1930:Primer Golpe Militar

Historia Partido Union Centro Democrático de Alvaro Alsogaray

Historia Partido Unión Centro Democrático
El Liberalismo de Álvaro Alsogaray

En los siglos XVIII y XIX se produce en Inglaterra y se extiende luego a  toda Europa la llamada Revolución Industrial, que podría sintetizarse como la aplicación de la máquina a la producción. El orden anterior, tanto en lo económico como en lo social, queda destrozado y nace el capitalismo.

Liberalismo y neoliberalismo
Las teorías liberalistas fueron las que proporcionaron el basamento ideológico a ese nuevo sistema de producción. El famoso liberalismo manchesteriano —fue Manchester, justamente, uno de los principales centros industriales— puede resumirse, en cuanto contenido y funcionamiento, en la consigna de “laissez faire laissez passer“. De acuerdo a este criterio, se propicia el establecimiento de un Estado absolutamente prescindente, que “deje hacer” en el mercado y que para nada intervenga en él, ni siquiera para regularlo en los peores momentos de crisis.

De esta forma, por el libre juego de las propias leyes de ese mercado, se irá configurando una economía abierta en la cual únicamente la competencia privada será la llamada a actuar, quedando desterrada toda forma de proteccionismo y de planificación dirigida de la economía por parte del Estado.

Visto de esta manera, parecería que el pensamiento liberal se orientara únicamente en un sentido economicista, pero no es así. El liberalismo es una verdadera filosofía, que basa toda su razón de ser en una acérrima defensa de la libertad individual.

La prolongación de esa libertad al plano económico y la exaltación del más absoluto personalismo y la más marcada competencia, dieron como resultado los primeros tiempos del sistema de producción capitalista, en los cuales los mayores excesos se justificaban a partir de la libertad individual, las leyes de la oferta y la demanda, la eficiencia, el esfuerzo o la habilidad de quienes manejaban los medios de producción.

Esas formas prevalecieron, prácticamente, hasta el fin de la Primera Guerra Mundial. A partir de sus cenizas, nuevos criterios fueron afirmándose paulatinamente en todos los campos, entre ellos el de la economía. Los lincamientos colectivistas comenzaron con los primeros intentos de planificación centralizada y de economía cerrada. Cada vez fue tomando más cuerpo la idea de que se hacía indispensable una intervención estatal en el plano económico, que sirviera, por lo menos, para regular el mercado.

Los sistemas dirigistas la pusieron en práctica y si bien es cierto que, en esos casos, no se trató de un sistema tan planificado como el colectivismo, -se implementaron controles económicos directos y se creó también una economía cerrada. Hasta los sistemas paraliberales aceptaron esas regulaciones y controles estatales, aunque instituyeron economías abiertas.

Mientras surgen y se van elaborando estos nuevos criterios económicos, entre los dos conflictos bélicos mundiales se reelabo-ran también las ideas liberales y surge una suerte de neoliberalismo, que toma formas concretas sobre todo después de la Segunda Guerra, a través de los llamados “milagros económicos”, es decir la reconstrucción de-los desvastados países europeos y del Japón.

Sus bases intelectuales fueron establecidas por una serie de economistas y pensadores agrupados en el Anuario Ordo y en la Sociedad Mont Pélerin. El punto de partida de este reagrupamiento puede establecerse en 1947, fecha en la que se constituyó esta última. Mises, Hayek, Rueff, Erhard, Einaudi, Roepke y Eucken, entre otros, fueron sus principales teóricos. Es en esa línea de pensamiento que se enrola el economista argentino Alvaro C. Alsogaray.

El ingeniero Alsogaray
El ingeniero Alsogaray ha cumplido una dilatada campaña en el quehacer político. Ingeniero militar e ingeniero mecánico aeronáutico, profundizó además estudios vinculados a la economía y a las finanzas. Retirado de la Aeronáutica Militar en 1946 con el grado de capitán, puede decirse que ya en esa época empieza su actuación pública.

Ingeniero Alvaro Alsogaray

El ingeniero Alvaro Alsogaray es el inspirador del flamante partido Unión de Centro Democrático, que postula los principios de la libre empresa.Fue el primero y más importante publicista del ideario.económico liberal, que buscó impulsar desde sucesivas creaciones de partidos políticos como el Partido Cívico Independiente, creado en 1956, Nueva Fuerza, en 1972 y finalmente, en 1983, Unión Republicana, que luego se llamó Unión del Centro Democrático. Con este último alcanzó cierta televancia electoral básicamente en Capital Federal, distrito por el cual fue elegido diputado.

En la década del 40 organizó la sociedad mixta de aeronavegación Zonda, estatizada en 1949 por el gobierno de Perón. Ocupó entonces el cargo de presidente de FAMA (Flota Aérea Mercante Argentina). Renunció luego a la dirección de los citados organismos, y al producirse la revolución mili-
tar de 1955 que derrocó a Perón, fue nombrado subsecretario de Comercio y luego ministro de Industria.

En 1959, durante la presidencia de Frondizi, las presiones de los sectores militares lograron imponer al ingeniero Alsogaray como ministro de Economía y ministro de Trabajo. Fue en esa época en la cual se acuñó su famosa frase “hay que pasar el invierno” refiriéndose a la situación crítica por la que atravesaba económica y socialmente el país.

Cuando el presidente del Senado, José María Guido reemplazó a Frondizi, el ingeniero Alsogaray fue nombrado nuevamente ministro de Economía, y además presidente del Consejo Interministerial de Trabajo, Economía y Servicios. Años después, con la revolución militar de 1966, fue designado embajador especial, ocupó la representación argentina en Londres.

El Partido Unión de Centro Democrático
Si de algo se puede calificar —objetivamente— al ingeniero Alsogaray a lo largo de toda su carrera política, es de coherente. Sustentador constante de las ideas y principios fundamentales del sistema económico de la libre empresa, se conformó siempre a los lincamientos de la llamada Economía Social de Mercado. Todas las agrupaciones políticas que fundó o en las que estuvo vinculado, enarbolaron esa bandera económica, mica.

En 1956 Alsogaray organizó el llamado Partido Cívico  Independiente, de marcada tendencia neoliberal, reivindicador de la política económica que en Alemania había propiciado Ludwig Erhard. En 1959, dicho partido decidió disolverse, en momentos en que su líder accedía al gabinete ministerial del presidente Frondizi.

En 1972 esos intentos neoliberales vuelven a aflorar y se concretan en el partido Nueva Fuerza, que buscaba reconstituir en una amalgama a los dispersos sectores conservadores de signo ideológico liberal. Una vez proclamada su fórmula presidencial (Chamizo-Ondarts), Nueva Fuerza lanzó su gran campaña electoral, cuyas dimensiones contrastaron con los magros resultados comiciales obtenidos: 234.188.

A partir de la apertura política de 1982, otro reacomodamiento de las diferentes fuerzas empieza a verificarse. También el conservadorismo y los sectores neoliberales participan de esa reestructuración, que apunta a las elecciones de 1983.

Es en ese marco que se realiza el Encuentro Nacional Republicano, una convocatoria a la que asisten —entre otros— el llamado Partido Nacional de Centro, el Partido Demócrata, el Partido Conservador de Buenos Aires. La mesa directiva del encuentro estaba integrada también por el ingeniero Alsogaray y por el doctor Alberto Benegas Lynch.

Este encuentro reunía, en realidad, a todos los movimientos republicanos que deseaban una vuelta a la vigencia de la Constitución del 53, pero no llevó a la formación de un partido político, expectativa que algunos de los sectores participantes alentaba. No obstante, algunas de esas fuerzas conservadoras —el Movimiento Liberal Argentino, el Movimiento Nacionalista Liberal, el Partido Nuevo Orden Social— logran una base de coincidencias. Lo natural habría sido denominar a esa nueva agrupación como Partido Liberal o Partido Social Liberal, pero el desgaste y desprestigio que ese vocablo adquirió durante la gestión del ministro Martínez de Hoz, aconsejaba a prescindir de su uso.

A la misma conclusión se arribó cuando se consideraron los nombres del Partido Cívico Independiente y de Nueva Fuerza. El apelativo elegido sería finalmente, el de Unión Republicana.

Rechazado por las autoridades electorales —existía ya un Partido Republicano registrado— se lo reemplazará por el de Unión del Centro Democrático. Sus fundadores y actuales autoridades de la Mesa Ejecutiva Nacional son Alvaro C. Alsogaray, Alfredo D. Borre, Francisco Siracusano, José J. Manny, Tomás E. Villafañe Tapia, Jorge C. Podestá, Adelina L D’Alesio de Viola, Luis A. Ambrosetti, Fernando Meijide, Ricardo Novillo Astrada, Alberto Sersócimo, Augusto J. Golleti Wilkinson y Héctor Siracusano.

Dispuesto a la lucha electoral y a la proclamación de sus propias candidaturas, la Unión del Centro Democrático no elimina, sin embargo, la posibilidad de alianzas políticas. Sus miras están siempre puestas en las filas de la FUFEPO y en las del manriquismo, hacia donde apuntan quienes intentan lograr una sólida coalición centrista.

La ideología
El liberalismo moderno practica una defensa a ultranza de la llamada libertad individual. Trasladado al campo económico, ello se traduce en la defensa acérrima de la llamada libertad de mercado y, por otra parte, de la empresa privada.

El orden económico debe ser el que establece, espontáneamente, el mercado. Cuanto más libre de interferencias sea el funcionamiento de éste —dicen los liberales—, tanto más perfecto será dicho orden. Sostienen además el principio de subsidiariedad en todo aquello que pueda ser hecho por los individuos o las organizaciones intermedias, dentro de las leyes, el derecho y la moral.

Afirman que el Estado debe abstenerse de intervenir y sólo lo hará, subsidiariamente, cuando haya problemas cuya solución sea imprescindible y que escapen de las posibilidades individuales o de las citadas organizaciones intermedias. Sería este el caso de las llamadas “intervenciones conformes” —las únicas aceptadas por el nuevo liberalismo—, las cuales procuran preservar y asegurar el funcionamiento del mercado y que producen leyes tales como las que se oponen a los monopolios.

Todo otro tipo de intervencionismo estatal es calificado como de “no conforme” y lleva —según los ideólogos del neoliberalismo— a obstruir o bloquear la marcha del mercado, con controles de precios, restricciones a la competencia o leyes de alquileres, entre las medidas más conocidas.

Fuente Consultada:
Formación Política Para La Democracia Editorial Biblioteca de Redacción Tomo II

Concepto de Ley y Constitución Política de Una Nación Resumen Fácil

Concepto de Ley y Constitución Política de Una Nación – Resumen Fácil

¿Qué es la ley?
Ley es una   norma de conducta   impuesta   obligatoriamente por el legislador  para  hacer posible la vida de los hombres en sociedad. (1) Norma es la regla, o parte, a que debe ajustarse la conducta.

(1) “El teólogo Tomás de Aquino formuló una interesante noción de la ley, como regla humana, cuando expresó: Ley es la ordenación de la razón dirigida al bien común y promulgada por el que tiene a su cargo el cuidado de la comunidad”. — Arturo Orgaz, “Diccionario de Derecho y Ciencias Sociales”, Editorial Assandri.

leyes y constitucionLas normas jurídicas rigen la conducta para asegurar la delimitación y la coordinación de los intereses. La ley es una norma jurídica.

Es de mucha importancia distinguir entre legalidad y justicia. Legalidad o legal es aquello que está conforme con la ley. Justo es todo lo que es conforme a la justicia.

Teóricamente lo legal siempre debería ser también justo, pero en la práctica no es así. Hay a veces, leyes que no son justas; en esos casos, legal no es lo mismo que justo.

Una cosa conforme con una ley injusta es legal, pero no justa.

Condiciones de la Ley:     Para que una ley tenga fuerza de ley debe reunir las siguientes condiciones: ser justa, tender al bien común, haber sido promulgada.

•  La ley debe ser justa. Para que sea justa debe ser razonable: lo que manda debe estar conforme con la recta razón, es decir, conforme con la ley natural. Si la ley llegase a prohibir o a mandar algo en contradicción con el derecho natural y divino, no sería razonable; no sería justa, y en consecuencia, no tendría fuerza de ley.

•  Elaborada para el bien general. Toda ley debe buscar el bien general o, lo que es lo mismo, el bien común. La ley no se sanciona para los casos particulares o excepciones.

•  Promulgada. La promulgación significa la publicación oficial de la ley para que sea de todos conocida. Una vez que se ha publicado la ley y después de haber pasado cierto tiempo de esa publicación se supone que ya es conocida por todos. Nadie que viole una ley puede alegar ignorancia para excusarse de la pena.

Características de la ley:
Las características de la ley son:  obligatoriedad, estabilidad,  no retroactividad.

• Obligatoriedad. La ley establece obligaciones a todos los habitantes de la Nación, ya sea que tengan, en ella domicilio, o ya sea que estén sólo temporáneamente, a no ser que la misma ley exceptúe expresamente a alguna categoría de personas.

Habitante es todo aquel que se encuentra en territorio argentino. Comprende, por consiguiente, tanto a los argentinos como a los extranjeros.

La ley es además fuente de obligaciones. Dice, el artículo 19 de la Constitución Argentina:   “…Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohibe”.

El artículo 1° del Código Civil establece: “Las leyes son obligatorias para todos los que habiten el territorio de la República, sean ciudadanos o extranjeros domiciliados o transeúntes”.

El artículo 2° “Las leyes no son obligatorias sino después de su publicación, y desde el día que ellas determinen. Si no designan tiempo, la ley publicada en la Capital de la República o en la Capital de la Provincia es obligatoria desde el día siguiente de su publicación; en los departamentos de campaña, ocho días después de publicada en la ciudad capital del Estado o capital de la Provincia”.

•  Estabilidad. La ley conserva toda su fuerza de obligación, hasta tanto no sea derogada por otra ley. Por consiguiente, no pierde vigencia por el uso, tiempo costumbre contraria, cambio de legislador o de los subditos.

•  No retroactividad. La ley mira al futuro, no al pasado, a no ser que en ella se diga expresamente lo contrario.

Quiénes  pueden dictar leyes:   Solo pueden   dictar   leyes aquellos que poseen la autoridad    para hacerlo y en los límites de esas atribuciones.

Lo que exceda de esos límites es un abuso de autoridad.
En la Argentina la función legislativa le corresponde al Congreso. (2).

2) “La ley en sentido propio no puede darse a los animales, que obran por necesidad, pues realizan todos sus actos por instinto natural y no pueden adoptar por sí mismos otra manera de acción. En cambio, los seres que gozan de libertad tienen la facultad de obrar o no obrar, de actuar de esta manera o de aquella”.

RESPETO A LA LEY:

Ninguna sociedad subsiste sin normas que organicen y regulen la convivencia. Las leyes señalan y establecen estas normas.No hay orden social donde las leyes no se cumplen.

El objeto de las leyes es proteger la libertad, garantizar el orden y la justicia, promover el bien de la comunidad.

A la observancia y respeto a las leyes están obligados gobernantes y gobernados.

La democracia supone que todos los ciudadanos se sienten responsables de la vida y marcha de la comunidad, que cumplen sus obligaciones por convicción y convencimiento personal. Pero también requiere que el gobierno tenga el poder y los medios necesarios, y la entereza de ánimo, para exigir de todos su cumplimiento, aplicarlas con justicia y castigar a los que la violan.

Para que la democracia sea estable y fuerte no basta que los ciudadanos cumplan sus deberes. Es también necesario que estén dispuestos a hacer respetar sus derechos y a exigir de todos los conciudadanos, gobernantes y gobernados, que cumplan las obligaciones que señalan las leyes.
Ya hemos señalado que dos son los resortes de que dispone el poder para lograr la colaboración de todos en orden al bien de la comunidad: la adhesión voluntaria y espontánea, y la coacción que obliga.

Mientras mayor sea la adhesión y responsabilidad con que los ciudadanos cumplen las obligaciones señaladas por las leyes, tanto menor será en una sociedad la necesidad de recurrir a la coacción o a la fuerza.

LEYES ARBITRARIAS:

El objeto de las leyes es proteger las libertades, realizar la justicia, crear el orden y promover el bien común.Se entienden por leyes arbitrarias las que no consultan al bien común, atenían contra las libertades y derechos humanos, o han sido sancionadas ilegítimamente, es decir, atribuyéndose facultades de que se carece.

Puede también suceder que una ley justa y conforme al bien común en un momento determinado, cambiadas las circunstancias, se haya convertido en innecesaria o arbitraria.

Frente a una ley que se juzga arbitraria pueden los ciudadanos o las entidades acudir a los tribunales competentes pidiendo que se la declare inconstitucional y carente de valor.

Pueden asimismo acudir a los órganos legislativos pidiendo su modificación, derogación, o substitución por otra más apropiada.

Es lícito asimismo procurar movilizar la opinión pública y las entidades contra up^ ley que se estima arbitraria.

Si todos los medios legales resultan ineficaces y la ley es claramente arbitraria es lícito recurrir a la resistencia activa. Hay derechos humanos que son anteriores y superiores a todas las leyes positivas.

¿Qué es una Constitución?

Constitución es la ley fundamental que determina la forma de organizarse el Estado.

La componen un conjunto de reglas que forman como el armazón jurídico del Estado.

Se la suele denominar también Carta Magna porque en ella se consignan los principios que regularán las relaciones de los individuos con los poderes públicos.

La Constitución puede ser escrita y no escrita. La Constitución escrita es aquella en la que el conjunto de sus disposiciones se halla redactado y consignado gráficamente. La Constitución no escrita es aquella en la que solo una parte, o nada, se ha fijado por escrito. En este caso la componen un conjunto de costumbres y usos que se conservan por tradición.

Constitución escrita y Constitución no escrita:
Generalmente todas las Constituciones modernas son escritas y constan de dos partes: una doctrinaria y otra organizativa o política.

En la parte doctrinaria se determina la orientación general acerca de las principales relaciones sociales: derechos y deberes del habitante y del ciudadano, libertades fundamentales, etc.

En la parte organizativa o política se establecen determinaciones acerca de los órganos de la autoridad.

Se encuentra en ella la forma de gobierno, los poderes del Estado.

El Poder Ejecutivo, sus atribuciones, modo de elección, duración en el cargo, etc.

El Poder Legislativo, número de cámaras, composición y forma de elección de sus miembros, procedimientos para la sanción de las leyes, relaciones con los otros poderes, etcétera. La estructura del Poder Judicial.

Constituciones Flexibles y Rígidas:

Las Constituciones escritas suelen clasificarse en flexibles y rígidas.

Son flexibles aquellas Constituciones cuya reforma puede realizarla el Poder Legislativo con el procedimiento ordinario en uso para la reforma de otras leyes.

Son rígidas aquellas Constituciones para cuya reforma se requiere un procedimiento especial. Generalmente solo puede efectuar las reformas una Asamblea Constituyente.

La Constitución Argentina es rígida.
Se deduce por lo establecido en el art. 30: “La necesidad de reforma debe ser declarada por el Congreso con él voto de dos terceras partes, al menos, de sus miembros; pero no se efectuará sino por una Convención convocada al efecto”.

La Constitución de la Nación Argentina consta de dos partes, precedidas por un Preámbulo.

En la primera parte se enumeran las declaraciones, derechos y garantías.

La segunda parte trata de las autoridades de la. Nación; el título primero se refiere al gobierno federal; el título segundo a los gobiernos de provincia.

La sección primera corresponde al poder legislativo; la segunda, al ejecutivo, y la tercera, al poder judicial.

La Constitución y las leyes

La Constitución es la ley fundamental y suorema de un país. Es la base sobre lá cual se apoya todo el andamiaje jurídico del Estado. Toda legislación que no se apoye en la Constitución no tendrá fundamento para sostenerse.

“La Legislatura tiene limitada y determinada su competencia por la Constitución”.

Por ser la ley primera, fundamental y, por lo ianto, principal, y la norma jurídica más alta, no es la Constitución la que debe amoldarse a las leyes, sino que son las leyes las que deben conformarse a la Constitución.

Las leyes que sancione el Poder Legislativo deben tener el espíritu de la Constitución y no contradecirla. Una ley que negase a los ciudadanos lo que la Constitución Nacional les concede, carecería de validez. Semejante ley no debe ser sancionada, pero en el caso que lo fuera, la Suprema Corte de Justicia puede declararla anticonstitucional y por lo tanto, carente de obligatoriedad.

La Constitución Argentina, en el artículo 31° establece: “Esta Constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la Nación…”.

Este artículo enuncia en primer término a la Constitución, reconociéndole así el carácter de supremacía que tiene sobre las demás leyes. Establece además que las leyes de la Nación que se dicten lo serán en consecuencia de la misma Constitución, es decir, en conformidad con ella para el mejor cumplimiento de su finalidad.

En el artículo 28 se dice: “Los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos, no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio”.

El respeto a la ley

Las palabras que hace muchísimos años pronunciara Cicerón: “El bienestar de la sociedad se halla en las leyes”, no ha perdido actualidad.

Para que la sociedad se desenvuelva bien deben observarse las leyes. Es obligación de todos y de cada uno el respeto a la ley.

La ley no es una disposición arbitraria o caprichosa, sino una norma razonable’ de conducta que debe ser observada para bien de todos.

Si las leyes fuesen respetadas y observadas por todos los ciudadanos,  desaparecerían  automáticamente un sinnúmero   de conflictos y malestares, y reinarían el orden y el bienestar. Para el cumplimiento de las leyes, el Estado dispone de medios adecuados, como la coacción y la sanción.

Coacción es el uso de la fuerza  social  organizada (p. ej. la policía) para hacer cumplir la ley.

Sanción es la pena que se aplica al que delinque.

Pero el temor a la sanción no debe ser el motivo que impulse al cumplimiento de la ley.

La educación al respeto de la ley debe iniciarse desde niño habituándose al cumplimiento de las órdenes domésticas, de las disposiciones de la superioridad y de las normas disciplinarias.

Hay quienes desde jóvenes parecieran satisfechos de vivir fuera de la ley o preocupados en transgredir cuanta norma de convivencia conozcan.

Es error muy generalizado creer que la ley coarta la libertad. En cierto modo es exacto: restringe el radio de acción. Pero si se considera que la ley, si es justa, tiende al bien común y al bien del propio individuo porque reprime egoísmos, violencias, excesos, intemperancias, etc., puede decirse con verdad que la ley es generadora de libertad porque quita trabas que impiden el perfeccionamiento de la persona y de la sociedad.

Así se explica la profunda verdad que encierran las palabras de Cicerón: “Me he hecho esclavo de la ley para ser libre”. “Quien no es esclavo de la ley, lo será de sus pasiones y de los demás.”

Antecedentes de la Constitución Argentina

Fuente Consultada:
Educación Democrática I Para Esceulas Secundarias – Mario Alexander – Ediciones Civismo

John Cooke y la Resistencia Peronista Objetivos y Resumen

OBJETIVOS DE LA RESISTENCIA PERONISTA

El gobierno de Perón fue derrocado por un amplio conglomerado político y social, cuyo punto de cohesión era el rechazo al presidente. Este frente antiperonista estaba formado por los siguientes sectores: todos los partidos políticos opositores, la Iglesia y las organizaciones de laicos, buena parte de las Fuerzas Armadas, las organizaciones de los estudiantes universitarios, la mayoría del empresariado rural y parte del industrial y del comercial. En el plano social, estos sectores opositores pertenecían, por lo general, a la clase media, mientras que la clase obrera mantuvo su identificación con el peronismo.

