que es un politico

El Recurso de Habeas Corpus en Gobiernos de Facto de Argentina

El Recurso de Habeas Corpus en el Gobierno de Facto de Argentina

El gobierno de hecho o de facto al contrario que el gobierno de derecho, proviene de un origen no corriente y por lo tanto no estipulado por las normas legales del estado, expresadas por la Constitución o por las leyes especiales al respecto. En Argentina existe una gran experiencia en este tipo de gobiernos. Casi 24 años de gobierno de facto y seis golpes de estado militares en lo que va del siglo, más una cantidad imprecisable de asonadas militares y golpes palaciegos que no prosperaron, marcan una realidad que, aparte de la preocupación por la situación política del país, determinó una gran experiencia jurídico-política y filosófico-política, con respecto a las características de los gobiernos de facto.

El recurso de Hábeas corpus, es un procedimiento destinado a la protección del derecho a la libertad personal, por el que se trata de impedir que la autoridad o alguno de sus agentes pueda prolongar de forma arbitraria la detención o la prisión de un ciudadano. A través del hábeas corpus, una persona privada de libertad puede obtener su inmediata puesta a disposición de la autoridad judicial competente, que resolverá acerca de la legalidad o no de la detención.El hábeas corpus tiene origen anglosajón y se caracteriza por ser un procedimiento sumario y rápido que debe finalizar en un periodo breve de tiempo. Es también un proceso sencillo y carente de formalismos que no precisa la presencia de abogado ni de procurador.

justicia

La característica de los regímenes totalitarios es la concentración de todos los poderes en manos del dictador. Los órganos legislativos y judiciales no son sino un instrumento para la realización de los objetivos propuestos por el gobierno. Consecuentemente no se da en ellos separación de poderes, aunque con frecuencia se mantiene una ficción jurídica. En la práctica legisladores y jueces se someten a la voluntad del dictador.

Los jueces que se resisten a los propósitos de la dictadura, con uno u otro pretexto son removidos de sus cargos y substituidos por otros adictos a la dictadura o que sean dóciles instrumentos. La administración de justicia deja de ser ecuánime e imparcial. A través de ella se favorece a los amigos del régimen y se perjudica a sus adversarios.

La justicia no cumple su función esencial de ser la protectora de los derechos de todos.

Los detenidos a disposición del Poder Ejecutivo

El Acta Institucional que entró en vigor en el país a partir del pronunciamiento militar del 1976 suspendió el derecho de opción para abandonar el territorio nacional que la Constitución confiere en su artículo 23 a los detenidos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional cuando rige el Estado de Sitio.

Esta decisión fue complementada por una resolución interna del propio Ministerio de Justicia y que indicaba a los agentes fiscales que en todo recurso de hábeas corpus interpuesto a favor de detenidos del PEN debía denegarse la libertad y, en caso de que esta fuera concedida por el juez, dicho fallo debía ser apelado.

Estos nuevos lineamientos impuestos por procedimientos que muy poco tienen que ver con las decisiones populares, devienen, en la práctica, en una verdadera prolongación de las detenciones y se convierten, por ese motivo, en una forma de pena impuesta directamente por el Poder Ejecutivo, que se aparta de esa manera de sus funciones específicas e invade prerrogativas típicas del Poder Judicial.

Si aquél niega a los detenidos bajo su férula la posibilidad constitucional de abandonar el país —porque estos son peligrosos en la Argentina y en cualquier parte del mundo, expresan las resoluciones denegatorias— debe entonces acusarlos de delitos concretos: de esa forma entrarán de lleno en la órbita de la justicia, enfrentarán imputaciones reales y gozarán también de la posibilidad de defenderse.

De lo contrario, queda solamente el camino de consagrar la aberración jurídica por la cual un individuo es privado de su libertad por mucho tiempo —seis, siete y a veces más años— sin que pese acusación cierta sobre su persona, sin que se instruya juicio alguno en su contra y sin la más mínima posibilidad de presentar sus descargos.

Todo esto sin contar el tremendo desgaste moral que implica la incertidumbre en medio de la cual viven quienes deben atravesar esos andariveles.

El Poder Judicial
En base a la teoría de la separación de poderes, piedra angular de toda organización democrática, el Poder Judicial goza, de acuerdo a lo establecido por la Constitución Nacional, de absoluta independencia frente a los otros dos poderes del Estado, el Legislativo y el Ejecutivo o al menos debería gozar de esa autonomía y ocupar un sitial en pie de igualdad con aquéllos. Por algo ha sido bautizado o definido como el guardián de la Constitución, lo que equivale a decir que es el soporte de todo el orden jurídico de la Nación.

