La Constitución Nacional

El Municipio Concepto, Organizacion y Funciones

El Municipio Concepto, Organización Institucional y Funciones

Las ciudades no surgen espontáneamente. Existen numerosos factores que inciden para que grupos de familias se reúnan y habiten en un determinado lugar geográfico. Influyen la cercanía de los cursos de agua, o del mar, la facilidad de las comunicaciones, la fertilidad de la tierra, la abundancia de algún elemento mineral, vegetal o animal, las razones de seguridad, el interés turístico, histórico, etc.

Producida la primera agrupación, que da origen a una aldea, villa o población, la evolución natural la va a llevar a su desarrollo, hasta convertirla en una ciudad. Lo anterior no excluye la posibilidad de su extinción o estancamiento cuando, precisamente, desaparecen las causas que motivaron el aglutinamiento humano o el lugar geográfico no resulta el más adecuado.

El aumento del número de habitantes en una misma localidad genera por sí solo necesidades cada vez más amplias y complejas, relacionadas con el abastecimiento de comestibles, la salud pública, la provisión de agua corriente, de energía eléctrica, de servicios telefónicos y telegráficos, educacionales, etc., que obligan a organizar una autoridad o gobierno local, encargada de velar por los intereses generales de la comuna.

El municipio o comuna es un conjunto de familias ligadas por iguales intereses, derechos y deberes, cuya vida se desarrolla en una ciudad, villa o población y sus zonas circundantes regidas por un gobierno local. Es una comunidad de base territorial.

• El gobierno es el conjunto de las autoridades. Ellas son las encargadas del ejercicio del poder, en este caso municipal.

•  El poder es la facultad de imponer las normas que rigen la existencia del grupo.

•  Las normas son reglas de convivencia. Existen normas sociales, morales, jurídicas, religiosas, etc. Las normas jurídicas (leyes) son de cumplimiento obligatorio y las imponen las autoridades. En cambio, las normas sociales, morales o religiosas quedan libradas a la conciencia de cada individuo y su cumplimiento, por lo tanto, es voluntario.

El gobierno municipal es el encargado de aplicar las normas jurídicas y por lo tanto obligatorias, que rigen la vida del municipio. Ese gobierno tiene poderes sólo dentro del territorio de la comuna o ejido municipal. (El territorio es el asiento geográfico de la población y ésta está integrada por el conjunto de sus habitantes.)

El municipio es la primera estructura política del país. La política es un conjunto de principios que deben seguir los gobernantes en sus relaciones con los gobernados o, también, el arte de gobernar para fomentar el bienestar general. La palabra «política» deriva de «polis». vocablo griego que significa, precisamente, ciudad.

Se puede afirmar que las instituciones municipales son anteriores a la Nación. Los hombres empezaron formando pueblos o ciudades antes que naciones. Son ejemplo de ellos, Atenas, Esparta o Roma, que fueron ciudades-Estados de la antigüedad. Hoy el municipio es considerado la patria menor de sus habitantes, porque la organización política moderna reúne a ios municipios, constituyendo provincias y a éstas, integrando el Estado Nacional, que es la patria grande.

La Nación es un conjunto de individuos unidos por comunidad de cultura, tradiciones e intereses y por la conciencia de pertenecer a la misma. Es un producto de la historia, que en su incesante evolución amalgama grupos sociales culturalmente homogéneos que adquieren similar conciencia de su destino. La Argentina es una nación.

Organización institucional

Podemos definir al Estado como la organización de una población que reside en un territorio determinado, dirigida por un gobierno común. De este concepto surgen los tres elementos componentes del Estado: la población, el territorio y el gobierno.

El municipio, al igual que el Estado Nacional y los Estados provinciales, posee un gobierno que ejerce tres funciones, que se cumplen a través de distintos organismos.

1) Función ejecutiva: es la facultad de administración que está a cargo del Intendente Municipal.

2) Función legislativa: es la facultad de legislación, o sea de sancionar las normas o leyes municipales, que se denominan ordenanzas. Es ejercida por el Concejo Deliberante, cuyos miembros son los Concejales.

3) Función judicial: es la facultad de administrar justicia, es decir, de aplicar las normas jurídicas municipales (ordenanzas), a los casos particulares. Es ejercida por los jueces municipales o jueces de Faltas que juzgan a los vecinos en casos de infracciones.

Las normas acerca de la organización y funcionamiento del gobierno del municipio se encuentran en la Constitución Nacional o Ley Fundamental,en las Constituciones de Provincia, y en las leyes nacionales y provinciales, así como en las ordenanzas orgánicas que dictan los concejos deliberantes.El Art. 5º de la Constitución Nacional garantiza a las provincias el goce y ejercicio de sus instituciones, bajo la condición de que dicten una Constitución que asegure, entre otras exigencias, su régimen municipal.

En cumplimiento de lo que dispone esta cláusula constitucional, las Provincias han sancionado sendas leyes orgánicas municipales, a las que ajustan su accionar dichos gobiernos locales.

La Ley Orgánica de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, N° 19.987, modificada por la Ley N° 22.846 del año 1983, se halla en vigencia actualmente y establece que son órganos institucionales del gobierno municipal (Art. 3º):

a) El Concejo Deliberante.
b) El Departamento Ejecutivo.
c) Los Consejos Vecinales.

Elección y funciones de las autoridades

• Concejo Deliberante
Es el órgano que tiene el poder de decisión. Su función es legislativa, dado que se encarga de la elaboración y sanción de las ordenanzas municipales.
Se compone de 60 miembros (concejales), elegidos directamente por el voto popular.

Son requisitos para ser concejal: tener 25 años cumplidos, 4 años de ejercicio de la ciudadanía y una residencia no inferior a dos años en el municipio.

«Los concejales durarán cuatro (4) años en su mandato y podrán ser reelegidos indefinidamente. Cada dos (2) años se renovará la mitad de los miembros del Concejo Deliberante. En la primera integración se determinará por sorteo a quiénes corresponderá un mandato de dos (2) años».

Se ha dicho que el gobierno municipal es la expresión más democrática de la voluntad popular, teniéndose en cuenta que no sólo votan los ciudadanos, sino también los extranjeros afincados en la ciudad, aunque no se hayan naturalizado. A esos mismos extranjeros, por ejemplo, no se les permite votar en las elecciones de autoridades del gobierno provincial o nacional. Por tal motivo el padrón electoral municipal comprende más votantes que el correspondiente al orden provincial o nacional. Es decir que se reconoce el interés de los extranjeros no naturalizados por participar en el gobierno de la ciudad de que son vecinos.

Son funciones del Concejo Deliberante, entre otras:

— Sancionar ordenanzas que se refieran a las siguientes materias: ornato, sanidad, higiene, asistencia social y recreación, seguridad, moralidad, cultura, educación, protección, fomento, conservación, vialidad, comercialización, abastecimiento, servicios y obras públicas, regímenes sobre cementerios, planeamiento y desarrollo.

— Sancionar las ordenanzas, fiscal y tarifaria, y el presupuesto de gastos y recursos.

— Otorgar concesiones y permisos de uso sobre bienes municipales.

— Imponer nombres a avenidas, calles, pasajes, parques y paseos, así como a los barrios de la ciudad.

— Reglamentar la edificación y zonificación de la ciudad.

— Declarar el juzgamiento del Intendente o sus Secretarios, por mal desempeño o delito en el ejercicio de sus funciones.

• Intendente Municipal (Departamento Ejecutivo)

En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República, el Intendente Municipal es designado por el Presidente de la Nación.

Ello se debe a que la Constitución Nacional, en su Art. 86, Inc.3º, entre las atribuciones del Presidente, señala que es «el jefe inmediato y local de la Capital de la Nación».

El Intendente «ejercerá sus funciones durante tres (3) años, pudien-do ser reelegido por una sola vez. Mientras las desempeñe no podrá ocupar ningún otro cargo público ni realizar actividad privada, excepto la docencia universitaria. Su retribución será igual a la que corresponda a un ministro del Poder Ejecutivo Nacional».

Son funciones del Intendente Municipal, entre otras:

— Representar legalmente a la Municipalidad.
— Nombrar y remover a los Secretarios del Departamento Ejecutivo.
— Nombrar a los jueces municipales de Faltas, del Tribunal de Cuentas y del Tribunal Fiscal de la Municipalidad, con acuerdo del Concejo Deliberante.
— Participar en la formación de las ordenanzas, promulgarlas y reglamentarlas, cuidando de no alterar sus fines y ejecutarlas de igual modo.
— Atender a la prestación de los servicios públicos, propendiendo a una adecuada descentralización.
— Convocar al Concejo Deliberante a Sesiones Extraordinarias, cuando razones de gravedad o urgencia así lo determinen.
— Presentar proyectos de ordenanza.
— Presentar el proyecto de presupuesto anual de gastos y recursos y los de ordenanza fiscal y tarifaria.
— Expedir órdenes de pago, celebrar contratos, ejecutar obras públicas, administrar los bienes del patrimonio municipal, recaudar los recursos del municipio, otorgar permisos y habilitaciones para el ejercicio de actividades, etc.

• Consejos Vecinales

Objeto y organización. En la Ciudad de Buenos Aires fueron creados en el año 1972 y disueltos en 1976. La Ley Orgánica Municipal, actualmente vigente, creó catorce Consejos Vecinales, que corresponden a zonas de la Ciudad, cada una de ellas integradas por diversos barrios.

El Consejo Vecinal es un organismo de base del régimen municipal, que deberá cooperar con la población y con las entidades representativas, a los efectos de contribuir a una mejor acción municipalista y participativa.

Para ser vocal de ese Consejo se requiere tener 25 años de edad, como mínimo, ser argentino y domiciliarse en la jurisdicción territorial del Consejo, con una residencia inmediata anterior no inferior a dos años. Los vocales duran cuatro años en sus funciones y son reelegióles indefinidamente. El desempeño de su cargo es ad honorem.

El Consejo Vecinal se compone de nueve vocales.

Las decisiones se toman por simple mayoría.
Son funciones del Consejo Vecinal, entre otras:
— Estimular la actividad cívica y la participación comunitaria.
— Informar sobre las necesidades del vecindario y colaborar en la formulación de programas de interés comunal.
— Proponer anteproyectos de obras, servicios y trabajos.
— Promover la participación de la población en el progreso material del vecindario y en la elevación moral y cultural de sus habitantes.
— Promover la formación de consorcios para obras de interés zonal.
— Mantener una fluida y permanente acción y cooperación con las entidades representativas del vecindario (sociedades de fomento, mutualidades, cooperadoras escolares, hogares o cooperadoras policiales, centros culturales, deportivos o religiosos, cooperativas, ligas de padres y madres de familia y toda otra entidad de bien común).

Direcciones Municipales y Tribunales

• Direcciones Municipales

El Gobierno Municipal ha ido ampliando sus actividades y funciones, las que actualmente revelan una gran complejidad.

En el municipio de la Ciudad de Buenos Aires, el organigrama del Departamento Ejecutivo incluye siete Secretarías:
• Gobierno
• Economía
• Obras y Servicios Públicos
• Salud Pública y Medio Ambiente
• Cultura
• Educación
• General

De cada una de ellas dependen diversas direcciones generales, Direcciones, Departamentos y organismos fuera de nivel.

• Tribunales Municipales

— Justicia Municipal de Faltas. El juzgamiento de las contravenciones a las disposiciones municipales y a las normas nacionales cuya aplicación corresponde a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, con excepción de las que sean imputadas a menores de 18 años, compete a la justicia Municipal de Faltas.

Está integrada por jueces de Faltas de primera instancia, una Cámara de Apelaciones y un Ministerio Público. Los juicios son orales y públicos.
Los jueces son designados por el Intendente Municipal y deben contar con el acuerdo del Concejo Deliberante. Tienen que ser ciudadanos argentinos y poseer título de abogado. Son inamovibles y conservarán sus cargos mientras dure su buena conducta.

El Ministerio Público estará integrado por fiscales designados por el Intendente Municipal.

Tanto los jueces, como los camaristas y los fiscales, deben residir en la Ciudad de Buenos Aires o en un radio de 70 km de la misma.

La Justicia Municipal de Faltas funcionará todo el año en forma continua y durante doce horas diarias como mínimo.

— Tribunal Fiscal. Entiende en las demandas que interpongan los vecinos que consideren que los impuestos, tasas, derechos y multas que les exige la Municipalidad, no están de acuerdo con las ordenanzas vigentes. Este Tribunal está integrado por tres abogados y tres contadores públicos, designados por el Intendente con acuerdo del Concejo Deliberante. Las audiencias son orales y públicas.

— Tribunal de Cuentas. Es el encargado de controlar la ejecución y la correcta gestión financiera de la Municipalidad. Está integrado por un Presidente, dos Vocales y un Secretario, designados por el Intendente, con acuerdo del Concejo Deliberante. El Presidente deberá ser abogado y los demás miembros contadores públicos. Deberán ser argentinos y tener no menos de 30 años de edad. Son inamovibles y permanecen en sus cargos mientras dure su buena conducta.

Los actos que fueren observados por el Tribunal de Cuentas, serán comunicados al Concejo Deliberante.

Funcionamiento del Municipio

El funcionamiento del municipio encuentra su cauce natural a través de los gobiernos democráticos.

Los regímenes autoritarios y los sistemas totalitarios lo han sometido a su arbitrio y voluntad sustituyendo las autoridades elegidas por los vecinos, por sus acólitos.

En el Municipio el hombre ejercita sus derechos y logra valiosas experiencias cívicas. Se convierte en un elemento activo de la democracia, razón por la cual el totalitarismo busca su avasallamiento, propiciando un conformismo del pueblo y un desinterés generalizado ante el abuso del poder.

Urquiza, en el año 1852, firmó un Decreto de restablecimiento del régimen municipal en Buenos Aires, avasallado hasta entonces por Rosas.

En dicho Decreto, se decía: «La carencia de vida municipal ha sido el primer escalón por donde han trepado muchos tiranos».

La comuna es la expresión más auténtica del gobierno local y descentralizado, y permite la participación activa del pueblo para la solución de sus propios problemas.

El jurista argentino contemporáneo Rafael Bielsa decía al respecto:  «La crisis del régimen municipal tiene como causa la falta de educación cívica y jurídica de los representantes comunales y la sumisión de los intendentes a gobiernos también ineducados para la función pública. En la historia de la civilización aparece el municipio, a través de todas las épocas y en casi todos los pueblos, como el más firme baluarte de las libertades políticas y de los derechos privados».

El municipio ha sido el precursor del Estado moderno. Él suprimió las trabas jurídicas que separaban las varias clases sociales y daban el carácter de privilegio a la libertad civil y la participación en la vida pública. Los grandes principios que informan la vida política contemporánea, la libertad de la persona, de la propiedad y del trabajo, la inviolabilidad del domicilio, la unidad del fuero, la igualdad de los derechos civiles y políticos, en suma, tuvieron su realización práctica en la esfera limitada por los muros del municipio.

La división y la organización de las varias ramas de la administración central tomaron también sus líneas fundamentales del régimen municipal. El municipio, finalmente, fue el centro donde asentó sus reales la vida intelectual, el progreso científico. Es la unidad administrativa más simple. Es anterior al Estado, del cual es parte constitutiva. Éste no ha hecho sino articular o unir esas células, llamadas comunas, con vida y existencia propias, y en este orden de prioridad ha debido necesariamente respetarlas.

Funciones

El Art. 2º de la Ley Orgánica de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, (Ley 19987) establece las funciones que competen a la misma y que son:

— La confección de planes, directivas, programas y proyectos sobre política urbanística, en armonía con el sistema nacional de planeamiento.

— La cultura, educación y recreación, fomento de las artes, la promoción y asistencia social, moralidad y buenas costumbres, en orden a su conservación y acrecentamiento.

— La instalación de centros sanitarios y asistenciales y de educación; contralor de la salud pública; bromato lógico y de salubridad de los elementos del ambiente ecológico.

— El contralor de construcciones, obras y embellecimiento de la ciudad, así como la prestación de servicios que garanticen la seguridad y comunicación de personas y bienes, sin perjuicio de las competencias atribuidas al respecto a otros organismos o instituciones.

— La limpieza de las calles, plazas y demás lugares públicos.

— La intervención en la comercialización de productos de consumo de la población y en la instalación de ferias y mercados.

— La construcción y conservación de puentes, túneles, calles, calzadas, aceras y demás obras públicas que se estimen convenientes; ejercer la respectiva competencia en las zonas marginales de los cursos de agua navegables o flotables; y lo concerniente al alumbrado público.

— El tránsito de personas y vehículos; las condiciones de licencias habilitantes para la conducción y el debido funcionamiento de los mismos; y las tarifas de cualquier tipo de servicio, salvo las atribuciones que puedan corresponder a otros organismos.

— La fijación de los recursos económicos-financieros, determinación del monto de los impuestos de la ley, así como las tasas y multas; contraer empréstitos; aceptar o repudiar donaciones o legados, efectuar donaciones de bienes muebles y dictar, asimismo, normas para la disposición y administración de los bienes del patrimonio municipal.

— La sanción del régimen sobre estabilidad, escalafón, derechos, obligaciones y previsión social de los agentes municipales.

— El bien común del vecindario.

— El ejercicio del poder de policía en las materias de su competencia.

Origen y destino de los ingresos municipales

• Recursos
Entre las atribuciones generales de la comuna, se encuentra la de arbitrar los recursos económicos para satisfacer los servicios locales que presta.
Para ello es necesario reconocer a la misma una facultad tributaria, cuyo alcance, en el caso de nuestro país, está dado por las Constituciones y leyes provinciales, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 5º de la Constitución Nacional.

Existe coincidencia en que los municipios no pueden cobrar impuestos (carecen de poder impositivo), excepto que la ley excluya expresamente dichos impuestos como derecho del fisco provincial o nacional, en beneficio del fisco municipal correspondiente.

Por eso lo correcto es hablar de tasas municipales o contribuciones de mejoras, cuyo pago se justifica por la contraprestación de servicios públicos locales que recibe el usuario. En cambio, el impuesto no implica la contraprestación directa de un servicio por parte de) Estado.

Las principales tasas son las de alumbrado, barrido y limpieza, riego, conservación de pavimentos, abasto e inspección veterinaria y bromatológica, constatación de pesas y medidas, cementerios, servicios fúnebres, patentes de juegos permitidos, teatros y cinematógrafos, salas de espectáculos en general, aranceles hospitalarios, etc.

La suma de los recursos así obtenidos constituyen el Tesoro Municipal y se vuelcan y distribuyen orgánicamente en los diferentes rubros del Presupuesto Municipal.

En los casos en que el Municipio debe encarar obras dentro de su ejido, en cuya realización tiene interés el Gobierno Provincial o Nacional y que excedan las posibilidades tributarias de su población, el fisco provincial o el nacional pueden contribuir con empréstitos que deben contar con autorización legislativa especial y estar acordes con la capacidad financiera del municipio. Estos últimos son denominados recursos derivados, por oposición a los originarios, que son las tasas y contribuciones de mejoras.

La anomalía que puede surgir de la multiplicidad de recaudaciones nacionales, provinciales y municipales es la aparición de la doble imposición, o sea que un mismo bien esté gravado dos veces, razón por la cual las autoridades deben evitarla extremando las precauciones al respecto.

Los cabildos indianos, que constituyen el remoto antecesor de los modernos municipios, para solventar los gastos que les ocasionaba el gobierno local de las ciudades contaban, como fuente de recursos, con los propios y los arbitrios.Los primeros eran las rentas que se obtenían de las tierras reservadas por el Cabildo al fundarse la ciudad y los segundos eran contribuciones extraordinarias, cuyo cobro autorizaba el rey para el cumplimiento de objetivos determinados.

Inversiones

El presupuesto comunal comprende no solamente el cálculo de todos los recursos que ingresan en el Tesoro, sino también el de la inversión de los mismos, es decir, el de las erogaciones que deberán efectuarse durante el año fiscal. Este criterio no es aplicable solamente al presupuesto comunal, sino también a los provinciales y al de la Nación.

Permite conocer el total de los ingresos y los egresos del Estado y si existe déficit, equilibrio o superávit.

Adquiere validez cuando la rama deliberativa del gobierno comunal (Concejo Deliberante) le presta su aprobación.

Pero este solo requisito no basta. Por medio de los Tribunales de Cuentas, el poder central ejerce un contralor sobre la forma y corrección con que se cumplen las inversiones, de acuerdo con las previsiones del presupuesto. Este contralor se extiende no solamente a la legalidad con que se cumplen los gastos de inversión, sino a la oportunidad y conveniencia de los mismos.

Las leyes prevén, también, la responsabilidad que cabe a los funcionarios intervinientes y, ante el caso de anomalías comprobadas, las sanciones que corresponden a los mismos.

El cumplimiento de las previsiones presupuestarias, dentro de los cánones señalados, permite la realización de las obras públicas (escuelas, hospitales, cementerios, plazas, etc.), la prestación de los servicios que corresponden a la esfera comunal y los gastos en personal y mantenimiento.

Servicios públicos son todos los hechos y prestaciones realizadas directa o indirectamente por la Municipalidad, en beneficio de los habitantes de la ciudad correspondiente y cuyo cumplimiento se asegura por medio del ejercicio del poder de policía. Hay servicios públicos que no son prestados ni concedidos por la Comuna, sino tan sólo reglamentados. Son los ejercidos por particulares por mera autorización.

Es importante destacar que la prestación de los servicios públicos es exjgible por los habitantes de la ciudad, teniendo en cuenta que responden a necesidades colectivas.

Los servicios que pueden prestar ios particulares, por tal motivo, quedan expresamente excluidos de esta categoría.

Finalmente, es necesario establecer que en ciertos casos ios servicios públicos no son susceptibles de prestarse indirectamente (por concesionarios). Por ejemplo, cuando se vinculan al ejercicio de la autoridad o ai control de la moralidad.

