Organización Política de un estado Democrático

El Municipio Concepto, Organizacion y Funciones

El Municipio Concepto, Organización Institucional y Funciones

Las ciudades no surgen espontáneamente. Existen numerosos factores que inciden para que grupos de familias se reúnan y habiten en un determinado lugar geográfico. Influyen la cercanía de los cursos de agua, o del mar, la facilidad de las comunicaciones, la fertilidad de la tierra, la abundancia de algún elemento mineral, vegetal o animal, las razones de seguridad, el interés turístico, histórico, etc.

Producida la primera agrupación, que da origen a una aldea, villa o población, la evolución natural la va a llevar a su desarrollo, hasta convertirla en una ciudad. Lo anterior no excluye la posibilidad de su extinción o estancamiento cuando, precisamente, desaparecen las causas que motivaron el aglutinamiento humano o el lugar geográfico no resulta el más adecuado.

El aumento del número de habitantes en una misma localidad genera por sí solo necesidades cada vez más amplias y complejas, relacionadas con el abastecimiento de comestibles, la salud pública, la provisión de agua corriente, de energía eléctrica, de servicios telefónicos y telegráficos, educacionales, etc., que obligan a organizar una autoridad o gobierno local, encargada de velar por los intereses generales de la comuna.

El municipio o comuna es un conjunto de familias ligadas por iguales intereses, derechos y deberes, cuya vida se desarrolla en una ciudad, villa o población y sus zonas circundantes regidas por un gobierno local. Es una comunidad de base territorial.

• El gobierno es el conjunto de las autoridades. Ellas son las encargadas del ejercicio del poder, en este caso municipal.

•  El poder es la facultad de imponer las normas que rigen la existencia del grupo.

•  Las normas son reglas de convivencia. Existen normas sociales, morales, jurídicas, religiosas, etc. Las normas jurídicas (leyes) son de cumplimiento obligatorio y las imponen las autoridades. En cambio, las normas sociales, morales o religiosas quedan libradas a la conciencia de cada individuo y su cumplimiento, por lo tanto, es voluntario.

El gobierno municipal es el encargado de aplicar las normas jurídicas y por lo tanto obligatorias, que rigen la vida del municipio. Ese gobierno tiene poderes sólo dentro del territorio de la comuna o ejido municipal. (El territorio es el asiento geográfico de la población y ésta está integrada por el conjunto de sus habitantes.)

El municipio es la primera estructura política del país. La política es un conjunto de principios que deben seguir los gobernantes en sus relaciones con los gobernados o, también, el arte de gobernar para fomentar el bienestar general. La palabra «política» deriva de «polis». vocablo griego que significa, precisamente, ciudad.

Se puede afirmar que las instituciones municipales son anteriores a la Nación. Los hombres empezaron formando pueblos o ciudades antes que naciones. Son ejemplo de ellos, Atenas, Esparta o Roma, que fueron ciudades-Estados de la antigüedad. Hoy el municipio es considerado la patria menor de sus habitantes, porque la organización política moderna reúne a ios municipios, constituyendo provincias y a éstas, integrando el Estado Nacional, que es la patria grande.

La Nación es un conjunto de individuos unidos por comunidad de cultura, tradiciones e intereses y por la conciencia de pertenecer a la misma. Es un producto de la historia, que en su incesante evolución amalgama grupos sociales culturalmente homogéneos que adquieren similar conciencia de su destino. La Argentina es una nación.

Organización institucional

Podemos definir al Estado como la organización de una población que reside en un territorio determinado, dirigida por un gobierno común. De este concepto surgen los tres elementos componentes del Estado: la población, el territorio y el gobierno.

El municipio, al igual que el Estado Nacional y los Estados provinciales, posee un gobierno que ejerce tres funciones, que se cumplen a través de distintos organismos.

1) Función ejecutiva: es la facultad de administración que está a cargo del Intendente Municipal.

2) Función legislativa: es la facultad de legislación, o sea de sancionar las normas o leyes municipales, que se denominan ordenanzas. Es ejercida por el Concejo Deliberante, cuyos miembros son los Concejales.

3) Función judicial: es la facultad de administrar justicia, es decir, de aplicar las normas jurídicas municipales (ordenanzas), a los casos particulares. Es ejercida por los jueces municipales o jueces de Faltas que juzgan a los vecinos en casos de infracciones.

Las normas acerca de la organización y funcionamiento del gobierno del municipio se encuentran en la Constitución Nacional o Ley Fundamental,en las Constituciones de Provincia, y en las leyes nacionales y provinciales, así como en las ordenanzas orgánicas que dictan los concejos deliberantes.El Art. 5º de la Constitución Nacional garantiza a las provincias el goce y ejercicio de sus instituciones, bajo la condición de que dicten una Constitución que asegure, entre otras exigencias, su régimen municipal.

En cumplimiento de lo que dispone esta cláusula constitucional, las Provincias han sancionado sendas leyes orgánicas municipales, a las que ajustan su accionar dichos gobiernos locales.

La Ley Orgánica de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, N° 19.987, modificada por la Ley N° 22.846 del año 1983, se halla en vigencia actualmente y establece que son órganos institucionales del gobierno municipal (Art. 3º):

a) El Concejo Deliberante.
b) El Departamento Ejecutivo.
c) Los Consejos Vecinales.

Elección y funciones de las autoridades

• Concejo Deliberante
Es el órgano que tiene el poder de decisión. Su función es legislativa, dado que se encarga de la elaboración y sanción de las ordenanzas municipales.
Se compone de 60 miembros (concejales), elegidos directamente por el voto popular.

Son requisitos para ser concejal: tener 25 años cumplidos, 4 años de ejercicio de la ciudadanía y una residencia no inferior a dos años en el municipio.

«Los concejales durarán cuatro (4) años en su mandato y podrán ser reelegidos indefinidamente. Cada dos (2) años se renovará la mitad de los miembros del Concejo Deliberante. En la primera integración se determinará por sorteo a quiénes corresponderá un mandato de dos (2) años».

Se ha dicho que el gobierno municipal es la expresión más democrática de la voluntad popular, teniéndose en cuenta que no sólo votan los ciudadanos, sino también los extranjeros afincados en la ciudad, aunque no se hayan naturalizado. A esos mismos extranjeros, por ejemplo, no se les permite votar en las elecciones de autoridades del gobierno provincial o nacional. Por tal motivo el padrón electoral municipal comprende más votantes que el correspondiente al orden provincial o nacional. Es decir que se reconoce el interés de los extranjeros no naturalizados por participar en el gobierno de la ciudad de que son vecinos.

Son funciones del Concejo Deliberante, entre otras:

— Sancionar ordenanzas que se refieran a las siguientes materias: ornato, sanidad, higiene, asistencia social y recreación, seguridad, moralidad, cultura, educación, protección, fomento, conservación, vialidad, comercialización, abastecimiento, servicios y obras públicas, regímenes sobre cementerios, planeamiento y desarrollo.

— Sancionar las ordenanzas, fiscal y tarifaria, y el presupuesto de gastos y recursos.

— Otorgar concesiones y permisos de uso sobre bienes municipales.

— Imponer nombres a avenidas, calles, pasajes, parques y paseos, así como a los barrios de la ciudad.

— Reglamentar la edificación y zonificación de la ciudad.

— Declarar el juzgamiento del Intendente o sus Secretarios, por mal desempeño o delito en el ejercicio de sus funciones.

• Intendente Municipal (Departamento Ejecutivo)

En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República, el Intendente Municipal es designado por el Presidente de la Nación.

Ello se debe a que la Constitución Nacional, en su Art. 86, Inc.3º, entre las atribuciones del Presidente, señala que es «el jefe inmediato y local de la Capital de la Nación».

El Intendente «ejercerá sus funciones durante tres (3) años, pudien-do ser reelegido por una sola vez. Mientras las desempeñe no podrá ocupar ningún otro cargo público ni realizar actividad privada, excepto la docencia universitaria. Su retribución será igual a la que corresponda a un ministro del Poder Ejecutivo Nacional».

Son funciones del Intendente Municipal, entre otras:

— Representar legalmente a la Municipalidad.
— Nombrar y remover a los Secretarios del Departamento Ejecutivo.
— Nombrar a los jueces municipales de Faltas, del Tribunal de Cuentas y del Tribunal Fiscal de la Municipalidad, con acuerdo del Concejo Deliberante.
— Participar en la formación de las ordenanzas, promulgarlas y reglamentarlas, cuidando de no alterar sus fines y ejecutarlas de igual modo.
— Atender a la prestación de los servicios públicos, propendiendo a una adecuada descentralización.
— Convocar al Concejo Deliberante a Sesiones Extraordinarias, cuando razones de gravedad o urgencia así lo determinen.
— Presentar proyectos de ordenanza.
— Presentar el proyecto de presupuesto anual de gastos y recursos y los de ordenanza fiscal y tarifaria.
— Expedir órdenes de pago, celebrar contratos, ejecutar obras públicas, administrar los bienes del patrimonio municipal, recaudar los recursos del municipio, otorgar permisos y habilitaciones para el ejercicio de actividades, etc.

• Consejos Vecinales

Objeto y organización. En la Ciudad de Buenos Aires fueron creados en el año 1972 y disueltos en 1976. La Ley Orgánica Municipal, actualmente vigente, creó catorce Consejos Vecinales, que corresponden a zonas de la Ciudad, cada una de ellas integradas por diversos barrios.

El Consejo Vecinal es un organismo de base del régimen municipal, que deberá cooperar con la población y con las entidades representativas, a los efectos de contribuir a una mejor acción municipalista y participativa.

Para ser vocal de ese Consejo se requiere tener 25 años de edad, como mínimo, ser argentino y domiciliarse en la jurisdicción territorial del Consejo, con una residencia inmediata anterior no inferior a dos años. Los vocales duran cuatro años en sus funciones y son reelegióles indefinidamente. El desempeño de su cargo es ad honorem.

El Consejo Vecinal se compone de nueve vocales.

Las decisiones se toman por simple mayoría.
Son funciones del Consejo Vecinal, entre otras:
— Estimular la actividad cívica y la participación comunitaria.
— Informar sobre las necesidades del vecindario y colaborar en la formulación de programas de interés comunal.
— Proponer anteproyectos de obras, servicios y trabajos.
— Promover la participación de la población en el progreso material del vecindario y en la elevación moral y cultural de sus habitantes.
— Promover la formación de consorcios para obras de interés zonal.
— Mantener una fluida y permanente acción y cooperación con las entidades representativas del vecindario (sociedades de fomento, mutualidades, cooperadoras escolares, hogares o cooperadoras policiales, centros culturales, deportivos o religiosos, cooperativas, ligas de padres y madres de familia y toda otra entidad de bien común).

Direcciones Municipales y Tribunales

• Direcciones Municipales

El Gobierno Municipal ha ido ampliando sus actividades y funciones, las que actualmente revelan una gran complejidad.

En el municipio de la Ciudad de Buenos Aires, el organigrama del Departamento Ejecutivo incluye siete Secretarías:
• Gobierno
• Economía
• Obras y Servicios Públicos
• Salud Pública y Medio Ambiente
• Cultura
• Educación
• General

De cada una de ellas dependen diversas direcciones generales, Direcciones, Departamentos y organismos fuera de nivel.

• Tribunales Municipales

— Justicia Municipal de Faltas. El juzgamiento de las contravenciones a las disposiciones municipales y a las normas nacionales cuya aplicación corresponde a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, con excepción de las que sean imputadas a menores de 18 años, compete a la justicia Municipal de Faltas.

Está integrada por jueces de Faltas de primera instancia, una Cámara de Apelaciones y un Ministerio Público. Los juicios son orales y públicos.
Los jueces son designados por el Intendente Municipal y deben contar con el acuerdo del Concejo Deliberante. Tienen que ser ciudadanos argentinos y poseer título de abogado. Son inamovibles y conservarán sus cargos mientras dure su buena conducta.

El Ministerio Público estará integrado por fiscales designados por el Intendente Municipal.

Tanto los jueces, como los camaristas y los fiscales, deben residir en la Ciudad de Buenos Aires o en un radio de 70 km de la misma.

La Justicia Municipal de Faltas funcionará todo el año en forma continua y durante doce horas diarias como mínimo.

— Tribunal Fiscal. Entiende en las demandas que interpongan los vecinos que consideren que los impuestos, tasas, derechos y multas que les exige la Municipalidad, no están de acuerdo con las ordenanzas vigentes. Este Tribunal está integrado por tres abogados y tres contadores públicos, designados por el Intendente con acuerdo del Concejo Deliberante. Las audiencias son orales y públicas.

— Tribunal de Cuentas. Es el encargado de controlar la ejecución y la correcta gestión financiera de la Municipalidad. Está integrado por un Presidente, dos Vocales y un Secretario, designados por el Intendente, con acuerdo del Concejo Deliberante. El Presidente deberá ser abogado y los demás miembros contadores públicos. Deberán ser argentinos y tener no menos de 30 años de edad. Son inamovibles y permanecen en sus cargos mientras dure su buena conducta.

Los actos que fueren observados por el Tribunal de Cuentas, serán comunicados al Concejo Deliberante.

Funcionamiento del Municipio

El funcionamiento del municipio encuentra su cauce natural a través de los gobiernos democráticos.

Los regímenes autoritarios y los sistemas totalitarios lo han sometido a su arbitrio y voluntad sustituyendo las autoridades elegidas por los vecinos, por sus acólitos.

En el Municipio el hombre ejercita sus derechos y logra valiosas experiencias cívicas. Se convierte en un elemento activo de la democracia, razón por la cual el totalitarismo busca su avasallamiento, propiciando un conformismo del pueblo y un desinterés generalizado ante el abuso del poder.

Urquiza, en el año 1852, firmó un Decreto de restablecimiento del régimen municipal en Buenos Aires, avasallado hasta entonces por Rosas.

En dicho Decreto, se decía: «La carencia de vida municipal ha sido el primer escalón por donde han trepado muchos tiranos».

La comuna es la expresión más auténtica del gobierno local y descentralizado, y permite la participación activa del pueblo para la solución de sus propios problemas.

El jurista argentino contemporáneo Rafael Bielsa decía al respecto:  «La crisis del régimen municipal tiene como causa la falta de educación cívica y jurídica de los representantes comunales y la sumisión de los intendentes a gobiernos también ineducados para la función pública. En la historia de la civilización aparece el municipio, a través de todas las épocas y en casi todos los pueblos, como el más firme baluarte de las libertades políticas y de los derechos privados».

El municipio ha sido el precursor del Estado moderno. Él suprimió las trabas jurídicas que separaban las varias clases sociales y daban el carácter de privilegio a la libertad civil y la participación en la vida pública. Los grandes principios que informan la vida política contemporánea, la libertad de la persona, de la propiedad y del trabajo, la inviolabilidad del domicilio, la unidad del fuero, la igualdad de los derechos civiles y políticos, en suma, tuvieron su realización práctica en la esfera limitada por los muros del municipio.

La división y la organización de las varias ramas de la administración central tomaron también sus líneas fundamentales del régimen municipal. El municipio, finalmente, fue el centro donde asentó sus reales la vida intelectual, el progreso científico. Es la unidad administrativa más simple. Es anterior al Estado, del cual es parte constitutiva. Éste no ha hecho sino articular o unir esas células, llamadas comunas, con vida y existencia propias, y en este orden de prioridad ha debido necesariamente respetarlas.

Funciones

El Art. 2º de la Ley Orgánica de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, (Ley 19987) establece las funciones que competen a la misma y que son:

— La confección de planes, directivas, programas y proyectos sobre política urbanística, en armonía con el sistema nacional de planeamiento.

— La cultura, educación y recreación, fomento de las artes, la promoción y asistencia social, moralidad y buenas costumbres, en orden a su conservación y acrecentamiento.

— La instalación de centros sanitarios y asistenciales y de educación; contralor de la salud pública; bromato lógico y de salubridad de los elementos del ambiente ecológico.

— El contralor de construcciones, obras y embellecimiento de la ciudad, así como la prestación de servicios que garanticen la seguridad y comunicación de personas y bienes, sin perjuicio de las competencias atribuidas al respecto a otros organismos o instituciones.

— La limpieza de las calles, plazas y demás lugares públicos.

— La intervención en la comercialización de productos de consumo de la población y en la instalación de ferias y mercados.

— La construcción y conservación de puentes, túneles, calles, calzadas, aceras y demás obras públicas que se estimen convenientes; ejercer la respectiva competencia en las zonas marginales de los cursos de agua navegables o flotables; y lo concerniente al alumbrado público.

— El tránsito de personas y vehículos; las condiciones de licencias habilitantes para la conducción y el debido funcionamiento de los mismos; y las tarifas de cualquier tipo de servicio, salvo las atribuciones que puedan corresponder a otros organismos.

— La fijación de los recursos económicos-financieros, determinación del monto de los impuestos de la ley, así como las tasas y multas; contraer empréstitos; aceptar o repudiar donaciones o legados, efectuar donaciones de bienes muebles y dictar, asimismo, normas para la disposición y administración de los bienes del patrimonio municipal.

— La sanción del régimen sobre estabilidad, escalafón, derechos, obligaciones y previsión social de los agentes municipales.

— El bien común del vecindario.

— El ejercicio del poder de policía en las materias de su competencia.

Origen y destino de los ingresos municipales

• Recursos
Entre las atribuciones generales de la comuna, se encuentra la de arbitrar los recursos económicos para satisfacer los servicios locales que presta.
Para ello es necesario reconocer a la misma una facultad tributaria, cuyo alcance, en el caso de nuestro país, está dado por las Constituciones y leyes provinciales, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 5º de la Constitución Nacional.

Existe coincidencia en que los municipios no pueden cobrar impuestos (carecen de poder impositivo), excepto que la ley excluya expresamente dichos impuestos como derecho del fisco provincial o nacional, en beneficio del fisco municipal correspondiente.