Pero cuando la práctica democrática es arrasada, esa independencia se convierte en mito, los jueces son nombrados por el poder de facto y pasan de esa manera a depender, aunque más no sea indirectamente —en el mejor de los casos— del Poder Ejecutivo que, por acción de su simple voluntad los ha investido.

Si el Poder Judicial reivindica la supremacía de la Constitución Nacional como Ley Suprema de la República, frente a la cual poco significan actas o decretos, está cumpliendo con su deber. Si recuerda a los gobiernos mesiánicos que las declaraciones, derechos y garantías contenidos en la primera parte de la Carta Fundamental no son simple letra muerta o material para ser usado en los discursos, también lo hace.

Recordando y haciendo recordar que no existen más en el país los presupuestos exigidos para la vigencia «in aeternum» del Estado de Sitio —vigencia que, por otro lado, para nada afecta a la aplicación del recurso de hábeas corpus, al contrario— aportará no poco esfuerzo para la reimplantación de la vida democrática.

Ejerciendo la facultad irrestricta, que le ha sido conferida consti-tucionalmente, de juzgar acerca de la razonabilidad y de la legitimidad de los actos del Poder Ejecutivo, y preservando de esa forma los derechos inherentes a la persona y los del pueblo en general contra los avances del poder y la entronización del despotismo, preservará su independencia.

Pero, si avala las graves irregularidades jurídicas de los procesos militares en los cuales se da una situación de virtual indefensión de los acusados, si emite fallos judiciales en medio de cuadros persecutorios que inciden en la apreciación de los hechos y en la magnitud de las penas aplicadas, si convalida las decisiones políticas del gobierno nacional y del poder militar, si acepta que las llamadas actas institucionales tengan preeminencia sobre la Constitución Nacional, si considera que el Estado de Sitio es una «cuestión política» no suscepción, si admite las escasas explicaciones que en cada caso concreto de hábeas corpus ofrece el Poder Ejecutivo —que muchas veces se escuda en la más que peligrosa teoría de la «seguridad nacional» para retacear información acerca de los detenidos a la mismísima Corte Suprema de Justicia— entonces no puede para nada hablarse de independencia ni puede confiarse en que ese resguardo de la libertad individual que es el hábeas corpus cumpla su cometido. Porque un Poder Judicial que actúa de esa forma se convierte, para muchos, en cómplice de los que practican el desborde de poder como forma de gobierno.

Los que tuvieron suerte
A partir de 1980, se intentó otra variante en lo que a interposición del recurso de hábeas corpus se refiere: el hábeas corpus colectivo. En efecto, el 23 de setiembre de ese año una serie de abogados patrocinantes presentaron un pedido que abarcaba a 329 personas. El mismo fue tramitado ante el Juzgado Federal N° 3, entonces a cargo del doctor Pedro C. Narvaiz. De todas formas con ese nuevo sistema no se obtuvo demasiados resultados, ya que el recurso de esa manera puesto en práctica fue rechazado y el juez mencionado apercibió a los profesionales que lo respaldaban por provocar lo que calificó de «strepitus foris«. Algo así como un escándalo en el foro.

Recordemos: El Habeas corpus

— Es un recurso judicial sumario para proteger la libertad física de las personas y tornar imposible la arbitrariedad.
— Pueden interponerlo los familiares, amigos, o el apoderado del detenido.
— El juez ante quien se interpone no examina si la persona es culpable o no, sino si ha sido legal o ¡legalmente detenida. Si su detención es ilegal ordena su liberación inmediata.
— El recurso de habeas corpus tiene antecedentes históricos muy antiguos.
— El recurso de amparo complementa el de habeas corpus.

Fuente Consultada:
Formación Política Para La Democracia – Tomo II – El Recurso de Habeas Corpus  – Editorial Biblioteca Redacción

 

Requisitos Para Ser Senador Nacional Elección y Renovación

Requisitos Para Ser Senador Nacional
Elección y Renovación

EL Poder Legislativo en la República Argentina es bicameral. Quiere decir que está constituido por dos cuerpos: la Cámara de Diputados y el Senado de la Nación. Ambos forman el Congreso. El sistema argentino ha sido tomado de los Estados Unidos quienes, a su vez, lo trasladaron de Inglaterra.

