores de uso intensivo de los recursos naturales y la brecha salarial entre mano obra calificada y no calificada creció.

En 1992, una bomba destruyó la Embajada de Israel y  dos años más tarde, otro artefacto explosivo demolió la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA). Entre los dos atentados murieron 116 personas y 550 resultaron heridas Tras años de investigaciones nada se ha esclarecido aún y los responsables siguen impunes.

En 1992 Argentina renunció a la inmunidad soberana y ratificó la jurisdicción de los tribunales de Nueva York para los contratos vinculados a la deuda externa. Un año después, el Gobierno emitió 25,000 millones de dólares en bonos, que posibilitaron a los Bancos acreedores desembarazarse de los créditos incobrables Según Cavallo ésta era la forma de Solucionar el problema de la deuda externa.

En 1993, Menem y Alfonsín firmaron el denominado Pacto de Olivos por el cual se aceptaba la reforma Constitucional que Se reflejaría en cambios políticos e institucionales cuyo punto más llamativo era la reelección presidencial. En 1994, quedó consagrada la nueva Constitución que establecía el acortamiento del mandato presidencial a cuatro años la reelección presidencial, la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, la creación del Consejo de la Magistratura, la elección de  los senadores y un nuevo capitulo, titulado Nuevos derechos y garantías

Como reacción al Pacto de Olivos, sectores de la Oposición entre los que se encontraban e dirigentes justicialistas como Ferrando Solanas , Chacho Alvarez, Juan Pablo Gallero, sectores de fa Democracia Cristiana de Carlos Auyero y Graciela Fernández Mehide y grupos socialistas liderados por Alfredo Bravo fundaron el Frente Grande.

EL 1 de enero de 1994, en virtud del acuerdo celebrado por Canadá, Estados Unidos y México entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA). Al mismo tiempo, se generaba en México una reacción encabezada por el subcomandante Marcos, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional ante las decisiones gubernamentales que, con el objeto de dar cumplimiento al NAFTA garantizaban los latifundios provocando la extinción de las propiedades comunales.

El 15 de marzo de 1995, murió en un accidente de helicóptero el hijo del Presidente Carlos Facundo Menem Su madre, Zulema Yoma, sostuvo la teoría de un atentado proveniente del entorno de su marido.

En 1995, Menem obtuvo la reelección con el 49,6% de los votos, seguido por la fórmula José Octavio Bordón, Carlos «Chacho» Alvarez, del Frente País Solidario (Frepaso). El PJ consigue 434 bancas en la Cámara de Diputados y obtuvo así a primera mayoría absoluta desde 1951. En el discurso inaugural de su segundo mandato Menem anunció que trabajaría par a aniquilar la desocupación y en el conjunto del capítulo social.

La CGT, que durante el gobierno de Alfonsín llevó adelante 14 paros generales, sólo hizo oír su voz a partir de 1998, cuando lanzó dos huelgas generales. Ante la escasa o nula combatividad de la central obrera oficial, seconformaron organizaciones alternativas el Movimiento de Trabajadores Argentinos (MTA), la Central de Trabajadores Argentinos (CIA) y la Corriente Clasista y Combativa (CCC).

En enero de 1997, se encontró el cuerpo calcinado del periodista gráfico José Luis Cabezas. El crimen quedó pronto ligado a bandas delictivas integradas por electivos de la policía bonaerense y al empresario Alfredo Yabrán, a quien Cavallo había denunciado en 1996 como miembro de una mafia económica. En 1996 el juez José Luis Macchi pidió la capture del empresario, quien se suicidó en una de sus estancias en Entre Ríos.

Luego de las denuncias realizadas contra el empresario Alfredo Yabrán, Domingo Cavallo renunció a su cargo el 27 de julio de 1996 y fue reemplazado por Roque Fernández quien dio continuidad a su política económica.

En 1997, la Alianza ,conformada por radicales, frepasistas y pequeños partidos regionales se impuso con el 45,7% de los votos en las elecciones legislativas. El justicialismo perdió la mayoría en la Cámara de Diputados por primera vez desde 1987.

Una de las primeras medidas fue la derogación de las leyes de Punto Final (1986)y Obediencia Debida (4987), que no tuvieron carácter retroactivo, y por lo tanto, no afectaron a los militares que gozaban de impunidad gracias a ellas. Las investigaciones relacionadas con los secuestros de bebés durante la dictadura continuaron y en 1998, Jorge Rafael Videla fue arrestado, pero se le concedió la prisión domiciliaria por su avanzada edad.

Fernando De la Rúa: En las elecciones presidenciales de 1999, el candidato de la Alianza, Fernando De la Rúa,

triunfó con el 48,5% de los votos frente al candidato justicialista Eduardo Duhalde. El nuevo presidente designó ministro de Economía a José Luis Machinea, ex Gerente de Finanzas Públicas del Banco Central durante la dictadura militar. Ante la delicada situación económica, el Ministro dispuso un recorte salarial del 13% a los jubilados y empleo dos estatales que percibieran más de mil pesos.

En agosto de 2000, sobrevine la crisis a raíz de las graves acusaciones al Ejecutivo sobre sobornos en el Senado para aprobar la polémica Ley de Reforma Laboral, pactada con el FMI para conseguir su ayuda. La ley liquidaba los derechos del trabajador. Los principales denunciados fueron el ministro de Trabajo, Alberto Flamarique y el jefe de la SIDE, Fernando de Santibañes, un banquero miembro de la UCP y amigo personal del Presidente. Restándole importancia al asunto, De la Rúa nombró al primero de ellos como Secretario General de la Presidencia.

En consecuencia, el vicepresidente Carlos Alvarez renunció a su cargo. Se trataba de una ruptura de la Alianza. Las renuncias continuaron: Terragno, a la Jefatura de Gabinete, De Santibáñez a la SIDE, y Flamarique a la Secretaria General de la Presidencia.

En diciembre de 2000, el Gobierno obtuvo un crédito de 30.700 millones de dólares al que denominaron «blindaje». Pero la ineficiente gestión de Machinea abrió paso a un nuevo ministro, Ricardo López Murphy, a quien se le encargó un programa de austeridad que fue rechazado con una ola de protestas en todo el país. El Ministro debió renunciar El 20 de marzo.

De la Rúa depositaba sus esperanzas en Domingo Cavallo Por entonces, el ex funcionario del gobierno de facto y de Carlos Menem contaba con un 70% de imagen positiva y había salido tercero en las elecciones de 1999. Nueve días después, era investido por el Congreso con poderes especiales que le permitirían gobernar por decreto, transformándose de ese modo en «superministro Cavallo» diseñó un plan de competitividad que pretendía controlar la evasión de capitales, disminuir el gasto público y aumentarlos ingresos a fin de recuperar liquidez y reducir la necesidad de refinanciación de la deuda externa

La situación social se deterioraba. Las huelgas y los disturbios por los bajo salarios y las malas condiciones laborales se sucedían cotidianamente Los inversores desconfiaban de la paridad cambiaria y de la capacidad del Estado para pagar sus deudas. La bolsa de Buenos Aires registró bajas sucesivas y el riesgo país –índice de la confianza en la solvencia del país- alcanzó los 1.300 puntos básicos, convirtiendo a la Argentina en la nación más proclive a suspender sus compromisos.

En las elecciones del 14 de octubre  los justicialistas obtuvieron  el dominio de los dos cámaras del Congreso. El desencanto do la sociedad se hizo sentir en lo que se denominó “voto bronca” (21,1%) y en el alto porcentajes de votos en blanco (29,3%). En noviembre Cavallo presentó al FMI un nuevo plan de reformas, pero el organismo no envió la ayuda acordada.

La crisis de confianza hizo que los pequeños y medianos ahorristas se lanzaran a los bancos a retirar sus fondos. Los grandes ahorristas hacía tiempo habían puesto a salvo su dinero en el et tenor. La Ley de Convertibilidad se apoyaba en una base ficticia, porque el Banco Central contaba sólo con cerca de la tercera parte de las reservas liquidas en dólares para garantizar los 10.000 millones de pesos circulantes. El sistema financiero estaba al borde del colapso.