Por eso lo correcto es hablar de tasas municipales o contribuciones de mejoras, cuyo pago se justifica por la contraprestación de servicios públicos locales que recibe el usuario. En cambio, el impuesto no implica la contraprestación directa de un servicio por parte de) Estado.

Las principales tasas son las de alumbrado, barrido y limpieza, riego, conservación de pavimentos, abasto e inspección veterinaria y bromatológica, constatación de pesas y medidas, cementerios, servicios fúnebres, patentes de juegos permitidos, teatros y cinematógrafos, salas de espectáculos en general, aranceles hospitalarios, etc.

La suma de los recursos así obtenidos constituyen el Tesoro Municipal y se vuelcan y distribuyen orgánicamente en los diferentes rubros del Presupuesto Municipal.

En los casos en que el Municipio debe encarar obras dentro de su ejido, en cuya realización tiene interés el Gobierno Provincial o Nacional y que excedan las posibilidades tributarias de su población, el fisco provincial o el nacional pueden contribuir con empréstitos que deben contar con autorización legislativa especial y estar acordes con la capacidad financiera del municipio. Estos últimos son denominados recursos derivados, por oposición a los originarios, que son las tasas y contribuciones de mejoras.

La anomalía que puede surgir de la multiplicidad de recaudaciones nacionales, provinciales y municipales es la aparición de la doble imposición, o sea que un mismo bien esté gravado dos veces, razón por la cual las autoridades deben evitarla extremando las precauciones al respecto.

Los cabildos indianos, que constituyen el remoto antecesor de los modernos municipios, para solventar los gastos que les ocasionaba el gobierno local de las ciudades contaban, como fuente de recursos, con los propios y los arbitrios.Los primeros eran las rentas que se obtenían de las tierras reservadas por el Cabildo al fundarse la ciudad y los segundos eran contribuciones extraordinarias, cuyo cobro autorizaba el rey para el cumplimiento de objetivos determinados.

Inversiones

El presupuesto comunal comprende no solamente el cálculo de todos los recursos que ingresan en el Tesoro, sino también el de la inversión de los mismos, es decir, el de las erogaciones que deberán efectuarse durante el año fiscal. Este criterio no es aplicable solamente al presupuesto comunal, sino también a los provinciales y al de la Nación.

Permite conocer el total de los ingresos y los egresos del Estado y si existe déficit, equilibrio o superávit.

Adquiere validez cuando la rama deliberativa del gobierno comunal (Concejo Deliberante) le presta su aprobación.

Pero este solo requisito no basta. Por medio de los Tribunales de Cuentas, el poder central ejerce un contralor sobre la forma y corrección con que se cumplen las inversiones, de acuerdo con las previsiones del presupuesto. Este contralor se extiende no solamente a la legalidad con que se cumplen los gastos de inversión, sino a la oportunidad y conveniencia de los mismos.

Las leyes prevén, también, la responsabilidad que cabe a los funcionarios intervinientes y, ante el caso de anomalías comprobadas, las sanciones que corresponden a los mismos.

El cumplimiento de las previsiones presupuestarias, dentro de los cánones señalados, permite la realización de las obras públicas (escuelas, hospitales, cementerios, plazas, etc.), la prestación de los servicios que corresponden a la esfera comunal y los gastos en personal y mantenimiento.

Servicios públicos son todos los hechos y prestaciones realizadas directa o indirectamente por la Municipalidad, en beneficio de los habitantes de la ciudad correspondiente y cuyo cumplimiento se asegura por medio del ejercicio del poder de policía. Hay servicios públicos que no son prestados ni concedidos por la Comuna, sino tan sólo reglamentados. Son los ejercidos por particulares por mera autorización.

Es importante destacar que la prestación de los servicios públicos es exjgible por los habitantes de la ciudad, teniendo en cuenta que responden a necesidades colectivas.

Los servicios que pueden prestar ios particulares, por tal motivo, quedan expresamente excluidos de esta categoría.

Finalmente, es necesario establecer que en ciertos casos ios servicios públicos no son susceptibles de prestarse indirectamente (por concesionarios). Por ejemplo, cuando se vinculan al ejercicio de la autoridad o ai control de la moralidad.

Fuente Consultada:
Educación Cívica Para 1º Año Capítulo IV – EL MUNICIPIO – Editorial Plus Ultra – Delfino-Gonzalez-Tejerina

El Sistema Federal y la Autonomia de las Provincias Organización

El Sistema Federal Argentino y la Autonomía de las Provincias
Organización Política

Una federación es una agrupación de entidades políticas bajo un gobierno central o nacional al cual, mediante una constitución, delegan unos poderes, reservándose otros.

En la Argentina, esas entidades políticas son las provincias.

La Constitución Nacional contiene en su articulado disposiciones que:

• Determinan cuáles poderes delegan las provincias en la Nación.
• Organizan la coexistencia y coordinación de ambas esferas de gobierno.

El sistema unitario es aquel en que la Constitución delega todo el poder del Estado al gobierno nacional, el cual puede crear subdivisiones otorgando a las mismas las funciones que considere convenientes.

El sistema federal es aquel en que la Constitución distribuye el poder del Estado entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales.

En el Estado unitario las normas tienen validez en todo el territorio nacional, mientras que en el Estado federal hay además normas que tienen validez local exclusivamente.

El Estado unitario es llamado también centralizado, por la existencia de un poder central único; y el federal, descentralizado, por la existencia concurrente de un poder central y distintos poderes locales. Esta terminología es útil, porque en la práctica, tal como ocurre en nuestro país, se dan ambos sistemas combinados, aunque con predominio del sistema federal.

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«El gran principio de la federación se halla en que los. Estados individuales, reteniendo la parte de soberanía que necesitan para sus negocios internos, ceden a una autoridad suprema y nacional la parte de soberanía que llamaremos eminente, para los negocios generales, en otros términos, para todos aquellos puntos en que deben obrar como nación.»
MARIANO MORENO

 

Organización Política

Decía Alberdi en las «Bases…». «Sólo hay gobiernos provinciales en la República Argentina, cuya existencia es un hecho tan evidente, como evidente el hecho de que no hay gobierno general. Para crear el gobierno general, que no existe, se ha de partir de los gobiernos provinciales existentes»,. De esta evidencia, Alberdi, el «padre de la Constitución», deducía que el Congreso Constituyente debía considerar «que los gobiernos provinciales no consentirán ni contribuirán a la creación del gobierno general, sino a condición de continuar ellos existiendo, con más o menos disminución de facultades».

Resultado de imagen para historiaybiografias alberdiEsas provincias de las cuales dependía, en manera tan absoluta, que la Constitución fuese la fórmula de paz y organización buscada, o fracasase como en 1819 y 1826, eran las entidades políticas en torno de las ciudades fundadas por las corrientes colonizadoras de la época de la conquista y que fueron capitales de partidos por la Real Ordenanza de Intendencias de 1782.

Las grandes distancias, la herencia del localismo español y la práctica municipal contribuyeron a la formación de un federalismo embrionario que se manifestó en forma extrema y violente cuando, liberadas las Provincias, se ensayó imponer constituciones unitarias. Esa reacción fue el «caudillismo». Las guerras de la Independencia habían absorbido a los hombres del campo.

La agricultura era escasa y sin método. El ganado se había alejado de la zona habitada por ios blancos como consecuencia de intensas y reiteradas sequías. Los ex soldados de la Emancipación, sin trabajo y sin dinero, se vieron obligados a reunirse en torno de los «hombres fuertes» que daban un amparo político y económico a su vida.

Los caudillos, que ejercieron poder militar y político absoluto, caracterizaron la etapa de la anarquía como representantes de los anhelos provinciales. Mas no por ello dejaron de sentirse unidos en una idea de lo nacional ni de tener deseos de organización. Dos circunstancias lo demuestran: las constituciones provinciales y los pactos interprovinciales.

Entre 1819 y 1825 se dieron constitución: Santa Fe, Tucumán, Córdoba, Santiago del Estero, Salta, Corrientes, Entre Ríos, Catamarca y San Juan. Mientras tanto, los tratados celebrados (del Pilar, Cuadrilátero, Federal) iban a ser los «pactos preexistentes» cuyo cumplimiento preparó la definitiva constitución del país.

El Pacto Federal del 4 de enero de 1831 creaba una Comisión Representativa de los gobiernos litorales, entre cuyas atribuciones figuraba la de «invitar a todas las demás provincias de la República, cuando estén en plena paz y tranquilidad, a reunirse en federación con los litorales y a que por medio de un congreso general federativo se arregle la administración general del país bajo el sistema federal».

El sistema federal establecido por la Constitución sentó las bases para la incorporación o creación de nuevas provincias. Así Buenos Aires, separada de la «Confederación» desde el movimiento del 11 de septiembre de 1852, se incorporó a la Nación mediante el Pacto de San José de Flores (11 de noviembre de 1859), por el que se reseñaba el derecho de que se convocase una Convención para proponer reformas a la Constitución de 1853.

Leyes recientes convirtieron en provincias a los antiguos «territorios nacionales» situados fuera de los límites de las catorce provincias inciales: La Pampa y el Chaco (Ley 14.037), Misiones (Ley 14.294), Formosa, Río Negro, Neuquén, Chubut y Santa Cruz (Ley 14.408). Las nuevas provincias se han dado constitución y se rigen por sus instituciones. De tal modo, nuestra Nación queda organizada con 22 provincias, el Territorio Nacional de Tierra, del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (Decreto-Ley 2191/57) y la Capital Federal.

Aspectos constitucionales que las ordenan

Es uno de los propósitos enunciados en el Preámbulo de nuestra Ley Fundamental el de «constituir la unión nacional». Tal cometido requiere que en el Estado federal haya armonía entre las instituciones que rigen al gobierno central y las que rigen a las provincias.

El artículo 5o de la Constitución Nacional fija los requisitos o condiciones que las Constituciones provinciales deben cumplir, para que el Gobierno Federal garantice el ejercicio de las instituciones que ellas mismas se dan y por las que se rigen, sin intervención del gobierno federal (art. 105).

De acuerdo con el artículo 5º, las constituciones provinciales deben llenar las siguientes condiciones:

• Sistema representativo republicano

La representación es una de las necesidades de la organización política actual, dado que «el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes». Ella se hace efectiva a través del sufragio, como medio para que el pueblo —mandante— designe a los funcionarios que han de actuar en su nombre —mandatarios o representantes—.

El sistema republicano se caracteriza, en nuestro tiempo, por: la división de poderes; la elegibilidad de los funcionarios, la periodicidad de los cargos representativos; la publicidad de los actos de gobierno; la responsabilidad de los funcionarios y la existencia de una Constitución.

El requisito que impone a las provincias el sistema representativo republicano excluye, en consecuencia, toda posibilidad de ensayar una fórmula monárquica o absolutista.

• Armonía con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional

Los derechos reconocidos y establecidos por la Constitución Nacional deben ser ratificados y respetados por las provincias. No hace falta que los expresen, aunque la mayoría de las constituciones provinciales lo hace, sino que debe surgir del ordenamiento general por ellas establecido. No obstante, la ratificación expresa de los derechos es aconsejada por Alberdi: «Debe considerarse incompleta y deficiente toda Constitución de provincia que no contenga una ratificación especial de todos y cada uno de esos derechos y garantías declarados en favor de todo hombre que habita el territorio argentino, por la Constitución común de las Provincias Unidas».

• Poder Judicial
La división de poderes, como característica de nuestra forma de gobierno, debe reflejarse en las provincias. Éstas deben darse tribuna-íes propios a los que corresponderá la administración de justicia ordinaria en su territorio. Es decir, que organizarán el Poder Judicial creando tribunales y estableciendo el régimen de nombramiento, duración y causas de remoción de los jueces.

• Régimen municipal
También tienen las provincias el deber de instituir en su Constitución respectiva el régimen municipal.

En general, las constituciones locales establecen regímenes que mantienen a las comunas como entidades autárquicas territoriales, sin autonomía rentística y a veces se limita el carácter electivo popular, cuando el encargado del departamento ejecutivo municipal es designado por el gobernador con acuerdo de la Legislatura.

• Educación primaria

Las provincias deben asegurar la educación primaria en sus constituciones. Tal requisito es también un derecho inherente a la autonomía provincial. La educación pública tiene en el nivel moral, económico y político del pueblo una incidencia fundamental. Puede afirmarse que el desarrollo de una provincia depende en gran medida del buen uso que se haga en ella de esta cláusula del artículo 5º.

Relación de poderes nacional y provinciales.

La autonomía provincial Las provincias argentinas al integrarse en la Nación, por medio de la Constitución, se desprendieron de su soberanía, para delegarla en el Estado Nacional.

La soberanía es el poder supremo. Reside en el pueblo, quien la ejerce por medio de sus representantes. Sobre dicho poder no existe ningún otro.

Cuando las provincias delegaron en la Nación el poder soberano, se convirtieron en autónomas, como consecuencia del sistema federal adoptado.

La autonomía consiste en la facultad que tienen las provincias de dictarse la propia ley y regirse por ella. Por supuesto que esa autonomía, propia de los Estados provinciales, es más limitada que la soberanía propia de la Nación.

El artículo 104, primero del título «Gobiernos de Provincia» de nuestra Constitución Nacional, establece la norma general para deslindar el ámbito de poder nacional del ámbito de poder provincial:

«Las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al gobierno federal, y el que expresamente se hayan reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación».

Según esta norma, es preciso demostrar que la Constitución prohibe a las provincias el ejercicio de un poder, o que lo atribuya de manera exclusiva al Gobierno Federal, para afirmar que las provincias no pueden ejercerlo. El artículo 108 enumera taxativamente cuáles son los poderes delegados por las provincias y que por lo tanto les está vedado ejercer. La autonomía provincial está integrada por todo el resto de poder no delegado.

El artículo 107 enuncia lo que pueden realizar las provincias en materia de gobierno. El verbo «pueden» del artículo 107 indica que tienen la atribución pero no la obligación de ejercerlos. No es el mismo caso de la justicia provincial, el régimen municipal y la educación primaria, que obligatoriamente deben ser materia de legislación constitucional provincial, según el artículo 5º.

El artículo 104 remite la autonomía provincial a los «poderes no delegados» al gobierno central. Tal principio crea la necesidad de conocer primero cuáles son los «poderes delegados», ya que, fuera de estos últimos, que deben ser expresos en la Constitución Nacional, se desenvuelve la autonomía provincial.

• A) Poderes delegados.

Está expresamente prohibido a las provincias (arts. 108 y 109):

— «Celebrar tratados parciales de carácter político». Con el fin de mantener la unidad de la soberanía de la Nación, esta cláusula prohibe a las provincias formar «ligas», firmar pactos o alianzas interprovinciales o de una provincia con una potencia extranjera. Las relaciones exteriores y su manejo son un poder cedido a la Nación.

— «Expedir leyes sobre comercio o navegación interior o exterior».

— «Establecer aduanas provinciales».

— «Acuñar monedas ni establecer bancos con facultad de emitir billetes sin autorización del Congreso Federal».

— «Dictar los códigos civil, comercial, penal y de minería después que el Código los haya sancionado; ni dictar especialmente leyes sobre ciudadanía y naturalización, bancarrotas, falsificación de moneda o documentos del Estado».

— «Establecer derechos de tonelaje». Significa que no pueden las provincias fijar gravámenes a las embarcaciones por el derecho de entrar en puerto.

— «Armar buques de guerra o levantar ejércitos, salvo el caso de invasión exterior o de un peligro inminente que no admita dilación, dando cuenta luego al gobierno federal».

— «Nombrar o recibir agentes extranjeros». Tales atribuciones corresponden al Presidente de la Nación (art. 86, incisos 10 y 14).

— «Admitir nuevas órdenes religiosas». Facultad que el artículo 67, inciso 20, otorga al Congreso Nacional.

— «Declarar ni hacer la guerra a otra provincia». El artículo 109 determina que las quejas entre provincias se deben someter a la Corte Suprema para ser dirimidas por ella. Y agrega que hostilidades entre provincias «son actos de guerra civil, calificados de sedición o asonada que el gobierno federal debe sofocar y reprimir conforme a la ley»

• B) Poderes concurrentes. El artículo 107 dice que las provincias pueden promover: «su industria, la inmigración, la construcción de ferrocarriles y canales navegables, la colonización de tierras de propiedad provincial, la introducción y establecimiento de nuevas industrias, la importación de capitales extranjeros y la explotación de sus ríos por leyes protectoras de estos fines y con sus recursos propios».

La segunda parte del inciso 16 del artículo 67, relativo a las atribuciones del Congreso Nacional, enumera exactamente las mismas materias en el mismo orden e iguales términos. De la comparación de estos artículos surge el concepto de «poderes concurrentes», es decir que pueden ejercerlos tanto la Nación como las provincias.

La diferencia reside en que ¡a legislación nacional tenderá a la promoción de obras de interés general en todas las provincias, mientras cada una de éstas promueve su propio adelanto, coloniza sus tierras y emplea recursos propios. En este punto la Constitución contempla sabiamente una fórmula de equilibrio: las provincias pueden ejercer su autonomía, pero cuando las obras necesarias son de tal envergadura que superan sus posibilidades de financiación propia, la acción del Estado central puede coadyuvar o reemplazar a la provincial sin mella del principio federal.

En el mismo sentido las provincias pueden celebrar tratados parciales para fines de administración de justicia, de intereses económicos y trabajos de utilidad común, con conocimiento del Congreso Federal (art. 107, la. parte).

• C) Poderes no delegados. Veremos ahora los poderes que son propios y exclusivos de las provincias. El artículo 105 expresa que las provincias «se dan sus propias instituciones locales y se rigen por ellas. Eligen sus gobernadores, sus legisladores y demás funcionarios de provincia, sin intervención del Gobierno Federal».

