presidencialismo y parlamentarismo

El Recurso de Habeas Corpus en Gobiernos de Facto de Argentina

El Recurso de Habeas Corpus en el Gobierno de Facto de Argentina

El gobierno de hecho o de facto al contrario que el gobierno de derecho, proviene de un origen no corriente y por lo tanto no estipulado por las normas legales del estado, expresadas por la Constitución o por las leyes especiales al respecto. En Argentina existe una gran experiencia en este tipo de gobiernos. Casi 24 años de gobierno de facto y seis golpes de estado militares en lo que va del siglo, más una cantidad imprecisable de asonadas militares y golpes palaciegos que no prosperaron, marcan una realidad que, aparte de la preocupación por la situación política del país, determinó una gran experiencia jurídico-política y filosófico-política, con respecto a las características de los gobiernos de facto.

El recurso de Hábeas corpus, es un procedimiento destinado a la protección del derecho a la libertad personal, por el que se trata de impedir que la autoridad o alguno de sus agentes pueda prolongar de forma arbitraria la detención o la prisión de un ciudadano. A través del hábeas corpus, una persona privada de libertad puede obtener su inmediata puesta a disposición de la autoridad judicial competente, que resolverá acerca de la legalidad o no de la detención.El hábeas corpus tiene origen anglosajón y se caracteriza por ser un procedimiento sumario y rápido que debe finalizar en un periodo breve de tiempo. Es también un proceso sencillo y carente de formalismos que no precisa la presencia de abogado ni de procurador.

justicia

La característica de los regímenes totalitarios es la concentración de todos los poderes en manos del dictador. Los órganos legislativos y judiciales no son sino un instrumento para la realización de los objetivos propuestos por el gobierno. Consecuentemente no se da en ellos separación de poderes, aunque con frecuencia se mantiene una ficción jurídica. En la práctica legisladores y jueces se someten a la voluntad del dictador.

Los jueces que se resisten a los propósitos de la dictadura, con uno u otro pretexto son removidos de sus cargos y substituidos por otros adictos a la dictadura o que sean dóciles instrumentos. La administración de justicia deja de ser ecuánime e imparcial. A través de ella se favorece a los amigos del régimen y se perjudica a sus adversarios.

La justicia no cumple su función esencial de ser la protectora de los derechos de todos.

Los detenidos a disposición del Poder Ejecutivo

El Acta Institucional que entró en vigor en el país a partir del pronunciamiento militar del 1976 suspendió el derecho de opción para abandonar el territorio nacional que la Constitución confiere en su artículo 23 a los detenidos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional cuando rige el Estado de Sitio.

Esta decisión fue complementada por una resolución interna del propio Ministerio de Justicia y que indicaba a los agentes fiscales que en todo recurso de hábeas corpus interpuesto a favor de detenidos del PEN debía denegarse la libertad y, en caso de que esta fuera concedida por el juez, dicho fallo debía ser apelado.

Estos nuevos lineamientos impuestos por procedimientos que muy poco tienen que ver con las decisiones populares, devienen, en la práctica, en una verdadera prolongación de las detenciones y se convierten, por ese motivo, en una forma de pena impuesta directamente por el Poder Ejecutivo, que se aparta de esa manera de sus funciones específicas e invade prerrogativas típicas del Poder Judicial.

Si aquél niega a los detenidos bajo su férula la posibilidad constitucional de abandonar el país —porque estos son peligrosos en la Argentina y en cualquier parte del mundo, expresan las resoluciones denegatorias— debe entonces acusarlos de delitos concretos: de esa forma entrarán de lleno en la órbita de la justicia, enfrentarán imputaciones reales y gozarán también de la posibilidad de defenderse.

De lo contrario, queda solamente el camino de consagrar la aberración jurídica por la cual un individuo es privado de su libertad por mucho tiempo —seis, siete y a veces más años— sin que pese acusación cierta sobre su persona, sin que se instruya juicio alguno en su contra y sin la más mínima posibilidad de presentar sus descargos.

Todo esto sin contar el tremendo desgaste moral que implica la incertidumbre en medio de la cual viven quienes deben atravesar esos andariveles.

El Poder Judicial
En base a la teoría de la separación de poderes, piedra angular de toda organización democrática, el Poder Judicial goza, de acuerdo a lo establecido por la Constitución Nacional, de absoluta independencia frente a los otros dos poderes del Estado, el Legislativo y el Ejecutivo o al menos debería gozar de esa autonomía y ocupar un sitial en pie de igualdad con aquéllos. Por algo ha sido bautizado o definido como el guardián de la Constitución, lo que equivale a decir que es el soporte de todo el orden jurídico de la Nación.