El 1 de diciembre, Cavallo decretó el estado de excepción monetario, que implicaba la inmovilizaron parcial de todos los depósitos bancarios durante 90 días, topes de hasta 250 pesos o dólares por semana en las extracciones de efectivo y la imposición del uso de tarjetas de crédito y débito para la realización do pagos. Esta medida fue conocida como “el corralito». Como consecuencia, disminuyó el consumo y la actividad productiva. Los diversos actores sociales, partidos políticos y centrales sindicales dispusieron movilizaciones y paros so protesta por la situación. Se produjeron saqueos a comercios.

El Gobierno respondió con la dimisión de Cavallo y la declaración del estado de sitio. Esta decisión fue repudiada, durante los días 20 y 21 de diciembre con cacerolazos de protesta y movilizaciones que la policía reprimió duramente.

El saldo fue de 27 muertos y decenas de heridos en todo el país, De la Rua invitó al justicialismo a participar de un gobierno de “concertación nacional”. Los justicialistas no aceptaron y el presidente luego de leer en cadena nacional su renuncio se escurría ríe la Casa Rosada en un helicóptero que lo llevó a la residencia de Olivos.

Durante la última década, el poder de los grupos financieros y el modelo socioeconómico excluyente creados durante la última dictadura militar se consolidaron las nuevas relaciones de explotación y dominación que se gestaron en la dictadura militar alcanzaron su plena madurez con el mandato de Carlos Menem.

La disparidad económica, social y política entre el gran capital y las pequeñas empresas, entre los ricos y los sectores populares, sólo puede compararse con las desigualdades de los años 40, es decir; el perfecto previo a la irrupción del peronismo en la Argentina, ex Gerente de Finanzas Públicas del Banco Central durante la dictadura militar. Ante la delicada situación económica, el Ministro dispuso un recorte salarial del 3% a los jubilados y empleados estatales que percibieran más de mil pesos.

En agosto de 2000, sobrevino la crisis a raíz de las graves acusaciones al Ejecutivo sobre sobornos en el Senado para aprobar la polémica Ley de Reforma Laboral, pactada con el FMI para conseguir su ayuda. La ley liquidaba los derechos del trabajador.

 ALGUNAS RECOMENDACIONES DEL CONSENSO DE WASHINGTON

1, Es preciso concluir con toda política que torne al Estado protagonista en el proceso de desarrollo de un país, en particular si lo que se pretende es insistir con el llamado ‘proceso de sustitución de importaciones’ que coloca al aparato estatal como actor central en la implementación de dicho programa de industrialización, con proteccionismo aduanero.

  1. El déficit fiscal debe ser eliminado en el menor lapso posible, pues su presencia es un signo desalentador para los acreedores externos, que no advierten cómo hará un país para pagar los intereses y el capital de su deuda si el Estado no dispone de excedentes financieros suficientes para cumplimentar tal objetivo.
  2. Es imperativo liberalizar totalmente el sistema financiero de modo que los bancos dispongan a su arbitrio de los recursos que les entregan los depositantes, que desaparezcan todas las trabas regulatorias sobre la fijación de tasas de interés, y que la banca nacional, estatal o privada, pueda ser adquirida por capital extranjero.
  3. Agresiva política de privatización de las empresas estatales, para disminuir el peso del ineficiente manejo de las mismas sobre el presupuesto nacional […].
  4. Apertura externa irrestricta […], eliminando todas las restricciones arancelarias o de otro tipo que traben dicho ingreso. De este modo, el mercado productivo nacional tendrá que volverse crecientemente competitivo para no ser sustituido por importaciones carentes del antiguo proteccionismo aduanero o, en su defecto, deberán desaparecer. […]
  5. Profunda reforma del Estado, que suponga la desregulación de sus actividades intervencionistas en el funcionamiento de! aparato productivo, desligándose no solamente de las empresas de su propiedad sino dejando sin efecto todas las medidas que traben el libre accionar de los mercados. De este modo, no se producen distorsiones en la fijación de precios, que surge exclusivamente por la oferta y la demanda en los respectivos mercados, ni se recarga con gastos innecesarios el funcionamiento del aparato estatal, pues desaparecen entidades oficiales que incidían en forma negativa en el presupuesto gubernamental.

Daniel Muchnik. Argentina modelo. De la furia a la resignación. Economía y política entre 1973 y 1998,
Buenos Aires, Editorial Manantial SRL, 1999.

Trabajo de: Diana Hamra – Felipe Pigna

Consejo: Trata de ver los videos de los mismos autores sobre Historia Argentina

Gobiernos Democraticos en Argentina Alfonsín Menem De La Rua Resumen

Descripción De Las Tres Primeras Presidencias Democráticas en Argentina Desde 1983-2001

Desde 1983, el país vive en democracia restableciéndose las libertades públicas, los derechos humanos y la cultura argentina volvieron a destacarse en el mundo. La herencia dejada por la dictadura militar fue muy pesada y los sucesivos gobiernos (Raúl Alfonsín 1983-89, Carlos Menem 1989-99) vieron condicionados sus planes sociales y políticos por las presiones económicas.

Menem entendió que la solución pasaba por una política de privatizaciones que generó una breve etapa de bienestar (1991-95) pero que concluyó con una profunda crisis que generó desocupación y aumentó notablemente la deuda externa.

El 9 de diciembre de 1996 fue elegido Fernando de la Rúa. Su mandato se caracterizó por falta de decisión y concluyó con su renuncia el 20 de diciembre de 2001 en el marco de fuertes protestas populares y una de las más grandes crisis económicas que viviera Argentina.

Por un breve período se sucedieron Ramón Puerta, Adolfo Rodríguez Sao y Eduardo Camaño hasta que el 1 de enero de 2002 asume Eduardo Duhalde, ex intendente de Lomas de Zamora, gobernador de Buenos Aires, diputado nacional y Vicepresidente de Carlos Menem hasta el 25 de mayo de 2003.

Entonces asume la presidencia del país Néstor Kirchner ex Intendente y dos veces Gobernador de Santa Cruz. Con un perfil político peronista de centro-izquierda sacó al país de la cesación de pagos más grande de su historia: se canjeó la deuda soberana, de valor nulo tras la crisis del 2001, por nuevos bonos indexados por la inflación y el índice de crecimiento económico. Los índices de pobreza y de desempleo disminuyeron notoriamente. Llevó adelante una activa política para promover los Derechos Humanos.

Con Cristina Fernández por primera vez una mujer asumió la presidencia de la Nación. Esto ocurrió el 10 de diciembre de 2007 luego de recibir los atributos de mando por parte de su marido y mandatario saliente Néstor Kirchner, ante una Asamblea Legislativa en la que marcó con énfasis los principales lineamientos de su gestión y convocó al diálogo a todos los poderes y sectores sociales.

A parti de diciembre de 2015, el ingeniero Mauricio Macri, conduce el destino de Argentina, con una serie de medidas económicas liberales y activando la justicia para investigar diversos casos de corrupción del gobierno anterior.

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Gobierno de AlfonsínGobierno de MenemGobierno de De La rua

Gobierno de Alfonsín Gobierno de Menem Gobierno de De La Rua

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LOS PRIMEROS AÑOS DE LA DEMOCRACIA EN ARGENTINA: La derrota de Malvinas el 14 de junio de 1982 fue el fracaso definitivo del »Proceso de Reorganización Nacional», El nuevo presidente, general Reinaldo Bignone, entabló negociaciones rápidamente con los principales partidos políticos para organizar una salida electoral. Otra cuestión clave para el gobierno era la de los delitos cometidos por los militares durante la represión ilegal.

La Junta Militar sancionó la «Ley de Pacificación Nacional», que justificaba y exoneraba a los militares por los crímenes cometidos.

A lo largo del año 1982 la vida cotidiana se hizo cada vez más difícil debido al deterioro de la economía real, la inflación, el desempleo y los altos impuestos. La sociedad argentina reaccionó con manifestaciones y huelgas en reclamo de mejoras salariales.

Por otro lado, las denuncias de las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos eran cada vez más frecuentes y movilizaban cada vez a mayor cantidad de gente. La permanencia de los militares en el poder era insostenible, el Gral. Bignone convocó a elecciones para el mes de octubre de 1983.

Para la sociedad argentina, elegir democráticamente a sus representantes parecía un sueño. Después de siete años de dictadura, la perspectiva de las elecciones generaba grandes esperanzas.