Fuente Consultada:
Educación Cívica Para 1º Año Capítulo IV – EL MUNICIPIO – Editorial Plus Ultra – Delfino-Gonzalez-Tejerina

El Sistema Federal y la Autonomia de las Provincias Organización

El Sistema Federal Argentino y la Autonomía de las Provincias
Organización Política

Una federación es una agrupación de entidades políticas bajo un gobierno central o nacional al cual, mediante una constitución, delegan unos poderes, reservándose otros.

En la Argentina, esas entidades políticas son las provincias.

La Constitución Nacional contiene en su articulado disposiciones que:

• Determinan cuáles poderes delegan las provincias en la Nación.
• Organizan la coexistencia y coordinación de ambas esferas de gobierno.

El sistema unitario es aquel en que la Constitución delega todo el poder del Estado al gobierno nacional, el cual puede crear subdivisiones otorgando a las mismas las funciones que considere convenientes.

El sistema federal es aquel en que la Constitución distribuye el poder del Estado entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales.

En el Estado unitario las normas tienen validez en todo el territorio nacional, mientras que en el Estado federal hay además normas que tienen validez local exclusivamente.

El Estado unitario es llamado también centralizado, por la existencia de un poder central único; y el federal, descentralizado, por la existencia concurrente de un poder central y distintos poderes locales. Esta terminología es útil, porque en la práctica, tal como ocurre en nuestro país, se dan ambos sistemas combinados, aunque con predominio del sistema federal.

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«El gran principio de la federación se halla en que los. Estados individuales, reteniendo la parte de soberanía que necesitan para sus negocios internos, ceden a una autoridad suprema y nacional la parte de soberanía que llamaremos eminente, para los negocios generales, en otros términos, para todos aquellos puntos en que deben obrar como nación.»
MARIANO MORENO

 

Organización Política

Decía Alberdi en las «Bases…». «Sólo hay gobiernos provinciales en la República Argentina, cuya existencia es un hecho tan evidente, como evidente el hecho de que no hay gobierno general. Para crear el gobierno general, que no existe, se ha de partir de los gobiernos provinciales existentes»,. De esta evidencia, Alberdi, el «padre de la Constitución», deducía que el Congreso Constituyente debía considerar «que los gobiernos provinciales no consentirán ni contribuirán a la creación del gobierno general, sino a condición de continuar ellos existiendo, con más o menos disminución de facultades».

Resultado de imagen para historiaybiografias alberdiEsas provincias de las cuales dependía, en manera tan absoluta, que la Constitución fuese la fórmula de paz y organización buscada, o fracasase como en 1819 y 1826, eran las entidades políticas en torno de las ciudades fundadas por las corrientes colonizadoras de la época de la conquista y que fueron capitales de partidos por la Real Ordenanza de Intendencias de 1782.

Las grandes distancias, la herencia del localismo español y la práctica municipal contribuyeron a la formación de un federalismo embrionario que se manifestó en forma extrema y violente cuando, liberadas las Provincias, se ensayó imponer constituciones unitarias. Esa reacción fue el «caudillismo». Las guerras de la Independencia habían absorbido a los hombres del campo.

La agricultura era escasa y sin método. El ganado se había alejado de la zona habitada por ios blancos como consecuencia de intensas y reiteradas sequías. Los ex soldados de la Emancipación, sin trabajo y sin dinero, se vieron obligados a reunirse en torno de los «hombres fuertes» que daban un amparo político y económico a su vida.

Los caudillos, que ejercieron poder militar y político absoluto, caracterizaron la etapa de la anarquía como representantes de los anhelos provinciales. Mas no por ello dejaron de sentirse unidos en una idea de lo nacional ni de tener deseos de organización. Dos circunstancias lo demuestran: las constituciones provinciales y los pactos interprovinciales.

Entre 1819 y 1825 se dieron constitución: Santa Fe, Tucumán, Córdoba, Santiago del Estero, Salta, Corrientes, Entre Ríos, Catamarca y San Juan. Mientras tanto, los tratados celebrados (del Pilar, Cuadrilátero, Federal) iban a ser los «pactos preexistentes» cuyo cumplimiento preparó la definitiva constitución del país.

El Pacto Federal del 4 de enero de 1831 creaba una Comisión Representativa de los gobiernos litorales, entre cuyas atribuciones figuraba la de «invitar a todas las demás provincias de la República, cuando estén en plena paz y tranquilidad, a reunirse en federación con los litorales y a que por medio de un congreso general federativo se arregle la administración general del país bajo el sistema federal».

El sistema federal establecido por la Constitución sentó las bases para la incorporación o creación de nuevas provincias. Así Buenos Aires, separada de la «Confederación» desde el movimiento del 11 de septiembre de 1852, se incorporó a la Nación mediante el Pacto de San José de Flores (11 de noviembre de 1859), por el que se reseñaba el derecho de que se convocase una Convención para proponer reformas a la Constitución de 1853.

Leyes recientes convirtieron en provincias a los antiguos «territorios nacionales» situados fuera de los límites de las catorce provincias inciales: La Pampa y el Chaco (Ley 14.037), Misiones (Ley 14.294), Formosa, Río Negro, Neuquén, Chubut y Santa Cruz (Ley 14.408). Las nuevas provincias se han dado constitución y se rigen por sus instituciones. De tal modo, nuestra Nación queda organizada con 22 provincias, el Territorio Nacional de Tierra, del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (Decreto-Ley 2191/57) y la Capital Federal.

Aspectos constitucionales que las ordenan

Es uno de los propósitos enunciados en el Preámbulo de nuestra Ley Fundamental el de «constituir la unión nacional». Tal cometido requiere que en el Estado federal haya armonía entre las instituciones que rigen al gobierno central y las que rigen a las provincias.

El artículo 5o de la Constitución Nacional fija los requisitos o condiciones que las Constituciones provinciales deben cumplir, para que el Gobierno Federal garantice el ejercicio de las instituciones que ellas mismas se dan y por las que se rigen, sin intervención del gobierno federal (art. 105).

De acuerdo con el artículo 5º, las constituciones provinciales deben llenar las siguientes condiciones:

• Sistema representativo republicano

La representación es una de las necesidades de la organización política actual, dado que «el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes». Ella se hace efectiva a través del sufragio, como medio para que el pueblo —mandante— designe a los funcionarios que han de actuar en su nombre —mandatarios o representantes—.

El sistema republicano se caracteriza, en nuestro tiempo, por: la división de poderes; la elegibilidad de los funcionarios, la periodicidad de los cargos representativos; la publicidad de los actos de gobierno; la responsabilidad de los funcionarios y la existencia de una Constitución.

El requisito que impone a las provincias el sistema representativo republicano excluye, en consecuencia, toda posibilidad de ensayar una fórmula monárquica o absolutista.

• Armonía con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional

Los derechos reconocidos y establecidos por la Constitución Nacional deben ser ratificados y respetados por las provincias. No hace falta que los expresen, aunque la mayoría de las constituciones provinciales lo hace, sino que debe surgir del ordenamiento general por ellas establecido. No obstante, la ratificación expresa de los derechos es aconsejada por Alberdi: «Debe considerarse incompleta y deficiente toda Constitución de provincia que no contenga una ratificación especial de todos y cada uno de esos derechos y garantías declarados en favor de todo hombre que habita el territorio argentino, por la Constitución común de las Provincias Unidas».

• Poder Judicial
La división de poderes, como característica de nuestra forma de gobierno, debe reflejarse en las provincias. Éstas deben darse tribuna-íes propios a los que corresponderá la administración de justicia ordinaria en su territorio. Es decir, que organizarán el Poder Judicial creando tribunales y estableciendo el régimen de nombramiento, duración y causas de remoción de los jueces.

• Régimen municipal
También tienen las provincias el deber de instituir en su Constitución respectiva el régimen municipal.

En general, las constituciones locales establecen regímenes que mantienen a las comunas como entidades autárquicas territoriales, sin autonomía rentística y a veces se limita el carácter electivo popular, cuando el encargado del departamento ejecutivo municipal es designado por el gobernador con acuerdo de la Legislatura.

• Educación primaria

Las provincias deben asegurar la educación primaria en sus constituciones. Tal requisito es también un derecho inherente a la autonomía provincial. La educación pública tiene en el nivel moral, económico y político del pueblo una incidencia fundamental. Puede afirmarse que el desarrollo de una provincia depende en gran medida del buen uso que se haga en ella de esta cláusula del artículo 5º.

Relación de poderes nacional y provinciales.

La autonomía provincial Las provincias argentinas al integrarse en la Nación, por medio de la Constitución, se desprendieron de su soberanía, para delegarla en el Estado Nacional.

La soberanía es el poder supremo. Reside en el pueblo, quien la ejerce por medio de sus representantes. Sobre dicho poder no existe ningún otro.

Cuando las provincias delegaron en la Nación el poder soberano, se convirtieron en autónomas, como consecuencia del sistema federal adoptado.

La autonomía consiste en la facultad que tienen las provincias de dictarse la propia ley y regirse por ella. Por supuesto que esa autonomía, propia de los Estados provinciales, es más limitada que la soberanía propia de la Nación.

El artículo 104, primero del título «Gobiernos de Provincia» de nuestra Constitución Nacional, establece la norma general para deslindar el ámbito de poder nacional del ámbito de poder provincial:

«Las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al gobierno federal, y el que expresamente se hayan reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación».

Según esta norma, es preciso demostrar que la Constitución prohibe a las provincias el ejercicio de un poder, o que lo atribuya de manera exclusiva al Gobierno Federal, para afirmar que las provincias no pueden ejercerlo. El artículo 108 enumera taxativamente cuáles son los poderes delegados por las provincias y que por lo tanto les está vedado ejercer. La autonomía provincial está integrada por todo el resto de poder no delegado.

El artículo 107 enuncia lo que pueden realizar las provincias en materia de gobierno. El verbo «pueden» del artículo 107 indica que tienen la atribución pero no la obligación de ejercerlos. No es el mismo caso de la justicia provincial, el régimen municipal y la educación primaria, que obligatoriamente deben ser materia de legislación constitucional provincial, según el artículo 5º.

El artículo 104 remite la autonomía provincial a los «poderes no delegados» al gobierno central. Tal principio crea la necesidad de conocer primero cuáles son los «poderes delegados», ya que, fuera de estos últimos, que deben ser expresos en la Constitución Nacional, se desenvuelve la autonomía provincial.

• A) Poderes delegados.

Está expresamente prohibido a las provincias (arts. 108 y 109):

— «Celebrar tratados parciales de carácter político». Con el fin de mantener la unidad de la soberanía de la Nación, esta cláusula prohibe a las provincias formar «ligas», firmar pactos o alianzas interprovinciales o de una provincia con una potencia extranjera. Las relaciones exteriores y su manejo son un poder cedido a la Nación.

— «Expedir leyes sobre comercio o navegación interior o exterior».

— «Establecer aduanas provinciales».

— «Acuñar monedas ni establecer bancos con facultad de emitir billetes sin autorización del Congreso Federal».

— «Dictar los códigos civil, comercial, penal y de minería después que el Código los haya sancionado; ni dictar especialmente leyes sobre ciudadanía y naturalización, bancarrotas, falsificación de moneda o documentos del Estado».

— «Establecer derechos de tonelaje». Significa que no pueden las provincias fijar gravámenes a las embarcaciones por el derecho de entrar en puerto.

— «Armar buques de guerra o levantar ejércitos, salvo el caso de invasión exterior o de un peligro inminente que no admita dilación, dando cuenta luego al gobierno federal».

— «Nombrar o recibir agentes extranjeros». Tales atribuciones corresponden al Presidente de la Nación (art. 86, incisos 10 y 14).

— «Admitir nuevas órdenes religiosas». Facultad que el artículo 67, inciso 20, otorga al Congreso Nacional.

— «Declarar ni hacer la guerra a otra provincia». El artículo 109 determina que las quejas entre provincias se deben someter a la Corte Suprema para ser dirimidas por ella. Y agrega que hostilidades entre provincias «son actos de guerra civil, calificados de sedición o asonada que el gobierno federal debe sofocar y reprimir conforme a la ley»

• B) Poderes concurrentes. El artículo 107 dice que las provincias pueden promover: «su industria, la inmigración, la construcción de ferrocarriles y canales navegables, la colonización de tierras de propiedad provincial, la introducción y establecimiento de nuevas industrias, la importación de capitales extranjeros y la explotación de sus ríos por leyes protectoras de estos fines y con sus recursos propios».

La segunda parte del inciso 16 del artículo 67, relativo a las atribuciones del Congreso Nacional, enumera exactamente las mismas materias en el mismo orden e iguales términos. De la comparación de estos artículos surge el concepto de «poderes concurrentes», es decir que pueden ejercerlos tanto la Nación como las provincias.

La diferencia reside en que ¡a legislación nacional tenderá a la promoción de obras de interés general en todas las provincias, mientras cada una de éstas promueve su propio adelanto, coloniza sus tierras y emplea recursos propios. En este punto la Constitución contempla sabiamente una fórmula de equilibrio: las provincias pueden ejercer su autonomía, pero cuando las obras necesarias son de tal envergadura que superan sus posibilidades de financiación propia, la acción del Estado central puede coadyuvar o reemplazar a la provincial sin mella del principio federal.

En el mismo sentido las provincias pueden celebrar tratados parciales para fines de administración de justicia, de intereses económicos y trabajos de utilidad común, con conocimiento del Congreso Federal (art. 107, la. parte).

• C) Poderes no delegados. Veremos ahora los poderes que son propios y exclusivos de las provincias. El artículo 105 expresa que las provincias «se dan sus propias instituciones locales y se rigen por ellas. Eligen sus gobernadores, sus legisladores y demás funcionarios de provincia, sin intervención del Gobierno Federal».

Esto significa:
— Las leyes provinciales se ajustan al régimen de elaboración, aplicación y contralor que la respectiva Constitución provincial determina.

— Dichas leyes serán las necesarias al ejercicio de la Constitución respectiva y al funcionamiento de las instituciones locales.

— La forma de sufragio para la elección de autoridades locales será la que cada provincia estatuya por sus leyes electorales.

— Los comicios se verificarán sin intervención del gobierno central.

— La designación de funcionarios de los organismos de gobierno locales es independiente de la injerencia del poder central.

Por su parte el artículo 5o determina que el régimen municipal, la administración de justicia y la educación primaria pertenencen al ámbito de la autonomía provincial y deben ser asegurados en sus respectivas constituciones.

El ejercicio del federalismo depende en forma esencial de que cada provincia pueda procurarse recursos propios adecuados. En este aspecto también el «tesoro de provincia» se compone de todos los recursos no delegados al tesoro de la Nación.

La integridad territorial de las provincias está garantizada en la segunda parte del artículo 13, que establece: «no podrá erigirse una provincia en el territorio de otra u otras, ni de varias formarse una sola, sin el consentimiento de las legislaturas de las provincias interesadas y del Congreso».

Reiteremos que la esfera de poderes de las provincias, fuera de las delegaciones expresas, no se reduce a su vez a la enumeración constitucional, sino que es ilimitada.

Por otra parte, el artículo 110 de la Constitución Nacional establece: «Los gobernadores de provincia son agentes naturales del gobierno federal para hacer cumplir la Constitución y las leyes de la Nación».

La primera parte del artículo, interpretada literalmente, puede llevar a la errónea creencia de que los gobernadores son subordinados que deben acatar órdenes del Gobierno Central. Por el contrario, el verdadero sentido del artículo es que los gobernadores, como jefes del Ejecutivo de su provincia respectiva, son los encargados de velar por el acatamiento y cumplimiento de la Constitución y leyes nacionales, y en esto representan al Gobierno de la Nación.

• La intervención del Gobierno Federal en las provincias

La «intervención» es un medio excepcional de hacer efectiva la garantía del Gobierno Federal al ejercicio normal de las instituciones provinciales, cuando circunstancias graves las ponen en peligro. Está prevista en el artículo 6º :

«El Gobierno Federal interviene en el territorio de las provincias para garantir la forma republicana de gobierno o repeler invasiones exteriores, y a requisición de sus autoridades constituidas para sostenerlas o restablecerlas si hubiesen sido depuestas por la sedición o por invasión de otra provincia».

A) Poder que la dispone. Según el artículo 6o, el Poder que dispone la intervención es el «Gobierno Federal». Debe entenderse que se trata de los dos Poderes políticos nacionales: Legislativo y Ejecutivo, pues el Judicial ejerce una «intervención permanente» en su tarea de velar por el imperio de la Constitución Nacional.

A este respecto la jurisprudencia de la Corte Suprema ha establecido: «La intervención nacional, en todos los casos en que la Constitución la permite o prescribe, es un acto político por su naturaleza, cuya verificación corresponde exclusivamente a los poderes políticos en la Nación; y éstos son el Congreso y el Poder Ejecutivo, sin ninguna participación del Judicial».

Si bien la Constitución Nacional no fija a que rama del Gobierno Federal compete disponer la intervención, la doctrina concuerda en que es primordialmente el Legislativo quien debe hacerlo, mediante una ley especial. Durante el receso de las Cámaras el Ejecutivo puede llamar a sesiones extraordinarias al efecto. Sólo en caso de suma urgencia puede admitirse que el Ejecutivo tome exclusiva iniciativa en esta materia.

B) Casos en que procede. De acuerdo con la redacción del artículo 6o debe entenderse que el Gobierno Federal tiene la facultad de intervenir por propia iniciativa solamente para «garantir la forma republicana de gobierno» (por ejemplo: una provincia en la que se haya suprimido la periodicidad de los mandatos) o para «repeler invasiones exteriores». Obrará en cambio a requisición de las autoridades constituidas cuando éstas se hallen en peligro o hayan sido depuestas por sedición o por invasión de otra provincia.

En este último caso podría ocurrir que la intervención no pudiese ser requerida por imposibilidad material. La comisión examinadora de 1860 ha opinado al respecto que «el hecho público incontrovertible de haber sido derrocadas las autoridades en una provincia explica la causa y suple el silencio de aquéllas, entendiéndose requerido el auxilio nacional».

Son «autoridades constituidas» las electas, en ejercicio del poder, de acuerdo con las leyes de la provincia respectiva y la Constitución Nacional. La «sedición», definida como delito por el artículo 22 de la misma, puede ser cometida por grupos que a nombre del pueblo abusen del derecho de peticionar y usurpen funciones de gobierno.

La «invasión de otra provincia» puede consistir en que grupos de individuos provenientes de una provincia procuren el derrocamiento de las autoridades constituidas de otra, o bien, entrando ya en lo previsto por el artículo 109, que una provincia como entidad política ataque a la vecina, cometiéndose «actos de guerra civil», que el gobierno de la Nación «debe sofocar y reprimir conforme a la ley».

LECTURA COMPLEMENTARIA:
RELACIÓN DE PODERES NACIONAL Y PROVINCIALES: La regla que deslinda lo provincial de lo nacional, en materia de gobierno, es la siguiente: las provincias conservan todos los poderes inherentes a la soberanía del pueblo de su territorio, excepto los poderes delegados expresamente al gobierno general.

La esfera del gobierno general sólo comprende un número determinado de cosas, que son las que interesan al bien común de las provincias. Mientras que los gobiernos provinciales conservan bajo su acción inmediata todos los intereses locales de su provincia respectiva, ‘la administración de justicia en asuntos civiles y criminales, que afecta a la propiedad, a la vida, al honor, a la libertad de los ciudadanos, la legislación local y el gobierno inmediato de su pueblo.

Menos numerosos que lo que parecen a primera vista, los poderes del gobierno general se refieren principalmente a objetos exteriores, tales como la paz, la guerra, los tratados con las naciones extranjeras, las aduanas y el comercio exterior. En lo interior, se reducen a muy pocos los intereses sobre que versan, y los más de ellos pueden referirse al comercio interior y sus accesorios, que son las aduanas, la posta, la moneda; y a la seguridad interna, cuyo objeto abraza las contribuciones, el crédito y el ejército, como medios auxiliares para hacerla efectiva.

Si, como se dice a menudo, el poder municipal es el alma del progreso interior del país, con cuánto mayor razón no se dirá eso del poner provincial, cuya esfera es tan rica y dilatada. La instrucción primaria, la inmigración, la colonización de las tierras desiertas, la plantificaron de nuevas ciudades, la introducción y fomento de nuevas industrias, la construcción de puentes y caminos públicos y vecinales, las seguridades dadas a la persona, a la propiedad, a la libertad de conciencia y de opiniones, la hospitalidad legislativa dada al extranjero, son otros tantos medios maravillosos de progreso y de gobierno, que quedan reservados a los gobiernos de provincias.

Mientras la provincia por su parte mueve esos resortes, la República por la suya pone en acción los grandes medios de la política exterior, y ambas acordes empujan al país hacia su prosperidad de un modo completo, es decir, en sus pormenores y en su conjunto. Tales son los beneficios del sistema de gobierno consolidado y multíplice a la vez. Sin consolidación, sin unidad nacional, no hay fuerza exterior, no hay orden interior, no hay progreso, porque no hay unión y consolidación de fuerzas y medios, para mantener la independencia, la paz interna y el progreso del país. Sin multiplicidad, sin independencia, no hay vida, no hay espontaneidad, no hay libre desarrollo en las poblaciones. Multitud -ha dicho Pascal- que no se reduce a la unidad, es confusión; unidad que no depende de la multitud, es tiranía.