Esto significa:
— Las leyes provinciales se ajustan al régimen de elaboración, aplicación y contralor que la respectiva Constitución provincial determina.

— Dichas leyes serán las necesarias al ejercicio de la Constitución respectiva y al funcionamiento de las instituciones locales.

— La forma de sufragio para la elección de autoridades locales será la que cada provincia estatuya por sus leyes electorales.

— Los comicios se verificarán sin intervención del gobierno central.

— La designación de funcionarios de los organismos de gobierno locales es independiente de la injerencia del poder central.

Por su parte el artículo 5o determina que el régimen municipal, la administración de justicia y la educación primaria pertenencen al ámbito de la autonomía provincial y deben ser asegurados en sus respectivas constituciones.

El ejercicio del federalismo depende en forma esencial de que cada provincia pueda procurarse recursos propios adecuados. En este aspecto también el «tesoro de provincia» se compone de todos los recursos no delegados al tesoro de la Nación.

La integridad territorial de las provincias está garantizada en la segunda parte del artículo 13, que establece: «no podrá erigirse una provincia en el territorio de otra u otras, ni de varias formarse una sola, sin el consentimiento de las legislaturas de las provincias interesadas y del Congreso».

Reiteremos que la esfera de poderes de las provincias, fuera de las delegaciones expresas, no se reduce a su vez a la enumeración constitucional, sino que es ilimitada.

Por otra parte, el artículo 110 de la Constitución Nacional establece: «Los gobernadores de provincia son agentes naturales del gobierno federal para hacer cumplir la Constitución y las leyes de la Nación».

La primera parte del artículo, interpretada literalmente, puede llevar a la errónea creencia de que los gobernadores son subordinados que deben acatar órdenes del Gobierno Central. Por el contrario, el verdadero sentido del artículo es que los gobernadores, como jefes del Ejecutivo de su provincia respectiva, son los encargados de velar por el acatamiento y cumplimiento de la Constitución y leyes nacionales, y en esto representan al Gobierno de la Nación.

• La intervención del Gobierno Federal en las provincias

La «intervención» es un medio excepcional de hacer efectiva la garantía del Gobierno Federal al ejercicio normal de las instituciones provinciales, cuando circunstancias graves las ponen en peligro. Está prevista en el artículo 6º :

«El Gobierno Federal interviene en el territorio de las provincias para garantir la forma republicana de gobierno o repeler invasiones exteriores, y a requisición de sus autoridades constituidas para sostenerlas o restablecerlas si hubiesen sido depuestas por la sedición o por invasión de otra provincia».

A) Poder que la dispone. Según el artículo 6o, el Poder que dispone la intervención es el «Gobierno Federal». Debe entenderse que se trata de los dos Poderes políticos nacionales: Legislativo y Ejecutivo, pues el Judicial ejerce una «intervención permanente» en su tarea de velar por el imperio de la Constitución Nacional.

A este respecto la jurisprudencia de la Corte Suprema ha establecido: «La intervención nacional, en todos los casos en que la Constitución la permite o prescribe, es un acto político por su naturaleza, cuya verificación corresponde exclusivamente a los poderes políticos en la Nación; y éstos son el Congreso y el Poder Ejecutivo, sin ninguna participación del Judicial».

Si bien la Constitución Nacional no fija a que rama del Gobierno Federal compete disponer la intervención, la doctrina concuerda en que es primordialmente el Legislativo quien debe hacerlo, mediante una ley especial. Durante el receso de las Cámaras el Ejecutivo puede llamar a sesiones extraordinarias al efecto. Sólo en caso de suma urgencia puede admitirse que el Ejecutivo tome exclusiva iniciativa en esta materia.

B) Casos en que procede. De acuerdo con la redacción del artículo 6o debe entenderse que el Gobierno Federal tiene la facultad de intervenir por propia iniciativa solamente para «garantir la forma republicana de gobierno» (por ejemplo: una provincia en la que se haya suprimido la periodicidad de los mandatos) o para «repeler invasiones exteriores». Obrará en cambio a requisición de las autoridades constituidas cuando éstas se hallen en peligro o hayan sido depuestas por sedición o por invasión de otra provincia.

En este último caso podría ocurrir que la intervención no pudiese ser requerida por imposibilidad material. La comisión examinadora de 1860 ha opinado al respecto que «el hecho público incontrovertible de haber sido derrocadas las autoridades en una provincia explica la causa y suple el silencio de aquéllas, entendiéndose requerido el auxilio nacional».

Son «autoridades constituidas» las electas, en ejercicio del poder, de acuerdo con las leyes de la provincia respectiva y la Constitución Nacional. La «sedición», definida como delito por el artículo 22 de la misma, puede ser cometida por grupos que a nombre del pueblo abusen del derecho de peticionar y usurpen funciones de gobierno.

La «invasión de otra provincia» puede consistir en que grupos de individuos provenientes de una provincia procuren el derrocamiento de las autoridades constituidas de otra, o bien, entrando ya en lo previsto por el artículo 109, que una provincia como entidad política ataque a la vecina, cometiéndose «actos de guerra civil», que el gobierno de la Nación «debe sofocar y reprimir conforme a la ley».

LECTURA COMPLEMENTARIA:
RELACIÓN DE PODERES NACIONAL Y PROVINCIALES: La regla que deslinda lo provincial de lo nacional, en materia de gobierno, es la siguiente: las provincias conservan todos los poderes inherentes a la soberanía del pueblo de su territorio, excepto los poderes delegados expresamente al gobierno general.

La esfera del gobierno general sólo comprende un número determinado de cosas, que son las que interesan al bien común de las provincias. Mientras que los gobiernos provinciales conservan bajo su acción inmediata todos los intereses locales de su provincia respectiva, ‘la administración de justicia en asuntos civiles y criminales, que afecta a la propiedad, a la vida, al honor, a la libertad de los ciudadanos, la legislación local y el gobierno inmediato de su pueblo.

Menos numerosos que lo que parecen a primera vista, los poderes del gobierno general se refieren principalmente a objetos exteriores, tales como la paz, la guerra, los tratados con las naciones extranjeras, las aduanas y el comercio exterior. En lo interior, se reducen a muy pocos los intereses sobre que versan, y los más de ellos pueden referirse al comercio interior y sus accesorios, que son las aduanas, la posta, la moneda; y a la seguridad interna, cuyo objeto abraza las contribuciones, el crédito y el ejército, como medios auxiliares para hacerla efectiva.

Si, como se dice a menudo, el poder municipal es el alma del progreso interior del país, con cuánto mayor razón no se dirá eso del poner provincial, cuya esfera es tan rica y dilatada. La instrucción primaria, la inmigración, la colonización de las tierras desiertas, la plantificaron de nuevas ciudades, la introducción y fomento de nuevas industrias, la construcción de puentes y caminos públicos y vecinales, las seguridades dadas a la persona, a la propiedad, a la libertad de conciencia y de opiniones, la hospitalidad legislativa dada al extranjero, son otros tantos medios maravillosos de progreso y de gobierno, que quedan reservados a los gobiernos de provincias.

Mientras la provincia por su parte mueve esos resortes, la República por la suya pone en acción los grandes medios de la política exterior, y ambas acordes empujan al país hacia su prosperidad de un modo completo, es decir, en sus pormenores y en su conjunto. Tales son los beneficios del sistema de gobierno consolidado y multíplice a la vez. Sin consolidación, sin unidad nacional, no hay fuerza exterior, no hay orden interior, no hay progreso, porque no hay unión y consolidación de fuerzas y medios, para mantener la independencia, la paz interna y el progreso del país. Sin multiplicidad, sin independencia, no hay vida, no hay espontaneidad, no hay libre desarrollo en las poblaciones. Multitud -ha dicho Pascal- que no se reduce a la unidad, es confusión; unidad que no depende de la multitud, es tiranía.

Sería incurrir en un grande y capital error el creer que las provincias se desprenden o enajenan el poder que delegan en el gobierno nacional. No abandonan un ápice de su poder en esa delegación. En una parte de él abandonan una manera local de ejercerlo, en cambio de otra manera nacional de ejercer ese mismo poder, que parecen abandonar y que en realidad toman. El gobierno nacional no es un gobierno independiente de las provincias: es elegido, creado y costeado por las provincias mismas. Les pertenece del mismo modo que sus gobiernos locales; con la sola diferencia que, en vez de pertenecer a cada una aisladamente, pertenece a todas ellas reunidas en cuerpo de nación.

n vez de tener representantes sólo en la legislatura de su provincia, los tienen también en el Congreso nacional; en vez de elegir gobernador, eligen gobernador para la provincia y presidente para la República. Uno y otro gobierno son hechuras del pueblo de cada provincia; en ambos delegan su soberanía, por conducto del uno gobiernan en su suelo, y por conducto del otro en toda la República. El gobierno nacional es un mecanismo por el cual los riojanos, v. g., gobiernan en Buenos Aires, y viceversa. Delegando poderes, las provincias no hacen más que aumentar su poder.

Juan Bautista Alberdi: «Derecho Público Provincial Argentino».

Fuente Consultada:
Educación Cívica Para 1º Año Editorial Plus Ultra Delfino-Gonzalez-Tejerina

El Utilitarismo y La Felicidad General Mayor Placer y Bienestar Social

El Utilitarismo y La Felicidad General
El Mayor Placer y Bienestar Social

¿Cómo puede obtenerse la mayor felicidad para la comunidad? ¿Puede ser feliz una sociedad  en la que cada uno persigue sus propios intereses? He aquí unos puntos de vista objeto de polémicas.

La motivación que hay tras las acciones del hombre es su deseo de experimentar placer y evitar el dolor. En esta tesis se apoya una importante teoría del siglo XIX que se denomina principio de la utilidad: el mayor bien del mayor número de personas.

Según ella, todas las acciones humanas tienen su explicación en la forma en que asocian los hombres el placer y el dolor con las diversas formas de conducta; su objetivo consiste siempre en obtener la mayor cantidad posible del primero y evitar la mayor cantidad posible del segundo. Debe juzgarse la rectitud de conducta según la cantidad de felicidad obtenida en términos de placer, entendiendo el concepto de placer en su sentido más amplio.

A partir del siglo XVII se había ido desarrollando gradualmente una nueva aproximación empírica a las cuestiones humanas, por la que empezaba a reconocerse la importancia de principios psicológicos tales como la asociación de ideas. Sin ella, nunca habría sido posible formular el principio de la utilidad. En ética, política y derecho se manifestaba una actitud acorde con la aproximación empírica general. Ya no se podían atribuir los conceptos del bien y del mal a una especie de adecuación intrínseca a la naturaleza de las cosas: era preciso abandonar la vieja teoría de la ley natural.

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Jeremy Bentham

El utilitarismo es la concepción para la cual las acciones deben juzgarse como buenas o malas en atención a su capacidad para incrementar o reducir el bienestar humano o la «utilidad». Desde Bentham se han propuesto múltiples interpretaciones de la utilidad, pero para él consistía en la felicidad y el placer humanos, y su teoría de las acciones correctas se resume en ocasiones como el fomento de «la mayor felicidad del mayor número posible».

Francis Hurcheson (1694-1747) fue uno de los primeros en formular la nueva teoría. Claude Helvetius, en su obra De l’esprit (1758), la propugnó en Francia como instrumento para la reforma social. Partiendo del hecho de que el hombre actuará básicamente según su propia conveniencia, infiere que el único criterio general para juzgar los actos
es el principio del mayor bien para el mayor número de personas.

Sobre esta base se hace posible reformar la sociedad mediante una legislación, haciendo que el obedecerla sea ventajoso y conveniente para todos. Para ello se disponen diversas penas como castigo a los actos que vayan en contra del bien común.

Al evaluar las posibilidades de sufrimiento los hombres se sienten incitados a la obediencia. Debemos notar en este punto que la nueva perspectiva utilitarista se basa en ciertos supuestos propios no examinados.

En primer lugar se da por sentado que el mayor bienestar posible de la comunidad es consecuencia de la persecución por parte de cada cual, adecuadamente motivada, de los propios intereses. Se presupone que la igualdad de los intereses individuales y la armonía entre ellos reside en cierto modo en la naturaleza de las cosas.

La negación de la libertad
Los escritos de Paul Holbach (1723-89) subrayan la misma fuerza utilitarista, especialmente en lo que concierne a la naturaleza del gobierno. El bien de la humanidad se ve frustrado precisamente cuando los gobiernos se apartan del principio de la utilidad. La clase dirigente explota entonces al resto de la sociedad, negándole esa libertad a la que tienen derecho todos los hombres como único medio para realizar su propia felicidad y el bien común.

Lo único que se necesita para remediar los defectos del mal gobierno es la educación: una vez que los hombres hayan descubierto dónde reside su verdadera conveniencia, no tardarán en adoptar el principio adecuado.

El movimiento fisiocrático, nacido en la Francia del siglo XVIII, adoptó también el principio de la utilidad, pero combinándolo con la opinión de que el gobierno no debe intervenir en la esfera de la economía: se sirve mejor al bien común dejando que ésta siga su curso natural sin impedimentos.

La doctrina del laissez-faire del liberalismo económico habría de influir a su vez sobre los economistas británicos: queda bien evidente en esa especie de fatalismo económico de David Ricardo (1772-1823) o Thomas Malthus (1766-1834).

Jeremy Bentham se halla todavía entre nosotros: en su testamento legaba su cuerpo 2 la ciencia, pero dispuso que el esqueleto, vestido con sus ropas, se exhibiese en una urna para servir de inspiración a sus discípulos y a la  posteridad.

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David Hume señaló que los hombres actúan con frecuencia siguiendo sus impulsos y sin considerar previamente los resultados de sus  actos.

En el movimiento de reforma
liberal surgido durante el siglo XIX causaría cierta tensión, puesto que’se vio claramente que no era tan sencillo conciliar los ideales de la Revolución Francesa: libertad e igualdad parecían en cierto sentido antagónicas. Es en esta dificultad donde hallaría una de sus fuentes de inspiración el movimiento revolucionario de Marx y Engels.

En la obra de David Hume (1711-76) hallamos una aplicación directa del principio de la utilidad. Hume sostuvo que, de hecho, los hombres decidían el distinto curso de sus actos evaluando el equilibrio entre el bien y el mal que podría resultar. Al mismo tiempo estableció un punto muy importante al observar que, por lo general, no se calcula la acción en sentido estricto, sino que los hombres actúan según sus impulsos a la luz de lo que en ese momento consideran como más adecuado a sus mejores intereses.

Cesare Beccaria (1738-94), seguidor italiano de Helvetius, propuso la reforma del derecho penal sobre la base del principio de la utilidad. Con un espíritu muy propio de la Ilustración, pretendió abolir la tortura judicial y la pena de muerte, insistiendo en que ercastigo no debería ser más de lo necesario para hacer al crimen poco atractivo en comparación. Además debería suprimirse todo aplazamiento y, sobre todo, toda duda respecto a cual sería tal castigo.

Aumento de la felicidad
En tanto que el fermento de la Ilustración conducía en Francia a la revolución de 1798, en Inglaterra tomó un sesgo mucho menos violento. La reforma se fue operando gradualmente, gracias a los esfuerzos de los radicales filosóficos, en línea directa con los grandes filósofos empiristas. Uno de los más influyentes fue Jeremy Bentham (1748-1832). Pese a no ser un pensador verdaderamente original, dio notable impulso a la causa de la reforma con sus detallados estudios, especialmente en el campo de las leyes. Siguió a Helvetius y Beccaria y, al igual que ellos, adoptó el principio de la utilidad como dogma básico.

El criterio para juzgar si una acción es buena o mala es el aumento de la felicidad o la disminución de la infelicidad. Lo que produce la felicidad es el placer o la ausencia de dolor; se supone que lo único que persigue el hombre por su propia causa es el placer y la evitación del dolor. Naturalmente, hay que tomar el concepto de placer en un sentido adecuadamente general. Pero nunca se explica con claridad cómo debe entenderse. Bentham va más allá y afirma que se puede atribuir a cada placer y a cada dolor una especie de valor numérico en una escala general, no sólo para una persona, sino para diferentes personas.

Evidentemente, este método de los equilibrios de placer no es un principio ético muy útil para servir de guía y norma de conducta. De hecho, el cálculo de Bentham es la parte más endeble de todo su método: incluso sus propios seguidores pudieron verlo. Por otra parte, no está nada claro cómo debe efectuarse la reducción de todas las cosas a una sola escala, ni tan siquiera si ello es posible.

Sin embargo, y como guía para la reforma legal, el principio de la utilidad tiene indudablemente cierto mérito. Con arreglo a él, Bentham examina todo el campo de la ley y de los procedimientos legales. En vez de las viejas justificaciones teóricas que acompañaban a la teoría de la ley natural, Bentham valoraba todas las disposiciones legales por medio del principió de la utilidad.

En tanto que los teóricos de la ley natural condenarían el robo, por ejemplo, por ir contra el derecho de propiedad, los utilitaristas lo condenan porque la inseguridad que crea menoscaba la felicidad humana. En derecho penal especialmente establecieron un sistema de sanciones cuya finalidad consistía en hacer que al hombre le resultase desagradable cometer un delito.

La proporción de la pena es tal, que sólo las consideraciones utilitaristas pueden disuadir al criminal. Bentham sostuvo que la bárbara severidad de los castigos entonces al uso era un error, no tanto a causa de su crueldad como porque no se ajustaba al principio de la utilidad. Con todo, trabajó seriamente en favor de la reforma penitenciaria, propugnando mejores condiciones para los presos y un trato más humano; por desgracia, sus esfuerzos para que el gobierno adoptase el nuevo tipo de prisión que él mismo había diseñado resultaron infructuosos.

Aún estaba muy lejana la reforma penal: a finales del siglo XVIII, el niño que fuese descubierto robando un pan porque tenía hambre, corría el riesgo de morir ahorcado.

