Derechos del Trabajador

Concepto de Derecho Juridico Clasificacion Principios Fuentes

Concepto de Derecho Jurídico
Clasificación, Principios, Fuentes del Derecho

El  DERECHO JURÍDICO es, en esencia, un orden para promover la paz. Tiene como objetivo, que un grupo de individuos pueda convivir en tal forma, que los conflictos que se suscitan entre ellos puedan solucionarse de manera pacífica, esto es, sin recurrir a la fuerza y de conformidad con un orden de validez general.

Este es el orden del derecho.

1. Introducción

2. Quien Crea el derecho?.

3. Fines del Derecho

4 Derecho Positivo y Derecho Natural.

5. Fuentes del Derecho: Ley, Costumbres, Jurisprudencia y Doctrina

6. Principios Generales del Derecho

7. Clasificación del Derecho

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concepto de derecho juridico

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INTRODUCCIÓN: Para entender de qué manera interviene lo que llamamos derecho en nuestra vida cotidiana, es importante recurrir a ejemplos sencillos y cotidianos de fácil comprensión, extraídos de diferentes situaciones que, aunque tienen trascendencia jurídica, casi nunca reparamos en ellas: subir a un autobús, tomar localidades para una sesión de cine, comprar el periódico.

Ante tales actos, podemos exigir que el autobús nos transporte a un lugar determinado, o que se nos deje entrar en la sala de proyecciones para ver el espectáculo. Adquirimos la propiedad del periódico y perdemos la del dinero que hemos pagado por él.

En otros casos, el alcance jurídico de los hechos es aún más claro: nos quitan la cartera y acudimos a la comisaría de policía para que se inicie una actividad dirigida a descubrir al culpable y se le imponga la pena correspondiente; compramos un apartamento a plazos sabiendo que contraemos una deuda, y que si no cumplimos con ella seremos demandados ante los tribunales; nos ponen una multa por no habernos detenido ante un semáforo en rojo…

Si de estos ejemplos o de otros muchos queremos deducir cuál es su significado jurídico, no será difícil llegar a la siguiente consecuencia: en todos los casos expuestos podemos exigir de otros una conducta determinada, u otros nos la pueden exigir a nosotros.

Pero para que esto sea posible, es preciso que exista un conjunto de normas o reglas establecidas en virtud de las cuales surja la posibilidad de reclamar o de quedar sujetos a una reclamación. Si un individuo puede exigir que se le entregue el periódico a cambio de su precio, es porque hay una regla o conjunto de reglas que así lo disponen, como también preceptúan que el vendedor pueda exigir el pago de la mercancía.

La existencia de una regla o norma preestablecida es lo que da soporte jurídico, a todos los hechos y, de este modo nos pone en contacto con el derecho.

Derecho objetivo y derecho subjetivo: Conviene hacer una distinción entre lo que se entiende por derecho desde un punto de vista objetivo y subjetivo, pues nos aproximará a definir esta palabra en toda su dimensión, es decir, englobando ambas particularidades.

El derecho objetivo es el conjunto de normas que ordenan o prohiben hacer algo o llevar a cabo determinada conducta.

Pero el derecho no es sólo eso; también tiene un aspecto instrumental (de servicio a los ciudadanos).

En tal caso, el derecho nos ayuda a lograr nuestros deseos, a desarrollar nuestra personalidad. Las leyes determinan cómo puede adquirirse una propiedad, cómo puede usarse una cosa, de qué manera hay que proceder para conseguir el fin que nos proponemos (crear una empresa, elaborar un testamento).

Es lo que técnicamente se conoce como derecho subjetivo. En este caso la palabra derecho la reconocemos en expresiones populares como «tener derecho a hacer tal cosa».

Definición del derecho: Con la combinación de los dos conceptos más arriba mencionados, podemos encontrar una definición que nos acerque más al verdadero sentido de la palabra derecho.

Se entiende por derecho, el conjunto de leyes, preceptos y reglas a que están sometidos los hombres en su vida social.

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¿QUIÉN CREA EL DERECHO?

Al ser un mecanismo que sirve para imponer y, al mismo tiempo, garantizar un orden social, es necesario que sea un poder humano el que haga cumplir unas determinadas normas de conducta.

Este poder lo representa el Estado. El Estado no sólo crea el derecho, sino que lo aplica y lo impone por la fuerza si ello fuere necesario, ya que está investido de un poder sancionador.

No obstante, lo que hoy entendemos como derecho positivo, surgió mucho antes de que apareciera la noción moderna de Estado, ya que la coacción, sin la cual no existiría regla de derecho, puede ser obra de una colectividad (familia, tribu) o de un individuo más fuerte que otros (el padre respecto a los hijos; en la antigüedad, el amo respecto a los esclavos).

También las prescripciones religiosas convertidas en imperativas por el temor de un castigo divino, tendrían defacto un carácter jurídico.

Cabe decir también que el derecho está en perpetua evolución, ya que es la expresión de una relación de fuerzas en un momento dado. Entre las fuerzas creadoras del derecho se encuentran los intereses materiales o económicos, los principios religiosos y morales, las distintas ideologías, la tradición, los hábitos, las influencias exteriores e, incluso, los sentimientos (odio, miedo, venganza, fraternidad).

Los usos sociales pueden definirse como las prácticas admitidas, y no explicitadas legalmente, por una comunidad o por alguno de sus sectores, y, aunque varían según las épocas y los países, son numerosísimos y muy variados.

Los usos sociales pueden llegar a transformarse en normas jurídicas, cuando al elemento material de repetición se une la opinio juris (convencimiento de que ellos obligan jurídicamente).

El referido mecanismo, no es otra cosa que la transformación de usos sociales en costumbres jurídicas.

A tenor de lo anteriormente expuesto, la infracción de un uso social produce una sanción suigeneris, como puede ser, por ejemplo, la repulsa de la opinión pública por un hecho considerado socialmente como reprobable, o un enfriamiento más o menos grave del clima moral de la convivencia.

El duelo fue en su origen el medio reconocido por el derecho para ventilar ciertos litigios en forma de «juicio de Dios».

La propina, exponente de un extendido uso social, se ha resistido, por diversas razones, al intento de acabar con ella. Así, el tanto por ciento que sobre el precio del servicio nos cobran en muchos establecimientos, deriva de la propina como uso social.

A menudo, los usos sociales vienen impuestos por una presión de la comunidad, y su inobservancia va acompañada de sanciones que a veces son más temidas y eficaces que la propia sanción jurídica.

Se puede castigar con la expulsión o marginación del grupo social en el que se vive o con la reprobación pública por un acto determinado.

Entre usos sociales y derecho hay un permanente trasvase, más intenso en unas épocas que en otras, pero siempre considerable, de tal modo que el significado de un derecho no puede captarse en su plenitud si no se analizan esos usos sociales, ya que muchas veces sirven para matizar y explicar el propio contenido de las normas jurídicas.

FINES DEL DERECHO

Para una completa caracterización de lo que es el derecho, no basta con diferenciar las normas jurídicas de las normas morales, sino que habrá que plantearse cuáles son las funciones que el derecho desempeña en la existencia humana.

El fin último del derecho consiste en satisfacer unas necesidades sociales acordes con las exigencias de la justicia y de los demás valores jurídicos en ella implicados: reconocimiento y garantía de la dignidad personal del individuo, de su anatomía y libertades básicas, etcétera.

Pero también se habrá de averiguar cuáles son los tipos generales de necesidades humanas y sociales que todo derecho intenta satisfacer. A este aspecto determinado del derecho se le denomina funciones del derecho.

A lo largo de la historia y a través de las diversas doctrinas filosóficas y políticas se particularizaron los fines del derecho positivo. Así mismo, se establecieron las funciones del derecho como expresión jurídica de unos tipos de necesidades humanas y sociales consideradas como constantes: finalidad de seguridad y bienestar social, de resolución de los conflictos de intereses.

Todo ello quedó plasmado en una normativa de carácter impositivo.

En resumen, diremos que las necesidades que originaron la creación del derecho fueron: necesidad de orden y de organización social; necesidad de que ese orden diera satisfacción al sentido de justicia y a los demás valores implicados en ella.

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DERECHO POSITIVO Y DERECHO NATURAL

El hombre vive en sociedad conjuntamente con otros hombres. Esta vivencia en común, establecida en un lugar determinado, ha impuesto la selección de un conjunto de personas que tienen a su cargo garantizar a todos el orden y la seguridad a través de un gobierno.

Todo gobierno necesita contar con las atribuciones necesarias, y con la existencia de normas a las cuales deben sujetarse los individuos que componen esa comunidad. Dichas normas tienen el carácter de obligatorias, y constituyen las denominadas normas jurídicas.

El conjunto de estas normas jurídicas obligatorias, que reglamentan la actividad de los individuos en sociedad, constituyen el derecho propiamente dicho, y sirven también para aquellos que tienen a su cargo el gobierno del Estado.

Las reglas morales son obligatorias a la conciencia humana, no poseen la potestad de ser aplicadas coercitivamente, y constituyen lo que ha sido llamado DERECHO NATURAL, para diferenciarlo del anterior, denominado DERECHO POSITIVO.

Denominamos derecho positivo al conjunto de leyes vigentes en un país.

Se divide en dos grandes ramas:

a) El derecho positivo público es un derecho de subordinación, caracterizado por la desigualdad de los dos términos de la relación jurídica: el estado por un lado y los individuos, por otro.

b) El derecho positivo privado es un derecho de coordinación, en el cual los sujetos están ubicados en un plano de igualdad.

Se entiende por derecho natural aquel que surge de la naturaleza y que es revelado al hombre por la razón. El derecho natural fija los grandes principios, las líneas rectoras de la organización social, pero dentro de ellas caben soluciones distintas, aplicables a diferentes pueblos y épocas puesto que las circunstancias difieren.

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LAS FUENTES DEL DERECHO

La palabra fuente, en acepción metafórica, la encontramos definida como «principio u origen de una cosa». De este modo las fuentes del derecho, serán los principios y fundamentos del mismo, es decir, la forma que tiene de manifestarse, exteriorizarse y, en suma, dictarse el derecho en la sociedad humana.

Cada sistema jurídico tiene su propio sistema de fuentes, aunque muchos sistemas sean muy parecidos.

La ley es la principal fuente del derecho europeo y de aquellos países que en él se han inspirado, como los iberoamericanos y también de algunos países asiáticos y africanos.

En cambio, en el derecho inglés y sus derivados (derecho norteamericano y el de muchas de las antiguas posesiones y dominios británicos), aunque la ley es también fuente principal de su ordenamiento jurídico, junto a ella y como elemento más significativo está la doctrina establecida en las sentencias de los tribunales, que constituye la base del llamado Common Law y de la Equity.

La fuente principal del derecho internacional son los tratados o acuerdos entre estados, y no la ley.

Las fuentes del derecho romano se basaban en los acuerdos de las asambleas populares, en las decisiones del senado, en las órdenes emanadas de los emperadores, en los edictos de los magistrados (que eran ciudadanos revestidos de poder público) y en la doctrina de los juristas (ciudadanos especializados en el estudio del derecho). De esta última fuente procedía la mayoría de las normas aplicables.

El sistema de fuentes que rige en cada ordenamiento jurídico no es fruto del azar, sino consecuencia de múltiples factores: políticos, sociológicos e ideológicos. Tampoco es gratuito que la ley sea la fuente principal del derecho. Ello denota el creciente poder del Estado en toda la normativa jurídica.

EN SINTESIS:

Las fuentes clásicas son la ley, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina; actualmente se reconoce también el valor ele tal a los convenios colectivos de trabajo, los principios generales del derecho, la equidad y el derecho natural.

Geny en su obra «Método de interpretación y fuentes en derecho privado positivo», clasifica las fuentes del derecho en:

1) Fuentes formales: son la ley, la costumbre y lo que él llama tradición o autoridad, que son la jurisprudencia y la doctrina.

2) Fuentes no formales: cuando las fuentes formales no le dan al juez la solución del caso, debe acudir a las no formales. A manera de ejemplo, y sin limitar la actividad del juez, señala que debe tenerse en cuenta lo dispuesto por las leyes análogas, los principios de la moral cristiana, los principios en que se basa el derecho público y la organización social del pueblo.

Pero no es ésta una enumeración completa de las fuentes no formales, que según Geny no podrían formularse sin introducir limitaciones inaceptables a la labor del juez, éste debe sacar la norma aplicable al caso de un estudio profundo de la realidad social y de la naturaleza positiva de las cosas, mediante el método de la libre investigación científica.

La Ley:

la ley concepto del derecho

La palabra ley tiene, en lenguaje jurídico, diversos significados. En su acepción más amplia, el término ley se usa como equivalente a derecho, a norma jurídica en general. En una acepción más restringida, ley significa norma jurídica impuesta autoritariamente por el Estado. En un sentido todavía más limitado, esta palabra hace referencia sólo a un grupo de normas dictadas por el Estado.

Una nota común a todas estas acepciones es la consideración de la ley como la principal fuente del derecho.

La ejecución de las leyes corresponde al gobierno, para lo cual éste tiene la facultad de dictar normas que las desarrollen, aclaren o completen. A ello le llamamos «poder reglamentario», que se ejerce mediante las distintas formas que fija cada ordenamiento jurídico.

Características de la ley

Los autores coinciden en que son varias las características que configuran la ley.

La ley es imperativa, pudiendo presentarse el mandato jurídico tanto en forma positiva como negativa. No es necesario que todas las leyes estén redactadas de forma imperativa; es incuestionable que toda ley debe ser cumplida y esta sola consideración muestra el carácter imperativo de la misma.

Obligatoriedad en su cumplimiento, en cuanto no haya sido derogada por otra ley posterior. Es otra de las características que afecta a todos los implicados, incluso al mismo Estado creador de la ley. No obstante, para que esto sea posible, es necesario el previo conocimiento de la ley para poder cumplir su mandato.

De otro modo, ¿cómo podrían los ciudadanos ajustar su conducta a una ordenación que no conocen ni han podido conocer?.- La forma material de publicación de una ley la establece cada ordenamiento jurídico, procediéndose.

por lo general, a su inserción en el diario oficial, que indica también la fecha de entrada en vigor. A partir de este momento, el texto legal adquiere fuerza de obligatoriedad y nadie podrá eludirlo alegando desconocimiento, pues es de todos sabido que la ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento.
Acompaña a la ley un elemento sancionador de las normas de derecho que establece. Ello se ha venido expresando tradicionalmente con la frase siguiente: «son nulos los actos ejecutados contra lo dispuesto en la ley, salvo los casos en que la misma ley ordene su validez».

Otra de las características de la ley es que sólo puede fijar normas para el futuro, a partir de su entrada en vigor, respetando de este modo los derechos que el ciudadano hubiere adquirido legítima y legalmente.

Los caracteres de la ley son los siguientes:

a) Generalidad: se trata de una norma dictada con carácter general, y no con relación a ciertas personas en particular.

b) Obligatoriedad: es la esencia de la ley; para asegurar su cumplimiento y real vigencia contiene siempre una sanción para el que la viole. Esta sanción en el orden civil puede ser la nulidad del acto contrario a la ley, la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados a terceros, etc.

c) Competencia: debe emanar de autoridad competente. Así, por ejemplo, no es obligatorio ni tiene por ende el carácter de normas jurídicas, el decreto del Poder Ejecutivo relativo a materias que son privativas del Congreso, o las ordenanzas municipales que se refieren a cuestiones reservadas al Poder Ejecutivo nacional o provincial.

Clasificación de las leyes:

a) Las leyes rígidas son aquellas cuya disposición es precisa y concreta. Al aplicarlas, el juez no hace sino comprobar la existencia de ios presupuestos o condiciones legales, impone la única consecuencia posible, claramente fijada en la ley. Si, por ejemplo, falta la firma de los testigos, la escritura pública es nula.

b) Las leyes flexibles, son elásticas, se limitan a enunciar un concepto general, fluido. El juez al aplicar la ley, tiene un cierto campo de acción, dentro de cual se puede mover libremente. Así, por ejemplo, el art. 953 establece que los actos jurídicos no pueden tener un objeto contrario a las buenas costumbres.

Estas fórmulas elásticas, flexibles, tienden a difundirse cada vez más en la técnica legislativa moderna, que prefiere no aprisionar al juez con normas jurídicas rígidas, a las que un cambio de circunstancias puede convertir en injustas o inaplicables.

Las leyes pueden ser dejadas sin efecto o derogadas si son reemplazadas por otra u otras, total o parcialmente. Nuestro Código Civil establece que las leyes no pueden ser derogadas en todo o en parte sino por otras leyes.

La Costumbre

Es la fuente del derecho más importante después de la ley.

La costumbre (y usos) es la práctica efectiva y repetida de una determinada conducta. Por tanto también es una forma de crear normas jurídicas que reciben el nombre de consuetudinarias.

Los estudiosos del derecho coinciden de forma unánime en la gran importancia de esta fuente. Para importantes juristas, la costumbre es un acto creador del derecho que podría definirse de la manera siguiente: «por la costumbre, lo que es se convierte en lo que debe ser»; con lo que viene a demostrar que es un paso del terreno de los hechos al terreno del derecho.

La costumbre se diferencia del uso social en que la comunidad la estima obligatoria para todos (opinio necessitatis), de forma que de su cumplimiento deriva una responsabilidad de tipo jurídico, y no meramente una reprobación social.

En los derechos primitivos, tanto históricos como actuales, ha tenido y tiene una enorme importancia ya que en ellos es la única o la principal fuente del derecho.

También en derecho internacional la costumbre es una fuente básica, lo que denota su «primitivismo». Así, vemos como en la mayoría de los casos, los tratados de ámbito general reflejan y reglamentan costumbres ya establecidas.

No obstante, en los últimos tiempos, la costumbre internacional ha ido perdiendo importancia en favor del derecho de los tratados, pues la práctica internacional está siguiendo un proceso codificador a través de los convenios multilaterales.

En los modernos derechos estatales, sobre todo en los de tipo continental, la primacía de la ley ha reducido mucho la trascendencia jurídica de la costumbre, relegándola a fuente supletoria, sólo aplicable en defecto de ley.

Los usos y costumbres adquieren fuerza de ley, o se imponen como normas jurídicas, en dos casos admitidos especialmente:

1. Cuando las leyes supediten en forma expresa la aplicación de algunas de sus normas a los usos y costumbres imperantes.

2. Cuando se presenten situaciones que no se encuentren comprendidas en disposición legal alguna.

Elementos que caracterizan la costumbre

Los estudiosos de las ciencias humanas y sociales han analizado las causas por las cuales unos hechos sociales terminan siendo considerados como expresiones de normas obligatorias.

Dos son los elementos que caracterizan a esta importante fuente del derecho, los cuales están profundamente entrelazados.

Un elemento material, que consiste en la repetición de unos actos o prácticas por parte de los ciudadanos. Con ello se entiende que no cabe hablar de hechos aislados.

Al otro elemento caracterizador de la costumbre se le denomina subjetivo (opinio inris sive necessitatis), y no es otra cosa que ta convicción de los ciudadanos de que se encuentran ante una norma obligatoria jurídicamente.

Esta opinio iuris es un elemento imprescindible para establecer una teoría jurídica de la costumbre. La profesora de derecho internacional de la universidad de París, Brigitte Stern dice al respecto: «ya que a veces es suficiente creer en el amor para que exista, del mismo modo ocurre con la costumbre, es suficiente creer en el derecho para que exista».

Fundamento de la costumbre

El fundamento intrínseco de que la costumbre cree derecho se halla en la voluntad de la comunidad que la observa, en el sentido de que quiera aquella regulación.

La razón extrínseca de que la costumbre sea fuente en un determinado ordenamiento jurídico se basa en el hecho de que es acogida por el poder directivo de aquella comunidad, el cual dispone con qué derecho se ha de regular la vida de la comunidad admitiendo ciertas normas consuetudinarias.

La costumbre puede ser de diversas clases.