Como en la mayor parte de los frentes que organizaron golpes de Estado en la historia de nuestro país, los acuerdos entre los distintos sectores eran muy limitados: todos coincidían en el rechazo a Perón, pero diferían en sus otros objetivos. Estas diferencias se hicieron presentes desde el inicio del gobierno de la llamada Revolución Libertadora.

Esta Revolución Libertadora era liderada por el Gral. Aramburu y el Alte. Rojas en 1955, el líder derrocado fue proscrito y negado, a punto tal que hasta la mención de su nombre fue prohibida por decreto. Recluido en su exilio y dada la imposibilidad de retornar al país para insertarse en el escenario político institucional, hacia fines de los cincuenta, Perón comenzó a alentar las huelgas y las acciones violentas de sus seguidores organizados en comandos revolucionarios, cuyo líder principal fue el ex diputado peronista John William Cooke.

 

John William Cooke

John William Cooke

El ex diputado y líder de la Resistencia Peronista, John William Cooke, murió el 19 de septiembre de 1968 en el Hospital de Clínicas En los últimos años de su trayectoria política había tratado de establecer una síntesis entre la tradición peronista y las experiencias socialistas que han surgido en distintos países de Latinoamérica.

De esta manera surgió el peronismo clandestino y combativo de la Resistencia Peronista, que devino hacia 1964 en Peronismo Revolucionario. En sus acciones de sabotaje usaban el “caño”, un artefacto explosivo de origen anarquista que estaba armado con un niple metálico.

También se expresaba su rechazo a la proscripción pintando leyendas en las paredes de los barrios populares y distribuyendo volantes y periódicos que llamaban a mantener viva la lealtad a Perón. Éste no dudó en incentivar esas acciones con miras a desatar una rebelión general que volteara al gobierno golpista. Para eso contó con la colaboración de John William Cooke, un ex diputado que en marzo de 1957 logró fugarse de la prisión de Río Gallegos junto a otros presos políticos y se transformó en el principal impulsor del “giro a la izquierda” del peronismo. Cooke incluso intentaría convencer a Perón de adherir al nacionalismo revolucionario y al socialismo y conformar un amplio “movimiento de liberación” antioligárquico.

Con él transcurso del tiempo algunos comandos se mantuvieron autónomos, mientras otros comenzaron a reagruparse en organizaciones más complejas amalgamados por un ideal común: implantar la lucha armada para lograr sus objetivos políticos.

John W. Cooke: En su juventud militó en FORJA, pero en 1945, se incorporó al peronismo. Al año siguiente fue electo diputado nacional y a lo largo de los cuatro años que permaneció en la Cámara mantuvo una férrea posición antiimperialista como lo demuestra su oposición a la ratificación del Tratado de Chapultepec.

Entusiasmado con los postulados del nacionalismo, se acercó al peronismo y fue diputado nacional del primer gobierno de Perón. Luego de la Revolución Libertadora fue detenido en la cárcel de Ushuaia, y en 1956 fue designado por Perón su representante en la Argentina yjefe de la Resistencia Peronista.

Un año después se fugó con Cámpora a Chile y llegó a La Habana, donde participó de la Tricontinental, la OLAS, y la batalla de playa Girón en la Bahía de Cochinos librada en 1961. Su estadía en Cuba se interrumpió en 1958 cuando regresó al país y organizó la Segunda Resistencia Peronista que obligó al gobierno a decretar el estado de sitio e implementar el plan de Conmoción Interior del Estado (CONINTES).

En 1964, pudo regresar nuevamente al país gracias a la amnistía que otorgó el presidente lllia y continuó sus tareas de organizar y formar comandos revolucionarios a partir de la captación de estudiantes y obreros. En los primeros grupos organizados con la dirección de Cooke estuvieron las simientes de los Uturuncos y de la llamada ARP (Acción Revolucionaria Peronista). Muchos de los comandos de Cooke terminaron incorporados en diferentes organizaciones armadas.

citas de cooke

Producido el golpe del 55, Juan Domingo Perón lo designó inter ventor del Partido Peronista de la Capital Federal y, desde ese cargo, lideró la resistencia a la dictadura de la Revolución Libertadora. Cayó preso en 1957 y escapó de manera espectacular de la prisión de Río Gallegos, en compañía de otros detenidos peronistas como Jorge Antonio y Héctor Cámpora.

Cooke fue quien propuso por primera vez el uso de la violencia para lograr el retorno de Perón. Fomentaba dos líneas de acción: las huelgas revolucionarias y la acción directa de los comandos. A partir de su afinidad ideológica con el régimen de Fidel Castro, buscó fraccionar al peronismo hacia las propuestas castroguevaristas. Entendía que la lucha antiimperialista sólo prosperaría con la declaración simultánea de la guerra al capitalismo en el mundo subdesarrollado. Para Cooke la liberación nacional debía hacerse con la revolución social, en ello radicaba el fundamento de la lucha de los pobres contra los ricos.

En 1957 Cooke decía que era necesaria “… una política insurreccional de masas […] de agitación, propaganda y hechos, que abarque desde la huelga general revolucionaria hasta la organización de los intelectuales estructurando un frente amplio pero diferenciado, global y pensado como guerra del pueblo y con el firme carácter de organización político militar.

Explica Marcos Navarro en su libro Historia de la Argentina (1955-2010): Si bien la Resistencia se extendió -y con ella el sabotaje y los “caños”, sobre todo durante 1957-, los resistentes siguieron actuando sin coordinación ni plan para la toma del poder, y se cuidaron de no dañar a personas (hubo un solo asesinato político entre ese año y 1960), incluso luego de los fusilamientos de junio de 1956.

Sucedía que los sindicatos tenían sus propios intereses, que en general privilegiaron frente al deseo de Perón de que hicieran todo lo posible por su regreso al poder: más allá de la politización de sus reclamos y de la polarización política reinante, no descartaron salidas negociadas para los conflictos sectoriales y acordaron moderar sus planteos a cambio de que se respetara la legalidad de sus organizaciones.

El gobierno de Aramburu, además de las medidas represivas, adoptó otras para atender esas expectativas: permitió que el peronismo sindical se reorganizara, e incluso que los salarios se recuperaran entre 1956 y 1957, con lo que la ola de protestas disminuyó y los gremios descartaron una huelga revolucionaria como la que esperaban Perón y Cooke.

Instrucciones generales de Perón para los dirigentes:
Perón tomó la costumbre de enviar cartas con instrucciones para sus seguidores en el país a través de los pocos canales con que contaba.

En una de ellas, de julio de 1956, decía: “Ellos nos están matando, nosotros no nos vamos […] a dedicar a rezar solamente a la Virgen […] un gorila quedará tan muerto mediante un tiro en la cabeza, como aplastado por casualidad por un camión que se da a la fuga […] los bienes y viviendas de los asesinos deben ser objeto de toda clase de destrucciones mediante el incendio, la bomba […] lo mismo ha de ser objeto de ataque la familia de cada uno de esos canallas, hasta que vayan a vivir en los barcos o decidan irse del país por no poder convivir con el Pueblo que escarnecieron […] la violencia más grande es la regla”.

Las citas están tomadas de Samuel Amaral, “El avión negro: retórica y práctica de la violencia”, en S. Amaral y M. Plotkin (comps.), Perón, del exilio al poder, Buenos Aires, Cántaro, 1993. JKT

Fuente Consultada:
Los llaman “Jóvenes Ideaslistas” de Victoria Villaruel

Rodolfo Walsh Causas de su Desaparición Carta Abierta

RESUMEN BIOGRAFÍA DE RODOLFO WALSH – HISTORIA DE SU DESAPARICIÓN

rodolfo walsh

Rodolfo Walsh

Rodolfo Walsh (1927-1977), de profesión periodista, también narrador, cronista, traductor y dramaturgo argentino, nacido en Choele-Choel, en la provincia de Río Negro. Fue un destacado intelectual argentino, que figura entre los miles desaparecidos durante la nefasta dictadura argentina, iniciada en 1976, por una Junta Militar presidida por Jorge Rafael Videla, Roberto Viola y Leopoldo Fortunato Galtieri.

Estudió en Buenos Aires el secundario y siguió con Filosofía, carrera que abandonó por asuntos laborales, donde trabajó como lavacopas, obrero, vendedor de antiguedades, para finalmente dedicarse a la actividad periodistica que ejerció hasta su desaparición. Sus primeros pasos por el periodismo fue en las revistas Leoplán y Vea y Lea, por el año 1951, y ya en 1957, cuando tenía 30 años de edad, publicó Operación Masacre, con el subtítulo “Un Proceso Que No Ha Sido Clausurado” un analisis periodístico precursor del “nuevo Periodismo” que posteriormente fue llevada al cine.

Mientras tanto comenzó a militar en política en la Alianza Libertadora Nacionalista, para luego adherirse al peronismo. En 1959 viajó a Cuba, donde junto con sus colegas y compatriotas Jorge Masetti, Rogelio García Lupo, y el escritor colombiano Gabriel García Márquez fundó la agencia Prensa Latina.

De regreso durante el gobierno de Onganía trabajó para la revista Primera Plana y fundó el semanario de la CGT, que dirigió durante dos años, hasta 1970 cuando se comenzó a publicar clandestinamente por la censura militar. Escribió Semanario Villero y en 1973 forma parte del grupo Montoneros, para convertirse en una importante pieza dentro de la organiazcion en poco tiempo. Usó distintos sobrenombres claves para su actividad política, como “Esteban”, “Profesor Neurus”, o “Capitán”.

En 1969 había formado parte del grupo que asesinó al sindicalista Augusto Timoteo Vandor, por traición cumpliendo con la Operación Judas, operación que según otros integrantes, como Dardo Cabo, confirmarían que el plan ideológico fue de Walsh. En 1974 Firmenich decide sopresivamente el pase a la clandestinidad de Montoneros, actitud que distancia a Walsh de la agrupación, y en 1976 funda una agencia secreta de difusión mano a mano, conocida como ANCLA y que todas sus notas comenzaban con: “Reproduzca esta información, hágala circular por los medios a su alcance: a mano, a máquina, a mimeógrafo, oralmente. Mande copias a sus amigos: nueve de cada diez las estarán esperando. Millones quieren ser informados. El terror se basa en la incomunicación. Rompa el aislamiento. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Derrote el terror. Haga circular esta información”.

A fines de septiembre de 1976, Rodolfo Walsh recibe un duro golpe, cuando su hija María Victoria, de 26 años de edad, que también formaba parte de Montoneros se suicida con un tiro en la cabeza, en un enfrentamiento con el Ejército, al verse acorralada, sin posibilidad de escapar. Lo mismo haría luego en Mendoza su amigo Paco Urondo, con una pastilla de cianuro, para evitar un control militar en la zona.

Luego de la difusión de su “Carta Abierta”, el 24 de marzo de 1977, su desaparición consta desde el día siguiente, cuando un grupo de tareas militar intenta detenerlo, pero ante su resistencia es baleado, mientras trataba de refugiarse detrás de un árbol. Su cuerpo jamás fue encontrado.

Rodolfo Walsh se convirtió en paradigma de intelectual comprometido. Algunas versiones señalan que no murió en el tiroteo, sino que fue llevado con vida a la Escuela Mecánica de la Armada, donde falleció a causa de los tormentos. Otras, que se suicidó. Lo cierto es que en octubre de 2005 se detuvo a doce represores, entre ellos Jorge “el Tigre” Acosta, Alfredo Astiz y Ernesto Weber. Hacia 2010 la Justicia no había determinado aún qué ocurrió exactamente aquel día de 1977.

ANTECEDENTES DE LA ÉPOCA: El 24 de marzo de 1976, el debilitado gobierno de Isabel Martínez de Perón, fue destituído por una Junta Militar integrada por Jorge R. Videla en representación del Ejército, Emilio Massera por la Armada y Ramón Agosti por la Fuerza Aérea, dedicó sus dos primeros años de gobierno a aplicar su “plan antisubversivo”, que además de fines represivos contemplaba metas políticas, como el de reeducar y reorganizar la sociedad, con los valors cristianos, livberales y occidentales. Videla tuvo un poder ilimitado, pero gobernó a través de una junta de comandantes que se dividieron el control del territorio según un sistema ideado por ellos, del 33%, en un mecanismo repartidor de culpas y, al mismo tiempo, de irresponsabilidad.

Argentina vivía un clima de “guerra interna” aunque las guerrillas, pese al aislamiento y la derrota que para ese entonces enfrentaban, dio el marco para que la Junta Militar pusiera en marcha su plan de “aniquilamiento de la subversión”, en la que incluyó a una larga lista de actores, armados y desarmados. Dicho plan contó con un amplio consenso en las filas militares.

El régimen que Videla se disponía a comandar como presidente de facto desde marzo de 1976 hasta marzo de 1981. En una primera etapa, se montó toda la ciudadela represiva cuyo núcleo fueron los 364 centros clandestinos de detención distribuidos en 11 de las 23 provincias argentinas; se estableció la pena de muerte por Consejos de Guerra que nunca se aplicaría a la luz del día; se prohibió la actividad política; se estableció la censura de prensa, y se redujo el Congreso a una comisión intermilitar que elaboraba seudoleyes.

Se dejó la represión en manos de Suárez Masón, Santiago Omar Riveros y el jefe militar de inteligencia el montaje del Operativo Cóndor, coronel Alberto Alfredo Valín (que unía a las fuerzas represivas del Cono Sur para secuestrar, asesinar opositores de Uruguay, Brasil, Chile, Paraguay, Bolivia, Perú y la Argentina). También en esa primera etapa los militares intentarían darle una impronta fundacional a su gobierno. Además de perseguir a los ex funcionarios del gobierno peronista, desarticularon la cúpula del ERP y acorralaron a los Montoneros cuyos jefes se vieron obligados a salir del país.

El 90% de las desapariciones ocurrió entre 1976 y 1978, los años en que Videla fue jefe del Ejército y Presidente de la Nación. Los “paquetes”, los “bultos” que los desaparecedores arrojaron al mar, al Río de la Plata, al Riachuelo —los desaparecidos—, eran mayoritariamente ciudadanos argentinos y en casi todos los casos, el 94%, civiles. Eran hombres y mujeres, en su mayoría jóvenes, de entre 21 y 30 años. Eran obreros, estudiantes, empleados, profesionales, trabajadores independientes, docentes, amas de casa, periodistas, artistas, religiosos, conscriptos y militares rebeldes. Hubo embarazadas, unos ochocientos adolescentes de entre once y veinte años, y unos quinientos niños y bebés “chupados” por la maquinaria del régimen.

En este contexto histórico, Rodolfo Walsh desapareció un 25 de marzo de 1977, por lo que ese año que es recordado por su carga inédita de dolor, se cierra sin noticias sobre uno de nuestros grandes escritores. Rodolfo Walsh está desaparecido desde marzo, sin que se haya conocido ninguna información oficial. La prensa internacional se hizo eco de la denuncia sobre el secuestro, difundida el 1 de abril por la Agencia de Noticias Clandestina, que ningún medio argentino reprodujo. Las versiones recogidas por Ancla indican que Walsh fue visto por última vez el 25 de marzo en ia zona de plaza constitución.

El mismo día en que habría sido secuestrado, el escritor había difundido su Carta Abierta a la Junta Militar, texto que denuncia la represión y hace un profundo análisis del proyecto económico y social regresivo de la dictadura. La hipótesis del secuestro de Walsh se confirmó, pues esa misma noche -según informa Ancla- fue allanada su casa y saqueadas sus pertenencias.

Walsh es autor de “Operación Masacre”, libro que relata los fusilamientos de civiles acusados de participar en el alzamiento del 9 de junio de 1956. Era entonces un periodista independiente, pero dejaría constancia, en las sucesivas ediciones, de su acercamiento a las organizaciones del peronismo revolucionario.

En 1968 dirigió el periódico de la CGT de los Argentinos y más tarde, en 1973, participó en el elenco directivo del diario Noticias. Ya había publicado otros dos relatos testimoniales, “Caso Satanowsky”, sobre el asesinato de un famoso abogado por parte del Servicio de Informaciones del Ejército, y ¿Quién mató a Rosendo?, texto que incluye un valioso análisis del sindicalismo vandorista.

Sus dos libros de cuentos “Los oficios terrestres” y “Un kilo de oro” reúnen algunos de los mejores textos de ficción de la Argentina contemporánea. Entre ellos se destaca “Esa mujer”, cuento que refleja la omnipresencia del cuerpo de Evita, venerado por sus partidarios y temido por sus enemigos. Walsh, que había participado en la fundación de la agencia cubana Prensa Latina en 1959, publicó también dos obras de teatro, “La granada y La batalla”, que, orillando el absurdo, caricaturizan a los dictadores latinoamericanos y la mentalidad militar. Autor de cuentos policiales, había obtenido en 1953, el Premio Municipal de Literatura por su libro “Variaciones en rojo.”

El voluntario retiro de estos últimos años, dedicados a la militancia, lejos de hacer olvidar al escritor, puso de relieve la profundidad de su compromiso político e intelectual. (Fuente: Diario El Bicentenario Período 1970-1989 Fasc. N° 9 – Un Escritor Desaparecido Nota de Eduardo Jozami)

CARTA ABIERTA DE RODOLFO WALSH A LA DICTADURA ARGENTINA

Así relatan Noberto Chab y Javier Sinay, en su libro “100 Crímenes Resonantes Que Conmovieron a la Sociedad Argentina” las últimas horas de Walsh, luego de envíar la carta: …El 25 de marzo de 1977 Rodolfo Walsh echó los sobres al buzón de Plaza Constitución para que la “Carta abierta de un escritor a la Junta Militar” viajara hacia remitentes nacionales e internacionales. No sólo se trataba de una acabada pieza de denuncia; era, también, un análisis revelador sobre los métodos terroristas y económicos de la dictadura.

Más tarde, Walsh se dirigió a San Juan y Entre Ríos. Lo esperaba un compañero. En la calle se respiraba terror y un grupo de tareas lo venía siguiendo. Los milicos sacaban a los detenidos y los obligaban a marcar a sus compañeros o a servir de carnada para una emboscada. No iba a ser fácil dar con Rodolfo Walsh, que ya era un escritor reconocido y un militante montonero de primera línea que luchaba con la determinación del que ya conoce el horror: su amigo Paco Urondo se había tragado una pastilla de cianuro antes de ser detenido y su hija mayor había muerto a los 26 años, descerrajándose un tiro en la sien frente a 150 soldados.

Para atraparlo, sus verdugos recurrieron a una carnada. Sorprendido, Walsh se defendió con la pistola que llevaba frente a un arsenal que sabía que prevalecería. Un sobreviviente de la ESMA relataría más tarde que ese día el policía Ernesto Weber, alias 220, le hizo una confesión: “Lo bajamos a Walsh. El hijo de puta se parapetó detrás de un árbol y se defendía con una 22. Lo cagamos a tiros y no se caía el hijo de puta”.

Primera Parte: La censura de prensa, la persecución a intelectuales, el allanamiento de mi casa en el Tigre, el asesinato de amigos queridos y la pérdida de una hija que murió combatiéndolos, son algunos de los hechos que me obligan a esta forma de expresión clandestina después de haber opinado libremente como escritor y periodista durante casi treinta años.

El primer aniversario de esta Junta Militar ha motivado un balance de la acción de gobierno en documentos y discursos oficiales, donde lo que ustedes llaman aciertos son errores, los que reconocen como errores son crímenes y lo que omiten son calamidades.

El 24 de marzo de 1976 derrocaron ustedes a un gobierno del que formaban parte, a cuyo desprestigio contribuyeron como ejecutores de su política represiva, y cuyo término estaba señalado por elecciones convocadas para nueve meses más tarde. En esa perspectiva lo que ustedes liquidaron no fue el mandato transitorio de Isabel Martínez sino la posibilidad de un proceso democrático donde el pueblo remediara males que ustedes continuaron y agravaron.

Ilegítimo en su origen, el gobierno que ustedes ejercen pudo legitimarse en los hechos recuperando el programa en que coincidieron en las elecciones de 1973 el ochenta por ciento de los argentinos y que sigue en pie como expresión objetiva de la voluntad del pueblo, único significado posible de ese “ser nacional” que ustedes invocan tan a menudo.

Invirtiendo ese camino han restaurado ustedes la corriente de ideas e intereses de minorías derrotadas que traban el desarrollo de las fuerzas productivas, explotan al pueblo y disgregan la Nación. Una política semejante sólo puede imponerse transitoriamente prohibiendo los partidos, interviniendo los sindicatos, amordazando la prensa e implantando el terror más profundo que ha conocido la sociedad argentina.

…….
….

Rodolfo Walsh. – C.I. 2845022
Buenos Aires, 24 de marzo de 1977.

Lectura de la Carta Completa

Libro: Operación Masacre

En el prólogo a Operación Masacre, años después, Walsh relató que la sublevación militar lo había sorprendido jugando al ajedrez en un café de la ciudad de La Plata, a unos 60 kilómetros de Buenos Aires. Walsh contó que volvió a su casa en medio de un tiroteo. Describió y se describió así en esas circunstancias:

“Mi casa era peor que el café y peor que la estación de ómnibus porque había soldados en las azoteas, y en la cocina y en los dormitorios… Tampoco olvido que pegado a la persiana oí morir a un soldado en la calle y ese hombre no dijo ‘Viva la patria’ sino que dijo ‘No me dejen solo, hijos de puta’. Después no quiero recordar más, ni la voz del locutor en la madrugada, anunciando que dieciocho civiles habían sido ejecutados, ni la ola de sangre que anega al país hasta la muerte de Valle. Tengo demasiado para una sola noche. Valle no me interesa. Perón no me interesa, la revolución no me interesa. ¿Puedo volver al ajedrez? Puedo.

Al ajedrez y a la literatura fantástica que leo, a los cuentos policiales que escribo, a la novela ‘seria’ que planeo para dentro de algunos años y a otras cosas que hago para ganarme la vida y que llamo periodismo aunque no es periodismo. La violencia me ha salpicado las paredes, en las ventanas hay agujeros de balas, he visto un coche agujereado y adentro un hombre con los sesos al aire, pero es solamente el azar lo que me ha puesto eso ante los ojos. Pudo ocurrir a cien kilómetros, pudo ocurrir cuando yo no estaba”.

También será el azar el que lo haga escribir Operación Masacre. Fue en ese bar donde escuchó la irresistible frase: “Hay un fusilado que vive” y que lo hizo, a partir de ese momento, comenzar un largo camino de investigación sobre los fusilamientos y, luego, un largo e irreductible compromiso con la mi-litancia en las filas del peronismo revolucionario. Ya enrolado en ellas, Walsh hizo su análisis de algunos rasgos del gobierno de Aramburu.

“La matanza de junio ejemplifica pero no agota la perversidad de ese régimen. El gobierno de Aramburu encarceló a millares de trabajadores, reprimió cada huelga, arrasó la organización sindical. La tortura se masificó y se extendió a todo el país. El decreto que prohibe nombrar a Perón o la operación clandestina que arrebata el cadáver de su esposa, lo mutila y lo saca del país, son expresiones de un odio al que no escapan ni los objetos inanimados, sábanas y cubiertos de la Fundación incinerados y fundidos porque llevan estampado ese nombre que se concibe como demoníaco (…) El humanismo liberal retrocede a fondos medievales: pocas veces se ha visto aquí ese odio, pocas veces se han enfrentado con tanta claridad dos clases sociales. Pero si este género de violencia pone al descubierto la verdadera sociedad argentina, fatalmente escindida, otra violencia menos espectacular y más perniciosa se instala en el país con Aramburu.