La campaña electoral tuvo rasgos muy específicos; la amplia participación de la ciudadanía que se afilió masivamente a distintos partidos políticos y asistió a actos multitudinarios, los aspectos éticos, el pluralismo ideológico y el diálogo entre diferentes grupos políticos. Los partidos con más adhesión fueron el PJ y la UCR.

El Dr. Raúl Alfonsín, candidato de la UCR, cerró su campaña con un acto en el obelisco. Ante una concurrencia masiva, apeló al respeto por la Constitución Nacional. Un día después, en el mismo escenario, ítalo Luder, candidato presidencial por el PJ y Herminio Iglesias, candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, cometieron un error fatal.

Herminio Iglesias quemó un ataúd que representaba a la UCR, Este hecho le quitó gran cantidad de votos al PJ, puesto que para muchos, si triunfaba el PJ era posible que se impusiera nuevamente la violencia política de la década del setenta.

En las elecciones del 30 de octubre de 1983, Raúl Alfonsín obtuvo el 51,8 % de los votos. La fecha marcó un hito en la historia argentina, era el fin del régimen militar y, al mismo tiempo, el peronismo fue derrotado en elecciones abiertas por primera vez en la historia.

Desde su inicio, el gobierno radical luchó infructuosamente contra la inflación. Los sindicatos formulaban reclamos salariales cor. huelgas permanentes. El Fondo Monetario Internacional (FMI) exigía el cumplimiento de los pagos de la deuda externa, que seguían aumentando.

En estas circunstancias, en 1985 se implemento el Piar. Austral, un programa de ajuste que consistió en el congelamiento de precios, tarifas y salarios (previo aumento de estos), al tiempo que se regulaba el precio del dinero (las tasas de interés) y el tipo de cambio. El Estado se comprometió a no emitir moneda sin respaldo.

El tema más espinoso fue el juzgamiento de los crímenes cometidos por la dictadura. Alfonsín intentó solucionarlo sin afectar a las Fuerzas Armadas como institución. Esta política produjo fuertes críticas de los organismos de derechos humanos -especialmente de las Madres de Plaza de Mayo-, y no alcanzó a descomprimir la fuerte oposición de los militares.

En abril de 1987, encabezados por el entonces teniente coronel Aldo Rico, un grupo de oficiales se alzó en Campo de Mayo, en la primera de las rebeliones «carapintadas». Una multitud se movilizó a Plaza de Mayo, durante Semana Santa para defender la democracia.

La crisis de Semana Santa y el fracaso del Plan Austral trajeron la primera derrota política del gobierno, en las elecciones parlamentarias y provinciales de 1987. El justicialismo, derrotado y dividido desde 1983, halló nuevos liderazgos en las figuras de Antonio Cafiero y Carlos Saúl Menem, que aunque habían mantenido buenas relaciones con el gobierno, fueron fortaleciendo su papel de oposición.

Entre 1988 y 1989 los intentos para detener la crisis económica fracasaron , consecuentemente la imagen de Alfonsín comenzó a deteriorarse aceleradamente. En 1989 una fuerte devaluación abrió las puertas a un proceso hiperinflacionario imposible de controlar, iniciándose también una ola de saqueos a decenas de supermercados y negocios, que hizo perder las elecciones frente a Menem y negociar una salida anticipada del gobierno.

Ver Gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989)

Carlos Saúl Menem provenía del justicialismo, al que él mismo definió alguna vez como una corriente política nacionalista, populista y cristiana. Durante la década en que fue presidente, entre 1989 y 1999, reconvirtió al movimiento nacional y popular peronista en una fuerza política neoliberal en lo económico y conservadora en lo político.

Este alejamiento ideológico de las bases doctrinarias peronistas le permitió forjar una alianza electoral que lo llevó dos veces a la presidencia. Esa coalición estuvo formada por las clases sociales populares (en particular, los trabajadores) que tradicionalmente apoyaron al justicialismo, y también por sus tradicionales enemigos: los productores rurales, los financistas internacionales, los grandes industriales y las clases sociales altas, en general.

El neoliberalismo
Durante la campaña presidencial, Menem había prometido una revolución productiva que comenzaría con un salariazo, al parecer, en la línea del viejo populismo. La política económica que implemento contradijo esos postulados.

Por el contrario, adhirió a los principios de la economía de libre mercado; es decir, un modelo que considera que todas las actividades económicas dependen únicamente de la libre iniciativa de las personas, salvo aquellas que son inevitablemente inherentes al Estado, como la defensa nacional y el mantenimiento del orden público. En los hechos, la adopción de esta ideología implicó el abandono de la concepción del Estado de Bienestar, propia del peronismo tradicional.

La economía de libre mercado tomó fuerza particularmente desde principios de 1991 cuando, después de un nuevo estallido hiperinflacionario, se puso en marcha el llamado Plan de Convertibilidad.

EN 1994, con la reforma de la Constitución, Menem quedó habilitado para presentarse ;-los comicios presidenciales de 1995. Después de una fuerte campaña, el Justldalismo, cela fórmula Carlos Menem-Carlos Ruckauf, logró el 49,9% de los votos; seguido por el Frente por un País Solidario (FREPASO), con la fórmula José Bordón-Carlos «Chacho» Álvarez, que obtuvo un 29,3%; la Unión Cívica Radical quedó en tercer lugar, con el 17% de los votos.

Pese a la amplia victoria, la situación no era alentadora para eL gobierno ese año. Gracias al plan de Convertibilidad, la inflación, que a fines de 1989 era del 5.000%, se redujo en 1992 a menos del 20%, en 1994 era sólo del 3,9% y seguía en baja. Pero cree E.-los despidos en la administración pública y en las empresas privadas, los salarios bajaban, aumentaban el desempleo y el subempleo.

Menem, cuya administración dependía de los capitales foráneos, debió aceptar imposiciones de organizaciones financieras internacionales como el Banco Interamerica» de Desarrollo, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.

Ver Gobierno de Carlos Menem (1989-1999)

En 1997, la Alianza, una coalición electoral conformada por la Unión Cívica Radical (UCR) y el Frente País Solidario (Frepaso), triunfó en las elecciones presidenciales del 24 de octubre de 1999 con la fórmula Fernando de la Rúa (UCR)-Carlos «Chacho» Álvarez (Frepaso). Desde sus inicios, la gestión aliancista estuvo fuertemente condicionada por la herencia recibida del menemismo.

El principal condicionamiento económico fue el monto de la deuda externa, que equivalía al 43% del producto bruto interno (PBI). Los préstamos externos (así como el dinero obtenido con las privatizaciones) no sirvieron para invertir en el país sino para pagar la deuda. De hecho, a fines del año 2000, la economía atravesaba una coyuntura de más de dos años de caída del PBI.

El país no parecía estar en condiciones de pagar siquiera los intereses de la deuda, que equivalían a alrededor de 20 mil millones de dólares anuales. «La Argentina dilapida anualmente el 4% de su PBI para pagar los intereses de su endeudamiento-decía por entonces el periodista económico Julio Nudler. Mientras las exportaciones del país no llegan a representar ni el uno por ciento del total mundial, en la primera mitad del 2000 los bonos de deuda pública colocados por la Argentina fueron el once por ciento de todo lo emitido por los países emergentes. [El país es] insignificante como exportador pero líder como deudor…»

Además de la deuda económica, el Plan de Convertibilidad generó una fuerte deuda social. En el año 2000, trece millones de personas vivían en la pobreza. La desocupación había avanzado ininterrumpidamente desde 1991, afectando a sectores de la población cada vez más amplios. Entre los que trabajaban, dos de cada cinco lo hacían en negro, sin protección social alguna.

El Estado, en el mejor de los casos, se limitó a asistir a los más necesitados. La Alianza se enfrentó con la necesidad de formular políticas sociales sin contar con los recursos de un Estado virtualmente quebrado.

A pocos meses de asumir, el vicepresidente Álvarez renunció a su ;argo por disidencias con la gestión gubernamental. En el año 2000, era generalizado el descreimiento de los ciudadanos respecto de las normas de hacer política, a las que juzgaban corruptas e inoperantes.