Por su difusión territorial, podrá ser general, regional o local, según se practique en todo el territorio al que se extiende el ordenamiento jurídico (por ejemplo, el español, el francés, el argentino, etc.) o, por el contrario, sólo tenga incidencia en una determinada región o lugar.

En muchos ordenamientos jurídicos se admite la costumbre local cuando no hay ley exactamente aplicable al punto controvertido.

En otros casos, el uso de la costumbre puede tener un carácter meramente interpretativo de la ley, pero entonces no se considera como norma jurídica o fuente supletoria del derecho, sino como interpretativa de una ley preexistente.

Prueba de costumbre

A diferencia de la ley. que basta alegarla para que sea aplicada por los tribunales, la costumbre ha de ser probada. Así, aunque es una norma jurídica, no ha sido dictada por el Estado, por tanto, a los jueces y tribunales puede no constarles su vigencia.

Para demostrar la existencia reai de una norma jurídica consuetudinaria, hay que probar el hecho de que esta costumbre se practica efectivamente.

Para ello, se admite cualquier medio de prueba: testifical, certificaciones de cámaras, colegios, sindicatos y hermandades, sentencias que la hayan reconocido y colecciones oficiales de costumbres. Todo ello tiene un carácter meramente probatorio, lo que dará lugar a la presunción de que existe la costumbre, salvo prueba en sentido contrario.

Jurisprudencia

Todo conflicto humano debe ser sometido a los jueces para su dilucidación. De lo contrario, el orden jurídico se vería reemplazado por la fuerza, lo que significaría el imperio del caos.

La sentencia es la decisión del magistrado, que pone fin al pleito y declara cuáles son los derechos de las partes. Tiene carácter obligatorio para éstas, y el vencedor puede pedir el auxilio de la fuerza pública para hacerla cumplir.

La jurisprudencia se encuentra constituida por el conjunto de sentencias del más alto tribunal de un país, y caracteriza el hábito de juzgar con ¡guales criterios una determinada cuestión.

Dichas sentencias tratan de corregir la deficiencia, incomprensión o confusión que pueden presentarse en la interpretación de las leyes, y constituyen otra de las fuentes de que se sirve el derecho.

Doctrina

Se entiende por doctrina a las opiniones que vierten autores de reconocidos antecedentes en el campo de la investigación del derecho, los que formulan determinadas tesis sobre casos concretos, perfectamente analizadas y sin la premura que tienen los jueces al juzgarlos.

Las características propias de las relaciones jurídicas entre los individuos hacen que el derecho evolucione a impulso de la acción judicial. En efecto, la insuficiencia legal origina la necesidad de que los jueces y tribunales suplan aquéllas sentando jurisprudencia, pero que sin perjuicio de ello se creen doctrinas de innegable valor que sirvan como fuentes del derecho.

OTRAS FUENTES:

1. EL DERECHO NATURAL: no solamente la ley debe ser conforme al derecho natural, sino que ante un vacío del derecho positivo, el juez puede encontrar la solución del caso en los grandes principios de aquél. Este problema se vincula con el de los principios generales del derecho.

2. PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO: el art.1 6 del Código Civil dice que «si una cuestión civil que no puede resolverse, ni por las palabras ni por el espíritu de la ley, se atenderá a los principios de leyes análogas, y si aún la cuestión fuera dudosa, se resolverá por los principios generales del derecho, teniendo en consideración las circunstancias del caso». Por principios generales del derecho debe entenderse a los principios superiores de justicia radicados fuera del derecho positivo, por donde este concepto se vincula con la idea del derecho natural.

3. EQUIDAD: hay quienes ven a la equidad como una fuente del derecho. Los jueces suelen invocarla para atenuar el rigor de una disposición legal, o para hacer imperar el equilibrio en una relación jurídica.

4. CONVENIOS COLECTIVOS DE TRABAJO: son un medio de resolver los complejos problemas laborales. Se han convertido en una verdadera fuente de derecho. Hasta 1953 estos convenios obligaban solamente a los patrones y obreros afiliados a los organismos gremiales que los habían suscrito. Pero la ley 14.250 introdujo una reforma realmente revolucionaria al establecer su obligatoriedad, una vez homologados por el Ministerio de Trabajo, para todos los epleadores y trabajadores de esa actividad, sean o no afiliados a la asociación o sindicato que los suscribió.

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LOS PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO

A pesar de que en los derechos actuales la importancia de las otras fuentes es muy inferior a la ley y la costumbre, algunas legislaciones reconocen como tercera fuente los principios generales del derecho, pero subordinados a la inexistencia de aquéllas (ley y costumbre).

Podemos definir a esta fuente del derecho como el conjunto de las ideas fundamentales que informan un derecho positivo contenido en leyes y costumbres. De esta manera se llenan las lagunas y vacíos que existían en el derecho legislado y consuetudinario, ya que la ley y la costumbre no prevén todos los casos que pueden presentarse en la práctica, sino los más corrientes e importantes.

El derecho internacional también constituye una fuente normativa que se sitúa en el mismo rango jerárquico que las otras dos fuentes de este ordenamiento: el tratado y la costumbre.

Para que estos principios generales tengan el valor de una prueba ante los tribunales, se aportarán los datos que prueben la vigencia del principio general en cuestión y la aplicabilidad del mismo al caso concreto.

Los principios generales como máximas jurídicas

Con frecuencia, los principios generales del derecho se formulan como máximas jurídicas. De tal forma que, entendidos dentro de sus justos límites, son utilizados por el tribunal al dictar las sentencias, con lo que queda patente su vigencia y validez.

Así ocurre cuando se dice: pacta sunt servando (los pactos deben ser respetados), in dubio pro reo (en caso de duda, se aplicará la norma más favorable al acusado).

En la doctrina romana se enunciaban como principios generales básicos: alterum non laedere, honeste vivere y sum cuique tribuere (no hacer daño a nadie, vivir honestamente y dar a cada uno lo suyo).

La jurisprudencia

Fue definida por el emperador bizantino Justiniano como «el conocimiento de las cosas divinas y humanas y ciencia de lo justo y de lo injusto».

Hoy se entiende por jurisprudencia, la doctrina emanada de los tribunales al aplicar las leyes a un caso concreto.

En los sistemas de derecho continentales o inspirados en ellos, la jurisprudencia no se considera fuente autónoma del derecho. En cambio para los sistemas anglosajones, las decisiones de los tribunales constituyen la fuente más significativa del derecho.

Históricamente, el derecho creado por los jueces tuvo una gran importancia. Pero un conjunto de factores hizo que a raíz de la Revolución Francesa se produjese una fuerte reacción contra la admisión de la jurisprudencia como fuente del derecho.

La supremacía total de la ley que proclamaba la revolución y el dogma de la separación de poderes hicieron que se asignara a los jueces únicamente la aplicación de la ley, y al poder legislativo su creación.

Así pues, desde la Revolución Francesa quedó consagrado en el continente el principio de que los jueces no pueden dictar normas generales y que sus sentencias sólo sientan derecho respecto a los casos concretos que deciden.

De todos modos, esto no se corresponde exactamente con la realidad, ya que la labor de los tribunales no se ha limitado —ni podía limitarse— a la aplicación mecánica de. las leyes, sino que ha tenido que adaptarlas con gran flexibilidad a las cambiantes necesidades sociales y a la infinita variedad de los problemas prácticos que la realidad plantea a diario.

Para el jurista, la jurisprudencia tiene tanta importancia como la ley, ya que sin ella no puede conocerse la auténtica fisonomía de un derecho.

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CLASIFICACION DEL DERECHO

El derecho positivo o conjunto de normas jurídicas vigentes en un estado puede ser clasificado desde distintos puntos de vista.

Así, según se refiera principalmente al interés de la sociedad o del Estado, o al de los particulares, puede ser clasificado en derecho público o derecho privado, respectivamente.

Ramas del derecho:

A) DERECHO CONSTITUCIONAL: es aquel que comprende las normas referentes a la organización del Estado y sus habitantes, estableciendo sus derechos y garantías a través de la interpretación de los principios y declaraciones contenidas en la Constitución Nacional.

B) DERECHO ADMINISTRATIVO: se refiere a la regulación de la Administración del Estado fijando las relaciones entre el Poder Administrador y los distintos individuos a efectos del establecimiento de un régimen que permita al Estado el cumplimiento de sus funciones como tal.

C) DERECHO PENAL: tiende al establecimiento de medidas preventivas, que aseguren el orden social contra todo hecho individual que configure un delito, fijando a su vez penas, para quienes transgreden dichas normas.

D) DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO: permite regular las relaciones de los Estados entre sí como formando parte de una comunidad de naciones; la organización y funcionamiento del servicio diplomático, la celebración de tratados entre naciones son, entre otras, algunas manifestaciones de las normas jurídicas comprendidas en esta rama del derecho.

E) DERECHO CIVIL: es una de las ramas más importantes del derecho privado por cuanto es el que regla las relaciones de las personas entre sí y de éstas con el Estado, y contiene normas erentes a las personas, a ¡a familia, a la propiedad, etc.

F) DERECHO COMERCIAL: contiene normas específicas referentes a las relaciones jurídicas que nacen del ejercicio del comercio y son aplicables a los comerciantes y a los actos de comercio.

G) DERECHO PROCESAL: cuyo fin primordial es todo lo referente a la organización de la justicia y al modo de administrarla, fija a través de los Códigos de Procedimientos la forma en que deben sustanciarse los distintos juicios ante la respectiva jurisdicción.

H) DERECHO LABORAL: surgido a través del constante desarrollo industrial, contiene normas que tienden a proteger al trabajador en relación de dependencia, fijando claramente los derechos y obligaciones tanto de éste como de los empleadores.

I) DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO: esta rama del derecho incursiona en aquellas relaciones jurídicas que se originan o desenvuelven en jurisdicciones de distintos Estados y, en consecuencia, no pueden ser resueltas por las leyes de un solo país.

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MODOS DE CONTAR LOS INTERVALOS DEL DERECHO

En el derecho los plazos tienen una importancia sustancial para el ejercicio de determinadas cuestiones, sobre todo aquellas vinculadas a la adquisición de ciertos derechos o al tiempo en que deben ser cumplidas ciertas obligaciones.

Por este motivo, nuestro Código Civil ha puesto especial énfasis al determinar el modo en que deben ser contados los intervalos en derecho: Se realizará para todos los efectos legales según el calendario gregoriano. Los intervalos del derecho se contarán en días, meses y años de ese calendario. Su nombre se debe a que entró en vigencia bajo el Papa Gregorio XIII en 1582.

Hasta esa fecha regía el calendario juliano, implantado por Julio César, conforme al cual el año se dividía en doce meses, y contaba con 365 días, debiendo intercalarse un día más cada cuatro años.El art 24 dice «el día es el intervalo entero que corre de medianoche a medianoche, y los plazos de días no se contarán de momento a momento, ni por horas, sino desde la medianoche en que termina el día de su fecha.»

Sin embargo, la ley o las mismas partes (art. 29 Cód. Civ.) pueden resolver que el plazo se compute por horas, en cuyo caso se contará de hora a hora.
El Código Civil no prevé el caso de los plazos por semana, a diferencia del alemán y el código suizo de las obligaciones.

Los art. 25 y 28 disponen la manera de contar los períodos de meses y años. El primero establece que «los plazos de mes o meses, de año o años, terminarán el día que los respectivos meses tengan el mismo número de días de su fecha.»

Todos los plazos serán continuos y completos, debiendo siempre terminar en la medianoche del último día, y así, los actos que deben ejecutarse en o dentro de cierto plazo, valen si se ejecutan antes de la medianoche en que termina el último día del plazo. Los plazos que señalen las leyes o los tribunales, y los decretos del gobierno comprenderán los días feriados, a menos que el plazo señalado sea de «días útiles».

Las partes, pueden convenir en sus contratos que el plazo se computará de una manera distinta. Del mismo modo, las leyes provinciales, los decretos nacionales y provinciales, y las ordenanzas municipales, pueden apartarse de estas normas, que sólo se aplican en caso de silencio de las leyes especiales o locales y de las partes en los contratos.

Fuente Consultadas:
Derecho Nivel Polimodal – Lonra y Borroni – Editorial Editex
Enciclopedia Universal de Ciencias Sociales – Editorial Océano – Entrada: Hitoria del Derecho
Enciclopedia COSMOS Volumen IV El Derecho Jurídico

Historia de la Violacion de los Derechos Humanos Represión y Tortura

HISTORIA DE LA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

a-Terrorismo
b-Subversión
c-Represión
d-Tortura

Otros Temas Tratados

1-Declaración Universal de los Derechos del Hombre

2-Los Derechos Sexuales y Reproductivos

3-Violación de los Derechos Humanos

4-Los Derechos Civiles y Sociales

5-Libertades Individuales en un Estado de Derechos

6-Los Derechos Fundamentales

7-Deberes y Derechos del Hombre

8-La Libertad del Hombre

9-Las Garantías Constitucionales

10-Las Virtudes Civiles

«Se entiende por derecho, el conjunto de leyes, preceptos y reglas a que están
sometidos los hombres en su vida social.»

Para entender de que manera interviene lo que llamamos derecho en nuestra vida cotidiana, es importante recurrir a ejemplos sencillos y cotidianos de fácil comprensión, extraídos de diferentes situaciones que, aunque tienen trascendencia jurídica, casi nunca reparamos en ellas: subir a un autobús, tomar localidades para una sesión de cine, comprar el periódico. Ante tales actos, podemos exigir que el autobús nos transporte a un lugar determinado, o que se nos deje entrar en la sala de proyecciones para ver el espectáculo. Adquirimos la propiedad del periódico y perdemos la del dinero que hemos pagado por el.

En otros casos, el alcance jurídico de los hechos es aun mas claro: nos quitan la cartera y acudimos a la comisaría de policía para que se inicie una actividad dirigida a descubrir al culpable y se le imponga la pena correspondiente; compramos un apartamento a plazos sabiendo que contraemos una deuda, y que si no cumplimos con ella seremos demandados ante los tribunales; nos ponen una multa por no habernos detenido ante un semáforo en rojo…

Si de estos ejemplos o de otros muchos queremos deducir cual es su significado jurídico, no será difícil llegar a la siguiente consecuencia: en todos los casos expuestos podemos exigir de otros una conducta determinada, u otros nos la pueden exigir a nosotros.

Pero para que esto sea posible, es preciso que exista un conjunto de normas o reglas establecidas en virtud de las cuales surja la posibilidad de reclamar o de quedar sujetos a una reclamación. Si un individuo puede exigir que se le entregue el periódico a cambio de su precio, es porque hay una regla o conjunto de reglas que así lo disponen, como también preceptúan que el vendedor pueda exigir el pago de la mercancía.

La existencia de una regla o norma preestablecida es lo que da soporte jurídico, a todos los hechos y, de este modo nos pone en contacto con el derecho.

Al ser un mecanismo que sirve para imponer y, al mismo tiempo, garantizar un orden social, es necesario que sea un poder humano el que haga cumplir unas determinadas normas de conducta.

Este poder lo representa el Estado. El Estado no sólo crea el derecho, sino que lo aplica y lo impone por la fuerza si ello fuere necesario, ya que está investido de un poder sancionador.

No obstante, lo que hoy entendemos como derecho positivo, surgió mucho antes de que apareciera la noción moderna de Estado, ya que la coacción, sin la cual no existiría regla de derecho, puede ser obra de una colectividad (familia, tribu) o de un individuo más fuerte que otros (el padre respecto a los hijos; en la antigüedad, el amo respecto a los esclavos). También las prescripciones religiosas convertidas en imperativas por el temor de un castigo divino, tendrían de facto un carácter jurídico.

Cabe decir también que el derecho está en perpetua evolución, ya que es la expresión de una relación de fuerzas en un momento dado. Entre las fuerzas creadoras del derecho se encuentran los intereses materiales o económicos, los principios religiosos y morales, las distintas ideologías, la tradición, los hábitos, las influencias exteriores e, incluso, los sentimientos (odio, miedo, venganza, fraternidad).

La actual evolución de las ideas de libertad y su práctica nos permite afirmar que un estado participa de la tradición occidental y cristiana cuando en él hay sumo respeto por las libertades y derechos humanos, tal como, por ejemplo, surgen de ese maravilloso catálogo aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el año 1948 («Declaración Universal de los Derechos Humanos»).

Cuando el gobierno nacido de la voluntad de un pueblo sano y responsable, es celoso guardián del bien común por encima de las ambiciones y apetitos particulares.

Cuando los bienes que crea el trabajo común se reparten en forma tal que no haya graves injusticias, como sería la situación de los que no pueden satisfacerlas necesidades básicas, exigidas por la dignidad humana.
La negación de esta tradición occidental y cristiana, e! sometimiento de la. persona humana al capricho de un sistema político que hace del hombre «una cosa», un mecanismo de la gran máquina estatal, es característica de los países totalitarios. Ampliaremos ideas sobre ellos, en el punto siguiente.

Cuando el estado no vela por los derechos humanos: el estado totalitario

La palabra totalitario aplicada a un gobierno se ha usado modernamente como opuesta a democrático. Después de la Primera Guerra Mundial se empleó para designar a los sistemas de gobierno de Rusia Soviética (comunismo), de Italia (fascismo) y de Alemania (nazismo). Actualmente se aplica a aquellos países donde las libertades fundamentales del hombre son, ya sea teórica o prácticamente, negadas por el gobierno del estado.

Etimológicamente, totalitarismo proviene de total; ello se explica porque en los países donde impera, el gobierno y sus organismos lo son todo y frente a ellos la persona queda como absorbida, como reducida a un diminuto engranaje.

A veces, se ha distinguido entre totalitarismos de derecha (fascismo, nazismo) y totalitarismos de izquierda (comunismo). En los primeros se han respetado algunos derechos, tales como el de propiedad privada, y se han exaltado los valores patrióticos y nacionales.

Todo totalitarismo es condenable porque su error de raíz consiste en el menosprecio de la persona y el endiosamiento del estado. Por otro lado, los medios que emplean para mantenerse en el poder, el aparato policíaco de que se valen, no difieren fundamentalmente.

Características de los estados totalitarios

• La dictadura, es decir, concentración de todo el poder en manos de una sola persona.

• El desprecio por el sistema democrático y sus instituciones.

• La organización política teniendo como base un solo partido, el oficial; este es e! único partido reconocido legalmente; todos los demás son ilegales.

• El partido gobernante está dirigido por una minoría.

• Existe una policía secreta que controla a los opositores políticos y vigila la ejecución de la política del gobierno.

• Hay un severo control de la vida nacional en todos los aspectos: industria, comercio, vida sindical, enseñanza, iglesia, etc.

•  La propaganda estatal se efectúa por medio de la radio, el cine, la prensa y demás medios de expresión.

• La enseñanza, en todos sus niveles, está controlada por el estado y la misma sirve de medio de adoctrinamiento y propaganda política.

Violación de los Derechos Humanos: Terrorismo, Subversión, Represión y Tortura

Los actos de TERRORISMO cometidos por particulares o por bandas organizadas persiguen un determinado fin político: subvertir el orden legal con el propósito de adueñarse del poder e imponer al país su ideología. A este accionar delictivo, se lo conoce corfíel nombre de SUBVERSIÓN TERRORISTA puesto que utiliza el terror como camino para cambiar el orden institucional. Producida esta situación tan grave, y atendiendo a la búsqueda del Bien Común, corresponde la intervención del Estado que, en uso del Poder Público del que está investido, debe defender a la sociedad de tamaños delitos, y complementariamente, sancionar a los responsables.

Al ejercicio de este deber se lo denomina REPRESIÓN, la que generalmente está a cargo de las fuerzas policiales, y en circunstancias especiales, de las Fuerzas Armadas. La principal característica que debe ofrecer la acción represiva del Estado contra la delincuencia es que debe ceñirse estrictamente a las normas legales y ejecutarse en el marco de las leyes.