Su gobierno modela la segunda década infame… La República Argentina, uno de los países con más baja inversión extranjera (5% del total invertido), que apenas remesaba anualmente al extranjero un dólar por habitante, empieza a gestionar esos préstamos que sólo benefician al prestamista, a adquirir etiquetas de colores con el nombre de tecnologías, a radicar capitales extranjeros formados con el ahorro nacional y a acumular esa deuda que hoy grava el 25% de nuestras exportaciones.

Un solo decreto despoja al país de 2 mil millones de dólares en depósitos bancarios nacionalizados y los pone a disposición de la banca internacional que ahora podrá controlar el crédito, estrangular a la pequeña industria y preparar el ingreso masivo de los grandes monopolios”.

Fuente Consultada:
Argentina, El Siglo del Progreso y La Oscuridad (1900-2003) de María Seoane
El Bicentenario Fasc. N°9 Período 1970-1989
100 Crímenes Resonantes de N. Chab y J. Sinay

El Juicio a las Juntas Militares Condena a los Dictadores Resumen

RESUMEN HISTÓRICO DEL JUICIO A LAS JUNTAS DE GOBIERNO EN ARGENTINA

El 24 de marzo de 1976 una Junta de Comandantes asumió el poder en Argentina. Designó como presidente a Jorge Rafael Videla, dispuso que el futuro gobierno lo compusieran la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea con igual participación y comenzó el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional que duraría de 1976 a 1983. A lo largo de esos años, pensar distinto podía costar la vida tanto del «subversivo» como de su entorno familiar y afectivo.

La Junta Militar además de imponer un sistema impuso también su propio lenguaje y para encubrir las acciones de secuestro, tortura y asesinato de ciudadanos inventó la figura de «los desaparecidos», asegurando que en lugar de víctimas había gente que desaparecía por propia voluntad.

La mayoría de los desaparecidos eran jóvenes menores de 35 años, obreros o estudiantes y, por lo general, se les detenía en su domicilio durante la noche. La guerra sucia se cobró la vida de 30.000 desaparecidos. Eran secuestrados que no estaban en ningún sitio, y de los que nada volvía a saberse; simplemente dejaban de existir.

En 1982 para el candidato a la presidencia por el partido radical, Dr. Raúl Alfonsín, la represión de la Junta Militar había sido un acto brutal y salvaje y era necesario que la Justicia juzgara a todos responsables y no la historia, encargada de revisar y analizar el pasado.

Tan pronto asumió Alfonsín, el gobierno hizo explícita su voluntad de indagar los crímenes cometidos por la dictadura -distinguiendo, sin embargo, entre las Fuerzas Armadas “como institución” y los miembros de las juntas militares-, al tiempo que abolía la censura y alentaba el retorno de intelectuales, artistas y científicos exiliados. Durante estos primeros años, se hicieron presentes en varias oportunidades los rumores de un golpe de Estado.

Por ejemplo, a comienzos de 1985, ante versiones golpistas, el gobierno organizó una movilización popular con el objetivo central de fortalecer el sistema.

Uno de los primeros actos del gobierno de Alfonsín fue la constitución de una comisión para investigar los crímenes de la dictadura. En 1984 comenzó la tarea de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), que tenía como objetivo reunir antecedentes y pruebas referidas a la represión ilegal y al terrorismo de Estado. Después de nueve meses de trabajo, bajo la dirección de Ernesto Sabato, la CONADEP entregó su informe, publicado más tarde con el título de Nunca Más, que probó casi 9.000 casos de desaparición forzada de personas.

JUICIO A las juntas militares argentina

En 1983, Alfonsín advirtió rápidamente que para concretar la democracia debía subordinar las FF.AA. al poder civil. Sin embargo, los militares no aceptaron las reglas de juego democráticas y en reiteradas oportunidades, distintos sectores del ejército se sublevaron: Semana Santa (1987), Monte Caseros (enero de 1988) y Villa Martelli (diciembre de 1988).

El 10 de diciembre, luego de los años del terrorismo de Estado, Raúl Alfonsín asumió la presidencia de la Nación. Su gobierno enfrentaba dos grandes grupos de problemas: la consolidación de la democracia y su difusión en todos los ámbitos de la sociedad, por un lado, y la relación con las Fuerzas Armadas, desacreditadas en su “razón de ser” por la reciente derrota a manos del ejército británico en el Atlántico Sur. Sobre el gobierno también pesa la herencia de la deuda externa.

El 15 de diciembre, Alfonsín sancionó los decretos 157/83 y 158/83. Por el primero, se ordenaba enjuiciar a los dirigentes de las organizaciones guerrilleras ERP y Montoneros. Por el segundo, se ordenaba procesar a las tres juntas militares que dirigieron el país desde el golpe militar del 24 de marzo de 1976 hasta la Guerra de las Malvinas. El mismo día creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), integrada por personalidades apartidarías como el escritor Ernesto Sabato, la militante por los derechos humanos Graciela Fernández Meijide o el rabino norteamericano residente en la Argentina Marshall T. Meyer, entre otros.

Su misión es la de relevar, documentar y registrar casos y pruebas de violaciones a los derechos humanos con el objetivo de fundar un juicio civil a las juntas militares. También ese día, Alfonsín envió al Congreso un proyecto de ley declarando nula la llamada Ley de Autoamnistía, dictada por el gobierno militar. Una semana después, el proyecto fue sancionado como Ley 23.040, la primera ley de la nueva etapa democrática.

El proceso de desmilitarización del Estado continuó durante la presidencia de Carlos Menem. El nuevo presidente logró la subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil. Con su política de achicamiento del Estado, también redujo a ese grupo de poder y presión. En diciembre de 1990, se produjo el cuarto levantamiento carapintada, encabezado por Mohamed Seineldín.

El presidente impuso su autoridad y consiguió que los insurrectos fueran reprimidos por las fuerzas leales. Seineldín fue condenado a cadena perpetua. A partir de ese momento, los militares se alejaron de la práctica política.

Durante el gobierno de Raúl Alfonsín, al cumplirse el plazo otorgado al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas para que procediera al juzgamiento de las tres primeras juntas militares sin que se avanzara sobre el tema, la causa pasó a la justicia civil. El paso no carecía de riesgos; la organización de las Fuerzas Armadas poco había variado en el año y medio transcurrido desde el retiro del gobierno militar, y continuaban convencidas de haber actuado correctamente.

Para la defensa de los imputados, había dos caminos de justificación de ls hechos, por un lado entender que había un estado de guerra en que era necesario implementar esos actos y medidas especiales y por el otro declarar como anticonstitucional el juicio, porque se los juzgabas fuera del ámbito militar.

El Tribunal estuvo compuesto por los jueces de la Cámara Federal Carlos Arslanian, Jorge Torlasco, Andrés DAlessio, Ricardo Gil Lavedra, Jorge Valerga Aráoz y Guillermo Ledesma.

El juicio estuvo acotado a 711 casos testigo, porque solo fueron considerados los homicidios en los casos en que se encontraron los cuerpos y en que se podía demostrar que el asesinato había ocurrido por acciones u omisiones de los comandantes. De manera que el juicio no contempló el tema de los desaparecidos que continuaban en esa condición.

En la sala de audiencias se vivieron momentos muy dramáticos al escucharse los centenares de testimonios de los sobrevivientes y familiares de las víctimas.El gobierno trató de darle un perfil bajo a la difusión de los juicios. La televisión, estatal en su mayoría, nunca transmitió en vivo desde la sala del juicio y se limitó a transmitir unos pocos minutos por día de imágenes sin el audio original, que era reemplazado por la voz en off de un locutor que hacía una síntesis de lo declarado.

Esta actitud del gobierno contrastaba con la enorme difusión que tuvo el desarrollo del juicio en el mundo. Fue noticia de tapa de los principales diarios que enviaros sus corresponsales para seguir de cerca el proceso.

El 9 de diciembre de 1985 la Cámara dio a conocer las sentencias. En la fundamentación dejaron constancia que “se trató de un plan criminal organizado desde el Estado”.

Se dictaminó la prisión perpetua para Videla y Massera, 17 años de prisión para Viola, al almirante Lambruschini 8 años y 4 años para Agosti. Los cuatro restantes comandantes, Graffigna, Galtieri, Anaya y Lami Dozo fueron absueltos.

Junta Militar Argentina en 1976

La mayoría de los desaparecidos eran jóvenes menores de 35 años, obreros o estudiantes y, por lo general, se les detenía en su domicilio durante la noche. La guerra sucia se cobró la vida de 30.000 desaparecidos. Eran secuestrados que no estaban en ningún sitio, y de los que nada volvía a saberse; simplemente dejaban de existir.

El punto 40 de la sentencia contariaba la política de Alfonsín que quería dar por concluido los juicios y dejaba abierta la posibilidad de continuar investigando y juzgando hacia abajo en la jerarquía militar y condenar a los jefes de zonas y subzonas militares y a los ejecutores directos de la represión.

Todas las penas íueron acompañadas de inhabilitación absoluta perpetua y destitución; los camaristas ya habían decidido de antemano absolver a los cinco acusados restantes. En todos los cargos se había optado por condenar por medio de la ley más benigna. Los casos sólo se consideraron probados si existían tres pruebas indiciarías.

Se descartaron cargos, en algunos casos por razones paradójicas: no se condenó a nadie por falsedad ideológica, por ejemplo, porque en la inmensa mayoría de las respuestas a los hábeas corpus las policías y el Ministerio del Interior habían respondido mediante documentos sellados, pero sin forma legal. No se condenó por robo de bebés porque la Cámara consideró que el número de acusaciones no era suficiente para probar un método concertado. La pertinaz tarea de los organismos humanitarios, especialmente de Abuelas de Plaza de Mayo, no fue atendida.

Había ocurrido lo inimaginable: un tribunal civil había condenado la acción de quienes habían detentado el poder absoluto en la Argentina. El juicio más conmovedor y significativo de la historia nacional, cuyas audiencias habían durado 900 horas, que había reunido a 672 periodistas, 833 testigos (546 hombres y 287 mujeres, entre ellos 64 militares y 14 sacerdotes) y producido tres toneladas de expedientes de los que formaban parte 4.000 hábeas corpus o denuncias de desaparición de Capital Federal, 5.000 del interior del país y 4.000 reclamos diplomáticos, terminó el 9 de diciembre.

ALEGATO DEL FISCA STRASSERA

Fiscal StrasseraEste proceso ha significado, para quienes hemos tenido el doloroso privilegio de conocerlo íntimamente, una suerte de descenso a zonas tenebrosas del alma humana […]. No son las Fuerzas Armadas las que están en el banquillo de los acusados, sino personas concretas y determinadas a las que se endilgan delitos concretos y determinados.

No es el honor militar lo que está en juego, sino precisamente los actos reñidos con el honor militar!…]. Por todo ello, finalmente, este juicio y esta condena son importantes y necesarios para las víctimas que reclaman y los sobrevivientes que merecen esta reparación […]. Señores jueces: Quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria.

Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces: NUNCA MÁS.

El diario del juicio. Buenos Aires, Perfil, 1986.

PARA SABER MAS…: Como ampliación del tema publicamos una nota en El Bicentenario Fasc. N° 10 período 1990-2010 a cargo de Estela de Carlotto, presidente de la abuelas de Plaza de Mayo.

DETENCIÓN DEL EXDICTADOR VIDELA POR ROBO DE BEBES

En el marco de la causa N° 1.284/85 del Juzgado Federal de San Isidro N°1, a cargo del juez federal Roberto Marquevich, en la que se investiga puntualmente la apropiación de dos menores por parte del matrimonio conformado por Norberto Afilio Bianco y Nilda Susana Wherly, dicho magistrado decretó el procesamiento de Videla y lo llamó a prestar declaración indagatoria en los términos del artículo 236 primera parte, del Código de Procedimientos en Materia Penal, Ley 2.372, por la implementación del plan sistemático de sustracción de menores, y dictó su prisión preventiva. También dispuso que la investigación de los hechos atribuidos al matrimonio Bianco-Wherly pasaran a tramitar por otro sumario.

En los considerandos de dicha resolución se expresa entre otras cosas que “a partir del desplazamiento de las autoridades constitucionales y la instalación del gobierno de facto el 24 de marzo de 1976, Jorge Rafael Videla en su calidad de comandante en jefe del Ejército Argentino ordenó un plan sistemático destinado al apoderamiento de menores, en el marco de las actividades de contrainsurgencia realizadas por la fuerza…”.

Fue el 15 de junio cuando el juez federal decidió convertir la detención de Videla en prisión preventiva por considerarlo ‘”prima facie” autor mediato penalmente responsable de los delitos de sustracción, ocultación y retención de un menor de diez años (cinco hechos) en concurso real con el delito falsificación ideológica de documento público destinado a acreditar la identidad de las personas (cuatro hechos) en concurso real con el delito de falsificación ideológica de documento público (nueve hechos), concurriendo estos dos últimos en forma ideal con el delito de supresión del estado civil de un menor de diez años (cinco hechos); previstos y reprimdos por los artículos 45, 54, 55, 139, inc.2, 146 y 293, 1er. y 2do. párrafo, del Código Penal”.

Si bien Videla pasó sólo un mes en la cárcel de Caseros, dado que por tener más de 70 años se le concedió luego la prisión domiciliaria, lo importante fue que esta medida fue dictada pese a la impunidad que impulsaban las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, sancionadas en 1986 y 1987, ya que había quedado fuera del alcance de las mismas el delito de apropiación de menores. Esto implicó que las Abuelas de Plaza de Mayo aprovecharan dicha fisura del sistema judicial para continuar con su inclaudicable lucha y lograr la condena de los responsables por la apropiación de sus nietos.

Fuente Consultada:
El Bicentenario Fasc. N° 9 período 1970-1989 y Fasc. N° 10 período 1990-2010
Cuatro Décadas de Historia Argentina (1966-2001) Dobaño – Lewkowicz
Historia La Argentina Contemporánea Polimodal A-Z Pigna-Dino-Mora-Bulacio-Cao

El Operativo Soberania Guerra Chile Argentina Por el Canal de Beagle

El Operativo Soberanía – Guerra Chile Argentina

Hacia 1978 la dictadura militar encabezada por Jorge Rafael Videla tenía como objetivo político combatir las denuncias por las violaciones a los derechos humanos que se registraban en la Argentina.

Por eso la realización del Mundial les dio la oportunidad para realizar una campaña basada en el slogan “los argentinos somos derechos y humanos” (creada por la consultora internacional Burson Marsteller) para contrarrestar las acusaciones que llovían desde el exterior. (imagen: J. R. Videla)

Pero una vez obtenido el campeonato por la Selección Nacional de fútbol comandada por César Luis Menotti, la dictadura debió fijarse un nuevo objetivo para distraer la atención de la problemática de las torturas, las detenciones y las desapariciones que se producían en todo el territorio de la República Argentina. Había que inventar una guerra y y así apareció la disputa territorial con Chile por el Canal de Beagle y las islas Picton, Lennox y Nueva que no llegó a convertirse en una guerra por milagro.

Cerca de la Navidad —cuando la maquinaria bélica estaba en marcha y miles de soldados habían sido movilizados a las fronteras—, la aceptación de una mediación papal detuvo el peor desenlace. La negociaciones directas entre Chile y Argentina ocurrieron entre la publicación oficial del Laudo Arbitral, el día 2 de mayo de 1977, y el comienzo de la Mediación papal en el conflicto del Beagle, el 22 de diciembre de 1978.

Este período fue tenso y llegaría a su punto culminante el 22 de diciembre cuando Argentina inició las operaciones para ocupar militarmente las islas. Ese mismo día, la junta militar argentina abortó la Operativo Soberanía y aceptó la mediación papal. Ambos países eran regidos por gobiernos de las fuerzas armadas que coincidían en muchos aspectos de su política exterior e interior. Incluso habían logrado acuerdos para operaciones internacionales de represión, como la Operación Cóndor, como quedó demostrado posteriormente a través de la justicia.

Las contradicciones de ambos gobiernos eran tan elocuentes que el gobierno de Pinochet tuvo que alabar la política exterior de Salvador Allende al que había derrocado y el gobierno de facto de Videla debió criticar la posición de la Revolución Argentina bajo el general Alejandro Lanusse, por el tratamiento del conflicto limítrofe.

Hacia 1978 la dictadura de Augusto Pinochet sufrió un sacudón cuando se descubrieron los restos de campesinos fusilados en Lonquén tras el golpe militar. El enfrentamiento entre Pinochet y el comandante de la Fuerza Aérea de Chile el General Gustavo Leigh por sus propuestas de democratización, la destitución de Leigh y la siguiente renuncia a su cargo 18 de los 21 generales, los problemas por las violaciones a los Derechos Humanos y las exigencias de los EE.UU para la persecución de los responsables del atentado terrorista en Washington contra Orlando Letelier, pusieron en problemas a la dictadura. (imagen: Pinochet)

La oposición comenzaba a agruparse en torno al ex-Presidente de la República Eduardo Frei Montalva que se alineó con el gobierno de facto de Pinochet por el conflicto con la Argentina.

Eduardo Frei declaró públicamente su apoyo a la posición del gobierno con las palabras “Se esta alimentando, no por Chile, un conflicto de dramáticas consecuencias”

A fines de los años 70 Chile goza ha de una incipiente bonanza económica que terminaría con la profunda crisis económica del año 1982. El objetivo prioritario del gobierno chileno era evitar la guerra sin ceder territorio insular o continental. Para ello estaba dispuesto a negociar el limite marítimo. Dada la fuerte presión militar argentina, Chile consideraba apropiado para la consecución de ese objetivo la acción de un mediado y la presencia de observadores militares en la zona de conflicto.

En Argentina gobernaba el llamado Proceso de Reorganización Nacional que otorgaba igual poder a las tres ramas de las Fuerzas Atinadas argentinas y en que se preveía la alternancia en el poder liste balance dentro de la Junta Militar argentina permitía ademas la deliberación política dentro de las fuerzas atinadas y la formación de bloques entre ellas.

Se distinguieron dos corrientes políticas dentro de las fuerzas Armadas argentinas los blandos (J. Videla R. Viola, R. Bignone), los duros José. A. Vaquero, Luiciano. B. Menendez, Leopoldo Galtieri, R. Camps, C. G. Suaréz M.) y A. Massera. Conforme a esa distribución del poder, los objetivos del gobierno militar eran variados y  controvertidos dentro de las fuerzas armadas. Algunos eran partidarios de aceptar el Laudo Arbitral, otros de impedir una salida de Chile al Océano Atlántico ya sea a través de un limite marítimo adecuado ó, como exigían otros, a través de soberanía argentina sobre alguna o algunas de las islas de martas. Algunas consideraban, como el almirante (R) Isaac Rojas, que el limite debía ser el meridiano del

Cabo de Hornos ya desde el Canal Beagle dejando así la parte oriental de la Isla Navarino bajo soberanía argentina. Las pretensiones mas extremas del nacionalismo argentino alcanzaban desde las islas Picton, Nueva y Lennox hasta ocupar la Isla de Chiloé. Consciente de su mayor peso militar, del aislamiento internacional de Chile y con una confianza absoluta en que una guerra con Chile sería fácil de ganar, la Junta Militar argentina rechazó el Laudo Arbitral el 25 de enero de 1978. Mientras no se encontraba solución al conflicto, se acumulaban en Argentina las medidas para presionar a Chile y obligarlo a abandonar el Laudo Arbitral.

En octubre de 1978 los presidentes de la Argentina y de Bolivia ratificaron su solidaridad mediante un comunicado que unía el pedido de Bolivia de salida al mar (que perdió después de Guerra del Pacífico) con la cuestión de la soberanía argentina en el Atlántico Sur, incluyendo a Malvinas y el Beagle.

EL OPERATIVO SOBERANIA: Las fuerzas armadas argentinas elaboraron el “Operativo Soberanía” para “cortar” Chile en varias partes por medio de una invasión. La preparación y las maniobras militares a lo largo de la frontera se realizaron públicamente con gran profusión de noticias.

En el gobierno chileno, consciente del peligro de guerra preparó la defensa del país manteniendo a la prensa y a la población alejada de esos temas en lo posible. En sus documentos especiales, el diario chileno El Mercurio afirma: “A diferencia de Chile, donde los preparativos de guerra se hicieron en medio de gran reserva para no alarmar a la población, los argentinos se movilizaron en medio de sonoras concentraciones al grito de “el que no salta es un chileno“, con oscurecimientos en sus principales ciudades, varias de ellas inalcanzables para el rango de vuelo de los envejecidos aviones de guerra de la fuerza aérea chilena, que estaba una generación atrás de la argentina.”

La marina de guerra se preparó durante todo el año 1978, pero no fue publicitado, sino más bien estuvo velado al público y sólo era conocido a las personas e instituciones que estaban involucradas. Pinochet también tuvo que frenar a sectores belicistas de las fuerzas armadas chilenas, a la vez que preveía una guerra total, larga y de desgaste, previendo invadir la Argentina hasta Bahía Blanca.

Al día siguiente de conocido el fallo, el Ministro de Relaciones exteriores de Argentina César Augusto Guzzetti anunció el rechazo con las siguientes palabras: “ningún compromiso obliga a cumplir aquello que afecte intereses vitales de la Nación o que perjudique derechos de soberanía que no hayan sido expresamente sometidos a la decisión de un árbitro”. El 19 de enero de 1978 los presidentes de Chile y Argentina se reunieron en Mendoza en medio de crecientes preparativos bélicos.

En esa ocasión, aseguran fuentes argentinas, Pinochet habría aceptado en  principio entregar por lo menos una parte de una isla a Argentina. El 25 de enero Argentina declaró nulo el Laudo Arbitral de 1977. El 26 de enero el gobierno chileno emitió un comunicado, afirmando que el laudo tenía carácter obligatorio e inapelable. El 20 de febrero de 1978 ambos presidentes acordaron en la localidad chilena de Puerto Montt continuar las, negociaciones con dos comisiones mixtas sucesivas, llamadas Comix 1 y Comix 2. Comix 1 tuvo éxito y tras 45 días se alcanzaron los objetivos planteados de distensión y acuerdos en cuanto a la navegación en el área del conflicto.

Comix 2, se inició el 2 de mayo, encabezada por Francisco Orrego Vicuña del lado chileno y el general Ricardo Etcheverry Boneo del argentino  tenía como objetivo resolver en el plazo de seis meses los problemas sustantivos: delimitación definitiva de las jurisdicciones en la zona austral, integración económica; intereses comunes en el continente rico; delimitación precisa del Estrecho de Magallanes y el cocimiento de líneas de base rectas.

El 2 de noviembre de 1978 se  cumplió el plazo dado a la segunda comisión mixta sin obtener esbozo de acuerdo en los temas de mayor importancia (límites marítimos, cuestiones relativas al Canal de Magallanes y bases rectas). En los temas secundarios (integración física, cooperación económica, políticas comunes en la Antártida se alcanzaron acuerdos que no lograron detener los apresto bélico de ambos lados de frontera.Poco antes del término de la Comix 2, Chile volvió a proponer a Argentina llevar el caso a la Corte Internacional de Justicia.