Durante las dos últimas décadas del siglo XX, cambiaron las formas de la protesta social. En los años 80, los conflictos eran salariales y le expresaban mediante paros, huelgas y medidas de fuerza ordenadas 3or los sindicatos.

En los años 90, el descontento social se manifestó por medio de los cortes de rutas, protagonizados predominantemente por desocupados que, como tales no pertenecían a gremio alguno.

Un desconcierto creciente

En noviembre de 2001, los medios informaban que cada día 2.000 argentinos caían bajo la línea de la pobreza. En los primeros días de diciembre, la situación se hizo gravemente conflictiva. El Presidente había perdido su capital político y el ministro de Economía, Domingo Cavallo, no encontraba recursos para tranquilizar a la población. Varios gremios estatales estaban en huelga, mientras que en algunos barrios de la Capital la gente hacía escuchar su descontento golpeando cacerolas y cortando calles, protesta que se conoció con el nombre de «cacerolazos».

En todo el país, las protestas cortaban las rutas y las calles: de este modo, el piquete irrumpía en la vida política argentina.

El «corralito»
Para evitar la fuga de depósitos barcarios, el 1° de diciembre, Cavallo decretó el «esta; de excepción monetaria». Este «golpe» económico, conocido como «el corralito», significaba que todos los depósitos bancarios quedaban inmovilizados durante 90 días -además, que las extracciones de efectivo tenían un tope de hasta 250 pesos o dólares por semana. Así, el dinero desapareció de la calle, el consumo se retrajo y la actividad productiva y comercial se paralizó. Masivamente, agrupaciones sociales, partidos políticos: y centrales sindicales se opusieron a las medidas y promovieron movilizaciones y pares de protesta.

Saqueos y cacerolazos
Entre el 13 y el 18 de diciembre se iniciaron los saqueos contra los supermercados. Primero en Rosario y luego en la Capital, San Isidro, Munro, El Palomar, Ciudadela, Ramos,; Mejía, Morón, Moreno, Lanús y La Tablada, Entre el 18 y el 20, los saqueos se generalizaron en Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos, San Juan, Santiago del Estero y Mendoza.

Frente a la escalada de violencia, el 19 de diciembre e! Presidente decretó el estado ce sitio. El 20 De la Rúa transmitió un discurso por la cadena nacional. E! discurso no ha: terminado cuando en todos los barrios de la ciudad de Buenos Aires comenzaron a escucharse cacerolazos. Una multitud salió a las calles y marchó hacia la Plaza de May: el Congreso, la quinta de Olivos y la casa de Cavallo.

A la medianoche, se dio a conocer la renuncia de Cavallo. Sin embargo, esto no tranquiza los manifestantes, que pedían «que se vayan todos». De la Rúa ordenó la represión que dejó como resultado 32 muertos y cientos de detenidos en todo el país. Pero nada detener la movilización. El 21 de diciembre de 2001, luego de leer su renuncia en cadena nacional , deja la Casa Rosada en el helicóptero presidencial que lo lleva a Olivos.

Ver Gobierno de Fernando De La Rua (1999-2001)

AMPLIACIÓN DEL TEMA: Las de la obtienen en las Por un lado, los argentinos valoran casi del mismo modo los derechos civiles, sociales y políticos como sus principios constitutivos. Pero, por otro lado, en el momento de jerarquizarlos, el acento se coloca sobre los derechos sociales: salud, educación, vivienda y trabajo. De este modo, 6 de cada 10 consideran que hay democracia cuando se garantiza el bienestar de la gente, mientras que el derecho al voto y a la libertad de expresión tienen un lugar secundario.

De estas indagaciones se concluye que el perfil de ciudadano más extendido en la Argentina es el que otorga primacía a los derechos sociales y, además, considera que los derechos deben venir del Estado. Esa percepción se acentúa cuanto más descendemos en el nivel económico-social.

El predominio otorgado a la resolución de los problemas socioeconómicos lleva a que el 49% de los encuestados afirme que «no le importaría que llegara al poder un gobierno autoritario si pudiera resolver los problemas económicos del país». Cuanto menor es el nivel socioeconómico, mayor es la probabilidad de apoyo a una alternativa autoritaria.

Por otra parte, la población muestra un bajo nivel de conocimiento o conciencia de los derechos y los deberes que le caben en democracia. Aquí también se privilegian los derechos sociales como derechos de la persona en democracia, en detrimento de los civiles y políticos. Respecto de los deberes, el 28% menciona en primer lugar «trabajar y cuidar de uno mismo», y sólo un 2%, «informarse de asuntos públicos».

Esta idea de la ciudadanía, que implica una escasa valoración de los derechos políticos y civiles, se refuerza con la mirada puesta en el Estado: cinco de cada diez consideran que es el gobierno nacional quien más responsabilidad tiene de fortalecer la democracia.

LA DEMOCRACIA REPUBLICANA Y LA NACIONAL-POPULAR: El sociólogo Gino Germani distinguía dos formas de acceso a la democracia con participación total. La clásica, Llamada republicana, suponía reconocer primero los derechos civiles, luego los políticos y, finalmente, los sociales. En la segunda, propia de sociedades como la argentina, la participación total llegaba de la mano de regímenes de tipo «nacional-popular», en los que los trabajadores negociaban directamente con el gobierno y no a través de la mediación de los partidos políticos. En estos regímenes, el Estado anticipa los derechos de ciudadanía social en desmedro de sus aspectos civiles y políticos.

OTROS CANALES DE PARTICIPACIÓN: La crisis de representación de los partidos políticos, estalló en las elecciones de octubre de 2001, y el agravamiento de la crisis económica e institucional a fines de año produjeron un alto grado de movilización, principalmente espontánea, que se canalizó a través de protestas «piquetes», «cacerolazos» y «asambleas populares». Frente al desprestigio de la participación política a través de los partidos, estas formas de manifestación colectiva se percibieron como la posibilidad más importante de acceder a una voz eficaz y como el síntoma más elocuente de la ruptura de la relación entre la sociedad civil y el sistema político que se estableció a partir de 1983.

Dentro de estos fenómenos, conviene distinguir las protestas de los incluidos y las de los excluidos. El primer grupo (que se concentra, sobre todo, en los «cacerolazos» y las «asambleas populares») proviene de los sectores medios urbanos que cuestionan la legitimidad y la competencia de los dirigentes políticos, en el contexto de reclamos por algunos aspectos de la crisis económica (la indisponibilidad de fondos o la salida de la convertibilidad) y por el mal desempeño y la corrupción de los tres poderes del Estado.

El segundo grupo, el de los excluidos, proviene de los sectores populares, que plantean reivindicaciones relativas a la desocupación y a la pobreza. Su forma principal de expresión son los «piquetes». Estos sectores no reclaman la destrucción del sistema social, sino su inclusión dentro de él, a través de la obtención de bienes concretos. Por otra parte, organizaciones como la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y la Corriente Clasista y Combativa (CCC) intentaron canalizar las demandas sociales en el contexto de una estrategia general contra la pobreza.

La política, reformada después de este derrumbe institucional, no podría prescindir de una relación madura con estas nuevas formas de expresión y sus actores, aunque no resulte una tarea fácil.

DEMOCRACIA EN AMÉRICA LATINA: El retorno a la democracia fue la buena noticia de los años 80 para casi toda la región. La ciudadanía de América Latina, desde el sur de México hasta Tierra del Fuego, volvía a las urnas para elegir a sus gobernantes. Recuperaba sus derechos después de una o varias décadas de proscripción política.

Los políticos, en tanto, volvían a tener protagonismo y, en muchos casos, debieron negociar con los militares la manera de regresar a la senda institucional. Sin embargo, no se trataba solamente de elecciones libres. La tarea de los nuevos gobiernos no sería fácil ya que la democracia iluminaba todos los rincones de las oscuras dictaduras y las violaciones de los derechos humanos pasaron a ocupar un primer plano.

Todavía en el poder, los militares habían puesto algunas condiciones al traspaso. En efecto, querían permanecer al margen de las investigaciones y sufrir el menor descrédito posible, pero el desgaste sufrido a lo largo de una o varias décadas de autoritarismo trastocó la tradicional tutela a la que tenían acostumbrados a los políticos. Los condicionamientos de la economía, por su parte, representaban un desafío similar, o mayor, en plena recuperación democrática. América Latina acumulaba una enorme deuda externa que, en pocos años, sería el detonante de varias crisis. De todas formas, el contexto global era bastante favorable.