Sería incurrir en un grande y capital error el creer que las provincias se desprenden o enajenan el poder que delegan en el gobierno nacional. No abandonan un ápice de su poder en esa delegación. En una parte de él abandonan una manera local de ejercerlo, en cambio de otra manera nacional de ejercer ese mismo poder, que parecen abandonar y que en realidad toman. El gobierno nacional no es un gobierno independiente de las provincias: es elegido, creado y costeado por las provincias mismas. Les pertenece del mismo modo que sus gobiernos locales; con la sola diferencia que, en vez de pertenecer a cada una aisladamente, pertenece a todas ellas reunidas en cuerpo de nación.

n vez de tener representantes sólo en la legislatura de su provincia, los tienen también en el Congreso nacional; en vez de elegir gobernador, eligen gobernador para la provincia y presidente para la República. Uno y otro gobierno son hechuras del pueblo de cada provincia; en ambos delegan su soberanía, por conducto del uno gobiernan en su suelo, y por conducto del otro en toda la República. El gobierno nacional es un mecanismo por el cual los riojanos, v. g., gobiernan en Buenos Aires, y viceversa. Delegando poderes, las provincias no hacen más que aumentar su poder.

Juan Bautista Alberdi: «Derecho Público Provincial Argentino».

Fuente Consultada:
Educación Cívica Para 1º Año Editorial Plus Ultra Delfino-Gonzalez-Tejerina

Ley de Inmigraciones de Avellaneda Comision Central

LA «LEY AVELLANEDA» PARA FOMENTAR LA INMIGRACIÓN EUROPEA

En 1874 en medio de un panorama socioeconómico, en elecciones calificadas por Mitre como fraudulentas, fue electo presidente otro hombre del interior, el tucumano Nicolás Avellaneda. El mitrismo, derrotado en los comicios, fracasó en su intento de dar un golpe de Estado. En los combates que permitieron la derrota de los mitristas se destacó el joven oficial Julio Argentino Roca.

Concluída la revuelta, Avellaneda aplicó una política de conciliación sancionando una ley de amnistía e incorporó a su gabinete a miembros de la oposición mitrista.

En 1876 se promulgó la ley de Inmigración conocida como «Ley Avellaneda» que aparecía como una promesa interesante de tierras y trabajo para los campes: nos europeos que se asentaran en nuestro país.

Avellaneda enfrentó los efectos perdurables de la grave crisis económica con medidas extremas como la disminución del presupuesto, suspensión de la convertibilida. del papel moneda a oro, la rebaja de sueldos y los despidos de empleados públicos. (Ver: Gobierno de Avellaneda)

Nicolás Avellaneda

El presidente Nicolás Avellaneda era muy pequeño de estatura y caminaba a menudos saltos, obligado por los tacones que usaba para disimular que era bajito. No se podía verle sin imaginar a un pajarillo. De ahí el mote que sus amigos y los que no lo eran, le aplicaron siempre: Chingólo. También le llamaban Taquito, mortificante alusión al suplemento con que trataba de compensar su poca altura física. Una enorme barba de guerrero asirlo o de beduino, más tarde felizmente cercenada, contrastaba con su estatura diminuta y su pésima salud.

Avellaneda, de ilustre familia tucumana, se había casado en 1862 con una dama de alcurnia, doña Carmen Nóbrega; por ser provinciano y aliado del caudillo popular Adolfo Alsina, debió soportar los rigores de cierto ostracismo social. Pero como no faltaban entre sus amigos y partidarios apellidos antiguos y aristocráticos, cuando resultó electo se proyectó un gran baile en su honor.

El 5 de setiembre de 1874, a las diez de la noche, se llevó a cabo esta fiesta en la mansión de Andrés Egaña en la calle de Belgrano. Ocho grandes salones y dos patios con toldos estaban destinados a recibir a los invitados esa noche. El gas que iluminaba ios salones deslumhraba a los concurrentes. Entre los invitados figuraban Carlos Tejedor, Bernardo de irigoyen, Victorino de la Plaza, Luis Sáenz Peña, Sarmiento, Calzadilla y el cuerpo diplomático.

«Si Mitre fue el presidente historiador, Sarmiento el presidente escritor, Avellaneda fue el presidente orador» Historiador Gustavo Gabriel Levene

LEY AVELLANEDA: La administración de Avellaneda se caracterizó por el progreso económico del país, a pesar de la grave crisis que soportó. Llegaron a la República alrededor de trescientos mil inmigrantes y la agricultura tomó rápido incremento.

En 1876 se promulgó la ley de Inmigración y Colonización, que contribuyó eficazmente al fomento de la agricultura. Sin embargo, el país afrontó la primera crisis económica grave a consecuencia de la crisis mundial que afectó a la Bolsa de Comercio de Viena y a los Estados Unidos de América. Se produjo en el mercado internacional la baja de precios de los productos agrícolas y el alza de los manufacturados, lo cual afectó nuestra balanza comercial.

La Ley de colonización” o Ley Avellaneda”, sancionada en 1876 sobre un proyecto del presidente Nicolás Avellaneda, reglamentó la ocupación y la apropiación del suelo por casi sesenta años.

La ley autorizaba varios sistemas de colonización (entre ellos, la colonización por empresarios privados amparados por el Estado) y fijaba el tamaño mínimo y máximo de las parcelas de tierras públicas por venderse (25 a 400 ha), así como la extensión de las colonias (40.000 ha), la cantidad de familias por instalar, etc.

Aunque uno de los objetivos de la ley era limitar la especulación y favorecer el poblamiento del país, fracasó como instrumento para establecer colonos —pequeños propietarios— y evitar la especulación, sobre todo por la libertad de acción que otorgó a las empresas privadas de colonización. Por otro lado, una serie de leyes dictadas en la provincia de Buenos Aires disponiendo la venta de tierras públicas permitieron la transferencia a manos privadas de 3,6 millones de hectáreas en 1867; entre 2 y 3 millones en 1870 y casi 4 millones en 1880.

La Ley Avellaneda era también una ley de inmigración En su parte primera, establecía las funciones del Departamento General de Inmigración. También definía el concepto de “inmigrante” (para ser beneficiario de las facilidades otorgadas por el Estado):

“Repútase de inmigrante para los efectos de esta ley, todo extranjero jornalero, artesano, industrial, agricultor, o profesor, que siendo menor de sesenta años, y acreditando su moralidad y sus aptitudes, llegase a la República para establecerse en ella, en buques a vapor o a vela, pagando pasaje de segunda o tercera clase, o teniendo el viaje pagado por cuenta de la Nación, de las provincias o de las empresas particulares, protectoras de la inmigración y la colonización” .

PARA SABER MAS…: Como ampliación del tema publicamos una nota en El Bicentenario Fasc. N° 03 período 1850-1869 a cargo de Alejandro Fernandez, Historiador.

CRÓNICA DE LA ÉPOCA
1868: Se Crea La Comisión Central de Inmigración

El presidente de la República ha creado mediante decreto la Comisión Central de Inmigración, que concentrará la dirección de los trabajos orientados a fomentar la llegada al país de labradores, artesanos y trabajadores extranjeros, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 25 de la Constitución nacional. En el nuevo organismo se integrarán las demás comisiones actualmente existentes, que habían sido creadas por varias provincias, y los agentes de inmigración radicados en el extranjero.

La Comisión Central será integrada por quince personas, elegidas por el gobierno federal entre los contribuyentes al sostén del Asilo de Inmigrantes y renovables anualmente por mitades. Serán sus atribuciones: promover la inmigración extranjera en el interior de la República, poniéndose para ello en contacto con los gobiernos provinciales; solicitar informes a los cónsules y agentes de inmigración; nombrar sucursales en las capitales de provincia y en las colonias establecidas, y promover el aumento de los contribuyentes al Asilo.

La Comisión tratará de obtener concesiones y donaciones de tierras públicas, a fin de colonizarlas con agricultores reclutados a través de sus agentes en el exterior. Una importante tarea que deberá afrontar será la de construir un nuevo establecimiento para el alojamiento gratuito y manutención de los inmigrantes durante la semana siguiente a la llegada del barco en el que viajaron.

Hasta el momento ese servicio fue cumplido, con remarcable eficacia, por el asilo de la calle Corrientes N° 8, pero sus condiciones resultan ya insuficientes para albergar a la creciente oleada de los nuevos arribados. A su vez, para atender las necesidades de quienes no se establezcan en las colonias agrícolas ni cuenten con un empleo, la Comisión fundará una Agencia de Conchabos, que colectará los pedidos de los industriales y comerciantes que necesiten brazos.

Por último, cabe destacar que el organismo recién creado llevará un registro exhaustivo de la inmigración, reuniendo las listas de pasajeros que los capitanes de los barcos entregarán a los oficiales a cargo de la revista de sanidad. En dichas listas deberá constar el nombre y apellido de los inmigrantes, su edad, sexo, nacionalidad, profesión y religión. Con tales datos se elaborará una estadística detallada del movimiento inmigratorio, que será incluida en las memorias anuales de los trabajos de la Comisión.

Fuente: El Bicentenario Fasc. N° 03 período 1850-1869 a cargo de Alejandro Fernandez, Historiador.

Primer Censo en Argentina 1869 Sarmiento Presidente

SARMIENTO PRESIDENTE DE ARGENTINA, IMPULSA EL PRIMER CENSO

Impulsivo, sanguíneo, talentoso, Sarmiento asombró por su desmesura. Escritor brillante, pelemista temible, su vigoroso caracter lo hizo tan admirado como odiado por sus contemporáneos. Sobreviven al personaje alguna de las mas bellas páginas de la literatura argentina.

Domingo Faustino Sarmiento

En diciembre de 1863, el presidente Mitre lo nombró ministro plenipotenciario ante los EE.UU. y en 1864, embajador en Chile y Perú. En 1868, Sarmiento fue elegido presidente cuando aún se encontraba fuera del país.

En su paso por Perú, donde se hallaba reunido el Congreso Americano, condenó el ataque español contra esta nación, lo que constituyó un acto de desobediencia a las claras órdenes de Mitre. Finalmente arribó a Nueva York en mayo de 1865, justo tras la asunción del presidente Andrew Jackson, quien reemplazó a Abraham Lincoln, que fue asesinado por un fanático racista. Este hecho le causó impacto y llevó a Sarmiento a escribir Vida de Lincoln.

En los Estados Unidos participó de los círculos académicos norteamericanos y fue distinguido con los doctorados honoris causa de las universidades de Michigan y Brown.

El coronel Lucio V. Mansilla, junto a un grupo de políticos, decidió postular aSarmiento para la presidencia, mientras él continuaba con su viaje. Así fue, y en abril se celebraron los comicios que le darían la victoria y el Congreso lo consagró presidente de los argentinos el 16 de agosto.

Asumió el honorífico cargo el 12 de octubre de 1869.

La elección de sus colaboradores fue la firme orientación intelectual y progresista de Sarmiento. Formó su gabinete de gobierno con personalidades meritorias, algunas figuras consumadas de los últimos decenios, otros, jóvenes valiosos que tenían ante sí un gran porvenir.

El ministerio del Interior lo confió a Dalmacio Vélez Sársfield, como contrapeso a su carácter impulsivo. Vélez Sársfield había sido mitrista y colaborador de su gobierno, y era propietario del diario El Nacional. A Mariano Várela, ex ministro de Adolfo Alsina en el gobierno de Buenos Aires, lo nombró ministro de Relaciones Exteriores. A Nicolás Avellaneda, también miembro del gobierno provisional de Alsina, le dio la cartera de Instrucción Pública.

Para Hacienda nombró a José Benjamín Gorostiaga, que había sido ministro de Urquiza; para el ministerio de Guerra y Marina fue designado el coronel Martín de Gainza. Sarmiento no se plegó a ningún partido beligerante y eligió a los colaboradores independientemente de su origen político.

Cuando Sarmiento asumió la primera magistratura contaba 57 años, Adolfo Alsina tenía 39 años. El más joven era Nicolás Avellaneda, de 31 años, y el más anciano Vélez Sársfield, que tenía 68 años. El vicepresidente Adolfo Alsina había pasado su juventud en la emigración junto con su familia y había regresado al país en 1852.

En el terreno político actuó en las batallas de Cepeda y Pavón; formó parte de laconvenclón reformadora de la Constitución de 1860. Fue diputado por Buenos Aires y elegido gobernador de la provincia en 1866, cargo al cual renunció al ser elegido vicepresidente de la Nación, en 1868 Alsina era muy popular por su oratoria fogosa y era el jefe indiscutido del autonomismo porteño.

Durante su mandato finalizó la sangrienta guerra del Paraguay, con sus complicadas derivaciones diplomáticas. Fundó el Observatorio Astronómico de Córdoba. También realizó el primer censo demográfico nacional y favoreció la inmigración europea. En 1870 fundó el Colegio Militar y, en 1872, la Escuela Naval. Creó el Departamento de Agricultura, promovió la riqueza minera y extendió la red ferroviaria y telegráfica.

En 1869, el primer censo nacional mostraba en sus cifras objetivas muchos aspectos de la realidad argentina. Sobre una población total de 1.830.000 habitantes, 90.000 eran indios y los extranjeros superaban los 200.000. Dos «manchas» afeaban «el mapa», para vergüenza del país: casi el 80% de los habitantes eran analfabetos y cerca de un 80% de las viviendas consistían en «ranchos», es decir en chozas con pisos de tierra y techos de paja, sin chimenea, sin cocina y casi siempre sin tabiques divisorios que evitaran la promiscuidad. (Historiador Gustavo Gabriel Levene, Breve Historia de la Argentina)

Desde el 15 al 17 de setiembre de 1869 se llevó a cabo el censo nacional prescripto por la Constitución y dispuesto por la ley especial del gobierno de Mitre. Se le consideró el primer monumento estadístico de la población de estos vastos territorios y forma el punto de partida para todos los cálculos que en esas materias pueden hacerse en el país.

La población ascendía a 1.737.076 habitantes (incluyendo el ejército en Paraguay y a los argentinos en el exterior). De éstos 887,780 eran hombres y 845.572, mujeres. Se censaron 211.943 extranjeros (italianos, españoles, franceses, ingleses, suizos, alemanes, portugueses, austríacos, belgas y algunos sudamericanos).

La ciudad de Buenos Aires tenía 187.000 habitantes. Los hechos nostraron la relativa exactitud de esas cifras; lo que quedó debajo de la realidad fue el crecimiento de Buenos Aires. Desde el punto de vista educacional, descontados los 315.822 menores de 6 años, no sabían leer ni escribir 1.066.847 habitantes, es decir, más del 70% de la población. En ese mismo censo se registraron 5.400 propietarios de bienes muebles e inmuebles y alrededor de 8.600 estancieros y agricultores.

Tanto la provincia de Buenos Aires como la Confederación habían coincidido en fomentar la inmigración ofreciendo tierras y auxilios, política que mantuvo el gobierno de la República, una vez constituido definitivamente, con la Comisión central de inmigración de 1863 y con la Comisión central de inmigración de 1869.

PARA SABER MAS…
Como ampliación del tema publicamos una nota en El Bicentenario Fasc. N° 3 período 1850-1860 a cargo de Hernán Otero, historiador.

[…] También debe elogiarse la sencillez del formulario basado en muy pocas preguntas de respuesta confiable. Además de la edad, el sexo, la nacionalidad, el estado civil, la ocupación, la provincia de nacimiento y la instrucción, se inquirió por las enfermedades físicas y mentales, la invalidez, la orfandad, la asistencia a la escuela, la ilegitimidad, el amancebamiento y las viviendas.

No se preguntó la raza, como en Estados Unidos, ya que en opinión de De la Fuente los indígenas y los negros no tienen aquí importancia numérica y se han ido integrando a la población blanca, lo que augura su pronta desaparición. Las distinciones raciales, propias de la colonia, no tendrían además cabida en una república cuya constitución las desterró justamente a la ignominia.

La población de hecho (la que durmió en la vivienda la noche previa al censo) asciende a 1.830.214 habitantes, lo que revela que el crecimiento demográfico en las dos últimas décadas fue similar al de Estados Unidos en sus mejores épocas.

Ello fue favorecido por el aporte de extranjeros, sobre todo europeos, que representan hoy el 12 por ciento de la población del país y que están radicados principalmente en las provincias de Buenos Aires (ella sola tiene a 7 de cada 10 inmigrantes), Santa Fe, Entre Ríos y en menor medida Corrientes, que son también las que más migrantes de otras provincias reciben. Por ello no sorprende que el Litoral haya crecido más rápido que el resto del país y cuente con el 45 por ciento de la población. La ciudad de Buenos Aires, con 177.787 habitantes, es más numerosa que todas las capitales de provincia sumadas. Signo de los progresos realizados, la población urbana del país llega al 29 por ciento.

El censo confirmó que somos la nación más despoblada de América con un habitante por cada dos kilómetros cuadrados, situación que, según el superintendente, exige con urgencia un plan activo y estratégico de colonización.

Las cifras del crecimiento, que llenan de optimismo a un país que desde la Constitución nacional se ha encaminado en la senda del progreso, no deben hacer olvidar que son muchos los problemas que requieren solución. Las proporciones de analfabetos en la población de 14 años y más (65 por ciento en hombres y 78 en mujeres) y el 80 por ciento de niños de 6 al4 años que no asiste a la escuela alertan sobre lo mucho que resta por hacer.

Uno de cada diez menores de 14 años es huérfano y dos de cada diez son ilegítimos, proporciones muy alejadas de las europeas, a lo que se suman los niños abandonados o entregados al servicio doméstico que el censo no ha podido evaluar.

La situación de las mujeres, que sobrepasan en número a los varones en casi todas las provincias por efecto de las guerras y las migraciones, muchas de ellas viudas o amancebadas, es también preocupante ya que la mitad tiene ocupaciones que le proveen un jornal incierto y precario. La riqueza material, por último, dista del óptimo ya que el 79 por ciento de las viviendas son de madera, caña o paja. Las de azotea y teja se encuentran en su gran mayoría en la provincia de Buenos Aires, que cuenta también con la mayor parte de las profesiones científicas y liberales.

Como señaló De la Fuente, el creciente desequilibrio de población entre el Litoral y el resto del país afectará la representación política de las provincias en la Cámara de Diputados, tema que, con toda certeza, concitará debates intensos en los años venideros.

Fuente Consultada:
HICIERON HISTORIA Biografías Edit. Larousse Entrada Domingo F. Sarmiento
Colección El Bicentenario Fasc. N° 3 período 1850-1860 a cargo de Hernán Otero, historiador.
Enciclopedia de Historia Universal HISTORAMA Tomo IV La Gran Aventura del Hombre

Tratado de Libre Navegación de los Ríos Con Francia e Inglaterra

URQUIZA FIRMA EL ACUERDO DE LIBRE NAVEGACIÓN DE LOS RÍOS

La expansión económica de Buenos Aires a partir de 1820 -basada en el intercambio de productos ganaderos por manufacturas ultramarinas-fue el modelo de desarrollo durante la primera mitad del siglo XIX . Su ubicación geográfica, sus recursos naturales, su control del comercio exterior, a través del puerto y de la Aduana, colocaron a Buenos Aires en una posición de predominio sobre las provincias, que, en su mayoría, tenían escasas posibilidades de adecuarse al sistema económico porteño o no estaban de acuerdo con él.

El control de Buenos Aires sobre la navegación de los ríos Paraná y Uruguay, su política arancelaria y el destino de las rentas de su aduana constituyeron el centro de los conflictos del período, e influyeron en los alineamientos políticos de las provincias. Durante la primera mitad del siglo XIX, los diferentes intereses sociales y económicos también enfrentaron a las oligarquías provinciales entre sí.

En ese marco no era posible encontrar una fórmula que congeniara la autonomía de los estados provinciales con el proyecto de organizar un Estado unificado. Los diferentes proyectos políticos relacionados con el sistema de gobierno se expresaron, desde mediados de la década del veinte, en las concepciones opuestas de unitarios y federales. Las dos tendencias contaban con partidarios en Buenos Aires y en las provincias.

Los unitarios, menos numerosos pero más homogéneos como grupo, defendían la organización de un poder centralizado, depositario de la soberanía y de carácter liberal. Esa forma de organización estatal subordinaba los poderes provinciales a la autoridad central y a una legislación común que afectaba la autonomía política, económica y financiera de las provincias. Para los unitarios, la autonomía era sinónimo de anarquía, de desorden y de atraso, mientras que la unidad del régimen era la garantía de unión, por encima de las diferencias regionales, y la posibilidad de fomentar el desarrollo social y económico del país.

Por el contrario, el federalismo era favorable a una organización estatal, en la cual las partes representadas delegaban sólo algunas de sus atribuciones en la autoridad superior, pero conservaban su soberanía e independencia.

tratado de libre navegacion

Puerto de Buenos Aires

La libre navegación de los ríos: un reclamo reiterado: El tratado del Cuadrilátero -firmado en la ciudad de Santa Fe, el 25 de enero de 1822, por Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes-establecía la paz, amistad, unión y respeto recíproco entre las provincias firmantes; la alianza frente a una posible agresión exterior o interior; la libre navegación de los ríos y la no asistencia al congreso organizado en Córdoba, según lo dispuesto en el Pacto de Benegas. Al mismo tiempo, acordaba la convocatoria a un congreso general cuando las condiciones se volvieran propicias.

Según el historiador Clifton Kroeber, en la navegación de los ríos en la historia argentina, lo que las provincias litorales entendían por libre navegación de los ríos, es decir, comercio directo con el exterior a través de sus muelles o el trasbordo de las cargas de naves extranjeras en el Río de la Plata sin tener que pagar impuestos a la provincia de Buenos Aires, difería de lo entendido o aceptado por los porteños, pues, en Buenos Aires, «ninguna facción [.,.] estaba dispuesta a renunciar a su posición de dominio en el comercio».

Gobierno de Juan Manuel de Rosas: En 1845, el puerto de Buenos Aires fue bloqueado por una flota anglo-francesa. El bloqueo no sólo afectaba los intereses de los extranjeros: también perjudicaba a los estancieros del litoral, que no podían navegar libremente por el río Paraná y debían comerciar sus productos por el puerto de Buenos Aires. Entre los afectados estaba Justo José de Urquiza, que gobernaba la provincia de Entre Ríos desde 1841.