El sistema legislativo bicameral responde a la organización federativa y tiende a armonizar la autonomía de las provincias con la soberanía de la Nación. Los diputados representan a la Nación en tanto que los senadores representan a las provincias que los eligen.

No es fácil entender el fundamento del sistema legislativo bicameral argentino si no se tienen en cuenta los antecedentes históricos, entre los que se destacan las largas luchas por constituir la Unión Nacional.

El Senado se forma con tres senadores por cada provincia, elegidos por sus legislaturas, y dos por la Capital Federal, elegidos en la forma indicada para la elección del presidente de la Nación.

Para ser senador se requiere:

30 años de edad.
6 años de ciudadanía si se es nacionalizado.
Renta anual de 2.000 pesos fuertes o entrada equivalente.
Ser natural de la provincia que lo elija o con dos años de residencia inmediata.

Los senadores duran 6 años en el ejercicio de su mandato y son reelegibles en forma indefinida. La cámara de Senadores se renueva por tercios cada dos años. Los senadores son electos directamente por el pueblo. Los mandatos de los senadores son por seis años y pueden ser reelegidos en sus funciones indefinidamente. Se eligen tres senadores por provincia, correspondiendo dos bancas el partido que obtenga mayor cantidad de votos y una tercera al que quedó en segundo lugar.

El Senado está presidido por el vicepresidente de la Nación, pero no tiene voto sino en el caso en que se produzca un empate en la votación.

Atribuciones del Senado: Entre las atribuciones que corresponden al Senado están las de nombrar un presidente provisorio que lo presida en caso de ausencia del vicepresidente o cuando éste ejerce las funciones de presidente de la Nación; juzgar en juicio público a los acusados por la Cámara de Diputados; autorizar al presidente de la Nación para que declare en estado de sitio uno o varios puntos de la República en caso de ataque exterior.

En caso de producirse alguna vacante, el gobierno provincial a la que corresponda o el gobierno nacional, en el caso de la Capital Federal, deben convocar inmediatamente a la elección de un nuevo miembro. (ver Atribuciones del Senado)

La Asamblea Legislativa: Ambas Cámaras del Congreso se reúnen normalmente por separado pero en algunos casos lo hacen, juntamente, con el nombre de Asamblea Legislativa, la que es convocada por el Presidente del Senado que, a su vez, la preside.

La Asamblea Legislativa se reúne en cinco casos: para escuchar la lectura del mensaje presidencial, lo que hace anualmente; para admitir o rechazar los motivos de dimisión del presidente o vicepresidente; para declarar el caso de proceder a una nueva elección; para hacer el escrutinio y la rectificación de la elección; para recibir el juramento del presidente y del vicepresidente de la Nación.

Los Senadores electos deben jurar en la sesión preparatoria, o en la primera sesión que asistan, ante la Constitución Nacional Argentina, a viva voz, siendo interrogados en los términos siguientes:

¿Juráis á la Patria, por Dios y estos Santos Evangelios, desempeñar debidamente el cargo de Senador que ella os ha confiado para el Congreso Federal de la Confederación Argentina, y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional?

Que es un Político? Funcion de los Dirigentes Políticos

¿QUE ES UN POLÍTICO?

Como sabemos, el autoritarismo aspira a la desaparición de los partidos políticos y a que la gente sea «elegida para gobernar el país sólo en función de sus antecedentes». En las democracias surgen quienes se proponen para gobernar en función de sus ideas, de los principios que sostienen. Ellos son los políticos.

Los países necesitan mecanismos de mediación que resulten más o menos pronosticables, y mediadores que sean, en consecuencia, previsibles. Ello va desarrollando a un sector de la sociedad que discute por los demás aquellos temas que son de todos.

La representatividad de quienes pertenecen a esa franja mediadora es siempre relativa, como toda representatividad social: ello quiere decir que vale en comparación. ¿Hasta qué punto el partido radical representa a quienes votan por los radicales?. Hasta el punto exacto en que quienes votan por los radicales no encuentran otra manera de ser representados.

La relatividad de la representación existió en los cabildos y en los sistemas corporativos; se expresó durante el feudalismo, durante la revolución industrial y bajo las dictaduras —cuando los intereses operan libremente y la opinión debe callar— o las democracias.