MEDIACIÓN PAPAL:  A comienzos de guerra era solo cuestión de tiempo. Todos los esfuerzos para llegar habían fracasad momento cuando el Ministro de  Relaciones Exteriores de Chile, Hernán Cubillos Sallato propuso a su par trasandino solicitar la mediación de una potencia amiga. Se acordó solicitar la medición papal. El 12 de diciembre, Hernán Cubillos viajé a Buenos Aires y tras dialogar con Carlos Washington Pastor aprobaron la solicitud de mediación, pero en la tarde de ese día la Junta Militar argentina desautorizó al ministro Pastor.

Tras el viaje sin resultados de Cubillos, en Buenos Aires tuvo lugar una sesión de la junta militar argentina en el edificio Cóndor, con la ausencia notoria de Videla y el canciller Pastor. En esa reunión se le colocó fecha y hora al Operativo Soberanía: el 22 de diciembre de 1978 a las 22:00 horas. A último momento de ese día el Vaticano logró la anuencia de los dos gobiernos para intentar una gestión pontificia y ofreció el envío de un representante.

En Buenos aires Videla convocó a los comandantes que debían dirigir el ataque para plantearles la nueva propuesta Papal. Se despacharon mensajes para detener la ofensiva la mayoría cumplió salvo la que estaba apostada en la provincia de Neuquén que avanzo varios kilómetros en territorio chileno ya que no pudo recibir la contraorden debido a problemas de comunicación. (imagen: Samorè-Videla)

En las jornadas siguientes el Vaticano envió al cardenal Antonio Samoré quien llevó a la firma, en enero de 1979, el Acta de Montevideo que despejaba la posibilidad de una guerra que hubiera costado en las primeras semanas miles de víctimas.

La mediación se concreté en 1980 y aunque atenuaba los efectos del fallo anterior, era favorable a Chile. En 1981 el régimen de Pinochet aceptó la propuesta pero no así el argentino que nunca respondió. Llegó la Guerra de Malvinas, otro dislate militarista, cayó la dictadura y el gobierno democrático de Raúl Alfonsín heredé una situación prácticamente irreversible. Pero esa es otra historia….

Felipe Varela Caudillo Federal Felipe Varela Pensamiento Politico

Felipe Varela Caudillo Federal

En el pueblo de Guaycama del departamento de Valle Viejo, Catamarca, nace en 1819. Hacia 1840, junto a su madre, que muere en combate, se une a las fuerzas que enfrentan a Rosas. Derrotados los intentos unitarios, se exilia en Chile, donde se incorpora al ejército y llega a ser capitán de carabineros. Desde Copiapó regresa a la Argentina en 1855 y revista en el Séptimo de Caballería de Línea, en Río Cuarto. En 1857 es ayudante del comisionado de La Rioja Nicanor Molinas y mantiene correspondencia con Urquiza, al que ofrece sus servicios contra Mitre. Urquiza en 1860 lo respalda como comandante del Tercer Escuadrón y segundo jefe del Regimiento N° 7.

Chacho Peñaloza Caudillo Federal Pensamiento Politico

En 1861 Várela participa de las fuerzas confederadas en Pavón y en 1862 es comandante de armas interino y jefe de policía en La Rioja. A las órdenes de Ángel “Chacho” Peñaloza se suma a su sublevación; invade Catamarca y pelea en Las Playas y Lomas Blancas. Peñaloza es derrotado y muerto y Várela se exilia en Chile.

Federal convencido, se pronuncia por el americanismo. En 1864 se constituye la filial argentina de la Unión Americana. Al año siguiente el Brasil bombardea Paysandú (Uruguay) y se inicia la guerra contra el Paraguay. Varela es decidido opositor al enfrentamiento y al centralismo que encarna Mitre, y confía en Urquiza; cabalga desde Chile hasta Rosario para ponerse a sus órdenes.

En 1866, con sus fuerzas desbandadas, regresa a Copiapó y lanza una proclama desde los Andes. En Cuyo estalla la “revolución de los colorados” y Várela, apoyado por los caudillos Sáa de San Luis y Videla de Mendoza, entre otros, integra un ejército montonero que extiende su campaña por el Noroeste y la región andina.

Es gobernador de Catamarca y logra fuerte influencia en Salta y Jujuy pero en 1867, tras sucesivas derrotas, anuncia a las autoridades bolivianas su intención de asilarse allí. El 1° de enero de 1868, desde Potosí, da a conocer el final de su célebre “Manifiesto”, un apasionado texto anticentralista y defensor de la unidad americana en el que pide ser juzgado por sus acciones seguro de sus ideales republicanos.

Mitre destina fuerzas del Paraguay a aplastar la sublevación montonera y el ejército nacional derrota completamente a Várela en la batalla de Salinas el 12 de enero de 1869. Enfermo de tuberculosis, el caudillo regresa al exilio chileno en Copiapó. Muere el 4 de junio de 1870 en Antoco, Chile.

Texto de una proclama de Felipe Varela, hecha pública en la época de sus luchas de oposición al centralismo porteño.

Las resistencias del interior: Ángel Peñaloza y Felipe Varela

Carta de A. y. Peñaloza al presidente Mitre. 16 de abril de 1863.
“¡Argentinos! El hermoso y brillante pabellón que San Martín, Alvear y Urquiza llevaron altivamente en cien combates, haciéndolo tremolar con toda gloria en las tres más grandes epopeyas que nuestra patria atravesó incólume, ha sido vilmente enlodado por el general Mitre gobernador de Buenos Aires. […]

Compatriotas: desde que aquél usurpó el gobierno de la nación, el monopolio de los tesoros públicos y la absorción de las rentas provinciales vinieron a ser el patrimonio de los porteños, condenando al provinciano a cederles hasta el pan que reservara para sus hijos. Ser porteño es ser ciudadano exclusivista; y ser provinciano es ser mendigo sin patria, sin libertad, sin derechos. Esta es la política del gobierno de Mitre. […]

¡Abajo los infractores de la ley! ¡Abajo los traidores de la patria! ¡Abajo los mercaderes de cruces en la Uruguayana, a precio de oro, de lágrimas y de sangre argentina y oriental!

¡Atrás los usurpadores de las rentas y derechos de las provincias en beneficio de un pueblo vano, déspota e indolente!
¡Soldados federales! Nuestro programa es la práctica estricta de la Constitución jurada, el orden común, la paz y amistad con el Paraguay, y la unión de las demás Repúblicas americanas.”

Felipe Varela. “Proclama”.
6 de diciembre de 1866.

Fuente Consultada: Los Hechos Que Cambiaron la Historia Argentina en el Siglo XIX Ricardo J. de Titto

Acuerdo Roca Mitre Division Union Civica Radical y Nacional Alem

Acuerdo Roca Mitre División Unión Cívica Radical y Nacional

La Unión Cívica. En 1889-90 se creó la heterogénea Unión Cívica. Si bien en un principio la integraron fuerzas tradicionales, como el mitrismo, su apoyo mayor estaba constituido por grupos nuevos, y recibió el novedoso aporte de la clase media —engrosada por la inmigración— y otros sectores populares. La lucha por el sufragio libre y contra la corrupción política y administrativa fue su bandera más coherente.

acuerdo general roca y mitre

El  “ACUERDO”: La llegada de Mitre, al regresar de su viaje por Europa, conmovió a Buenos Aires con una importante manifestación popular (18 de marzo de 1891).

El triunfo de la Unión Cívica parecía seguro, pero el grupo gobernante recurrió a su viejo sistema: el acuerdo entre los hombres que dirigían las tendencias en pugna, aun al margen de la voluntad popular.

En un gesto muy discutido posteriormente. Mitre se entrevistó con Roca y Pellegrini. y surgió la política del Acuerdo patriótico, que causó una profunda conmoción política. Se pretendía que los partidos oficiales y la oposición concurrieran a las elecciones con una lista única de candidatos, que satisficiera las aspiraciones del mayor número y que evitara la competencia respetando las situaciones provinciales.

Para lo próximos comicios de debía elegir la fórmula presidencial y en enero de 1891 la Unión Cívica convocó a una Convención Nacional en Rosario. En dicha convención se eligió candidatos a Bartolomé Mitre y a Bernardo de Irigoyen que se  encontraba de viaje en Europa por unos meses. De inmediato Mitre recibió la visita de Roca, con quien acordó el cambio de Bernardo de Irigoyen por el autonomista José Evaristo Uriburu en el segundo término de la fórmula presidencial.

Este entendimiento, este “acuerdo” de Mitre, con el PAN, representante de la oligarquía gobernante, significaba lisa y llanamente la entrega del movimiento revolucionario al régimen a cambio de la Presidencia para Mitre.

Frente a esta situación, y en ocasión de la sucesión presidencial de 1892, la Unión Cívica se fragmentó en dos líneas opuestas. La Unión Cívica Nacional conducida por Bartolomé Mitre y la Unión Cívica Radical liderada por Leandro N. Alem.

La Unión Cívica Nacional propuso el acuerdo con el gobierno y en los años siguientes sus dirigentes y partidarios integraron los gabinetes y ocuparon cargos legislativos y en la administración del Estado.

Revolución Libertadora 1955 Caida Gobierno de Peron Argentina

Revolución Libertadora – Caída Gobierno de Peron

LA REVOLUCIÓN LIBERTADORA: A pesar de triunfar en las elecciones de 1952 con el 60% de los votos, el gobierno peronista comenzaba ya a mostrar signos de debilidad, que se agudizaron con la muerte de Eva Perón. Además, el deterioro de la situación económica fue acompañado por un endurecimiento del régimen, que intensificó la persecución de los opositores.

En 1955, la escena política estaba dominada por el conflicto del gobierno con la Iglesia, iniciado un año antes, y con la oposición. En medio de ese clima se comenzó a delinear un golpe de estado. En septiembre, finalmente, una revolución encabezada por el general Lonardi derrocó a Perón.

ANTECEDENTE HISTÓRICOS: Uno de los componentes del clima de enfrentamiento político en los últimos meses del gobierno de Perón fue el uso por parte del presidente de virulentas apelaciones a la violencia. El punto culminante de esta escalada de violencia verbal se manifestó en el discurso del 31 de agosto, frente a una concentración popular en su apoyo.

ROBERT POTASH, en su libro “El ejército y la política en la Argentina”  escribía sobre la escalada de violencia en la última etapa del gobierno de Perón, en el año 1955. Allí Perón dijo:

“Con nuestra tolerancia exagerada, nos hemos ganado el derecho a reprimirlos violentamente. Y desde ya establecemos como una conducta permanente para nuestro movimiento: aquel que en cualquier lugar intente alterar el orden en contra de las autoridades constituidas, o en contra de la ley o de la Constitución, puede ser muerto por cualquier argentino. […] La consigna para todo peronista, esté aislado o dentro de una organización, es contestar a una acción violenta con otra más violenta. Y cuando uno de los nuestros caiga, caerán cinco de los de ellos”.

Este discurso -que, en cierta medida,  implicaba un reconocimiento de las críticas que los opositores hacían a su régimen- fue empañado de la autorización para que los líderes opositores hablaran por radio. Más allá de sus diferencias, la oposición política reaccionó con desconfianza y reclamó, como condición mínima para una tregua política, el restablecimiento de las garantías jurídicas, comenzando por el levantamiento del estado de guerra interno -una figura similar a la del estado de sitio, que permitía a Poder Ejecutivo suspender las garantías constitucionales y arrestar a individuos sir orden judicial-, vigente desde 1951. El gobierno consideró inaceptables estas demandas y mantuvo una línea de enfrentamiento que llegó a su apogeo retórico con el discurso de Perón del 31 de agosto de 1955.

La oposición, mientras tanto, organizaba el golpe de estado con la decisiva participación de oficiales del Ejército y, principalmente, de la Marina.

Por otro lado el general Pedro Eugenio Aramburu, director de sanidad militar, con mínimo apoyo y  sin tropa a su cargo decidió postergar la Revolución para el año próximo, a pesar de la fuerte expectativa existente y del miedo a represalias que hicieran imposible la sublevación.

Entonces llegó el turno del general Eduardo Lonardi (1896-1956), artillero que había estado preso en 1953. Tenía contactos en la guarnición de Córdoba, cuya oficialidad joven estaba dispuesta a salir antes de que fuera demasiado tarde: finalizado setiembre las municiones debían retirarse y no cabrían posibilidades hasta el año entrante.

Lonardi conversó con los marinos y fijó fecha el 16 de setiembre para tomar la Escuela de Artillería de Córdoba. Supuso y no se equivocó que en la situación crítica que vivía el gobierno bastaría crear un foco revolucionario para que las demás fuerzas se sumaran a los rebeldes. Cumplió su palabra y así comenzó la revolución.

El 16 de septiembre estalló el levantamiento en Córdoba, encabezado por el general Eduardo Lonardi. A pesar de que las tropas leales no pudieron sofocarlo, el levantamiento no consiguió extenderse. La mayoría del Ejército procuraba no intervenir, pero la Marina se movilizó casi totalmente contra Perón. Sus naves bloquearon Buenos Aires y amenazaron con atacar los depósitos de combustible de La Plata y Dock Sud -como ya lo habían hecho con los de Mar del Plata-.

Antes de la hora señalada como ultimátum por la Marina, el ministro de Guerra, el general Lucero, pidió parlamentar y leyó una carta en la que Perón solicitaba al Ejército la negociación de un acuerdo. Esta carta no era una renuncia -Perón describía su actitud como un renunciamiento-, pero la junta de generales, superiores del “Ejército decidió considerarla como tal y negociar con el grupo revolucionario. Ante esta situación, el 20 de septiembre Perón se refugió en la embajada del Paraguay e inició su largo exilio.

Hubo un cambio ideológico (de “sano autoritarismo”) que repercutió en la región según la dirección impuesta por la diplomacia norteamericana, determinó que los golpistas -que allí buscaban apoyo político y doctrinario contra Perón, a quien, como dijimos, identificaban con el fascismo europeo- hallaran escasas justificaciones y orientaciones para su acción: la apertura a un mundo signado por la lucha irreconciliable entre capitalismo y comunismo indujo a los adherentes de la Libertadora a tener mayores motivos para disputarse entre sí el poder y el derecho a fijar el curso a seguir una vez eliminado el “fascismo criollo”. Ello se refleja en el eco que pronto hallarían -en sectores de las Fuerzas Armadas, la iglesia y el empresariado- las posiciones más ferozmente reaccionarias que por entonces circulaban en los países centrales sobre la seguridad y el papel de los sindicatos y la izquierda.

El 23 de septiembre, una multitud, perteneciente a la clase media, llenó la Plaza de Mayo para escuchar la palabra del nuevo presidente provisional, el general Lonardi.

Ésta se diferenció de los anteriores golpes no sólo porque se inició en una guarnición del interior, sino también porque no tuvo una definición inmediata. Al foco mediterráneo se sumó el de Puerto Belgrano y más tarde la guarnición de Cuyo. Pero el golpe fracasó en Corrientes y ningún general de la guarnición de Buenos Aires se movilizó. El ministro de Guerra a cargo de la represión envió fuerzas a Córdoba donde se libraron combates entre leales y rebeldes. Entre tanto la flota de mar navegaba rumbo a Buenos Aires en actitud amenazadora, dispuesta a bombardear los tanques de petróleo de Mar del Plata, La Plata y la capital.

En tales circunstancias Perón presentó una renuncia que los generales de la guarnición porteña, todos ellos peronistas, optaron por aceptar a pesar de que su texto resultaba poco claro. Al conocerse esta novedad, una multitud se lanzó a festejar el fin del peronismo en las calles, en medio de lluvias torrenciales. Entre tanto la CGT, en actitud pasiva, ni siquiera declaró la huelga general.

Mientras Perón buscaba refugio en una cañonera del Paraguay, país donde tenía buenos amigos, Lonardi se aprontaba a trasladarse a Buenos Aires, en su carácter de jefe de la Revolución que él mismo tituló “Libertadora”, para asumir el cargo de presidente provisional.

Después de 9 años de gobierno Perón caía definitiva dejando una situación politica mucho mas compleja de lo que pensaban sus adversarios.

El 23 de septiembre de 1955, el general Lonardi asumió la presidencia provisional de la nación. Pero pronto comenzaron a manifestarse las diferencias entre los golpistas, que condujeron al reemplazo del presidente Lonardi por el general Pedro E. Aramburu (imagen). Con Aramburu en el gobierno se afianzaron los sectores autoritarios que se resistían a aceptar los profundos cambios sociales llevados a cabo por el peronismo: el Partido Peronista fue declarado ilegal y Perón fue proscrito.

En 1957, el radicalismo se dividió en dos partidos: la Unión Cívica Radical Intransigente (UCRI), liderada por Arturo Frondizi. y la Unión Cívica Radical del Pueblo (UCRP), encabezada por Ricardo Balbín. La división de la UCR complicó los planes del gobierno, que quería encontrar una salida electoral que no implicara el retorno del peronismo.

Frondizi, por su parte, sabía que si lograba arrastrar los votos peronistas ganaría las elecciones. Por eso selló un pacto con Perón, que consistía en el apoyo electoral peronista a su candidatura a cambio del levantamiento de las proscripciones al partido. Gracias al pacto, Frondizi se impuso en las elecciones nacionales del 23 de febrero de 1958.

Una sociedad dividida

En El otro rostro del peronismo (1956), Ernesto Sábato relata cómo recibió la noticia del golpe mientras visitaba a unos amigos en Salta: “Aquella noche de septiembre de 1955, mientras los doctores, hacendados y escritores festejábamos ruidosamente en la sala la caída del tirano, en un rincón de la antecocina ví cómo las dos indias que allí trabajaban tenían los ojos empapados de lágrimas.

Y aunque en todos aquellos años yo había meditado en la trágica dualidad que escindía al pueblo argentino, en ese momento se me apareció en su forma más conmovedora”.

Sabato intenta ofrecer una explicación de lo sucedido y de lo que es preciso hacer para “corregir” ese desencuentro, y anticipa el giro en la interpretación del fenómeno peronista que muchos intelectuales (sobre todo de izquierda, que hasta entonces lo habían rechazado) intentarían con los años: “En el movimiento peronista no sólo hubo bajas pasiones y apetitos puramente materiales: hubo un genuino fervor espiritual, una fe pararreligiosa en un conductor que les hablaba como seres humanos y no como a parias […].

Lo demás es detalle […] y no incurramos ahora en los mismos defectos y vicios que hemos recriminado a la tiranía: no pretendamos unanimidad de juicio, no califiquemos a nuestros adversarios de enemigos de la nación […]. Una cosa es, y bien posible, el desmontaje casi físico de las piezas que aseguran al totalitarismo […] y otra cosa es negar esas fuerzas o creerlas únicamente obra de la propaganda. El fervor multitudinario que Perón aprovechó no será liquidado mediante medidas de fuerza… sólo se logrará reforzarlo hasta convertirlo en una tremenda, incontenible y trágica aplanadora”.

Fuente Consultada:
Historia Argentina Luchilo-Romano-Paz
Argentina de su país y de su gente María Sáenz Quesada.

Historia de la construccion del puerto de Buenos Aires Madero Huergo

Historia de la construcción del puerto de Buenos Aires

En los albores del siglo XIX, desde la indepedencia de las Provincias el Río de la Plata debido a ciertas circunstancias generadas por novedades técnicas, nuevas pautas económicas y ambiciosos programas de progreso, se inició la sostenida preocupación por resolver los problemas del puerto de Buenos Aires. En este proceso, violentas disputas acompañaron los inicios de su realización efectiva.

Las mismas se originaron por la lucha que se entabló entre los técnicos locales, en los primeros pasos de la formación de un campo profesional de la ingeniería, y las decisiones de otorgar a expertos extranjeros las obras de magnitud. Sobre esta base de requerimientos técnicos y corporativos se engarzó la discusión estrictamente política entre grupos antagónicos, aunque con intereses estructurales similares.

En su origen, la historia del puerto de Buenos Aires ligó tres sitios: la costa frente a la ciudad, la boca del Riachuelo y la Ensenada.

Desde mediados del s. XVIII, cuando comienzan a proliferar las propuestas para el puerto, estas tres posibilidades estaban planteadas. La costa de la ciudad no ofrecía posibilidades naturales, pero respondía a la instalación de la trama comercial en la ciudad, en momentos en que no era fácil cubrir largas distancias.

El Riachuelo había sido desde los años de la Conquista un abrigo para naves de pequeño calado, mientras que en la Ensenada invernaban las de mayor tamaño. Las instalaciones que se realizaron fueron modestas, en consonancia con los proyectos, entre los que pueden mencionarse el de Juan Echeverría, en el bajo de las Catalinas (1755), el de Vianes (1761), la serie de proyectos de Rodríguez y Cardoso  (1771), los de Pallares (1784, en la costa frente a la ciudad), los de Cervino (1794, en el bajo de las Catalinas).

Las instalaciones debían contemplar tanto fines comerciales como de defensa de las costas, asoladas por los temporales, y de defensa militar. Solo se realizaron, en el Riachuelo y frente a la ciudad, modestos muelles de madera.

Mucho más interesante resulta el proyecto de Giannini (1804). El ingeniero español articuló el puerto natural del Riachuelo con las necesidades de inmediatez del tráfico de la ciudad de Buenos Aires. Al mismo tiempo, reconocía las condiciones geológicas del suelo bonaerense en forma más ajustada que sus antecesores.

Giannini proponía un canal cuya excavación “dirigida en línea recta, tenga su principio en el recodo que hace el Riachuelo (la vuelta de Rocha) […] desde cuyo sitio […] formará una línea que vendrá paralela a las barrancas, hasta que, pasando por delante del fuerte, busque su desagüe con alguna diagonal”. El canal, cerrado con una exclusa, serviría como puerto seguro tanto a los buques comerciales como a las embarcaciones pequeñas, a las cañoneras como a los barcos de pesca.

El puerto de Buenos Aires debía servir, simultáneamente, a propósitos de defensa militar, de comercio, de desembarco de pasajeros, de producción pesquera: un puerto múltiple, según la más corriente clasificación por funciones. Las invasiones inglesas y la revolución dejaron en suspenso la realización de este proyecto.

En 1886 la Capital Federal se vinculó a la red ferroviaria del interior mediante la línea que la ligó a Rosario. Las terminales ferroviarias se fueron instalando en los puntos de la ciudad porteña que históricamente habían sido de centralización del antiguo tráfico de carretas: Plaza Constitución para el sur, Plaza Once para el oeste, Plaza Retiro para el litoral y el norte.

Las estaciones finales conformaban un semicírculo urbano tendido a pocas cuadras del río, es decir, del camino a Europa. Sólo faltaba el puerto, que debía facilitar el tráfico transoceánico: su construcción fue uno de los grandes objetivos, y su ubicación suscitó una de las más enconadas polémicas de la década.

Luis A. HuergoDesde tiempos de Rivadavia los porteños soñaban con el puerto. El método utilizado para desembarcar constituía todo un desprestigio y era comentado con sorpresa por los extranjeros que nos visitaban.

Distintos planes fueron dejándose de lado durante décadas, hasta que, hacia 1880, las posibilidades quedaron definidas y encarnadas en las personas del ingeniero Luis A. Huergo (imagen izq.)  y de Eduardo Madero.

Huergo postulaba la creación de un puerto de aguas profundas a lo largo del Riachuelo, para lo cual insistía no hacían falta grandes inversiones.

En 1881 la legislatura bonaerense votó una partida para dragar el Riachuelo, y ya en 1883 un gran transatlántico, el L’Italia, amarró en las nuevas instalaciones.