El fin de la Guerra Fría había modificado por completo las circunstancias internacionales: Estados Unidos y la URSS ya no competían por influir en uno u otro lado. Entonces, la amenaza del comunismo ya no podía esgrimirse como pretexto para justificar nuevas dictaduras. De esta manera, a pesar de los contratiempos, todo parecía encaminarse por la senda del respeto a las instituciones. Hubo nuevos coletazos autoritarios, incluso desde el mismo poder constitucional, pero la democracia había llegado para quedarse.

Ver: Organización Política de Argentina

Fuente Consultadas:
Cuatro Décadas de Historia Argentina Dobaño-Lewkowicz
Sociedad en Red EGB 3° Ciclo 9 Año
La Enciclopedia del Estudiante Tomo 20 Historia de la Argentina
El Desarrollo Humano en la Argentina del Siglo XXI UNICEF – UNDP – Ministerio de Educación , Ciencia y tecnologíA
Revista TIME Historia del Siglo XX – América Latina de la dictadura a la democracia

Gobierno de Fernando De La Rua Resumen Politico Historia Argentina

RESUMEN GOBIERNO DE FERNANDO DE LA RUA – GANÓ LA ALIANZA


Fernando De la Rua (1937-2019)
Presidente de Argentina (1999-2001)

ASCENSO Y CAÍDA DE LA ALIANZA

Introducción

El 2 de agosto de 1997 se creó la Alianza para la Producción, el Trabajo y la Educación, que reunía a la Unión Cívica Radical y al Frente para un País Solidario (FREPASO). Muy rápidamente recibió el apoyo de otros partidos de la oposición al gobierno de Carlos Menem

El radicalismo había sufrido una derrota importante en 1995, pero mantenía un caudal electoral significativo a nivel provincial y municipal, mientras que el Frente había obtenido casi un 30 % de los sufragios, aunque su peso en el interior del país era muy limitado.

Desde su creación la Alianza para el Trabajo, la Justicia y la Educación intentó elaborar un discurso que apuntaba a la superación de las falencias del modelo económico y social, sin poner en riesgo ninguno de los supuestos éxitos alcanzados. Este discurso tenía enormes ambigüedades, lo que permitía que los diferentes sectores que se oponían al menemismo encontraran en él respuestas a sus distintas propuestas e intereses.

Por otra parte, en el seno de la coalición existían diferentes posiciones en tenias tan importantes como la situación de las empresas privatizadas, el grado de apertura de la economía y los cambios en el plano judicial. La mayor parte de esas desavenencias quedaba relegada a un segundo plano, el objetivo fundamental era imponerse frente al menemismo.

La Alianza tenía un organismo que se encargaba de la elaboración de un programa, el Instituto Programático de la Alianza (IPA), en el que desempeñaba un papel relevante el ex presidente Raúl Alfonsín. Pero las líneas centrales del discurso de campaña eran definidas de hecho por Fernando De la Rúa y Carlos “Chacho” Alvarez, integrantes de la fórmula presidencial, que por lo general adoptaban posturas más moderadas que las elabora­das por el IPA.2

En las propuestas de la Alianza predominaban las buenas intenciones, la voluntad de acabar con la corrupción y de ingresar a los sectores sociales postergados.

Políticas sociales y burocracia pública: intentos de cambios:

El gobierno de De la Rua intentó llevar adelante muchas de las reformas que en la administración Ménem habían quedado inconclusas. Desde los comienzos de su gobierno la Alianza propuso reformas que alivianaran las cargas que el sistema jubilatorio tenía para el Estado. Se reducía la Prestación Compensatoria para aquellos que ganaran más de 640 pesos (Clarín, 27 de diciembre de 1999).

Asimismo, el diputado Eduardo Santín reveló que existía un proyecto para reducir las jubilaciones superiores a 3.100 pesos, según un mecanismo de deducciones, con el objetivo de obtener mayores fondos y mejorar los haberes mínimos (Clarín, 3 de enero de 2000). El entonces ministro de Economía José Luis Machinea planteó que estaba trabajando en la presentación de un proyecto para eliminar los regímenes previsionales especiales y aumentar la edad jubilatoria de las mujeres (Clarín, 6 de enero de 2000). Algunas de estas modificaciones, además, formaban parte de una negociación con el Fondo Monetario Internacional.

Para mejorar la equidad del sistema, el 29 de diciembre de 2000 se dictó un Decreto por el que se reemplazaba la Prestación Básica Universal (igual para todos los beneficiarios) por. una Prestación Suplementaria que sería decreciente hasta los que se jubilaran con 800 pesos.

En la elección presidencial de octubre de 1999, la Alianza ganó con el 40% de los votos. Pero las provincias más populosas tenían gobiernos peronistas y la bancada claramente mayoritaria en la Cámara de Senadores del PJ.

Por otra parte, para proteger a algunos sectores que no estaban cubiertos, se instituía el beneficio Universal de 100 pesos para mayores de 75 años, que no tuvieran ningún ingreso ni dispusieran de propiedades, salvo la que usaran como vivienda propia. Quienes accedieran a ese beneficio recibirían también la cobertura médica del PAMI. Además, se creaba la Prestación Proporcional para mujeres mayores de 70 años que tuvieran entre 10 y 29 años de aportes, se generaba un beneficio de 10 pesos por cada año aportado, con un piso de 150 pesos.

Finalmente, el gobierno podría flexibilizar el menú de inversiones de las AFJP, estableciendo además que ninguna de ellas podría cubrir más del 27,5 % del mercado y que los que serían derivados a la Administradora que cobrara la comisión más baja. Con esta medida se buscaba incrementar los niveles de competencia y evitar el fortalecimiento excesivo de alguna AFJP.

El gobierno intentó en primera instancia realizar estos cambios por le» Cuando la iniciativa se estancó
en el Parlamento por el rechazo de un sector importante del radicalismo, encabezado por Leopoldo Moreau, recurrió a un decreto de necesidad y urgencia. No obstante, toda esa situación generó un enorme desgaste en el interior de la Alianza y la necesidad de estrechar vínculos con miembros de Acción por la República (el partido de Domingo Cavallo) y con legisladores de partidos provinciales.

Además, la crisis económica llevó a que se forzara a las Administradoras a comprar bonos del Estado, se alteró por completo la lógica del menú de inversiones que se venía produciendo hasta ese momento.

Con relación a la reforma laboral, luego de una negociación con la CGT para que se mantuvieran las contribuciones obligatorias a las obras sociales, el presidente De la Rua logró generar consensos en torno a un proyecto enviado al Congreso, que fue aprobado en el Senado una vez que le aseguró a los representantes de los trabajadores que no habría recortes en los salarios durante los dos años posteriores a la sanción de la ley.

Esta iniciativa intentaba profundizar el proceso flexibilizador que se había iniciado en el gobierno menemista. Se proponía extender el período de prueba para los ocupados, se introducían modalidades promovidas de trabajo, se descentralizaba la negociación a niveles de fábrica y se disminuían los montos de las indemnizaciones para favorecer la contratación de nuevos operarios.

Sin embargo, rápidamente se acusé a varios senadores de haber recibido sobornos para la aprobación de la iniciativa, situación que produjo fuertes divisiones en la coalición gobernante y llevó a las renuncias del vicepresidente Alvarez y el Ministro de Trabajo Alberto Flamarique . La ley tardó mucho en reglamentarse y el gobierno tuvo enorme dificultades para implementarla, al tiempo que crecían las presiones para obtener su derogación.

Además, la sospecha de pago de sobornos para la sanción de la ley, refor­zó en muchos sectores la creencia (le que seguían existiendo mecanismos corruptos para la formulación e implementación de políticas, lo cual era visto por la sociedad como una continuidad de las prácticas utilizadas por el menemismo11.

Por otra parte, el gobierno trató de profundizar la reforma del sistema de obras sociales. Como no se podía procesar los cambios por la vía legislativa, el 1° de Junio de 2000 el vicepresidente Carlos Álvarez (en ejercicio del poder porque De la Rúa estaba en el exterior) firmó el decreto de necesidad y urgencia para desregular las obras sociales, de ese modo entró en conflicto con algunos dirigentes de su partido. Si bien esa era una medida solicitada por los organismos de crédito internacionales, la inexistencia de apoyos concretos dentro de la coalición gobernante y entre los distintos actores sociales que la habían impulsado, hizo que la implementación de la inicia­tiva se volviera crecientemente dificultosa.