Pero cuando la práctica democrática es arrasada, esa independencia se convierte en mito, los jueces son nombrados por el poder de facto y pasan de esa manera a depender, aunque más no sea indirectamente —en el mejor de los casos— del Poder Ejecutivo que, por acción de su simple voluntad los ha investido.

Si el Poder Judicial reivindica la supremacía de la Constitución Nacional como Ley Suprema de la República, frente a la cual poco significan actas o decretos, está cumpliendo con su deber. Si recuerda a los gobiernos mesiánicos que las declaraciones, derechos y garantías contenidos en la primera parte de la Carta Fundamental no son simple letra muerta o material para ser usado en los discursos, también lo hace.

Recordando y haciendo recordar que no existen más en el país los presupuestos exigidos para la vigencia «in aeternum» del Estado de Sitio —vigencia que, por otro lado, para nada afecta a la aplicación del recurso de hábeas corpus, al contrario— aportará no poco esfuerzo para la reimplantación de la vida democrática.

Ejerciendo la facultad irrestricta, que le ha sido conferida consti-tucionalmente, de juzgar acerca de la razonabilidad y de la legitimidad de los actos del Poder Ejecutivo, y preservando de esa forma los derechos inherentes a la persona y los del pueblo en general contra los avances del poder y la entronización del despotismo, preservará su independencia.

Pero, si avala las graves irregularidades jurídicas de los procesos militares en los cuales se da una situación de virtual indefensión de los acusados, si emite fallos judiciales en medio de cuadros persecutorios que inciden en la apreciación de los hechos y en la magnitud de las penas aplicadas, si convalida las decisiones políticas del gobierno nacional y del poder militar, si acepta que las llamadas actas institucionales tengan preeminencia sobre la Constitución Nacional, si considera que el Estado de Sitio es una «cuestión política» no suscepción, si admite las escasas explicaciones que en cada caso concreto de hábeas corpus ofrece el Poder Ejecutivo —que muchas veces se escuda en la más que peligrosa teoría de la «seguridad nacional» para retacear información acerca de los detenidos a la mismísima Corte Suprema de Justicia— entonces no puede para nada hablarse de independencia ni puede confiarse en que ese resguardo de la libertad individual que es el hábeas corpus cumpla su cometido. Porque un Poder Judicial que actúa de esa forma se convierte, para muchos, en cómplice de los que practican el desborde de poder como forma de gobierno.

Los que tuvieron suerte
A partir de 1980, se intentó otra variante en lo que a interposición del recurso de hábeas corpus se refiere: el hábeas corpus colectivo. En efecto, el 23 de setiembre de ese año una serie de abogados patrocinantes presentaron un pedido que abarcaba a 329 personas. El mismo fue tramitado ante el Juzgado Federal N° 3, entonces a cargo del doctor Pedro C. Narvaiz. De todas formas con ese nuevo sistema no se obtuvo demasiados resultados, ya que el recurso de esa manera puesto en práctica fue rechazado y el juez mencionado apercibió a los profesionales que lo respaldaban por provocar lo que calificó de «strepitus foris«. Algo así como un escándalo en el foro.

Recordemos: El Habeas corpus

— Es un recurso judicial sumario para proteger la libertad física de las personas y tornar imposible la arbitrariedad.
— Pueden interponerlo los familiares, amigos, o el apoderado del detenido.
— El juez ante quien se interpone no examina si la persona es culpable o no, sino si ha sido legal o ¡legalmente detenida. Si su detención es ilegal ordena su liberación inmediata.
— El recurso de habeas corpus tiene antecedentes históricos muy antiguos.
— El recurso de amparo complementa el de habeas corpus.

Fuente Consultada:
Formación Política Para La Democracia – Tomo II – El Recurso de Habeas Corpus  – Editorial Biblioteca Redacción

 

Requisitos Para Ser Senador Nacional Elección y Renovación

Requisitos Para Ser Senador Nacional
Elección y Renovación

EL Poder Legislativo en la República Argentina es bicameral. Quiere decir que está constituido por dos cuerpos: la Cámara de Diputados y el Senado de la Nación. Ambos forman el Congreso. El sistema argentino ha sido tomado de los Estados Unidos quienes, a su vez, lo trasladaron de Inglaterra.

El sistema legislativo bicameral responde a la organización federativa y tiende a armonizar la autonomía de las provincias con la soberanía de la Nación. Los diputados representan a la Nación en tanto que los senadores representan a las provincias que los eligen.