En caso de que esta represión se extralimite y cometa excesos de magnitud, el Estado estaría incurriendo en deiitos similares a los que pretende reprimir, cayendo así en la REPRESIÓN TERRORISTA para combatir la subversión.

Cabe colegir que el terrorismo puede ser utilizado por los sectores antagónicos: la Subversión, dispuesta a imponer su ideología, y las Fuerzas Públicas, decididas a impedirlo. En ambos casos, la víctima es la misma: los Derechos Humanos.

LA SUBVERSIÓN: El fenómeno subversivo, aunque de muy antigua data, ha proliferado en las últimas décadas, y puede decirse que son contados los países que no lo han padecido. Aún en nuestros días, vastas regiones de nuestro continente sufren este flagelo.

Numerosas son las causas que lo producen y de ellas se destacan las dos siguientes:

• Ante todo, es innegable que la subversión está inspirada —sino abiertamente dirigida— por el marxismo internacional que pretende la expansión de su ideología sobre todos los países a cualquier costo.

• Otra causa, de índole interna, puede ser ia disconformidad y un cierto grado de frustración, experimentados por vastos sectores de la población a causa de sus carencias socioeconómicas. La imposibilidad del gobierno de satisfacer estas expectativas en forma inmediata, es aprovechada por la subversión para justificar sus acciones.

LA REPRESIÓN: Ya se ha adelantado-que la represión de los delitos es tarea propia del Estado, a la que está obligado por ser uno de sus deberes más importantes. Según el diccionario, reprimir es sinónimo de contener, refrenar, moderar… vocablos que las leyes y códigos utilizan indistintamente en la formulación de las normas penales: «será reprimido con tal pena… aquel que cometiere tal delito…» La represión de los delitos, es así un DEBER de las instituciones que ejercen el Poder Público.

La represión a cargo del Estado, posee, entre otras, dos características fundamentales:

• Debe ser LEGAL: ejercida por quien tiene derecho a hacerlo, fundada en la ley y de acuerdo con órdenes emanadas del superior legítimo.
• Debe ser JUSTA: ejercida conforme a derecho. Todos los códigos del mundo establecen las condiciones en que puede procederse a la detención de personas, su sometimiento a proceso y la aplicación de las penas que corresponde.

La represión que no respete estos carriles se convierte en Abuso de Autoridad, delito que a su vez, está también reprimido por las leyes. En particular, la represión que con pretexto de eficacia se propasara tanto que utilizara el terror en forma sistemática, sería absolutamente censurable. Cometer delitos para castigar a los delincuentes es una de las más aberrantes formas en que se pueden vulnerar los Derechos Humanos.

No se trata de proteger a los subversivos, sino de aplicarles todo el peso de la ley, respetando sus derechos, aunque ellos no lo hayan hecho con sus víctimas. En caso contrario, la legalidad y la delincuencia estarían en un mismo nivel, lo cual constituiría una monstruosidad jurídica.

Lamentablemente, ello ocurrió en nuestro país, cuando se pretendió combatir a la subversión utilizando sus mismos métodos, superados en muchos casos. Taíes hechos integran, sin duda alguna, uno de los más nefastos capítulos de nuestra historia. Actualmente, con la recuperación de la Democracia, se ha reimplantado en el país el «estado de derecho» uno de cuyos logros más positivos, ha sido poner en manos de la justicia las denuncias sobre tales excesos: a ella corresponderá el veredicto definitivo, diferenciando la justa represión de la represión terrorista.

LA TORTURA: El empleo de la tortura para castigar delitos, para forzar declaraciones o para imponer creencias, ha sido siempre un motivo de vergüenza para la humanidad. En épocas no muy lejanas, los tribunales de justicia admitían la aplicación de tormentos como recurso habitual para indagar la verdad, sometiendo a los presuntos culpables a las más aberrantes formas de tortura.

Modernamente, tales procedimientos han desaparecido de todas las legislaciones del mundo. Sin embargo, en no pocos países, sobre todo en aquéllos con regímenes dictatoriales, aún se recurre a la tortura como sistema de castigo o como método de investigación por supuestos delitos, sobre todo, con connotaciones políticas. El hecho de que tales procedimientos sean realizados o permitidos por los gobiernos, a los que se supone defensores de la legalidad y la justicia, torna más paradógico tal proceder.

Desde su creación, las Naciones Unidas han realizado constantes esfuerzos para combatir este flagelo inadmisible en nuestra civilización moderna. Luego de siete años de estudios, en diciembre de 1984, la Asamblea General sancionó por unanimidad la Convención contra la tortura con el fin de que todos los Estados del mundo adopten las medidas necesarias y reformen sus legislaciones y sistemas penales, para «erradicar la tortura y los malos tratos y penas crueles, inhumanas y degradantes».

Nuestro país se enorgullece de que nuestra primera Asamblea haya proscripto ya en 1813, los castigos corporales y ordenado la quema en público de los instrumentos de tortura. Además, en nuestra Constitución de 1853 figuran normas expresas en igual sentido. Sin embargo, estos principios tan elevados no se corresponden con hechos ocurridos posteriormente, y en modo particular, en las dos últimas décadas.

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La aceptación por nuestro país de la Convención de las Naciones Unidas y sobre todo, de aquí en más, su estricto cumplimiento, demostrará que tales episodios realmente han sido «hechos del pasado». Dada su singular importancia, extractamos los párrafos más significativos:

EXTRACTO DE LA CONVENCIÓN CONTRA LA TORTURA:

Se considera «tortura» a todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigar/a por un acto que baya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento.

Todo Estado tomará medidas legislativas, administrativas, judiciales o de otra índole para impedir los actos de tortura en todo el territorio que esté bajo su jurisdicción.

En ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales tales como estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública como justificación de la tortura. No podrá invocarse una orden de un funcionario superior o de una autoridad pública como justificación de la tortura.

Ningún Estado parte procederé a la expulsión, devolución o extracción de una persona a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura.

Todo Estado parte velará porque todos los actos de tortura constituyan delitos conforme con su legislación penal. Lo mismo se aplicará toda tentativa de cometer tortura y a todo acto de cualquier persona que constituya complicidad, participación o encubrimiento de la tortura.

Los delitos a que se hace referencia, se considerarán incluidos entre los delitos que dan lugar a extradición en todo tratado de extradición celebrado entre los Estados partes.

Todo Estado parte velaré porque toda persona que alegue haber sido sometida a tortura en cualquier territorio bajo su jurisdicción tenga derecho a presentar una queja y a que su caso sea pronta e imparcialmente examinado por sus autoridades competentes, se tomarán medidas para asegurar que quien presente la queja y los testigos estén protegidos contra malos tratos o intimidación como consecuencia de la queja o del testimonio prestado.

Todo Estado parte velará por que su legislación garantice a la víctima de un acto de tortura la reparación y el derecho a una indemnización justa y adecuada, incluidos los medios para su rehabilitación lo más completa posible. En caso de muerte de la víctima como resultado de un acto de tortura, las personas a su cargo tendrán derecho a indemnización.

Todo Estado parte se asegurará de que ninguna declaración que demuestra que ha sido hecha como resultado de tortura pueda ser invocada como prueba en ningún procedimiento, salvo en contra de una persona acusada de tortura como prueba de que se ha formulado la declaración.

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La violación de los derechos humanos en América Latina:

La violación de los derechos humanos no es un fenómeno reciente en América Latina, pero los niveles alcanzados a partir de la década de los setenta, de mano de las dictaduras militares, no tienen equivalentes en su historia, si se exceptúa el proceso de conquista y colonización, durante los siglos XV y XVI.

Si bien la pobreza, el desempleo, el analfabetismo, la desnutrición, los bajos niveles de salud, la mortalidad infantil y el hambre, han estado presentes durante todo el siglo XX, estos problemas sociales alcanzaron niveles sin precedentes bajo los gobiernos dictatoriales de las últimas décadas.

Las dictaduras militares, y los grupos de poder económico que las impulsaron y las sostuvieron, llevaron adelante la transformación de las economías latinoamericanas apelando a la represión y a la violencia sobre la población. Esta represión consistió, fundamentalmente, en la detención, la desaparición el asesinato de los opositores a! gobierno, incluso de Por otra parte, se eliminó todo derecho a la la tortura se transformó en el método corriente para la obtención de información sobre la actividad de los opositores.

Por medio del terrorismo estatal se buscó generalizar el miedo entre la población. La amenaza y el uso permanente de la fuerza alcanzó a toda la sociedad: obreros, estudiantes, empresarios; jóvenes, adolescentes, ancianos, bebés y niños; deportistas, intelectuales y discapacitados. Todos se transformaron en posibles víctimas.

A pesar de las diferencias que presentaban, las dictaduras militares poseían una forma política común, caracterizada por la supresión de la mayor parte de los derechos civiles, políticos y sociales. Las Fuerzas Armadas se consideraron como la institución  que representaba los valores de la nacionalidad y que tenía la misión de «curar» a la sociedad de los males que la, afectaban. Se disolvieron los partidos políticos, o se suspendió su actividad, y las Fuerzas Armadas controlaron todos los recursos de poder.

EL DISCURSO DE LOS DICTADORES: Uno de los aspectos más sorprendentes de las dictaduras militares que se desarrollaron en América Latina, lo constituye el hecho de que todas ellas se ejercieron elaborando un discurso en el cual se decía preparar las condiciones para el ejercicio de la «verdadera democracia», aun cuando para ello se debieran anular algunas o todas las premisas de la misma. Los dictadores accedían al poder diciendo proteger la democracia, amenazada por la crisis económica y las protestas sociales. En nombre de la democracia, los gobiernos dictatoriales violaban todos sus principios, despreciaban la voluntad de las mayorías y anulaban o reemplazaban las Constituciones. En la mayoría de los casos, cuando la Constitución lo permitía, los dictadores se hacían reelegir regularmente, mediante el fraude o la represión de los opositores; en caso contrario, anulaban la Constitución o designaban a algún testaferro.

Los desaparecidos constituyen una de las más pesadas herencias dejadas por la dictadura militar, tanto en Argentina como en otros países de América Latina. A diferencia de lo ocurrido con los detenidos y encarcelados, la mayoría de los secuestrados eran encerrados en centros clandestinos de detención, de los cuales se los trasladaba para ser asesinados. A partir de su secuestro, los familiares que comenzaban a solicitar informes a las autoridades, creyéndolos prisioneros en alguna cárcel del país, encontraban que los miembros de las Fuerzas Armadas siempre negaban tener conocimiento de estas personas y de lo que les había ocurrido. El drama de los desaparecidos es aún hoy una herida abierta en las sociedades que lo padecieron y que sólo puede cerrar la justicia.

Terrorismo estatal
Se denomina de este modo a las acciones represivas llevadas a cabo por grupos de militares y civiles que conformaban las dictaduras militares de América latina, consistentes en el secuestro, la desaparición, la tortura y el asesinato de hombres, mujeres y niños, con el propósito de atemorizar y evitar cualquier tipo de disconformidad o descontento frente a las políticas económicas llevadas adelante desde el gobierno.

Fuente Consultada:
Formación Cívica  2° Año Escuelas de Comercio
Enciclopedia Universal de Ciencias Sociales – Océano

Garantías Constitucionales Cuando Somos Detenidos

El Desempleo en el Mundo Causas de la Falta de Trabajo

El Desempleo en el Mundo
Causas de la Falta de Trabajo

Probablemente, los datos sobre el porcentaje de desempleo son las estadísticas más conocidas y difundidas. El hecho de que este factor varíe de forma significativa es clara evidencia de que la plena utilización de los recursos de la economía no se produce de forma automática.

Los cambios en los gustos de los consumidores de un determinado producto, las fluctuaciones del comercio nacional e internacional, las innovaciones constantes en los procesos de producción y en los propios productos son las causas fundamentales de las alteraciones en la oferta de trabajo y producen con frecuencia situaciones de desempleo estructural en determinados sectores de la población.

Existen aproximadamente 160 millones de desempleados en el mundo, cifra que arroja la OIT. Por lo tanto, cada 100 trabajadores de todo el mundo, seis están totalmente desempleados.  Además, 16 no pueden ganar lo suficiente para que su familia no esté por debajo de la línea de pobreza.

Esta problemática se agrava si consideramos la subocupación horaria en tanto esta cifra asciende a mil millones.

Sin embargo, las situaciones de desempleo estructural en determinados sectores de la población son consecuencia de las alteraciones en las ofertas de trabajo, propios de las fluctuaciones que evidencia en estos tiempos el comercio tanto nacional como el internacional, además debemos agregarles los cambios en los gustos de los consumidores, que provoca el éxito de un determinado producto o no y sin lugar a dudas, lo importante son las innovaciones constantes en los procesos de producción, que disminuye y transforma la mano de obra humana.

Esto puede explicarse desde dos cuestiones fundamentales, una de ellas es desde el punto de vista de la economía y el segundo desde el rol de los individuos en este círculo. Por ejemplo, no todas las personas consumimos, lo que producimos, lo que evidencia que necesitaríamos más mercados, más consumo, para tener más producción y además más puestos de trabajo (calificado o no, según lo que se requiera).

Y por el otro lado, esa oferta de bienes y consumo por parte de la sociedad esta en intima relación con las economías internacional y nacional.  En ocasiones, quien juega un papel fundamental aquí son las comunicaciones, quien genera desequilibrios en el mercado de bienes y factores.

En la actualidad, el desempleo es un grave problema en casi todo el mundo. Ya que tanto los trabajadores calificados (aquellos que poseen estudios), como los de calificación media o baja, encuentran dificultades a la hora de conseguir un empleo.  Los primeros, la mayoría de veces, no son contratados por tener una calificación mayor a la necesaria para el puesto de trabajo ofrecido.

Sin embargo, la oferta de trabajadores de baja calificación es tan grande, que obviamente se cubre rápidamente. La consecuencia de esta sobreoferta de trabajo, regula la baja de los salarios por parte de las empresas.

Pero, nos tenemos que detener en definir el desempleo. Este visto desde la perspectiva económica, se entiende cuando uno de los recursos productivos, ya sea tierra, trabajo o capital, no esta siendo explotado al máximo de su capacidad potencial, determinado además por los recursos ociosos.  En otras palabras, cualquiera de esos recursos nombrados esta desempleado en su totalidad. Pero sin lugar a dudas, el término desempleo siempre se atribuye cuando el factor trabajo es el que esta afectado.

Cabe aclarar que cuando hablamos de esta problemática, siempre hacemos hincapié en aquellas personas desempleadas pero que demuestran una búsqueda activa de empleo. Sin embargo, otra cuestión que preocupa es el de la subocupación horaria: es decir, personas que trabajan menos de 35 horas semanales por causas involuntarias y están dispuestas a trabajar más horas.

El efecto que causa el desempleo es de carácter negativo. Por ejemplo, esta problemática causas diversas consecuencias en una sociedad, el la economía y obviamente en relación a ambas, a dicha sociedad en la que se encuentra formando parte, entre otros.

La falta de trabajo y el desempleo han ampliado la cantidad de personas y familias que viven en la precariedad ya que sufrieron una disminución en su capacidad adquisitiva. Otros provocaron el aumento de actividades económicas informales o marginales, que se caracterizan por condiciones de trabajo precarias e inestables realizadas fuera de leyes y de reglamentaciones vigentes (venta ambulante y callejera).

Otra consecuencia, es generalmente la depresión, frustración, que sienten estas personas cuando esta problemática se acentúa en el tiempo viendo que no pueden hacer nada al respecto. Esto se vincula a otro efecto, que muchas veces no se cuantifica por se de índole político social, como lo es el consumo de drogas, la delincuencia, el malestar social, en aumento de la población marginada, entre otras.

Frente a todo lo mencionado anteriormente, el estado muchas veces lanza respuestas frente a la desocupación, ensayando numerosas políticas y programas sociales en el mundo.  Los que mayores éxitos tuvieron son los países desarrollados,  como los europeos, que ofrecen mejores oportunidades a las personas que no tiene trabajo ya que brindan un seguro de desempleo de alta cobertura y un ingreso importante.  Esto no es así en muchos otros, ya los costes financieros para el estado son cuantiosos y genera un déficit público.

Tipos de desempleo: Pueden darse diferentes situaciones por las que una persona no este empleada, esto estará totalmente relacionado con la naturaleza de dichos factores. A saber:

Desempleo friccional: Nosotros los individuos, nos movilizamos de un puesto de trabajo a otro, y en muchos casos vinculados a áreas geográficas alejadas de donde residimos habitualmente.  Esto se llama movimiento pendular. Por lo general, este movimiento es por decisión propia del trabajador y en menor medida haber sido el resultado forzado de abandonar su puesto de trabajo y lograr encontrar otro, convirtiéndose esta persona, en un desempleado involuntario.

Estos movimientos son, en muchos casos, inevitables; es lo que se conoce como desempleo friccional. Sin embargo, el mínimo tiempo en que tarden estas personas en encontrar un nuevo puesto de trabajo, será el grado de alcance que tuvo esta problemática. Mejorar la flexibilidad del mercado laboral en términos de movilidad y facilitar información para el proceso de búsqueda de trabajo a través de agencias—públicas o privadas, es una posible alternativa y ayuda para las personas que padecen esta situación.

Desempleo estacional: Una parte importante del empleo tiene carácter estacional. Algunos puestos laborales están disponibles sólo en algunas épocas del año —por ejemplo, en el turismo o en la agricultura—. El desempleo estacional puede reducirse con la promoción de actividades económicas complementarías y con una reorientación de la demanda fuera de estas etapas estacionales tradicionales.

Desempleo estructural: La demanda de trabajo está condicionada por la de bienes y servicios. Ésta puede verse afectada por diversos factores: cambios en los gustos o en las pautas del comercio internacional, transformaciones referidas a la innovación de producción y productos, etc. Si el factor trabajo fuera completamente flexible y se adaptase a estas variaciones, los cambios en la demanda de bienes y servicios representarían tan sólo el movimiento de un tipo de trabajo a otro y no habría desempleo estructural. Pero el trabajo no es perfectamente flexible y adaptable, ya que aparecen problemas por la rapidez con que se producen los cambios estructurales.

Pueden utilizarse dos estrategias distintas para reducir el desempleo estructural. La primera consistiría en intentar evitar, o por lo menos ralentizar, los cambios de la economía que lo provocan; la segunda, en aceptar la transformación económica que acompaña al crecimiento y adoptar estrategias diseñadas para flexibilizar y hacer que la economía se adapte más fácilmente a tales cambios, por ejemplo, políticas de formación y reinserción ocupacional.

Oferta de trabajo: Cuanto mayor sea la población, mayor será la oferta de trabajo —siempre por parte de los trabajadores—. Por otro lado, aunque el volumen de población no varíe, puede registrarse un incremento de la oferta de trabajo, al aumentar la proporción de individuos en búsqueda activa de empleo. Es decir, sube la tasa de actividad.

Las causas del desempleo: Hay enfoques teóricos muy diversos y una multiplicidad de medidas aplicables. Pueden destacarse tres puntos de vista principales: la visión neoclásica; la keynesiana y la estructural.

La teoría neoclásica del desempleo parte de la función decreciente de la demanda de trabajo y de una función creciente de la oferta de trabajo. El supuesto básico de este modelo es que tanto los salarios monetarios como los precios son completamente flexibles. De esta forma, siempre será posible alcanzar el equilibrio convencional en el mercado.

En esencia, las causas neoclásicas del desempleo son las siguientes: en el mercado no hay un modelo de competencia perfecta, y eso puede afectar a la oferta y demanda de trabajo; asimismo, hay que mencionar la existencia de expectativas que llevan a los trabajadores a demandar salarios reales por encima de los de equilibrio.

Para solucionar estos problemas hay que garantizar una mayor flexibilidad sobre los salarios reales y la perfecta competitividad del mercado. Con el objetivo de estimular el aumento del empleo, esta teoría plantea diversas medidas: aquellas que faciliten la obtención de beneficio por las empresas, las que disminuyan las tensiones sobre los costes de las mismas, sobre todo los costes salariales, y las que aumenten la productividad de las empresas.