También en el área de la burocracia gubernamental se introdujeron modificaciones para mejorar las capacidades para la resolución de problemas y para controlar la corrupción. El programa Carta Compromiso con el Ciudadano fue creado a través del decreto 229/00 que establecía en sus considerando que uno de los objetivos del gobierno nacional era potenciar la transparencia y receptividad del Estado hacia los ciudadanos para optimizar el uso de los recursos humanos y materiales que estos financiaban a través de sus impuestos. En este sentido, el ámbito de aplicación del programa eran todas aquellas dependencias de la Administración Pública Nacional (APN) que prestaran de servicios a la ciudadanía. El decreto establecía el desarrollo de herramientas para simplificar y facilitar el seguimiento de los procedimientos administrativos. También instauraba la necesidad de contar con un sistema de información y seguimiento de la relación de los organismos con los usuarios que transparentara su desempeño y rindiera cuenta en forma periódica del nivel de prestación alcanzado a través de estándares de calidad de servicio.

El gobierno de De la Rúa continuó con la idea de mantener la práctica de asignar recursos y controlar la administración a través del mecanismo de acuerdos programa para la realización de determinadas actividades. Por ello, reglamentó estos acuerdos programa a través del decreto 103/01 que también aprobaba el nuevo Plan Nacional de Modernización del Estado.

El Plan de Modernización partía de la idea de que el problema del Estado no era su excesiva dimensión sino su forma inadecuada y buscaba mejorar su capacidad de gestión. Las reformas se basaban en tres puntos: cambio en el modelo de gestión, proyectos de modernización estructural y transparencia y política anticorrupción. El modelo de gestión por resultados y la carta compromiso con el ciudadano hacían referencia al primer pilar, esto es, el cambio en el modelo de gestión para reorientarlo hacia los resultados y los procesos de mejora continua. (Estevez y Lopreite, 2001).

La implementación de la Gestión por Resultados suponía transformar el presupuesto en una herramienta de gestión que permitiera medir los resultados alcanzados y adoptar la reingeniería de procesos para mejorar la gestión interna de los organismos.

El modelo buscaba introducir la idea de responsabilizar a los gerentes por los resultados alcanzados por la organización e iba acompañado por la aplicación de incentivos monetarios para estos administradores por el cumplimiento de las metas. En este sentido, la ley 25.152 permitía a los organismos que se incorporaran a los acuerdos programa cierta flexibilidad en la asignación de los recursos (modificaciones presupuestarias) y en las estructuras organizativas. (art. 5, inc. 3, 4 y 5).

Muchas de estas iniciativas no se pudieron aplicar a causa de la creciente inestabilidad que afectaba al Gobierno que permanentemente introducía cambios de funcionarios. También, los conflictos en el interior de la Alianza dificultaron la implementación de iniciativas en sectores claves de la burocracia estatal. En tal sentido, en áreas como las políticas sociales había una enorme fragmentación entre las diferentes secretarías. Existían más de noventa planes, con un muy bajo nivel de coordinación. Se producían continuas pujas dentro del gabinete por el control de los recursos.

POLITICA EXTERIOR

En política exterior predominaron las continuidades con el gobierno menemista. El canciller Adalberto Rodríguez Giavarini (un economista con una antigua y muy aceitada relación con De la Rua) favoreció la continuación de la intervención de tropas argentinas en misiones de paz en el exterior, formando parte de esa particular «milicia internacional”, surgida a instancias de los Estados Unidos tras la Primera Guerra del Golfo. Asimismo, la Argentina siguió votando a favor de la investigación sobre la violación de derechos humanos en Cuba, con lo que mantenía la posición sustentada en la década anterior. Esta actitud contrariaba la voluntad de los sectores ligados con Alfonsín en la Unión Cívica Radical que se inclinaban por la abstención en lo referente a Cuba.

Por otra parte, se mantuvo la idea de darle un fuerte peso a los condicionantes de la economía en las decisiones de política exterior. La designación de un economista ortodoxo como Rodríguez Giavarini al frente de la Cancillería revelaba las prioridades que tenía el Gobierno en lo referido a las relaciones del país con el resto del mundo.

Relación con los actores políticos y sociales y factores que llevaron a la caída

El gobierno de Fernando de la Rúa sufrió un fuerte aislamiento casi desde su comienzo. La carencia de apoyos concretos se vio tanto desde el punto de vista partidario como del de la relación con los diferentes actores sociales. La Alianza para el Trabajo, la Justicia y la Educación se fue desgranando a lo largo de sus dos años de gobierno, se produjo la retirada de un importante número de legisladores que pasaron a formar parte de otras agrupaciones. Inclusive los dos partidos que la integraban adoptaron posturas muy críticas hacia la gestión gubernamental.

La Alianza había surgido como estrategia para vencer al menemismo. Más allá de este acuerdo, lo que primaba era la falta de coincidencias programáticas explícitamente definidas. Esta carencia se tomó evidente cuando la Alianza alcanzó ei gobierno en las elecciones de octubre de 1999.

Existían diferentes diagnósticos sobre la situación del país entre los distintos sectores que componían la Alianza y, a partir de ellos, surgieron en el seno del Gobierno posiciones disímiles acerca de las soluciones que debían implementarse. El jefe de gabinete, Rodolfo Terragno, criticaba duramente el modelo económico vigente. Como no podía imponer los cambios que creía necesarios, terminó renunciando en octubre de 2000. Este tipo de desacuerdos y alejamiento se repitió con otros miembros originales de la coalición.

Asimismo, algunos analistas consideran que el resultado abrumador a favor de Fernando de la Rúa en la interna presidencial frente a Graciela Fernández Meijide dejó al radicalismo y al FREPASO en condiciones muy desiguales para negociar. En el momento de formar el gabinete, la fuerza liderada por Carlos “Chacho” Alvarez se quedó disconforme con la situación subordinada en que había quedado. El FREPASO solo contaba con dos ministerios y un reducido número de secretarías. Igualmente, la necesidad de darle participación a algunas organizaciones menores dentro de la Alianza dificultó en ocasiones la necesaria cohesión para tomar decisiones, que requerían un fuerte apoyo político.

El gobierno aliancista no logró establecer buenas relaciones con ningún sector del sindicalismo. En primer lugar, se plantearon importantes diferencias con el Congreso de los Trabajadores Argentinos, la organización gremial más afín a la administración en el ámbito gremial, del cual provenían algunos diputados. A medida que el gobierno fue anunciando sus diferentes políticas, el CTA fue tomando distancia. Esta tendencia se profundizó tras el recorte de los salarios estatales, el proyecto de reforma laboral del entonces ministro de Trabajo Alberto Flamarique, y posteriormente con la llegada de Domingo Cavallo al Ministerio de Economía.

La CGT disidente, encabezada por el camionero Hugo Moyano, tuvo también una postura claramente opositora. Este sector del sindicalismo, que había tenido frecuentes reuniones con Raúl Alfonsín en el último tramo del gobierno menemista, endureció su posición frente a la administración de De la Rúa, convocó a paros generales y a movilizaciones de repudio a las medidas gubernamentales.

Por su parte, los sindicalistas de la CGT oficial, conocidos como “los gordos”, establecieron negociaciones con el gobierno en circunstancias como el tratamiento de la reforma laboral. Pero en general mantuvieron una actitud opositora. Muchas de las iniciativas de la ministro de Trabajo Patricia Bullrich, referidas al manejo de los gremios y a la gestión de las obras sociales, fueron rotundamente rechazadas por estos sectores, que no querían perder capacidad de negociación en temas centrales para sus intereses.

Con relación a los grupos empresariales y en especial los ligados al sector financiero, el gobierno de De la Rúa obtuvo el apoyo para muchas de sus iniciativas destinadas a alcanzar el equilibrio presupuestario o bien a introducir reformas orientadas al desarrollo del mercado en relación con las políticas sociales. Sin embargo. las divergencias existentes dentro de la coalición gobernante y el permanente intento presidencial por alcanzar amplios consensos, llevaron a que los empresarios tampoco adoptaran un papel muy activo como soportes de las políticas oficiales.