Pero hacia 1885 los trabajos de Huergo languidecieron por falta de apoyo político, y finalmente debió renunciar a seguir adelante.

Triunfaba la propuesta de Madero, que tenía mejores conexiones políticas y el apoyo de capitalistas e ingenieros británicos. En marzo de 1886 el Poder Ejecutivo Nacional aprobó sus planos y, en medio de un gran escándalo periodístico y parlamentario, se iniciaron los trabajos del puerto frente mismo a Plaza de Mayo.Madero

En enero de 1889 el vicepresidente Pellegrini que en un principio había apoyado vehementemente a Huergo inauguró la dársena sur de las nuevas instalaciones.

 En 1897 se habilitarían la dársena norte y el canal de acceso.

Cuando el proyecto de Madero estuvo enteramente realizado antes de esto, en realidad resultó que era insuficiente, y en 1907 debieron iniciarse los estudios para construir un «puerto nuevo» que recién habría de terminarse en 1927.

«Transcurrido un siglo dice James R. Scobie en su libro Buenos Aires, del centro a los barrios resulta tentador encontrar motivos más profundos en la controversia entre los proyectos de Huergo y Madero (imagen der.).

Para algunos, Huergo representaba la tradición criolla y el desarrollo nacionalista de la economía argentina.

En Madero podía descubrirse la preocupación de los estadistas e intelectuales de la generación del ochenta, que buscaban la modernización y el progreso de la Argentina sobre la base de capitales y tecnología extranjera.».

De alguna manera, Huergo proponía romper la tendencia predominante en la década del ochenta, mientras que Madero favorecía a los mismos intereses en juego en las redes ferroviarias, a los mayoristas e importadores y a las instituciones de crédito más importantes.

Sea como fuere, a finales de la década del ochenta el anhelado puerto empezaba a funcionar y a su ritmo desaparecían gradualmente los pintorescos resabios del tráfico anterior: las miríadas de pequeñas embarcaciones y carromatos de todo tipo, que antes se ocupaban de desembarcar a pasajeros y mercaderías de los navíos anclados frente a las toscas del río. Ahora, grandes buques amarraban en las dársenas, y las playas de embarque de los ferrocarriles y sus depósitos se encontraban a pocos metros de las bodegas.

Año tras año se multiplicaba el tonelaje de los barcos, y Buenos Aires afirmaba su condición histórica de «boca de expendio» de las crecientes exportaciones. A un paso de la plaza que era el centro político, comercial y financiero de Buenos Aires, el «Puerto Madero» era, además, un símbolo de la irrefrenable vocación centralista de la capital de la República, lugar al que llegaban los frutos de la tierra para ser embarcados y desde donde se repartían por todo el país los productos que venían de ultramar.

Golpe Militar de Ongania Revolucion Argentina Gobierno y Economía

1966: GOLPE DE ESTADO DE ONGANÍA
Presidentes de la “Revolución Argentina”

Una vez destituido el presidente constitucional Arturo Umberto Illia (1900-1983) el 28 de junio, los comandantes de las Fuerzas Armadas asumieron el poder mediante la constitución de una Junta Militar. Estaba integrada por el teniente general Pascual Ángel Pistarini (1915-1999), del Ejército; el almirante Benigno Várela (1917-1996), de la Armada, y el brigadier general Adolfo Álvarez (1919-2012), de la Fuerza Aérea. Al día siguiente la Junta decidió nombrar como presidente de facto a Onganía. Éste era el principal referente de la facción azul del Ejército pero las diferencias políticas producidas con Illia habían llevado a que abandonara el circunstancial legalismo que defendiera en 1962.

El nuevo presidente representaba la opinión generalizada de los azules que promovían una industrialización acelerada mediante políticas de desarrollo diferentes de las medidas keynesianas adoptadas por Illia. A su vez, la Doctrina de Seguridad Nacional y el posible riesgo de que elementos ideológicos del marxismo alteraran el orden social, habían llevado a Onganía a expresar que las Fuerzas Armadas debían estar subordinadas al gobierno emanado de la soberanía popular siempre que no existiera una amenaza interna.

Gobierno de Onganía Gobierno de Levingston Gobierno de Lanusse

RESUMEN DEL PERIODO: “El problema político se concentró sobre un tema fundamental: qué hacer con la masa mayoritaria que apoyaba a Perón y que rechazaba obstinadamente su apoyo a las diversas y variadas alternativas políticas que unos y otros imaginaron para seducirla. Durante dieciocho años fueron estériles los esfuerzos para encontrar una fórmula supletoria a la que apoyaban fervientemente las masa mayoritarias.”
José Luis Romero

Resumen: La Revolución Argentina:

Depuesto el mandatario constitucional, ocupó la primera magistratura del país el general Juan Carlos Onganía, a quien entregaron el poder los tres comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas. El nuevo presidente ocupó el alto cargo sin limitaciones en el poder y una de las primeras disposiciones del nuevo régimen, denominado Revolución Argentina, fue dar a conocer un Acta que decretó la destitución de las autoridades nacionales, disolvió el parlamento nacional y las legislaturas provinciales, separó de los cargos a los miembros de la Corte Suprema de Justicia y suprimió los partidos políticos. El mismo documento puso en vigencia el Estatuto de la Revolución Argentina, cuyos diez artículos tenían prioridad sobre la Constitución Nacional y al que debía sujetarse el nuevo gobierno.

Sin determinar un límite en la duración de su mandato, el presidente dividió el proceso revolucionario en tres etapas: primero la económica, luego la social y finalmente la política. El plan económico se orientó para lograr una estabilidad monetaria, disminuir la inflación y nivelar el presupuesto. Algunos de estos objetivos fueron alcanzados, mientras se iniciaron o concluyeron obras públicas de importancia.

En este último aspecto deben mencionarse la obra hidroeléctrica Chocón-Cerros Colorados y la primera usina atómica en Atucha; también se terminó el túnel subfluvial entre las ciudades de Santa Fe y Paraná. En materia de vialidad se construyeron nuevas rutas y fueron mejorados los accesos a la Capital Federal.
En el orden social fue creciente el malestar que originó la aplicación del plan económico. El año 1969 indicó el comienzo de una escalada de violencia.

A fines de mayo de 1970, Onganía declaró que su gestión gubernativa —para tener éxito— debería prolongarse varios años. Esta actitud y el secuestro —y posterior asesinato— del general Aramburu por extremistas, precipitaron la caída del gobierno. El 8 de junio la situación hizo crisis y el presidente debió renunciar ante el requerimiento de la Junta de Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas.

Según lo dispuesto por el Estatuto de la Revolución Argentina, la dimisión se interpretó como un relevo y entonces la Junta Militar designó presidente de la República al general Roberto Marcelo Levingston, que cumplía una misión en Washington, quien regresó al país y juró el 18 de junio. Se inició así la llamada “segunda etapa” de la Revolución Argentina.

Durante la gestión de Levingston aumentaron la violencia política y los ataques guerrilleros. Fueron numerosos los asaltos a bancos, secuestros de empresarios y ataques a unidades militares con el objetivo de financiar y armar a los grupos guerrilleros. Entre los principales acontecimientos se destacó la toma de la localidad cordobesa de La Calera por parte de un grupo de Montoneros que respondía a Ignacio Vélez. También fue tomada la localidad de Garín (norte de la Provincia de Buenos Aires) por las FAR.

Para contener la situación, Levingston profundizó algunas de las medidas tomadas por Onganía en sus últimos meses de gobierno. Se creó el Consejo Nacional de Seguridad, el cual instauró Consejos de Guerra para actuar frente a la violencia social. De esa manera se sacaban las causas del ámbito judicial-civil para llevarlas a un plano político-militar. Tales prácticas se sustentaban en el Plan Conintes. Se sostuvo el estado de sitio y se acrecentó la detención espontánea de personas que pudieran ser consideradas por las fuerzas de seguridad como “sospechosas”. Levingston y Lanusse encausaron especialmente los recursos de inteligencia militar para la detención y desarticulación de los integrantes de Montoneros que habían participado en el secuestro de Aramburu, para lo cual buscaron el apoyo político público de su hijo, Eugenio.

Ante la ola de secuestros desarrollados por las guerrillas, Levingston promovió la reforma del código penal en el que se incorporó la pena de muerte para secuestros y asesinatos. Las otras penas fueron aumentadas y se incluyó la condena por el uso de insignias militares no debidas. La pena de muerte nunca fue implementada legalmente y sería abolida al año siguiente.

Se constituyó una sección judicial especializada en la condena de las prácticas guerrilleras. Estuvo a cargo de la Cámara Federal en lo Penal de la Nación, apodada despectivamente como el “Camarón”. Poseía jurisdicción nacional con asiento en la Capital Federal. Fueron nacionalizadas todas las causas de violencia política, aunque su reglamentación era inconstitucional. Muchos de los jueces y fiscales integrantes de la Cámara fueron objeto de atentados políticos.

El clima de violencia crecía, a la par de que las medias económicas causaban nuevas alzas de la inflación, lo que perjudicaba a los ingresos salariales. El descontento social se expresó en una ola de levantamientos sociales.

Debido a desacuerdos con la Junta de Comandantes en Jefe, Levingston debió renunciar en la madrugada del 23 de marzo de 1971.

El 26 de marzo, el teniente general Alejandro Agustín Lanusse asumió la presidencia de la República, con retención del cargo de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Con el nuevo mandatario comenzó la “tercera etapa” de la Revolución Argentina y el gobierno manifestó su voluntad de llevar a término el proceso destinado a normalizar la vida institucional del país. Se estableció un calendario electoral y el partido Justicialista obtuvo su personería política.

En octubre de 1972, el gobierno convocó a elecciones para marzo del año siguiente. Un mes después y luego de largo exilio, el 18 de noviembre retornó al país el ex presidente Perón, quien —en el transcurso de su corta permanencia— conversó con dirigentes políticos.

Se integró el FREJULI (Frente Justicialista de Liberación Nacional), que proclamó la fórmula peronista a la presidencia de la República, integrada por Héctor J. Cámpora y Vicente Solano Lima, quiene triunfaron en las elecciones de 11 de marzo de 1973.

El Gobierno de la Revolución Argentina del general Juan Carlos Onganía -respaldado por las empresas multinacionales y por un sector del sindicalismo- cerró el Congreso, prohibió la actividad política, intervino las universidades e implantó la censura.

La política económica promovió la radicación de grandes empresas multinacionales. El gobierno intervino con fuerza en la economía. Devaluó la moneda y fijó un tipo de cambio alto para aumentar las posibilidades exportadoras de la gran industria. Al mismo tiempo, para financiar sus gastos, el estado retuvo un porcentaje del ingreso por exportaciones agrícolas.

Entre 1969 y 1970, varios conflictos debilitaron al gobierno.

• En 1969, estalló en Córdoba un movimiento de protesta social –el Cordobazo-, en el que participaron obreros industriales, empleados estatales y estudiantes universitarios. A partir de entonces, se produjeron protestas en distintas ciudades (Rosario, Mendoza), que indicaban la extensión del descontento.

• En 1970, surgió un grupo guerrillero –Montoneros– de filiación peronista. Otro grupo –ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo, trotskista)- intensificó sus actividades.

Onganía fue destituido en 1970. Luego de un breve gobierno del general Roberto M. Levingston, en 1971 asumió la presidencia el general Alejandro A. Lanusse, un jefe militar con cierta capacidad política para conducir una salida democrática. En 1972, Perón regresó al país luego de diecisiete años de exilio.

Conclusión: El ciclo de la Revolución Argentina agudizó los conflictos que supuestamente vino a disipar. El problema del desarrollo no estaba resuelto: si bien la industria alcanzó mayores niveles de tecnificación, la economía quedó atrapada en la lógica del saqueo y la inflación descontrolada.

El desorden social en 1973 era mayor que en 1966. Bajo el régimen represivo de Onganía surgieron movimientos radicalizados, tanto en lo político como en lo sindical, que legitimaron la violencia como un medio para la resolución de los conflictos sociales. Este era el producto de 17 años de intolerancia que impidió el desarrollo normal de la actividad política.

Perón por su parte, llegó al poder aplicando la misma estrategia de octubre de 1945: las Fuerzas Armadas lo acusaron de ser el origen del conflicto social; él se presentó como el único líder que podía resolverlo. Sin embargo, confió demasiado en su capacidad para controlar las fuerzas que había desatado dentro de su movimiento.

El destino del Estado Burocrático Autoritario en Argentina fue distinto al de sus vecinos latinoamericanos. En el Brasil de 1964 y en Chile en 1973, las alianzas tecnocráticas que llevaron al poder a los militares fueron lo suficientemente sólidas como para mantenerse en el poder, mediante el uso de la represión, hasta concretar sus objetivos.

En el caso argentino, el estallido del cordobazo y las divisiones dentro de las Fuerzas Armadas demostraban que distintos sectores sociales que originariamente estuvieron de acuerdo con el golpe, rápidamente lo dejaron solo.

Pero sería equivocado cargar sobre los militares megalómanos toda la responsabilidad, dado que en 1966 la sociedad mostró su poco aprecio por el orden institucional. Partidos políticos, intelectuales de derecha e izquierda, militares, religiosos y empresarios sacrificaron a la democracia en aras de las “grandes transformaciones” y el “destino de grandeza” del país.

La Revolución Argentina incrementó las tensiones y los desgarramientos sociales, se generaron de esta manera las condiciones para que la violencia fuera visualizada como el único medio posible para el diálogo entre la sociedad y el Estado. (Fuente: Cuatro Décadas de Historia Argentina)

LA DEMOCRACIA: En las elecciones de 1973 triunfó el Frente Justicialista de Liberación, integrado por el peronismo y varios partidos menores. Héctor J. Cámpora, un hombre de absoluta lealtad a Perón, asumió la Presidencia de la Nación en mayo de 1973.

El fracaso democrático
El gobierno democrático encontró una situación compleja:

• las expectativas de cambio social eran grandes;
• el movimiento peronista estaba fragmentado en grupos de izquierda y de derecha, enfrentados violentamente por el control del gobierno;
• el presidente Cámpora sólo tenía un poder formal: Perón era la única figura con capacidad para ser arbitro entre los sectores.

En julio de 1973, Cámpora renunció y, luego de nuevas elecciones. Juan D. Perón -acompañado en la fórmula por su esposa María Estela Martínez- asumió la presidencia. El líder impulsó un Pacto Social entre empresarios y sindicalistas para frenar la puja sectorial.

Fuente Consultada:
Cuatro Décadas de Historia Argentina – P. Dobaño – M. Lewkowicz
El Libro de los Presidentes Argentinos del Siglo XX Deleis-Tito-Arguindeguy
Historia 3 – El Mundo Contemporáneo –
Nuestra Historia 1966-1972 – La Revolución Argentina – Nueva Enciclopedia Visual de Historia Argentina

 

Revolucion Argentina Caida del Gobierno de Illia Golpe de Ongania

Revolución Argentina – Caída del Gobierno de Illia
Golpe de Onganía

La nueva ruptura del orden Constitucional:

Los militares que encabezaron la Revolución que derrocó al Presidente Arturo Illia establecieron un sistema de gobierno basado en una Junta formada por los tres Comandantes en Jefe de las tres Fuerzas y se dispuso que la Presidencia fuera ejercida por un Presidente designado por la Junta, y con ejercicio de todas las facultades legislativas que la Constitución otorga a Congreso.

El 30 de junio del 1966 asumió el cargo de Presidente designado por ese mecanismo el General Juan Carlos Onganía Durante su gestión surgen los primeros grupos subversivos, los que unidos a la agitación política y socia crean un clima confuso. Se produce el asesinato del ex presidente Pedro Eugenio Aramburu y la aparición de los grupos montoneros.

Disidencias internas en el ejército fuerzan la renuncia del genera Onganía, sucediéndolo el general Roberto Levingston, el que, por carecer de suficiente apoyo, es pronto desalojado por el general Alejandro Lanusse.

La insostenible situación que padecía el país llevó a este general a prometer la pronta normalización de la vida institucional, iniciando a respecto una apertura política. Ello permitió la revitalización de la figura del general Perón, que desde el exilio en Madrid regresó al país al amparo de las promesas y garantías que ofrecía el llamado a la pacificación.

Durante la estadía del general Perón, apenas un mes, se formó el Frente Justicialista de Liberación Nacional (Frejuli).

Retorno a la vida Constitucional

Las elecciones se llevaron a cabo en marzo de 1973 y obtuvo el triunfo el Partido o conjunción de fuerzas políticas que integraban el Frejuli. La fórmula fue encabezada por el Dr. Cámpora, acompañado del doctor Vicente Solano Lima.

En junio regresaba para instalarse en el país el general Perón, pero su llegada fue objeto de un grave enfrentamiento armado entre los sectores marxistas que deseaban apoderarse del gobierno y quienes sólo deseaban restaurar un gobierno justicialista. Esa grave situación interna producida en el partido gobernante llevó a Perón a pedir la renuncia del Presidente y Vice y Presidente del Senado para que, de acuerdo con la ley de acefalía, asumiera el Presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Lastiri, quien debió convocar de inmediato a nuevas elecciones.

En este comicio Perón resultó electo por abrumadora mayoría, acompañado en la fórmula por su esposa Isabel Martínez de Perón. Asumió la presidencia el 12 de octubre de 1973.

Ya para esa fecha los grupos subversivos y los montoneros desarrollaban una activa acción bélica interna con sangrientos episodios sin antecedentes en la historia del país. En 1974, antes de cumplirse el año de gobierno, fallecía el Presidente Perón y lo sucedía Isabel Martínez.

La descomposición social, la impotencia del gobierno para contener la ola de violencia, la fuerte infiltración marxista, la crisis económica y la incapacidad de los partidos para hallar soluciones rápidas, provocan un clima confuso y grande desorientación. Los órganos constitucionales, a saber, el Poder Ejecutivo y el Parlamento, no estaban a la altura de las exigencias históricas.

 Fuente Consultada:
Cuatro Décadas de Historia Argentina – P. Dobaño – M. Lewkowicz
El Libro de los Presidentes Argentinos del Siglo XX Deleis-Tito-Arguindeguy
Historia 3 – El Mundo Contemporáneo –

La Red ferroviaria argentina en 1880 Empresas Britanicas Historia

La Red ferroviaria Argentina en 1880
Las Empresas Británicas

LOS FERROCARRILES: A ningún banquero, ningún capitalista extranjero podía dudar del futuro argentino cuando contemplaba lo que se estaba haciendo en materia de ferrocarriles. En 1880 existían casi 2 500 Km. de vías, la mitad de ellas propiedad del Estado; en 1890, las vías llegaban a 9 500 Km. y las concesiones otorgadas entre 1886 y 1889 alcanzaban 26 000 Km., una cifra realmente fantástica; esta extensión existía sólo en el papel, desde luego, pero era indicativa de la vocación expansiva de los «caminos de hierro» en el país.

la porteña, primer tren en buenos aires

LA PORTEÑA, Primera Locomotora Pública en Bs.As.

Sin embargo, a lo largo de esos diez años la filosofía estatal en materia de ferrocarriles había variado totalmente. En 1880 el Estado Nacional era dueño del Ferrocarril Central Norte, que unía Córdoba con Tucumán, de un ramal de Villa María a Río IV que aspiraba a llegar a Cuyo, y de un pequeño tramo en Entre Ríos; además, la provincia de Buenos Aires poseía el Ferrocarril del Oeste, que vinculaba la nueva Capital Federal con Lujan y allí se dividía en dos rumbos, hacia Arrecifes (donde llegó en 1881) y hacia 9 de Julio (1883).

El resto de las líneas ferroviarias pertenecía a seis compañías británicas, tres de las cuales gozaban de «ganancias garantidas». La principal era la del Ferrocarril del Sud, que llegaba a Tandil y Azul, seguida por la del Ferrocarril Central Argentino, que unía Rosario con Córdoba. Las dos terceras partes de las vías se concentraban en la pampa húmeda; el tercio restante recorría la zona norte del país.

Urgidos por la necesidad de integrar las regiones y dar salida a los productos agropecuarios, los gobiernos anteriores a 1880 habían establecido en algunas leyes de concesión la cláusula de «ganadas garantidas», que significaba que la Nación aseguraba un mínimo del 7 por ciento sobre el capital invertido como renta para los accionistas.

En la década del ochenta el Estado Nacional siguió participando en la construcción de ferrocarriles, pero limitó las «ganancias garantidas» a un 5 por ciento y abandonó la modalidad de regalar a la empresa constructora las tierras adyacentes al tendido. Ya se había logrado el interés de los capitales, no había necesidad de estimularlos con privilegios y, además, el propio Estado Nacional hacía punta en la expansión ferroviaria.

Cuando Roca abandona la presidencia (1886), las vías férreas ya contaban con 6 000 Km. de tendido, y en ese incremento hay que señalar realizaciones como la del Ferrocarril Andino. Originariamente se había planeado extender el ramal Villa María Río IV a Mendoza y San Juan, con una eventual prolongación a Chile.

El concesionario, Juan Clark, renuncia en 1881, y la construcción del Ferrocarril Andino pasa a ser responsabilidad del Consejo de Obras Públicas de la Nación. En mayo de 1885 el tren llega a Mendoza y luego a San Juan, con una baratura de costos y un rendimiento que asombra. «La vía más barata y mejor construida de la República», dice Roca en uno de sus mensajes. Lo es a tal punto, que esos 500 Km. tendidos en cinco años aportan, en 1885, un millón de pesos a las Rentas Generales de la Nación. Algo similar ocurre con el Ferrocarril Central Norte, también propiedad de la Nación, que a partir de 1882 se transforma en una fuente de ingresos, autofinanciando dos de sus ramales y prolongándose a Salta.

Pero esta exitosa política estatal habría de clausurarse con la gestión presidencial de Juárez Celman. A los tres meses de asumir el poder se vende el Ferrocarril Andino… ¡al mismo Clark que había renunciado a construirlo! Además, se le garantiza una ganancia del 5 por ciento sobre los 12 millones de pesos oro que ha pagado para adquirir la línea.

En diciembre de 1887 se enajenan los ramales del Central Norte y luego la red troncal, que fue comprada por una firma inglesa para transferirla días después al Córdoba Central Railway: también en este caso la Nación garantizó una ganancia del 5 por ciento a los adquirentes.

Poco más tarde la provincia de Buenos Aires vende el ejemplar Ferrocarril del Oeste. Salvo dos ramales, «el chiche de los porteños» fue adjudicado en abril de 1890 a un sindicato de compañías inglesas que ofreció unos 40 millones de pesos oro. «Los ferrocarriles de la provincia se llaman ahora “New Western Railway of Buenos Aires“. ¿No se parece eso a la sombra de la bandera inglesa flameando sobre otro pedazo del territorio argentino con más derecho del que tiene para flamear sobre las Islas Malvinas?» clamaba Carlos D’Amico en su libro Buenos Aires, sus hombres, su política, escrito en 1890.

Así, en menos de diez años, aquella política ferroviaria llevada adelante por el Estado con sentido nacional se había frustrado. Contrariamente a la tendencia inicial de la década, en 1890 la mayoría de los 9 500 Km. de vías férreas existentes pertenecía al capital inglés (los franceses recién entraron al negocio ferroviario en 1885).

La «furia ferroviaria» no habría de detenerse, pero ya tenía otro sentido. A partir de 1890, los ferrocarriles que en el futuro construyera el Estado Nacional se tenderían en zonas alejadas, escasamente pobladas, como una medida de fomento; las grandes redes troncales eran inglesas.