Los ingleses levantaron el bloqueo en 1847 mientras que los franceses lo hicieron un año después. Pero recién en 1850 quedaron normalizadas las relaciones con ambas potencias. Los bloqueos impusieron sacrificios a los sectores populares pero no tanto a los estancieros, financistas y grandes comerciantes. Estos grupos disponían de importantes reservas para sobrellevar los malos tiempos y de ventajas de todo tipo, entre ellas impositivas.

Por otra parte, durante este período se restringió el sacrificio de animales, de manera que, al finalizar los bloqueos, las estancias se encontraban con su ganado multiplicado y listo para ser exportado.

FIRMA DEL TRATADO DE LIBRE NAVEGACIÓN
Nota de Silvia Ratto, Historiadora

El 10 de julio de 1852, el presidente provisorio de la Confederación, Justo José de Urquiza, firmó un tratado comercial con los representantes de Francia y de Gran Bretaña. El artículo 1° establece que la Confederación Argentina, en el ejercicio de sus derechos soberanos, permite la libre navegación de los ríos Paraná y Uruguay a los buques de todas las naciones. Este tratado viene a poner en práctica los artículos 12 y 26 de la Constitución y la atribución otorgada al Congreso que lo faculta a «reglamentar la libre navegación de los ríos interiores, habilitar los puertos que considere convenientes, y crear y suprimir aduanas» (artículo 64.9).

De esta manera se cierra un conflicto que se remonta a 1831. En esa oportunidad, los representantes de las provincias de Santa Fe, Buenos Aires, Corrientes y Entre Ríos se habían reunido para organizar un pacto de unión contra los unitarios. En las discusiones sostenidas entre los representantes, la más polémica fue, precisamente, sobre la política comercial. Pedro Ferré, diputado por Corrientes, fue quien sostuvo con mayor vehemencia la posición favorable a la libre navegación de los ríos interiores. Pero el Pacto Federal firmado por dichas provincias acordó la delegación de las relaciones internacionales en el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y en tal función, el entonces gobernador Juan Manuel de Rosas sostuvo que el Río de la Plata, el río Uruguay y el río Paraná debían ser considerados ríos interiores de la Confederación Argentina y que el único puerto autorizado de importación y exportación era el de Buenos Aires.

Esta política perjudicaba los intereses de las provincias del Litoral, que debían llevar sus producciones al puerto de Buenos Aires para su exportación a la vez que debían adquirir los importados por la misma vía. Pero también se vieron perjudicados los países ubicados aguas arriba de los ríos Paraná y Uruguay y los comerciantes europeos que
pretendían comerciar directamente con el Paraguay y el oeste de Brasil.

El punto más álgido de esta discusión fue el bloqueo marítimo impuesto por la armada anglo-francesa que había cerrado el comercio de todos los puertos de la Confederación y de la República Oriental del Uruguay entre 1845 y 1850 con objetivo de presionar al gobierno de Rosas a reconocer la libre navegación de los ríos interiores. La acción aglo-francesa no logró su objetivo y luego de cinco años el bloqueo debió ser levantado.

Fuente Consultadas:
Historia Argentina Secundaria Luchilo-Romano-Paz Edit. Santillana
Colección El Bicentenario Fasc. N° 3 Período 1850-1869 Nota de Silvia Ratto, Historiadora

Que es la Tradicion Nacional Costumbres y Tradiciones de un País

Que es la Tradición Nacional
Costumbres y Tradiciones de un País

INTRODUCCIÓN:

¿Qué es la tradición?: Podemos definirla como: La acción de trasmitir algo y, además, todo aquello que se trasmite.

Tradición histórica: Se conoce como tradición a la totalidad de las comunicaciones o transmisiones de noticias, doctrinas, ritos, costumbres transmitida a lo largo del tiempo de padres a hijos. En un sentido general, es la evolución de las ideas e instituciones de generación a lo largo de la vida de un pueblo. Aquellas noticias, composiciones literarias, ritos, costumbres que son transmitidos de generación a generación reciben el nombre de tradición.

Todos los aspectos que hacen a la tradición en un determinado país forman un elemento que es común a todos aquellos que se encuentran ligados entre sí por él y contribuyen a la formación de la nacionalidad. Por ejemplo cuando nos referimos a la tradición argentina, pretendemos expresar todo aquello que nos ha sido transmitido por nuestros ascendientes y a éstos por sus respectivos padres o abuelos y nos consideramos propietarios de ello como un atributo más de nuestra personalidad. Nuestra nacionalidad, el sentirnos como argentinos, no es otra cosa que participar de todos esos aspectos que han hecho la vida y sentir de nuestros antepasados.

Por ello cuando hablamos de tradición solemos utilizar la expresión tradición histórica. Es que los héroes de la Patria son nuestros héroes, los símbolos de la Patria son nuestros símbolos, las costumbres y modos de vida de nuestros padres son nuestras costumbres y modos de vida.

La tradición es quizás una de nuestras más arraigadas instituciones pues es la herencia que hemos recibido de todos aquellos que han construido esta nuestra Patria.

Desde el punto de vista de las ciencias históricas es muy importante el estudio de la tradición, de sus formas, de sus leyes, etc. Los ciudadanos argentinos de la actualidad son, en buena parte, el resultado de la tradición. Pero, como se trata de seres libres, pueden tener ciertas formas de pensar o ciertas actitudes en relación con el pasado, en relación con la tradición. Algunos quieren conservar todo lo tradicional (“conservadores”) y otros, por el contrario, buscan un presente que no tenga en cuenta para nada el pasado (“revolucionarios”).

A cada hombre en particular, le interesa la tradición porque no bastan la reflexión y la experiencia personales; cuando “sale de sí mismo» se encuentra con lo que han dicho, enseñando, experimentado etc., los demás y que se ha transmitido, muchas veces, desde siglos remotos.

Al estudiar lo que es una nación dijimos que los vínculos o lazos espirituales que unen a los individuos de una misma nacionalidad son, entre otros, el idioma, la raza, las tradiciones, el folklore, etc., y que lo mas importante que los une es la conciencia de pertenecer a una misma comunidad y el sentirse identificados por un pasado que se proyecta en presente y en el porvenir. Dichos vínculos o lazos han llegado hasta nosotros gracias a la tradición.

De acuerdo a lo expresado, la tradición nacional es: Todo lo que nos han transmitido las generaciones de argentinos que nos han precedido. El extenso territorio con sus riquezas naturales, el producto del trabajo creador del hombre, las glorias y monumentos históricos, la historia argentina y las hazañas de sus hijos, los versos de sus poetas, las creaciones de sus artistas, etc., todo ello nos ha llegado como herencia viva, como antorcha que se pasa de mano en mano, de generación en generación.

Esta es la forma cómo el país, a través de los siglos, conserva su fisonomía peculiar, sus caracteres propios. La fidelidad a su destino histórico le permitirá realizar su vocación presente. Nuestra patria tiene un tesoro tradicional realmente envidiable. A nosotros corresponde recogerlo con amor, guardarlo fielmente, estudiarlo, acrecentarlo.

La palabra tradición deriva del latín y quiere decir donación o legado. La tradición es un conjunto de costumbres, ritos y usanzas que se transmiten de padres a hijos. La tradición de un pueblo es aquello que lo identifica y diferencia de los demás, algo propio y profundo. Cada comunidad tiene sus propias tradiciones, las que se manifiestan en el modo de vivir, en el arte y se conservan a través del tiempo.  En Argentina el Día de la Tradición es el 10 de Noviembre, en Memoria de nuestro poeta más tradicional, creador del Martín Fierro: José Hernández.

VIVENCIA Y CONTINUIDAD DE LA TRADICIÓN
La Costumbre
Además de las leyes que en forma coercitiva gobiernan la convivencia humana, existen normas morales y usos sociales que también son factores de convivencia, pero no tienen carácter coercitivo (en el sentido del uso de la fuerza pública para hacerlas cumplir).

La conducta privada de los hombres, por supuesto dentro de los límites que exige el orden social, no está regido por norma alguna, pero existe una presión de la sociedad sobre el individuo que, de alguna manera, le obliga a cumplir determinadas normas establecidas por la costumbre o la tradición.

Estas son simples normas de convivencia, por ejemplo, saludar, respetar a los ancianos, decir la verdad, etc. Estas son normas sociales y morales que no son coercitivas, pero que son sancionadas por la sociedad en defensa de su propia estructura.

La palabra costumbre proviene de costumme y ésta de consuetudinario.

Es un uso social aceptado por la mayoría de una comunidad.
Generalmente, las costumbres son fijadas por un grupo dominante que regla las normas de relación en la comunidad.  

Las costumbres no son normas impuestas, sino aceptadas por los hombres que integran un grupo social, quienes encuentran esas ñor mas cuando nacen y las aceptan sin discutirlas mayormente.

Las costumbres son distintas de las leyes, aunque tanto unas como las otras, tienden a mantener la estructura social. Pero, mientras la costumbre es un hábito, un medio habitual de proceder o conducirse, la ley es una imposición fijada por la autoridad.

La costumbre, como norma jurídica no escrita e impuesta por el uso, es considerada como una de las fuentes del Derecho; consiste en la repetición de manera espontánea y natural de ciertos actos de índole jurídica que en ocasiones, por la práctica, van adquiriendo fuerza de ley.

En cambio, el uso resulta de un hecho particular e individual y nace de las cosas que el hombre hace o dice: en otras palabras, es la forma exterior de una manifestación individual, que cuando se generaliza y constituye la forma de proceder de una comunidad, adquiere la calificación de costumbre.

Elementos de la costumbre
La costumbre se encuentra conformada por dos elementos:
a.   El elemento interno o psicológico.
b.    El elemento extemo o material.

El elemento interno o psicológico se encuentra en el consentimiento tácito de un pueblo a reconocer una costumbre como norma a ajustar su comportamiento.
En cambio el elemento externo o material está dado por la norma establecida en base a la repetición de ilcterminados usos que han configurado una costumbre.

Algunos autores han establecido comno condiciones esenciales los siguientes elementos:

a. Uno material que es el uso largo y constante de la costumbre y que requiere los siguientes caracteres:
— Formación espontánea.
— Práctica regular y constante
—  Duración más o menos largo
b. Otro psicológico consistente en la convicción del carácter jurídicamente obligatorio del uso.
c. Que la costumbre no sea contraria a los principios fundamentales de la organizador política o económica elegida.

NUESTROS SÍMBOLOS NACIONALES

— La Bandera Nacional

La bandera oficial de la Nación es la que ostenta el sol y que fue aprobada por el Congreso de Tucumán, reunido en Buenos Aires, en febrero de 1818. Está formada con los colores celeste y blanco con los que el General Belgrano creó la primera enseña patria, el 27 de febrero de 1812.

 Los colores se distribuyen en tres franjas horizontales, de igual tamaño, dos de ellas celestes y una blanca en el medio. En el centro de la banda blanca se reproduce el sol, tal como figura grabado en la primitiva moneda de oro de ocho escudos y en la de plata de ocho reales; el sol deberá ser de color amarillo y tener treinta y dos rayos flamígeros y rectos, colocados alternativamente, tal como se observa en dichas monedas.

Tienen derecho al uso de la bandera oficial, el Gobierno Federal, los Gobiernos Provinciales, los territorios sometidos a las autoridades nacionales. Los particulares podrán usar los colores nacionales en forma de bandera, pero sin sol; también los podrán usar como escarapela y estandarte, debiéndose dar a los mismos un trato respetuoso.

Dijo el General Belgrano, en su proclama del 2 de Mayo de 1812, al ser bendecida por primera vez la bandera argentina al frente del ejército, en la ciudad de Jujuy:

                    “Manuel Belgrano, General en Jefe, al ejército de su mando: Soldados, hijos dignos de la Patria, camaradas míos; dos años ha que por primera vez resonó en estas regiones el eco de la libertad, y él continuó propagándose hasta por las cavernas más recónditas de los Andes; pues que no es obra de los hombres, sino del Dios Omnipotente, que permitió a los americanos que se nos presentase la ocasión de entrar al goce de nuestros derechos: el 2 de Mayo, será para siempre memorable en los anales de nuestra historia, y vosotros tendréis un motivo más de recordarlo, cuando en él, por primera vez, veis la Bandera Nacional en mis manos, que ya os distingue de las demás naciones del globo, sin embargo, de los esfuerzos que han hecho los enemigos de la sagrada causa que defendemos para echarnos cadenas aún más pesadas que las que cargabais. Pero esta gloria debemos sostenerla de un modo digno, con la unión, la constancia y el exacto cumplimiento de nuestras obligaciones hacia Dios, hacia nuestros hermanos, hacia nosotros mismos; a fin de que la patria se goce de abrigar en su seno hijos tan beneméritos, y pueda presentarla a la posteridad como modelo que haya de tener a la vista para conservarla libre de enemigos y en el lleno de su felicidad. . . «.

— El Escudo Argentino:

El escudo argentino es la reproducción fiel del sello que usó la Asamblea General Constituyente de las Provincias Unidas del Río de la Plata y que ésta ordenó se emplease por el Poder Ejecutivo, en 1813. Las características oficiales del escudo son: forma de elipse, la relación de los ejes de la misma, será de 14/11. El sol casi tocará a la elipse y tendrá once rayos rectos y diez flamígeros.

La rama de laurel de la derecha llevará veintiuna hojas en el lado interior y veinte en el exterior; la rama de la izquierda, veintitrés hojas en el lado interior y veinticinco, en el exterior. Las ramas no se entrecruzarán en la parte superior ni podrán llevar fruto.

— El Himno Nacional

La letra oficial del himno es la canción compuesta por Vicente López aprobada por la Asamblea General Constituyente, en mayo de 1813. La música auténtica es la versión editada por Juan P. Esnaola en 1860 con el título «Himno Nacional Argentino — Música del maestro Blas Parera».


HIMNO NACIONAL ARGENTINO
Oíd mortales el grito sagrado
Libertad, Libertad, Libertad,
Oíd el ruido de rotas cadenas,
Ved el trono a la noble igualdad

Ya su trono dignísimo abrieron
Las provincias unidas del sur
Y los libres del mundo responden
Al gran pueblo argentino salud

Y los libres del mundo responden
Al gran pueblo argentino salud
Y los libres del mundo responden
Al gran pueblo argentino salud

Sean eternos los laureles Que supimos conseguir Que supimos conseguir 
Coronados de gloria vivamos 
¡O juremos con gloria morir!¡O juremos con gloria morir! ¡O juremos con gloria morir!

— La Escarapela Nacional
Feliciano A. Chiclana, Manuel de Sarratea y Juan J. Paso, integrantes del Primer Triunvirato, el 18 de febrero de 1812, dirigieron una nota al Jefe del Estado Mayor, en estos términos: “En acuerdo de hoy se ha resuelto que desde esta fecha en adelante, se haya, reconozca y use la Escarapela Nacional de las Provincias Unidas del Río de la Plata, declarándose por tal la de dos colores blanco y azul celeste; y quedando abolida la roja con que antiguamente se distinguían. Se comunica a V.S. para los efectos consiguientes a esta resolución. Dios guarde a V.S. muchos años”.

Bandera de corazón: Si bien la bandera es nuestro símbolo patrio que más nos representa, la escarapela es aquel que más nos une como pueblo, puesto que al usarla nos sentimos representados unos en otros, tomando conciencia de que más allá de las diferencias nos une el sentimiento y el sueño de una Argentina grande.

Fuente Consultada: Formación Cívica II Para Escuelas Secundarias de Segundo Año de Comercio-1977

Enseñar Valores Patrióticos a Nuestros Hijos

Que es el pueblo? La Nacion y el Nacionalismo El Amor A La Patria

¿Que es el Pueblo? La Nación y el Nacionalismo

El significado de la palabra “pueblo” varía con las épocas y los sistemas políticos. En otros tiempos se la usó para señalar a los que carecían de privilegios o, por el contrario, a los que gozaban de los derechos políticos, es decir, a los que podían votar y ser elegidos por su posición social o económica. Actualmente, el pueblo lo constituye la. totalidad de las personas que integran el Estado.

No se admiten privilegios basados en la raza, el sexo, la religión, la posición económica, etc. Todos integran el pueblo, porque todos gozan de la igualdad ante la ley.

Nuestra Constitución declara al respecto: “La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento; no hay en ella fueros personales, ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos, sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas” (art. 16).

Temas del Menú: 1-Etapas Organización  2-Asamblea 1813   3-Pactos Preexistentes  4-Constitución Nacional  5-Forma de Gobierno  6-Division de Poderes   7-Estado y Nación   8-Democracia Argentina

NOCIONES SOBRE PUEBLO, NACIÓN, ESTADO:

 QUÉ ES EL PUEBLO?

QUÉ ES EL PUEBLO?El significado de la palabra “pueblo” varía con las épocas y los sistemas políticos. En otros tiempos se la usó para señalar a los que carecían de privilegios o, por el contrario, a los que gozaban de los derechos políticos, es decir, a los que podían votar y ser elegidos por su posición social o económica.

Actualmente, el pueblo lo constituye la. totalidad de las personas que integran el Estado. No se admiten privilegios basados en la raza, el sexo, la religión, la posición económica, etc.

Todos integran el pueblo, porque todos gozan de la igualdad ante la ley. Nuestra Constitución declara al respecto: “La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento; no hay en ella fueros personales, ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos, sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas” (art. 16).

Pero también en las democracias modernas se emplea la palabra pueblo con un sentido restringido para referirse a las personas que pueden votar y ser elegidas. La Constitución argentina, por ejemplo, dice que los diputados son “‘elegidos directamente por el pueblo” (art. 37). Pero el derecho de elegir, es decir, de votar, no lo tienen los argentinos menores de 18 años, ni los extranjeros que carecen de carta de ciudadanía.

VERDADERO SENTIDO DEL TÉRMINO PUEBLO. MASA Y MULTITUD

Formar parte del pueblo de un Estado, gozar del privilegio de elegir a quienes han de gobernar, es un derecho que exige una gran responsabilidad. Pero no todos los ciudadanos son igualmente responsables. Esto nos lleva a distinguir el verdadero pueblo de la masa.

El VERDADERO PUEBLO está integrado por ciudadanos conscientes de su propia responsabilidad. En un pueblo digno de este nombre, los ciudadanos tienen plena conciencia de su responsabilidad, de sus deberes y de sus derechos; saben que su libertad está limitada por la libertad y la dignidad de los demás. En un pueblo verdadero, la desigualdad no es arbitraria. Es una consecuencia de la desigualdad humana, pues no todos poseemos la misma capacidad, la misma voluntad, etc.

La MASA está formada por individuos que carecen de ideales y de responsabilidad. El hombre-masa es el que no se distingue de los demás. Hace lo que hacen los otros. No le interesa labrarse un porvenir. Menosprecia los valores intelectuales y espirituales. Desea que lo conduzcan, que todo se lo den pensado. Esto explica el éxito del demagogo ante las masas y también su monologar constante. La masa es la enemiga de la verdadera democracia porque ahoga la libertad y destruye la igualdad. La masa quiere que todos amen y odien como ella ama y odia. No admite que se la contradiga. Para la masa la igualdad es la uniformidad. No comprende el respeto de la tradición, la dignidad, el sentimiento del verdadero honor, la actividad personal.

NOCIONES SOBRE PUEBLO, NACIÓN, ESTADO

El pueblo vive y se mueve por sí mismo; la masa no piensa, necesita que la conduzcan. La multitud es un conjunto de personas que actúan movidos por una comunidad de deseos, de ideas, de modo de ser. En los Estados modernos, con sus ciudades superpobladas, con sus rápidos medios de comunicación y de transporte, es fácil la reunión de multitudes que anhelan exteriorizar sus deseos. A veces, esas multitudes obran movidas por ideales superiores de justicia o de libertad. Otras veces se mueven para dar rienda suelta a sus bajas pasiones. El valor de la multitud depende de lo que persigue. Pero sus características son siempre las mismas. La multitud se caracteriza por su excitabilidad y por su falta de reflexión. Obra por contagio y sus reacciones suelen adquirir una violencia que difícilmente adoptarla cada uno de los individuos que la integran si obrara en forma aislada.

QUE SE ENTIENDE POR NACIÓN

Existen dos conceptos de “nación”: uno político y otro cultural. Desde el punto de vista político la nación es una sociedad independiente formada por quienes reconocen un territorio, un pasado y un destino histórico comunes. Todos los Estados son a la vez naciones desde el punto de vista político: Argentina, Brasil, España, Italia, etc. En estas naciones se hablan distintas lenguas, se practican diversas religiones, viven hombres de diferentes razas, pero una larga existencia en común y un territorio propio han creado grupos humanos homogéneos. Desde el punto de vista cultural, la nación es una comunidad basada en ciertos bienes culturales, como el idioma, la religión, la raza, etc. Por lo común, las naciones culturales son naciones políticas que han perdido su territorio. Tal fue el caso, durante muchos siglos, de la nación judía.

A veces, la nación cultural se extiende más allá de las fronteras de un Estado porque parte de su población ha emigrado a otros, formando en éstos minorías nacionales que se distinguen por su raza, su idioma, sus tradiciones, sus ritos religiosos, etc.

QUÉ ES LA NACIÓN ARGENTINA

La Nación Argentina es la comunidad formada por quienes reconocemos un territorio común e iguales vínculos históricos, sintiéndonos, además, impulsados hacia un mismo destino. El espíritu nacional se fue gestando durante el período hispánico, cuando los criollos comenzaron a considerarse iguales entre sí y distintos de los españoles. Este espíritu nacional se intensificó durante los primeros gobiernos patrios, que afirmaron nuestra independencia creando los símbolos nacionales (el himno, la escarapela, la bandera, el escudo) y manteniendo la unidad. Las diversas leyes y constituciones dictadas a partir de 1810 reconocieron siempre la existencia de una patria común, con su unidad social y su territorio. Nunca se perdió de vista, a lo largo de nuestra historia, la comunidad de orígenes y de destino, es decir, nunca se perdió el concepto de nación (J. V. González).