El estilo de gobierno del De la Rúa fue señalado también como causa de su progresiva pérdida de legitimidad. En primer lugar, De la Rua no ejercía el liderazgo indiscutido sobre la UCR. De hecho, su candidatura por la Unión Cívica Radical para las internas de la Alianza en 1998, se relacionó más con la falta de otros candidatos, que con su capacidad para convertirse en un dirigente capaz de generar importantes corrientes de identificación con su figura e ideas.

Por otra parte, numerosos sectores de la Alianza consideraban que el presidente se alejaba de los postulados de la coalición. Lo criticaban por no escuchar los reclamos que sus aliados políticos le formulaban, estando excesivamente influenciado por un círculo de colaboradores en el que se destacan sus familiares más cercanos, que en muchas ocasiones no seguían los lineamientos impulsados por la Alianza.

Justamente, muchos de sus críticos hacían hincapié en la forma en que De la Rúa tomaba decisiones, resaltaban que demostraba un alto nivel de desconfianza hacia la mayoría de los que lo rodeaban. Por ello, quedaba demasiado expuesto a la opinión de los pocos a los que escuchaba. Remarcaban su meticulosidad y el hecho de que quería supervisar puntualmente todas las iniciativas, por lo que el proceso decisorio se volvía extremadamente lento y complejo.

A diferencia del estilo que caracterizó a Carlos Menem, Fernando de la Rua prefirió adoptar otro, basado en la búsqueda de consensos, lo que le quitaba dinamismo. Además, para muchos, De la Rúa era un presidente débil porque muchas iniciativas anunciadas públicamente no se llevaban a la práctica por presiones de los grupos afectados

. La debilidad del presidente se hacía visible, los propios miembros de su gabinete lo contradecían o criticaban con dureza. Un ejemplo muy claro en este sentido fue el del ministro de Desarrollo Social Juan Pablo Cafiero, el cual no solo tomó decisiones como la de mantener un diálogo con los piqueteros de Salta sin consultar con el presidente, o formuló duras críticas a algunas de las iniciativas oficiales, sino que incluso declaró que en el entono de Fernando de la Rúa se reunían con mafiosos que frecuentaban la Casa Rosada, sin que el presidente le pidiera explicaciones.

Había, por otra parte, tina actitud bastante agresiva por parte del justicialismo, que eligió presidente de la Cámara de Diputados al peronista Eduardo Caamaño y presidente provisional del Seriado a Ramón Puerta. Se planteaba una situación compleja porque no había Vicepresidente debido a la renuncia de Alvarez. Por lo tanto, cada vez que el presidente De la Rúa se ausentara del país, su lugar sería ocupado por un político de la oposición en virtud de la Ley de Acefalía.

También hubo maniobras de algunos sectores del peronismo que conspiraron contra la gobernabilidad. Por ejemplo, la presunta participación de algunos intendentes justicialistas del conurbano bonaerense en las movilizaciones que terminaron en saqueos a supermercados y otros comercios minoristas fue documentada en los medios de comunicación y complicó manifiestamente la continuidad del gobierno delarruísta.

De hecho, se produjo una ruptura de la coalición gobernante, que se sumó a un retaceo de apoyo por parte de importantes sectores del radicalismo. El gobierno sufrió en las elecciones de octubre de 2001 la paradójica situación de no tener candidatos que apoyaran abiertamente la gestión oficial. Por el contrario, hubo candidatos de la Alianza, como Terragno, que impugnaban la mayoría de las decisiones que se estaban adoptando. El incremento de los votos nulos, la abstención y el voto en blanco, que dieron lugar a lo que se denominé el fenómeno del ‘<voto bronca”, marcaron con claridad el descontento de un sector importante de la sociedad frente a las alternativas que se presentaban.

Tras las elecciones, el peronismo quedó consolidado como primera fuerza., lo que complicó aún más la debilitada situación del gobierno. El PJ no contribuyó a la gobernabilidad, por el contrario aprovechó las limitaciones que el gobierno delarruísta tenía en ese momento para ocupar posiciones de poder.

Cuando Cavallo, con el “corralito”, confiscó los depósitos bancarios afectó en forma directa a los sectores de clase media que reaccionaron con cacerolazos y otras Formas de protesta. Todos estos factores desembocaron en dos fenómenos que se potenciaron mutuamente: una crisis político institucional y la crisis en las calles. Esta combinación provocó tras los violentos episodios en la Plaza de Mayo el 20 y 21 de diciembre de 2001 la renuncia del presidente.

En su discurso del 20 de diciembre, De la Rúa declaró el estado de sitio y ordenó la represión. Amplios sectores de la sociedad reaccionaron haciendo sonar sus cacerolas y marchando hacia el domicilio del ministro Domingo Cavallo, la Quinta Presidencial y la Plaza de Mayo. Su descontento ya se había manifestado en las elecciones legislativas de octubre con el voto bronca”. La falta de respuestas por parte del gobierno profundizó el descontento de la población y provocó finalmente su caída.

Es importante remarcar como elemento característico de esta crisis el proceso de vaciamiento de poder que se fue produciendo. Este proceso no solo dificulté la aplicación de medidas necesarias para la recuperación del país le quitó al gobierno mecanismos para sostenerse. La posición adoptada por el Partido Justicialista que se negó a conformar un gobierno de coalición, o como se lo denominé de “Salvación nacional”, fue un factor significativo. En esta visión las manifestaciones populares fueron un componente en el proceso de caída del gobierno, pero no el determinante. Lo decisivo fue la debilidad de la coalición oficialista.

A modo de conclusión

En cuanto a las dificultades que afronté la Alianza para consolidarse, puede señalarse la falta de una clara definición programática. También la ausencia de estructura partidaria en el FREPASO ayudó a que buena parte de sus dirigentes no pudieran contener la salida hacia otros horizontes políticos. Esta carencia de contención partidaria se plasmé en la creación de agrupamientos políticos que rechazaban las continuidades existentes con el menemismo por parte del gobierno aliancista, entre los que se pueden mencionar Alternativa para una República de Iguales (ARI), encolumnado tras la ex radical Elisa Carrió, y el Polo Social, que presentó la candidatura en la Provincia de Buenos Aires del sacerdote Luis Farinello. Por su parte, algunos sectores se manifestaron solidarios con las experiencias piqueteras de acción directa.

Fernando De la Rua no conté con el apoyo contundente de su propio partido, situación que se vio agravada por el proceso de disgregación que sufrió el FREPASO.

Además, el Gobierno no pudo establecer vínculos fuertes con los distintos actores sociales. Respecto de los trabajadores, incluso perdió las buenas relaciones que tenia con la Central de Trabajadores Argentinos, de la cual provenían algunos de sus legisladores y funcionarios, como Alicia Castro y Mary Sánchez. A medida que el gobierno fue proponiendo su plan económico, la CTA se fue distanciando cada vez más.

Desde el punto de vista económico, la convertibilidad era incompatible con el rechazo del recorte del gasto público, con la flexibilización de importan res áreas de la economía o con el incremento del ahorro interno a partir de la expansión del sistema de capitalización previsional.

El resultado de esta tensión fue la profundización de los desequilibrios que presentaba el sistema productivo, acompañado de un proceso de fuga de capitales que disminuyó las reservas internacionales del país. y el cierre de los mercados para el acceso al crédito, reflejado en el constante aumento en el índice de riesgo país a lo largo del año 2001.

Por ello, la crisis económica fue incrementándose a lo largo de los dos años de administración, siendo sus aspectos más sensibles la caída del consumo y el decreciente ritmo de la actividad económica. Por otra parte, la agudización de los problemas de empleo y de incremento en los índices de pobreza e indigencia produjo la erosión de la popularidad del gobierno.

Por último, la Alianza tampoco logró terminar con la corrupción y dotar de mayor transparencia al sistema político. Las denuncias de irregularidades en el PAMI, la ocupación de cargos públicos por parte de familiares de los principales dirigentes aliancistas y el escándalo producido tras la aprobación de la reforma laboral, que derivó en la renuncia del vicepresidente Carlos Álvarez, provocaron la sensación de desconfianza y de frustración. Este rechazo no se limitó a los miembros del partido gobernante, sino que se extendió a los políticos en general, lo que dio lugar a su identificación como “casta privilegiada” y generó un reclamo de renovación en las prácticas políticas que se popularizó a partir del pedido “que se vayan todos”.