Uno de los aspectos legales que hoy día vuelven a atraer una vez más la atención de los reformadores es el campo de los procedimientos. En él formuló Bentham importantes sugerencias que se hallan entre sus proposiciones más originales y, al mismo tiempo, menos afortunadas en la práctica. También aquí se hallaba demasiado adelantado a su tiempo, pues argüyó que los tediosos procedimientos y la oscuridad del lenguaje legal eran un obstáculo para la auténtica jurisprudencia.

Las actuaciones legales resultaban así indebidamente largas, costosas e inciertas. Lo que él proponía a cambio era un sistema en el que los litigantes pudiesen reunirse en una especie de ambiente de comité, con el juez como presidente y arbitro de la causa.

Lo mejor para la comunidad
En la esfera de la economía, el principio utilitarista negó toda intervención del gobierno. Ello se debió en parte a la creencia de que el libre intercambio de los intereses propios de cada individuo conduciría al mejor resultado posible para la comunidad en conjunto.

Otro concepto que respaldaba dicha actitud era la convicción de que las leyes económicas actuaban, en términos generales, como las leyes físicas de Newton, por lo que resultaba sencillamente inútil intervenir. Esto pone de relieve uno de los aspectos más débiles de la teoría utilitarista, no sólo en la esfera de la economía, sino también en los campos legal y político: los utilitaristas omitieron por completo toda consideración de la fuerza de las tradiciones e instituciones que se han desarrollado a lo largo de la historia.

La tarea de los primeros utilitaristas en el campo político era, en cierto modo, limitada. La función del gobierno quedaba para ellos muy restringida, ya que no incluía los asuntos económicos. Tanto Bentham como James Mill (1773-1836) eran partidarios de la ampliación del derecho político sobre la base del principio de la utilidad: al conceder el voto a mayor número de personas, y al reducir el período de mandato de los representantes elegidos, el gobierno podría hallarse más directamente relacionado con la mayor felicidad del mayor número  de seres.

Thomas Malthus fue, junto con Ricardo, una importante figura en el desarrollo de la teoría económica en la Gran Bretaña, si bien es mucho más conocido por su teoría sobre la expansión de la población, teoría que no ha  perdido vigencia.

Según el filósofo inglés de finales del siglo XYIII Jeremy Bentham: «La mayor felicidad del mayor número es la medida de lo que es correcto o equivocado». Este principio creaba una ciencia de la toma de decisiones ética, un medio de resolver controversias por métodos prácticos y contrastables que, llevados al extremo, podían llegar a ser cuantitativos y estadísticos. Con este objetivo, Bentham inventó un método para «calcular la felicidad») que abarcaba siete dimensiones del placer y del dolor: la intensidad (¿cómo de intenso es el placer o el dolor?), la duración (¿cuánto tiempo dura?), la certeza (¿qué probabilidades hay de que el resultado final sea ese tipo de sensación?), la propincuidad (¿con qué prontitud se producirán los resultados?), la fecundidad (si el resultado es placentero, ¿puede ser seguido por sensaciones del mismo tipo?), la pureza (¿es probable que el resultado sea seguido por sensaciones del tipo contrario?) y la extensión (¿a cuántas personas afectará?). Alguien que contemple la posibilidad de empezar a fumar puede hacer un cálculo de este tipo al plantearse: «¿Merece la pena?». En la esfera pública, esta es la estrategia de los economistas para realizar el análisis coste-beneficio, en el que se sopesan, por ejemplo, los costes de los sistemas de seguridad ferroviarios frente al número de vidas que salvarán.

El abandono de un principio
Sin embargo, pronto se hicieron evidentes los fallos del primer programa utilitarista en el campo económico. Lejos de mejorar la suerte de la humanidad en conjunto, el crecimiento no regulado del industrialismo sumió a vastos contingentes de población en las condiciones más abyectas de sordidez y miseria. Tenía que haber algún error básico en los viejos supuestos.

Así supo reconocerlo John Stuart Mill (1806-1873), que fue descubriendo gradualmente la necesidad de modificar la filosofía utilitarista. Sufrió en parte la influencia de la filosofía idealista germánica, y en parte de la de Auguste Comte (1798-1857).

Como resultado, el utilitarismo de John Stuart Mill representa en ciertos aspectos un abandono total del antiguo principio de la utilidad. Si bien lo establece explícitamente, en la práctica está muy lejos de aplicarlo, cosa que por otra parte resulta imposible dado sus nuevos puntos de vista, puesto que introduce distinciones entre los placeres, y ello impide el tipo de comparaciones que requerían los cálculos de Bentham.

Además, al definir el placer simplemente como lo que el hombre desea, y al admitir que algunos de esos placeres son buenos como fines en sí mismos, independientemente de las consecuencias, lo que realmente hace es abandonar el utilitarismo. Sigue prodigando alabanzas a la vieja doctrina, pero ya no se adhiere a ella. Al mismo tiempo, es incapaz de desarrollar una doctrina nueva coherente: Mill tiene conciencia de los problemas, pero no sabe hacerles frente. Su actitud es más contemplativa que de acción.

En su famoso ensayo Sobre la libertad describe la libertad de pensamiento y de discusión como acordes con el principio de la utilidad, puesto que permite difundir las nuevas ideas y estimula la inventiva; pero también dice que la negativa de esta libertad perjudica a la naturaleza moral del hombre. Evidentemente, considera la libertad como una cosa buena en sí misma.

En la época de Mill, las amenazas a la libertad no estaban ya en las restricciones impuestas por una mayoría invasora que trataba de suprimir las opiniones de la minoría. No creía que la tarea del gobierno consistiese en intervenir para ayudar al pueblo; era mejor dejarle defenderse por sí mismo, a fin de fortalecer su propio sentido de autoconfianza.

Sin embargo. Mill empezaba a comprender al mismo tiempo la necesidad de que el Estado introdujese una legislación protectora en el orden económico —legislación que, de hecho, llevaba ya algún tiempo en vigor. Ella contribuía a evitar la explotación de las mujeres y los niños, y garantizaba unos niveles adecuados en las condiciones de trabajo, aspecto en el que habían resultado totalmente inoperantes los motivos utilitaristas privados.

Ciertamente, y a pesar de las tradicionales sospechas liberales contra la interferencia, Mill era partidario de varias actuaciones gubernativas; pero fue incapaz de establecer un criterio general respecto a qué legislación era deseable y cuál no.

La doctrina del utilitarismo sigue siendo importante en la única esfera donde puede resultar hasta cierto punto plausible, esto es, como una especie de guía aproximada para la legislación. Cuando se establecen, por ejemplo, unas disposiciones para el tráfico, el objetivo es promover el bien general.

Que la evaluación del problema sea correcta y la finalidad conseguida es ya, naturalmente, otra cosa. Además, hay ciertas ocasiones en las que el legislador confunde el bien general con sus propias conveniencias administrativas. Gran parte de la legislación social se basa en el supuesto de que habrá de proporcionar el mayor bien a la mayoría de personas. Sin embargo, el principio utilitarista puede degenerar en tiranía.

Una de las mayores dificultades de Mill fue reconciliar la utilidad con la libertad. Pero para este problema no existe una solución general.

Funciones del Poder Judicial Argentina Division de Poderes

Funciones del Poder Judicial
División de Poderes

Así como el Poder Legislativo nacional reside en un Congreso y el Ejecutivo en un Presidente, el judicial, dice la Constitución, “será ejercido por una Corte Suprema de justicia y por los demás tribunales inferiores que el Congreso estableciere en el territorio de la Nación.

Este alto tribunal ha sido creado como un árbitro supremo, independiente, para dirimir todos los conflictos.

La Constitución Nacional ha establecido dos órdenes de justicia:

a – La justicia Federal o Nacional, que tiene jurisdicción sobre el territorio de la República.

b – La justicia ordinaria de cada provincia a que alude el Art. 50.

El Poder judicial es un poder independiente y por lo mismo dicta sus

Propios reglamentos de funcionamiento y nombra a sus empleados. El Presidente no puede ejercer, por ninguna razón, ni arrogarse facultades
judiciales, aunque los miembros de la Corte son nombrados por el Presidente con acuerdo del Senado. Las atribuciones del Poder judicial están legisladas en el artículo 97 al 100 de la Constitución.

La suma de facultades y atribuciones que la Constitución concede al Poder judicial se resume en la palabra jurisdicción. Esta significa la potestad de que se halla investido por la Constitución y por las leyes del Congreso para administrar justicia.

Corte Suprema de la Nación Argentina

Corte Suprema de la Nación Argentina

La Corte Suprema de Justicia de la Nación
La Constitución crea una Corte Suprema de Justicia. Al decir que es «suprema» se expresa que es el más alto tribunal de justicia de la Nación; sus decisiones son inapelables.

La Corte Suprema es, además, el intérprete máximo de la Constitución Nacional. Es quien interpreta, en caso de duda, y con carácter definitivo, el significado de las normas constitucionales. Por eso, se la ha definido como «guardián de la Constitución» y se ha dicho que «la Constitución es lo que la Corte dice que es».

Cuando la Corte Suprema efectúa una interpretación de una norma constitucional, esa interpretación es obligatoria para los tribunales inferiores.

La Corte puede declarar la inconstitucionalidad de cualquier norma (una ley, un decreto, etc.), pero debe hacerlo solamente ante la aplicación de esa norma en un caso concreto y a pedido de la parte afectada (por ejemplo: ante el pedido de un individuo en un juicio, que se* vea afectado por la aplicación de una ley). La declaración de inconstitucionalidad no deroga la norma cuestionada: si la Corte estuviera facultada para derogar una norma dictada por el Congreso o por el Presidente se violaría la división de poderes.

Existen diversos caminos judiciales por los que una causa puede llegar a la Corte Suprema: recursos de apelación impugnando sentencias de tribunales inferiores, recursos de revisión, de aclaratoria, de queja, etc.

La Constitución no determina el número de integrantes de la Corte, ni su organización y funcionamiento. Tampoco establece la forma en que debe ser elegido el magistrado que la presida. Todos esta aspectos han sido reglamentados por la Ley 23.774, que fijó en nueve el número de jueces que la integran.

Estos magistrados se denominan Ministros de la Corte y son designados por el Presidente de la Nación con acuerdo del senado y son ellos, según la ley, quienes deben designar a su presidente.

REQUISITOS PARA INTEGRAR LA CORTE SUPREMA: LOS establecidos por la Constitución Nacional son los siguientes:

• Ser abogado de la Nación con g anu3.de ejercicio profesional.
• Reunir las calidades necesarias para ser senador nacional (30 años cumplidos de edad, 6 años de ciudadanía si se es argentino por opción, etc.). Los ministros de la Corte prestan juramento «de desempeñar sus obligaciones, administrando justicia bien y legalmente, y en conformidad a lo que prescribe la Constitución». Ese juramento se presta ante el presidente de la Corte.

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Fuente Consultada: Educación Cívica 2 – Zuretti-Auza

Funciones del Poder Ejecutivo y Judicial Separacion de los Poderes

Funciones del Poder Ejecutivo y Judicial Separación de los Poderes

La misión fundamental del Ejecutivo es ejecutar la ley que sanciona el Poder Legislativo. Pero la ejecución de las leyes implica un vasto ejercicio de atribuciones de gestión de los asuntos públicos. Ello le concede un poder de intervención continua en la administración nacional.

Casa Rosada en Buenos Aires – Poder Ejecutivo Nacional

El ejercicio de las facultades del Poder Ejecutivo está a cargo del Presidente de la República y es, por lo mismo, unipersonal.

Pero además de las amplias facultades implícitas en el poder administrador, el Poder Ejecutivo, según ya vimos, posee la facultad de elaborar proyectos para la consideración del Congreso.

De modo que el Presidente, que ejerce el Poder Ejecutivo posee, en síntesis, estas atribuciones:

a – Facultades ejecutivas que ejerce por sí solo.

b – Facultades ejecutivas que ejerce con acuerdo del Senado como designar embajadores, nombrar jueces, etc.

c – Facultades legislativas derivadas de su facultad como colegiador.

Pero el ejercicio de esas atribuciones no agota la gestión del Ejecutivo, pues se agrega el ejercicio de atribuciones especiales. Se denomina atribuciones al conjunto de facultades, poderes y derechos inherentes a su función. Las atribuciones pueden ser:

a – Atribuciones administrativas
— Es el jefe supremo de la Nación y tiene a su cargo la administración general del país (Art. 67).

La administración general comprende todos los servicios administrativos que tiene el Gobierno Federal.

— En su carácter de jefe de la administración nacional por sí nombra y remueve a los ministros, a los agentes consulares y a los demás empleados de la administración; hace recaudar las rentas y decreta su inversión de acuerdo con la ley.

— Por ser jefe administrativo del gobierno expide instrucciones y reglamentos que son necesarios para la ejecución de las leyes.

b – Atribuciones políticas o gubernativas
— Participa en la formación de las leyes con arreglo a lo que expresa la Constitución.
— Hace anualmente la apertura del Congreso dando cuenta del estado de la Nación y recomendando a su consideración las medidas que estima convenientes.
— Es comandante en jefe de todas las fuerzas armadas de la Nación. Por lo mismo provee los empleos militares con acuerdo del Senado.
— Es el jefe inmediato de la Capital Federal.
— Nombra a los magistrados de la Corte Suprema y a los demás tribunales federales.
— Puede indultar o conmutar las penas por delitos sujetos a su jurisdicción federal.

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Fuente Consultada: Educación Cívica 2 – Zuretti-Auza

Funciones del Poder Legislativo Ejecutivo y Judicial Forma de Gobierno

Funciones del Poder Legislativo Ejecutivo y Judicial  Forma de Gobierno

En la doctrina republicana la función legislativa, como función de gobierno, es atribuida al Poder Legislativo. De modo que la función específica de este poder es hacer la ley, dictar la ley. Es por lo mismo un acto de la mayor importancia para el gobierno de un pueblo, porque el mismo se rige de acuerdo con las leyes.

Hacer la ley es, en suma, un acto de prudencia política, pues se debe hacer la ley justa, adecuada, oportuna, general para todos y que posea perdurabilidad.  La facultad de dictar leyes implica la de modificar o anular las ya dictadas.

unciones del Poder Legislativo Ejecutivo y Judicial

El poder legislativo nacional posee el carácter de ser bicamarista, porque se compone de dos cámaras. Es sabido que una de ellas es la de Diputados, formada por los diputados elegidos por el pueblo de todas las provincias. La otra es la de Senadores, formada por senadores elegidos por las provincias. Los primeros surgen de elecciones directas, en tanto que los segundos son resultado de una elección de segundo grado, pues son elegidos por las legislaturas de cada provincia.

La existencia de dos cámaras es otra expresión de la división de poderes, ya que la existencia de una y otra es una garantía para todos, permite un examen más cuidadoso de los proyectos e impide el abuso de una mayoría ubicada en una cámara. El sistema bicameral es el que establece nuestra Constitución en su artículo 36.

La sanción de las leyes se halla establecida en la Constitución. Conforme a ella, según su artículo 68, las leyes pueden tener principio en cualquiera de las dos Cámaras del Congreso, por proyectos presentados por sus miembros o por el Poder Ejecutivo. Esta facultad co-legislativa del Ejecutivo es otra manifestación de la separación de poderes y a la vez de la íntima relación entre ellos; pero es también comprensible desde el momento en que el Ejecutivo tiene a su cargo la administración general del país, y por ello tiene conocimiento de las necesidades de éste.

El Ejecutivo, a su vez, participa en la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las sanciona y las promulga. El Ejecutivo, además, concurre a las sesiones del Congreso a través de sus ministros y participa de los debates, pero no vota.
La tramitación normal de un proyecto de ley se halla establecida en el artículo 69 de la Constitución, que establece que, aprobado un proyecto de ley por la Cámara de su origen; pasa para su discusión a la otra Cámara. Aprobado por ambas, pasa al Poder Ejecutivo de la Nación para su examen. Si aquí obtiene aprobación, lo promulga como ley.

Promulgar una ley es el acto por el cual el Poder Ejecutivo ordena el cumplimiento de ley que le fue sometido para su aprobación, y dispone su publicación e inserción en el Registro Nacional. Al hacer ese acto se le otorga a la ley un número y aparece publicada en el Boletín Oficial.

La publicación de la ley tiene por objeto darla a conocer a los ciudadanos, a fin de que sea cumplida. En tanto la ley no es promulgada y publicada no tiene vigencia y carece de fuerza obligatoria Pero una vez publicada ningún habitante puede excusarse de conocerla, y está obligado a cumplirla. Finalmente, la publicación responde al principio de la publicidad de los actos de gobierno y es una manera que el pueblo tiene para ejercer el control de los actos del gobierno.

Si el Poder Ejecutivo deja pasar diez días sin pronunciarse ni devolver la ley al Congreso, se considera aprobada tácitamente. Por el contrario, cuando desecha en todo o en parte una ley dictada por el Congreso, la debe devolver con sus objeciones a la Cámara de origen. Se plantea aquí una serie de posibilidades que no enumeraremos y que legisla el articulo 72 de la Constitución.


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Fuente Consultada: Educación Cívica 2 – Zuretti-Auza

Forma de Gobierno de Argentina Republicana Federal y Representativa

Forma de Gobierno de Argentina
Republicana , Federal y Representativa

Forma de gobierno:

El artículo primero de la Constitución establece: “La Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal, según lo establece la presente Constitución”. Veamos, en forma somera, estas nociones.

1- Es una república: La palabra república proviene del latín res (cosa), y pública (del pueblo). Esto quiere decir, etimológicamente, la «cosa pública”, loque es del pueblo, de todos. Para nosotros designa una forma de gobierno, opuesta a la monarquía, e implica división de poderes, publicidad de los actos de gobierno, periodicidad de los funcionarios que ejercen los cargos.