No es fácil entender el fundamento del sistema legislativo bicameral argentino si no se tienen en cuenta los antecedentes históricos, entre los que se destacan las largas luchas por constituir la Unión Nacional.

El Senado se forma con tres senadores por cada provincia, elegidos por sus legislaturas, y dos por la Capital Federal, elegidos en la forma indicada para la elección del presidente de la Nación.

Para ser senador se requiere:

30 años de edad.
6 años de ciudadanía si se es nacionalizado.
Renta anual de 2.000 pesos fuertes o entrada equivalente.
Ser natural de la provincia que lo elija o con dos años de residencia inmediata.

Los senadores duran 6 años en el ejercicio de su mandato y son reelegibles en forma indefinida. La cámara de Senadores se renueva por tercios cada dos años. Los senadores son electos directamente por el pueblo. Los mandatos de los senadores son por seis años y pueden ser reelegidos en sus funciones indefinidamente. Se eligen tres senadores por provincia, correspondiendo dos bancas el partido que obtenga mayor cantidad de votos y una tercera al que quedó en segundo lugar.

El Senado está presidido por el vicepresidente de la Nación, pero no tiene voto sino en el caso en que se produzca un empate en la votación.

Atribuciones del Senado: Entre las atribuciones que corresponden al Senado están las de nombrar un presidente provisorio que lo presida en caso de ausencia del vicepresidente o cuando éste ejerce las funciones de presidente de la Nación; juzgar en juicio público a los acusados por la Cámara de Diputados; autorizar al presidente de la Nación para que declare en estado de sitio uno o varios puntos de la República en caso de ataque exterior.

En caso de producirse alguna vacante, el gobierno provincial a la que corresponda o el gobierno nacional, en el caso de la Capital Federal, deben convocar inmediatamente a la elección de un nuevo miembro. (ver Atribuciones del Senado)

La Asamblea Legislativa: Ambas Cámaras del Congreso se reúnen normalmente por separado pero en algunos casos lo hacen, juntamente, con el nombre de Asamblea Legislativa, la que es convocada por el Presidente del Senado que, a su vez, la preside.

La Asamblea Legislativa se reúne en cinco casos: para escuchar la lectura del mensaje presidencial, lo que hace anualmente; para admitir o rechazar los motivos de dimisión del presidente o vicepresidente; para declarar el caso de proceder a una nueva elección; para hacer el escrutinio y la rectificación de la elección; para recibir el juramento del presidente y del vicepresidente de la Nación.

Los Senadores electos deben jurar en la sesión preparatoria, o en la primera sesión que asistan, ante la Constitución Nacional Argentina, a viva voz, siendo interrogados en los términos siguientes:

¿Juráis á la Patria, por Dios y estos Santos Evangelios, desempeñar debidamente el cargo de Senador que ella os ha confiado para el Congreso Federal de la Confederación Argentina, y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional?

Que es un Político? Funcion de los Dirigentes Políticos

¿QUE ES UN POLÍTICO?

Como sabemos, el autoritarismo aspira a la desaparición de los partidos políticos y a que la gente sea «elegida para gobernar el país sólo en función de sus antecedentes». En las democracias surgen quienes se proponen para gobernar en función de sus ideas, de los principios que sostienen. Ellos son los políticos.

Los países necesitan mecanismos de mediación que resulten más o menos pronosticables, y mediadores que sean, en consecuencia, previsibles. Ello va desarrollando a un sector de la sociedad que discute por los demás aquellos temas que son de todos.

La representatividad de quienes pertenecen a esa franja mediadora es siempre relativa, como toda representatividad social: ello quiere decir que vale en comparación. ¿Hasta qué punto el partido radical representa a quienes votan por los radicales?. Hasta el punto exacto en que quienes votan por los radicales no encuentran otra manera de ser representados.

La relatividad de la representación existió en los cabildos y en los sistemas corporativos; se expresó durante el feudalismo, durante la revolución industrial y bajo las dictaduras —cuando los intereses operan libremente y la opinión debe callar— o las democracias.

Lo cierto es que nunca todos quieren ni pueden hablar al mismo tiempo: unos lo hacen, otros los apoyan más o menos esporádicamente y en forma discontinua. El noble que reclamaba al soberano en nombre de los artesanos de su ciudad representaba a éstos sólo relativamente. Un sistema de ascensos por mérito también es relativo y se encuentra a menudo con la ley de Peter (cada uno tiende a ascender hasta el límite de la ineficacia) .