Sin embargo, las elecciones de 2003, tanto en el ámbito nacional como en el provincial o municipal, no presentaron sorpresas. Se consolidaron en las principales candidaturas, políticos experimentados que ya habían ocupado cargos importantes, generaron poca adhesión aquellos que se identificaban con la “nueva política” enfrentada con los tradicionales aparatos partidarios .

Notas al pie

(1) La diversidad ideológica dentro de la Alianza era tal que coexistían en ese espacio político dirigentes del Partido Comunista y representantes de un partido de centro derecha como Rafael Martínez Raymonda o Alberto Natale, que anteriormente habían apoyado las candidaturas presidenciales de Alvaro Alsogarav en 1989 y de Carlos Menem en 1995.

(2) Los desacuerdos en torno de algunas de las propuestas formuladas por el IPA y rechazadas por el binomio De la Rua y Alvarez, y el rol subordinado en que iba quedando el Instituto, motivaron que Alfonsín decidiera renunciar a su dirección poco tiempo antes de las elecciones.

(3) Durante la discusión de la iniciativa en el Senado, el gremialista Hugo Moyano comentó que el entonces ministro de Trabajo Alberto Flamarique le había dicho que a los senadores los manejaba con la tarjeta Bandeo. Posteriormente a la sanción en la Cámara Alta se produjo una declaración a la periodista del diario La Nación Fernanda Villosio de un supuesto arrepentido que relataba que se habían producido sobornos a senadores para la aprobación de la ley’, con dinero proveniente de fondos reservados de la Secretaría de Inteligencia del Estado.

El hecho de que los principales imputados en esa maniobra (Flamarique y De Santibáñez) no fueran desplazados del Gobierno, sino fortalecidos, provocó la reacción del vicepresidente Alvarez y su posterior renuncia. El caso de los sobornos en el Senado no fue aún resuelto por la justicia, por lo que se desconoce la veracidad de las imputaciones del supuesto arrepentido.

El hecho de que un miembro del FREPASO como Flamarique estuviera implicado en la denuncia de corrupción. se sumaba a las anteriores imputaciones realizadas a funcionarios de esa agrupación como Tonietto en el PAMJ y el profesor de tenis de Fernández Meijide. Se lesionaba de ese modo la credibilidad de un partido que se había fortalecido a partir de frecuentes denuncias sobre la falta de transparencia en materia administrativa.

Fuente Consultada: Cuatro Décadas de Historia Argentina
Palmira Dobaño – Mariana Lewkowicz

PARA SABER MAS….Como ampliación del tema publicamos una nota en El Bicentenario Fasc. N° 10 período 1990-2010 a cargo de Gabriel Rafart , periodista.

1999 es un año de moderado optimismo político frente a la posibilidad de poner fin a diez años de populismo neoliberal encarnado por Carlos Me-nem. Algo inédito ocurre. Desde el nacimiento de los dos grandes partidos en la Argentina el peronismo nunca tuvo oportunidad de transferir el poder presidencial a un candidato de
otro color político sin que mediara una salida castrense. Además por segunda vez el peronismo fue derrotado en elecciones limpias.

En los comicios del 24 de octubre de 1999 de la Rúa y Alvarez se impuso sobre Eduardo Duhalde y Ramón Ortega. La Alianza obtuvo 7.590.034 sufragios. El P.J. sumó 5.476.635 votos.

Quienes acceden al poder forman parte de una coalición que dio ¿H sus primeros pasos en 1997. Las principales fuerzas reunidas son los radicales y frepasistas. La Alianza UCR-FREPASO había sido lan-Pzada en agosto de 1998 con la presentación en sociedad de la Carta a los Argentinos. «Vamos a cambiar el Irumbo. Creemos en la Argentina como un destino común y solidario, organizada como una república democrática moderna y gobernada por funcionarios y mandatarios capaces y honestos.

Nos proponemos la eficiencia para aumentar la equidad. Queremos una sociedad abierta para ser más fuertes como Nación» decía la Carta. Meses después en noviembre de 1998 se llevaron a cabo las primarias abiertas de la coalición política para definir el candidato a presidente. Se impuso el poco carismático y radical moderado Fernando de la Rúa.

El arribo de la Alianza al gobierno promete demostrar que es posible la convivencia de un vice con un estilo y pensamiento divergente al del presidente. A la presencia de dos figuras distintas compartiendo de manera civilizada la cabeza del ejecutivc se la identifico como presidencialismo de coalición. No son pocos quienes considerar que con este tipo de presidencialismo se acabaran los males de nuestra escasa ineficacia gubernamental y aún más, la democracia se vera reforzada. La otra ventaja es el cierre del capitulo bipartidista en la Argentina y el inicio de las grandes ce ediciones. Otros, en cambio, consideran muy difícil dicha convivencia.

El 10 de diciembre de 1999, jura como nuevo presidente de la República Fernando de la Rúa. Lo hizo a las doce menos veinte en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno. Su mandato debe finalizar en 2003. La UCR, apesar de ser socio igualitario del Frepaso se quedó con ocho de los diez ministerios.

Paradójicamente De la Rúa arma un Gabinete con figuras políticas adherentes al «modelo» que según la «Carta de los Argen-I tinos» se propone desterrar. Ricardo López Murphy, en la Cartera de Defensa, Juan José Llach, en Educación son hombres ligados al pensamiento neoliberal. Al frente del Ministerio de Economía fue nombrado José l Luis Machinea, quién pertenece a una corriente desarrollista propia del radicalismo histórico. Rodolfo Terragno es designado I Jefe de Gabinete, mientras Federico Storani ocupa la cartera de Interior.

Desde el día de la victoria en las urnas, De la Rúa realizó contundentes declaraciones acerca de poner punto final a los privilegios del poder y la impunidad que corroía al Estado. En su carácter de Presidente el discurso se alza sobre el «modelo». «No vengo a emprolijar modelos sino a que entre todos luchemos por un país distinto. El 24 de octubre los argentinos expresamos una firme vocación de cambio.

Ese cambio supone, en primer término, una estricta vigencia de los valores que deben estar necesariamente vinculados al estilo de gestión de los intereses públicos: la transparencia, la honestidad, la austeridad, la lucha contra cualquier forma de corrupción, la convicción profunda de servir a la gente y no a sí mismo o a grupos privilegiados a la sombra del poder, serán un presupuesto insoslayable de mi gestión».

Al asumir el nuevo Presidente ofrece un panorama sombrío de la «herencia» de diez años de gobierno de Carlos Menem. «Hoy asumo la Presidencia de la Nación sin que se haya aprobado el Presupuesto para el año 2000. El gobierno que hoy concluye su gestión vivió el efecto de años de crecimiento global. Reformó el Estado privatizando empresas públicas, tuvo estabilidad monetaria mediante la convertibilidad, y en rigor debió entregar el país con las cuentas ordenadas.

En cambio, hay un enorme déficit presupuestario alejado de la Ley de Convertibilidad Fiscal votada por este Congreso, el endeudamiento de las provincias creció ante la indiferencia del poder central que se desentendió de ellos, la obra social de los jubilados fue derrumbándose a punto de arriesgar sus prestaciones, la ANSeS carece de recursos suficientes, se multiplican los juicios contra el Estado …» y remataba diciendo «La situación es grave».

El Presidente sabía de lo que hablaba. La recesión de la economía lleva su segundo año consecutivo provocada por la caída de las exportaciones y el alto endeudamiento del país. El déficit fiscal superaba los 7.000 millones de dólares. La deuda externa, tanto pública como privada ronda los 170.000 millones de dólares. La desocupación superaba el 14 % por ciento y la subo-cupación oscilaba en un 20 %. Más de un tercio de la población tiene serios problemas de trabajo. La pobreza campeaba en gran parte del país y la brecha entre las familias más ricas y los más pobres es abismal.

Fuente: El Bicentenario Fasc. N° 10 período 1990-2010 a cargo de Gabriel Rafart , periodista.

Ver: 2001, Caída Gobierno de Fernando De La Rua