La república puede ser democrática o aristocrática. Se llama república aristocrática a aquella en que gobierna una casta, un grupo, una clase. Es el caso de Atenas, de Roma, de Florencia. Una república democrática es aquella en la que todo el poder o soberanía reside en el pueblo y éste lo delega en sus representantes.

2- En una república democrática el poder pasa de los ciudadanos a los representantes que ellos mismos eligen. Por ello se dice que es una democracia representativa, como es el caso de nuestra constitución. En ella el pueblo no delibera ni gobierna por sí mismo sino a través de sus representantes.

La representación en democracia reúne las siguientes condiciones

a- Todos los titulares del poder público actúan como representantes del pueblo y su actividad se halla abierta a la fiscalización popular o del ciudadano;
b-
Los representantes son designados mediante elección popular y se renuevan periódicamente.

3- Es federal, es decir, es una república democrática, representativa y federal. Esto quiere decir que, además de reunir as condiciones antes mencionadas, admite que las comunidades locales (provincias o estados) conserven una parte de los poderes que no delegan, o dispongan de sus propios órganos de gobierno. Tal es el caso, entre nosotros, de la existencia de gobiernos provinciales, que conservan todo el poder no delegado y actúan con autonomía.

La Constitución Nacional emplea la palabra “Autoridades de la Nación” para designar los dos órdenes de gobiernos que existen en ella, a saber, el gobierno de la Nación toda, y el de las provincias.

Por Gobierno Nacional se entiende al “Gobierno Federal” y a los “Gobiernos de Provincia”. Esto quiere decir que para la Constitución las autoridades que ejercen la soberanía de todo el pueblo están organizadas en gobiernos, y éstos, a su vez, en poderes, bajo la forma representativa y republicana.

Luego se llama Gobierno Federal al conjunto de poderes que ejercen la autoridad en el orden Nacional. Se habla de Gobierno Federal cuando se refiere a la Nación.

El fundamento de la división de poderes

El fundamento debe hallarse en la idea de que no es buena la concentración del poder en una sola persona o entidad. En cambio, estando el poder dividido en tres entidades, separadas pero íntirnamente vinculadas y enlazadas, se produce un sistema de equilibrio o contrapeso entre ellos.

Así el poder legislativo ejerce una especie de poder de fiscalización sobre los otros dos: sobre el ejecutivo cuando aprueba o rechaza sus proyectos de ley, y sobre el judicial, cuando dicta los códigos y presta acuerdo para designar a los jueces. A su vez el poder judicial puede declarar inconstitucional una ley del congreso.

Y el Poder Ejecutivo es el posee sus atribuciones enumeradas y todos  sus actos  se hallan sometidos a la aprobación y examen legislativo y hasta puede ser sometido el Presidente a juicio político del congreso. Pero a su vez el Ejecutivo posee facultades de excepción, para casos muy especiales, cuando peligra la paz pública, como dictar el estado de sitio o enviar intervención a las provincias cuando no está reunido el congreso.

Fuente: Educación Cívica 2 – Zuretti-Auza

Forma de Gobierno de Argentina Republicana Federal y Representativa

Forma de Gobierno de Argentina
Republicana Federal y Representativa

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Forma de gobierno:

El artículo primero de la Constitución establece: “La Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal, según lo establece la presente Constitución”. Veamos, en forma somera, estas nociones.

1- Es una república: La palabra república proviene del latín res (cosa), y pública (del pueblo). Esto quiere decir, etimológicamente, la «cosa pública”, loque es del pueblo, de todos. Para nosotros designa una forma de gobierno, opuesta a la monarquía, e implica división de poderes, publicidad de los actos de gobierno, periodicidad de los funcionarios que ejercen los cargos.

La república puede ser democrática o aristocrática. Se llama república aristocrática a aquella en que gobierna una casta, un grupo, una clase. Es el caso de Atenas, de Roma, de Florencia. Una república democrática es aquella en la que todo el poder o soberanía reside en el pueblo y éste lo delega en sus representantes.

2- En una república democrática el poder pasa de los ciudadanos a los representantes que ellos mismos eligen. Por ello se dice que es una democracia representativa, como es el caso de nuestra constitución. En ella el pueblo no delibera ni gobierna por sí mismo sino a través de sus representantes.

La representación en democracia reúne las siguientes condiciones

a- Todos los titulares del poder público actúan como representantes del pueblo y su actividad se halla abierta a la fiscalización popular o del ciudadano;

b- Los representantes son designados mediante elección popular y se renuevan periódicamente.

3- Es federal, es decir, es una república democrática, representativa y federal. Esto quiere decir que, además de reunir as condiciones antes mencionadas, admite que las comunidades locales (provincias o estados) conserven una parte de los poderes que no delegan, o dispongan de sus propios órganos de gobierno. Tal es el caso, entre nosotros, de la existencia de gobiernos provinciales, que conservan todo el poder no delegado y actúan con autonomía.

La Constitución Nacional emplea la palabra “Autoridades de la Nación” para designar los dos órdenes de gobiernos que existen en ella, a saber, el gobierno de la Nación toda, y el de las provincias.

Por Gobierno Nacional se entiende al “Gobierno Federal” y a los “Gobiernos de Provincia”. Esto quiere decir que para la Constitución las autoridades que ejercen la soberanía de todo el pueblo están organizadas en gobiernos, y éstos, a su vez, en poderes, bajo la forma representativa y republicana.

Luego se llama Gobierno Federal al conjunto de poderes que ejercen la autoridad en el orden Nacional. Se habla de Gobierno Federal cuando se refiere a la Nación.

La división de los poderes gubernativos significa que la delegación de soberanía que los ciudadanos ejercen se traslada a órganos o titulares distintos entre sí e independientes unos de otros. Este principio fue expuesto por Montesquieu en su célebre obra El espíritu de las leyes, dedicada a la constitución de Inglaterra. Luego pasó a las formas democráticas constitucionales de todos los países del mundo.

La división o separación de poderes aplicada a una constitución es la que crea tres poderes, a saber, el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Hablar de una tal división significa que el poder delegado
por los ciudadanos no se halla concentrado en una sola persona o en una sola entidad que tiene a su cargo dictar la ley, hacerla cumplir e interpretarla.

La separación de los poderes responde a una experiencia universal y demuestra que es la forma más adecuada para defender el derecho de las  tentativas de la tiranía, la dictadura, el autoritarismo.

Nuestra Constitución adopta el principio de la separación de los poderes según lo hemos ya visto. El Poder Legislativo es el que tiene facultad de dictar la ley, suspenderla, modificarla, anularla, según lo que establece la Constitución misma. El Poder Ejecutivo es el que posee la facultad de ejecutarla y reglamentaria. El Poder Judicial es aquel que esta facultado para actuar como intérprete y además, entre nosotros, goza del derecho de declarar la inconstitucionalidad de las leyes.

Decir que se trata de poderes separados es una manera de expresar que cada uno goza de su propia esfera de acción o competencia; pero se combinan y se complementan mutuamente entre si, se coordinan y en lazan.

Las facultades de que goza cada uno están señaladas por la Constitución; pero, repetimos, la carta no fija entre ellos separación absoluta, de modo que hay y debe haber estrecha colaboración. Por ello nadie puede otorgar a un poder más facultades que las que ya posee.

La armonía de los poderes Legislativo, Ejecutivo y judicial se ejerce de tal manera que cada uno es supremo en su jurisdicción; pero, al mismo tiempo, cada uno es un auxiliar y ejecutor de los otros dos. Así el Presidente cumple y manda cumplir las leyes que dicta el Congreso y las sentencias de los tribunales; el Judicial aplica las leyes del Congreso y los reglamentos del poder Ejecutivo; el Legislativo, a su vez, respeta los actos del Ejecutivo realizados en cumplimiento de sus facultades.

El fundamento de la división de poderes

El fundamento debe hallarse en la idea de que no es buena la concentración del poder en una sola persona o entidad. En cambio, estando el poder dividido en tres entidades, separadas pero íntimamente vinculadas y enlazadas, se produce un sistema de equilibrio o contrapeso entre ellos.

Así el poder legislativo ejerce una especie de poder de fiscalización sobre los otros dos: sobre el ejecutivo cuando aprueba o rechaza sus proyectos de ley, y sobre el judicial, cuando dicta los códigos y presta acuerdo para designar a los jueces. A su vez el poder judicial puede declarar inconstitucional una ley del congreso.

Y el Poder Ejecutivo es el posee sus atribuciones enumeradas y todos  sus actos  se hallan sometidos a la aprobación y examen legislativo y hasta puede ser sometido el Presidente a juicio político del congreso. Pero a su vez el Ejecutivo posee facultades de excepción, para casos muy especiales, cuando peligra la paz pública, como dictar el estado de sitio o enviar intervención a las provincias cuando no está reunido el congreso.

Frase para la reflexión

Fuente Consultada: Educación Cívica 2 – Zuretti-Auza

Forma de Gobierno Federal: Republicana y Federal

Forma de Gobierno Federal:Republicana, Democrática y Federal

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El artículo primero de la Constitución establece: “La Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal, según lo establece la presente Constitución”. Veamos, en forma somera, estas nociones.

1- Es una república: La palabra república proviene del latín res (cosa), y pública (del pueblo). Esto quiere decir, etimológicamente, la «cosa pública”, loque es del pueblo, de todos. Para nosotros designa una forma de gobierno, opuesta a la monarquía, e implica división de poderes, publicidad de los actos de gobierno, periodicidad de los funcionarios que ejercen los cargos.

La república puede ser democrática o aristocrática. Se llama república aristocrática a aquella en que gobierna una casta, un grupo, una clase. Es el caso de Atenas, de Roma, de Florencia. Una república democrática es aquella en la que todo el poder o soberanía reside en el pueblo y éste lo delega en sus representantes.

2- En una república democrática el poder pasa de los ciudadanos a los representantes que ellos mismos eligen. Por ello se dice que es una democracia representativa, como es el caso de nuestra constitución. En ella el pueblo no delibera ni gobierna por sí mismo sino a través de sus representantes.

La representación en democracia reúne las siguientes condiciones

a- Todos los titulares del poder público actúan como representantes del pueblo y su actividad se halla abierta a la fiscalización popular o del ciudadano;
b-
Los representantes son designados mediante elección popular y se renuevan periódicamente.

3- Es federal, es decir, es una república democrática, representativa y federal. Esto quiere decir que, además de reunir as condiciones antes mencionadas, admite que las comunidades locales (provincias o estados) conserven una parte de los poderes que no delegan, o dispongan de sus propios órganos de gobierno. Tal es el caso, entre nosotros, de la existencia de gobiernos provinciales, que conservan todo el poder no delegado y actúan con autonomía.

La Constitución Nacional emplea la palabra “Autoridades de la Nación” para designar los dos órdenes de gobiernos que existen en ella, a saber, el gobierno de la Nación toda, y el de las provincias.

Por Gobierno Nacional se entiende al “Gobierno Federal” y a los “Gobiernos de Provincia”. Esto quiere decir que para la Constitución las autoridades que ejercen la soberanía de todo el pueblo están organizadas en gobiernos, y éstos, a su vez, en poderes, bajo la forma representativa y republicana.

Luego se llama Gobierno Federal al conjunto de poderes que ejercen la autoridad en el orden Nacional. Se habla de Gobierno Federal cuando se refiere a la Nación.

organizacion de la constitucion argentina

Fuente Consultada: Educación Cívica 2 – Zuretti-Auza

Pactos Preexistentes Pacto Federal Organizacion Politica Nacional

Los Pactos Preexistentes en la Organización Política

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Los pactos preexistentes

Los fracasos en el intento de lograr la forma de gobierno que alcance el pleno consenso de todo el país, llevan a los caudillos a postergar el ansiado propósito. Sin embargo, hay algo que subsiste a pesar de esa postergación, y es la voluntad de formar una nación; y aunque no se han dado la forma de gobierno, manifiestan de modos diversos que constituyen la Nación Argentina.

Surgen así, como etapas decisivas en la organización nacional, los que se conocen como pactos preexistentes según la expresión que usa el Preámbulo de la Constitución.

Los pactos son los acuerdos que firmaron las provincias dejando claramente expresado que se sentían miembros de una misma familia, la Nación Argentina, que debían poseer un gobierno que la gobernara y representara, vigilara su bienestar y engrandecimiento y asegurase la forma representativa y republicana de gobierno con división de poderes.

El primer pacto preexistente es el Pacto Federal del 4 de enero de 1831 celebrado entre los gobiernos de Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos, al que se adhirieron después las demás provincias.

Se trata de un antecedente vital para la organización, ya que allí se ratifica que la mayor parte de los pueblos de la república han proclamado del modo más libre y espontáneo, la forma de gobierno federal”. Las provincias crean una liga defensiva y una Comisión Representativa de las provincias del litoral, para la cual fijan sus atribuciones, una de las cuales, quizá la principal, establecía que quedaba facultada para convocar a “un congreso general federativo”,que tuviera a su cargo la administración del país bajo la forma federal, su comercio interior y exterior, su navegación, el cobro y distribución de las rentas generales, el pago de la deuda de la república, consultando del mejor modo posible la seguridad y engrandecimiento general de la república, su crédito interior y exterior, y la soberanía, libertad e independencia de cada una de las provincias”.

El segundo pacto preexistente es el Acuerdo de San Nicolás de los Arroyos firmado el 31 de mayo de 1852. El mismo se reunió, de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del Pacto Federal de 1831, y tuvo por objeto dar las bases para convocar un Congreso General Constituyente. En cumplimiento de ese acuerdo que establecía una representación igual de dos diputados por provincia, se reunirá en Santa Fe la Convención Constituyente. Esta asamblea será la que, en forma definitiva, logrará redactar un texto constitucional que obtiene consenso.

Los cuarenta y dos años de luchas internas y desacuerdos, de dolores y sacrificios comunes habían moldeado el espíritu de aquellos constituyentes; y acordaron una constitución que armonizaba todos los intereses y recogía los principios fundamentales de la forma democrática de gobierno.

Intentos Constituciones Para La Organizacion Politica Argentina

Intentos Constituciones Para La Organización Política Argentina

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Los intentos constitucionales

A partir de 1810 se inician maplos trabajos para lograr esa ambicionada forma de gobierno, pero ella no podrá ser definida hasta muchos años después.

Mientras tanto tiene lugar una serie de decisiones que preparan y elaboran los aspectos fundamentales del futuro gobierno.

Así la Junta surgida el 22 de mayo resuelve convocar en febrero de 1811 a todos diputados de las provincias para establecer la forma de gobierno más adecuada. Esos diputados debían serán elegidos por los respectivos Cabildos entre las personas mas  importante del vecindario.

En el mismo año de 1811 se dictó El Reglamento Provisorio, que tiene la importancia de ser el primer intento de organizar la forma política gobierno. El mismo establecía una Junta Conservadora, o poder legislativo formada por los diputados de las provincias, y un poder ejecutivo formado o ejercido por el Triunvirato.

Ese Reglamento no tuvo vigencia pero señaló la reafirmación de los principios antes enunciados e introdujo otra decisión, que es la división de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial. Fue reemplazado por el Estatuto Provisional dictado ese mismo año.

Dos años después, en 1813, tiene lugar Asamblea General Constituyente, que si bien no alcanza a dictar una Constitución, tiene la virtud de haber recibido varios proyectos en los que todos aseguran la soberanía popular, el sistema representativo de gobierno, la forma federativa y la división de los poderes.

Asamblea de 1813

En 1819 tiene lugar el dictado de la primera Constitución. Ella es dictada por un congreso que, reunido en Buenos Aires como consecuencia de la disolución de la Asamblea Constituyente de 1813, tiene por objeto específico dictar ese estatuto. Antes, como una exigencia de la marcha de los acontecimientos; declaró la independencia Nacional. La Constitución de 1819 acentuó los principios del unitarismo, y ella fue causa de que no alcanzara a ser aceptada por la mayoría y, en consecuencia, no entrara en vigencia

Un nuevo congreso de representantes de las provincias se vuelve reunir con igual propósito y alcanza su objeto en 1826 al dictar otra constitución que, si bien garante todos los principios enunciados y aún introduce mejoras en sus principios políticos, comete el error de acentuar con exceso el poder central y es, como la anterior, rechazada por las provincias, que no querían perder su autonomía.

La Organizacion Politica de Argentina Origen de la Constitucion

Organización Política de Argentina – Objetivos y Fundamentos
Origen de la Constitución Nacional

«La Constitución de 1853escribe el historiador argentino Ricardo Levene— pacificó el país sobre la base de la unión de todos los argentinos y lo organizó como no lo habían logrado los Estatutos y Reglamentos de 1811, 1815, 1817 y las Constituciones de 1819 y 1826.»

A las fuentes citadas, particularmente la Constitución de 1826 y el Pacto Federal de 1831, debe agregarse la influencia doctrinaria de la obra Las Basess de Juan Bautista Alberdi; del Dogma Socialista, de Esteban Echeverría y del libro de los norteamericanos Hamilton, Madison y Jay titulado El Federalista, que analiza la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica.

Las Bases fueron publicadas por vez primera en Valparaíso —mayo de 1832— cuando Alberdi se encontraba todavía expatriado en Chile. El trabajo fue remitido a varios compatriotas, entre ellos Urquiza, quien elogió su indudable valor. La edición definitiva se imprimió en Francia.

El libro consta de 37 capítulos, una introducción y como apéndice un proyecto de Constitución. Alberdi concreta su pensamiento en la fórmula «gobernar os poblar» y luego de analizar varias constituciones de países americanos, sostiene que la República Argentina debe regirse por un sistema de gobierno —de ¡muerdo con antecedentes federales y unitarios— a cargo de un poder superior que i<i:spete las autonomías provinciales.