Los políticos se proponen como mediadores previsibles, imperfectamente representativos de parte de sus conciudadanos, ya que éstos no pueden exponer siempre coherentemente sus puntos de vista. La habilidad, el conocimiento de la gente, el esfuerzo, la aceptación por los demás, van marcando las posibilidades de que un político adquiera mayor influencia. Esa influencia puede estar al servicio de objetivos patrióticos o no.

Los políticos, como los no-políticos, pueden ser honestos o deshonestos: de hecho, se encuentran más políticos honestos, interesados en su país, que financistas honestos. Yrigoyen, de la Torre, Balbín, murieron en la pobreza.

La mayoría de los dirigentes de todos los partidos han demostrado rectitud, consecuencia, vinculación con los fines nadónales y hasta abnegación: esas condiciones no son comunes entre los antipolíticos, los agentes de los grupos de presión, los influyentes que siempre ofrecen sus servicios a los poderosos de turno, los hombres de contacto que ingresan a los directorios en función de sus conocimientos sobre la mecánica del poder y no en función de sus virtudes especificas.

Los dirigentes políticos se hacen tales en cuanto atinan a ir manejando la comunicación con sus votantes (dentro del partido, en el país) y con los otros dirigentes: en cuanto tienen capacidad para hacer alianzas, o para romperlas si es necesario. Para ello, una de las condiciones que posibilita el pasaje de militante a dirigente consiste en contar con posibilidades de aprendizaje de los recursos propios de la habilidad política. Ello ocurre en todo el cuerpo social de la Nación: los dirigentes se recluían siempre entre quienes tienen habilidad política.

Hasta en la carrera sacerdotal y en la carrera de las armas cuenta esa habilidad, lo que no debe extrañar a nadie: un ascenso se obtiene siempre en parte por los méritos específicos y en parte por la capacidad de anudar alianzas ocasionales o permanentes con quienes pueden decidir o influir en el otorgamiento del ascenso.

Lo mismo ocurre en organismos como las centrales empresarias, u obreras, o en los clubes, o en las cooperadoras de los colegios o aun en los consorcios de propietarios.

Según Seymóur Lipset, la profesión de abogado es la que prepara mejor —porque además proporciona conocimientos específicos para quienes tendrán un papel en la elaboración o en la impugnación de las leyes— para la carrera política. Pero también cuentan los antecedentes en lá dirigencia sindical o empresaria, y en la administración pública; cada vez más, especialidades que eran consideradas técnicas son requeridas en el mercado político (Ciencias Económicas, Ciencias ,Físico-Matemáticas y, por supuesto, diplomacia).

El conocimiento de idiomas, la capacidad de viajar, tienen en la Argentina mayor importancia que antes, debido a la creciente internacionalización de la política. Mientras las clases altas y medias pueden tener el acceso abierto a la carrera política, de hecho los trabajadores manuales difícilmente pueden ser dirigentes políticos sin ser antes dirigentes sindicales.

La medicina abre caminos a vínculos directos que también pueden ser implemen-tados políticamente: no puede sorprender ese mecanismo que es propio de la condición humana. Moisés Lebensohn acertó cuando estigmatizó a la política de servicio personal en cuanto ésta reemplazaba a la política de ideas, pero junto a la política de ideas siempre hay una política de servicio personal.

Los hombres no acuden a los locales políticos por razones abstractas ni filosóficas sino en una mínima proporción, como no concurren a la iglesia en virtud de que sus conocimientos teológicos los han llevado a la decisión de que deben ir a misa. Algunas motivaciones de los seres humanos son racionales, pero pedir una racionalización absoluta de la política, que no se presenta en ninguna otra área de la actividad social del hombre, es sólo un método para impugnar la acción de los partidos.

Tanto los políticos como los profesionales de la antipolítica son mediadores de la sociedad: no se puede definir a los primeros sin conocer también a los segundos. Los políticos suelen dejar su vida y su hacienda en la misión que se han propuesto; los otros, peligrosos demagogos del autoritarismo, se sirven de la Nación sin servirla, sin ofrecerle nada, sin entregarle ni siquiera sus emociones.

Formación Política Para La Democracia Tomo III – ¿Que es un político? – Editorial Sanchez Teruelo S.A.

Los Gobiernos Constitucionales en Argentina La Nueva Ley Electoral

LOS GOBIERNOS CONTITUCIONALES DE ARGENTINA

ANTECEDENTES HISTÓRICO: Efectuadas las elecciones presidenciales de 1910, triunfó sin mayor oposición el doctor Roque Sáenz Peña, acompañado en la fórmula por el doctor Victorino de la Plaza. Asumieron sus respectivos cargos el 12 de octubre de 1910.