Según la teoría keynesiana, las causas del desempleo —y su remedio— no se encuentran en el mercado de trabajo, sino en el mercado de bienes y servicios. Es así porque la cantidad de trabajo demandada por las empresas está condicionada por el volumen de la producción de bienes y servicios que esperan realizar las mismas en el mercado. A mayor demanda, mayor producción y mayor empleo.

El desempleo se origina por insuficiencias en la demanda agregada efectiva. Cuando no hay gasto agregado suficiente, las empresas disminuyen el nivel de empleo utilizado. Esta interpretación no ha sabido dar una respuesta a la existencia simultánea de desempleo e inflación en una economía; es lo que se conoce con el término de «estanflación ».

Malinvaud resume el problema del desempleo considerando las dos interpretaciones anteriores: el desempleo actual puede estar originado por tensiones al alza en los salarios reales en el mercado de trabajo, y por una insuficiencia de la demanda agregada. A la hora de solucionar el desempleo, hay un conjunto de medidas que actúan sobre los dos enfoques.

Por ejemplo, impulsar la demanda agregada vía inversión productiva —formación bruta de capital—. Junto al impulso en la demanda, esta medida supone alcanzar una mayor productividad, que implica una disminución en los costes del factor trabajo sin que tenga que afectar a los salarios reales.

Según las teorías microeconómicas del desempleo, no pueden considerarse explicaciones generales del mercado de trabajo. Lo que se intenta hacer es analizar algunas características concretas del problema del desempleo. Para ello se utiliza una aproximación microeconómica, que observa la alta segmentación del mercado laboral y el difícil acceso de los desempleados a los distintos puestos de trabajo.

Estos planteamientos se conocen como teorías de búsqueda de empleo. Otro problema analizado es cómo inciden los distintos tipos de contrataciones —temporales, fijas, etc. — dentro del problema del desempleo.

Las teorías estructurales comprenden un conjunto de hipótesis que tratan de explicar las causas del desempleo a través de factores como la propia naturaleza del sistema capitalista.

Fuente Consultada: Gran Enciclopedia Universal Espasa Calpe – Wikipedia –

La Organizacion Nacional de la Argentina Gobiernos de ideas liberales

La Organización Nacional de la Argentina

La batalla de Pavón señala el fin de la Confederación Argentina y pone en manos de los hombres del partido liberal porteño los resortes de la conducción nacional. Mitre será el primer presidente que gobierne sobre todo el territorio de la nación.

El grupo dirigente buscará concretar en la república un ideal civilizador, procurará terminar con la oposición de la montonera reducir al indio y desarrollar la economía. El ferrocarril, el telégrafo, la difusión de la enseñanza, la inmigración y un poder ejercido con criterio centralista fueron las herramientas fundamentales de  quehacer que transformó al país.

Ejercito Nacional de Buenos Aires

Ejercito Nacional de Buenos Aires

LA ORGANIZACIÓN NACIONAL : La derrota del interior en la batalla de Pavón posibilitó la organización nacional sobre la base del predominio de Buenos Aires. Este proceso se concretó en el periodo 1862-1880 con las presidencias de Mitre, Sarmiento y Avellaneda.

Consecuentes con su formación política romántica. los hombres que realizaron esta empresa tuvieron como meta eliminar la barbarie y civilizar el país, poniéndolo al nivel de las naciones avanzadas del momento. Por eso, uno de sus principales objetivos fue la educación popular, que tuvo en Sarmiento su mayor propulsor.

Otro problema a resolver era el del poblamiento El primer censo, realizado en 1869. reveló la existencia de sólo 1.700.000 habitantes. Era necesario atraer al inmigrante y, para ello, ofrecerle seguridades. Esto implicaba eliminar el problema del indio. Los diversos intentos realizados durante las presidencias de Mitre y Sarmiento culminaron en la campaña llevada a cabo por Roca bajo el gobierno de Avellaneda.

Incorporadas nuevas tierras para la producción. se las acercó al puerto exportador a través del ferrocarril, financiado por medio de inversiones de capitales nacionales y extranjeros. Se fomentó el desarrollo de la agricultura, sobre todo en la zona del litoral, donde se establecieron colonias de inmigrantes (especialmente en Santa Fe).

Su influencia en el desarrollo económico se advirtió con la primera exportación de cereales, que se logró bajo el gobierno de Avellaneda. El gaucho, elemento surgido dentro de una economía casi exclusivamente ganadera. se sintió desplazado por el agricultor extranjero.

Este panorama económico se completó con la aparición de nuevas instituciones de crédito y nuevos bancos: Banco Hipotecario, Banco de la Provincia de Buenos Aires (1871), Banco Nacional (1872), etc.

Para adaptarse a este nuevo orden de cosas el país se modernizó institucionalmente con la organización de la justicia. la sanción de tos distintos códigos (de Comercio, Civil) y la organización de los regímenes inmigratorio, contable. rentístico y monetario.

CAMBIOS EN LA MENTALIDAD DE LA ÉLITE GOBERNANTE

Todos estos cambios modificaron la mentalidad de la burguesía dirigente. que fundamentaba su prestigio en su origen criollo, su caudal intelectual y los triunfos militares de sus antepasados; que desarrollaba su vida sobre la base de las tradiciones de austeridad y simplicidad criolla. Pero éstas comienzan a ser dejadas de lado al preferirse las formas de vida europea.

El dinero empieza a cobrar valor como tal; el lujo se incorpora a la vida diaria. Buenos Aires se moderniza: circulan las primeras líneas de tranvías; Sarmiento construye el parque Tres de Febrero en los terrenos de la antigua residencia de Rosas. La aristocracia porteña, para ponerse a tono con la nueva época, con frecuencia enviaba a sus hijos a estudiar a Europa. Todos estos factores incidieron para que. sobre todo en Buenos Aires, las formas de vida cambiaran fundamentalmente en la década del 80.

LA CONSOLIDACIÓN DEL PODER PRESIDENCIAL

Políticamente fue necesario asegurar la unidad nacional sobre la base de la integración del interior con Buenos Aires. Los resabios de la montonera (Peñaloza, Varela, López Jordán) fueron vencidos; sus métodos ya eran ineficaces en el nuevo orden.

Se afirmó la autoridad del gobierno nacional por sobre las pretensiones provinciales de autonomía, acentuándose el predominio de Buenos Aires. Se recurrió para ello a la conciliación política, pero el interior se unió para resistirlo y triunfó en la revolución de 1880: la ciudad de Buenos Aires quedó como capital de la República a pesar de la resistencia porteña. Pero el interior, aún controlando momentáneamente la política del país, no pudo impedir volcarse hacia el liberalismo y que persistiera la supremacía de Buenos Aires.

Fuente Consultada: Historia Argentina y El Mundo Contemporáneo Editorial AIQUE –
La Nación Argentina Historia 3 Editorial Kapelusz y Enciclopedia del Estudiante Historia Argentina

Funciones del Poder Judicial Argentina Division de Poderes

Funciones del Poder Judicial
División de Poderes

Así como el Poder Legislativo nacional reside en un Congreso y el Ejecutivo en un Presidente, el judicial, dice la Constitución, “será ejercido por una Corte Suprema de justicia y por los demás tribunales inferiores que el Congreso estableciere en el territorio de la Nación.

Este alto tribunal ha sido creado como un árbitro supremo, independiente, para dirimir todos los conflictos.

La Constitución Nacional ha establecido dos órdenes de justicia:

a – La justicia Federal o Nacional, que tiene jurisdicción sobre el territorio de la República.

b – La justicia ordinaria de cada provincia a que alude el Art. 50.

El Poder judicial es un poder independiente y por lo mismo dicta sus

Propios reglamentos de funcionamiento y nombra a sus empleados. El Presidente no puede ejercer, por ninguna razón, ni arrogarse facultades
judiciales, aunque los miembros de la Corte son nombrados por el Presidente con acuerdo del Senado. Las atribuciones del Poder judicial están legisladas en el artículo 97 al 100 de la Constitución.

La suma de facultades y atribuciones que la Constitución concede al Poder judicial se resume en la palabra jurisdicción. Esta significa la potestad de que se halla investido por la Constitución y por las leyes del Congreso para administrar justicia.

Corte Suprema de la Nación Argentina

Corte Suprema de la Nación Argentina

La Corte Suprema de Justicia de la Nación
La Constitución crea una Corte Suprema de Justicia. Al decir que es «suprema» se expresa que es el más alto tribunal de justicia de la Nación; sus decisiones son inapelables.

La Corte Suprema es, además, el intérprete máximo de la Constitución Nacional. Es quien interpreta, en caso de duda, y con carácter definitivo, el significado de las normas constitucionales. Por eso, se la ha definido como «guardián de la Constitución» y se ha dicho que «la Constitución es lo que la Corte dice que es».

Cuando la Corte Suprema efectúa una interpretación de una norma constitucional, esa interpretación es obligatoria para los tribunales inferiores.

La Corte puede declarar la inconstitucionalidad de cualquier norma (una ley, un decreto, etc.), pero debe hacerlo solamente ante la aplicación de esa norma en un caso concreto y a pedido de la parte afectada (por ejemplo: ante el pedido de un individuo en un juicio, que se* vea afectado por la aplicación de una ley). La declaración de inconstitucionalidad no deroga la norma cuestionada: si la Corte estuviera facultada para derogar una norma dictada por el Congreso o por el Presidente se violaría la división de poderes.

Existen diversos caminos judiciales por los que una causa puede llegar a la Corte Suprema: recursos de apelación impugnando sentencias de tribunales inferiores, recursos de revisión, de aclaratoria, de queja, etc.

La Constitución no determina el número de integrantes de la Corte, ni su organización y funcionamiento. Tampoco establece la forma en que debe ser elegido el magistrado que la presida. Todos esta aspectos han sido reglamentados por la Ley 23.774, que fijó en nueve el número de jueces que la integran.

Estos magistrados se denominan Ministros de la Corte y son designados por el Presidente de la Nación con acuerdo del senado y son ellos, según la ley, quienes deben designar a su presidente.

REQUISITOS PARA INTEGRAR LA CORTE SUPREMA: LOS establecidos por la Constitución Nacional son los siguientes:

• Ser abogado de la Nación con g anu3.de ejercicio profesional.
• Reunir las calidades necesarias para ser senador nacional (30 años cumplidos de edad, 6 años de ciudadanía si se es argentino por opción, etc.). Los ministros de la Corte prestan juramento «de desempeñar sus obligaciones, administrando justicia bien y legalmente, y en conformidad a lo que prescribe la Constitución». Ese juramento se presta ante el presidente de la Corte.

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Fuente Consultada: Educación Cívica 2 – Zuretti-Auza

Funciones del Poder Ejecutivo y Judicial Separacion de los Poderes

Funciones del Poder Ejecutivo y Judicial Separación de los Poderes

La misión fundamental del Ejecutivo es ejecutar la ley que sanciona el Poder Legislativo. Pero la ejecución de las leyes implica un vasto ejercicio de atribuciones de gestión de los asuntos públicos. Ello le concede un poder de intervención continua en la administración nacional.

Casa Rosada en Buenos Aires – Poder Ejecutivo Nacional

El ejercicio de las facultades del Poder Ejecutivo está a cargo del Presidente de la República y es, por lo mismo, unipersonal.

Pero además de las amplias facultades implícitas en el poder administrador, el Poder Ejecutivo, según ya vimos, posee la facultad de elaborar proyectos para la consideración del Congreso.

De modo que el Presidente, que ejerce el Poder Ejecutivo posee, en síntesis, estas atribuciones:

a – Facultades ejecutivas que ejerce por sí solo.

b – Facultades ejecutivas que ejerce con acuerdo del Senado como designar embajadores, nombrar jueces, etc.

c – Facultades legislativas derivadas de su facultad como colegiador.

Pero el ejercicio de esas atribuciones no agota la gestión del Ejecutivo, pues se agrega el ejercicio de atribuciones especiales. Se denomina atribuciones al conjunto de facultades, poderes y derechos inherentes a su función. Las atribuciones pueden ser:

a – Atribuciones administrativas
— Es el jefe supremo de la Nación y tiene a su cargo la administración general del país (Art. 67).

La administración general comprende todos los servicios administrativos que tiene el Gobierno Federal.

— En su carácter de jefe de la administración nacional por sí nombra y remueve a los ministros, a los agentes consulares y a los demás empleados de la administración; hace recaudar las rentas y decreta su inversión de acuerdo con la ley.

— Por ser jefe administrativo del gobierno expide instrucciones y reglamentos que son necesarios para la ejecución de las leyes.

b – Atribuciones políticas o gubernativas
— Participa en la formación de las leyes con arreglo a lo que expresa la Constitución.
— Hace anualmente la apertura del Congreso dando cuenta del estado de la Nación y recomendando a su consideración las medidas que estima convenientes.
— Es comandante en jefe de todas las fuerzas armadas de la Nación. Por lo mismo provee los empleos militares con acuerdo del Senado.
— Es el jefe inmediato de la Capital Federal.
— Nombra a los magistrados de la Corte Suprema y a los demás tribunales federales.
— Puede indultar o conmutar las penas por delitos sujetos a su jurisdicción federal.

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Funciones del Poder Legislativo Ejecutivo y Judicial Forma de Gobierno

Funciones del Poder Legislativo Ejecutivo y Judicial  Forma de Gobierno

En la doctrina republicana la función legislativa, como función de gobierno, es atribuida al Poder Legislativo. De modo que la función específica de este poder es hacer la ley, dictar la ley. Es por lo mismo un acto de la mayor importancia para el gobierno de un pueblo, porque el mismo se rige de acuerdo con las leyes.

Hacer la ley es, en suma, un acto de prudencia política, pues se debe hacer la ley justa, adecuada, oportuna, general para todos y que posea perdurabilidad.  La facultad de dictar leyes implica la de modificar o anular las ya dictadas.

unciones del Poder Legislativo Ejecutivo y Judicial

El poder legislativo nacional posee el carácter de ser bicamarista, porque se compone de dos cámaras. Es sabido que una de ellas es la de Diputados, formada por los diputados elegidos por el pueblo de todas las provincias. La otra es la de Senadores, formada por senadores elegidos por las provincias. Los primeros surgen de elecciones directas, en tanto que los segundos son resultado de una elección de segundo grado, pues son elegidos por las legislaturas de cada provincia.

La existencia de dos cámaras es otra expresión de la división de poderes, ya que la existencia de una y otra es una garantía para todos, permite un examen más cuidadoso de los proyectos e impide el abuso de una mayoría ubicada en una cámara. El sistema bicameral es el que establece nuestra Constitución en su artículo 36.

La sanción de las leyes se halla establecida en la Constitución. Conforme a ella, según su artículo 68, las leyes pueden tener principio en cualquiera de las dos Cámaras del Congreso, por proyectos presentados por sus miembros o por el Poder Ejecutivo. Esta facultad co-legislativa del Ejecutivo es otra manifestación de la separación de poderes y a la vez de la íntima relación entre ellos; pero es también comprensible desde el momento en que el Ejecutivo tiene a su cargo la administración general del país, y por ello tiene conocimiento de las necesidades de éste.

El Ejecutivo, a su vez, participa en la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las sanciona y las promulga. El Ejecutivo, además, concurre a las sesiones del Congreso a través de sus ministros y participa de los debates, pero no vota.
La tramitación normal de un proyecto de ley se halla establecida en el artículo 69 de la Constitución, que establece que, aprobado un proyecto de ley por la Cámara de su origen; pasa para su discusión a la otra Cámara. Aprobado por ambas, pasa al Poder Ejecutivo de la Nación para su examen. Si aquí obtiene aprobación, lo promulga como ley.

Promulgar una ley es el acto por el cual el Poder Ejecutivo ordena el cumplimiento de ley que le fue sometido para su aprobación, y dispone su publicación e inserción en el Registro Nacional. Al hacer ese acto se le otorga a la ley un número y aparece publicada en el Boletín Oficial.

La publicación de la ley tiene por objeto darla a conocer a los ciudadanos, a fin de que sea cumplida. En tanto la ley no es promulgada y publicada no tiene vigencia y carece de fuerza obligatoria Pero una vez publicada ningún habitante puede excusarse de conocerla, y está obligado a cumplirla. Finalmente, la publicación responde al principio de la publicidad de los actos de gobierno y es una manera que el pueblo tiene para ejercer el control de los actos del gobierno.

Si el Poder Ejecutivo deja pasar diez días sin pronunciarse ni devolver la ley al Congreso, se considera aprobada tácitamente. Por el contrario, cuando desecha en todo o en parte una ley dictada por el Congreso, la debe devolver con sus objeciones a la Cámara de origen. Se plantea aquí una serie de posibilidades que no enumeraremos y que legisla el articulo 72 de la Constitución.


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Forma de Gobierno de Argentina Republicana Federal y Representativa

Forma de Gobierno de Argentina
Republicana , Federal y Representativa

Forma de gobierno:

El artículo primero de la Constitución establece: “La Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal, según lo establece la presente Constitución”. Veamos, en forma somera, estas nociones.

1- Es una república: La palabra república proviene del latín res (cosa), y pública (del pueblo). Esto quiere decir, etimológicamente, la «cosa pública”, loque es del pueblo, de todos. Para nosotros designa una forma de gobierno, opuesta a la monarquía, e implica división de poderes, publicidad de los actos de gobierno, periodicidad de los funcionarios que ejercen los cargos.

La república puede ser democrática o aristocrática. Se llama república aristocrática a aquella en que gobierna una casta, un grupo, una clase. Es el caso de Atenas, de Roma, de Florencia. Una república democrática es aquella en la que todo el poder o soberanía reside en el pueblo y éste lo delega en sus representantes.

2- En una república democrática el poder pasa de los ciudadanos a los representantes que ellos mismos eligen. Por ello se dice que es una democracia representativa, como es el caso de nuestra constitución. En ella el pueblo no delibera ni gobierna por sí mismo sino a través de sus representantes.

La representación en democracia reúne las siguientes condiciones

a- Todos los titulares del poder público actúan como representantes del pueblo y su actividad se halla abierta a la fiscalización popular o del ciudadano;
b-
Los representantes son designados mediante elección popular y se renuevan periódicamente.

3- Es federal, es decir, es una república democrática, representativa y federal. Esto quiere decir que, además de reunir as condiciones antes mencionadas, admite que las comunidades locales (provincias o estados) conserven una parte de los poderes que no delegan, o dispongan de sus propios órganos de gobierno. Tal es el caso, entre nosotros, de la existencia de gobiernos provinciales, que conservan todo el poder no delegado y actúan con autonomía.

La Constitución Nacional emplea la palabra “Autoridades de la Nación” para designar los dos órdenes de gobiernos que existen en ella, a saber, el gobierno de la Nación toda, y el de las provincias.

Por Gobierno Nacional se entiende al “Gobierno Federal” y a los “Gobiernos de Provincia”. Esto quiere decir que para la Constitución las autoridades que ejercen la soberanía de todo el pueblo están organizadas en gobiernos, y éstos, a su vez, en poderes, bajo la forma representativa y republicana.

Luego se llama Gobierno Federal al conjunto de poderes que ejercen la autoridad en el orden Nacional. Se habla de Gobierno Federal cuando se refiere a la Nación.

El fundamento de la división de poderes

El fundamento debe hallarse en la idea de que no es buena la concentración del poder en una sola persona o entidad. En cambio, estando el poder dividido en tres entidades, separadas pero íntirnamente vinculadas y enlazadas, se produce un sistema de equilibrio o contrapeso entre ellos.

Así el poder legislativo ejerce una especie de poder de fiscalización sobre los otros dos: sobre el ejecutivo cuando aprueba o rechaza sus proyectos de ley, y sobre el judicial, cuando dicta los códigos y presta acuerdo para designar a los jueces. A su vez el poder judicial puede declarar inconstitucional una ley del congreso.