QUÉ ES EL ESTADO

El Estado es la nación organizada jurídica y políticamente. Es la nación sometida a un sistema de instituciones y leyes que forman su unidad política, jurídica y administrativa.

Los elementos del Estado son tres: la población, el territorio y el poder público.

a) La población es el elemento humano del Estado. La población es un elemento variable. Aumenta o disminuye a través del tiempo y puede estar integrada por unos pocos cientos de miles de personas (tal es el caso de Luxemburgo), o por muchos millones.

b) El territorio es el elemento geográfico. También es un elemento variable. Pocos Estados conservan sus mismas fronteras durante un lapso prolongado.

c) El poder público o poder político es la capacidad que tiene el Estado para alcanzar sus propios fines; es el derecho que tiene de mandar y de ser obedecido dentro de su territorio. Cuando el poder público no reconoce otro poder superior a él, porque es independiente y es el más alto, se lo llama poder público soberano. En un sentido más restringido, se entiende por Estado las autoridades que lo representan y gobiernan.

FUNCIÓN DEL ESTADO AL SERVICIO DEL HOMBRE Y DE LA SOCIEDAD

La función esencial del Estado es el mantenimiento del orden y la defensa nacional. Además, el Estado debe amparar las justas libertades de la persona humana y al mismo tiempo coordinar y orientar todos los esfuerzos hacia un fin común superior. El Estado desempeña también funciones relacionadas con el bienestar material, intelectual y moral del hombre y de la sociedad. el Estado fiscalice en forma adecuada la producción, la El BIENESTAR MATERIAL de la población exige un buen ordenamiento económico.

Para lograrlo, es necesario que circulación, la distribución y el consumo de los productos, procurando también que exista armonía entre. el capital y el trabajo. El Estado debe asimismo encargarse de ciertas funciones, como las relativas a obras públicas, previsión y asistencia sociales. Las obras públicas son aquellas que el Estado construye directa o indirectamente para los diferentes servicios a su cargo y para uso y aprovechamiento general (caminos, canales, telégrafos, etc.). La previsión social consiste en evitar o disminuir los males que afectan a la sociedad.

La lucha contra la desocupación, la construcción de viviendas higiénicas, el otorgamiento de jubilaciones y pensiones, son algunos de los recursos utilizados. La asistencia social atiende a la salud de la población. El Estado tiene la obligación de exigir a todos los habitantes el cuidado de su salud y su tratamiento en caso de enfermedad, proporcionando servicios gratuitos a los que carezcan de recursos. Además, el Estado debe atender con sus propios medios cuanto contribuya a mejorar las condiciones sanitarias de la población. El DESARROLLO INTELECTUAL es una necesidad del hombre, quien debe recurrir, para satisfacerla, a los auxilios y ventajas que le proporciona la vida en sociedad. La familia no puede por sí misma dar todo lo que exige el perfecto desarrollo intelectual.

El Estado debe, pues, concurrir con su cooperación eficaz al perfeccionamiento de las inteligencias, promoviendo la cultura (mediante la instalación de museos, bibliotecas, laboratorios, etc.) fomentando la buena enseñanza y alentando y protegiendo a los estudiosos en todas las ramas del saber (con becas, viajes de estudio, premios, etc.). La PERFECCIÓN MORAL, es decir, la honestidad de costumbres, es el elemento más importante del orden social. El Estado, que es el encargado de promover y obtener el bien común, tiene con respecto a la moralidad estrechos deberes. Esos deberes consisten en fomentar y estimular la virtud, al mismo tiempo que en reprimir todo germen de inmoralidad.

EL PUEBLO Y LA MASA :

El pueblo vive de la plenitud de la vida de los hombres que lo componen, cada uno de los cuáles —en su propio puesto y a su manera— es persona consciente de sus propias responsabilidades y de sus convicciones propias. La masa, por el contrario espera el impulso de fuera, juguete fácil en las manos de un cualquiera que explota sus instintos o impresiones, dispuesta a seguir, cada vez una, hoy ésta, mañana aquella otra bandera. De la exuberancia de vida de un pueblo verdadero, la vida se difunde abundante y rica en el Estado y en todos sus órganos, infundiendo en ellos con vigor, que se renueva incesantemente, la conciencia de la propia responsabilidad, el verdadero sentimiento del bien común.

De la fuerza elemental de la masa, hábilmente manejada y usada, puede también servirse el Estado; en las manos ambiciosas de uno solo o de muchos agrupados artificialmente por tendencias egoístas, puede el mismo Estado, con el apoyo de la masa reducida a no ser más que una máquina, imponer su arbitrio a la parte mejor del verdadero pueblo; así el interés común queda gravemente herido, y por mucho tiempo, y la herida es muchas veces difícilmente curable.

Con lo dicho parece clara otra conclusión: la masa es la enemiga capital de la verdadera democracia y de su ideal de libertad y de igualdad En un pueblo digno de tal nombre, el ciudadano siente en sí mismo la conciencia de su personalidad, de sus deberes y de sus derechos, de su libertad unida al respeto de la libertad y de la dignidad de los demás. En un pueblo digno de tal nombre todas las desigualdades que proceden, no del arbitrio sino de la naturaleza misma de las cosas, desigualdades de cultura, de bienes, de posición social —sin menoscabo, por supuesto, de la justicia y de la caridad mutuas— no son de ninguna manera obstáculo a la existencia y al predominio de un auténtico espíritu de comunidad y de fraternidad. Más aún, esas desigualdades, lejos de lesionar en manera alguna la igualdad civil, le dan su significado legítimo, es decir, que ante el Estado cada uno tiene el derecho de vivir honradamente su existencia persona1 en el puesto y en las condiciones en que los designios y la disposición de la Providencia lo han colocado.

Como antítesis de este cuadro del ideal democrático de libertad y de igualdad en un pueblo gobernado por manos honestas y próvidas, ¡qué espectáculo presenta un Estado democrático dejado al arbitrio de la masa! La libertad, de deber moral de la persona, se transforma en pretensión tiránica de desahogar libremente los impulsos y apetitos humanos con daño de los demás. La igualdad degenera en nivelación mecánica, en uniformidad monocroma, y el sentimiento del verdadero honor, la actividad personal, el respeto de la tradición, la dignidad, en una palabra, todo lo que da a la vida su valor, poco a poco se hunde y desaparece.

Y únicamente sobreviven, por una parte, las víctimas engañadas por la fascinación aparatosa de la democracia, fascinación que se confunde ingenuamente con el espíritu mismo de la democracia, con la libertad e igualdad, y, por otra, los explotadores más o menos numerosos que han sabido, mediante la fuerza del dinero o de la organización, asegurarse sobre los demás una posición privilegiada y aun el mismo poder (Pío XII).

EDUCAR PARA VIVIR EN DEMOCRACIA: La capacidad de convivencia y ciudadanía no surge naturalmente en las personas. Tanto en el terreno de lo personal como en el ámbito de lo público, resolver nuestros conflictos con los demás o transitarlos de un modo pacífico son cosas que se aprenden. La democracia necesita de ciudadanos demócratas, defensores de los principios que rigen el sistema democrático. Y se hacen demócratas a través de la educación que reciben y de la participación real que pueden ejercer.

La formación para la ciudadanía podría contemplar las siguientes proposiciones:
• Ayudar a que las personas desarrollen su capacidad de autonomía, es decir, que sean capaces de tener iniciativa propia y de hacerse responsables de los cursos de acción que eligen.

• Formar personas capaces de cooperar con los demás, esdecir, de colaborar y entender la necesidad de compartir el trabajo con otros. Este aspecto se relaciona con la preparación para la acción cooperativa y la autoorganización.

• Despertar la vocación de participar en la vida pública, es decir, ayudar a que las personas entiendan que La democracia exige de nosotros preocuparnos por el «bien común». Esta preocupación es necesaria pues su ausencia genera efectos políticos que suelen ser nocivos. Por ejemplo, la corrupción que pueda darse en algún sector del Estado tiene más posibilidades de expandirse si los ciudadanos no vigilan ni exigen transparencia.

• Formar en el respeto por valores básicos que hacen posible la vida digna y la propia existencia de la democracia. Esos son las propias reglas de juego de la democracia y los derechos sociales, políticos, económicos y culturales que hacen al desarrollo libre de los proyectos de vida de Las personas. Son valores que constituyen el piso que todos debiéramos respetar y a partir del cual pueden expresarse las diferencias legítimas (ideológicas, políticas, religiosas, estéticas) que se dan entre las personas.

En general, la educación actual carece de propuestas consistentes en el terreno de la formación ciudadana y política. Hay poca educación política de los ciudadanos, pues se los mantiene alejados de las explicaciones sobre cómo funciona el sistema que ellos deberían gestionar y participar.

EL AMOR A LA PATRIA:
NECESIDAD DE FUNDAR EL PATRIOTISMO EN PRINCIPIOS MORALES

Para que el sentimiento y el amor a la patria sea constructivo y no degenere en difuso humanitarismo, nacionalismo exagerado o espíritu sectario debe asentarse sobre sólidos principios morales.

Toda convivencia humana para ser armónica y fecunda, ya lo hemos señalado, debe basarse en la verdad, la justicia, la solidaridad, la libertad. También el patriotismo para ser constructivo en la convivencia nacional y universal.

El patriotismo debe fundarse en la verdad, en el conocimiento objetivo y desprejuiciado de los hechos y de los hombres, de las ideas y de las tendencias, que contribuyeron a la formación de nuestro ser nacional.

Debe tener por norma la justicia. La justicia que nos lleva a dar a cada uno lo suyo, a reconocer los méritos y deméritos de cada cual, a distribuir equitativamente las cargas y beneficios sociales, a reclamar inexorablemente nuestros propios derechos y a reconocer los derechos de las otras naciones y pueblos.

Debe tener como motor la solidaridad, el amor. El amor a nuestros conciudadanos, a nuestros antepasados, a nuestros descendientes. El amor que logra que nos sintamos miembros de una gran familia, que nos ayudemos mutuamente, que une nuestros anhelos e ideales en busca de unidad espiritual. Solidaridad con los otros pueblos y naciones para lograr un orden universal más justo y más humano.

El patriotismo debe asimismo para ser constructivo fundarse en un gran aprecio y respeto a la libertad. No sólo a la libertad individual y de los grupos, sino a la libertad de la patria. El patriotismo lucha por destruir los lazos de injustas dependencias económicas, políticas e ideológicas respecto a otras potencias, Pero es igualmente respetuoso de la libertad de los otros países.

Moral es, en último término, lo que está plenamente acorde a la naturaleza y fin del hombre.

El patriotismo, el amor y aprecio por lo que constituye el ser comunitario, el cultivo de las tradiciones y valores nacionales, la defensa de los intereses patrios, está profundamente enraizado en la naturaleza humana. Pero también está fundado en la misma naturaleza el sentimiento de solidaridad para con toda la humanidad y el respeto a todas las naciones.

RESUMEN:

¿Qué es el patriotismo?

— Como nacemos en una familia, nacemos en una patria, unidos con otros hombres por innumerables lazos de afecto y solidaridad y en ella moldeamos nuestro ser personal.
— Patriotismo es amor a la patria. Patria es un concepto de difícil definición; etimológicamente significa tierra paterna. El sentimiento de patria está profundamente enraizado en el ser del hombre.
— El patriotismo es sentimiento y es virtud.
— La patria es la unidad espiritual y la continuidad histórica de un pueblo en la tierra de sus padres. Supone unidad cultural, solidaridad entre las generaciones, coincidencia de anhelos, aspiraciones e ideales.
— La patria es sincronía de los espíritus y totalidad armónica. Su ideal es dinámico: siempre es posible aspirar a una mayor coincidencia e integración.

¿Cómo se manifiesta el amor a la patria?
— El amor a la patria como todo amor se manifiesta en palabras y obras; en gestos, sentimientos y modos de actuar.
— Son manifestaciones fundamentales de patriotismo:
— la preocupación por lograr una comunidad más solidaria, más justa, más próspera;
— el aprecio y cultivo de la tradición y sus valores;
— en la preocupación por el destino de la comunidad y el bien de las futuras generaciones.
— El patriotismo se manifiesta trabajando por la justicia y la comprensión entre los argentinos, buscando lo que facilita la unidad espiritual y la unión de los esfuerzos en objetivos comunes.

La tradición patriótica
— Más que en sus elementos materiales y geográficos la patria está en la unión de los espíritus, en la comunidad humana entre las generaciones, en el participar de una misión y de un destino común.
— Nuestra nación no ha surgido espontáneamente. Es el resultado de un largo proceso histórico de asimilación social y cultural.
— La cultura y las instituciones, las costumbres y tradiciones, nuestro modo de ser, de sentir, de obrar, son fruto del esfuerzo y contribución de muchas generaciones.
— Entre los grupos humanos que más han contribuido a nuestro patrimonio cultural y tradicional señalamos: los conquistadores y colonizadores españoles, los indígenas que se asimilaron,
— los hombres que lucharon en la independencia y en los primeros intentos de gobierno propio,
— los caudillos y los hombres de ambos bandos que se enfrentaron en las luchas por la organización nacional,
— los inmigrantes que aportaron cultura, trabajo, iniciativas e hicieron de este país la patria de sus hijos.
— El contenido de nuestra tradición cultural constituye el «alma de la patria».
— Como cada individuo tiene su propia personalidad, cada pueblo tiene su propia idiosincrasia, su propio modo de ser. Sólo permaneciendo fiel a él puede realizar su destino. Los pueblos que no se interesan por su propia historia y tradición renuncian a cumplir su misión.
— Es responsabilidad de cada generación entregar enriquecida y desarrollada la tradición patria a las generaciones futuras.

La falta de patriotismo como causa de la decadencia de las naciones
— La nación está constituida por el pueblo, unido en un territorio común y ligado por vínculos de solidaridad nacidos de un pasado histórico, de la voluntad de vivir juntos formando una comunidad y de alcanzar ideales comunes bajo una organización política.
— Los factores de unidad histérico-culturales y la comunidad de aspiraciones son esenciales a la nación.
— Muchas naciones tuvieron existencia floreciente y luego se desintegraron y decayeron. La permanencia de una nación depende de su continuidad cultural, de la permanencia en sus miembros de la voluntad de compartir ideales y destino.
— Cuando entre los miembros de una comunidad desaparece el patriotismo se destruye la unidad, surgen las tensiones, los’egoísmos, las injusticias y los enfremamientos internos.

Estructura de la Constitucion Nacional Argentina Articulo 14 Bis

Estructura De La Constitución Nacional Argentina

INTRODUCCIÓN: El Congreso General Constituyente se reunió el 20 de noviembre de 1852. Eligió presidente a Facundo Zuviría, representante salteño. Urquiza delegó en su ministro Luis José de la Peña la lectura de su discurso inaugural.

Refiriéndose a la ausencia porteña decía uno de sus párrafos: «Porque amo al pueblo de Buenos Aires me duelo de la ausencia de sus representantes en este recinto. La geografía, la historia, los pactos, vinculan Buenos Aires al resto de la Nación». Ni ella puede vivir sin sus hermanas, ni sus hermanas sin ella. En la bandera argentina hay espacio para más de catorce estrellas, pero no puede eclipsarse una sola.»

El 18 de abril de 1853 fue presentado el Proyecto de Constitución por la comisión encargada de hacerlo. Pero el 20, Zuviría pidió el aplazamiento de las tareas pues «el país seguía convulsionado y estaba lejos de ofrecer el ambiente de tranquilidad y orden necesario».

Su moción fue rechazada de inmediato se abrió el debate; el 1º de mayo la Constitución fue sancionada. El día 25 se promulgó y el 9 de julio fue jurada. Se eligieron esas dos fechas para dar jerarquía histórica y confirmación de argentinidad al acto.

Además de la Constitución de los Estados Unidos y de las nuestras de 1819 y 1826, que no alcanzaron a aplicarse, influyeron en la redacción un libro titulado»El federalista» y sobre todo la obra de Juan Bautista Alberdi «Bases y puntjs de partida para la Organización Política de la Confederación Argentina».

Contenía .sensatos consejos entre los cuales figuraba la calurosa recomendación de atraer inmigrantes europeos, brindándoles amplias garantías. Coincidía en esto,con la idea expuesta por Sarmiento en un párrafo de su obra «Facundo»: «El mal que aqueja a la Argentina es la extensión».

La Constitución comprendía un preámbulo y 110 artículos. Constaba de dos partes: la primera con las declaraciones, derechos y garantías; la segunda con el enunciado de las autoridades de la nación, subdividida en dos títulos: Gobierno Federal y gobiernos de provincias.

Temas del Menú: 1-Etapas Organización  2-Asamblea 1813   3-Pactos Preexistentes  4-Constitución Nacional  5-Forma de Gobierno  6-Division de Poderes   7-Estado y Nación   8-Democracia Argentina

La Constitución es la ley fundamental que determina y ordena la organización política de un estado. La constitución es la ley suprema que determina la forma de gobierno, las funciones y competencias de los distintos poderes, señala las normas fundamentales para la designación de los magistrados, determina las normas para la sanción de las leyes, etc.

La constitución tiene el carácter de ley suprema. Las demás leyes que regulan la actividad del país, para su validez, deben ajustarse a ella.

El sistema de constituciones escritas se desarrolló durante el siglo XIX. Su objeto fundamental fue la racionalización del poder y la limitación del poder absoluto o arbitrario de las monarquías.

Las constituciones pueden ser escritas y no escritas. Las escritas están, como su nombre lo indica, consignadas en un documento. Las no escritas están constituidas por costumbres, usos y tradiciones que determinan di funcionamiento de un régimen político. Inglaterra no tiene constitución escrita.

La Constitución Nacional:

El Congreso General Constituyente

El Congreso General Constituyente se reunió en Santa Fe en el mes de septiembre de 1852 e inició sus deliberaciones.
Tenía por objeto:

a – Dictar una Constitución nacional
b – Dictar las leyes orgánicas que fueran necesarias para ponerla en práctica.

Entre los meses de octubre de 1852 y mayo de 1853 la convención discutió un anteproyecto de constitución y le dio forma definitiva. El 25 de mayo de ese año fue promulgada por el Director Provisorio de la Confederación, y el 9 de julio fue jurada por todo el pueblo del país.

La Convención continuó sus deliberaciones hasta el mes de marzo de 1854, dictando algunas leyes que pusieran en vigencia la aplicación de la Constitución. El 6 de marzo se hizo cargo el Primer gobierno constitucional presidido por el general Justo José de Urquiza en calidad de Presidente y por Salvador María del Carril en calidad de Vicepresidente.

Desde la fecha de su sanción la Constitución ha sufrido algunas reformas parciales a través de Convenciones Reformadoras, las que se convocaron y reunieron en 1860, 1866, 1898, 1949 (luego anulada) , 1957 y 1994. Pero esas reformas sólo tocaron ciertos artículos sin alterar la estructura esencial y original de la forma de gobierno ni las declaraciones, derechos y garantías.

La Constitución consta de 110 artículos a los que hay que agregar el artículo 14 bis sancionado en la Convención Reformadora de 1957.

La Constitución puede ser objeto de nuevas reformas, pero para ello deben cumplirse las exigencias que ella establece, a saber:

1) La necesidad de reforma debe ser declarada por el Congreso, con el voto de dos terceras partes, al menos, de sus miembros;
2)Con ese fin debe convocarse en forma especial a una convención que tenga ese solo objeto.

Contitución Argentina

Supremacía de la Constitución

Dentro de la nación la Constitución es la ley fundamental. No hay ley alguna superior a ella ni en el orden nacional ni en el provincial.

Ese principio de supremacía está consagrado por el artículo 31 de la Constitución que establece: “Esta Constitución, las Leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras, son la ley suprema de la Nación”.

La supremacía queda patente en el párrafo siguiente del mismo artículo: “Las autoridades de cada provincia están obligadas a conformar-se a ella, no obstante cualquier disposición en contrario que contengan las leyes o constituciones provinciales”.

La estructura de la Constitución

La estructura de la Constitución se forma de las siguientes partes:

— Preámbulo.

—Primera Parte. Declaraciones, derechos y garantías.

—Segunda Parte. Autoridades de la Nación.

En el Preámbulo se enuncian los principios y objetivos que desde el comienzo de la emancipación se propusieron los hombres de la Revolución de Mayo, los cuales ratificaron los proyectos de construcción y los pactos preexistentes. Es como un pórtico que cierra el pasado y enuncia el futuro. Es, desde otro punto de vista, una síntesis de la filosofía política de la Constitución.

La Primera Parte, como lo dice el título en el enunciado, está dedicada a las Declaraciones básicas referidas al derecho constitucional argentino. En las Declaraciones se refiere a la Nación en conjunto, en si misma corno organización política, a las autoridades que ha instituido, a las provincias como parle de la Nación y a los hombres que pueblan el suelo argentino.
Los Derechos son los que corresponden a todo hombre y que la Constitución les reconoce, y los que corresponden al pueblo y a las provincias.

Las garantías son todas aquellas seguridades y promesas que ofrece la Constitución al pueblo argentino.

La Segunda Parte está referida a las autoridades de la Nación, a saber:

1 – Al Gobierno Federal: Poder Legislativo (Cámara de Diputados y Cámara de Senadores); atribuciones del Congreso; de la formación y sanción de las leyes.
2 – Al Poder Ejecutivo. Su naturaleza, de la elección del Presidente, de las atribuciones que posee.
3 – Al Poder Judicial. Su naturaleza y atribuciones.
4 – Al Gobierno de las Provincias.

Los Derechos Sociales en el Artículo 14 Bis de la Constitución Nacional

constitucion nacional articulo 14 bis

Art. 14 bis:
El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor; jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción, y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical, libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial.