El nuevo presidente era un verdadero estadista, un gran diplomático y un destacado jurisconsulto, quien se propuso eliminar el personalismo político y reformar el sistema imperante a fin de garantizar la libre expresión del pueblo en las luchas cívicas.

Antes de ocupar el poder, Sáenz Peña había celebrado dos entrevistas con Hipólito Yrigoyen —jefe del partido opositor—, en cuyo transcurso el último exigió plenas garantías de libertad de sufragio para que el radicalismo abandonara su actitud de abstención política.

Sáenz Peña prometió entregar al país una ley electoral.

NACE LA NUEVA LEY ELECTORAL

El presidente de la Nación y su ministro del Interior, Dr. Indalecio Gómez, trabajaron en favor de una verdadera restauración democrática y enviaron a las Cámaras un proyecto de reforma electoral que originó largos debates debido a la resistencia de grupos políticos.

Por último, la ley fue aprobada por el Congreso en febrero de 1912.

La denominada Ley Nacional de Elecciones (Ley Nº 8871), también conocida como «Ley Sáenz Peña«, tenía las siguientes características:

a) Padrón Electoral. Los organismos militares remitirían al Ministerio del Interior la lista de enrolados, con los cuales debía formarse el «padrón» o nómina de doscientos ciudadanos, sobre la base de la proximidad de su domicilio. Antes de cada elección, el padrón sería «depurado», es decir, eliminados los fallecidos, los acusados por delitos, etc.

b) Sufragio Universal, Individual y Obligatorio. Podrían emitir su voto todos los ciudadanos —nativos o naturalizados— desde los 18 años de edad. El voto era individual, no pudiendo efectuarse por grupos, por poder o por correspondencia.

El elector debía aclarar su identidad ante la mesa receptora, mediante la presentación indispensable de la libreta de enrolamiento, con fotografía, impresión digital y datos correspondientes.El sufragio era obligatorio hasta los 70 años de edad; esta disposición se refería a la concurrencia al comicio, pero no al voto en blanco.

c) Voto Secreto y Libre. El elector no podrá dar a conocer —en el acto del comicio— sus preferencias por determinado partido o candidato, ni exhibir distintivos políticos.El voto era libre, por cuanto el ciudadano lo depositaba dentro de la urna en el cuarto oscuro y la ley establecía varias disposiciones para librarlo de coacción física o moral.

d) El sistema de la Lista Incompleta. Con este procedimiento se permitía la representación de la mayoría y de una minoría opositora en relación con la primera.

Promulgada la Ley Electoral, fue puesta en vigor por vez primera en la provincia de Santa Fe, a fin de renovar gobernador y vice.

El partido radical abandonó su abstención revolucionaria y participó en esos comicios, en los que logró imponerse.

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LISTA DE PRESIDENTE ARGENTINOS ELEGIDOS POR LA LEY ELECTORAL

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1916-1922: Hipólito Irigoyen- Pelagio Luna

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 torcuato de alvear

1922-1928: Marcelo Torcuato de Alvear – Elpidio González

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hipolito irigoyen

1929-1930: Hipólito Irigoyen – Enrique Martínez

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agustin p. justo

20-2-1932-20-2-1938
Agustín P. Justo – Julio A. Roca (h) 20-2-1938https://historiaybiografias.com/linea_divisoria5.jpg

roberto ortiz
27-6-1942 Roberto M. Ortiz – Ramón S. Castillo https://historiaybiografias.com/linea_divisoria5.jpg

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4-6-1943 Ramón S. Castillo, por renuncia de Ortiz https://historiaybiografias.com/linea_divisoria5.jpg


4-6-1952 Juan D. Perón – Juan H. Quijano https://historiaybiografias.com/linea_divisoria5.jpg

juan peron
20-9-1955 Juan D. Perón – Alberto Teisaire https://historiaybiografias.com/linea_divisoria5.jpg

arturo frondizi
29-3-1962 Arturo Frondizi – Alejandro Gómez https://historiaybiografias.com/linea_divisoria5.jpg

arturo illia arturo
28-6-1966 ArturoU. Illia-Carlos H. Perette https://historiaybiografias.com/linea_divisoria5.jpg

hecto campora
13-7-1973/12-10-1973 Héctor J. Cámpora – Vicente Solano Limahttps://historiaybiografias.com/linea_divisoria5.jpg
juan peron
1-7 -1974 Juan D- Perón » María E- Martínez de Perónhttps://historiaybiografias.com/linea_divisoria5.jpg