Y el Poder Ejecutivo es el posee sus atribuciones enumeradas y todos  sus actos  se hallan sometidos a la aprobación y examen legislativo y hasta puede ser sometido el Presidente a juicio político del congreso. Pero a su vez el Ejecutivo posee facultades de excepción, para casos muy especiales, cuando peligra la paz pública, como dictar el estado de sitio o enviar intervención a las provincias cuando no está reunido el congreso.

Fuente: Educación Cívica 2 – Zuretti-Auza

Forma de Gobierno de Argentina Republicana Federal y Representativa

Forma de Gobierno de Argentina
Republicana Federal y Representativa

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Forma de gobierno:

El artículo primero de la Constitución establece: “La Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal, según lo establece la presente Constitución”. Veamos, en forma somera, estas nociones.

1- Es una república: La palabra república proviene del latín res (cosa), y pública (del pueblo). Esto quiere decir, etimológicamente, la «cosa pública”, loque es del pueblo, de todos. Para nosotros designa una forma de gobierno, opuesta a la monarquía, e implica división de poderes, publicidad de los actos de gobierno, periodicidad de los funcionarios que ejercen los cargos.

La república puede ser democrática o aristocrática. Se llama república aristocrática a aquella en que gobierna una casta, un grupo, una clase. Es el caso de Atenas, de Roma, de Florencia. Una república democrática es aquella en la que todo el poder o soberanía reside en el pueblo y éste lo delega en sus representantes.

2- En una república democrática el poder pasa de los ciudadanos a los representantes que ellos mismos eligen. Por ello se dice que es una democracia representativa, como es el caso de nuestra constitución. En ella el pueblo no delibera ni gobierna por sí mismo sino a través de sus representantes.

La representación en democracia reúne las siguientes condiciones

a- Todos los titulares del poder público actúan como representantes del pueblo y su actividad se halla abierta a la fiscalización popular o del ciudadano;

b- Los representantes son designados mediante elección popular y se renuevan periódicamente.

3- Es federal, es decir, es una república democrática, representativa y federal. Esto quiere decir que, además de reunir as condiciones antes mencionadas, admite que las comunidades locales (provincias o estados) conserven una parte de los poderes que no delegan, o dispongan de sus propios órganos de gobierno. Tal es el caso, entre nosotros, de la existencia de gobiernos provinciales, que conservan todo el poder no delegado y actúan con autonomía.

La Constitución Nacional emplea la palabra “Autoridades de la Nación” para designar los dos órdenes de gobiernos que existen en ella, a saber, el gobierno de la Nación toda, y el de las provincias.

Por Gobierno Nacional se entiende al “Gobierno Federal” y a los “Gobiernos de Provincia”. Esto quiere decir que para la Constitución las autoridades que ejercen la soberanía de todo el pueblo están organizadas en gobiernos, y éstos, a su vez, en poderes, bajo la forma representativa y republicana.

Luego se llama Gobierno Federal al conjunto de poderes que ejercen la autoridad en el orden Nacional. Se habla de Gobierno Federal cuando se refiere a la Nación.

La división de los poderes gubernativos significa que la delegación de soberanía que los ciudadanos ejercen se traslada a órganos o titulares distintos entre sí e independientes unos de otros. Este principio fue expuesto por Montesquieu en su célebre obra El espíritu de las leyes, dedicada a la constitución de Inglaterra. Luego pasó a las formas democráticas constitucionales de todos los países del mundo.

La división o separación de poderes aplicada a una constitución es la que crea tres poderes, a saber, el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Hablar de una tal división significa que el poder delegado
por los ciudadanos no se halla concentrado en una sola persona o en una sola entidad que tiene a su cargo dictar la ley, hacerla cumplir e interpretarla.

La separación de los poderes responde a una experiencia universal y demuestra que es la forma más adecuada para defender el derecho de las  tentativas de la tiranía, la dictadura, el autoritarismo.

Nuestra Constitución adopta el principio de la separación de los poderes según lo hemos ya visto. El Poder Legislativo es el que tiene facultad de dictar la ley, suspenderla, modificarla, anularla, según lo que establece la Constitución misma. El Poder Ejecutivo es el que posee la facultad de ejecutarla y reglamentaria. El Poder Judicial es aquel que esta facultado para actuar como intérprete y además, entre nosotros, goza del derecho de declarar la inconstitucionalidad de las leyes.

Decir que se trata de poderes separados es una manera de expresar que cada uno goza de su propia esfera de acción o competencia; pero se combinan y se complementan mutuamente entre si, se coordinan y en lazan.

Las facultades de que goza cada uno están señaladas por la Constitución; pero, repetimos, la carta no fija entre ellos separación absoluta, de modo que hay y debe haber estrecha colaboración. Por ello nadie puede otorgar a un poder más facultades que las que ya posee.

La armonía de los poderes Legislativo, Ejecutivo y judicial se ejerce de tal manera que cada uno es supremo en su jurisdicción; pero, al mismo tiempo, cada uno es un auxiliar y ejecutor de los otros dos. Así el Presidente cumple y manda cumplir las leyes que dicta el Congreso y las sentencias de los tribunales; el Judicial aplica las leyes del Congreso y los reglamentos del poder Ejecutivo; el Legislativo, a su vez, respeta los actos del Ejecutivo realizados en cumplimiento de sus facultades.

El fundamento de la división de poderes

El fundamento debe hallarse en la idea de que no es buena la concentración del poder en una sola persona o entidad. En cambio, estando el poder dividido en tres entidades, separadas pero íntimamente vinculadas y enlazadas, se produce un sistema de equilibrio o contrapeso entre ellos.

Así el poder legislativo ejerce una especie de poder de fiscalización sobre los otros dos: sobre el ejecutivo cuando aprueba o rechaza sus proyectos de ley, y sobre el judicial, cuando dicta los códigos y presta acuerdo para designar a los jueces. A su vez el poder judicial puede declarar inconstitucional una ley del congreso.

Y el Poder Ejecutivo es el posee sus atribuciones enumeradas y todos  sus actos  se hallan sometidos a la aprobación y examen legislativo y hasta puede ser sometido el Presidente a juicio político del congreso. Pero a su vez el Ejecutivo posee facultades de excepción, para casos muy especiales, cuando peligra la paz pública, como dictar el estado de sitio o enviar intervención a las provincias cuando no está reunido el congreso.

Frase para la reflexión

Fuente Consultada: Educación Cívica 2 – Zuretti-Auza

Forma de Gobierno Federal: Republicana y Federal

Forma de Gobierno Federal:Republicana, Democrática y Federal

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El artículo primero de la Constitución establece: “La Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal, según lo establece la presente Constitución”. Veamos, en forma somera, estas nociones.

1- Es una república: La palabra república proviene del latín res (cosa), y pública (del pueblo). Esto quiere decir, etimológicamente, la «cosa pública”, loque es del pueblo, de todos. Para nosotros designa una forma de gobierno, opuesta a la monarquía, e implica división de poderes, publicidad de los actos de gobierno, periodicidad de los funcionarios que ejercen los cargos.

La república puede ser democrática o aristocrática. Se llama república aristocrática a aquella en que gobierna una casta, un grupo, una clase. Es el caso de Atenas, de Roma, de Florencia. Una república democrática es aquella en la que todo el poder o soberanía reside en el pueblo y éste lo delega en sus representantes.

2- En una república democrática el poder pasa de los ciudadanos a los representantes que ellos mismos eligen. Por ello se dice que es una democracia representativa, como es el caso de nuestra constitución. En ella el pueblo no delibera ni gobierna por sí mismo sino a través de sus representantes.

La representación en democracia reúne las siguientes condiciones

a- Todos los titulares del poder público actúan como representantes del pueblo y su actividad se halla abierta a la fiscalización popular o del ciudadano;
b-
Los representantes son designados mediante elección popular y se renuevan periódicamente.

3- Es federal, es decir, es una república democrática, representativa y federal. Esto quiere decir que, además de reunir as condiciones antes mencionadas, admite que las comunidades locales (provincias o estados) conserven una parte de los poderes que no delegan, o dispongan de sus propios órganos de gobierno. Tal es el caso, entre nosotros, de la existencia de gobiernos provinciales, que conservan todo el poder no delegado y actúan con autonomía.

La Constitución Nacional emplea la palabra “Autoridades de la Nación” para designar los dos órdenes de gobiernos que existen en ella, a saber, el gobierno de la Nación toda, y el de las provincias.

Por Gobierno Nacional se entiende al “Gobierno Federal” y a los “Gobiernos de Provincia”. Esto quiere decir que para la Constitución las autoridades que ejercen la soberanía de todo el pueblo están organizadas en gobiernos, y éstos, a su vez, en poderes, bajo la forma representativa y republicana.

Luego se llama Gobierno Federal al conjunto de poderes que ejercen la autoridad en el orden Nacional. Se habla de Gobierno Federal cuando se refiere a la Nación.

organizacion de la constitucion argentina

Fuente Consultada: Educación Cívica 2 – Zuretti-Auza

La Organizacion Politica de Argentina Origen de la Constitucion

Organización Política de Argentina – Objetivos y Fundamentos
Origen de la Constitución Nacional

«La Constitución de 1853escribe el historiador argentino Ricardo Levene— pacificó el país sobre la base de la unión de todos los argentinos y lo organizó como no lo habían logrado los Estatutos y Reglamentos de 1811, 1815, 1817 y las Constituciones de 1819 y 1826.»

A las fuentes citadas, particularmente la Constitución de 1826 y el Pacto Federal de 1831, debe agregarse la influencia doctrinaria de la obra Las Basess de Juan Bautista Alberdi; del Dogma Socialista, de Esteban Echeverría y del libro de los norteamericanos Hamilton, Madison y Jay titulado El Federalista, que analiza la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica.

Las Bases fueron publicadas por vez primera en Valparaíso —mayo de 1832— cuando Alberdi se encontraba todavía expatriado en Chile. El trabajo fue remitido a varios compatriotas, entre ellos Urquiza, quien elogió su indudable valor. La edición definitiva se imprimió en Francia.

El libro consta de 37 capítulos, una introducción y como apéndice un proyecto de Constitución. Alberdi concreta su pensamiento en la fórmula «gobernar os poblar» y luego de analizar varias constituciones de países americanos, sostiene que la República Argentina debe regirse por un sistema de gobierno —de ¡muerdo con antecedentes federales y unitarios— a cargo de un poder superior que i<i:spete las autonomías provinciales.

La Carta Fundamental del país del norte (EE.UU) sirvió de modelo, debido a su federalismo puro, pero esta expresión no debe interpretarse en el sentido de que el trabajo de la comisión redactora fuera una simple copia servil o un calco de aquélla.

Los autores de la Constitución de 1853 consultaron antecedentes institucionales de nuestro país y del extranjero, para luego redactar un trabajo orgánico, que interpretó el pasado histórico y el sentir nacional. Cuando transcribieron el texto de una declaración que figuraba en una obra extranjera, lo hicieron persuadidos de su necesidad en nuestro medio, al efecto de satisfacer una realidad argentina.

Los diputados constituyentes coincidieron con los pensadores de la Asociación de Mayo —que sosteníanla conciliación de los principios federales y unitarios— para llegar a una fórmula federal mixta o federounitaria, que permitió organizar la República después de tantos años de luchas partidarias.

La Constitución sancionada el 1º de mayo de 1853 significó la unidad jurídica de la Nación, pues si bien las provincias podían dictar sus propias constituciones y regirse por ellas, sus declaraciones y demás preceptos debían estar de acuerdo con la Ley Suprema, es decir, la Constitución Nacional.

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1. Etapas de la organización política argentina
La organización política argentina es producto de un largo proceso que sé extiende de 1810 a 1852. Durante esos cuarenta y dos años se llevaron a cabo numerosos ensayos de organización que, si bien ninguno de ellos logró definitiva vigencia, fueron dando los elementos esenciales de la forma de organización política que deseaba el pueblo, manifestando de paso, la voluntad nacional de constituir una nueva nación.
La caída de Rosas en 1852 permitió poner fin a ese largo proceso de lenta elaboración, dictar una Constitución que satisficiera las aspiraciones generales y lograr por lo mismo pleno consenso.

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El Fundamento de la Organización:

La base o el fundamento de la organización política argentina fue establecido por la Revolución de Mayo en 1810,cuando en sus primeras manifestaciones de resistencia al gobierno español proclamé el principio de la soberanía del pueblo.

Ese principio se halla implícito en las gestiones que Belgrano y Saavedra enuncian al solicitar que sin demora se “celebre un cabildo abierto, a fin de que, reunido el pueblo en asamblea general, acordase si debía cesar el Virrey en el mando y se erigiese una Junta Superior de Gobierno que mejorase la suerte de la patria”.

Es Saavedra quien expresa al virrey Cisneros que “el pueblo quiere reasumir sus derechos”. En el oficio en que se pide el día 21 celebrar un cabildo abierto se habla de que “un congreso público exprese la voluntad del pueblo”. De esta manera el cabildo abierto que se celebra & día 22 de mayo de 1810 puede considerarse como el primer congreso argentino. Es allí donde Castelli expresa que “al pueblo corresponde reasumir la soberanía”, a lo que agregó Saavedra que “no queda duda que el pueblo es el que confiere la autoridad o mando”.

Organizacion politica de argentina, Primera Junta de Gobierno 1810

Organizacion politica de argentina, Primera Junta de Gobierno 1810

Estas expresiones de nuestros primeros patriotas, que nosotros resumimos brevemente, manifiestan un hecho real, cual es la caducidad del gobierno español en estas tierras, y el traspaso de la soberanía al pueblo, quien a su vez, la delegaba en una Junta Gubernativa. Ella reasumía el poder y se le encomendaba convocar a un congreso con el objeto de definir la forma definitiva de gobierno.

Quedaba así consagrado el principio de la soberanía popular, o sea, que el poder reside en el pueblo y es éste quien lo delega en sus representantes. Además, al efectuar la consulta a los pueblos del interior, se iniciaba el principio de la forma federativa.

Tenemos entonces que en Mayo de 1810 surgen las tres bases fundamentales de la organización política argentina, a saber:

a – Ejercicio de la soberanía popular

b – El sistema representativo de gobierno

c – Forma federativa de gobierno

GRANDES DEMÓCRATAS DE LA ORGANIZACION NACIONAL

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Justo José de Urquiza: Nació en Concepción del Uruguay en 1801. Fue militar.
En 1841 fue elegido gobernador de la provincia. Fundó el célebre colegio de Concepción del Uruguay.
Fue Presidente de la Nación en el período 1854-1860.
Posteriormente fue otra vez gobernador de Entre Ríos.
Murió asesinado en 1870.

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Juan Bautista Alberdi: Nació en Tucumán en 1810.
Fue gran escritor y hombre de mucha ilustración. Participó en el Salón Literario y en la Asociación de Mayo.
Es el autor de «Bases», obra que ejerció preponderante influencia en los constituyentes de 1853.
Murió en Francia en 1884.

Fray Mamerto Esquiú:
Nació en Catamarca en 1826. Fue sacerdote franciscano y notable creador. Fue llamado el «Orador de la Constitución». Ejerció el periodismo. Fue diputado y convencional. Rechazó el ofrecimiento del arzobispado de Buenos Aires.
Fue Obispo de Córdoba.
Murió en Catamarca en 1883.
Dejó fama de hombre sencillo, austero y virtuoso.

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Bartolomé Mitre:
Nació en Buenos Aires en 1821. Fue periodista, político y orador. Literato e historiador. Fundó el diario La Nación. Escribió las clásicas «Historia de San Martín» e «Historia de Belgrano».Participó en la batalla de Caseros.
Fue vencido por Urquiza en Cepeda y fue vencedor en Pavón.
Fue Presidente de la República en el período 1862-1868.
Fue Generalísimo en la guerra contra el Paraguay.
Murió en Buenos Aires en 1906.

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Domingo Faustino Sarmiento
Nació en San Juan en 1811.
Fue político, periodista, educador, escritor.
Fue senador nacional, ministro, gobernador de San Juan.
Fue Presidente de la República en el período 1868-1874.
Es famoso por su obra educadora.
Murió en Asunción en 1888.

Vicente Fidel López
Nació en Buenos Aires en 1815. Fue novelista, historiador, periodista.
Fue Rector de la Universidad de Buenos Aires y ministro de
Instrucción Pública.
Murió en Buenos Aires en 1878.

Juan María Gutiérrez
Nació en Buenos Aires en 1809. Participó en el Salón Literario. Fue constituyente en Santa Fe.
Fue rector de la Universidad de Buenos Aires y ministro de
Relaciones Exteriores.
Sobresalió por su actividad literaria.
Murió en Buenos Aires en 1878.

LOS CONSTITUYENTES DE 1853:

Catamarca: Pedro Centeno y Pedro Ferré.
Córdoba: Juan del Campillo y Santiago Derqui.
Corrientes: Pedro Díaz Colodrero y Luciano Torrent.
Entre Ríos: Juan María Gutiérrez y Roque Pérez.
Jujuy: Manuel Padilla y José de la Quintana.
La Rioja: Regis Martínez.
Mendoza: Martín Zapata y Agustín Delgado.
Salta: Facundo Zuviría y José M. Zuviría.
San Juan: Salvador M. del Carril y Ruperto Godoy.
San Luis. Delfín Huergo y Juan Llerena.
Santa Fe: Manuel Leiva y Juan F. Seguí.
Santiago del Estero: José Gorostiaga y Benjamín Lavaisse.
Tucumán: José Manuel Pérez y Salustiano Zavalía.

PARA SABER MAS…

¿Qué es la organización política del Estado Democrático?

La organización política del Estado se refiere al modo en que es estructurado el poder en el Estado. La organización política nuestro país está determinada básicamente en el artículo 1° de la Constitución Nacional, que ya hemos analizado. Nuestro Estado es federal y su gobierno democrático y representativo.

La forma de gobierno es un problema muy antiguo, que surgió e el momento en que los hombres comenzaron a organizarse en comunidades, ya que toda comunidad está siempre conducida por uno o más hombres que forman su gobierno. La estructura y le principios que guían a los que gobiernan, y las relaciones que establecen con los gobernados, son los datos necesarios para conoce: la organización política de cada comunidad.

¿Cómo funcionan los poderes del Estado en nuestro país?

Nuestro gobierno está integrado por tres poderes: el Legislativo, él Ejecutivo y el Judicial.
Estos poderes actúan de acuerdo con las disposiciones de la Constitución Nacional. Las normas contenidas en nuestra Ley Fundamental están inspiradas en los siguientes principios:

Separación de poderes. La separación de poderes es uno de los pilares del Estado de Derecho. La concepción fue elaborada por Montesquieu, en la segunda mitad del siglo XVIII, y luego fue incorporada a todas las constituciones modernas. De acuerdo con esta teoría, el poder debe estar distribuido en varios órganos, a cada uno de los cuales se le atribuirán determinadas funciones. A través de esta división del poder se desea evitar su concentración en manos de una sola persona u órgano, para evitar un ejercicio abusivo e injusto del mismo.

Los poderes actúan de manera independiente pero, al mismo tiempo, se controlan recíprocamente. Los poderes, además de sus funciones propias, poseen alguna competencia sobre los otros. Veamos el siguiente ejemplo: el Poder Legislativo sanciona las leyes, el Poder Ejecutivo las promulga o las veta y el Poder Judicial controla que no contradigan el texto constitucional.

Por otra parte, la separación de poderes apunta a que se logre una especialización en el ejercicio de las funciones estatales. Es decir, que algunos órganos se ocupen de administrar, otros de juzgar, que ciertos hombres se dediquen a la economía, etcétera.

Origen democrático de los ocupantes de los poderes estatales. Los poderes del Estado son ejercidos por personas. Estas personas sólo pueden acceder a dichos cargos por el voto popular. Los integrantes del Poder Judicial no son elegidos directamente por el pueblo.