Queda garantizado a los gremios: concertar convenios colectivos de trabajo; recurrir a la conciliación y al arbitraje; el derecho de huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo. El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable.

En especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económicas administradas por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral de la familia; la defensa del bien de la familia, la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna.

Fuente Consultada: Educación Cívica 2 – Zuretti-Auza

El Preambulo de la Constitucion Nacional Explicado Objetivos

El Preámbulo de la Constitución Nacional Explicado

El preámbulo es una declaración realizada por los constituyentes, en la cual se fijan y precisan los grandes objetivos que se persiguen con la sanción de la Constitución.

La Ley Fundamental, además de establecer las principales pautas de organización dentro del Estado, constituye un amplio programa de gobierno. Se trata del programa destinado a perdurar el mayor lapso de tiempo posible, no del detallado plan que confeccionan los distintos gobiernos en ocasión de su paso por el poder.

Nuestro preámbulo comienza reivindicando el origen democrático de la carta magna. Son los representantes del pueblo quienes, reunidos en un Congreso, elaboran la Constitución. Toman como antecedentes los pactos que las provincias habían celebrado luego de la Independencia, con la finalidad de elaborar una Ley Fundamental para el país.

Los constituyentes se proponen organizar un país unido, que cuente con una justicia afianzada, donde reinen, por siempre, la paz y la libertad y se persiga el bienestar general de la población. Se expresa una política inmigratoria abierta y se invoca la protección divina como «fuente de toda razón y justicia». Estos enunciados, a pesar de que no componen el texto propio de la Constitución, conforman criterios básicos para su interpretación.

preambulo argentino

El Preámbulo
«El preámbulo de las constituciones políticas es el resumen, digámoslo así, de todas sus disposiciones, el objeto que éstas se proponen asegurar, y como una tesis que todos los parágrafos siguientes vienen a comprobar.

Todas las constituciones escritas y emanadas de a voluntad del pueblo, por medio de la ciencia de sus legisladores, llevan esta introducción; y cuando en la Asamblea Constituyente de 1848 en Francia se propuso la moción de suprimir todo preámbulo, M. Lamartine, en un elaborado discurso, hizo sentir la conveniencia y la necesidad de esta declaración previa de los objetos y fines de una constitución, para asegurar y fijar la inteligencia e interpretación de sus disposiciones, por aquella declaración de principios constitutivos y constituyentes, que dejan consignados el espíritu de los legisladores que la dictaron y los fines que se propusieron alcanzar.

El preámbulo de las Constituciones es, pues, no sólo parte de la ley fundamental, sino también la pauta y la piedra de toque para la resolución de todos los casos dudosos, conformando su interpretación y práctica con los fines para que fueron adoptadas las subsiguientes disposiciones y el espíritu que prevaleció en su adopción.»

«En cumplimiento de pactos preexistentes»
«Los dos parágrafos añadidos al preámbulo de la Constitución Argentina son de una alta importancia, y fijan con precisión el espíritu de muchas de las subsiguientes disposición es.

El primero establece como base que los Representantes del pueblo de la Confederación Argentina, reunidos en Congreso General Constituyente por voluntad y elección de las provincias, obran en cumplimiento de pactos preexistentes.

Los Representantes se refirieron a ciertos pactos preexistentes entre las provincias, que no creyeron oportuno especificar; la frase abraza todos los pactos preexistentes que ponen límites a la voluntad nacional, a su territorio o sus relaciones en general con el resto del mundo.

Pertenecen a los convenios entre las provincias, relativos a la Constitución, el pacto celebrado en Santa Fe en 1831 entre las cuatro provincias litorales de los Ríos Paraná y de la Plata, como asimismo el Convenio de San Nicolás, que arregló las bases de la representación. El pacto litoral no contiene, propiamente hablan do,’si no disposiciones transitorias y el reconocimiento de la supremacía del Congreso Argentino para estatuir sobre las cuestión es de interés general, según se establece en las atribuciones del Congreso.

El convenio de San Nicolás, que declara vigente el primero, no estatuye tampoco otro principio subsistente que el que ya había dejado consignado el pacto federal, a, saber, que la Constitución Nacional sería bajo el sistema republicano, representativo, federal, añadiendo la prohibición a los gobiernos de las provincias de dar instrucciones especiales a sus Representantes en el Congreso; quedando así autorizados con toda clase de poderes para el desempeño de su misión. La forma de gobierno adoptada en la Constitución parte de esta base, es dada en cumplimiento de pactos preexistentes».

‘Para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino»
«Tal declaración importa una invitación hecha a todos los hombres del mundo a venir a participar de las libertades que se les aseguran, una promesa de hacer efectivas esas libertades, y una indicación de que hay tierra disponible para los que quieran enrolarse en la futura familia argentina. En una palabra: la República Argentinas declara en estado de colonización, e incorpora en sus instituciones la expresión de este sentimiento, el deseo de verlo satisfecho y los medios seguros de verificarlo.

El elemento del orden de un país no es la coerción; son los intereses comprometidos. La despoblación y la falta de industria prohijan las revueltas: poblad y cread intereses. Haced que el comercio penetre por todas partes, que mil empresas se inicien, que millones de capitales estén esperando sus productos, y crearéis un millón de sostenedores del orden.»

Domingo Faustino Sarmiento Comentarios de la Constitución

Camara de Senadores Atribuciones Tiempo Mandato Funciones Poder

Atribuciones de la Cámara de Senadores 

LA CÁMARA DE SENADORES
Su carácter e integración: La Cámara de Senadores constituye la representación política nacional de las provincias y de la ciudad de Buenos Aires.
En plena vigencia del régimen federal, la representación senatorial de provincias en el Congreso Nacional es igualitaria, sin que se tenga en cuenta, en este caso, la importancia demográfica de cada provincia. El Senado se integra con tres senadores por cada provincia y tres senadores por la ciudad de Buenos Aires.

REQUISITOS MÍNIMOS PARA SER SENADOR. Las condiciones mínimas exigidas para ser senador nacional son las siguientes:

• Ser ciudadano argentino.
• Haber cumplido 30 años de edad,
• En caso de tratarse de extranjeros naturalizados, tener un mínimo de 6 años como ciudadano.
• Haber nacido en la provincia que lo elija (o en la Capital Federal, si es el caso) o tener dos años de residencia inmediata en ella.

La Constitución Nacional estableció la necesidad de contar con un ingreso personal superior a 2.000 pesos fuertes (de 1853) anuales, o una entrada equivalente, para poder ser senador nacional. Esta condición -resultado de la manera de pensar de aquella época- ha caído en desuso: no tiene aplicación real en nuestros días. Ha sido derogada por la costumbre.

DURACIÓN DEL MANDATO. Los senadores nacionales duran 6 años en su cargo y se los puede reelegir sin límite de tiempo.

La Cámara de Senadores se renueva por tercios cada dos años. Esto significa que una parte de los senadores debe abandonar sus cargos y elegirse reemplazantes.
En caso de vacancia antes de cumplir el período (por renuncia, muerte, etc.) debe efectuarse de inmediato la elección del reemplazante en la forma indicada por la Constitución y la legislación local.

EL VICEPRESIDENTE EN EL SENADO. La Cámara de Senadores es presidida por el Vicepresidente de la Nación. En los debates sólo vota en caso de empate. Cuando el Vicepresidente debe ocupar la Presidencia de la Nación (por renuncia, muerte o ausencia transitoria del Presidente) su función al frente del Senado es cumplida por un presidente provisional elegido por la misma cámara.

Cámara de Senadores

Cámara de Senadores en Argentina

Atribuciones exclusivas del Senado
Están determinadas por varios artículos de la Constitución Nacional y son las siguientes:

• El Poder Ejecutivo necesita del acuerdo (conformidad) del Senado para designar a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, a los jueces nacionales, a los altos funcionarios diplomáticos y a los oficiales superiores de las Fuerzas Armadas.
• El Senado es el que realiza el juicio político a los acusados por la Cámara de Diputados.
• Es necesario el acuerdo o autorización de esta cámara para la declaración del estado de sitio en caso de «ataque exterior».

«CÁMARA BAJA» Y «CÁMARA ALTA»
A través de lo analizado en las páginas anteriores, se habrá advertido la existencia de importantes diferencias entre ambas cámaras del Poder Legislativo.

La principal es la que surge del distinto carácter de su respectiva representación: popular en un caso, institucional en el otro, pues los senadores representan a las provincias.

Existe, además, una diferencia de la edad mínima exigida para ser diputado (25 años) o para ser senador (30 años). Se ha calificado como «cámara joven» a la de Diputados y se atribuyó (sin mayores fundamentos políticos) una función supuestamente moderadora a la de Senadores. La idea de los constituyentes de 1853 al adoptar este sistema fue «atemperar la impetuosidad juvenil» de los diputados con la acción de otra cámara que, históricamente, desempeñó un papel más conservador.

La denominación de «cámara alta» con que se identificó al Senado deriva de la tradición parlamentaria occidental, heredera del parlamentarismo británico. Antiguamente en el Reino Unido la «cámara alta» -la de mayor jerarquía- era la Cámara de los Lores, asamblea aristocrática sin poder real en nuestros días.

Fuente Consultada:
Instrucción Cívica
Norberto Fraga – Gabriel Ribas Editorial A-Z
Instrucción Cívica 2 D.A. Sabsay – S.G. Jáuregui

El Poder Legislativo Atribuciones Camara de Diputados Tiempo Mandato

Atribuciones del Poder Legislativo

El Poder Legislativo : En un sistema de gobierno basado en la división de poderes, la función principal del Poder Legislativo es la de sancionar y derogar las leyes. En este caso utilizamos la palabra ley en su sentido restringido y formal. El Poder Legislativo es ejercido por el Congreso. Nuestro Congreso está compuesto por dos cámaras: la Cámara de Diputados y del Senado, se lo llama de carácter bicameral. El Congreso tiene a su cargo la función legislativa. Cada una de las cámaras actúa de manera independiente pero, para que un proyecto se convierta en ley, es necesaria la voluntad concurrente de ambas cámaras.

Los diputados representan a la Nación en su conjunto. Es decir que aunque hayan sido elegidos por el electorado de un distrito determinado, representan al electorado total del país. Los senadores, en cambio, representan al distrito que los ha elegido. Los senadores defienden, en el Congreso, los intereses de las provincias que ellos representan, o de la Capital Federal.

poder legislativo

Cámara de Senadores Donde se Debaten las Leyes

Las cámaras se reúnen en sesiones ordinarias que comienzan el 1° de marzo  y se extienden hasta el 30 de noviembre de cada año También pueden reunirse en sesiones extraordinarias. Ello ocurre cuando el Presidente decide convocarlas fuera del término de sesiones ordinarias, o prorrogar el período ordinario. Sin embargo, cabe señalar que tanto el H. Senado como la Cámara de Diputados han interpretado que el Congreso tiene facultades suficientes para disponer la prórroga de las sesiones ordinarias en Resoluciones adoptadas durante el mes de diciembre de 2001

La Constitución determina los requisitos para ser senador o diputado, como así también el término de sus mandatos y las formas de elección.

La Cámara de Diputados se compone de representantes o diputados elegidos directamente por el pueblo de las provincias y de la ciudad de Buenos Aires.

REQUISITOS MÍNIMOS PARA SER DIPUTADO. Para poder ser diputado nacional es necesario reunir ciertas condiciones -requisitos- mínimas:
• Ser ciudadano argentino.
• Haber cumplido 25 años de edad.
• En caso de tratarse de un extranjero naturalizado, tener un mínimo de 4 años como ciudadano argentino.
• Ser nativo de la provincia que lo elija (o de la Capital) o haber residido en ella los dos años anteriores a la elección.

DURACIÓN DEL MANDATO Los diputados nacionales son electos para cumplir un mandato de 4 años y pueden ser reelegidos sin limitación de tiempo. La Cámara de Diputados se renueva por mitades cada 2 años. Esto significa que al cumplirse ese plazo, la mitad de los representantes deben dejar sus cargos y son reemplazados por los nuevos electos. (La Constitución estableció que en la primera legislatura se procedería a sortear a los diputados que sólo cumplirían un período de 2 años: Reiteradas interrupciones del ciclo constitucional a lo largo de las últimas décadas han obligado a aplicar este mecanismo en varias oportunidades.)

El texto constitucional también establece que en caso de vacante (por muerte, renuncia o cualquier otra razón), debe realizarse la elección del reemplazante en el distrito electoral correspondiente. Sin embargo, este sistema ha sido reemplazado por un régimen de suplencias.

Atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados
El Congreso posee una serie de atribuciones (es decir, de facultades) y de deberes.
La mayoría de esas atribuciones y deberes son comunes a ambas cámaras y las explicaremos un poco más adelante. Otras sólo pertenecen a cada una de ellas, son exclusivas del Senado o de la Cámara de Diputados.

Las atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados son las siguientes:

• Sólo la Cámara de Diputados posee la iniciativa para promover el tratamiento de proyectos de ley sobre contribuciones económicas que se impongan a la población (impuestos) y sobre el reclutamiento de tropas.
Esto es así, porque se entiende que esas leyes t pueden afectar el derecho de propiedad de los habitantes (en el caso de aprobarse nuevos impuestos) o su libertad personal (al regularse el servicio militar, por ejemplo) y se reserva la iniciativa en tales materias a los representantes directos del pueblo.

• Sólo la Cámara de Diputados tiene la facultad de iniciar juicio político al Presidente, al Vicepresidente de la Nación, al jefe del gabinete de ministros, a los ministros del Poder Ejecutivo y a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. El juicio político -que ampliaremos al final de esta Unidad- se inicia cuando la Cámara de Diputados acusa ante el Senado a quien haya desempeñado mal su cargo o cometido delitos. (El juicio político puede dar como resultado la destitución del acusado y su posterior encausamiento judicial.)

Organización del Poder Judicial Federal Eleccion Jueces

Organización del Poder Judicial Federal – La Elección Jueces y el Consejo de la Magistratura

El Poder Judicial: Este Poder  cumple un papel fundamental dentro de un Estado democrático. El Poder Judicial tiene a su cargo la función jurisdiccional, a través de la cual se convierte en el gran tutor de los derechos de los habitantes. Además, el Poder Judicial es el órgano de control por excelencia, control que ejercita sobre los otros dos poderes. El Poder Judicial debe ser independiente para poder cumplir sus funciones sin interferencias ajenas a él. La independencia del Poder Judicial constituye uno de los principales elementos del Estado de Derecho.

Un juez, para decidir un caso, no puede ser objeto de presiones provenientes de otros poderes o incluso de sectores o grupos de la sociedad. Para resistir esas presiones, la Constitución prevé distintos recursos.

Los principales procedimientos son el modo de designación y la duración de las funciones de los jueces. Los jueces son designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado. La participación de los otros dos poderes en el acto de nombramiento de los magistrados, ha sido prevista para evitar que un único poder de decisión pudiera completar la nómina de jueces a su antojo y conveniencia. De este modo, el Poder Ejecutivo presenta una lista, a medida que surgen las necesidades, y el Senado la acepta o la rechaza, actuando así como controlador de la iniciativa del Presidente.

Los jueces se mantienen en sus funciones mientras dure su buena conducta. A diferencia de lo que ocurre en los otros poderes, donde se ha establecido un plazo para la duración de los mandatos, los jueces no tienen un lapso de tiempo preestablecido, luego del cual deban dejar sus cargos.

Así, se ha querido evitar que exista una identificación entre la ideología de los jueces y la de los gobiernos de turno. También, para preservar la independencia del Poder Judicial, la Constitución le prohíbe expresamente al Presidente de la Nación el ejercicio de funciones judiciales.

Organización de nuestra justicia
Como nuestro país es federal, en él conviven un Poder Judicial Nacional y los poderes judiciales provinciales. El Poder Judicial Nacional es la justicia federal, mientras que por justicia provincial se hace referencia a los poderes judiciales de las veintidós provincias argentinas.

La Constitución Nacional determina las bases de la organización de la justicia federal, las constituciones provinciales se ocupan de la justicia en cada una de ellas, cuyas características varían de una a otra provincia. El Poder Judicial de la Nación está compuesto por la Corte Suprema de Justicia y los demás tribunales inferiores. La Corte Suprema es el órgano máximo del Poder Judicial y está compuesta por cinco miembros.

Los tribunales inferiores son:
• los tribunales de primera instancia, integrados cada uno por un juez,
• las Cámaras Federales de Apelación, son colegiadas y están formadas por varios jueces, cada una.

El papel de cada instancia judicial
Los jueces de primera instancia y las Cámaras de Apelación están agrupados por materia. Es así como existen jueces y cámaras en materia penal, civil, comercial, etc. Una persona que desee encontrar una solución a un conflicto derivado de la falta de pago de alquileres de su inquilino, concurrirá primero ante el juez de primera instancia en lo civil, pues se trata de una cuestión civil. Una vez que el juez haya dictado sentencia, tanto la persona que inició el juicio como su contrincante pueden apelarla. Si la sentencia es apelada, el asunto deberá ser nuevamente analizado por la Cámara de Apelaciones en lo Civil.

La cámara dictará una nueva sentencia. En esta nueva sentencia se podrá confirmar lo decidido por el primer juez o establecer algo diferente. Luego de esta segunda instancia, el asunto quedará dilucidado y las partes deberán atenerse a lo decidido por los jueces. La Constitución ha establecido una doble instancia judicial para garantizar una adecuada administración de la justicia. Los conflictos son estudiados y decididos dos veces, evitándose al máximo la posibilidad de que se cometan errores o arbitrariedades. La Corte Suprema de Justicia se ocupa de los asuntos en que intervienen las provincias o diplomáticos extranjeros.

Los poderes se relacionan y controlan entre sí
La separación de poderes no implica una desvinculación total entre ellos. Esta técnica de división del poder fue pensada para evitar que el poder careciera de control. Cada poder es controlado por los otros a través de facultades contenidas en la Constitución. De este modo, los órganos se relacionan e interactúan.

El Poder Judicial invade la esfera de los otros dos poderes, a través del llamado control de constitucionalidad que ejerce sobre las leyes del Poder Legislativo y decretos del Poder Ejecutivo. Este control tiene por objeto impedir la aplicación de leyes o decretos contrarios a la Constitución. De ocurrir esta situación durante la tramitación de un juicio, la parte que se considere afectada podrá solicitar que no se le aplique la norma, por ser inconstitucional; si la Corte Suprema así lo entiende dicha norma no se aplicará.

A su vez, el Poder Legislativo controla al Poder Judicial, cuando decide sobre la creación de nuevos tribunales inferiores o cuando sanciona la ley de presupuesto, en cuyo interior se prevé la suma que le corresponde al Poder Judicial para sus gastos, o cuando a través del juicio político decide remover a algún magistrado.

El Poder Ejecutivo también controla al Poder Judicial, cuando propone al Senado los nombres de los futuros jueces, y a su vez, el Senado realiza una fiscalización sobre el Poder Ejecutivo, cuando presta o no su acuerdo a lo propuesto por el Poder Ejecutivo.

También el Poder Legislativo incursiona en el Poder Ejecutivo en otras cuestiones, como por ejemplo: la sanción de la ley de presupuesto nacional, la aprobación o no de los tratados con los países extranjeros que han sido firmados por el Presidente, la autorización al Poder Ejecutivo para declarar la guerra, etcétera.

El Poder Ejecutivo controla al Poder Legislativo con el veto o rechazo de las leyes que ya han sido sancionadas por el Congreso antes de su promulgación, o cuando decide convocar a sesiones extraordinarias a las cámaras o prorrogar las sesiones ordinarias.

ORGANIZACIÓN DEL PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN
Existe en nuestro país una Justicia nacional o federal y una Justicia provincial o local. Un caso particular de la Justicia Nacional es el de los llamados Tribunales Nacionales de la Capital, que cumple, dentro de la jurisdicción de la Capital Federal, un papel equivalente al de los poderes judiciales provinciales en cada una de las provincias.

Derecho federal: Son las normas que regulan la organización, funcionamiento y atribuciones de los Poderes del gobierno nacional, así como las que se refieren al contenido del artículo 75 inciso 18 de la C. N. Es aplicado por los tribunales federales en todo el territorio nacional.

Derecho común: Son, esencialmente, las normas contenidas en los Códigos Civil, Penal, Comercial y de Minería (o «códigos de fondo», por oposición a los «códigos de forma» o de procedimiento), aplicados por los jueces federales o provinciales según los casos.

Derecho local: Son las normas dictadas por los poderes locales y tienen vigencia en su ámbito (provincias y Capital Federal). En el caso de la Capital, la legislatura local es el Congreso de la Nación.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación
La Constitución crea una Corte Suprema de Justicia. Al decir que es «suprema» se expresa que es el más alto tribunal de justicia de la Nación; sus decisiones son inapelables.

La Corte Suprema es, además, el intérprete máximo de la Constitución Nacional. Es quien interpreta, en caso de duda, y con carácter definitivo, el significado de las normas constitucionales. Por eso, se la ha definido como «guardián de la Constitución» y se ha dicho que «la Constitución es lo que la Corte dice que es».

Cuando la Corte Suprema efectúa una interpretación de una norma constitucional, esa interpretación es obligatoria para los tribunales inferiores.

La Corte puede declarar la inconstitucionalidad de cualquier norma (una ley, un decreto, etc.), pero debe hacerlo solamente ante la aplicación de esa norma en un caso concreto y a pedido de la parte afectada (por ejemplo: ante el pedido de un individuo en un juicio, que se* vea afectado por la aplicación de una ley). La declaración de inconstitucionalidad no deroga la norma cuestionada: si la Corte estuviera facultada para derogar una norma dictada por el Congreso o por el Presidente se violaría la división de poderes.

Existen diversos caminos judiciales por los que una causa puede llegar a la Corte Suprema: recursos de apelación impugnando sentencias de tribunales inferiores, recursos de revisión, de aclaratoria, de queja, etc.