La Carta Fundamental del país del norte (EE.UU) sirvió de modelo, debido a su federalismo puro, pero esta expresión no debe interpretarse en el sentido de que el trabajo de la comisión redactora fuera una simple copia servil o un calco de aquélla.

Los autores de la Constitución de 1853 consultaron antecedentes institucionales de nuestro país y del extranjero, para luego redactar un trabajo orgánico, que interpretó el pasado histórico y el sentir nacional. Cuando transcribieron el texto de una declaración que figuraba en una obra extranjera, lo hicieron persuadidos de su necesidad en nuestro medio, al efecto de satisfacer una realidad argentina.

Los diputados constituyentes coincidieron con los pensadores de la Asociación de Mayo —que sosteníanla conciliación de los principios federales y unitarios— para llegar a una fórmula federal mixta o federounitaria, que permitió organizar la República después de tantos años de luchas partidarias.

La Constitución sancionada el 1º de mayo de 1853 significó la unidad jurídica de la Nación, pues si bien las provincias podían dictar sus propias constituciones y regirse por ellas, sus declaraciones y demás preceptos debían estar de acuerdo con la Ley Suprema, es decir, la Constitución Nacional.

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1. Etapas de la organización política argentina
La organización política argentina es producto de un largo proceso que sé extiende de 1810 a 1852. Durante esos cuarenta y dos años se llevaron a cabo numerosos ensayos de organización que, si bien ninguno de ellos logró definitiva vigencia, fueron dando los elementos esenciales de la forma de organización política que deseaba el pueblo, manifestando de paso, la voluntad nacional de constituir una nueva nación.
La caída de Rosas en 1852 permitió poner fin a ese largo proceso de lenta elaboración, dictar una Constitución que satisficiera las aspiraciones generales y lograr por lo mismo pleno consenso.

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El Fundamento de la Organización:

La base o el fundamento de la organización política argentina fue establecido por la Revolución de Mayo en 1810,cuando en sus primeras manifestaciones de resistencia al gobierno español proclamé el principio de la soberanía del pueblo.

Ese principio se halla implícito en las gestiones que Belgrano y Saavedra enuncian al solicitar que sin demora se “celebre un cabildo abierto, a fin de que, reunido el pueblo en asamblea general, acordase si debía cesar el Virrey en el mando y se erigiese una Junta Superior de Gobierno que mejorase la suerte de la patria”.

Es Saavedra quien expresa al virrey Cisneros que “el pueblo quiere reasumir sus derechos”. En el oficio en que se pide el día 21 celebrar un cabildo abierto se habla de que “un congreso público exprese la voluntad del pueblo”. De esta manera el cabildo abierto que se celebra & día 22 de mayo de 1810 puede considerarse como el primer congreso argentino. Es allí donde Castelli expresa que “al pueblo corresponde reasumir la soberanía”, a lo que agregó Saavedra que “no queda duda que el pueblo es el que confiere la autoridad o mando”.

Organizacion politica de argentina, Primera Junta de Gobierno 1810

Organizacion politica de argentina, Primera Junta de Gobierno 1810

Estas expresiones de nuestros primeros patriotas, que nosotros resumimos brevemente, manifiestan un hecho real, cual es la caducidad del gobierno español en estas tierras, y el traspaso de la soberanía al pueblo, quien a su vez, la delegaba en una Junta Gubernativa. Ella reasumía el poder y se le encomendaba convocar a un congreso con el objeto de definir la forma definitiva de gobierno.

Quedaba así consagrado el principio de la soberanía popular, o sea, que el poder reside en el pueblo y es éste quien lo delega en sus representantes. Además, al efectuar la consulta a los pueblos del interior, se iniciaba el principio de la forma federativa.

Tenemos entonces que en Mayo de 1810 surgen las tres bases fundamentales de la organización política argentina, a saber:

a – Ejercicio de la soberanía popular

b – El sistema representativo de gobierno

c – Forma federativa de gobierno

GRANDES DEMÓCRATAS DE LA ORGANIZACION NACIONAL

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Justo José de Urquiza: Nació en Concepción del Uruguay en 1801. Fue militar.
En 1841 fue elegido gobernador de la provincia. Fundó el célebre colegio de Concepción del Uruguay.
Fue Presidente de la Nación en el período 1854-1860.
Posteriormente fue otra vez gobernador de Entre Ríos.
Murió asesinado en 1870.

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Juan Bautista Alberdi: Nació en Tucumán en 1810.
Fue gran escritor y hombre de mucha ilustración. Participó en el Salón Literario y en la Asociación de Mayo.
Es el autor de «Bases», obra que ejerció preponderante influencia en los constituyentes de 1853.
Murió en Francia en 1884.

Fray Mamerto Esquiú:
Nació en Catamarca en 1826. Fue sacerdote franciscano y notable creador. Fue llamado el «Orador de la Constitución». Ejerció el periodismo. Fue diputado y convencional. Rechazó el ofrecimiento del arzobispado de Buenos Aires.
Fue Obispo de Córdoba.
Murió en Catamarca en 1883.
Dejó fama de hombre sencillo, austero y virtuoso.

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Bartolomé Mitre:
Nació en Buenos Aires en 1821. Fue periodista, político y orador. Literato e historiador. Fundó el diario La Nación. Escribió las clásicas «Historia de San Martín» e «Historia de Belgrano».Participó en la batalla de Caseros.
Fue vencido por Urquiza en Cepeda y fue vencedor en Pavón.
Fue Presidente de la República en el período 1862-1868.
Fue Generalísimo en la guerra contra el Paraguay.
Murió en Buenos Aires en 1906.

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Domingo Faustino Sarmiento
Nació en San Juan en 1811.
Fue político, periodista, educador, escritor.
Fue senador nacional, ministro, gobernador de San Juan.
Fue Presidente de la República en el período 1868-1874.
Es famoso por su obra educadora.
Murió en Asunción en 1888.

Vicente Fidel López
Nació en Buenos Aires en 1815. Fue novelista, historiador, periodista.
Fue Rector de la Universidad de Buenos Aires y ministro de
Instrucción Pública.
Murió en Buenos Aires en 1878.

Juan María Gutiérrez
Nació en Buenos Aires en 1809. Participó en el Salón Literario. Fue constituyente en Santa Fe.
Fue rector de la Universidad de Buenos Aires y ministro de
Relaciones Exteriores.
Sobresalió por su actividad literaria.
Murió en Buenos Aires en 1878.

LOS CONSTITUYENTES DE 1853:

Catamarca: Pedro Centeno y Pedro Ferré.
Córdoba: Juan del Campillo y Santiago Derqui.
Corrientes: Pedro Díaz Colodrero y Luciano Torrent.
Entre Ríos: Juan María Gutiérrez y Roque Pérez.
Jujuy: Manuel Padilla y José de la Quintana.
La Rioja: Regis Martínez.
Mendoza: Martín Zapata y Agustín Delgado.
Salta: Facundo Zuviría y José M. Zuviría.
San Juan: Salvador M. del Carril y Ruperto Godoy.
San Luis. Delfín Huergo y Juan Llerena.
Santa Fe: Manuel Leiva y Juan F. Seguí.
Santiago del Estero: José Gorostiaga y Benjamín Lavaisse.
Tucumán: José Manuel Pérez y Salustiano Zavalía.

PARA SABER MAS…

¿Qué es la organización política del Estado Democrático?

La organización política del Estado se refiere al modo en que es estructurado el poder en el Estado. La organización política nuestro país está determinada básicamente en el artículo 1° de la Constitución Nacional, que ya hemos analizado. Nuestro Estado es federal y su gobierno democrático y representativo.

La forma de gobierno es un problema muy antiguo, que surgió e el momento en que los hombres comenzaron a organizarse en comunidades, ya que toda comunidad está siempre conducida por uno o más hombres que forman su gobierno. La estructura y le principios que guían a los que gobiernan, y las relaciones que establecen con los gobernados, son los datos necesarios para conoce: la organización política de cada comunidad.

¿Cómo funcionan los poderes del Estado en nuestro país?

Nuestro gobierno está integrado por tres poderes: el Legislativo, él Ejecutivo y el Judicial.
Estos poderes actúan de acuerdo con las disposiciones de la Constitución Nacional. Las normas contenidas en nuestra Ley Fundamental están inspiradas en los siguientes principios:

Separación de poderes. La separación de poderes es uno de los pilares del Estado de Derecho. La concepción fue elaborada por Montesquieu, en la segunda mitad del siglo XVIII, y luego fue incorporada a todas las constituciones modernas. De acuerdo con esta teoría, el poder debe estar distribuido en varios órganos, a cada uno de los cuales se le atribuirán determinadas funciones. A través de esta división del poder se desea evitar su concentración en manos de una sola persona u órgano, para evitar un ejercicio abusivo e injusto del mismo.

Los poderes actúan de manera independiente pero, al mismo tiempo, se controlan recíprocamente. Los poderes, además de sus funciones propias, poseen alguna competencia sobre los otros. Veamos el siguiente ejemplo: el Poder Legislativo sanciona las leyes, el Poder Ejecutivo las promulga o las veta y el Poder Judicial controla que no contradigan el texto constitucional.

Por otra parte, la separación de poderes apunta a que se logre una especialización en el ejercicio de las funciones estatales. Es decir, que algunos órganos se ocupen de administrar, otros de juzgar, que ciertos hombres se dediquen a la economía, etcétera.

Origen democrático de los ocupantes de los poderes estatales. Los poderes del Estado son ejercidos por personas. Estas personas sólo pueden acceder a dichos cargos por el voto popular. Los integrantes del Poder Judicial no son elegidos directamente por el pueblo.

 • Periodicidad en el ejercicio de las funciones. Este principio determina que los titulares de los poderes políticos del Estado no pueden permanecer en sus funciones indefinidamente. De este modo, se busca asegurar el recambio en el ejercicio de los cargos, como así también, posibilitar que el electorado pueda sancionar a funcionarios cuyo desempeño no le ha resultado positivo. La sanción consistirá en la no reelección de esos funcionarios.

Publicidad de los actos de gobierno. La actividad de las instituciones debe ser conocida por todos. Si los gobernantes son nuestros representantes nos deben rendir cuenta de los actos. Además, debemos estar informados para saber cuál es el contenido de las normas que regulan nuestras actividades. Por este motivo, todas las leyes y decretos se publican en una publicación que se llama Boletín Oficial y sólo a partir de ese momento son obligatorios.

Los actos de gobierno están sujetos a control. Además de los controles que se realizan mutuamente los poderes, existen órganos y procedimientos especiales para ello, entre los cuales debemos destacar la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, que fiscaliza la actuación de los funcionarios de la administración y, en caso de encontrar irregularidades, debe denunciarlas ante el Poder Judicial.

¿Cuáles son las funciones del poder?

El poder está integrado por las funciones legislativa, administrativa y judicial o jurisdiccional.
• La
función legislativa: consiste en la elaboración de leyes. Las leyes son normas generales y abstractas porque no están destinadas a resolver un caso concreto, como por ejemplo: un conflicto entre A y B, en razón de que B no cumplió con la entrega de algo que se comprometió a darle a A.

Las leyes están destinadas a todos por igual y se aplicarán a las diferentes cuestiones a las que están dedicadas. Por ejemplo: una ley de inversiones extranjeras regulará el régimen de los capitales de personas que no habitan nuestro país y desean invertir en él.

• La función administrativa: consiste en aplicar la ley a las situaciones concretas. Veamos algunos ejemplos: si la ley ha establecido un impuesto, deberán realizarse todos los actos que permitan una adecuada percepción del mismo. Si la ley ha establecido la construcción de un monumento o. de un establecimiento público, la función administrativa asegurará los procedimientos encaminados a la realización efectiva de esas obras.

• La función jurisdiccional: a través de esta función se deciden los conflictos existentes entre las personas. Para ello se aplican las leyes y se interpretan sus contenidos. A quienes no hayan cumplido las disposiciones legales, se les aplicarán sanciones. Por ejemplo: si A le reclama a B el pago de los alquileres que B le adeuda, y B se rehusa a hacerlo, A deberá presentar el asunto al juez que sea competente para el caso, quien lo resolverá, aplicando la legislación referente al mismo y de acuerdo con las circunstancias que lo rodean.

El gobierno es ejercido por tres poderes: el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. Estos poderes desempeñan las funciones que acabamos de describir.

Fuente Consultada:
Instrucción Cívica 2 D.A. Sabsay – S.G. Jáuregui
Instrucción Cívica Norberto Fraga – Gabriel Ribas Editorial A-Z
Educación Cívica 2 – Zuretti-AuzaF
Educación Democrática de Argentino Moyano Coudert – Texto Para 3º Año – Tercera Edición- Editorial Guadalupe

Antecedentes de la Constitucion Nacional Argentina de 1853 Resumen

ANTECEDENTES DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL ARGENTINA DE 1853

SÍNTESIS INCIAL: Según el Acuerdo de San Nicolás en Santa Fe se reunió un Congreso Constituyente que inauguró sus sesiones el 15 de noviembre de 1852. Cada provincia estaba representada por dos diputados. Buenos Aires, en desacuerdo con Urquiza, no envió diputados e hizo lo posible por impedir la reunión del Congreso. Facundo Zuviría, congresal por Salta, fue elegido presidente.

Urquiza, ocupado en sus campañas militares, no asistió a la inauguración del Congreso, pero envió a él un mensaje. Apenas constituido el Congreso Constituyente se declaró soberano. Confió a Urquiza provisoriamente el gobierno de la Nación.

La Comisión de Negocios Constitucionales presentó su informe el día 18 de abril. El proyecto, después de pocos días de discusión, fue aprobado en sesión extraordinaria el día 1º de mayo.

El día 25 fue solemnemente promulgada por Urquiza, y el 9 de julio jurada por las autoridades.

En la redacción de la constitución, además de la legislación y los pactos preexistentes tuvieron decisiva influencia la Constitución de los Estados Unidos y el libro de Alberdi «Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina».

La constitución de 1853 es la que con leves reformas ha regido al país hasta nuestros días.

En ella se establece definitivamente el régimen republicano, representativo y federal.

La provincia de Buenos Aires, segregada de la Confederación, no admitió la Constitución hasta noviembre de 1859. En esta fecha firmó el Pacto de San José de Flores por el que se incorporaba a la Federación y se establecía que la Constitución debía ser reformada.

La redacción definitiva se promulgó el 1º de octubre de 1860. — Se ha discutido y se discute cuál es el valor intrínseco de la labor del Congreso de 1853. Los congresales de Santa Fe, lógicamente, eran hombres que participaban de la mentalidad de su época. El siglo XIX es el siglo de auge del individualismo liberal. Muchas influencias de esta mentalidad han quedado en nuestra constitución, pero el buen sentido de juristas, legisladores y gobernantes ha sabido suplir, en parte, esta deficiencia.

No es este el lugar de hacer el análisis y valoración de nuestra constitución. Pero es un hecho que mediante ella logramos consolidar nuestra organización política e institucional.

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HISTORIA ARGENTINA:
ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA DECLARACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL

El Congreso Constituyente de Santa Fe

La victoria de Caseros no hizo olvidar a Urquiza la promesa hecha al país en mayo de 1851, pues pocos días después comisionó al doctor Bernardo de Irigoyen para que visitase a los gobernadores más distantes y les explicase el propósito perseguido de organizar constitucionalmente al país, siguiendo lo expresado en el manifiesto del pronunciamiento y lo establecido en el Pacto Federal o Tratado del Litoral del 4 de enero de 1831.

El Congreso General Constituyente se instaló en la ciudad de Santa Fe, el 20 de noviembre de 1852 y eligió presidente a Facundo Zuviría, salteño. El ministro De la Peña leyó el discurso inaugural de Urquiza, ausente en campaña, que preparó José M. Gutiérrez. Enumeraba las disposiciones adoptadas para pacificar el país y fomentar la prosperidad general.

En uno de sus párrafos dice: «Porque amo al pueblo de Buenos Aires, me duele la ausencia de sus representantes en este recinto. Pero su ausencia no quiere significar un apartamiento para siempre; es un accidente transitorio. La geografía, la historia, los pactos, vinculan a Buenos Aires al resto de la Nación. Ni ella puede vivir sin sus hermanas, ni sus hermanas sin ella. En la bandera argentina hay espacio para más de catorce estrellas, pero no puede eclipsarse una sola».

La mayoría de los diputados que concurrieron al congreso fueron nombrados por los nuevos gobernadores surgidos de movimientos locales contra los gobernadores de la época de Rosas, salvo algunas excepciones, como las de Tucumán y San Juan, cuyos caudillos eran sostenidos por Urquiza. El grueso de los diputados del Congreso Constituyente de Santa Fe eran personas acreditadas por sus condiciones personales, por su saber, por su autoridad moral. Buena parte de ellos pertenecían a los proscriptos, otros eran federales que habían sabido mantener su independencia y su integridad.

Figuraban entre ellos escritores, juristas y algunos sacerdotes.
Los diputados constituyentes fueron, por Santa Fe:-Manuel Leiva y Juan Francisco Seguí, federalistas vinculados desde hacía muchos años a los esfuerzos en favor de la organización nacional. Por Entre Ríos fueron nombrados Juan María Gutiérrez y José Ruperto Pérez, este último periodista, redactor principal de El Federal Entrerriano, y el primero fundador, junto con Echeverría, Alberdi y López, de la Asociación de Mayo. Córdoba eligió a Santiago Derqui, de larga y destacada actuación en la resistencia a Rosas, y a Juan del Campillo, acreditado jurista.

Por Santiago del Estero fueron José Benjamín Lavayssé, sacerdote, hijo de un militar de Napoleón, y José Benjamín Gorostiaga, uno de los jóvenes de mayores conocimientos en materia económica y financiera. Mendoza eligió a dos proscriptos jurisconsultos, Martín Zapata y Agustín Delgado. Corrientes estuvo representada por Luciano Torres y Pedro Díaz Colodrero. San Juan designó a Ruperto Godoy y a Antonio Aberastain; éste asintió de buen grado a la designación, pero, hallándose en Chile y al lado de Sarmiento, renunció y en su lugar fue enviado Salvador María del Carril, ex gobernador de la provincia y ex ministro de Rivadavia.