 • Periodicidad en el ejercicio de las funciones. Este principio determina que los titulares de los poderes políticos del Estado no pueden permanecer en sus funciones indefinidamente. De este modo, se busca asegurar el recambio en el ejercicio de los cargos, como así también, posibilitar que el electorado pueda sancionar a funcionarios cuyo desempeño no le ha resultado positivo. La sanción consistirá en la no reelección de esos funcionarios.

Publicidad de los actos de gobierno. La actividad de las instituciones debe ser conocida por todos. Si los gobernantes son nuestros representantes nos deben rendir cuenta de los actos. Además, debemos estar informados para saber cuál es el contenido de las normas que regulan nuestras actividades. Por este motivo, todas las leyes y decretos se publican en una publicación que se llama Boletín Oficial y sólo a partir de ese momento son obligatorios.

Los actos de gobierno están sujetos a control. Además de los controles que se realizan mutuamente los poderes, existen órganos y procedimientos especiales para ello, entre los cuales debemos destacar la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, que fiscaliza la actuación de los funcionarios de la administración y, en caso de encontrar irregularidades, debe denunciarlas ante el Poder Judicial.

¿Cuáles son las funciones del poder?

El poder está integrado por las funciones legislativa, administrativa y judicial o jurisdiccional.
• La
función legislativa: consiste en la elaboración de leyes. Las leyes son normas generales y abstractas porque no están destinadas a resolver un caso concreto, como por ejemplo: un conflicto entre A y B, en razón de que B no cumplió con la entrega de algo que se comprometió a darle a A.

Las leyes están destinadas a todos por igual y se aplicarán a las diferentes cuestiones a las que están dedicadas. Por ejemplo: una ley de inversiones extranjeras regulará el régimen de los capitales de personas que no habitan nuestro país y desean invertir en él.

• La función administrativa: consiste en aplicar la ley a las situaciones concretas. Veamos algunos ejemplos: si la ley ha establecido un impuesto, deberán realizarse todos los actos que permitan una adecuada percepción del mismo. Si la ley ha establecido la construcción de un monumento o. de un establecimiento público, la función administrativa asegurará los procedimientos encaminados a la realización efectiva de esas obras.

• La función jurisdiccional: a través de esta función se deciden los conflictos existentes entre las personas. Para ello se aplican las leyes y se interpretan sus contenidos. A quienes no hayan cumplido las disposiciones legales, se les aplicarán sanciones. Por ejemplo: si A le reclama a B el pago de los alquileres que B le adeuda, y B se rehusa a hacerlo, A deberá presentar el asunto al juez que sea competente para el caso, quien lo resolverá, aplicando la legislación referente al mismo y de acuerdo con las circunstancias que lo rodean.

El gobierno es ejercido por tres poderes: el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. Estos poderes desempeñan las funciones que acabamos de describir.

Fuente Consultada:
Instrucción Cívica 2 D.A. Sabsay – S.G. Jáuregui
Instrucción Cívica Norberto Fraga – Gabriel Ribas Editorial A-Z
Educación Cívica 2 – Zuretti-AuzaF
Educación Democrática de Argentino Moyano Coudert – Texto Para 3º Año – Tercera Edición- Editorial Guadalupe

Los derechos hombre y del ciudadano Asamblea Constituyente de 1789

Los Derechos Hombre y del Ciudadano
Asamblea Constituyente de 1789

HISTORIA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS: Cotidianamente, las personas enfrentan problemas y conflictos de diversa gravedad, originados por muy diferentes razones. Al mismo tiempo, en la actualidad, a cada persona le parece totalmente natural tener derechos y saber que hay instituciones cuya función es garantizarlos. También le parece natural recurrir a la justicia cuando alguno de esos derechos ha sido avasallado y exigir que ella garantice la protección de los derechos individuales en la resolución de una situación conflictiva.

Sin embargo, esto no fue así durante la mayor parte de la historia de la humanidad. Hasta el siglo XVII en las sociedades europeas y orientales era común considerar que las personas no eran iguales entre sí; que su nacimiento las diferenciaba en determinadas condiciones sociales y que, por lo tanto, no todos tenían los mismos derechos. Algunos grupos sociales, en cambio, tenían más privilegios que otros.

Incluso, se llegó a considerar como algo natural que algunos hombres no fueran libres. A los esclavos no sólo no les era reconocido ningún derecho, sino que ni siquiera podían disponer de su persona.

En la actualidad, la gran mayoría de nosotros sentimos horror ante la guerra y todo tipo de violencia y anhelamos que los conflictos se resuelvan de manera pacífica.

Sin embargo, aunque hoy nos resulte extraño, durante muchos siglos la guerra fue considerada como una de las actividades más importantes de las sociedades. Y la mayor parte de los conflictos, personales, familiares y sociales, casi siempre se resolvía por la imposición de la fuerza.

La idea de que «todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos» comenzó a generalizarse en algunas sociedades europeas recién en el siglo XVII.

Desde entonces hasta la actualidad, la humanidad ha realizando enormes esfuerzos para que esa idea se haga realidad. Y aunque cada día -cuando leemos los diarios o vemos los noticieros de la televisión- sentimos que el camino que queda por recorrer es muy largo todavía, estamos seguros de que vale la pena seguir intentándolo.(Fuente Consultada: Los Derechos de las Personas Alonso-Bachmann-Correale)

Los representantes del pueblo francés, constituidos en Asamblea Nacional, considerando que la ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos del hombre, son las principales causas de las desgracias públicas y de la corrupción de los gobiernos, han resuelto exponer en una declaración solemne los derechos naturales, inalienables y sagrados del hombre, para que esta declaración, constantemente presente a todos los miembros del cuerpo social, les recuerde sin cesar sus derechos y sus deberes; para que los actos del poder legislativo y  del poder ejecutivo puedan en cada instante ser comparados con el objeto de toda institución política y sean más respetados; para que las reclamaciones de los ciudadanos, fundadas desde ahora sobre principios simples e incontestables, tiendan siempre al mantenimiento de la Constitución y a la felicidad de todos.

En consecuencia, la Asamblea Nacional reconoce y declara, en presencia y bajo los auspicios del Ser Supremo, los siguientes derechos del hombre y del ciudadano.

ARTÍCULO 1. Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales no pueden fundarse más que sobre la utilidad común.

ARTICULO 2. El objeto de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Estos derechos son la libertad, la seguridad y la resistencia a la opresión.

ARTÍCULO 3. El principio de toda soberania reside esencialmente en la nación. Ningún cuerpo ni individuo puede ejercer autoridad que no emane expresamente de ella.

ARTÍCULO 4. La libertad consiste en poder hacer todo aquello que no dañe a otro; por lo tanto, el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre no tiene otros límites que los que aseguren a los demás miembros de la sociedad el disfrute de estos mismos derechos. Estos límites no pueden ser determinados más que por la ley.

ARTICULO 5. La ley no tiene el derecho de prohibir más que las acciones nocivas a la sociedad.

Todo lo que no está prohibido por la lev no puede ser impedido, y nadie puede ser obligado a hacer lo que ella no ordena.

ARTICULO 6. La ley es la expresión de la voluntad general. Todos los ciudadanos tienen derecho a contribuir personalmente, o por medio de sus representantes, a su formación. La ley debe ser idéntica para todos, tanto para proteger como para castigar. Siendo todos los ciudadanos iguales ante sus ojos, son igualmente admisibles a todas las dignidades, puestos y empleos públicos, según su capacidad, y sin otra distinción que la de sus virtudes talentos.

ARTÍCULO 7. Ningún hombre puede ser acusado, arrestado ni detenido más que en los casos determinados por la lev y según las formas por ella prescritas. Los que soliciten, expidan, ejecuten o hagan ejecutar órdenes arbitrarias, deben ser castigados, pero todo ciudadano llamado o designado en virtud de la ley, debe obedecer en el acto: su resistencia le hace culpable.

ARTÍCULO 8. La ley no debe establecer más que las penas estrictas y evidentemente necesarias, y nadie puede ser castigado más que en virtud de una ley establecida y promulgada con anterioridad al delito, y legalmente aplicada.

ARTICULO 9. Todo hombre ha de ser tenido por inocente hasta que haya sido declarado culpable, y si se juzga indispensable detenerle, todo rigol- que no fuere necesario para asegurarse de su persona debe ser severamente reprimido por la ley.

ARTÍCULO 10. Nadie debe ser molestado por SUS opiniones, incluso religiosas, con tal de que su manifestación no altere el orden público establecido por la ley.

ARTICULO 11. La libre comunicación de los pensamientos y de las opiniones es uno de los más preciosos derechos del hombre. Todo ciudadano puede, pues, hablar, escribir, imprimir libremente, salvo la obligación de responder del abuso de esta libertad en los casos determinados por la ley.

ARTÍCULO 12. La garantía de los derechos del hombre y del ciudadano necesita de una fuerza pública; esta fuerza queda instituida para el bien común y no para la utilidad particular de aquellos a quienes está confiada.

ARTÍCULO 13. Para el mantenimiento de la fuerza pública y para los gastos de administración es indispensable una contribución común. Esta contribución debe ser repartida por igual entre todos los ciudadanos, en razón de sus facultades.

ARTÍCULO 14. Todos los ciudadanos tienen el derecho de comprobar, por sí mismos o por sus representantes, la necesidad de la contribución pública, de consentirla libremente, de vigilar su empleo y de determinar su cuantía, su asiento, cobro y duración.

ARTÍCULO 15. La sociedad tiene el derecho de pedir cuentas a todo agente público de su administración.

ARTÍCULO 16. Toda sociedad en la que la garantía de los derechos no está asegurada, ni la separación de los poderes determinada, no tiene Constitución.

ARTÍCULO 17. Siendo la propiedad un derecho inviolable y sagrado, nadie puede ser privado de ella, si no es en los casos en que la necesidad pública, legalmente comprobada, lo exija evidentemente, y bajo la condición de una indemnización justa y previa.

ARTÍCULO 18: Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. […]

ARTÍCULO 19: Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.

ARTÍCULO 20: 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. [… ]

ARTÍCULO 21:1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. […]

ARTÍCULO 23: 1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. 2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.

3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.

4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. Art. 24: Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.

ARTÍCULO 25:1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. […]

ARTÍCULO 26: 1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. […] Art. 27: Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten.

(Decretados por la Asamblea Nacional Francesa en agosto de 1789).

OBJECIONES: Es cierto que a esta declaración de derechos se le pueden en la actualidad hacer serias objeciones doctrinales y políticas.

Entre otras:
— su carácter individualista,
— el desconocimiento de los derechos de las familias y grupos sociales,
— su despreocupación por los problemas sociales,
— el no haber tenido en cuenta los derechos económicos y culturales,
— su inexacta noción de libertad (art. 49).
— lo impreciso del concepto de soberanía (art. 59).
— su concepción liberal de la propiedad (art. 17).

Pero es evidente que ella señala un adelanto fundamental en la vida política de la humanidad: el hombre, su libertad y sus derechos son puestos como fundamento de todo el ordenamiento político.

El principio de la libertad e igualdad de los hombres, la abolición de los injustos privilegios, la igualdad ante la ley, la soberanía popular, la ley como expresión de voluntad comunitaria, la libertad de pensamiento y expresión, las garantías judiciales, el control de los funcionarios, son principios que a partir de la Revolución Francesa serán incorporados a la vida política de casi todos los pueblos.

Su concepción individualista y el desconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales están subsanados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Asamblea General de las Naciones Unidas del año 1948.

La revolución tomó características violentas, prevaleciendo la acción de los más exaltados. Se instauró «el terror» y la dictadura jacobina, hubo todo género de excesos y arbitrariedades, se desencadenó una violenta persecución religiosa y política, el rey, su familia y miles de personas murieron guillotinadas o asesinadas. Los mismos jefes de la revolución acabaron en su mayor parte víctimas de la violencia.

Del caos revolucionario surgió Napoleón Bonaparte, cónsul en 1799 y emperador en 1804, que avasalló a casi toda Europa.
A pesar de sus excesos la Revolución Francesa aportó nuevos principios para la organización del poder político.

López Cordón, Ma. Victoria et al.,
Análisis y comentarios de textos históricos II. Edades Moderna y Contemporánea,
Madrid, Alhambra, 1987, pp. 221-222.
Educación Democrática de Argentino Moyano Coudert – Texto Para 3º Año – Tercera Edición- Editorial Guadalupe

Ver: Violación de los Derechos Humanos

Luchas Por La Igualdad de Derechos entre Blancos y Negros Malcolm X

Luchas Por La Igualdad de Derechos Entre Blancos y Negros

Con la llegada al pode de Jonh F. Kennedy (1925-1963) se intensificó en la sociedad norteamericana un movimiento social que lucho por la igualdad racial y de oportunidades, llamado Movimiento por los Derechos Civiles. La meca de la libertad exhibía para fines de los años cincuenta ejemplos dignos del apartheid.

Incluso en la costa Este, en las desprejuiciadas Chicago y Nueva York, domésticas y músicos negros por igual debían ingresar por la puerta de servicio. En las Fuerzas Armadas, los soldados de color eran marginados y durante la Segunda Guerra Mundial prestaban servicios como changadores.

El asesinato de afroamericanos por parte de blancos era todavía común en los cincuenta y en gran parte del sur no se castigaba a los culpables. Pero el asesinato de Emmet Till (1934-1955), un adolescente de Chicago de visita con su familia en Mississippi durante el verano de 1955, no pasó desapercibido.

Unas 50.000 personas vieron el cuerpo de Emmet Till durante el funeral en su casa de Chicago y muchos miles más fueron expuestos a la evidencia cuando una fotografía de su cadáver, desfigurado a golpes, fue publicada en la revista Jet. Los dos asesinos fueron arrestados el día después de la desaparición de Till, y declarados inocentes un mes más tarde tras una deliberación de 67 minutos por parte del jurado.

Mississippi, en el Sur profundo oficiaba de cuna del Ku Klux Klan, una organización secreta fundada a finales de la Guerra Civil Norteamericana que se encargaba de castigar y asesinar a los negros insurrectos y que fue reflotada al calor de la lucha por los Derechos Civiles.

En un hecho más conocido, el lo de diciembre de 1955, Rosa Parks (1913-2005) —la “madre del Movimiento por los Derechos Civiles”— se rehusó a levantarse de su asiento en un autobús público para dejárselo a un pasajero blanco, tal como marcaban las reglas de la compañía del Estado de Alabama.

Activistas como Edgar Nixon (1899-1987), entre otros, persuadieron al reverendo Martin Luther King (1929-1968) para que dirigiera un boicot contra la compañía de autobuses de Montgomery. El mismo duró un año, hasta que una corte federal ordenó a la empresa levantar la reglamentación discriminatoria. El éxito transformó a King en una figura nacional e inspiró otros boicots de autobuses.

Entre 1955 y 1965 los movimientos organizaron acciones directas, mediante boicots, tomas de edificios, freedom rides, traslados en autobús de grupos multirraciales de jóvenes que ponían a prueba el efectivo levantamiento de segregación en lugares remotos y tácticas similares basadas en la movilización de masas, la resistencia no-violenta y la desobediencia civil. Estos freedom rides resultaron muy peligrosos. Los transportes eran atacados, incendiados y sus ocupantes heridos, asesinados o encarcelados.

En 1960, el Movimiento por los Derechos Civiles recibió una inyección de energía cuando los estudiantes de Greensboro, Carolina del Norte, Nashville, Tennessee y Atlanta, empezaron a “ocupar” los mostradores de tiendas locales a la hora de la comida en protesta por la segregación que ejercían los establecimientos. Muchos de estos ingresos en los locales resultaron en desalojos brutales por parte de las autoridades y parroquianos.

En 1962, el joven James Meredith (1933-) demandó exitosamente a la Universidad de Mississippí para que le permitiera estudiar ahí. Ganó su demanda en septiembre de 1962, pero el responsable máximo de ese estado, un abogado que se había graduado en esa casa de estudios, Ross R. Barnett (1898-1987), bloqueó su admisión, proclamando que “ninguna escuela será integrada en Mississippi mientras yo sea gobernador”.

Para hacer efectivo su derecho, Meredith tuvo que ser acompañado por oficiales del ejército para poder entrar al campus el 30 de septiembre de 1962. Su ingreso provocó que estudiantes y no estudiantes blancos atacaran a los oficiales con piedras y armas de fuego, hiriendo a 28 de ellos, matando a uno y a un periodista francés. Después del incidente, el presidente Kennedy envió al ejército regular para reprimir el levantamiento segregacionista. Meredith pudo iniciar sus clases al día siguiente gracias a la importante presencia del ejército.

Ante lo que se llamó “la revuelta negra” el Parlamento nacional reaccionó aprobando leyes de derechos civiles en 1957, 1960 y 1964, con grandes promesas respecto a la igualdad en el voto y en el trabajo que fueron ignoradas al comienzo. Líderes de estos movimientos, como King, Malcolm X (1925-1965) y Medgar Evers (l925-1963) entre otros, fueron asesinados en su lucha por la igualdad junto a cientos de activistas negros y blancos que apoyaron la no discriminación en la vida social, política y laboral de los negros. Los negros comenzaron a sublevarse en las ciudades.

En 1966, en Chicago saquearon pero la Guardia Nacional contestó con un tiroteo donde murieron tres manifestantes. En 1967 hubo ocho alzamientos importantess treinta y tres sublevaciones donde masacraron a casi 100 personas. Todavía en la década de 1990, el Congreso de los EE.UU. siguió aprobando leyes antidiscriminatorias

REFORMA SOCIAL DE 1965: La Ley del  derecho al voto de 1965 constituyó una victoria emblemática en la batalla por la igualdad afroamericana. La ley, que prohibió la práctica sureña de despojar de sus derechos a los negros a través de pruebas de alfabetización y otros métodos, se aprobó tras ataques violentos contra sus partidarios. En Alabama, la policía recurrió a los golpes para detener la marcha entre Selma y Montgomery, dirigida por Martin Luther King. Ni siquiera las tropas federales enviadas para proteger a los manifestantes pudieron evitar la muerte de una mujer a manos de los miembros del Ku Klux Klan.

La legislación no pudo acabar con la injusticia racial y muchos negros se sentían frustrados por la lenta marcha del progreso. En agosto, el vecindario Watts de Los Angeles fue escenario de un alzamiento. Veinte mil guardias nacionales tardaron cinco días en dominar los saqueos e incendios; murieron 34 personas (la mayoría, negros) y los daños ascendieron a 40 millones de dólares. El vecindario nunca se recuperó totalmente.

Otra víctima de la violencia fue Malcolm X (imagen), el defensor más carismático de los negros urbanos. Malcolm abandonó la delincuencia de las calles para convertirse en el portavoz de los musulmanes negros, una secta nacionalista cuyos miembros consideraban a los blancos unos demonios» y utilizaban la letra «X» para sustituir apellidos procedentes de amos de esclavos.

 Tras un viaje a La Meca (donde musulmanes de diversas razas profesaban su culto), Malcolm fundó otra organización y criticó duramente al líder de los musulmanes negros, Elijah Muhammad. En febrero, sus antiguos compañeros lo mataron en Harlem, Nueva York

PARA SABER MAS…
Las leyes y la violencia

Después de una larga batalla contra la resistencia sureña, las organizaciones de los derechos civiles habían logrado que gran parte de las leyes segregacionistas vigentes en los Estados del sur fueran derogadas; y que, a nivel nacional, leyes importantes fueran sancionadas. Las bases legales de la integración habían sido establecidas. Pero el éxito de la lucha los enfrentó con varias conclusiones desalentadores:

1) Las leyes derogadas eran la manifestación de una realidad (el racismo) que no había sido modificada por su revocación, que no era una exclusividad sureña, sino que existía en toda la sociedad americana.
Los blancos no sureños expresaron desde los comienzos del conflicto su amplio apoyo a los derechos del negro al voto, a una educación adecuada y a oportunidades ocupacionales. En el sur, estos reclamos fueron considerados al principio parte de una conspiración comunista y contrarios al sistema americano; pero en 1963, aun en algunos Estados sureños, los blancos opinaban que ciertos derechos debían garantizarse.