La Constitución no determina el número de integrantes de la Corte, ni su organización y funcionamiento. Tampoco establece la forma en que debe ser elegido el magistrado que la presida. Todos esta aspectos han sido reglamentados por la Ley 23.774, que fijó en nueve el número de jueces que la integran.

Estos magistrados se denominan Ministros de la Corte y son designados por el Presidente de la Nación con acuerdo del senado y son ellos, según la ley, quienes deben designar a su presidente.

REQUISITOS PARA INTEGRAR LA CORTE SUPREMA: LOS establecidos por la Constitución Nacional son los siguientes:

• Ser abogado de la Nación con g anu3.de ejercicio profesional.
• Reunir las calidades necesarias para ser senador nacional (30 años cumplidos de edad, 6 años de ciudadanía si se es argentino por opción, etc.). Los ministros de la Corte prestan juramento «de desempeñar sus obligaciones, administrando justicia bien y legalmente, y en conformidad a lo que prescribe la Constitución». Ese juramento se presta ante el presidente de la Corte.

La designación de los jueces y el Consejo de la Magistratura
Jueces y camaristas son designados por el Presidente de la Nación con acuerdo del Senado y -a partir de la vigencia de lo dispuesto en la reforma constitucional de 1994 con la previa participación del Consejo de la Magistratura: el Poder Ejecutivo solamente puede designar para ocupar cada cargo a uno de los tres integrantes de una terna seleccionada por aquel organismo.

Además de la selección de los postulantes a los cargos de jueces integrantes de los tribunales nacionales, corresponde al Consejo de la Magistratura, la administración del Poder Judicial.

De acuerdo con lo establecido en la C.N.este Consejo se integrará equilibradamente con: representantes de los «órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal»; también se incluirán en él a «personas del ámbito académico y científico». El detalle preciso de su integración debe determinarse por ley del Congreso.

Esta institución no existía hasta la reforma constitucional de 1994.

ATRIBUCIONES DEL PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN FEDERAL
Atribuciones judiciales
La competencia de la justicia federal se encuentra establecida básicamente en el artículo 116 de la Constitución. De acuerdo con su texto:

La Corte Suprema de Justicia tiene una competencia originaria y exclusiva en los asuntos que involucren -a diplomáticos extranjeros o en los que una provincia fuese parte litigante. En estos casos el juicio debe iniciarse directamente ante la Corte (por eso se habla de competencia originaria ) y no existe apelación de su decisión (por eso es exclusiva).

Además de los casos de competencia originaria, la Corte Suprema posee también competencia por impugnación de las sentencias de tribunales inferiores.

Atribuciones colegislativas
• La Corte Suprema y las Cámaras de Apelaciones dictan acordadas, que son resoluciones referidas al funcionamiento interno de los tribunales.
• Las Cámaras de Apelaciones dictan también fallos plenarios, que son sentencias cuya doctrina es de aplicación obligatoria para los tribunales inferiores.
• La Corte también posee atribuciones para dictar su propio reglamento interno.
En todos estos casos podemos señalar la existencia de facultades colegislativas del Poder Judicial.

El Poder Ejecutivo Atribuciones Jefe de Gabinete Funciones Ministros

Atribuciones  del Poder Ejecutivo

Lista de Atribuciones:

1. Atribuciones de organización institucional y político-administrativas

2. Atribuciones económico-financieras:

3. Atribuciones Militares

4. Atribuciones relativas al manejo de la relaciones exteriores:

5. Funciones colegislativas:

6. Funciones judiciales:

El Poder Ejecutivo

En nuestro país, el Poder Ejecutivo es unipersonal. Seguramente, después de leer esta afirmación, nos preguntaremos sobre el papel que cumplen el Vicepresidente de la Nación y los ministros.El Vicepresidente es elegido por la ciudadanía juntamente con el Presidente; ambos componen la fórmula presidencial.

Sin embargo, ya en funciones, el Vicepresidente se desempeñará como Presidente del Senado, donde sólo vota en caso de empate. Cuando el Presidente no puede ejercer la presidencia en forma definitiva o temporaria, es reemplazado por el Vicepresidente. En el primer caso, termina el mandato presidencial. En el segundo caso, ejerce la presidencia durante la ausencia del Presidente; esta hipótesis es la más común, ya que ella se produce toda vez que el Presidente debe viajar al exterior.

Casa Rosada en Buenos Aires

Casa Rosada en Buenos Aires

 Carácter del Poder Ejecutivo

La Constitución Nacional establece que el Poder Ejecutivo es desempeñado por «un ciudadano con el título de presidente de la Nación Argentina»
El Poder Ejecutivo nacional es de carácter presidencialista: se trata de un Poder con fuerte concentración de autoridad -tomado en parte del modelo norteamericano- y gran cantidad de atribuciones.

La tradición histórica de nuestro país asigna un destacado peso político a la figura presidencial. Ese peso político ha dependido, además de las disposiciones constitucionales, de las características de quienes ejercieron la primera magistratura. Por otra parte, en el orden establecido por nuestra «ley fundamental», el Poder Ejecutivo está sujeto al control de los otros dos poderes del Estado, como ya hemos señalado.

EL VICEPRESIDENTE DE LA NACIÓN. Es a quien le corresponde reemplazar al Presidente en el ejercicio del Poder Ejecutivo, en caso de enfermedad, ausencia de la capital (producida, por ejemplo, por haber viajado al exterior), renuncia, destitución o muerte.

Además de esta función de reemplazo eventual, el Vicepresidente cumple la de presidir la Cámara de Senadores, en la que sólo tiene voto en caso de empate.

Los ministros son colaboradores del Presidente. Él los designa y los reemplaza cuando lo estima conveniente. El Presidente es el único responsable político de la gestión ejecutiva del gobierno. Los ministros son, en realidad, sus secretarios y tienen a su cargo las distintas ramas o campos de actividad administrativa.

El Presidente y el Vicepresidente son elegidos de manera indirecta. Los ciudadanos votan a los miembros de un Colegio Electoral, que tiene por función designar al Presidente y Vicepresidente de la Nación. La Constitución determina los requisitos y la duración de sus mandatos, que a partir de la reforma de 1994, la duración del mandato es de 4 años y pueden ser reelegidos solo para otro mandato.

El Presidente tiene la jefatura política del país. Él representa a la Nación en el exterior y en el interior del país. Por sus manos pasan las grandes iniciativas políticas. Esto sucede cuando anuncia las relaciones que tendremos con los demás países, o presenta el proyecto de presupuesto ante el Congreso, o establece los planes en materia de educación, o decide el tratamiento que debe dársele a una huelga, o determina las relaciones con los partidos opositores, etcétera.

La lista es larguísima, sólo quisimos ilustrar sobre la amplia gama de actos que puede realizar el Presidente de la Nación. Por supuesto que muchos de dichos actos, el Presidente los realiza con la aprobación y el control de los otros poderes, pero el solo hecho de tener la iniciativa ya le permite concretar su papel de conductor político.

El Presidente es el jefe de la administración pública; el Poder Ejecutivo asegura la función administrativa del Estado. Además, es el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas.

Requisitos para ser elegido Presidente o Vicepresidente de la Nación: La Constitución exige una serie de requisitos o condiciones mínimas- para poder ser electo Presidente o Vicepresidente:

• Haber nacido en territorio argentino o ser hijo de ciudadano nativo, habiendo nacido en país extranjero.
(Una razón de origen histórico explica la segunda parte de este requisito: en 1853 se contempló especialmente el caso de los muchos emigrados políticos que habían abandonado el país durante la época de Rosas.)
• Reunir las calidades exigidas para ser electo senador.

Cómo se eligen el Presidente y el Vicepresidente
El procedimiento constitucional para la elección de Presidente y Vicepresidente de la República consiste en una elección directa o de primer grado. Los ciudadanos votan directamente a los candidatos a Presidente y a Vicepresidente de la Nación.

La elección presidencial se realiza de la siguiente forma:

• Debe efectuarse dentro de los meses anteriores a la finalización del mandato del Presidente en ejercicio.
• Todo el territorio nacional se considera como un distrito electoral único, sumándose los votos para cada candidato sin discriminar de qué provincia provienen (sistema de distrito uninominal).
• Se aplica el sistema de doble vuelta o ballottage:

1) En una primera elección participan todas las fórmulas de candidatos que se presenten. (Las fórmulas se integran con su candidatos a Presidente y otro a Vice.) Si una de ellas obtienen una cantidad de votos superior al 45% de los votos afirmativos válidamente emitidos, los integrantes de esa fórmula serán proclamados como Presidente y Vice. (La expresión «votos afirmativos válidamente emitidos» significa que para calcular ese porcentaje sobre el total de sufragios no se cuentan los votos anulados ni los votos en blanco). Lo mismo ocurrirá si logra entre el 40% y el 45% pero, además, obtiene una ventaja mayor de 10 puntos porcentuales sobre la fórmula que sigue en número de sufragios.

En otros países donde se aplica el sistema de ballottage es necesario obtener la mitad más uno del total de votos válidos para triunfar.

2) De no obtener ninguna de las fórmulas de candidatos las mayorías indicadas en 1), debe realizarse una segunda elección dentro de los treinta días de celebrarse la primera.

En ella participarán solamente las dos fórmulas presidenciales más votadas. Para esta segunda elección no es posible recomponer las fórmulas de candidatos (o sea, por ejemplo, reemplazar a uno de ellos para concretar una alianza interpartidaria).

Este sistema de elección directa del Poder Ejecutivo se introdujo en nuestro país con la reforma constitucional de 1994. Hasta entonces se había aplicado un régimen de elección indirecta: los ciudadanos votaban por electores y éstos, reunidos en colegio electoral, elegían al primer mandatario y a su vice. En caso de empate en el colegio electoral, la elección pasaba al Congreso Nacional.

Esta última posibilidad nunca se concretó. En cambio sí se produjeron casos en los que una fórmula presidencial necesitara el apoyo de los electores de otros partidos para triunfar, por no tener mayoría propia (así sucedió con la elección del presidente Illia en 1963). Además, era teóricamente posible que los electores de presidente y vice decidieran elegir a personas cuyas candidatura no tuviera mayoría en el respaldo popular o que ni siquiera hubieran sido candidatos hasta ese momento (cosa que no ocurrió nunca en la realidad).

Todas estas circunstancias aconsejaban reemplazar el sistema dando un papel más decisivo a la ciudadanía. Las últimas elecciones presidenciales por el sistema indirecto fueron las que llevaron a la Casa Rosada a los doctores Alfonsín (en 1983) y Menem (en 1989); ambos candidatos tuvieron mayoría propia en el colegio electoral.

ATRIBUCIONES DEL PODER EJECUTIVO

Se llaman atribuciones del Poder Ejecutivo a las facultades que otorga al mismo la Constitución Nacional. Estas facultades están enumeradas, principalmente, en el artículo 99 de nuestra «ley fundamental».

El Presidente de la Nación, a cargo del Poder Ejecutivo del gobierno federal, ejerce lo que se ha llamado tres jefaturas:

Es el Jefe Supremo de la Nación, es el jefe del Gobierno y es el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación. Es, además, el responsable político de la administración general del país.
Como Jefe del Gobierno, el Presidente es el máximo representante del Estado argentino ante la comunidad internacional.

La expresión «Jefe Supremo» utilizada en la Constitución Nacional ha sido cuestionada por diversos tratadistas como no adecuada: puede dar la idea de alguien dotado de un poder de mando ilimitado. Esa interpretación es contraria al espíritu y disposiciones de la Constitución, que responde a la concepción republicana, caracterizada por el control recíproco entre los poderes constituidos.

Clasificación de las atribuciones del Poder Ejecutivo
1. Atribuciones de organización institucional y político-administrativas.
2. Atribuciones económico-financieras.
3. Atribuciones militares.
4. Atribuciones relativas al manejo de las relaciones exteriores.
5. Funciones colegislativas.
6. Funciones judiciales.

Principales atribuciones y funciones del Presidente de la Nación

1. Atribuciones de organización institucional y político-administrativas: Es el responsable político de la administración general del país, administración que es ejercida por el Jefe del Gabinete de Ministros. Designa -con el acuerdo del Senado- a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a los jueces federales; designa o remueve a los altos funcionarios diplomáticos (con acuerdo del Senado); nombra y remueve al Jefe del Gabinete, a los demás ministros, oficiales de su secretaría, etc.; inaugura anualmente las sesiones del Congreso, en cuya oportunidad da cuenta al Poder Legislativo del estado de la Nación y recomienda la consideración de las medidas que juzga oportunas y convenientes; declara el estado de sitio en caso de ataque exterior o de conmoción interna (en el caso en que el Congreso no esté sesionando); decreta la intervención federal a una provincia o a la Ciudad de Buenos Aires en el caso en que el Congreso esté en receso (y debe convocarlo entonces para tratar la cuestión); etc.

2. Atribuciones económico-financieras: Supervisa la tarea del Jefe del Gabinete respecto de la recaudación de las rentas nacionales y de su inversión de acuerdo con la ley de presupuesto.

3. Atribuciones militares: Corno Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, dispone de dichas fuerzas y ordena su distribución, entrada en operaciones, etc.

4. Atribuciones relativas al manejo de la relaciones exteriores: Es el Jefe del Gobierno, es decir, el máximo representante de la República ante la comunidad internacional. Concluye y firma tratados internacionales; recibe a representantes de otras potencias extranjeras y admite a sus cónsules; declara la guerra y ordena represalias con autorización del Congreso.

(132)La firma de un tratado internacional no significa su inmediata entrada en vigencia; sólo fija su texto. .Es necesario que el Congreso lo apruebe para que sea válido como ley de la Nación. Cabe aclarar que un tratado internacional entra en vigencia con el intercambio de ratificaciones o su depósito ante el organismo internacional correspondiente.

5. Funciones colegislativas: Participa de la formación de las leyes, las promulga; dicta los decretos reglamentarios para la aplicación de las mismas; ejerce el derecho de veto, con el que puede oponerse total o parcialmente a la sanción de una ley; convoca a sesiones ordinarias y extraordinarias del Congreso y puede prorrogarlas, etc. La reforma de 1994 ha establecido enfáticamente que el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta, emitir disposiciones de carácter legislativo. Sin embargo, admite que en ciertas circunstancias excepcionales el P.E. dicte decretos «de necesidad y urgencia», que constituyen disposiciones legislativas sancionadas sin la intervención del Congreso. Se limita esta atribución excepcional excluyendo de ella lo referido a materia penal, tributaria, electoral y al régimen de los partidos políticos. Además, estos decretos «de necesidad y urgencia» deberán ser sometidos en un plazo perentorio a la consideración del Poder Legislativo

6. Funciones judiciales: El Presidente está facultado para conceder indultos y para conmutar penas.  El indulto consiste en el perdón de un cielito cometido; por él se suprimen las consecuencias penales de una condena judicial. Conmutar una pena consiste en sustituirla por otra menor. Estas facultades del Presidente han sido incorporadas con un fin humanitario y sólo deben ser aplicadas en casos excepcionales.

El Jefe de Gabinete y demás ministros del Poder Ejecutivo
La Constitución Nacional establece que «El jefe de gabinete de ministros y los demás ministros secretarios […] tendrán a su cargo el despacho de los negocios de la Nación y refrendarán y legalizarán los actos del presidente por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de eficacia».

Los ministros dirigen sus respectivas áreas de gobierno y colaboran con el Presidente al que asesoran, actuando individual o conjuntamente en el gabinete nacional.

El número de ministros ha variado a lo largo de nuestra historia política. El texto de la Constitución vigente establece que la cantidad de ministros y las funciones de cada uno de ellos «será establecida por una ley especial».

La organización vigente al editarse este libro incluye los siguientes ministros:
• Del Interior.
• De Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
• De Defensa.
• De Economía y Obras y Servicios Públicos.
• De Justicia.
• De Cultura y Educación.
• De Trabajo y Seguridad Social.
• De Salud y Acción Social.

El jefe de gabinete
Como los demás ministros es nombrado -y puede ser removido de su cargo- por el Presiden-te. Pero también tiene responsabilidad política ante el Congreso nacional y puede también ser removido de su cargo por el voto de la mayoría absoluta de los miembros de cada una de las Cámaras.

Los ministros son responsables ante el Presidente, que los designa y que puede destituirlos, y ante el Congreso, que puede someterlos a juicio político.

Luego que el Poder Legislativo inaugura sus sesiones, el jefe de gabinete y los ministros deben presentar una memoria (un informe detallado) de la situación de la Nación en sus respectivas áreas de competencia. También están obligados a concurrir al Congreso cuando cualquiera de sus cámaras se lo solicite, para dar explicaciones e informar sobre los temas de su propio ministerio (en estos casos se dice que los ministros son interpelados).

Los tratadistas han discutido si debe considerarse a los ministros como integrantes del Poder Ejecutivo (en cuyo caso éste no podría definirse como unipersonal) o como funcionarios que colaboran con ese poder del Estado sin formar parte de él. La mayoría se inclina por la segunda interpretación.

La Organizacion Nacional de la Argentina Gobiernos de ideas liberales

La Organización Nacional de la Argentina

La batalla de Pavón señala el fin de la Confederación Argentina y pone en manos de los hombres del partido liberal porteño los resortes de la conducción nacional. Mitre será el primer presidente que gobierne sobre todo el territorio de la nación.

El grupo dirigente buscará concretar en la república un ideal civilizador, procurará terminar con la oposición de la montonera reducir al indio y desarrollar la economía. El ferrocarril, el telégrafo, la difusión de la enseñanza, la inmigración y un poder ejercido con criterio centralista fueron las herramientas fundamentales de  quehacer que transformó al país.

Ejercito Nacional de Buenos Aires

Ejercito Nacional de Buenos Aires

LA ORGANIZACIÓN NACIONAL : La derrota del interior en la batalla de Pavón posibilitó la organización nacional sobre la base del predominio de Buenos Aires. Este proceso se concretó en el periodo 1862-1880 con las presidencias de Mitre, Sarmiento y Avellaneda.

Consecuentes con su formación política romántica. los hombres que realizaron esta empresa tuvieron como meta eliminar la barbarie y civilizar el país, poniéndolo al nivel de las naciones avanzadas del momento. Por eso, uno de sus principales objetivos fue la educación popular, que tuvo en Sarmiento su mayor propulsor.

Otro problema a resolver era el del poblamiento El primer censo, realizado en 1869. reveló la existencia de sólo 1.700.000 habitantes. Era necesario atraer al inmigrante y, para ello, ofrecerle seguridades. Esto implicaba eliminar el problema del indio. Los diversos intentos realizados durante las presidencias de Mitre y Sarmiento culminaron en la campaña llevada a cabo por Roca bajo el gobierno de Avellaneda.

Incorporadas nuevas tierras para la producción. se las acercó al puerto exportador a través del ferrocarril, financiado por medio de inversiones de capitales nacionales y extranjeros. Se fomentó el desarrollo de la agricultura, sobre todo en la zona del litoral, donde se establecieron colonias de inmigrantes (especialmente en Santa Fe).

Su influencia en el desarrollo económico se advirtió con la primera exportación de cereales, que se logró bajo el gobierno de Avellaneda. El gaucho, elemento surgido dentro de una economía casi exclusivamente ganadera. se sintió desplazado por el agricultor extranjero.

Este panorama económico se completó con la aparición de nuevas instituciones de crédito y nuevos bancos: Banco Hipotecario, Banco de la Provincia de Buenos Aires (1871), Banco Nacional (1872), etc.

Para adaptarse a este nuevo orden de cosas el país se modernizó institucionalmente con la organización de la justicia. la sanción de tos distintos códigos (de Comercio, Civil) y la organización de los regímenes inmigratorio, contable. rentístico y monetario.

CAMBIOS EN LA MENTALIDAD DE LA ÉLITE GOBERNANTE

Todos estos cambios modificaron la mentalidad de la burguesía dirigente. que fundamentaba su prestigio en su origen criollo, su caudal intelectual y los triunfos militares de sus antepasados; que desarrollaba su vida sobre la base de las tradiciones de austeridad y simplicidad criolla. Pero éstas comienzan a ser dejadas de lado al preferirse las formas de vida europea.

El dinero empieza a cobrar valor como tal; el lujo se incorpora a la vida diaria. Buenos Aires se moderniza: circulan las primeras líneas de tranvías; Sarmiento construye el parque Tres de Febrero en los terrenos de la antigua residencia de Rosas. La aristocracia porteña, para ponerse a tono con la nueva época, con frecuencia enviaba a sus hijos a estudiar a Europa. Todos estos factores incidieron para que. sobre todo en Buenos Aires, las formas de vida cambiaran fundamentalmente en la década del 80.

LA CONSOLIDACIÓN DEL PODER PRESIDENCIAL

Políticamente fue necesario asegurar la unidad nacional sobre la base de la integración del interior con Buenos Aires. Los resabios de la montonera (Peñaloza, Varela, López Jordán) fueron vencidos; sus métodos ya eran ineficaces en el nuevo orden.

Se afirmó la autoridad del gobierno nacional por sobre las pretensiones provinciales de autonomía, acentuándose el predominio de Buenos Aires. Se recurrió para ello a la conciliación política, pero el interior se unió para resistirlo y triunfó en la revolución de 1880: la ciudad de Buenos Aires quedó como capital de la República a pesar de la resistencia porteña. Pero el interior, aún controlando momentáneamente la política del país, no pudo impedir volcarse hacia el liberalismo y que persistiera la supremacía de Buenos Aires.

Fuente Consultada: Historia Argentina y El Mundo Contemporáneo Editorial AIQUE –
La Nación Argentina Historia 3 Editorial Kapelusz y Enciclopedia del Estudiante Historia Argentina

Funciones del Poder Judicial Argentina Division de Poderes

Funciones del Poder Judicial
División de Poderes

Así como el Poder Legislativo nacional reside en un Congreso y el Ejecutivo en un Presidente, el judicial, dice la Constitución, “será ejercido por una Corte Suprema de justicia y por los demás tribunales inferiores que el Congreso estableciere en el territorio de la Nación.