 presidente de argentina isabel peron
24-3-1976 María E. Martínez de Perón, por muerte de Perónhttps://historiaybiografias.com/linea_divisoria5.jpg

raul alfonsin

1983 – 1989: Raúl Alfonsín – Víctor Martínezhttps://historiaybiografias.com/linea_divisoria5.jpg

 presidente de argentina carlos menem

1989-1995 Carlos Menem – Eduardo Duhaldehttps://historiaybiografias.com/linea_divisoria5.jpg

 presidente de argentina menem

1995-1999 Carlos Menem – Carlos Ruckaufhttps://historiaybiografias.com/linea_divisoria5.jpg

fernando de la rua

1999-2001 -Fernando De La Rua – Carlos Alvarez

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2001- Ramón Puerta

adolfo rodriguez saa presidente de argentina

2001 – Adolfo Rodríguez Saa

eduardo camaño

2001 – Eduardo Camaño

duhalde presidente de argentina

2001 – Eduardo Duhalde

nestor kirchner

2003 – 2007: Néstor Kirchnerhttps://historiaybiografias.com/linea_divisoria5.jpg

cristina fernandez de kirchner

2007 – 2011: Cristina Fernandez de Kirchnerhttps://historiaybiografias.com/linea_divisoria5.jpg

cristina fernandez de kirchner presidente de argentina

2011 – 2015: Cristina Fernandez de Kirchnerhttps://historiaybiografias.com/linea_divisoria5.jpg

mauricio macri

2015 – ? : Mauricio Macrihttps://historiaybiografias.com/linea_divisoria5.jpg

Parlamentarismo y Presidencialismo Diferencias Resumen

Parlamentarismo y Presidencialismo Diferencias entre los Sistemas Políticos

Mientras que un gobernante absoluto, o autócrata, puede hacer lo que quien sin responder ante nadie por las consecuencias, aquellos que son elegidos para gobernar un país siguen siendo responsables de cómo lo hacen; en el peor de los casos, tienen que responder ante su electorado sobre la pertinencia de sus actos.

Bien, pero ¿ante quién, en concreto, deben ser responsables los líderes políticos? . La respuesta a esa pregunta es importante para comprender las diferencias entre los tipos principales de sistemas políticos que encontramos hoy en día en el mundo. Los sistemas democráticos se dividen en parlamentaristas o presidencialistas. Los primeros nacieron en las monarquías, ganando para el Parlamento, paso a paso, mayores competencias, hasta llegar —como en Inglaterra— a que la reina puede reinar pero no gobernar.

Los presidencialismos, por su parte, nacieron con las repúblicas modernas,que no aceptaban las tradicionales monarquías, fue en Estados Unidos en 1776 , cuando se independizó de Inglaterra, formando una confederación apoyandosé en las ideas del liberalismo político, en donde afirma que la soberanía de un país recibe en su pueblo.

El sistema presidencialista

El sistema presidencialista ha sido denominado el sistema del nuevo mundo. Tal calificación no es arbitraria, pues fue creado por los constituyentes norteamericanos y adoptado luego por la mayoría de los países de Latinoamérica. Quienes debieron asumir la responsabilidad de elaborar la Constitución de Norteamérica, se enfrentaron con una disyuntiva.

Querían, por un lado, un Poder Ejecutivo que dependiera del freno de las mayorías. Por otro, era necesario que dicho poder fuera lo suficientemente fuerte como para obrar con plena libertad dentro de su específica esfera de gobierno.

La solución fue ecléctica. Concedieron, sí, amplios poderes al presidente. Tantos, que llamó la atención de los europeos, acostumbrados a la debilidad de los jefes de Estado. Pero le agregaron la estricta fiscalización de los otros dos poderes de gobierno. Y complementaron ambas decisiones con una tercera, que habla a las claras de una nítida visión política de futuro: fueron parcos en la delincación del órgano presidencial, para lograr que respondiera en todo tiempo a las cambiantes necesidades de la Nación.

El presidente debe dar solución directa e inmediata a múltiples problemas que surgen de la administración pública. Por ello, su acción reviste mayor urgencia e ineludibilidad que la de los otros poderes. Su misión es mucho más amplia que la de ser el mero ejecutor de las leyes, tal cual lo define la teoría clásica.

Debe administrar los asuntos públicos en general y, en ese sentido, representa la vida concreta del Estado. Es quien lo representa, no sólo en el plano interno sino también externamente. Esto no puede significar nunca, desde luego, que se halle ubicado en un plano superior al de los otros órganos de gobierno. Pero es innegable que ejerce una dirección y un control generales. Por algo es que, en el habla diaria, se confunden los conceptos de gobierno y Poder Ejecutivo.