Con el progreso de la lucha negra, en cuanto al logro de leyes favorables a la integración, fue surgiendo una actitud negativa y abiertamente prejuiciada entre los blancos expresada en su rechazo a los métodos de lucha del movimiento negro. En 1965, esta opinión era compartida por un 62 % de los blancos de la Nación.

Los blancos opinaban que los negros trataban de ir demasiado rápido en sus demandas de cambio. El prejuicio de los blancos «liberales» se revelaba en su condena a los métodos que habían demostrado ser los más eficaces para el logro de los objetivos que decían aprobar.

2) La sanción de nuevas leyes tampoco aseguraba la integración del negro en la sociedad americana.
Después de diez años de lucha, la desegregación se había hecho «respetable», o al menos, eraaceptada como inevitable por los blancos, excepto en el «sur recalcitrante». El blanco liberal, conscientemente o no, admitía el progreso de las relaciones raciales como la asimilación de los negros «calificados».

Cuando los tumultos de los ghettos expusieron a la atención nacional las condiciones de privación pavorosa que los negros pobres habían sufrido por siglos, se hizo evidente que para la igualdad de oportunidades fuera efectiva, la sociedad debería proveer mecanismos especiales para contrabalancear los efectos de cuatrocientos años de opresión. Los programas de ayuda y capacitación ofrecidos por los gobiernos liberales demostraron ser insuficientes. La guerra de Indochina, consumiendo proporciones crecientes del presupuesto nacional, los redujo progresivamente. Esta situación se haría drásticamente clara en la administración de Nixon.

La desaparición de las barreras legales para la asimilación igualitaria de los negros en la sociedad americana, favoreció a la burguesía negra; mientras la gran mayoría de los negros permanecía segregada por su falta de medios para ajustarse a los standards de «aceptabilidad» de la clase media blanca. El racismo funciona en varios niveles, eliminando competidores potenciales en un mercado de trabajo cada vez más limitado.

En las filas de las organizaciones por los derechos civiles se manifestó el racismo de los militantes liberales blancos a medida que la definición de la lucha se radicalizó en algunas de ellas. El CCENV (Comité Coordinador  de Estudiantes No Violentos) optó por rechazar a sus colaboradores blancos.

3) Dualidad en la evaluación de la violencia
La APGC (Asociación Para el Progreso de la Gente de Color) había iniciado el conflicto en el nivel legal. Pretendió terminar con la discriminación mediante la aplicación coherente de la ley del hombre blanco, con el cumplimiento efectivo de los valores tradicionales de igualdad, libertad y respeto por la ley. El movimiento de los derechos civiles recogió este objetivo y desarrolló modos de lucha más eficaces para lograr su concreción. Exigió que la ambivalencia de los blancos norteamericanos, defensores de la igualdad de todos los hombres, se resolviera de modo que «entre todos los hombres» también estuvieran los negros. King proclamaba que era un deber moral desobedecer las leyes segregacionistas. Los activistas del movimiento de los derechos civiles desafiaron la ley para que la Constitución fuera respetada.

Los racistas sureños, que en 1954 acusaron a la Corte Suprema de comunista, rechazaban los fallos federales y llegaron a improvisar disposiciones en el nivel local y estadual, al estilo de los «marshalls de frontera». Los asesinatos y ataques a la persona y propiedad de los negros gozaban de una impunidad total. Un caso se hace particularmente increíble, por la desproporción entre el reclamo negro y la respuesta blanca. El 8 de febrero de 1968, tres negros resultaron muertos y cincuenta heridos, durante una manifestación contra una cancha debowling segregada en Orangebur (Carolina del Sur). La represión policial y de la Guardia Nacional en los ghettoshicieron que, para el negro, la ley y el orden del país, expresados a través de su brazo armado , fueran la antitesis de la justicia. El negro aprendió a despreciar la ley del blanco.

Garantías Constitucionales Cuando Somos Detenidos

Fuente Consultada: El derrumbe del humanismo Daniel Muchnick y Alejandro Garvie – El Libro del Siglo XX de Clarín

Derechos Civiles, Sociales y Familiares del Ciudadano en Argentina

Derechos Civiles, Sociales Familiares en Argentina

Otros Temas Tratados:

1-Estructura Constitución Nacional Argentina

2-Concepto Igualdad Ante La Ley

3-Concepto Indulto y Conmutación de Penas

4-Concepto Estado de Sitio

5-Concepto La Anmistía

6-Concepto Garantías Constitucionales

7-Concepto La Libertad de Prensa

8-Concepto de Ciudadanía y Ciudadano

9-El Abuso de Autoridad en Democracia

10-Derechos Civiles y Sociales

Desde el punto de visto político, el desarrollo puede ser visto como el de la vigencia efectiva de los civiles, políticos y en declaraciones en nuestra Constitución Nacional.

Una clasificación firmemente establecida divide a los derechos en tres grandes categorías. Los derechos civiles son los derechos fundamentales a la vida, a la libertad, a la propiedad y a la igualdad ante la ley.

Están recogidos en varios artículos de la primera parte de nuestra Constitución, y comprenden los de circulación y de residencia, de libertad de expresión y de culto, de privacidad, de inviolabilidad de la correspondencia y de la residencia, de trabajar y ejercer toda industria lícita, de resistencia a la opresión, de garantías en la aplicación de la ley a través de procedimientos imparciales, etc.

La vigencia de estos derechos depende sobre todo del funcionamiento de una justicia independiente y eficaz.

Los derechos políticos se refieren a la posibilidad efectiva de los ciudadanos de participar en el gobierno del país. En una democracia representativa, el ejercicio libre del sufragio es la expresión básica de estos derechos.

La práctica efectiva de los mismos está ligada a la de los derechos civiles. El sufragio pierde valor si no forma parte de un contexto en el que exista la posibilidad de asociarse, libertad de expresión, partidos políticos democráticos y ejercicio de la crítica. Un Parlamento representativo de la variedad de opiniones e intereses sociales y políticos es la garantía básica de los derechos políticos.

Los derechos sociales están orientados a garantizar el bienestar a cada habitante del país. El bienestar no se limita a la existencia de algunas condiciones básicas de empleo y asistencia social elemental, sino que comprende un amplio abanico de garantías de acceso a la educación, a la salud, a la seguridad social, al trabajo, a la vivienda y a un ingreso digno.

Estos derechos se basan en un principio de justicia social y guardan vínculos cercanos con los anteriores. Para posibilitar su vigencia es necesaria la acción de las instituciones del Poder Ejecutivo, en sus diferentes ámbitos de actuación nacional, provincial y municipal.

Se denominan derechos civiles a aquellos derechos de los cuales gozan todos los habitantes, los que son comunes a todas las personas sin ninguna clase de diferencias. La Constitución, sin, hacer mención completa de los mismos, enumera los siguientes, en el artículo 14:

— trabajar y ejercer toda, industria lícita;
— navegar y comerciar; peticionar a las autoridades;
— entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino;
— publicar sus ideas por la prensa sin censura previa;
— usar y disponer de su propiedad; asociarse con fines útiles;
— profesar libremente su culto;
— enseñar y aprender.

derecho al trabajo

Derecho al trabajo

En el artículo 20, al referirse a los extranjeros, dice que “gozan en el territorio de la Nación de todos los derechos civiles del ciudadano”; luego, ejemplifica repitiendo algunos ya mencionados en el artículo 14. Los derechos que enumera el artículo 20, son:

— ejercer su industria, comercio y profesión;
— poseer bienes raíces, comprarlos y enajenarlos (es el derecho de propiedad);
— navegar los ríos y costas;
— ejercer libremente su culto;
— testar (otra manifestación del derecho de propiedad);
— casarse conforme a las leyes: este es el único derecho no enumerado en el artículo 14; es un “derecho personalísimo” por cuanto todo habitante puede organizar su vida privada en la forma que él resuelva.

Todos estos derechos se ponen en práctica “conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio”.

b) Los derechos sociales

Ver en el punto siguiente c), «Derechos de la seguridad social»

c) Los Derechos Sociales

Los principios de mayor justicia económica y en las relaciones del trabajo fueron recogidos por las leyes argentinas desde comienzos del siglo. En el año 1957, en la reforma constitucional, se introdujo el artículo 67 bis que consagra derechos sociales, en tres aspectos diferentes.

— Derechos del trabajador considerado individualmente

Condiciones dignas y equitativas de labor; jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital y móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en ‘las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial.

— Derechos de los gremios o sindicatos

Concertar convenios colectivos de trabajo; recurrir a la conciliación y al arbitraje; derecho de huelga;
los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo.

— Derechos de la seguridad social.

La seguridad social tendrá el carácter de integral e irrenunciable; seguro social obligatorio, a cargo de entidades nacionales o provinciales con la autonomía financiera y económica, administrada por los interesados con participación del ‘Estado, sin que pueda existir superposición de aportes;
jubilaciones y pensiones móviles; protección integral de la familia; defensa del bien de familia;
acceso a una vivienda digna.
Vamos a explicar algunos de estos últimos derechos.

• Protección integral de la familia

Sabemos que la familia, institución anterior al estado, es la célula fundamental de la sociedad.
La legislación predominantemente referida a la familia está contenida en el Código Civil. Las leyes sociales se refieren a estos aspectos: asignaciones salariales por cónyuge, por nacimiento, por cada hijo, por familia numerosa, por escolaridad, etc.; licencias laborales por maternidad; etc.

Las leyes impositivas, en algunos casos, contemplan la situación del contribuyente casado y con hijos, y permiten efectuar ciertas deducciones que se traducen en exención del pago o en la reducción del impuesto..

Toda la legislación protectora de la familia tiene que evolucionar hacia su perfeccionamiento; el estado debe manifestar una preocupación activa por el bienestar del individuo y de la familia..

• Defensa del bien de familia

Estamos frente a una institución del derecho civil. En virtud de ella, el propietario de un inmueble urbano o rural puede anotarlo en el Registro de la Propiedad, como “bien de familia”.
Dicho bien no puede exceder de un determinado valor y debe servir para las necesidades de vivienda y sustento de la familia del propietario, como sería el caso de una chacra, o de una vivienda urbana en la que funciona un taller o el hogar familiar.
A raíz de dicha anotación el inmueble no podrá ser embargado por deudas, estará exento del pago del impuesto a la herencia, etc.

• Compensación económica familiar

Acabamos de explicar que las leyes que regulan la remuneración del trabajador, deben establecer asignaciones especiales por cónyuge e hijos.

• Acceso a una vivienda digna

Una de las necesidades que debe cubrir el salario debe ser el acceso, por compra o alquiler, a una vivienda higiénica.
El “déficit habitacional”, los departamentos “sin dimensión humana», las “villas de emergencia”, etc., son aspectos de la necesidad vital del hombre que, lamentablemente, no puede satisfacer con la sola iniciativa personal en la mayoría de los casos. La acción política, el esfuerzo de las empresas, el ahorro cooperativo, etc., deben unirse para la urgente solución del problema de la vivienda de millones de argentinos.
No se puede realizar el ideal humano, personal y familiar, sin una vivienda higiénica y cómoda.

d) Los derechos políticos y cívicos

Los derechos políticos se vinculan con la condición de ciudadano argentino.
El goce de los mismos —que antiguamente significaban privilegio para un sector reducido de la población— es una de las características del sistema representativo y democrático.

La Constitución. no menciona expresamente el derecho de votar (aspecto activo) ni el derecho de ser elegido (aspecto pasivo), pero habla de:

— “representantes elegidos directamente por el pueblo” (artículo 37), al referirse a la Cámara de Diputados;
— que “el Congreso expedirá una ley general” (artículo 41) para hacer efectivas las elecciones;
— que los diputados “son reelegidos” (artículo 42);
— que “para ser elegido Presidente o Vicepresidente de la Nación se requiere haber nacido en el territorio argentino” (artículo 75); etc.

En algunos regímenes republicanos hay, además, otras formas de decisión política por parte de los ciudadanos, tales como el referéndum y el plebiscito. Un aspecto de los derechos políticos es el referente al derecho de afiliación a los partidos políticos y el de participar en la vida de los mismos (organización de la campaña electoral, difusión de los ideales partidarios, publicaciones, mítines, etc.).

Los derechos políticos en la Argentina
En la Argentina, la ley que reglamentó e! voto en 1863 estableció que estaban habilitados para votar los varones adultos que se hubieran Inscripto voluntariamente en un registro electoral. El sufragio, que no era secreto, debía realizarse en los atrios de las Iglesias o en las puertas de los juzgados. El carácter voluntario y público del voto facilitó el fraude electoral.

Aunque hubo reformas graduales para hacer más transparente e! voto, sólo con la Ley Sáenz Peña, en 1912, el sufragio fue definido como obligatorio. Memas, esta reforma estipuló que debía confeccionarse un padrón electoral. No obstante, el fraude electoral retornó entre 1930 y 1943.

En 1947 fue aprobado el voto femenino. Posteriormente, se profundizó más en la igualdad entre varones y mujeres. Por ejemplo, la llamada Ley de Cupos, sancionada en 1991, establece que un mínimo del 30% de los cargos en las listas de candidatos electorales debe ser ocupado por mujeres. De lo contrario, esas listas no podrán participar en las elecciones.

En la historia política de nuestro país, los derechos políticos fueron vulnerados en varios períodos. Además del fraude, en algunas etapas rigieron proscripciones. Tras el golpe de Estado de 1955, se prohibió al Partido Peronista presentar candidatos en las elecciones. De este modo, los presidentes radicales Arturo Frondizi y Arturo Illia fueron elegidos mediante el sufragio universal, pero bajo la proscripción del Partido Peronista.

El cercenamiento de la competencia política también se produjo por otras razones. Por ejemplo, durante las dos primeras presidencias de Perón, el gobierno obstaculizó por diversos medios -encarcelamiento de sus adversarios, límites a la libertad de prensa, reformas a la ley electoral- la participación de los partidos opositores.

En varias ocasiones, además, se interrumpió el norma! desempeño de la democracia en la Argentina. En efecto, a partir de 1930 seis golpes militares derrocaron a las autoridades legítimamente constituidas. La mayoría de ellos organizaron, a continuación, gobiernos de facto, que anularon la participación política popular y violaron los derechos humanos.

Por este motivo, la reforma constitucional de 1994 incorporó el artículo 36, que establece la defensa de la democracia y del orden constitucional, declara nulas las acciones de los gobiernos que asuman por la violencia y sanciona con duras penas a quienes Incurran en ese delito.

La reforma constitucional de 1994 sumó también nuevas formas de participación ciudadana: la iniciativa popular (artículo 39) y la consulta popular (artículo 40). La iniciativa popular autoriza a los ciudadanos a proponer proyectos de ley a la Cámara de Diputados. Para que el Congreso trate el proyecto, se requieren las firmas de al menos el 1,5% del padrón electoral. La consulta popular supone que toda la población se pronuncie a favor o en contra de determinada medida.

Fuente Consultada: Formación Ética y Ciudadana Ética, Ley y Derechos Humanos 3° EGB 

Ver: Violación de los Derechos Humanos

Clasificacion de los Derechos Humanos y Sus Caracteristica

  Clasificación de los Derechos Humanos y Sus Caracteristica

Otros Temas Tratados

1-Declaración Universal de los Derechos del Hombre

2-Los Derechos Sexuales y Reproductivos

3-Violación de los Derechos Humanos

4-Los Derechos Civiles y Sociales

5-Libertades Individuales en un Estado de Derechos

6-Los Derechos Fundamentales

7-Deberes y Derechos del Hombre

8-La Libertad del Hombre

9-Las Garantías Constitucionales

10-Las Virtudes Civiles

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INTRODUCCIÓN: Los Derechos Humanos son consustanciales a nuestra naturaleza, y sin ellos, no sería posible vivir como seres auténticamente racionales. La inteligencia y la conciencia, —dotes que nos diferencian de todos los demás seres de la creación—, sólo pueden desarrollarse cuando cada hombre ve debidamente respetada su dignidad humana.

En nuestra cultura occidental, la idea de una ley natural, eterna e inmutable, que otorga a los seres humanos derechos de los que nadie puede ser despojado bajo pretexto alguno, se remonta a sus mismos orígenes, pero recién fue aceptada categóricamente a partir del siglo XVIII, por obra de filósofos y pensadores europeos.

A partir de entonces, también tomó forma jurídica en numerosos documentos históricos, entre ellos —por citar solamente los más conocidos—, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de la Revolución Francesa de 1 789, y en nuestros días, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, proclamada por las Naciones Unidas.

En la actualidad, y a pesar de tan importantes antecedentes, repetidas violaciones de estos derechos cometidos por numerosos gobiernos, plantean la necesidad de insistir en su conocimiento y divulgación hasta que se hagan carne en todos los pueblos, de modo tal, que nunca más toleren su cercenamiento.

El estudio de este tema  nos lleva a considerar otros temas relacionados , tambien tratados en este sitio.

• Extensión de los Derechos Humanos.
• La defensa de los Derechos Humanos: las Nuevas Ideas.
• La Declaración de la Revolución Francesa.
• La Declaración de las Naciones Unidas.
• Formas directas de violación: terrorismo, represión y tortura.
• Formas indirectas: censura, miseria, ignorancia y racismo.

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Derechos civiles, sociales familiares del hombre argentino

LOS DERECHOS HUMANOS

¿Que son los Derechos Humanos?: Los derechos humanos son aquellos que gozamos, por el sólo hecho de ser personas, sin distinción social, económica, política, jurídica e ideológica.

Los derechos en la historia El desarrollo del concepto de derechos humanos en Occidente, se remonta a los pensadores griegos y romanos, pero fue santo Tomás de Aquino quien desarrolló la teoría religiosa del «derecho natural», al cual deben subordinarse todas las otras leyes del Estado.

En los siglos XVII y XVIII, los filósofos de la Ilustración, Jean Jacques Rosseau, John Locke, el barón de Montesquiu, desarrollaron teorías sobre el derecho natural que proviniesen del uso de la razón y elaboraron, basándose en derechos individuales, normas sobre el Estado.

La » Declaración de los Derechos del Hombre y del ciudadano», enunciada por la Asamblea Nacional durante el proceso de la Revolución Francesa, aseguraba entre otros, los derechos de la libertad, igualdad y afirmaban el principio republicano de la soberanía popular.

Durante el siglo XX, la forma republicana de gobierno y los nuevos derechos que implicaba, fueron generalizándose en los nacientes estados americanos; ya los Estados Unidos la había adoptado en 1776.

En este siglo, además, apareció la idea de que estos derechos deberían ser consagrados como artículos del derecho internacional.

Los estados europeos fueron evolucionando hacia regímenes constitucionales, en los que se limitaba el poder de las monarquías, influidos por los principios de la Revolución Francesa.  Pero a principios del siglo XX, parecían que estos derechos eran inalcanzables para muchas personas afectadas por las guerras, el colonialismo, la ignorancia y la miseria.

En algunas partes del mundo surgieron gobiernos totalitarios, que violaban sistemáticamente estas facultades y se cometían atroces violaciones contra la dignidad humana, como los sucesos ocurridos durante la Primera y Segunda guerra mundial.

Surgió, entonces, la necesidad de una protección internacional de Derechos Humanos, para lo cual era fundamental crear una organización que tuviera como objetivo la defensa y control del cumplimiento de estos derechos.

De esta manera, el 24 de octubre de 1945, representantes de 50 países se reunieron en la ciudad de San Francisco, en Estados Unidos y redactaron la carta de las Naciones Unidas, que dio origen a esta organización internacional (ONU) destinada a …«preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra, a reafinar la fe en los derechos fundamentales del hombre, a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio  de a libertad»…

Esta carta es un documento jurídico, obligatorio y sus disposiciones no pueden contradecirse por ninguno de los gobiernos de los estados que componen la organización.

Poco tiempo después, los delegados de cada Estado en la ONU, aprobaron el texto de «Declaración Universal de Derechos Humanos» , el 10 de diciembre de 1948.