Tucumán designó a fray José Manuel Pérez y Salustiano Zavalía. San Luis fue representada por Delfín B. Huergo y Juan Llerena. Salta eligió a Facundo Zuviría y Eusebio Blanco. Catamarca nombró por insinuación de Urquiza a Pedro Ferré, promotor del pacto del Litoral en 1831, y al presbítero Pedro Zenteno. Jujuy envió a José Quintana y La Rioja a Regis Martínez.

Como no fue posible que todas las provincias designasen a sus representantes en el plazo fijado, el Congreso hubo de ser postergado para noviembre. Así fue como el 20 de noviembre el gobernador Crespo, con De la Peña, ministro de Relaciones Exteriores de la Confederación, y una comisión de diputados, llegó al Cabildo y ocupó el sitial reservado. Luego pidió permiso para que el ministro De la Peña leyera el discurso de Urquiza.

LA CONSTITUCIÓN DE 1853

Los congresistas se alojaron en casas principales de la ciudad y en los conventos. Los correntinos y algunos de otras provincias ocuparon las celdas del patio de los naranjos en e! antiguo colegio de los jesuitas.

El 21 de noviembre fueron designadas dos comisiones: una encargada de estudiar el discurso inaugural del Director Provisional y el mensaje sobre las causas que impidieron acudir personalmente a la instalación del Congreso, como hubiera sido su deseo; la otra encargada de proyectar el reglamento interno.

CONSTITUCION DE 1853 EN SANTA FE

El 24 de diciembre, a propuesta de Manuel Leiva se nombró una comisión para redactar el proyecto de Constitución. En ella figuraron hombres de diversa ascendencia, pero ninguno de actuación rosista ni comprometido en toda su actuación en una orientación que no fuese republicana. Algunos de ellos habían conocido la emigración, el destierro, y todos tenían una personalidad definida en el campo jurídico, en la vida política, en las letras.

La comisión que preparó el proyecto de Constitución lo presentó en la sesión del 18 de abril de 1853. Dos días más tarde, por pensar que el país seguía convulsionado y estaba lejos de ofrecer el ambiente de tranquilidad y orden necesarios, Zuviría pidió el aplazamiento a las tareas, pero los convencionales lo rechazaron. La sesión del 20 de abril señala el momento crítico del Congreso, a punto de malograrse por las vacilaciones de su presidente.

Tras sesiones agotadoras con horarios continuos, en diez días subsiguientes sólo se trataron los artículos considerados importantes; los otros se aprobaron a «libro cerrado», tal los presentó la Comisión redactora, constituida por siete miembros.

Finalmente el texto fue sancionado y firmado el 1.° de mayo y-Urquiza, dada la significación del caso, lo promulgó el 25 de mayo, y el 9 de julio se efectuó la jura solemnemente, en toda la Nación, menos en Buenos Aires.

La Constitución de 1853 constaba de 107 artículos. Posteriormente se le agregaron diversas enmiendas.
El gobierno de la provincia de Buenos Aires, dentro de la ciudad sitiada, no sólo rehusó la aprobación de la Constitución, sino que tampoco quiso recibir a los diputados Del Carril, Gorostiaga y Zapata, que habían sido encargados por el Congreso para presentarla al gobierno de Buenos Aires. Se hizo una moción para que el pliego recibido pasase a estudio de una comisión especial junto con la correspondencia entre el gobierno y el general Urquiza, que acababa de levantar el sitio a Buenos Aires.

El pliego que contenía la Constitución y las leyes anexas, de la capital, municipalidad y aduana, llevaba una nota amistosa de los comisionados al gobernador, fechada el 13 de julio. Fue necesaria la derrota de Cepeda para que se sometiese el pliego al examen de la convención provincial de 1860.

Las fuentes principales de la Constitución de 1853 fueron la Constitución de Filadelfia, Estados Unidos, redactada en 1788, la Constitución Chilena de 1833, el libro ¿as Bases de Alberdi, el Dogma socialista de Esteban Echeverría, y otras cartas constitucionales extranjeras, como la de Suiza de 1844, las constituciones unitarias de 181 9 y 1 826, los pactos preexistentes y el Acuerdo de San Nicolás.

La legislación civil, comercial, penal y de minería es nacional en la Constitución argentina, mientras en la de Estados Unidos es provincial o estatal; además en 1853 no existía, en aquel país, la igualdad ante la ley y la condena a la esclavitud.

La Constitución argentina comprendía un preámbulo y constaba de dos partes: la primera, las declaraciones, derechos y garantías. La segunda, con el enunciado de las autoridades de la Nación, subdividida en dos títulos: Gobierno Federal y gobiernos de provincias.

El Gobierno Federal estaba integrado por tres poderes: El Legislativo, el Congreso, compuesto de dos cámaras, la de diputados elegida en proporción al número de habitantes, por el término de 4 años, y la de senadores a razón de 2 por provincia, que duraban 9 años.

El Poder Ejecutivo, formado por presidente y vicepresidente, eran elegidos en forma directa por electores, ocupaban el cargo durante 6 años y no podían ser reelectos de inmediato. El presidente, a su vez, nombraba a sus ministros.

El Poder Judicial estaba a cargo de una Corte Suprema de Justicia y de los tribunales y jueces federales. Los gobiernos de provincia eran autónomos en su elección local y con los poderes no delegados al gobierno nacional, pero la Constitución era la Ley Suprema de la Nación y ninguna constitución o ley provincial podía contener disposiciones que le fueran contrarias.

La Constitución de 1853 rigió el país, con pequeñas enmiendas, hasta la reforma de 1949, y fue restablecida el 1.° de mayo de 1956.

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Historia del Código Civil Argentino de Velez Sarsfield

Historia del Código Civil Argentino

En agosto de 1852, el presidente Urquiza —desde la sede del gobierno en la ciudad de Paraná— dictó la primera medida tendiente a designar una comisión, para que redactara un Código Civil ,a fin de poner término a la confusa legislación española vigente hasta esa época. Los deseos del gobernante no se concretaron, debido a los problemas políticos que agitaban al país.

La Constitución Nacional de 1853 estableció en su artículo 24° que correspondía al Congreso «promover la reforma de la actual legislación en todos sus ramos»; además —artículo 67, inciso 11— dispuso que el Congreso redactara los códigos Civil, Comercial, Penal y de Minería.

En noviembre de 1854, una ley del Congreso dispuso la creación de una comisión codificadora, pero las contingencias políticas volvieron a desbaratar el intento. Recién bajo la presidencia de Mitre, comenzó la labor efectiva.
La ley del 6 de junio de 1863 autorizó al Poder Ejecutivo a nombrar comisiones para que se dedicaran a la tarea, y en octubre del año siguiente el general Mitre designó al doctor Dalmacio Vélez Sársfield —no a una comisión— para que redactara el proyecto de Código Civil.

El citado jurisconsulto trabajó con empeño, y en agosto de 1869 envió al ministro de Instrucción Pública la última parte del proyecto, quien lo presentó a consideración del Congreso Nacional. Esta asamblea lo aprobó a «libro cerrado» —sin discusión previa— por ley N° 340, del 29 de setiembre de 1869- El Código Civil entró en vigor el 1° de enero de 1871. Contiene 4.085 artículos y comprende dos Títulos preliminares y cuatro libros.

ANTECEDENTES: Napoleón es justamente famoso por sus grandes conquistas militares, pero debería serlo aún más por su excelente obra de legislador. A él, efectivamente, corresponde el mérito de haber ideado e: primer código moderno, que después se utilizó como modelo en todo el mundo (a excepción de los países de lengua anglosajona). Con este código, que se terminó de redactar en el año 1800, pero que no entró en vigor hasta el 1804, podemos decir que Napoleón estableció las bases del Estado moderno.

El Código Napoleónico suscitó, en el momento de su aparición, una ola de indecible entusiasmo, y no tardó en ser objeto, como suele decirse, de una auténtica «veneración mística»; incluso llegó a ser puesto en verso y de él se hicieron muchas ediciones, anteriores a su entrada en vigor. Todo esto puede hacer en nuestro tiempo, pero no debe olvidar cuál era la situación de la justicia en aquella época.

codigo civil fraces

El «Code Civil des Franeais», que ha pasado a la historia como «Code Napoleón», entró en vigor con la Ley de 30-Ventoso-XII (21 de marzo de 1804) y fue seguido, en 1807, por el «Code de proeédure civile», en 1808 por e! «Code de eommerce» y el «Code d’ instruetíon críminelle» y, finalmente, en 1810, por el «Code penal».

LA UTILIDAD PRÁCTICA DE LOS CÓDIGOS
Antes de la codificación, las normas jurídicas (es decir: las normas que regulan la conducta de todo ciudadano) se había acumulado, siglo tras siglo, en muchos y muy diversos documentos: constituciones, fueros, decretos, edictos, pragmáticas, sentencias, ordenamientos, leyes, anales y muchos más, que no es del caso citar. En una palabra: un verdadero caos jurídico. Para darnos una idea de cómo estaban las cosas, baste decir que los procesos duraban decenios, siempre de tribunal en tribunal, y que incluso era difícil establecer a qué jueces correspondía la competencia. El Código Napoleónico vino a poner fin a todo esto, reuniendo en un solo texto, de forma clara y orgánica, las normas fundamentales que regulaban las relaciones más usuales entre los ciudadanos.

LA CODIFICACIÓN ARGENTINA
La Constitución de la República Argentina, sancionada en 1853, impuso al Congreso la obligación de legalizar varios códigos de fondo. En cumplimiento de esa disposición (art. 67, inc. 11) se dictó la ley N° 36 del 6 de junio de 1863, por la cual el Congreso autorizó al Poder Ejecutivo a nombrar comisiones encargadas de sancionar códigos. Comenzó así la etapa de codificación en nuestro país.

Bartolomé Mitre, presidente de la Nación en aquel tiempo, encomendó al doctor Dalmacio Vélez Sarsfield la tarea de redactar el Código Civil. Éste fue presentado al Congreso y aprobado a libro cerrado durante la, presidencia de Sarmiento, y comenzó a regir el primer día del año 1871. Además de los títulos preliminares referentes a las leyes y a los modos de contar los intervalos de derecho, consta de cuatro libros.

El primero se refiere a las personas y a las relaciones de familia; el segundo trata de los derechos personales en las relaciones civiles (obligaciones y contratos); el tercero, de los derechos reales, y el cuarto contiene disposiciones comunes a los derechos reales y personales (transmisión de los derechos por muerte de las personas, concurrencia de los acreedores contra los bienes de un deudor común, adquisición y pérdida de los derechos por transcurso del tiempo).

Después de su sanción fueron dictadas muchísimas leyes; unas para modificarlo (ley 11.357, sobre los derechos civiles de la mujer, por ejemplo), y otras para tratar temas no legislados en él (por ejemplo, lo referente al régimen de la propiedad horizontal, ley 13.512).

El primer Código de Comercio que tuvo la República Argentina se sancionó en la provincia de Buenos Aires, años antes que el Código Civil. Fueron sus redactores el mismo Vélez Sarsfield y el doctor Eduardo Acevedo. El 10 de setiembre de 1862 se adoptó este código provincial en toda la Nación. En 1899 fue reemplazado por otro código, redactado sobre la base de proyectos de Sixto Villegas, Vicente Quesada y Lisandro Segovia. La parte correspondiente a Quiebras sufrió modificaciones en el año 1902 y en 1933.

En materia penal la codificación argentina se inició con el proyecto encargado al doctor Carlos Tejedor. Posteriormente, una comisión, integrada por los doctores Villegas, Ugarriza y García, sometió el Proyecto Tejedor a una prolija revisión y su trabajo fue finalmente sancionado como código nacional a fines de 1886, y comenzó a regir el 1° de enero de 1887.

En 1922 fue reformado por la ley 11.179, que constituye nuestro actual Código Penal. Hace poco tiempo fue parcialmente modificado al aprobarse las reformas redactadas por el jurisconsulto doctor Sebastián Soler.

El Código Penal argentino tiene más de 300 artículos y está dividido en dos partes. La primera contiene disposiciones generales, y la segunda se refiere a los delitos en particular.

En la Argentina existen también otros códigos, como los de procedimiento, el de Minería, el de Derecho Aeronáutico, etc. Existen también materias que reúnen características distintivas del resto de la legislación, y quizá fuera conveniente codificarlas, como el Derecho Laboral, y el referente a la navegación, contenido hoy en e! Código de Comercio.

El Código Civil entró en vigor el 1° de enero de 1871.
Contiene 4.085 artículos y comprende dos Títulos preliminares y cuatro libros.
El Primer Titulo Preliminar trata de las leyes en general, su formación, sanción y promulgación.
El Segando Titulo Preliminar dispone aplicar el calendario gregoriano para contar «los intervalos de derecho».
El Libro Primero comprende dos secciones: en la primera se ocupa de las personas, y en la segunda, de la familia.
El Libro Segundo trata en la primera sección de las obligaciones en general, y en la segunda, de los actos jurídicos.
El Libro Tercero se ocupa de las cosas, su clasificación y de los derechos reales.
El Libro Cuarto trata en la primera sección de las sucesiones, en la segunda de los privilegios, y en la tercera de las prescripciones.
Las principales fuentes del trabajo de Vélez Sársfield son el Código de Napoleón y el redactado para su país por el jurisconsulto brasileño Teixeira Freitas.
El Código Civil ha sufrido a través de los años diversas modificaciones.

El Código de Comercio
Después de la Revolución de Mayo y hasta 1862, la justicia comercial continuó rigiéndose por el Consulado, organismo que actuaba de acuerdo con las llamadas «ordenanzas de Bilbao».
En 1856, la provincia de Buenos Aires —separada de la Confederación—, por intermedio de su gobernador Valentín Alsina, encomendó a los doctores Dalmacio Vélez Sársfield y Eduardo Acevedo la redacción de un Código de Comercio. Este trabajo fue presentado a la Legislatura, que lo aprobó en octubre de 1859. Más tarde, cuando la provincia de Buenos Aires se incorporó a la Confederación, dicho código fue nacionalizado.

El Código de Comercio comprende cuatro libros.
El Libro Primero se ocupa del comercio en general.
El Libro Segando de los contratos comerciales.
El Libro Tercero de los derechos y obligaciones que resultan de la navegación.
El Libro Cuarto de las quiebras de los comerciantes.

El Código de Minería
El Código de Minería se basó en un proyecto del Dr. Enrigue Rodríguez, nprobado por el Congreso de la Nación de 1886 y que comenzó a regir el 1° de moyo del año siguiente. Con el transcurso del tiempo, este código primitivo fus objeto de diversas reformas para adaptarlo a las necesidades del país.

El Código de Minería comprende dieciséis títulos, divididos en secciones y un título final. Como su nombre lo indica, el mencionado código se ocupa de los yacimientos mineros, el sistema de concesión, el régimen legal del petróleo y otros hidrocarburos, etc.

El Código Penal
Si bien la legislación penal española se continuó aplicando en nuestro país hasta cincuenta años después de producida la Revolución de Mayo, conviene aclarar que a partir de 1810 los gobiernos patrios tomaron algunas medidas referentes al tema que nos ocupa.

El Presidente Mitre, en cumplimiento de una ley especial designó al doctor Carlos Tejedor para que redactara un proyecto de Código Penal. Terminado el trabajo, una comisión examinadora le introdujo modificaciones y recién en 1886 fue aprobado el primer Código Penal argentino.
El Código que rige actualmente entró en vigor en abril de 1922, sobre la base de un proyecto del doctor Rodolfo Moreno, que sufrió numerosas modificaciones.

PARA SABER MAS…: Como ampliación del tema publicamos una nota en El Bicentenario Fasc. N° 3 período 1850-1869

Dalmacio Velez Sarsfield

Dalmacio Velez Sarsfield

Dalmacio Vélez Sársfield
(1800-1875) Abogado de profesión, actuó como diputado en el Congreso de 1824-1827. Redactó el Código de Comercio —con el Dr. Eduardo Acevedo— y luego su obra fundamental, el Código Civil, que comenzó a regir en enero de 1871.

El destacado jurisconsulto es el autor del Código Civil que aprobó el Congreso y que ya entró en vigor. Una de sus colaboradoras más cercanas fue Aurelia, su hija.

Por encargo del ex presidente Bartolomé Mitre, el jurisconsulto Dalmacio Vélez Sarsfield finalizó este año la redacción del Código Civil, labor que le llevó cuatro años y dos meses de trabajo.

Para tan encomiable tarea, Vélez Sarsfield no recurrió a colaboradores sino simplemente a algunos amanuenses que se encargaron de pasar en limpio sus borradores. Algunos de ellos fueron su hija Aurelia, Victorino de la Plaza y Eduardo Díaz de Vivar. Para encarar el inmenso trabajo se recluyó en una quinta de su propiedad, ubicada a pocos kilómetros de la ciudad. Desde allí iba enviando los escritos al Poder Ejecutivo. En 1865 terminó y entregó el libro I, las dos primeras secciones del libro II en 1866, la tercera sección de ese libro a principios de 1867, el libro III en 1868 y este año culminó con el libro IV.

Con el código completo, el presidente Domingo Sarmiento envió el pasado 25 de agosto una nota al Congreso propiciando la ley que pusiera en vigor el proyecto del Código Civil. La Cámara de Diputados aprobó el proyecto el 22 de septiembre, luego de que fueran rechazadas diferentes propuestas de aplazamiento y objeciones al tratamiento a libro cerrado.