No faltaron voces que advirtieran la insensatez de la política de Juárez Celman, que vendía, en pleno éxito de explotación, lo que el país entero había construido con su esfuerzo y su ahorro. Síntesis de estas opiniones es el comentario de El Nacional del 20 de julio de 1887: «¿Qué no se ha dicho de los ferrocarriles? Todo empréstito era poco para gastarlo en él. Ahora de la Casa Rosada sale esta proclama: el Gobierno “no” debe hacer ferrocarriles: se declara arrepentido de haberlos hecho…»

Y sigue diciendo el diario: «El gran secreto financiero consiste, pues, en este doble procedimiento: defender los ferrocarriles del Estado para tener empréstitos, y renegar de ellos luego de ser administrados por el gobierno para vender los ferrocarriles, para tener dinero.»

Era cierto: acosado por una deuda creciente en oro, el gobierno de Juárez Celman intentaba hacerse de recursos vendiendo los ferrocarriles del Estado, con el pretexto de que el Estado era un mal administrador… aunque las líneas enajenadas, tanto de la Nación como de la provincia de Buenos Aires, fueran un modelo de buena gestión comercial.

Quizá no habría que dejar de lado un elemento de corrupción que en aquella época flotaba en el ambiente, ni la inexperiencia de gobernantes alucinados por las doctrinas económicas en boga. Pero, volviendo a lo que se subrayaba al comenzar, ninguno de estos aspectos interesaba al observador extranjero. Sí le impresionaba, en cambio, el espectacular crecimiento de la red ferroviaria argentina, y su significación con respecto a la modernización y la capitalización del país, además de su importancia como infraestructura de un mejor y más barato transporte de la producción agropecuaria a la gran boca de expendio que era el puerto de Buenos Aires.

Los ferrocarriles a la luna
En la compilación de Gustavo Ferrari y Ezequiel Gallo titulada La Argentina del ochenta al centenario (Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 1980), el economista Eduardo Zalduendo se refiere a aspectos del sistema de transportes en la década de 1880 calificando de «período de la manía» al bienio 1887/89.

«Al terminar la primera administración del presidente Roca, la red ferroviaria contaba con 6000 Km. Los tres años siguientes se caracterizaron por una fiebre o “manía” ferroviaria reflejada en el otorgamiento indiscriminado de concesiones por el Congreso y los gobiernos nacional y de la provincia de Buenos Aires dentro de su jurisdicción: el total de concesiones aprobadas durante este período se ha estimado que posibilitaba la construcción de alrededor de 26 000 kilómetros.

»Una parte de estas concesiones se otorgó como recompensa por favores políticos. Los concesionarios lograron tramos paralelos a líneas ya en operación, o lograron los tramos siguientes a las puntas de rieles ya concedidas [o que fueron] ilusiones por extenderse por zonas totalmente fuera de posibilidad de desarrollo. En los dos primeros casos los concesionarios tenían frecuentemente la intención de venderlas a las empresas británicas ya establecidas y, en el último caso, encontramos los que en la época se conocieron como “ferrocarriles a la luna” tales como Resistencia Orán, San Rafael Ñorquín, etc.

Durante los tres años mencionados se otorgaron sesenta y siete concesiones nacionales, a veinticuatro de las cuales se les ofreció una garantía del 5 por ciento de interés sobre el monto de inversiones fijado por kilómetro de vía. El monto kilométrico variaba según la trocha, la topografía del terreno y el eventual volumen del servicio esperado. Asimismo los plazos de las concesiones, entre ocho y cincuenta y cinco años, siendo el de veinte años el plazo más frecuente. El total de líneas concedidas en tales condiciones fue de 12 200 kilómetros; felizmente, muchas no se llevaron a cabo, pues el compromiso financiero adicional que ellas configuraban hubiera representado nada menos que el 45 por ciento del presupuesto nacional de 1890.

En esos años, además, algunas provincias comenzaron a deslumbrarse por la “manía”: durante 1888 y 1889, la provincia de Buenos Aires acordó una red de concesiones en su territorio que culminó con el espectacular otorgamiento del día 17 de octubre de 1888. Luego la fiebre llegó a Santa Fe, Córdoba, Tucumán y Corrientes; en la década siguiente a Salta, y en 1902 a Mendoza».

PARA SABER MAS…

El periodista Diego Valenzuela, en su libro “Enigmas de la Historia Argentina”, comenta lo siguiente respecto a los primeros ferrocarriles:

“Contra lo que se dice comúnmente, antes de ser inglés, el primer ferrocarril fue privado nacional y, luego, estatal. La primera compañía ferroviaria, de 1854, estaba constituida por un grupo de familias adineradas, comerciantes porteños. En la época fue la mayor empresa local y actuó durante casi una década, desde comienzos de 1854 hasta fines de 1862, construyendo y operando la primera línea férrea de la provincia y del país. Esta no era otra que el mencionado ferrocarril hacia el Oeste, que partía de la plaza Del Parque, un antiguo basural conocido como “el hueco del zumbido”, donde hoy se encuentra el Teatro Colón. Como con el tiempo esta familias no consiguen suficiente capital, tratan de armar una sociedad anónima, pero hay poca gente interesada y la firma pasa al estado.

Hacia 1850, las empresas más grandes que había eran cuatro o cinco saladeros que procesaban la carne salada para exportar, un par de pequeños molinos harineros y nada más; eran iniciativas muy rudimentarias, negocios importantes pero operaciones muy simples desde el punto de vista de la inversión. Construir un ferrocarril de diez kilómetros se convirtió en una iniciativa de alto vuelo para la Argentina. En ese momento, capitalistas argentinos se proponen ser los pioneros, y piden permiso para hacer un ferrocarril al Oeste. No tienen claro hasta dónde llegará, porque dependen del dinero que consigan.

Buscan un ingeniero para que les haga el trabajo; pasan cuatro, hay demoras, varios renuncian. Finalmente, desde la vieja estación Del Parque, parte el primer viaje hacia Floresta, en 1857. La estación fue adornada, y entre los presentes se tenía la sensación de estar presenciando un momento histórico.

Cuando el ferrocarril llega a Moreno, en 1860, el 90 por ciento del capital había sido puesto por el estado. Está manejado por un directorio privado, pero el capital es público. Para entonces ya era evidente que se requería un gran salto, que no se podía seguir creciendo de a pequeños pasos. Llegar a Chivilcoy requería mucho dinero, eran 120 kilómetros adicionales cruzando la nada. Los inversores privados buscan al estado, que compra las acciones y se dispone a seguir con la obra. Un ferrocarril de capital privado local pasa a ser un ferrocarril estatal de la provincia de Buenos Aires. Recién hacia 1889 fue vendido al capital inglés.”

 

Nacionalizacion de Aerolineas Argentinas Gobierno de Juan Peron

Nacionalizacion de Aerolineas Argentinas Por Perón

NACIONALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS: Si algo caracterizó a la política económica del peronismo en su etapa inicial esto fue la nacionalización de los servicios públicos. Discutida y atacada duramente por la oposición, esa política sin embargo fue llevada adelante con una firme decisión. Con el correr de los años, lo que más se le ha criticado al peronismo han sido los resultados concretos de esa nacionalización de servicios públicos, pues éstos incrementaron los gastos del Estado en forma desproporcionada y deterioraron en casi todos los casos la calidad de las prestaciones. Pero en el momento de ponerse en marcha aquella política lo que más se discutía era la forma en que se hacían las negociaciones con las compañías extranjeras, a las que se concedió un tratamiento que irritaba a los opositores, porque se pagaban indemnizaciones consideradas excesivas.

Aerolíneas Argentinas

Desde 1929 funcionaba en el país una sola empresa aérea de transportes: Aeroposta Argentina, que inició sus vuelos con aviones franceses Late 25. En 1933, por medio de un apoyo oficial, se incorporaron nuevos aparatos que ampliaron el pasaje de cuatro a ocho pasajeros por vuelo. Cuatro años después esta compañía adquirió aviones Junkers, de fabricación alemana, con mayor potencia y capacidad para 17 personas, lo que permitió aumentar los servicios y reducir el tiempo de vuelo.

Pero el esfuerzo que significaba sostener y ampliar estos servicios obligó a convertir a la empresa en una sociedad mixta con participación estatal, lo que se formalizó en 1945. También en ese año el gobierno dispuso crear otras tres empresas mixtas de transporte comercial y se constituyeron así la Flota Aérea Mercante Argentina (FAMA), para la explotación de rutas internacionales la Sociedad Mixta Zonas Oeste y Norte de Aerolíneas (ZONDA), que vinculaba a Buenos Aires con el interior del país, y la Sociedad Mixta de Aviación del Litoral Fluvial Argentino (ALFA), cuyas líneas conectaban con la Mesopotamia, Asunción del Paraguay y Montevideo.

Aerolíneas Argentinas fundada por Perón

La más importante, FAMA, aprovechó la asunción del nuevo presidente, el 4 de junio de 1946, para inaugurar sus servicios regulares a Europa y Santiago de Chile. Cuatro meses después agregó Río de Janeiro. Pero los déficit aumentaban y el gobierno resolvió unificar todas las empresas; mediante un decreto, el 3 de mayo de 1949 se incorporó al patrimonio nacional a las cuatro compañías. “El 51 por ciento del capital era del Estado y el resto de empresas privadas.

Pero el sector privado no aportó las sumas que le correspondían para reducir el déficit y llegó un momento en que la deuda superaba al capital aportado. Entonces resolvimos crear una sola empresa estatal y fundamos Aerolíneas Argentinas, en marzo de 1950”, recordaría el entonces ministro de Transportes, coronel Juan F. Castro. La nueva empresa monopolizó el cabotaje interno y recibió como sedes el edificio de la Oficina de Ajustes, que utilizaban los ferrocarriles, en Leandro N. Alem y Alsina, y el Palacio del Viajero, en Perú 22. “Los cuatro talleres que había se centralizaron en uno solo: Ezeiza. Apenas creada Aerolíneas inauguramos los servicios regulares a Nueva York. La base de la flota eran 36 aviones Douglas DC-3, y para los vuelos a Europa y Estados Unidos se utilizaban los flamantes DC-4. La flotilla de hidroaviones Sandringhan sirvió para atender los servicios al Litoral”, explicó Castro.

El ingeniero Maggi, su sucesor en el ministerio, exaltó, a su vez, la construcción del aeropuerto Ministro Pistarini como “una obra perdurable” y enumeró la ampliación y perfeccionamiento de las viejas pistas de tierra del interior del país: “Se hicieron nuevos aeropuertos -dijo- en Río Cuarto, Río Gallegos, Río Turbio, Ushuaia, Comodoro Rivadavia y Comandante Espora”.

17 de Octubre de 1945: Día de la Lealtad Peronista

Fuente Consultada: La Primera Presidencia de Perón – Biblioteca Política Argentina

La Flota Mercante en el Gobierno de Juan Peron

La Flota Mercante en el Gobierno de Juan Perón

NACIONALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS: Si algo caracterizó a la política económica del peronismo en su etapa inicial esto fue la nacionalización de los servicios públicos. Discutida y atacada duramente por la oposición, esa política sin embargo fue llevada adelante con una firme decisión.

Con el correr de los años, lo que más se le ha criticado al peronismo han sido los resultados concretos de esa nacionalización de servicios públicos, pues éstos incrementaron los gastos del Estado en forma desproporcionada y deterioraron en casi todos los casos la calidad de las prestaciones. Pero en el momento de ponerse en marcha aquella política lo que más se discutía era la forma en que se hacían las negociaciones con las compañías extranjeras, a las que se concedió un tratamiento que irritaba a los opositores, porque se pagaban indemnizaciones consideradas excesivas.

Presidente Juan Domingo Perón

La flota mercante

En agosto de 1941 el gobierno de Ramón S. Castillo resolvió comprar los 16 barcos italianos bloqueados en puertos argentinos por los aliados y creó así la Flota Mercante del Estado. Se trataba de buques obsoletos, pero que en ese momento representaban 136 mil toneladas de porte bruto que servirían para movilizar el comercio exterior. Perón decidió en 1946 modernizar aquella flota y encargó a Génova la construcción de tres motonaves para cubrir la línea de carga y pasaje con el puerto de Nueva York. Esos buques fueron bautizados con los nombres de “Río de la Plata”, “Río Jachal” y “Río Tunuyán”.

Pero su principal operación para ampliar la flota consistió en adquirir los barcos de la Compañía Argentina de Navegación Dodero S.A. Los orígenes de esa empresa se remontaban a 1897, cuando un inmigrante yugoslavo, Nicolás Milianovich, inició sus actividades como botero durante el aprovisionamiento de las tropas que peleaban en la guerra con el Paraguay. Cuando Mihanovich acumulé dinero suficiente para comprar los primeros remolcadores y balleneros, admitió el ingreso de capitalistas ingleses y amplié su negocio. En 1931 contaba con 324 unidades y en noviembre de 1942 vendió todos sus barcos a los hermanos Alberto, Nicolás y José Dodero. Estos, a su vez, incorporaron 25 buques de ultramar que los Estados Unidos vendían a bajo precio al término de la guerra y que se habían producido en serie durante las operaciones bélicas en el Pacífico. Los Dodero reorganizaron su negocio y crearon dos empresas: Río de la Plata 5. A. de Navegación de Ultramar y Compañía de Navegación Fluvial S. A. En realidad, la primera de ellas se estructuró como un holding, teniendo en su poder las acciones de las otras dos.

Barco de la flota peronista

“Barco Presidente Perón” un barco suntuoso moderno de la flota mercante durante el gobierno de Juan perón

Las primeras negociaciones de Alberto Dodero con el gobierno peronista dan cuenta de una ayuda oficial para enjugar el déficit de su empresa (que se estimaba en 200 mil pesos diarios) y que consistió en obtener el monopolio del transporte de 30 mil inmigrantes, a razón de 600 pesos cada uno. Pero eso no alcanzó para restaurar la situación financiera y Dodero se decidió a poner en venta su empresa naviera. El primer interesado fue el gobierno y la operación se consumó en mayo de 1949 mediante un decreto que declaro “servicios públicos, esenciales a la independencia económica nacional, los prestados por la Compañía Dodero”. El IAPI quedó facultado para formalizar la compra de las acciones por un total de 164 millones de pesos, aunque el costo de la operación se estimé en 100 millones más, debitados en el pasivo de la empresa.

La oposición parlamentaria aprovechó para formular un pedido de informes, que presentó el diputado Silvano Santander a principios de junio. Más de 20 horas deliberaron los legisladores en el recinto, con la presencia de los ministros Cereijo, Paz, Gómez Morales, Ares y Castro. El peso de la defensa recayó en Cereijo, quien se enorgulleció “por estar vinculado a esta limpia operación que cumple una nueva etapa en la obtención progresiva de los servicios públicos en manos del Estado”. Las interrupciones de Santander reclamando cifras al ministro fueron interceptadas por José Emilio Visca: “j,No prefiere que le traigamos la Gula Kraft, señor diputado? “. Abarrotado de expedientes, Cereijo comenzó a detallar el inventario del edificio de Corrientes y Reconquista y con ironía abundé en explicaciones sobre. el reloj de su cúspide y la amplia capacidad de los ascensores.

— ¡Queremos saber cuAnto mide la cabeza del ascensorista! —troné fastidiado Atilio Cattáneo.

—Esta payasada es un insulto a la Cámara —reproché Oscar López Serrot, también radical.

—Lá minoría pidió la interpelación, y no me va a enseñar cómo debo contestarla —se defendió Cereijo.

—Termine de una vez, que a usted ya no lo aguantan ni en Rácing —le espeté Luis Dellepiane.

Tras dos cuartos intermedios, uno pedido por Visca “para que descanse el orador” y otro por Dellepiane “para que descanse el auditorio”, la Cámara escuché a Santander: “El gobierno ha sido complaciente y generoso con el holding Dodero, cuyos integrantes son también directores de la CADE. El país ha comprado una empresa en bancarrota”. La operación se aprobó lo mismo y, mientras se levantaba la sesión, un diputado gritó desde su banca: “El informe del ministro ha sido el del sindico de un quebranto”. El grupo Dodero quedé en manos del IAPI hasta que pasé al Ministerio de Transportes, en 1951, y de la fusión de la Compañía Argentina de Navegación Dodero y Río de la Plata 5. A. surgió la empresa estatal Flota Argentina de Navegación de Ultramar (FANU). Sobre la base de la Compañía de Navegación Fluvial S. A. se creó la Flota Argentina de Navegación Fluvial.

La prensa clandestina denunció que Alberto Dodero “gestionó la compra de su flota halagando a la pareja presidencial” y que Dodero había costeado primero el viaje de Evita a Europa, en junio de 1947, y luego de la operación le obsequió su residencia de Gelly y Obes 2287, un paraíso arquitectónico de 8 pisos con una piscina aérea bordeada de jardines. Así lo denunciaron el semanario socialista La Vanguardia (30-XI-48) y el boletín radical Orcora (1-1 1-50).

Pero esos dardos no inmutaron a los altos funcionarios, que estaban dispuestos a organizar el transporte marítimo y fluvial. “La flota argentina llegó a un millón 200 mil toneladas de desplazamiento —dice Maggi, quien en 1951 sucedió a Castro en el Ministerio de Transportes— y creamos la flota de empuje, con remolcadores norteamericanos, iguales a los que se usan en el Misisipí, que pueden movilizar un tren de doce barcazas cada uno. La importancia de nuestra flota se comprobó cuando logramos copar el comercio con Brasil: más del 75 por ciento de ese comercio costero se hacía con barcos argentinos.” Argentina había adquirido en Gran Bretaña tres buques de carga, por medio del IAPI, a los que bautizó “Presidente Perón”, “Eva Perón” y “17 de Octubre”.

Holanda construyó para la Compañía Dodero (que siguió funcionando como empresa privada, aunque sus acciones pertenecían al Estado) tres barcos de pasajeros, a los que se resolvió denominar “Yapeyú”, “Maipú” y “San Lorenzo”. Este último debió llamarse, en cambio, “Alberto Dodero”. La muerte del empresario, quien había manifestado públicamente su “amistad y lealtad a Perón”, obligó a cambiar el nombre de aquel barco antes de botarlo.

17 de Octubre de 1945: Día de la Lealtad Peronista

Fuente Consultada: La Primera Presidencia de Perón – Biblioteca Política Argentina

Política Energetica en el Gobierno de Peron Carbon de Rio Turbio

Política Energetica en el Gobierno de Perón

NACIONALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS: Si algo caracterizó a la política económica del peronismo en su etapa inicial esto fue la nacionalización de los servicios públicos. Discutida y atacada duramente por la oposición, esa política sin embargo fue llevada adelante con una firme decisión.

Con el correr de los años, lo que más se le ha criticado al peronismo han sido los resultados concretos de esa nacionalización de servicios públicos, pues éstos incrementaron los gastos del Estado en forma desproporcionada y deterioraron en casi todos los casos la calidad de las prestaciones. Pero en el momento de ponerse en marcha aquella política lo que más se discutía era la forma en que se hacían las negociaciones con las compañías extranjeras, a las que se concedió un tratamiento que irritaba a los opositores, porque se pagaban indemnizaciones consideradas excesivas.

Juan perón

La Política energética del Gobierno de Juan Perón

Toda esa política de nacionalización de servicios públicos excluyó a la única empresa en situación próspera, la CADE, cuyos intereses fueron respetados. Perón había entrado en negociaciones con la CADE en 1944, cuando esta empresa la encomendé “persuadir al Presidente Farrell para que desistiera de nacionalizar los servicios eléctricos”. (Farrell quería celebrar el primer aniversario del golpe militar de 1943 firmando un decreto que resolvía “recuperar para el Estado los bienes mal habidos por la CADE”.)

Después se supo que Perón había pactado con el gerente general de la CADE —quien vivía en el mismo edificio que él, en Posadas 1567, unos pisos más arriba— el apoyo económico para su campaña electoral, a cambio del secuestro de los originales del famoso Informe Rodríguez Conde (en el que se documentaban los sobornos de la empresa para obtener en 1936 la prórroga de las concesiones eléctricas de parte del Concejo Deliberante). El Informe no fue publicado hasta después del derrocamiento de Perón, en 1956, y la CADE desarrollé su actividad sin problemas hasta esa fecha.

Manteniendo intacta la explotación privada del servicio eléctrico, el gobierno peronista prefirió, en cambio, lanzarse a una movilización de fuentes naturales de energía, que hasta ese momento permanecían desaprovechadas.

Desde el primero de enero de 1946 había quedado estructurado el mecanismo de la Dirección Nacional de Energía, dando nacimiento a cuatro entidades: Gas del Estado, Combustibles Sólidos y Minerales; Centrales Eléctricas del Estado y Combustibles Vegetales y Derivados. Cada una ostentaba una dirección general, similar a la de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (de donde se habían desprendido las dos primeras), y todas, incluyendo a esta última, pasaron a depender del ente central creado a fines de octubre de 1943, a los cinco meses del estallido militar.

Aquella Dirección Nacional de Energía había sido confiada al coronel Bartolomé Descalzo, quien retuvo el cargo al asumir Perón y confirmó en sus puestos a los ingenieros Julio V. Canessa (en Gas del Estado) y Juan Eugenio Maggi (en Centrales Eléctricas). Mientras Canessa libraba su batalla para construir el gasoducto Comodoro Rivadavia-Buenos Aires, Maggi emprendía el estudio de un vasto plan de realizaciones para incorporarlas al programa de gobierno que José Figuerola preparaba desde su Secretaría de Asuntos Técnicos. Maggi, que había sido inspector general de explotación técnica en la Comisión del Control del Transporte hasta el 4 de junio de 1943, fue nombrado luego ministro de Obras Públicas y Riego, en Mendoza.

“Es falso que hayamos asaltado los cargos, como se dijo. Yo ocupaba un puesto de alta jerarquía antes del 43 y ganaba tanto como un ministro: 1.200 pesos por mes”, explicó al autor de este trabajo. Pero su adhesión al peronismo tenía otra explicación: “En mi casa siempre se habló de política; yo fui afiliado radical desde 1920 y me incorporé a FORJA porque soy nacionalista. En un congreso de ingenieros efectuado en Córdoba, en 1942, con varios colegas logramos que se aprobaran algunas ponencias sobre nacionalización de servicios públicos y fomento de la industria siderúrgica. Estábamos hartos de seguir atados a un imperialismo decadente como el inglés”.

Diques y usinas nuevos

Centrales Eléctricas del Estado sería fusionada al poco tiempo, en 1947, con la Dirección General de Irrigación para dar nacimiento a la empresa autárquica Agua y Energía Eléctrica. Maggi ocupó el cargo de director general y comenzó a ejecutar los proyectos aprobados en el Plan Quinquenal. “Hubo que improvisar todo porque no había antecedentes técnicos. Cuando me hice cargo de Centrales Eléctricas —dijo— estábamos en cero. Una vez planificadas las obras empezamos a trabajar. Las provincias habían expropiado, entre 1944 y 1945, las usinas térmicas del grupo ANSEC y una central hidroeléctrica en Tucumán.