Ell presidente ejecuta las políticas del Estado, que la Constitución y las leyes emanadas del Congreso delinean. Maneja los poderes que el pueblo de la República le ha cedido por medio de la Carta Fundamental.

Para muchos, éste parece ser el sistema más adecuado para el gobierno contemporáneo, que exige una condición ejecutiva rápida y vigorosa ante vastos, complejos y cambiantes problemas y situaciones. Claro que siempre controlado, ágil y eficazmente, por el órgano legislativo y por los tribunales judiciales, de forma tal que los derechos de los ciudadanos se encuentren adecuadamente garantizados.

El sistema parlamentario

El sistema parlamentario de gobierno establece un órgano ejecutivo dual. Formalmente mirado, puede hablarse de la existencia de dos ejecutivos. Por un lado, el jefe de Estado, que puede ser un presidente (en el caso de las repúblicas) o un rey (en el caso de las monarquías constitucionales). Por él otro, el Gabinete, que es encabezado por el primer ministro. Las responsabilidades de uno y otro ejecutivo son diferentes. Mientras que el Gabinete es responsable ante el Parlamento, el jefe de Estado es políticamente irresponsable.

Es indespensable que el Gabinete cuente con la confianza del Parlamento. Basta un voto de desconfianza emitido por esta institución, para que el Gabinete deba renunciar. Por su parteA y como contrapartida que restituye el equilibrio de poderes, Ejecutivo puede disolver al Parlamento y convocar a elecciones generales para integrarlo nuevamente. Hay, por lo tanto, una muy íntima relación entre Gabinete y Parlamento. Y no podría ser de otra forma, desde el momento en que los miembros de ese Gabinete se recluían entre los propios componentes del Poder Legislativo.

El sistema parlamentario en Inglaterra

parlamento en inglaterra

El sistema parlamentario es una forma de gobierno característica de Europa. Fue practicado originalmente en Inglaterra y desde allí se trasladó a otros países, que loadoptaron con diversas variantes.

Inglaterra es un ejemplo clásico de las llamadas monarquías parlamentarias y las instituciones británicas son el resultado de una larga evolución. Al principio, el Parlamento fue sólo una reunión de vasallos convocada por el rey, fundamentalmente para solicitarles apoyo de carácter económico. Pero sacando provecho político de esas «ayudas», la institución avanza.

Cuando la Corona quiere quebrar su poderío, el Parlamento no renuncia pacíficamente a esa incipiente influencia que posee: se enfrenta al soberano y sale fortalecido de esa lucha. En 1714, bajo la dinastía Hannover, es cuando el Consejo Privado del Rey se transforma en Gabinete y se reconoce responsable ante el Parlamento. Al lado de ellos, la figura del monarca pasa a segundo plano. (Ver: origen del parlamento británico)

De ahí en más, el gobierno inglés se basa en la estructura de Gabinete. Este pasa a ser la clave de su buen funcionamiento. El personaje fundamental de todo su andamiaje es el primer ministro, elegido por el rey entre los miembros del partido que cuente con mayoría parlamentaria, su líder generalmente. Ese «premier» es el encargado de proveer las demás plazas del Gabinete, mientras que el rey se limita a suscribir esas designaciones.

Siempre, salvo contadísimas excepciones, los miembros del Gabinete son extraídos del seno de la institución parlamentaria. Normalmente, pertenecen a un mismo partido y un mínimo número de plazas se reserva para representantes de la Cámara de los Lores.

Todos ellos son responsables ante el Parlamento y las decisiones de cada uno obligan a todos por igual: sólo en caso de medidas de carácter muy menor algún ministro puede responsabilizarse en forma individual. Su jefe indiscutido es el primer ministro, que la ley define como «el primero entre sus iguales». Lo secundan en su tarea varios funcionarios que desarrollan ta: reas técnicas y honorarios (sin carácter político) y, desde luego, el resto de los ministros.

Cabe establecer una diferenciación entre Ministerio y Gabinete, que para nada son la misma cosa. Un Ministerio está compuesto por el correspondiente ministro y quienes lo secundan en su área específica, vale decir los secretarios, subsecretarios y demás funcionarios.

El Gabinete, por su parte, está formado, exclusivamente, por los ministros. Reunido en su famosa sede de 10 Downing Street ejerce sus funciones típicas: la determinación final de la política que se someterá al Parlamento para su aprobación, el control del Ejecutivo de la Nación, la coordinación entre los diferentes departamentos estatales.