Esta declaración no es una norma jurídica obligatoria, aunque con ella comienza la internacionalización de los derechos humanos, caracterizados por un consenso generalizado en la comunidad internacional, respecto de los cuales son derechos inherentes a la dignidad del hombre, sin distinción de raza, sexo, idioma o religión de las personas.

Posteriormente, la ONU aprobó diferentes documentos que se refieren a diferentes aspectos de los derechos humanos: la Declaración de los derechos del niño en 1959, la Declaración sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer en 1967, el Pacto internacional de derechos civiles, políticos y el pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales en 1966, entre otros.

Si bien existe un Comité de Derechos Humanos en la ONU, que se ocupa de que estos pactos se cumplan, su eficacia es restringida ya que no existe legislación internacional que obligue a los gobiernos de los diversos estados, a proteger los derechos de las personas.  Pero las críticas y los informes ante la opinión pública mundial, son a veces modificadores de algunas situaciones.

Existen además numerosos pactos y declaraciones de organismos regionales, como el «Convenio europeo para protección de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales», la «Declaración Americana de Derechos y Deberes del hombre» aprobado por la OEA en 1948, la conocida «Declaración de Bogotá » y la «Declaración Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Ricá» aprobada en 1969.

cuadro clasificacion de los derechos humanos

Una institución sin fines de lucro, llamada The Freedom House, dedicada a impulsar la democracia, los derechos políticos y las libertades civiles a nivel mundial, brinda todos los años un estudio estadístico, en el cual se analizan la libertad política y los indicadores económicos de los países. Dos de los aspectos que se abordan son los derechos políticos y las libertades civiles. Luego de analizar estas variables, se efectúa un promedio para establecer el status del país de acuerdo con tres indicadores: libre, parcialmente libre, no libre. Si el análisis se centra en los resultados obtenidos en los países de América latina en 2005, se puede apreciar que 22 Estados están dentro de la clasificación de libres, mientras que 12 son parcialmente libres y sólo uno, Cuba, no es libre.

 Los Derechos Humanos

a-Composición:

La declaración Universal de los Derechos Humanos consta de 30 artículos, repartidos en 4 grupos de disposiciones:

Los primeros artículos proclaman que todos los seres humanos nacen libres e iguales … “en dignidad y derechos”…, y que estos derechos , les corresponden sin distinción de razas, color ,sexo, idioma, opinión política, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.

El segundo grupo, artículos del 3 al 21, consagra los derechos del individuo como miembro de colectividades, es decir, los derechos civiles y políticos de todos los seres humanos (derechos a la vida, a la libertad a contraer matrimonio, derechos a la nacionalidad, y de asilo entre otros)

El tercer grupo, artículos del 22 al 27, corresponde a los derechos económicos, sociales, culturales de todos los seres humanos, entre los que se incluyen por ejemplo el derecho al trabajo, a la educación, al disfrute del tiempo libre y a la seguridad social.

Un cuarto grupo, artículos 28 al 30, reconoce que toda persona tiene derecho a un orden social e internacional en el que los Derechos Humanos pueden realizarse plenamente y que cada persona tiene deberes y responsabilidades ante la comunidad en la que vive.

 b- Características:

Distinguimos a los Derechos Humanos por tina serie de características que expresan que los derechos humanos son: -Universales: toda persona posee dignidad y nadie puede ser discriminado o excluido.

-Inalienables:  no se puede renunciar ni negociar estos derechos.  El Estado no puede disponer de los derechos de los ciudadanos. -Naturales: el origen de los derechos humanos es la propia naturaleza del hombre.

-lnviolables:    no pueden ser destruidos ni lesionados, porque atentaría contra la dignidad del hombre.

-Obligatorios:  deben ser respetados tanto por las personas como por los estados ,a pesar de que no existan leyes que los establezcan.

-Indivisibles: si se suprime alguno de ellos, se pone en peligro la vigencia del resto de los derechos.

Jurídicamente, los derechos  son facultades o prerrogativas que las normas constitucionales e internacionales reconocen a las personas para asegurar su dignidad, si libertad y su igualdad.

Si no fueran respetados por los estados o por otras personas o grupos, el titular de esos derechos puede exigir que se cumplan a través del ejercicio de la ley.

 c-Clases de derechos:

La filosofía del derecho describe tres momentos históricos en la evolución de los derechos humanos.  Surgen en cada momento, pero no reemplazan a los anteriores sino que se agregan a esas categorías, por lo tanto se complementan.

Derechos de primera Generación: se establecieron desde el siglo XVIII a principios del siglo XX.

Son los que consideran a la persona como individuo que está dotado de libertad y autonomía.  Dentro de estos derechos, el más importante es el derecho a la vida, constituyendo el fundamento básico de la prohibición de las torturas y humillaciones.

Otros derechos comprendidos en este conjunto son el derecho a la propiedad, al honor, a la libre expresión, a la libertad de conciencia, a la intimidad, entre otros.

Derechos de segunda generación:  Desde fines del siglo XIX ya mediados del siglo XX se agregaron un conjunto de derechos económicos y sociales, que ya no consideran exclusivamente al individuo sino que lo sitúan en un grupo social determinado, sea por su actividad o por necesidad de protección especial como la ancianidad, la niñez, el desempleo, etcétera.

Derechos de tercera generación: corresponden a los derechos de solidaridad, que son reconocidos a partir de la década de 1980.  Quienes los poseen son los sujetos colectivos como un pueblo, una nación, una etnia, una comunidad.

Se garantizan mediante la participación solidaria de todos los miembros de la sociedad o sea el Estado, las organizaciones no gubernamentales y públicas y  los individuos.

Estos derechos son, por ejemplo, el derecho al medio ambiente, al patrimonio común de la humanidad, a la paz, al desarrollo.

Todavía no tienen consagración legal en la mayoría de los países del mundo, pero comienzan a imponerse en diversos tratados internacionales.

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Violación de los derechos humanos

Si bien la Declaración de Derechos Humanos significó un avance muy importante, ya que se universalizó la concepción de la dignidad del hombre, no terminó con las violaciones de los derechos.

Actualmente se identifican como violaciones por acción, por omisión y por exclusión.

Las violaciones por acción se producen cuando se ataca la dignidad humana, por ejemplo, detenciones arbitrarias, ejecución sin juicio, secuestro, maltrato físico y moral.

Las violaciones por omisión se dan cuando los poderes de gobierno se muestran indiferentes ante situaciones críticas, como la miseria, la ignorancia.

Las violaciones por exclusión se desarrollan cuando hay marginación de los derechos, en los discapacitados, las mujeres, los niños, los pobres, los portadores de sida.

El grado de responsabilidad respecto a las violaciones de los derechos, alcanza a los que están implicados de alguna u otra manera en forma explícita, pero también a aquellos que no intentan ningún tipo de solución a las diferentes situaciones de la vida cotidiana.

En los últimos años, se ha remarcado la importancia de interpretar los derechos civiles de forma amplia. «No se puede pretender el pleno respeto a la dignidad del ser humano, ni a su libertad, ni siquiera la vigencia de la democracia, si no existen las condiciones económicas, sociales y culturales que garanticen el desarrollo de esos hombres y esos pueblos».

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LOS DERECHOS CIVILES:

Los derechos civiles fueron los primeros en consagrarse dentro del ordenamiento jurídico internacional y forman parte de la llamada primera generación de derechos. Son esenciales a la persona y comunes a todos los hombres. Están destinados a la protección del ser humano considerado individualmente, en especial, contra las agresiones efectuadas por los órganos públicos.

Se caracterizan por imponer al Estado el deber de abstenerse de interferir en el ejercicio y pleno goce de estos derechos por parte del ser humano. Implican una actitud pasiva por parte del Estado, quien debe limitarse a garantizar el libre goce de estos derechos, organizando la fuerza pública y creando mecanismos judiciales que los protejan.

Tanto los derechos civiles como los políticos pueden ser reclamados en todo momento y en cualquier lugar, salvo en aquellas circunstancias de emergencia que permiten el establecimiento de ciertas limitaciones de sólo algunas garantías.

A su vez, algunos derechos civiles pueden interpretarse en clave social: el derecho a la vida, por ejemplo, no es sólo el derecho de una persona a no ser privada arbitrariamente de la vida por parte del Estado, sino que comprende también el derecho a disfrutar de todas las condiciones que hacen a una vida digna.

Los derechos políticos son aquellos que corresponden a los ciudadanos en sentido estricto; es decir, a aquellas personas en condición de votar y ser votadas. No obstante, su defensa y el respeto por ellos hacen a la totalidad de la comunidad, en la medida en que su ejercicio y vigencia condicionan la existencia de un régimen democrático y respetuoso de los derechos universales.

Este tipo de derechos se incluye en la denominada Primera Generación de Derechos y refiere a las normas que facultan la participación de la población en el ejercicio del poder político. Especialmente, establecen las condiciones exigidas para ser elegido integrante de las diferentes instituciones de gobierno y aquellas prescripciones dispuestas para la elección de los miembros que estarán provistos de autoridad.

Por ello, los derechos políticos son los que resguardan y aseguran la posibilidad de la comunidad de comunicar su voluntad soberana y hacer que ésta se lleve a cabo mediante el voto de sus funcionarios y

El Pacto de Derechos Civiles y Políticos fue sancionado en 1966. Consta de cincuenta y tres artículos, en los cuales insta a los países firmantes a respetar y asegurar a todas las personas que los habiten los derechos reconocidos en él, sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.

Se basa en los principios de libertad, justicia y paz mundial enunciados en la Carta de las Naciones Unidas, que tienen como base el reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana y de sus derechos, iguales e inalienables.

Sostiene, además, que no puede realizarse el ideal del ser humano libre si no es liberado del temor y de la miseria, fomentando Estados que generen las condiciones necesarias para que cada persona pueda gozar de sus derechos civiles y políticos tanto como de sus derechos económicos, sociales y culturales.

PACTO DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

Los derechos enunciados en el Pacto y que son de naturaleza civil abarcan:

■ el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de las personas,

■ la prohibición de ser sometido a esclavitud o servidumbre,

■ la prohibición de ser sometido a torturas, penas o tratos crueles,

■ el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica,

■ el derecho a la igualdad ante la ley,

■ el derecho a un recurso jurídico efectivo,

■ la libertad de no ser detenido arbitrariamente,

■ el derecho a ser oído ante un tribunal,

■ el derecho a que se presuma la inocencia de la persona mientras no se pruebe culpabilidad,

■ el derecho a no ser objeto de intromisiones arbitrarias en la familia, domicilio o correspondencia,

■ la libertad de circulación,

■ el derecho a la propiedad,

■ el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia o religión,

■ el derecho a casarse y formar una familia.

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1-La libertad

Si se clasifican los derechos civiles en personalísimos y no personalísimos, la libertad sería, sin dudas –junto con la igualdad y la seguridad-, uno de los más destacados del primer grupo.

Si bien la referencia a este concepto aparece dividida y asignada a distintas cuestiones en los documentos que lo consideran, el derecho a ser libre implica una sola cuestión; en realidad, la libertad es una sola, pero comprende una serie de derechos o libertades distribuidos en distintas enumeraciones.

Se puede hablar de libertad de expresión, libertad de tránsito y libertad de culto para referir a la potestad que tiene la persona de elegir por sí misma todo aquello que no dañe o menoscabe la libertad de los otros, la moral o el ordenamiento público.

El derecho a la libertad individual entraña la facultad de todos los ciudadanos de ser libres, aun en contra de los intereses de la mayoría. Se opone a la idea de esclavitud, prohibida expresamente en todos los países democráticos del mundo.

El derecho a la libertad de pensamiento y de conciencia presupone que cada fc–individuo es libre de pensar lo que pretenda y de esgrimir sus ideas propias. Incluye, además, el derecho a adherirse, junto con otras personas, a una religión, creencia o partido político, siempre que se respete la libertad ajena.

Encierra el derecho c profesar libre culto y antecede a la libertad de expresión. Esto significa que nadie puede ser forzado a aceptar a pesai suyo determinado dogma de fe, ni puede ser impedido de actuar conforme a su conciencia y ética personal, en la medida en que no se lesione el bien común.

El derecho a la libre expresión encuadra la posibilidad de ser escuchado y el derecho a informarse y/o informar a través de cualquier medio. La libertad de expresión puede ejercitarse en diversos planos, como el político, el informativo, el social, el cultural o el recreativo.

Se relaciona directamente con la capacidad de publicar estas ideas en medios de prensa sin ser censuradas con anterioridad. No obstante, si bien ninguna publicación puede ser revisada por la autoridad pública antes de su aparición, sí puede sujetarse a una sanción competente luego de ésta, cuando las leyes así lo dispongan, por oprimir la libertad o los derechos ajenos.

El derecho de reunión y asociación garantiza la posibilidad de debatir asuntos públicos para defender las ideas y los intereses comunes en conjunto. Esta libertad incluye el derecho a pedir, exigir o peticionar a las autoridades la reparación de perjuicios a todos los derechos mencionados.

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2-La igualdad

El derecho a la igualdad ante la ley implica el trato igualitario del Estado y demás instituciones hacia todos y cada uno de los ciudadanos que lo habitan. Con esto se entiende que todos los hombres en esa condición serán sujetos de derechos subjetivos semejantes y meritorios de la misma protección estatal e idénticas oportunidades laborales, sociales y culturales. Las únicas diferencias admisibles en este sentido deben estar fundadas en razones de capacidad, idoneidad o méritos.

Una variante del derecho a la igualdad es el derecho a la no discriminación. La discriminación consiste en clasificar a los hombres en distintos niveles y tratar de forma desigual a los miembros de cada grupo, menoscabando su dignidad y el respeto de sus derechos.

El criterio que define a cada grupo, como el sexo, la raza, la especie o el estrato social, determina el tipo de discriminación. Así, se puede mencionar la discriminación en razón de raza (racismo), sexo (sexismo o machismo), especie (especismo), religión (discriminación religiosa), estatura (estaturismo), trasfondo étnico, nacionalidad o país de origen, discapacidad, diferencias neurológicas, orientación sexual, edad o ideología política.

También es común la discriminación basada en la preferencia subcultural (punkis, híppies, mods contra rockeros).

La privación o lesión de los derechos humanos que sucede por discriminación puede generar efectos moderados, como un servicio lento o ineficiente al cliente, o de mayor relevancia, como la negación de empleo o vivienda; en algunos casos, llega a los crímenes de odio y a genocidio.

Dichas violaciones suelen producirse en el área de vivienda, habitación, acceso a la administración, de justicia, aplicación de la ley, empleo, acceso a los transportes, médicos, cuidados de la salud, educación, votación, inclusión cívica, cuidado de la vida, seguridad, crédito, abuso en la exposición de derechos o autodiscriminación.

Muchos gobiernos han intentado controlar la discriminación mediante legislación en materia de derechos civiles, igualdad de oportunidades y políticas institucionales de discriminación positiva.

La mayoría de los países tienen leyes, tratados internacionales e, incluso, artículos en la Constitución dedicados a combatir la discriminación. Pero otros han formalizado y apoyado la discriminación.

Entre ellos se encuentran el apartheid de Sudáfrica, la segregación racial en los Estados Unidos entre la Guerra Civil y los años 60, el «problema judío» en la Alemania nazi y los campamentos de reeducación en algunos países comunistas.

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3-El derecho de propiedad

La persona y la comunidad en que ésta vive tienen necesidad de que cada uno desarrolle potencialmente su actividad en vista de la producción, y esa actividad encuentra un valioso incentivo en el interés personal estimulado por la propiedad privada.

La propiedad privada es un derecho personal que abarca diferentes ámbitos. Se extiende tanto a la posesión de las cosas y sus frutos como a los bienes destinados al consumo; es decir, a todos los intereses apreciables que el hombre puede poseer fuera de sí mismo, de su vida y su libertad.

La custodia de la propiedad se extiende al respeto de inviolabilidad, perpetuidad y exclusividad de ésta. Por ello, nadie puede ser arrebatado de sus bienes personales ni puede ser objeto de invasión por parte del Estado o la fuerza que detente el poder. Asimismo, el dominio de una cosa no se vence hasta que ésta sea transferida por decisión personal.

No obstante, cabe destacar que, aunque la posesión y administración de los bienes legítimamente adquiridos pertenecen exclusivamente al propietario, su uso se halla siempre subordinado a la ley, la moral y el bien públicos.

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DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE

I.  Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

II. Todas las personas son iguales ante la ley y tienen los derechos y deberes consagrados en esta Declaración sin distinción de raza, sexo, idioma, credo ni otra alguna.

III.  Toda persona tiene el derecho de profesar libremente una creencia religiosa y de manifestarla y practicarla en público y en privado.

IV.  Toda persona tiene derecho a la libertad de investigación, de opinión y de expresión y difusión del pensamiento por cualquier medio.

V. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra los ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada y familiar.

VI. Toda persona tiene derecho a constituir familia, elemento fundamental de la sociedad, y a recibir protección para ella.

VII. Toda persona tiene el derecho de fijar su residencia en el territorio del Estado del que • es nacional, de transitar por él libremente y no abandonarlo «sino por su voluntad.

VIII. Toda mujer en estado de gravidez o en época de lactancia, así como todo niño, tienen derecho a protección, cuidados y ayuda especiales.

IX. Toda persona tiene derecho a la inviolabilidad de su domicilio.

X.  Toda persona tiene derecho a la Inviolabilidad y circulación de su correspondencia.

XI. Toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica, correspondientes al nivel que permiten los recursos públicos y los de la comunidad.

XII. Toda persona tiene derecho a la educación, la que debe estar inspirada en los principios de libertad,  moralidad y solidaridad humana. Asimismo tiene el derecho que, mediante esa educación, se la capacite para lograr una digna subsistencia, en mejoramiento del nivel de vida y para ser útil a la sociedad. El derecho de educación comprende el de igualdad de oportunidades en todos los casos, de acuerdo con las dotes naturales, los méritos y el deseo de aprovechar los recursos que puedan proporcionar la comunidad y el Estado. Toda persona tiene derecho a recibir gratuitamente la educación primaria, por lo menos.

XIII. Toda persona tiene el derecho de participar en la vida cultural de la comunidad, gozar de las artes y disfrutar de los beneficias que resulten de los progresos intelectuales y especialmente de los descubrimientos científicos.
Tiene asimismo derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le corresponden por razón de los inventos, obras literarias, científicas o artísticas de las que sea autor.

XIV. Toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones dignas y a seguir libremente su vocación, en cuanto lo permitan las oportunidades existentes de empleo. Toda persona que trabaja tiene derecho a recibir una remuneración que, en relación con su capacidad y destreza, le asegure un nivel de vida conveniente para sí misma y su familia.

XV. Toda persona tiene derecho a descanso, a honesta recreación y a la oportunidad de emplear útilmente el tiempo libre en beneficio de su mejoramiento espiritual, cultural y físico.

En el examen de los Derechos Humanos se han elaborado distintas clasificaciones, con el fin de precisar las características que corresponden a cada grupo, pero no con el objeto de establecer jerarquías entre ellos.

Los criterios que se consideraron para las clasificaciones tuvieron relación con connotaciones políticas, didácticas o históricas.

Una de las clasificaciones es aquella que distingue tres generaciones de derechos y responde al orden de aparición escrita de éstos en la historia. Sin embargo, todos ellos gozan de la misma jerarquía e importancia, pues la Declaración Universal de los Derechos Humanos así lo establece.

Otra de las agrupaciones responde a la naturaleza de los derechos y al tipo de potestad que genera en la persona el hecho de poseerlos.

En este caso, los derechos podrían asociarse según sean civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, de los pueblos o colectivos, del medio ambiente o de las minorías.

Esta clasificación facilita el análisis a los fines didácticos y coincide, al igual que la anterior, con la forma en que fueron tipificados en los distintos tratados y declaraciones.

Ver: Violación de los Derechos Humanos