Este alto tribunal ha sido creado como un árbitro supremo, independiente, para dirimir todos los conflictos.

La Constitución Nacional ha establecido dos órdenes de justicia:

a – La justicia Federal o Nacional, que tiene jurisdicción sobre el territorio de la República.

b – La justicia ordinaria de cada provincia a que alude el Art. 50.

El Poder judicial es un poder independiente y por lo mismo dicta sus

Propios reglamentos de funcionamiento y nombra a sus empleados. El Presidente no puede ejercer, por ninguna razón, ni arrogarse facultades
judiciales, aunque los miembros de la Corte son nombrados por el Presidente con acuerdo del Senado. Las atribuciones del Poder judicial están legisladas en el artículo 97 al 100 de la Constitución.

La suma de facultades y atribuciones que la Constitución concede al Poder judicial se resume en la palabra jurisdicción. Esta significa la potestad de que se halla investido por la Constitución y por las leyes del Congreso para administrar justicia.

Corte Suprema de la Nación Argentina

Corte Suprema de la Nación Argentina

La Corte Suprema de Justicia de la Nación
La Constitución crea una Corte Suprema de Justicia. Al decir que es «suprema» se expresa que es el más alto tribunal de justicia de la Nación; sus decisiones son inapelables.

La Corte Suprema es, además, el intérprete máximo de la Constitución Nacional. Es quien interpreta, en caso de duda, y con carácter definitivo, el significado de las normas constitucionales. Por eso, se la ha definido como «guardián de la Constitución» y se ha dicho que «la Constitución es lo que la Corte dice que es».

Cuando la Corte Suprema efectúa una interpretación de una norma constitucional, esa interpretación es obligatoria para los tribunales inferiores.

La Corte puede declarar la inconstitucionalidad de cualquier norma (una ley, un decreto, etc.), pero debe hacerlo solamente ante la aplicación de esa norma en un caso concreto y a pedido de la parte afectada (por ejemplo: ante el pedido de un individuo en un juicio, que se* vea afectado por la aplicación de una ley). La declaración de inconstitucionalidad no deroga la norma cuestionada: si la Corte estuviera facultada para derogar una norma dictada por el Congreso o por el Presidente se violaría la división de poderes.

Existen diversos caminos judiciales por los que una causa puede llegar a la Corte Suprema: recursos de apelación impugnando sentencias de tribunales inferiores, recursos de revisión, de aclaratoria, de queja, etc.

La Constitución no determina el número de integrantes de la Corte, ni su organización y funcionamiento. Tampoco establece la forma en que debe ser elegido el magistrado que la presida. Todos esta aspectos han sido reglamentados por la Ley 23.774, que fijó en nueve el número de jueces que la integran.

Estos magistrados se denominan Ministros de la Corte y son designados por el Presidente de la Nación con acuerdo del senado y son ellos, según la ley, quienes deben designar a su presidente.

REQUISITOS PARA INTEGRAR LA CORTE SUPREMA: LOS establecidos por la Constitución Nacional son los siguientes:

• Ser abogado de la Nación con g anu3.de ejercicio profesional.
• Reunir las calidades necesarias para ser senador nacional (30 años cumplidos de edad, 6 años de ciudadanía si se es argentino por opción, etc.). Los ministros de la Corte prestan juramento «de desempeñar sus obligaciones, administrando justicia bien y legalmente, y en conformidad a lo que prescribe la Constitución». Ese juramento se presta ante el presidente de la Corte.

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Fuente Consultada: Educación Cívica 2 – Zuretti-Auza

Funciones del Poder Ejecutivo y Judicial Separacion de los Poderes

Funciones del Poder Ejecutivo y Judicial Separación de los Poderes

La misión fundamental del Ejecutivo es ejecutar la ley que sanciona el Poder Legislativo. Pero la ejecución de las leyes implica un vasto ejercicio de atribuciones de gestión de los asuntos públicos. Ello le concede un poder de intervención continua en la administración nacional.

Casa Rosada en Buenos Aires – Poder Ejecutivo Nacional

El ejercicio de las facultades del Poder Ejecutivo está a cargo del Presidente de la República y es, por lo mismo, unipersonal.

Pero además de las amplias facultades implícitas en el poder administrador, el Poder Ejecutivo, según ya vimos, posee la facultad de elaborar proyectos para la consideración del Congreso.

De modo que el Presidente, que ejerce el Poder Ejecutivo posee, en síntesis, estas atribuciones:

a – Facultades ejecutivas que ejerce por sí solo.

b – Facultades ejecutivas que ejerce con acuerdo del Senado como designar embajadores, nombrar jueces, etc.

c – Facultades legislativas derivadas de su facultad como colegiador.

Pero el ejercicio de esas atribuciones no agota la gestión del Ejecutivo, pues se agrega el ejercicio de atribuciones especiales. Se denomina atribuciones al conjunto de facultades, poderes y derechos inherentes a su función. Las atribuciones pueden ser:

a – Atribuciones administrativas
— Es el jefe supremo de la Nación y tiene a su cargo la administración general del país (Art. 67).

La administración general comprende todos los servicios administrativos que tiene el Gobierno Federal.

— En su carácter de jefe de la administración nacional por sí nombra y remueve a los ministros, a los agentes consulares y a los demás empleados de la administración; hace recaudar las rentas y decreta su inversión de acuerdo con la ley.

— Por ser jefe administrativo del gobierno expide instrucciones y reglamentos que son necesarios para la ejecución de las leyes.

b – Atribuciones políticas o gubernativas
— Participa en la formación de las leyes con arreglo a lo que expresa la Constitución.
— Hace anualmente la apertura del Congreso dando cuenta del estado de la Nación y recomendando a su consideración las medidas que estima convenientes.
— Es comandante en jefe de todas las fuerzas armadas de la Nación. Por lo mismo provee los empleos militares con acuerdo del Senado.
— Es el jefe inmediato de la Capital Federal.
— Nombra a los magistrados de la Corte Suprema y a los demás tribunales federales.
— Puede indultar o conmutar las penas por delitos sujetos a su jurisdicción federal.

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Fuente Consultada: Educación Cívica 2 – Zuretti-Auza

Funciones del Poder Legislativo Ejecutivo y Judicial Forma de Gobierno

Funciones del Poder Legislativo Ejecutivo y Judicial  Forma de Gobierno

En la doctrina republicana la función legislativa, como función de gobierno, es atribuida al Poder Legislativo. De modo que la función específica de este poder es hacer la ley, dictar la ley. Es por lo mismo un acto de la mayor importancia para el gobierno de un pueblo, porque el mismo se rige de acuerdo con las leyes.

Hacer la ley es, en suma, un acto de prudencia política, pues se debe hacer la ley justa, adecuada, oportuna, general para todos y que posea perdurabilidad.  La facultad de dictar leyes implica la de modificar o anular las ya dictadas.

unciones del Poder Legislativo Ejecutivo y Judicial

El poder legislativo nacional posee el carácter de ser bicamarista, porque se compone de dos cámaras. Es sabido que una de ellas es la de Diputados, formada por los diputados elegidos por el pueblo de todas las provincias. La otra es la de Senadores, formada por senadores elegidos por las provincias. Los primeros surgen de elecciones directas, en tanto que los segundos son resultado de una elección de segundo grado, pues son elegidos por las legislaturas de cada provincia.

La existencia de dos cámaras es otra expresión de la división de poderes, ya que la existencia de una y otra es una garantía para todos, permite un examen más cuidadoso de los proyectos e impide el abuso de una mayoría ubicada en una cámara. El sistema bicameral es el que establece nuestra Constitución en su artículo 36.

La sanción de las leyes se halla establecida en la Constitución. Conforme a ella, según su artículo 68, las leyes pueden tener principio en cualquiera de las dos Cámaras del Congreso, por proyectos presentados por sus miembros o por el Poder Ejecutivo. Esta facultad co-legislativa del Ejecutivo es otra manifestación de la separación de poderes y a la vez de la íntima relación entre ellos; pero es también comprensible desde el momento en que el Ejecutivo tiene a su cargo la administración general del país, y por ello tiene conocimiento de las necesidades de éste.

El Ejecutivo, a su vez, participa en la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las sanciona y las promulga. El Ejecutivo, además, concurre a las sesiones del Congreso a través de sus ministros y participa de los debates, pero no vota.
La tramitación normal de un proyecto de ley se halla establecida en el artículo 69 de la Constitución, que establece que, aprobado un proyecto de ley por la Cámara de su origen; pasa para su discusión a la otra Cámara. Aprobado por ambas, pasa al Poder Ejecutivo de la Nación para su examen. Si aquí obtiene aprobación, lo promulga como ley.

Promulgar una ley es el acto por el cual el Poder Ejecutivo ordena el cumplimiento de ley que le fue sometido para su aprobación, y dispone su publicación e inserción en el Registro Nacional. Al hacer ese acto se le otorga a la ley un número y aparece publicada en el Boletín Oficial.

La publicación de la ley tiene por objeto darla a conocer a los ciudadanos, a fin de que sea cumplida. En tanto la ley no es promulgada y publicada no tiene vigencia y carece de fuerza obligatoria Pero una vez publicada ningún habitante puede excusarse de conocerla, y está obligado a cumplirla. Finalmente, la publicación responde al principio de la publicidad de los actos de gobierno y es una manera que el pueblo tiene para ejercer el control de los actos del gobierno.

Si el Poder Ejecutivo deja pasar diez días sin pronunciarse ni devolver la ley al Congreso, se considera aprobada tácitamente. Por el contrario, cuando desecha en todo o en parte una ley dictada por el Congreso, la debe devolver con sus objeciones a la Cámara de origen. Se plantea aquí una serie de posibilidades que no enumeraremos y que legisla el articulo 72 de la Constitución.


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Fuente Consultada: Educación Cívica 2 – Zuretti-Auza

Forma de Gobierno de Argentina Republicana Federal y Representativa

Forma de Gobierno de Argentina
Republicana , Federal y Representativa

Forma de gobierno:

El artículo primero de la Constitución establece: “La Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal, según lo establece la presente Constitución”. Veamos, en forma somera, estas nociones.

1- Es una república: La palabra república proviene del latín res (cosa), y pública (del pueblo). Esto quiere decir, etimológicamente, la «cosa pública”, loque es del pueblo, de todos. Para nosotros designa una forma de gobierno, opuesta a la monarquía, e implica división de poderes, publicidad de los actos de gobierno, periodicidad de los funcionarios que ejercen los cargos.

La república puede ser democrática o aristocrática. Se llama república aristocrática a aquella en que gobierna una casta, un grupo, una clase. Es el caso de Atenas, de Roma, de Florencia. Una república democrática es aquella en la que todo el poder o soberanía reside en el pueblo y éste lo delega en sus representantes.

2- En una república democrática el poder pasa de los ciudadanos a los representantes que ellos mismos eligen. Por ello se dice que es una democracia representativa, como es el caso de nuestra constitución. En ella el pueblo no delibera ni gobierna por sí mismo sino a través de sus representantes.

La representación en democracia reúne las siguientes condiciones

a- Todos los titulares del poder público actúan como representantes del pueblo y su actividad se halla abierta a la fiscalización popular o del ciudadano;
b-
Los representantes son designados mediante elección popular y se renuevan periódicamente.

3- Es federal, es decir, es una república democrática, representativa y federal. Esto quiere decir que, además de reunir as condiciones antes mencionadas, admite que las comunidades locales (provincias o estados) conserven una parte de los poderes que no delegan, o dispongan de sus propios órganos de gobierno. Tal es el caso, entre nosotros, de la existencia de gobiernos provinciales, que conservan todo el poder no delegado y actúan con autonomía.

La Constitución Nacional emplea la palabra “Autoridades de la Nación” para designar los dos órdenes de gobiernos que existen en ella, a saber, el gobierno de la Nación toda, y el de las provincias.

Por Gobierno Nacional se entiende al “Gobierno Federal” y a los “Gobiernos de Provincia”. Esto quiere decir que para la Constitución las autoridades que ejercen la soberanía de todo el pueblo están organizadas en gobiernos, y éstos, a su vez, en poderes, bajo la forma representativa y republicana.

Luego se llama Gobierno Federal al conjunto de poderes que ejercen la autoridad en el orden Nacional. Se habla de Gobierno Federal cuando se refiere a la Nación.

El fundamento de la división de poderes

El fundamento debe hallarse en la idea de que no es buena la concentración del poder en una sola persona o entidad. En cambio, estando el poder dividido en tres entidades, separadas pero íntirnamente vinculadas y enlazadas, se produce un sistema de equilibrio o contrapeso entre ellos.

Así el poder legislativo ejerce una especie de poder de fiscalización sobre los otros dos: sobre el ejecutivo cuando aprueba o rechaza sus proyectos de ley, y sobre el judicial, cuando dicta los códigos y presta acuerdo para designar a los jueces. A su vez el poder judicial puede declarar inconstitucional una ley del congreso.

Y el Poder Ejecutivo es el posee sus atribuciones enumeradas y todos  sus actos  se hallan sometidos a la aprobación y examen legislativo y hasta puede ser sometido el Presidente a juicio político del congreso. Pero a su vez el Ejecutivo posee facultades de excepción, para casos muy especiales, cuando peligra la paz pública, como dictar el estado de sitio o enviar intervención a las provincias cuando no está reunido el congreso.

Fuente: Educación Cívica 2 – Zuretti-Auza

Forma de Gobierno de Argentina Republicana Federal y Representativa

Forma de Gobierno de Argentina
Republicana Federal y Representativa

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Forma de gobierno:

El artículo primero de la Constitución establece: “La Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal, según lo establece la presente Constitución”. Veamos, en forma somera, estas nociones.

1- Es una república: La palabra república proviene del latín res (cosa), y pública (del pueblo). Esto quiere decir, etimológicamente, la «cosa pública”, loque es del pueblo, de todos. Para nosotros designa una forma de gobierno, opuesta a la monarquía, e implica división de poderes, publicidad de los actos de gobierno, periodicidad de los funcionarios que ejercen los cargos.

La república puede ser democrática o aristocrática. Se llama república aristocrática a aquella en que gobierna una casta, un grupo, una clase. Es el caso de Atenas, de Roma, de Florencia. Una república democrática es aquella en la que todo el poder o soberanía reside en el pueblo y éste lo delega en sus representantes.

2- En una república democrática el poder pasa de los ciudadanos a los representantes que ellos mismos eligen. Por ello se dice que es una democracia representativa, como es el caso de nuestra constitución. En ella el pueblo no delibera ni gobierna por sí mismo sino a través de sus representantes.

La representación en democracia reúne las siguientes condiciones

a- Todos los titulares del poder público actúan como representantes del pueblo y su actividad se halla abierta a la fiscalización popular o del ciudadano;

b- Los representantes son designados mediante elección popular y se renuevan periódicamente.

3- Es federal, es decir, es una república democrática, representativa y federal. Esto quiere decir que, además de reunir as condiciones antes mencionadas, admite que las comunidades locales (provincias o estados) conserven una parte de los poderes que no delegan, o dispongan de sus propios órganos de gobierno. Tal es el caso, entre nosotros, de la existencia de gobiernos provinciales, que conservan todo el poder no delegado y actúan con autonomía.

La Constitución Nacional emplea la palabra “Autoridades de la Nación” para designar los dos órdenes de gobiernos que existen en ella, a saber, el gobierno de la Nación toda, y el de las provincias.

Por Gobierno Nacional se entiende al “Gobierno Federal” y a los “Gobiernos de Provincia”. Esto quiere decir que para la Constitución las autoridades que ejercen la soberanía de todo el pueblo están organizadas en gobiernos, y éstos, a su vez, en poderes, bajo la forma representativa y republicana.

Luego se llama Gobierno Federal al conjunto de poderes que ejercen la autoridad en el orden Nacional. Se habla de Gobierno Federal cuando se refiere a la Nación.

La división de los poderes gubernativos significa que la delegación de soberanía que los ciudadanos ejercen se traslada a órganos o titulares distintos entre sí e independientes unos de otros. Este principio fue expuesto por Montesquieu en su célebre obra El espíritu de las leyes, dedicada a la constitución de Inglaterra. Luego pasó a las formas democráticas constitucionales de todos los países del mundo.

La división o separación de poderes aplicada a una constitución es la que crea tres poderes, a saber, el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Hablar de una tal división significa que el poder delegado
por los ciudadanos no se halla concentrado en una sola persona o en una sola entidad que tiene a su cargo dictar la ley, hacerla cumplir e interpretarla.

La separación de los poderes responde a una experiencia universal y demuestra que es la forma más adecuada para defender el derecho de las  tentativas de la tiranía, la dictadura, el autoritarismo.

Nuestra Constitución adopta el principio de la separación de los poderes según lo hemos ya visto. El Poder Legislativo es el que tiene facultad de dictar la ley, suspenderla, modificarla, anularla, según lo que establece la Constitución misma. El Poder Ejecutivo es el que posee la facultad de ejecutarla y reglamentaria. El Poder Judicial es aquel que esta facultado para actuar como intérprete y además, entre nosotros, goza del derecho de declarar la inconstitucionalidad de las leyes.

Decir que se trata de poderes separados es una manera de expresar que cada uno goza de su propia esfera de acción o competencia; pero se combinan y se complementan mutuamente entre si, se coordinan y en lazan.

Las facultades de que goza cada uno están señaladas por la Constitución; pero, repetimos, la carta no fija entre ellos separación absoluta, de modo que hay y debe haber estrecha colaboración. Por ello nadie puede otorgar a un poder más facultades que las que ya posee.

La armonía de los poderes Legislativo, Ejecutivo y judicial se ejerce de tal manera que cada uno es supremo en su jurisdicción; pero, al mismo tiempo, cada uno es un auxiliar y ejecutor de los otros dos. Así el Presidente cumple y manda cumplir las leyes que dicta el Congreso y las sentencias de los tribunales; el Judicial aplica las leyes del Congreso y los reglamentos del poder Ejecutivo; el Legislativo, a su vez, respeta los actos del Ejecutivo realizados en cumplimiento de sus facultades.

El fundamento de la división de poderes

El fundamento debe hallarse en la idea de que no es buena la concentración del poder en una sola persona o entidad. En cambio, estando el poder dividido en tres entidades, separadas pero íntimamente vinculadas y enlazadas, se produce un sistema de equilibrio o contrapeso entre ellos.

Así el poder legislativo ejerce una especie de poder de fiscalización sobre los otros dos: sobre el ejecutivo cuando aprueba o rechaza sus proyectos de ley, y sobre el judicial, cuando dicta los códigos y presta acuerdo para designar a los jueces. A su vez el poder judicial puede declarar inconstitucional una ley del congreso.

Y el Poder Ejecutivo es el posee sus atribuciones enumeradas y todos  sus actos  se hallan sometidos a la aprobación y examen legislativo y hasta puede ser sometido el Presidente a juicio político del congreso. Pero a su vez el Ejecutivo posee facultades de excepción, para casos muy especiales, cuando peligra la paz pública, como dictar el estado de sitio o enviar intervención a las provincias cuando no está reunido el congreso.

Frase para la reflexión

Fuente Consultada: Educación Cívica 2 – Zuretti-Auza

Forma de Gobierno Federal: Republicana y Federal

Forma de Gobierno Federal:Republicana, Democrática y Federal

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El artículo primero de la Constitución establece: “La Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal, según lo establece la presente Constitución”. Veamos, en forma somera, estas nociones.

1- Es una república: La palabra república proviene del latín res (cosa), y pública (del pueblo). Esto quiere decir, etimológicamente, la «cosa pública”, loque es del pueblo, de todos. Para nosotros designa una forma de gobierno, opuesta a la monarquía, e implica división de poderes, publicidad de los actos de gobierno, periodicidad de los funcionarios que ejercen los cargos.

La república puede ser democrática o aristocrática. Se llama república aristocrática a aquella en que gobierna una casta, un grupo, una clase. Es el caso de Atenas, de Roma, de Florencia. Una república democrática es aquella en la que todo el poder o soberanía reside en el pueblo y éste lo delega en sus representantes.

2- En una república democrática el poder pasa de los ciudadanos a los representantes que ellos mismos eligen. Por ello se dice que es una democracia representativa, como es el caso de nuestra constitución. En ella el pueblo no delibera ni gobierna por sí mismo sino a través de sus representantes.

La representación en democracia reúne las siguientes condiciones

a- Todos los titulares del poder público actúan como representantes del pueblo y su actividad se halla abierta a la fiscalización popular o del ciudadano;
b-
Los representantes son designados mediante elección popular y se renuevan periódicamente.

3- Es federal, es decir, es una república democrática, representativa y federal. Esto quiere decir que, además de reunir as condiciones antes mencionadas, admite que las comunidades locales (provincias o estados) conserven una parte de los poderes que no delegan, o dispongan de sus propios órganos de gobierno. Tal es el caso, entre nosotros, de la existencia de gobiernos provinciales, que conservan todo el poder no delegado y actúan con autonomía.

La Constitución Nacional emplea la palabra “Autoridades de la Nación” para designar los dos órdenes de gobiernos que existen en ella, a saber, el gobierno de la Nación toda, y el de las provincias.

Por Gobierno Nacional se entiende al “Gobierno Federal” y a los “Gobiernos de Provincia”. Esto quiere decir que para la Constitución las autoridades que ejercen la soberanía de todo el pueblo están organizadas en gobiernos, y éstos, a su vez, en poderes, bajo la forma representativa y republicana.

Luego se llama Gobierno Federal al conjunto de poderes que ejercen la autoridad en el orden Nacional. Se habla de Gobierno Federal cuando se refiere a la Nación.

organizacion de la constitucion argentina

Fuente Consultada: Educación Cívica 2 – Zuretti-Auza