Pero quizá su papel fundamental sea otro, que aventaja en importancia a las prerrogativas recién enumeradas: conducir la actividad del Parlamento, siendo el promotor de la mayor parte de las iniciativas de ley.

El Gabinete dirige los gobiernos de Inglaterra. El Parlamento desarrolla una función de control. El Gabinete puede disolver la Cámara de los Comunes. Pero, a su vez, nace y muere en virtud de las decisiones parlamentarias. El equilibrio de poderes, agradecido.

Una diferencia obvia entre un régimen presidencial y uno parlamentario es la naturaleza del jefe de Estado. En un sistema parlamentario, éste suele ser una figura ceremonial (por ejemplo, el monarca en Gran Bretaña o España), mientras que el poder político real queda en manos del primer ministro o presidente del gobierno. Por su parte, en un sistema presidencialista los papeles de jefe de Estado y de jefe de gobierno se combinan en la persona del presidente. Además de estos dos tipos de régimen, existe una tercera organización combinada (híbrida) en la que un presidente, elegido por votación popular para un mandato determinado, ocupa su cargo en paralelo a un primer ministro que es seleccionado por la asamblea legislativa (parlamento) ante la que tiene que responder. El ejemplo más conocido de este sistema denominado «semipresidencial» es Francia. En él, tanto el presidente como el primer ministro desempeñan un papel activo en la administración del Estado, pero hay notables diferencias en la división real de poderes. La política interior, por ejemplo, puede ser la responsabilidad principal del primer ministro, mientras que el presidente se dedica sobre todo a los asuntos exteriores.

El sistema parlamentario en Italia y España

En 1947 se establece definitivamente en Italia el régimen parlamentario de gobierno. Se adopta el sistema de Gabinete, a semejanza del inglés, aunque presenta variantes con repecto a su modelo original.

Por tratarse de una república, un presidente reemplaza al rey. De todas formas, su papel secundario no difiere demasiado del representado por el monarca. Encarna, más que nada, la unidad y continuidad del Estado. Políticamente, es irresponsable; aunque puede, excepto durante los seis últimos meses de su mandato, disolver el Parlamento.

Más allá de esta prerrogativa, el órgano principal de la conducción política escapa de sus manos y está encarnado en el Presidente del Consejo y sus ministros. Ellos son responsables, en forma colectiva o individual (depende de la índole del asunto) ante el Parlamento. Pueden disolver sus Cámaras pero, a su vez, cualquiera de ellas puede censurar al Gabinete y esas censuras significan su caída segura.

Estos mutuos controles favorecen el principio de la división de poderes, es cierto. Pero, por otra parte, en sociedades de un marcado multipartidismo, como la italiana, en la cual los gobiernos deben necesariamente ser el resultado de acuerdos entre varios partidos, es notoria la poca estabilidad de los gabinetes, los cuales deben ser periódicamente reconstituidos, en medio de graves crisis políticas. No obstante, capeando todos esos temporales, y a pesar de ellos, la república sigue en pie.

En España, por su parte, la apertura política que continuó a la liquidación del régimen franquista, posibilitó la instauración de una monarquía constitucional. Los viejos estamentos corporativistas dejaron paso al nuevo parlamentarismo que, más allá de algunos intentos reaccionarios, se robustece día tras día.

El parlamento británico, la asamblea legislativa del Reino Unido, suele considerarse un sistema bicameral (con dos cámaras), pero en realidad tiene tres: el monarca y su consejo de asesores (el Privy Council); la Cámara Alta (la de los Lores Espirituales y Temporales, con obispos, arzobispos y nobles), y la Cámara Baja o de los Comunes. El rey o la reina, tanto ahora como en el pasado, es el jefe de Estado, pero en la actualidad su papel es puramente formal y ceremonial. A lo largo del siglo XX, una serie de reformas alteraron la composición de la Cámara de los Lores (no electos), a la que ahora pertenece sólo un número limitado de nobles hereditarios; la gran mayoría son nobles actuales, nombrados regularmente por la corona entre los «grandes y los buenos», siguiendo el consejo del gobierno del momento. Durante ese periodo de reforma también se han reducido considerablemente los poderes de los Lores, y a día de hoy, la Cámara Alta sólo puede retrasar la aprobación de la legislación. El verdadero poder se concentra en la Cámara de los Comunes, el organismo de miembros del parlamento que son elegidos cada cinco años (o menos) por votación popular.

Formación Política Para La Democracia Tomo I – Presidencialismo y Parlamentarismo – Editorial Redacción –