Esa provincia, Entre Ríos, Santa Fe y Jujuy hicieron convenios con la Nación, traspasándole los servicios expropiados. Agua y Energía los tomó a su cargo y los amplió; también expropió los servicios eléctricos del grupo SUDAM (en Santa Fe, Buenos Aires y Santiago del Estero) y comenzó a funcionar en Córdoba y Corrientes.” La primera meta consistía en terminar dos obras iniciadas durante el período revolucionario: los diques Escaba (en Tucumán) y Nihuil (en Mendoza), con sus centrales hidroeléctricas. Simultáneamente se terminó también el dique Los Quiroga (en Santiago del Estero) y se inició la construcción de centrales hidroeléctricas en todo el país. Esa extensa nómina incluye 6 diques con usinas en Córdoba; otros 6 en Catamarca; 4 en Río Negro y 3 en Mendoza. Las obras de mayor trascendencia fueron los diques Florentino Ameghino, en Chubut; Las Pirquitas, en Catamarca; Los Molinos, en Córdoba y La Florida, en San Luis.

“Para dar una idea del impulso iniciado —dijo Maggi— conviene establecer que en 1943 teníamos una potencia instalada en centrales hidroeléctricas de 45 mil kilovatios y ahora Agua y Energía tiene siete veces más: 350 mil kilovatios. A esto debe agregarse una cartera de estudios y proyectos por valor de 6 millones de kilovatios.”

Las continuas fricciones con el gobierno uruguayo postergaron la construcción de las obras hidroeléctricas de Salto Grande, a pesar de que el convenio entre ambos países fue aprobado el 2 de junio de 1948, sobre la base de un acuerdo similar entre los Estados Unidos y Canadá para el aprovechamiento del río San Lorenzo.

Ello impidió contar con una potencia de 840 mil kilovatios para repartir entre ambas márgenes del río Uruguay. El diputado peronista Joaquín Díaz de Vivar acusó, en agosto de 1949, al canciller uruguayo Eduardo Rodríguez Larreta de ser “la punta de lanza del imperialismo norteamericano para detener la obra”. La prensa oriental respondió acusando de imperialista al gobierno de Perón.

Además de realizarse ampliaciones en las centrales termoeléctricas existentes, el Plan Quinquenal sembró usinas térmicas en Mar del Plata, Mendoza, Río Negro, Tucumán y Entre Ríos. Algunas modificaciones en la serie de obras proyectadas obligaron a eliminar la instalación de una usina en San Luis, a cambio de otras prioridades más urgentes como la construcción de centrales térmicas en San Juan, Córdoba y Corrientes. La usina Calchines, de Santa Fe, fue ampliada; y el proyecto de construir una gran usina en Rosario se sustituyó por la supercentral de San Nicolás, iniciada con la vigencia del primer plan e inaugurada en el segundo.

Carbón en Río Turbio

Otro de los proyectos previstos en el plan energético era la explotación del yacimiento carbonífero de Río Turbio. “Una necesidad impostergable —según Maggi—, porque significaba modificar la vieja mentalidad. Los mismos capitales ingleses que explotaban las fuentes de energía nos vendían también el carbón para hacerlas funcionar. Para hacer andar aquí sus ferrocarriles importaban su propio carbón. Un negocio redondo que ellos justificaban con el falso argumento del bajo costo: tomaban como base el precio inferior que se había pagado (20 pesos la tonelada) en lugar de considerar el promedio entre 1910 y 1945 (que era de 38 pesos).”

Durante los años de la guerra YPF se interesó por ese yacimiento, que había sido descubierto en 1887 por el marino argentino Agustín del Castillo y visitado en 1892 por el naturalista Alcides Mercerat y en 1921 por el geólogo Anselmo Windhausen, quienes habían aconsejado su explotación. Recién a principios de 1943 un departamento especialmente creado en YPF comenzó a explorar la zona enviando comisiones que vivían precariamente en carpas. Hasta que en 1946, con la creación de la Dirección General de Combustibles Sólidos y Minerales, los campamentos se fueron convirtiendo en confortables viviendas. “Una vez establecida la capacidad productiva del yacimiento, a mediados de 1947 se comenzó la explotación —recuerda Maggi, a quien en 1948 se confirió la vicepresidencia de la Dirección Nacional de Energía—; y hubo que hacer caminos, puentes, instalar usinas, edificar viviendas y traer maquinarias. Realmente era hacer patria fundar una población argentina en ese lugar, donde los chilenos se sienten dueños de todo.”

Precisamente la instalación de maquinarias movió al gobierno chileno a sugerir que el carbón extraído fuera llevado hasta Puerto Natales, la salida al mar más próxima al yacimiento, y transportado en barcos chilenos por los fiordos que desembocan en el estrecho de Magallanes. Pero los técnicos argentinos preferían tender líneas férreas en su territorio, para unir Río Turbio con uno de los puertos nacionales. El más apropiado resultaba el de Santa Cruz, pero la zona montañosa impediría ir cargado al ferrocarril, y entonces se decidieron por el puerto de Río Gallegos, más precario, aunque con una significativa ventaja: el trayecto, paralelo al río Turbio, era una suave pendiente. De ese modo se evitó que Chile tuviera en sus manos la puerta de salida del carbón argentino e intentara presionar con su cierre en alguna disputa fronteriza.

“Encaramos el gran déficit energético que impedía desarrollar las industrias con una gran ofensiva. Llegamos a ubicar 100 millones de metros cúbicos de carbón en Río Turbio y comenzamos a explotarlos. Además, logramos reducir la importación de carbón de hulla para

producir gas porque aprovechamos el gas natural de los pozos petrolíferos, que llegó a Buenos Aires en el nuevo gasoducto”, explicaría después Rolando V. Lagomarsino, que ocupaba la Secretaría de Industria y Comercio. Los barcos extranjeros que venían cargados de carbón y regresaban con trigo argentino comenzaron a traer otra clase de productos: maquinarias. Uno de los pioneros que integró las comisiones exploradoras en 1943, el ingeniero Luis Calliari, refiere su primera entrevista con el gobernador de Santa Cruz, capitán de corbeta Juan M. Gregores, en estos términos: “Me presenté para darle cuenta de la tarea encomendada y no titubeó en anticiparme la capacidad productiva de nuestras cuencas carboníferas. Fue el más entusiasta, en una época de derrotistas, escépticos e intereses creados”, escribió en El Yacimiento Presidente Perón en la cuenca carbonífera de Río Turbio (ENDE, Buenos Aires, 1952).

El trabajo manual a pico y pala fue paulatinamente sustituido por maquinarias adquiridas en Gran Bretaña (500 mil libras esterlinas) y en los Estados Unidos (200 mil dólares). “Compresores eléctricos, martillos picadores y perforadores, cortadoras de carbón y transportadoras accionadas con aire comprimido, cargadoras mecánicas, cintas transportadoras, locomotoras diesel y vagonetas modernas para dos toneladas cada una, fueron provocando la remoción del viejo sistema”, señala Calliari.

Nuevos buques petroleros

Los proyectos de explotación petrolera incluyeron una prioridad insalvable: renovar la flota de buques-tanques. Las nuevas autoridades de YPF adquirieron en Suecia un barco de 17 mil toneladas de porte bruto en 1946 (se considera porte bruto a la capacidad de carga, más la de combustibles, provisiones y el peso de la tripulación) y otro en los Estados Unidos de 4 mil, en 1947; pero al año siguiente recibieron de este último país cuatro unidades más, por un total de 26 mil toneladas. A medida que se iban entregando a la empresa estatal los buques encargados la flota petrolera ensanchaba su capacidad de transporte y a los 3 barcos recibidos de Holanda y Suecia en 1950, siguieron 6 más (tres ingleses, dos suecos y uno holandés) en 1951 y otros 3 al año siguiente (uno británico, otro holandés y el último danés). Cuando expiró el primer periodo presidencial YPF había incorporado a su flota 18 barcos extranjeros con un porte bruto total de 234 mil toneladas. También se había construido un buque-tanque argentino, el “Figueroa Alcorta”.

“Había dos grandes dificultades —memora Lagomarsino—: no producíamos petróleo en cantidad suficiente y faltaban maquinarias y elementos de perforación. Rápidamente se decidió impulsar a YPF y comprar ese material donde fuera, porque los norteamericanos se negaban a vendemos torres de perforación.” El ingeniero Maggi señala que los resultados más significativos fueron los cateos: “Por encima de la nueva flota, las maquinarias y la producción, lo más importante fueron las exploraciones del suelo. Cuando Perón llegó al gobierno se conocía una reserva de 40 millones de metros cúbicos de petróleo. Los nuevos yacimientos elevaron esa cifra a 300 millones. Se descubrió petróleo en Neuquén, Como doro Rivadavia (flancos sur y norte), Salta (Campo Durán y Madrejones), Tierra del Fuego y Mendoza.” Uno de los responsables de esa tarea, el ingeniero Julio y. Canessa (dos veces presidente de YPF, en 1947 y de 1949 hasta 1952), explicó que “la escasez de petróleo sufrida por la Argentina durante la Segunda Guerra Mundial no fue por falta de ese combustible en el mundo, sino porque se carecía de buques-tanques para traerlo”.

Según sus cálculos, “la capacidad de elaboración argentina, con la puesta en marcha de la destilería de La Plata, se elevó a 10 millones de metros cúbicos anuales”. También se iniciaron en aquellos años los primeros estudios glaciológicos, para determinar la cantidad de nieve, establecer el regadío y poder regularlo. Para ello vino un técnico suizo, experto en la materia. Aunque la peor parte ya había sido cumplida: fue el sacrificio anónimo del ingeniero argentino Dagoberto Sardina, que quedó aislado en la nieve y fue muerto por un alud, en sus tareas de exploración.

Empresas nacionales de energía

En agosto de 1950 el gobierno decidió crear un ente estatal que agrupara a las cinco  empresas energéticas. Se lo denominó ENDE (Empresas Nacionales de Energía) y las direcciones generales de Gas del Estado, YPF, Combustibles Sólidos Minerales, Combutibles Vegetales y Derivados, y Agua y Energía Eléctrica se llamaron, en lo sucesivo, administraciones. Fueron suprimidos los directorios de cada uno de ellas y se los sustituyó por un gerente general. “Mantuvieron la autarquía para explotar los servicios a su cargo, pero la construcción de nuevas obras quedó reservada a la decisión de ENDE. Esta se habla constituido con un directorio con representación obrera, y el modelo de organización se calcó de DINIE (Dirección Nacional de Industrias del Estado), cuyo funcionamiento había dado buenos resultados al administrar 32 empresas incautadas a la propiedad enemiga”, explicó José Constantino Barro, quien fuera presidente del nuevo organismo en su calidad de ministro de Industria y Comercio, desde abril de 1948. El coronel Bartolomé Descalzo quedó al frente de la Dirección Nacional de Energía, ente que siguió administrando el Fondo Nacional de la Energía, de donde se obtenía el dinero para invertir en esas obras.

Barro, que había sucedido a Lagomarsino (primero como secretario interino, en agosto de 1947, y luego como ministro), fue el encargado de continuar con una política energética destinada a empujar el desarrollo industrial, de acuerdo con las directivas dadas por el propio Perón en sus discursos: “Para poder industrializar tengo que dar energía barata, porque con energía a 45 centavos el kiowatt no se puede hacer mucha industria a buen precio. Mientras no tengamos la energía hidroeléctrica, por la que estamos trabajando sin descanso, para suplir con ella a la termoeléctrica, no hay solución económica posible. Tengo que dar también transportes baratos, para que los productores e industriales puedan exportar en las mejores condiciones económicas en los mercados internacionales”. Así se expresó el Presidente en un discurso pronunciado a principios de 1949.

17 de Octubre de 1945: Día de la Lealtad Peronista

Fuente Consultada: La Primera Presidencia de Perón – Biblioteca Política Argentina

Los Transporte Ferrocarriles en el gobierno peronista Peron y Evita

Los Transporte Ferrocarriles en el Gobierno de Perón

NACIONALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS: Si algo caracterizó a la política económica del peronismo en su etapa inicial esto fue la nacionalización de los servicios públicos. Discutida y atacada duramente por la oposición, esa política sin embargo fue llevada adelante con una firme decisión.

Con el correr de los años, lo que más se le ha criticado al peronismo han sido los resultados concretos de esa nacionalización de servicios públicos, pues éstos incrementaron los gastos del Estado en forma desproporcionada y deterioraron en casi todos los casos la calidad de las prestaciones. Pero en el momento de ponerse en marcha aquella política lo que más se discutía era la forma en que se hacían las negociaciones con las compañías extranjeras, a las que se concedió un tratamiento que irritaba a los opositores, porque se pagaban indemnizaciones consideradas excesivas.

La Corporación de Transportes

Una abrumadora sesión de la Cámara de Diputados sancionó, en 1936, la Ley 12.311, creando la Corporación de Transportes. El proyecto se originó en Londres tres años antes, durante la concreción del pacto Roca-Runciman, y fue redactado por las compañías británicas Anglo-Argentina Ltda. y Lacroze de Buenos Aires, la primera de ellas filial del grupo internacional SOFINA. (La memoria y balance del Anglo, publicada en Bruselas, revela que el Vicepresidente argentino Julio A. Roca (h.) aceptó el proyecto de esas compañías, que buscaban monopolizar el transporte para salvar su crisis financiera.) La votación se prolongó hasta que el diputado José Arce, uno de los patrocinantes del proyecto, pudiera volar apresuradamente desde Santiago de Chile para formar quorum.

Esa ley obligaba a 52 empresas de 4ransporte a depender de la Corporación, cosa que solo aceptaron las 12 inglesas. La idea, según se dijo, era “salvar al riel de la competencia de ómnibus y colectivos, con una buena coordinación centralizada”. Se sabía que las empresas tranviarias (de capitales ingleses) sufrían cuantiosas pérdidas, entre ellas la Anglo-Argentina, Lacroze y Chadopyf. Al resistirse las otras cuarenta compañías (en su mayoría de capitales nacionales y explotadores de servicios por automotor) el Estado les inició juicio.

En 1942, al sentarse en la Cámara de Diputados, Iñigo Carrera fue elegido secretario de la Comisión Investigadora de la Corporación de Transportes y descubrió los entretelones de un decreto aprobando un préstamo de cuarenta millones de pesos, por parte de un grupo financiero a la Corporación, “para expropiar ómnibus y colectivos”. Se trataba de una maniobra de la CADE, que invertía así sus ganancias obtenidas con la discutida prórroga de concesiones en 1943. “Fue inútil que exigiéramos al ministro del Interior, Miguel 3. Culacciati, el informe técnico para aprobar ese préstamo —recordaría Iñigo Carrera—; se declaró en fuga ante mi interpelación, el 3 de junio de 1943. Al día siguiente un golpe militar lo barrió del ministerio. Claro que también acabó con la investigación iniciada.”

ferrocarriles argentinos

En agosto de 1944 una disposición judicial puso la administración de la Corporación en manos del Ministerio del Interior, pues las continuas subvenciones estatales para enjugar el déficit habían convertido al gobierno en el mayor accionista de esa empresa mixta, y se nombró un fideicomisario: Teodoro Sénchez de Bustamante. La mayor afluencia de pasajeros de Buenos Aires y la escasez de neumáticos debida a la guerra determinaron dos sucedáneos de corta duración: los tranvías sin asientos y los colectivos sobre rieles. En enero de 1946 el juez federal Belisario Gache Pirán falló a favor del Estado un juicio de expropiación contra la línea de colectivos y sentó jurisprudencia en la materia. (Perón lo haría después su ministro de Justicia.)

 Una vez en la presidencia Perón enfrentaba el primer gran problema de su flamante gobierno: la crisis del transporte urbano. En la rotonda de las avenidas de Mayo y 9 de Julio se estacionaron 200 colectivos y 106 ómnibus embanderados y con neumáticos nuevos. “Estas unidades entran hoy en circulación y dentro de pocos días habrá 200 más”, explicó el Presidente. En diciembre de 1947 Perón anunció que la compañía norteamericana Mack vendería a la Corporación 600 ómnibus modernos y que en poco tiempo más se agregarían 1.200 colectivos y 130 trolebuses.

También en esa época se sustituyó al fideicomisario Sánchez de Bustamante por José F. Domínguez. Pero nada pudo impedir que a fin del mismo año la Corporación acumulara un déficit de 260 millones de pesos. Transcurridos cuatro meses se creó la Comisión Coordinadora del Transporte y en junio de 1948 la Secretaría de Transportes. Pero las pérdidas aumentaban y en setiembre el Congreso resolvió liquidar la Corporación. Tres nuevos fideicomisarios se hicieron cargo de los bienes (José Riú, Ernesto Villarroel Puch e Italo F. Maberino), pero la empresa se siguió administrando sin el menor contralor por parte de los accionistas, pues se había suspendido el directorio, y las asambleas ordinarias sólo se reunían para conocer el balance y la memoria presentada por los fideicomisarios.

El secretario de transportes, coronel Juan Francisco Castro, se convirtió en ministro de esa misma cartera al reformarse la Constitución Nacional, en 1949. Un año después Perón escuchó su propuesta en el gabinete “para privatizar algunas lineas” y puso en marcha ese plan a partir de 1951, pero con mucha reticencia, debido a la tenaz oposición de la Unión Tranviarios Automotor. Castro comenzó a ser jaqueado en su gestión, y luego revelaría que “fue una lucha sórdida, subterránea, llevada adelante por los ministros Cereijo, Gómez Morales y Mendé, lo que perfiló mi antagonismo total con una política que nos llevaba a la confusión y la bancarrota”. En noviembre de 1951 Castro renunció.

Durante su mandato la Corporación pasó a depender del Ministerio de Transportes, en un acto público celebrado en setiembre de 1949, durante el cual el ministro Angel Borlenghi admitió que debían adoptarse “urgentes medidas para reducir un déficit mensual de 30 millones de pesos”. En abril de 1951 se anunciaron negociaciones con Gran Bretaña para adquirir todas las compañías inglesas de transportes; nuevamente se cambiaron los fideicomisarios (designóse a Alfredo Eguzquiza, Godofredo Rossi y Enzo Baetti) y se abrió la licitación con un único ofertante: el Gobierno, que esgrimió 410 millones de pesos.

Peron nacionaliza los ferrocarriles

En ese momento la Corporación tenía un pasivo de 1.835 millones de pesos, adeudados al Estado y al sistema bancario oficial, y de 169 millones más a terceros. A fines de ese mismo año se acordaron 500 millones de pesos en créditos para enjugar el déficit, tres días antes de formalizar la compra definitiva. A partir del primero de enero de 1952 la Corporación dejó de existir y se creó una nueva empresa: Transportes de Buenos Aires, cuyo administrador general fue el ingeniero Godofredo Rossi. Un mes más tarde, Eguzquiza, en su calidad de fideicomisario, iniciaba la liquidación judicial y la quiebra de la Corporación. Para esa fecha, las tarifas habían aumentado: el boleto tranviario a 30 centavos, el subterráneo a 40 y el troley a 50.

Quienes analizaron la explotación de este servicio entre 1945 y 1954 arribaron a estas conclusiones:

1)      El crecimiento de los gastos de explotación fue inusitado: de 155 millones de pesos en 1945 se llegó a mil millones en 1952.

2)      A pesar de que no hubo variaciones en el kilometraje recorrido, de haberse retirado unidades de circulación y de unificarse en algunos casos las funciones de conductor y cobrador, el personal ascendió de 32 mil personas a 51 mil.

3)      El déficit soportado en dicho período llegó a incrementarse en un 5 mil por ciento. En 1945 fue de 18 millones de pesos, y en 1952 de 470 millones.

17 de Octubre de 1945: Día de la Lealtad Peronista

Fuente Consultada: La Primera Presidencia de Perón – Biblioteca Política Argentina

LOS TELEFONOS Nacionalizacion de los Servicios Publicos Peron Juan

LOS TELEFONOS Nacionalización de los Servicios con Perón

NACIONALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS: Si algo caracterizó a la política económica del peronismo en su etapa inicial esto fue la nacionalización de los servicios públicos. Discutida y atacada duramente por la oposición, esa política sin embargo fue llevada adelante con una firme decisión.

Con el correr de los años, lo que más se le ha criticado al peronismo han sido los resultados concretos de esa nacionalización de servicios públicos, pues éstos incrementaron los gastos del Estado en forma desproporcionada y deterioraron en casi todos los casos la calidad de las prestaciones. Pero en el momento de ponerse en marcha aquella política lo que más se discutía era la forma en que se hacían las negociaciones con las compañías extranjeras, a las que se concedió un tratamiento que irritaba a los opositores, porque se pagaban indemnizaciones consideradas excesivas.

La compra de los teléfonos

En una ceremonia efectuada en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, el 3 de setiembre de 1946, la empresaUnited River Piate Telephone Company Limited pasó a poder del Estado por la suma de 319 millones de pesos (95 millones de dólares). Los argentinos conocían a esa empresa con otro nombre más familiar: Unión Telefónica. Pocos reparaban en su verdadero origen extranjero hasta que Perón se encargó de difundirlo para promover la nacionalización.

logo de entel

La Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTel) fue una empresa pública argentina creada originalmente en 1948
por el gobierno de Juan Domingo Perón.

El trust que explotaba esos servicios a través de la Unión Telefónica era laInternational Telegraph and Telephone (ITT), cuyo presidente y vice asistieron especialmente invitados al acto de transferencia. Se trataba del coronel norteamericano Sosthenes Behn y del doctor. Henry A. Arnold, quienes recibieron de manos de Perón dos obsequios: una réplica del sable corvo de San Martín y el monopolio de una concesión para proveer asistencia técnica y todo el material telefónico a la compañía nacionalizada, durante diez años.

El término Trust (voz inglesa: «confianza») se refiere, dentro del ámbito económico, a una concentración de empresas bajo una misma dirección. El control legal de las sociedades constituyentes se confería a la junta de administradores, cambiándose las acciones de las compañías por los certificados del trust. Es la unión de empresas distintas bajo una misma dirección central con la finalidad de ejercer un control de las ventas y la comercialización de los productos.

A los dos días el Senado escuchó al ministro de Hacienda, Ramón A. Cereijo, dar una explicación contable sobre el precio pagado por el gobierno a la ITT: “La Unión Telefónica tenía un activo de 483 millones de pesos y un pasivo de 164. Por eso pagamos solo la diferencia: 319 millones”. Pero esos argumentos resultaron demasiado ingenuos para los diputados radicales, quienes reclamaron la concurrencia de Cereijo a la sesión del 8 de setiembre, que debía tratar la ley de nacionalización de los teléfonos.

Antes de considerar el problema, el diputado Ricardo Balbín protestó “porque cien mil jubilados esperan ansiosos (dos mil están ahora en las escalinatas del Congreso) una solución a sus problemas, mientras se da preferencia a un mal acto de gobierno en perjuicio de la economía del país”. Por 98 votos contra 44 fue aprobada la ley y el diputado peronista Hernán 5. Fernández fundamentó el despacho de la mayoría, que aconsejaba sancionar el proyecto enviado por el Senado. Se trataba de aprobar la compra de la empresa y los contratos de provisión de materiales y asesoramiento técnico, concedidos a la firma Stándard Electric, filial de la ITL Los radicales reclamaron airadamente la presencia de Borlenghi y Cereijo, pero la presidencia de la Cámara informó:

—El señor ministro Borlenghi no podrá concurrir porque está muy enfermo.
— Está enfermo de crisis! —tronó Balbín.

Media hora después Cereijo llegó al recinto y defendió acaloradamente la operación, con los mismos argumentos que expusiera en el Senado tres días antes. El diputado Arturo Frondizi criticó “el secreto de las negociaciones”, sostuvo que se pagaba un precio superior al de la valuación y se opuso a la concesión de un nuevo monopolio a la ITT. Propuso, en cambio, la expropiación lisa y llana de la Unión Telefónica y la sanción de una ley orgánica para esos servicios.