Lo cierto es que nunca todos quieren ni pueden hablar al mismo tiempo: unos lo hacen, otros los apoyan más o menos esporádicamente y en forma discontinua. El noble que reclamaba al soberano en nombre de los artesanos de su ciudad representaba a éstos sólo relativamente. Un sistema de ascensos por mérito también es relativo y se encuentra a menudo con la ley de Peter (cada uno tiende a ascender hasta el límite de la ineficacia) .

Los políticos se proponen como mediadores previsibles, imperfectamente representativos de parte de sus conciudadanos, ya que éstos no pueden exponer siempre coherentemente sus puntos de vista. La habilidad, el conocimiento de la gente, el esfuerzo, la aceptación por los demás, van marcando las posibilidades de que un político adquiera mayor influencia. Esa influencia puede estar al servicio de objetivos patrióticos o no.

Los políticos, como los no-políticos, pueden ser honestos o deshonestos: de hecho, se encuentran más políticos honestos, interesados en su país, que financistas honestos. Yrigoyen, de la Torre, Balbín, murieron en la pobreza.

La mayoría de los dirigentes de todos los partidos han demostrado rectitud, consecuencia, vinculación con los fines nadónales y hasta abnegación: esas condiciones no son comunes entre los antipolíticos, los agentes de los grupos de presión, los influyentes que siempre ofrecen sus servicios a los poderosos de turno, los hombres de contacto que ingresan a los directorios en función de sus conocimientos sobre la mecánica del poder y no en función de sus virtudes especificas.

Los dirigentes políticos se hacen tales en cuanto atinan a ir manejando la comunicación con sus votantes (dentro del partido, en el país) y con los otros dirigentes: en cuanto tienen capacidad para hacer alianzas, o para romperlas si es necesario. Para ello, una de las condiciones que posibilita el pasaje de militante a dirigente consiste en contar con posibilidades de aprendizaje de los recursos propios de la habilidad política. Ello ocurre en todo el cuerpo social de la Nación: los dirigentes se recluían siempre entre quienes tienen habilidad política.

Hasta en la carrera sacerdotal y en la carrera de las armas cuenta esa habilidad, lo que no debe extrañar a nadie: un ascenso se obtiene siempre en parte por los méritos específicos y en parte por la capacidad de anudar alianzas ocasionales o permanentes con quienes pueden decidir o influir en el otorgamiento del ascenso.

Lo mismo ocurre en organismos como las centrales empresarias, u obreras, o en los clubes, o en las cooperadoras de los colegios o aun en los consorcios de propietarios.

Según Seymóur Lipset, la profesión de abogado es la que prepara mejor —porque además proporciona conocimientos específicos para quienes tendrán un papel en la elaboración o en la impugnación de las leyes— para la carrera política. Pero también cuentan los antecedentes en lá dirigencia sindical o empresaria, y en la administración pública; cada vez más, especialidades que eran consideradas técnicas son requeridas en el mercado político (Ciencias Económicas, Ciencias ,Físico-Matemáticas y, por supuesto, diplomacia).

El conocimiento de idiomas, la capacidad de viajar, tienen en la Argentina mayor importancia que antes, debido a la creciente internacionalización de la política. Mientras las clases altas y medias pueden tener el acceso abierto a la carrera política, de hecho los trabajadores manuales difícilmente pueden ser dirigentes políticos sin ser antes dirigentes sindicales.

La medicina abre caminos a vínculos directos que también pueden ser implemen-tados políticamente: no puede sorprender ese mecanismo que es propio de la condición humana. Moisés Lebensohn acertó cuando estigmatizó a la política de servicio personal en cuanto ésta reemplazaba a la política de ideas, pero junto a la política de ideas siempre hay una política de servicio personal.

Los hombres no acuden a los locales políticos por razones abstractas ni filosóficas sino en una mínima proporción, como no concurren a la iglesia en virtud de que sus conocimientos teológicos los han llevado a la decisión de que deben ir a misa. Algunas motivaciones de los seres humanos son racionales, pero pedir una racionalización absoluta de la política, que no se presenta en ninguna otra área de la actividad social del hombre, es sólo un método para impugnar la acción de los partidos.

Tanto los políticos como los profesionales de la antipolítica son mediadores de la sociedad: no se puede definir a los primeros sin conocer también a los segundos. Los políticos suelen dejar su vida y su hacienda en la misión que se han propuesto; los otros, peligrosos demagogos del autoritarismo, se sirven de la Nación sin servirla, sin ofrecerle nada, sin entregarle ni siquiera sus emociones.

Formación Política Para La Democracia Tomo III – ¿Que es un político? – Editorial Sanchez Teruelo S.A.