Vélez Sarsfield se doctoró en Derecho en 1823 en la Universidad de Córdoba. Fue diputado por San Luis en el Congreso Constituyente que redactó la Constitución de 1826 y se exilió en Montevideo durante el mandato de Rosas. Tras la caída del Restaurador fue elegido diputado a la legislatura de Buenos Aires y posteriormente fue nombrado ministro de Estado y luego de Hacienda durante la presidencia de Mitre. Hasta que inició la labor que acaba de finalizar.

La sanción del Código Civil supone un gran avance respecto del régimen legal aún vigente, caracterizado por su dispersión y falta de cohesión, lo que lleva a que se haga difícil tanto su conocimiento como su aplicación.

Conceptos de Educacion Civica La Vida en Democracia Libertad Humana

Conceptos de Educación Cívica – La Vida en Democracia

La democracia es mucho más que un sistema político donde el pueblo elige a los gobernantes. Para que se realice plenamente, es necesario que los ciudadanos practiquen un estilo de vida basado en el bien común, el respeto mutuo y la solidaridad. Una sociedad que no respeta los principios éticos en la vida diaria corre ú riesgo de corromperse y desaparecer.

Desde que somos pequeños tenemos experiencias que nos van enseñando lo que significa mandar y obedecer, aprendemos a escuchar si somos escuchados, a expresar nuestras opiniones y fundamentarlas si crecemos en un clima de libertad, a respetar a los demás si somos respetados, a tolerar o a reprimir según nuestras propias vivencias, a condenar y a castigar.

Muchas de las relaciones que se establecen en la familia y en la escuela -entre niños o adolescentes y adultos- son relaciones asimétricas, pues unos tienen una mayor cuota de poder, que les concede el paso de los años y su ubicación en la institución, y los otros se están formando.

A través de esas relaciones aprendemos ciertos modelos de autoridad, de relaciones de mando y obediencia, de expresión de acuerdos o desacuerdos, disensos, de manejos de espacios de poder. Se puede pensar si en la casa, en la escuela o en el trabajo uno es dueño, autor y gestor de su propia vida.

Así entendida, la educación para la democracia no se aprende sólo a través de un libro o de una materia en la escuela; la educación democrática, cívica-política o ciudadana, debe traducirse en un modo de vida en la escuela y debe enseñarse a través de todas y cada una de las actividades escolares.

Aprender a ser democráticos requiere un largo proceso que implica esfuerzos por respetar y ser tolerante con los demás, así como compartir y promover las leyes, que se han construido entre todos. Elegir representantes que sean auténticamente representativos de planteos democráticos no es sencillo.

Debemos ser capaces de controlar efectivamente el cumplimiento de las funciones delegadas, para lo cual tenemos que formarnos a partir de nuestras experiencias de vida en la familias, en la escuela y en la vida democrática.

¿QUÉ ES UNA SOCIEDAD?

No es sencillo definir con precisión el término sociedad, a pesar de que se utiliza constantemente. Ya se ha señalado que los hombres viven asociados en grupos compartiendo una vida en común.

Por lo tanto, se considerará que la sociedad se compone por todos los individuos y los grupos que ellos originan a lo largo de sus vidas. Pero, además, es necesario incluir las diversas instituciones económicas, políticas, educacionales, familiares, religiosas, etc., organizadas por los hombres para el desarrollo de sus actividades y para establecer las normas de conducta aceptadas por el uso y la costumbre. Este último aspecto es muy importante.

Se refiere a todo aquello que instintivamente provoca el rechazo de los individuos.

En este sentido, es muy probable que la mayoría de los hombres desaprueben un asesinato, un robo, una violación, etc.; ya que se poseen valores que se transmiten culturalmente de generación en generación en una sociedad y originaron las leyes escritas. Sin embargo, no todas las leyes que regulan el comportamiento de los individuos se basan sobre sanciones establecidas por la costumbre.

Por otra parte, estos valores, actitudes y leyes no son estáticos en una sociedad sino que cambian generando continuidades y rupturas a lo largo del tiempo. Estos cambios no se realizan de igual modo y en el mismo momento en todos los individuos y grupos que la componen, lo que lleva a algunos a cuestionar el orden existente y a reclamar por un cambio en la organización social.

En conclusión, la sociedad no es un conjunto ordenado y armónico sino, que por el contrario, presenta conflictos y discordancias ya que los hombres no sólo viven juntos sino que establecen entre ellos y con los distintos grupos todo tipo de relaciones, espontáneas u organizadas y, a veces, muy complejas que estallan en conflictos.

EL HOMBRE COMO SER SOCIAL
El hombre y la sociedad

Una de las características naturales del hombre es su tendencia a vivir en sociedad. Esto lo han observado diferentes pensadores, como Aristóteles en el siglo IV a.C., o Juan Jacobo Rousseau en el XVIII d.C, en su libro El Contrato Social.

Desde que el hombre buscó la ayuda de los hombres, ya sea para cazar, defenderse o reproducirse, surge el ser social. De hecho, desde su época primitiva, por su tendencia natural liara la sobrevivencia de la especie, el hombre vivió en pequeñas agrupaciones; se trataba de tribus nómadas, y sólo hace diez mil anos, cuando se descubrió la agricultura, el hombre se torna sedentario y se empiezan a formar los primeros pueblos que no son más que agrupaciones mayores de seres humanos, que mediante la mutua cooperación pasan de mejor manera su existencia.

A partir de su nacimiento, el hombre muestra características biológicas que le imponen la necesidad de vivir en sociedad, pues nace tan desvalido físicamente, que su sobrevivencia es casi imposible sin sus padres. Después se desarrolla, aprende, y poco a poco nota que puede valerse por sí mismo. Luego reconoce que llega a esa etapa porque tuvo apoyo de sus mayores, quedando así ligado racionalmente a ellos y posteriormente también adquiere un instinto de protección para sus hijos.

El hombre se diferencia de otros animales sociales en que produce algo para la sociedad; ese algo es la capacidad de crear, de trabajar para el bien común; es el de producir instrumentos de trabajo que faciliten la labor y obtener más fácilmente sus satisfactores.

Surgió así una incipiente división del trabajo, ya que el hombre por sí solo no era capaz de producir todas las cosas que necesitaba y todo el trabajo realizado tenía que ser social por necesidad, unos producían armas, otros cazaban, otros más velaban por la seguridad de la horda, etcétera.

Cuando el hombre pasa de ser un animal solitario y salvaje a ser un animal social, suceden varias cosas que marcan el surgimiento de la sociedad. Hay mucha similitud entre el hombre y varios tipos de animales, por ejemplo, las abejas, las hormigas, etcétera, ambos forman sociedades, pero existen diferencias muy notables entre ambas, como son las de crear cultura y construir herramientas para el trabajo, mientras las otras construyen sólo por instinto.

Las primeras sociedades se construyeron bajo los siguientes principios:

a) Respeto y protección mutua
b) Medio de comunicación común
c) Cultura similar con todos sus símbolos, tradiciones, costumbres, etcétera
d) Límite geográfico de dominio

Estos principios nos sirven para comprender de alguna forma las definiciones modernas de la sociedad tales como:
Sociedad es la coexistencia humana organizada.
Una sociedad es el agregado organizado de individuos que siguen un mismo modo de vivir.
La unión durable y dinámica entre personas, familias y grupos mediante la comunicación de todos dentro de una misma cultura, para lograr los fines de la vida colectiva, mediante la división del trabajo y los papeles, de acuerdo con la regulación de todas las actividades a través de normas de conducta impuesta bajo el control de una autoridad.

La sociedad y su dinámica
‘lodos desempeñamos un papel importante y diverso en la sociedad al relacionarnos en sus diferentes facetas, por ejemplo, el maestro con su grupo de alumnos tiene un papel, con sus compañeros asume otro y con su familia, uno más; es decir, actúa o desempeña roles diferentes según le corresponde en cada grupo.

Augusto Comte, el fundador de la Sociología, fue el primero en usar la palabra dinámica que tomó de la Física para hacer ver que la sociedad como organismo vivo que es, está en continuo proceso de cambio como lo está todo el Universo y que los fenómenos sociales se debían estudiar dentro de la dinámica del cambio, para la mejor comprensión del proceso histórico, ya que las instituciones, la familia y los modos de producción, están sufriendo continuas alteraciones.

Ahora se sabe que las especies no son fijas, que el hombre todavía es un ser inacabado, que la evolución sigue y seguirá actuando, que de las especies actuales surgirán nuevas y que lo único que podría considerarse inalterable es el cambio y aun éste a su vez cambia, pues se acelera o se retarda.

En fin, el ser humano al vivir en sociedad, se ve en la necesidad de organizarse en todos sentidos, creando estructuras sociales diversas y dinámicas, entidades éstas como la forma propia que observa cada cultura para organizar su convivencia: familia, trabajo, educación, gobierno, ciudad, etcétera.

LA VIDA EN DEMOCRACIA
Vivir juntos en democracia – Participación Popular y Respeto Por La Minorías

A lo largo de los tiempos y en la diversidad de las civilizaciones, las sociedades humanas han experimentado muchos tipos de organización política. Hoy intentamos realizar el «vivir juntos» en el marco de la democracia. Ésta no llena plenamente las expectativas de los hombres pero, en su tipo occidental, basado en el equilibrio de poderes y en la soberanía de un pueblo de ciudadanos iguales en derecho, se presenta como el modelo más humanizante, aunque sea necesario regenerarlo constantemente.

Desde hace medio siglo el hálito democrático se va imponiendo en más Estados y campos en detrimento de los regímenes totalitarios. La democracia triunfa en los espíritus y ya casi no la cuestionan sino ideologías apegadas al pasado o reaccionarias que no aceptan realmente la igualdad de los hombres ni su vocación por la libertad y la fraternidad social.

Sin embargo, la democracia engendra demasiado a menudo en quienes la heredan desencanto y melancolía. Parece afectada de envejecimiento y anemia; revela algunas de sus limitaciones y debilidades. Demasiados ciudadanos se transforman en consumidores que reclaman siempre más derechos y aceptan siempre menos deberes compartidos.

Porque la democracia no es un don de la naturaleza ni un saber definitivo, sino el resultado de combates librados en sucesivas generaciones, que cada generación está llamada a retomar y continuar por su cuenta.
La principal causa de la fragilidad de nuestras democracias reside en esta invasión de individualismo extremo, del «cada uno para sí mismo», fruto de un liberalismo que rechaza cualquier obligación y de la permisividad generalizada que pregona que cada uno puede hacer lo que le plazca.

Otra causa se puede encontrar en la exacerbación de las diferencias, en estos reflejos de identidad o étnicos de grupos que al sentirse amenazados o ignorados recurren a la violencia, quieren asfixiar y excluir a los demás. Para evitar esos encierros, una política activa transforma esas diversidades en formas de integración social y mezcla cultural.

La democracia necesita virtudes para sus dirigentes al igual que para los ciudadanos. Necesita de una ética basada en un sistema de valores esenciales: libertad, justicia, igual dignidad para las personas; lo que llamamos el respeto de los derechos humanos. Se impone prestar atención a ciertos tipos de funcionamiento democrático que parecen socavar esas mismas virtudes necesarias para la democracia: es particularmente el caso cuando se considera que una decisión es válida por el solo hecho de ser fruto de una votación mayoritaria.

Es asimismo urgente comprender que los derechos de cada uno constituyen los deberes de todos. El concepto de ciudadanía, del que hoy tanto se habla, no se reduce simplemente a controlar, a intervalos regulares, a los responsables políticos elegidos al ritmo de sucesivas elecciones. Todos llevamos en nosotros una fecundidad social que hay que valorizar. Pasar del estadio de simple ciudadano al de actor es un objetivo importante.

La política es obra de todos. Es en vano esperar de la clase política, de los empresarios, de los miembros de la policía, de los jueces y de quienes tienen el poder, un civismo distinto al del resto de la población. No hay verdadera democracia sin comportamientos verdaderamente democráticos: aprender a conocer y a reconocer al otro; dar preferencia al debate antes que a la lucha; desarrollar el diálogo y el sentido del compromiso; desterrar el uso de la violencia y la mentira.

«Rehabilitar la Política», documento escrito por los obispos católicos de Francia, en mayo de 1999.

POLÍTICA Y CONFLICTOS: Se suele afirmar que La vida social supone necesariamente la existencia de conflictos. Cuando éstos se dan en nuestras relaciones más cercanas, intentamos darles respuestas individuales, respondiendo a Lo que nuestra conciencia nos dicta como lo más justo o más conveniente para nosotros.

Pero cuando el conflicto se da entre grupos o sectores de una sociedad, la situación es más compleja. Ya no alcanza nuestra decisión individual: necesitamos ponernos de acuerdo  con otros y organizamos para lograr nuestros objetivos. En ese intento de organización se van conformando grupos que diseñan estrategias para obtener poder y lograr, de ese modo, los objetivos cas se proponen. Aquí es donde tiene su aparición la política.

Porque existen los conflictos entre las personas, existe la política. Esta no seria la causa de aquéllos sino su consecuencia. Es un intento por Lograr que los conflictos y las diferencias de intereses encuentren un cauce que evite que sean destructivos. A través de la política, las personas buscan que los antagonismos se resuelvan sin destruir a La sociedad misma.

Para ello, se crean instituciones que regulan la vida de La comunidad y que median entre los individuos o grupos enfrentados, A lo largo de la historia, los hombres han procurado regular la lucha por el poder. A menudo, quienes b ejercieron pretendieron implementar reglas de juego que permitieran controlar y ocultar los conflictos y reprimir a quienes tuvieran intenciones de ponerlos a la Luz.

Las reglas de juego democráticas, por el contrario, permita que se reconozcan, que sean públicos, y alientan su resolución de manera parifica a través del acuerdo y del diálogo.

Por ello, puede ser que en democracia tengamos la sensación de ove existen más problemas o conflictos que en otras formas de organización social.

LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA: Las formas en que Los ciudadanos gravitan en las decisiones que se refieren a lo público son variadas: el voto, la manifestación en las calles, la huelga, la opinión a través de los medios de comunicación y de las encuestas.

Sin embargo’, pareciera ser que aún la capacidad de la ciudadanía para formar parte de la toma de decisiones es limitada. ¿Cómo lograr una real y eficiente intervención de los ciudadanos en la esfera política? ¿Cómo recuperar y revitalizar el espacio político-público?

La democratización de la sociedad requiere que Las personas puedan tener experiencia de poder. Esto significa que deben tener ocasiones para ejercer «poder» y, en otro sentido, deben «poder» lograr algo de lo que demandan. Si las personas nunca desempeñan algún tipo de poder institucional, si siempre delegan en otros las decisiones que los afectan y si nunca logran nada de lo que requieren, ¿en qué sentido podemos afirmar que estas personas «participan»?

La participación es la mejor escuela para la ciudadanía. El debate y la deliberación amplían los horizontes de la información y de las opciones, y hacen que la sociedad se vuelva cada vez más igualitaria. Para eso se deberían generar instituciones facilitadoras de esta participación y amplificadoras de la democracia.

En realidad, ya se han creado mecanismos idóneos como la Iniciativa Popular, el Referéndum Obligatorio, la Consulta Popular, el Presupuesto Participativo, las Audiencias Públicas, pero son poco usados, o sólo cuando los gobiernos lo requieren, en forma circunstancial. Si fueran puestos en práctica en forma frecuente, se estaría dando un paso importante en el camino de la democratización de nuestra sociedad.

MAYORÍAS Y MINORÍAS. DERECHOS Y DEBERES DE UNAS Y OTRAS:

El poder es patrimonio del pueblo, los gobernantes deben ser designados por él y en su gestión deben realizar la voluntad popular. Tales son los postulados democráticos. Pero la voluntad del pueblo no es unánime, ni en la designación de los gobernantes, ni en la visión de los problemas que afectan a la comunidad.

En la práctica, en una sociedad democrática, no queda otra solución, sino que los gobernantes sean elegidos por las mayorías y en su gestión se conformen a la voluntad mayoritaria, y que los distintos grupos minoritarios estén representados en el parlamento y puedan expresar sus ideas y sus críticas a la acción gubernamental.

La democracia se convierte así en gobierno de mayorías, representación de todos los sectores, respeto a las minorías, libertad de crítica y de expresión.
El acatamiento de las mayorías y el respeto a las minorías son esenciales a la democracia. No basta el acatamiento a las mayorías, porque las mayorías por sí mismas, no son fuente de justicia ni de razón.

También las mayorías pueden ser totalitarias y negar los derechos fundamentales de las minorías. La mayor parte de las dictaduras han contado con el apoyo de una voluntad mayoritaria.

Ni la más absoluta mayoría puede hacer que lo injusto se convierta en justo, ni lo ilícito, en lícito. No tiene derecho para negar a nadie el goce de sus libertades y derechos.

No puede funcionar un sistema democrático si las mayorías no respetan a las minorías, y si las minorías no acatan y colaboran lealmente con las mayorías. No pueden las mayorías valerse de su poder para oprimir a las minorías. Ni pueden las minorías valerse de su derecho de oposición y de crítica para desprestigiar injustamente, para injuriar u obstaculizar a los gobernantes.

El sistema democrático para funcionar eficazmente exige que la totalidad moral del cuerpo ciudadano esté de acuerdo con él. Sólo así puede lograrse armonía y eficiencia.

En las sociedades verdaderamente democráticas todos están de acuerdo, también las minorías, en que al gobierno surgido de las mayorías les corresponde legítimamente el poder y están dispuestos a colaborar con él para bien de la comunidad.

Virtudes Cardinales Para La Vida en Democracia

Fuente Consultada:
Formación Cívica Editorial Stella
El Desarrollo Humano en la Argentina del Siglo XXI UNICEF – UNDP – Ministerio de Educación , Ciencia y tecnología

VALORES  HUMANOS PARA LA VIDA EN DEMOCRACIA

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