Pero la ley quedó promulgada y el 31 de diciembre de 1946 asumían sus funciones las autoridades de la flamante Empresa Mixta Telefónica Argentina (EMTA), en el edilicio de Defensa 143. La ceremonia sirvió para que se aclararan algunos conceptos. “¿Qué se busca con la formación de las sociedades mixtas? En primer lugar, obtener la argentinización (fíjense bien que digo argentinización y no nacionalización) de las grandes compañías de servicios públicos de capitales foráneos”, explicó en su discurso el vicepresidente del IAPI, Carlos Devries, a quien Miguel Miranda comisionó para que hablara en su nombre porque un accidente lo tenía postrado en cama. El subsecretario de Industria y Comercio, Ildefonso Cavagna Martínez, y el gerente general del Banco Central, Orlando Maroglio, presidieron el acto en que fueron puestos en sus cargos el presidente de EMTA, doctor Alberto R. Fretes, y los directores, Luis Francisco Gay y Arturo Sáiz. Ese mismo día el juez federal Juan César Romero Ibarra dictaba prisión preventiva para el doctor José María Cullen, acusado de desacato por sus artículos en Argentina Libre y Tribuna, y para el columnista Mario Sciocco, redactor de La Vanguardia y responsable de una sección denominada “La bolsa negra”. Ambos acusaban al gobierno de “sucios negociados”.

Un alIo después, en 1948, Nicolás Repetto analizaba minuciosamente aquella compra en su nuevo libro El socialismo y el Estado. “En reemplazo de un permiso precario surgen dos contratos con ganancias seguras para el capital privado. El permiso precario no nos ataba y caducaba sin otra compensación que la correspondiente al activo real. Los contratos, en cambio, crean obligaciones por diez años, aparte de pagar a la empresa una suma muy superior a la que corresponde por su activo. El móvil natural de la nacionalización, prestar el servicio por el costo, se quebranta por privilegio concedido a un ex propietario que sigue siendo socio, en virtud de su asesoramiento, como si la experiencia técnica telefónica rayase en su condición de secreto a la altura de la bomba atómica”, escribió el anciano dirigente.

Otro socialista, Héctor Iñigo Carrera, se ocupó de puntualizar escrupulosamente los continuos aumentos de tarifas, las que se incrementaron en un 400-por ciento en solo cuatro años (hubo aumentos en febrero y julio de 1949; en abril de 1951 y en febrero de 1952), y de documentar el fracaso de la empresa mixta. “EMTA se organizó con una duración prevista de cincuenta años y las ocho primeras series de acciones serían suscriptas por mitades entre el Estado y los particulares. Pero apenas duró un año y medio, pues los negociados de funcionarios y representantes del Estado, a los que se procesó por delitos en perjuicio de EMTA; la falta de interés popular en suscribir acciones y el déficit de explotación motivaron que en julio de 1948 se decretase la incorporación al Estado de la empresa mixta ante la desafortunada gestión”, explicaría Iñigo Carrera.

El asesoramiento técnico fue rescindido el 15 de mayo de 1952, veinte días antes de que Perón terminara su primera presidencia, y el Gobierno indemnizó a la empresa concesionaria con 3 millones de dólares. Frondizi había advertido en agosto de 1949 que la Standard Electric cotizaba con un recargo del 700 por ciento. “Todo eso configuró un pésimo negocio que se inició con tramitaciones clandestinas, abultamiento de capitales por 200 millones de pesos por parte de la Unión Telefónica y un desvalorizado estancamiento del servicio sin renovar equipos durante la guerra”, concluyó Iñigo Carrera.

17 de Octubre de 1945: Día de la Lealtad Peronista

Fuente Consultada: La Primera Presidencia de Perón – Biblioteca Política Argentina

El Gaseoducto de Cannesa Nacionalizacion de los Servicios

El Gaseoducto de Cannesa y Juan Perón

NACIONALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS: Si algo caracterizó a la política económica del peronismo en su etapa inicial esto fue la nacionalización de los servicios públicos. Discutida y atacada duramente por la oposición, esa política sin embargo fue llevada adelante con una firme decisión.

Con el correr de los años, lo que más se le ha criticado al peronismo han sido los resultados concretos de esa nacionalización de servicios públicos, pues éstos incrementaron los gastos del Estado en forma desproporcionada y deterioraron en casi todos los casos la calidad de las prestaciones. Pero en el momento de ponerse en marcha aquella política lo que más se discutía era la forma en que se hacían las negociaciones con las compañías extranjeras, a las que se concedió un tratamiento que irritaba a los opositores, porque se pagaban indemnizaciones consideradas excesivas.

Perón y Canesa

El gran gasoducto

La Compañía Primitiva de Gas (de capitales ingleses) había visto vencer su concesión en 1940 con la mayor indiferencia, pues sus directivos confiaban en el presidente Roberto M. Ortiz, que era contrario a las nacionalizaciones. Pero se alarmaron cuando Ramón S. Castillo llegó al poder imprevistamente y con una idea muy distinta. Sin embargo, Castillo nada pudo hacer en esos años porque la Segunda Guerra Mundial impedía adquirir el material necesario (acero, cañerías) que permitiera mejorar el servicio una vez expropiado.

Al producirse el golpe militar de 1943 la situación seguía sin definirse, hasta que algunos técnicos de YPF comenzaron a rondar los despachos oficiales para convencer a las nuevas autoridades de “la necesidad de crear un organismo estatal que reemplazara a la Primitiva de Gas”. Lo consiguieron recién el 5 de marzo de 1945, fecha en que Perón asistió a la toma de posesión por parte de YPF de las viejas instalaciones de la compañía privada. Ese día el coronel fue acompañado durante la recorrida de las instalaciones por el ingeniero Julio V. Canessa, a quien se acababa de designar administrador de los Servicios de Gas de la Capital Federal, organismo que dependía de YPF. La conversación, alternada con explicaciones técnicas, permitió al flamante funcionario abrir una importante puerta. “Cuando necesite algo no dude en venirme, a yerme”, le dijo Perón.

Quince días después Canessa arrastraba a otro alto funcionario de YPF, el ingeniero Teófilo Tabanera, hasta el despacho del ministro de Guerra, en Callao y Viamonte, donde Perón les concedió apenas diez minutos para que concretaran su iniciativa. “Es imprescindible crear un organismo nacional y autónomo para desarrollar y explotar el servicio de gas en todo el país”, dijeron. Perón escuchó atentamente y guardó los planes, prolijamente encarpetados, en un cajón de su escritorio. Canessa y Tabanera echaron una última y desconsoladora mirada al proyecto.

Tres meses después, celebrando la llegada de un nuevo buque petrolero de YPF, Perón se aprestaba a saludar uno por uno a los funcionarios alineados en la dársena. Al encontrarse con Canessa le susurró al oído: “Quédese tranquilo, ingeniero; su proyecto está por salir…“ Canessa sonrió descreídamente y a las 48 horas, cuando imaginaba sepultada aquella iniciativa en un archivo, se enteró por los diarios de un decreto del Poder Ejecutivo creando la Dirección Nacional de Gas del Estado, organismo que entraría a funcionar a partir del primero de enero de 1946.

Ese año, apenas asumió sus funciones presidenciales, Perón descubrió que una de las primeras audiencias solicitadas correspondía al presidente de Gas del Estado, ingeniero Canessa. “Anotalo para dentro de un mes —ordenó a su secretario privado, Juan Duarte—; no hay tanto apuro.” A los treinta días Canessa pudo disponer de una hora y media para explicar a Perón que el objetivo de la nacionalización no terminaba allí:

—Ahora viene lo más difícil; pero hay que hacerlo, general. De lo contrario, todo esto no sirve para nada.

— ¿Y qué es lo que hay que hacer?

—Un gasoducto. Vea, en Comodoro Rivadavia dejamos escapar el gas, y después importamos carbón de hulla para fabricarlo. Tenemos que traer ese gas á Buenos Aires y terminar con el carbón importado.

Perón hizo llamar a su despacho al ministro de Industria y Comercio, Rolando V. Lagomarsino, mientras seguía atentamente las explicaciones de Canessa sobre un gran mapa. La conversación terminó así:

—Está bien; no hace falta que entremos en detalles. Ingeniero: vaya y hágalo. Ahora se lo ordeno. Y usted, Laguito, se ocupará de que a Gas del Estado no le falte nada. Quiero ver ese gasoducto cuanto antes. Canessa revivirá aquella escena con emoción: “¿Se da cuenta?

Vaya y hágalo. Aquella frase me martilló toda la noche. Era la primera vez que un Presidente terminaba así una entrevista de ésas. Yo no podía creerlo”. La euforia se transmitió a los técnicos que acompañaban a Canessa y en seis meses la obra quedó planeada. El 21 de febrero de 1947 Perón fue a la localidad bonaerense de Llavallol para soldar el primer caño del gasoducto, pero una lluvia torrencial lo obligó a cambiar de vehículo. Dejó el coche presidencial y a bordo de un jeep atfavesó dificultosamente los pantanos para llegar al lugar de la ceremonia con los pies envueltos en el barro y un perramus echado sobre los hombros. Se puso una máscara, empuñó el soldador y dejó comenzada la obra simbólicamente. Después salió el sol.

“Nadie comprendía por qué empezamos en Llavallol y no en Comodoro —recordó Canessa al autor de este trabajo—, pero nosotros habíamos trazado una estrategia. Sabíamos que los intereses extranjeros podrían interferir y hacer parar la obra en cualquier punto; pero si el tramo construido estaba aislado no servía para nada y había que terminarlo. Por eso empezamos al revés y quemamos las naves: jugamos a todo o nada; o terminábamos o nos echaban a todos.” El gasoducto quedó inaugurado el 29 de diciembre de 1949 y en ese momento fue el más largo del mundo. Costó 50 millones de dólares y sirvió para que la distribución de gas aumentara de 300 mii metros cúbicos por día a 15 millones de metros cúbicos. “Fijese otro resultado: el metro cúbico de gas costaba en 1940 igual que el .litto de leche, 20 centavos. Después, cuando la leche costó 19 pesos, el gas ya valía la mitad. El valor de esa obra no tiene precio, porque sirvió para aprovechar los recursos naturales”, se enorgulleció Canessa.

17 de Octubre de 1945: Día de la Lealtad Peronista

Fuente Consultada: La Primera Presidencia de Perón – Biblioteca Política Argentina

El grito de Alcorta Causas Conflicto Rural Santa Fe Huelga Agraria

GRITO DE ALCORTA:
HUELGA AGRARIA EN EL SUR DE SANTA FE

EL GRITO DE ALCORTA:
Los conflictos rurales

Para muchos agricultores de la región pampeana 1911 fue un año muy duro. La pérdida de la cosecha maicera empujó a las familias del sur de Santa Fe a una situación económica desesperante. Para colmo, una serie de maniobras especulativas provocó una baja repentina en las cotizaciones del cereal.

Miles de campesinos vieron cernirse sobre sus hogares el fantasma de la miseria. Ante la imposibilidad de hacer efectivas sus deudas, los comerciantes se sintieron igualmente apremiados y decidieron retirar a los colonos la libreta de crédito si no pagaban por lo menos la mitad de lo que les debían.

Esto no tenía el sentido de una solución sino que era una forma más de presionar a los agricultores, pero no se consiguió prácticamente nada porque éstos no tenían un centavo. Por eso no resulta extraño que fuera un comerciante, Ángel Busjarrábal, quien sugiriera al agricultor Francisco Francisco Bulzani la realización de un movimiento de fuerza para reclamar una rebaja en el precio de los arrendamientos.

A mediados de 1912 se produjo una violenta revuelta de colonos y arrendatarios denominada “Grito de Alcorta”. El mundo rural ya había presenciado importantes conflictos, como el alzamiento de los colonos santafesinos en apoyo de los levantamientos radicales de 1893.

En 1912, los malos precios de los granos provocaron importantes deudas que dejaron a los pequeños chacareros arrendatarios sin respuesta ante sus acreedores. Entre estos acreedores se encontraban empresas acopiadoras, como Dreyfus y Bunge y Born. A fines de junio de ese año estalló la rebelión de los chacareros armados. De este conflicto nació la Federación Agraria Argentina que, a diferencia de la Sociedad Rural Argentina, representaba a los pequeños productores.

Antecedentes: Las pésimas condiciones contractuales de arrendamiento de tierras, de los colonos, en su mayoría inmigrantes, con respecto a los grandes terratenientes provocó el estallido de una enorme protesta de los pequeños productores, en la provincia de Santa Fe, en la colonia de Alcorta, en 1912.

El conflicto, que evidenciaba las necesidades que pasaba el sector, se extendió rápidamente a las provincias de Buenos Aires y Córdoba. Con la unión de los chacareros disconformes por los aumentos de los arrendamientos, las condiciones desiguales de comercialización y la imposibilidad de convertirse en propietarios, surgió la Federación Agraria Argentina, aún existente, que, a diferencia de la Sociedad Rural creada en 1866, representaba a los pequeños y medianos productores agropecuarios. El conflicto, que duró tres meses, obtuvo algunos éxitos, ya que algunos propietarios disminuyeron el precio de los arrendamientos.

La cuestión agraria: El sistema de explotación de la tierra se basaba en incorporar paulatinamente a la producción nuevas tierras que se cultivaban mediante el sistema de arriendo. Pero hacia 1910, ya estaban en explotación la totalidad de las tierras disponibles y aptas para la producción agropecuaria de exportación.

Ante esta situación, los propietarios de las tierras —para mantener el nivel de beneficios que obtenían— se decidieron por sucesivos aumentos en los precios de los arrendamientos.

Primer Comité de la Federación Agraria Argentina
Primer Comité de la Federación Agraria Argentina

Los agricultores arrendatarios, por esos años, enfrentaban dificultades para lograr su subsistencia y cumplir con el contrato. El aumento de los precios de los arrendamientos profundizó su crisis y generó un gran descontento. La crisis de los agricultores comprometía también a los comerciantes de la campaña, proveedores de los insumos y bienes de consumo y también del dinero que le adelantaban al arrendatario para pagar los gastos de la cosecha.

La cuestión agraria se planteó en junio de 1912 cuando —después de intentar una conciliación que -los terratenientes rechazaron— los arrendatarios del pueblo de Alcorta, en el centro de la zona maicera de Santa Fe, decidieron utilizar el mismo instrumento que los asalariados urbanos: la huelga.

Los campesinos se negaron a arar los campos y reclamaron el establecimiento de un tipo uniforme de arrendamiento. En el transcurso de la lucha, ampliaron sus demandas: plazo mayor de contratación, rebaja de los arrendamientos en dinero y de los porcentajes de producción que debían entregar los aparceros y, también, exención de impuestos.

La primera reacción de los propietarios fue desconocer la validez del movimiento y los reclamos. Pero cuando la huelga y la movilización se extendieron hacia el sur de Santa Fe y el norte y el oeste de Buenos Aires, los miembros de la Sociedad Rural de Rosario y de Buenos Aires comenzaron a sentir amenazado su derecho de propiedad. Los terratenientes exigieron a los gobiernos provinciales y al gobierno nacional que reprimiera, a través de las fuerzas del orden, este movimiento que consideraron subversivo.

El gobierno nacional intervino a través del Ministerio de Agricultura y puso fin a la huelga. Estableció que los reclamos, en general, no estaban justificados pero promovió la formación de tribunales arbitrales para resolver las diferencias entre propietarios y arrendatarios. Finalmente, las gestiones conciliatorias terminaron en el fracaso de las reivindicaciones exigidas por los agricultores.

PARA SABER MAS…

Las huelgas agrarias ocurridas en 1912, conocidas generalmente como el movimiento del “Grito de Alcorta”, habían traído como consecuencia ciertas mejoras en el sistema de arrendamiento, pero de ninguna manera ‘habían resuelto el problema en toda su significación social y económica.

El arrendamiento era en sí mismo una salida económica que había beneficiado en su conjunto a todo el país. Gracias a este sistema —aunque no exclusivamente a él— Argentina podía ser uno de los principales Productores y abastecedores de cereales y carne en el mundo.

Esa riqueza, sin embargo, estaba asentada sobre mecanismos sociales y económicos muy particulares. En primer lugar, la concentración de la propiedad, cuyas grandes extensiones en la mayoría de los casos se subdividían en predios relativamente pequeños para arrendar y en algunos casos también para subarrendar creando así pequeñas unidades productoras ‘l(‘ escasa rentabilidad. Además la duración de los contratos era limitada, Y aunque variaba según la situación particular de cada locador y locatario, por lo general no pasaba de los tres años.

En consecuencia, se creaba en la población agraria la necesidad de practicar una especie de nomadismo. Los campesinos, en su mayoría de origen migratorio, no encontraban la oportunidad de establecerse con la expectativa de permanecer un tiempo prolongado en la chacra, y no se despertaban en ellos, en consecuencia, necesidades de transformación en los métodos, de, mejoramiento y de diversificación de la producción. La prolongación de sus contratos era un hecho contingente con el que no podían contar de ninguna manera.

Pero éste no era el único aspecto irritante del sistema. Las cláusulas establecidas en los contratos de arriendo eran una carga pesada de llevar aun en situaciones normales (buenas cosechas, precios adecuados, situación económica general estable).

Desde el punto de vista social, las medidas legislativas del gobierno de Irigoyen frenaron en parte la movilidad ecológica de esa masa flotante constituida por el arrendatario y su familia, y la prolongación del período de arriendo facilitó mejoras generales en las zonas rurales desde el punto de vista sanitario, de vivienda y educación. Auspiciaron también la creación de un sistema cooperativo, que con el tiempo fue extendiéndose, y constituyó un punto esencial en la estabilidad económica del chacarero.

AMPLIACIÓN DEL TEMA:
EL GRITO DE ALCORTA Para muchos agricultores de la región pampeana 1911 fue un año muy duro. La pérdida de la cosecha maicera empujó a las familias del sur de Santa Fe a una situación económica desesperante. Para colmo, una serie de maniobras especulativas provocó una baja repentina en las cotizaciones del cereal. Miles de campesinos vieron cernirse sobre sus hogares el fantasma de la miseria.

Ante la imposibilidad de hacer efectivas sus deudas, los comerciantes se sintieron igualmente apremiados y decidieron retirar a los colonos la libreta de crédito si no pagaban por lo menos la mitad de lo que les debían. Esto no tenía el sentido de una solución sino que era una forma más de presionar a los agricultores, pero no se consiguió prácticamente nada porque éstos no tenían un centavo. Por eso no resulta extraño que fuera un comerciante, Ángel Busjarrábal, quien sugiriera al agricultor Francisco Francisco Bulzani la realización de un movimiento de fuerza para reclamar una rebaja en el precio de los arrendamientos.

El 10 de junio de 1912 una reunión de agricultores decidió integrar una comisión de huelga, y quince días después una asamblea que reunió a más de trescientos colonos decidió por unanimidad iniciar un cese de labores que no tardó en extenderse. Los colonos afrontaban una situación realmente insostenible: los contratos vigentes obligaban al agricultor a ceder al propietario entre el 40 y el 50 por ciento de lo que produjera la tierra.

El terrateniente estaba absolutamente libre de todo gasto porque debía percibir el producto en su chacra, en perfectas condiciones de sequedad y limpieza, trillado y embolsado. Por lo demás, el campesino estaba obligado a cumplir una serie de condiciones con respecto a la superficie sembrada, la forma de sembrar y demás; en caso de dificultades imprevistas, el arrendatario podía considerarse desalojado.

No puede sorprender, entonces, que, a pesar de las persecuciones policiales y las campañas desatadas por los propietarios, el movimiento se extendiera como reguero de pólvora. El 2 de julio de 1912 los obreros agrarios y los braceros de las máquinas desgranadoras afiliados a la FORA (Federación Obrera Regional Argentina) anunciaron que se plegaban al movimiento.

Algunos propietarios accedieron a firmar nuevos convenios, pero- la huelga se extendió a casi todos los pueblos y colonias de Santa Fe, y luego a Córdoba, Buenos Aires y Entre Ríos, Interesado en el problema por el doctor Francisco Netri —animador incansable de la huelga, que fue asesinado en 1916 por sus enemigos—, el tribuno socialista Juan B. Justo llevó el asunto al Congreso Nacional y el 20 de julio interpeló al ministro de Agricultura, Adolfo Mujica, que se limitó a atribuir el problema a “un núcleo de agitadores”.

Con ese tipo de argumentos se trató de silenciar y doblegar el movimiento, pero todo fue inútil: la certeza de que la única forma de defender sus intereses era agremiarse se había hecho carne en los colonos.

Tres meses después del “grito de Alcorta” se constituyó en Rosario la Federación Agraria Argentina. Su nacimiento había costado centenares de chacareros presos, varios incidentes de violencia y largos días de angustia para muchas familias campesinas, pero el movimiento se encontraba en pleno desarrollo.

CRÓNICA DE LA ÉPOCA:
POR DANIELA FLOGIA Historiadora
Períodico El Bicentenario Fasc. N°6 Período 1910-1929

[…] A esta situación se le ha sumado el fracaso en la cosecha de maíz el año pasado, lo que no les ha permitido cumplir con todos los compromisos adquiridos ya sea con el propietario terrateniente, con el gran arrendatario, a los que subarriendan, o con el dueño del almacén de ramos generales con quien se encuentran endeudados por medio de la libreta que les ha abierto para proveerlos de los productos necesarios para la producción a cambio de prendar con anticipación la cosecha.

Ante el desastre del año pasado en Firmat, han comenzado a reunirse los pequeños productores arrendatarios. En marzo de este año escribieron un manifiesto donde alentaban a los colonos a unirse a la protesta. A esta reunión asistió Francisco Bulzani, principal gestor del movimiento en Alcorta, que al regresar trajo una gran cantidad de manifiestos que distribuyó en las colonias de Alcorta, Bigand y Bombal.

Alcorta es una de las zonas más ricas e importantes de la provincia. Es allí donde el 25 de junio se ha organizado una concentración que congregó a cientos de agricultores y de donde surgió el grito de la rebelión campesina. El abogado Francisco Netri, convertido en el asesor de los huelguistas, presentó el nuevo contrato de arrendamiento.

Esta movilización se ha trasformado en un grito desesperado dando lugar a la organización de los chacareros arrendatarios en reclamo de mejoras en las condiciones de los arriendos con el objetivo de acceder a una vida digna. Este movimiento no es un suceso menor; los diarios se han hecho eco de la huelga reproduciendo no sólo las reuniones de los pequeños arrendatarios sino también los atropellos de los que son víctimas. También ha adquirido repercusiones en las provincias de Córdoba, Buenos Aires, Entre Ríos y La Pampa.

El gobierno santafesino, al comprender la magnitud del problema, ha decidido enviar una comisión veedora para que se entrevistase con los huelguistas. Si bien la comisión se ha expresado claramente a favor de los colonos, el informe ha sido olvidado.

Recién en agosto se ha comenzado a vislumbrar una relajación de la huelga cuando algunos propietarios aceptaron las bases del arreglo que les proponían los agricultores. Además han logrado estructurar una organización gremial que defienda sus intereses: la Federación Agraria Argentina.

Fuentes Consultadas:
Historia Argentina Santillana Luchilo-Romano-Paz
Historia 3 La Nación Argentina Kapeluz de Miretzky – Mur – Ribas – Royo