Igualdad Ante La Ley

Autonomia y Soberania en el Federalismo Diferencias

Diferencias entre Autonomía y Soberanía en el Federalismo

La  Nación Argentina y la Constitución Argentina son el resultado del entendimiento suscripto por las provincias, primero mediante el Pacto de Confederación Argentina —Pacto Federal— de 4 de enero de 1831, luego por el Acuerdo de San Nicolás de los Arroyos del 31 de mayo de 1852, en el Congreso General Constituyente de 1853 y, por último, por el Pacto de Unión y Amistad de San José de Flores del 11 de noviembre de 1859 en la Convención Nacional de 1860.

No debe suponerse, sin embargo, que las provincias intervinieron en el Congreso Constituyente como estados soberanos para confederarse mediante un pacto. Fue voluntad de las provincias «constituir la unión nacional» y para ello delegaron en la Nación una parte de su poder, con el que dieron nacimiento al poder constituyente nacional y a la soberanía nacional.

Esto surge del Preámbulo de la Constitución Nacional, cuando dice: «Nos los representantes del pueblo de la Nación Argentina, reunidos en Congreso Genera: Constituyente por voluntad y elección de las provincias que la componen…», es decir, que son las provincias las que han resuelto convocar al Congreso Constituyente y son ellas las que han elegido a los diputados constituyentes, pero una vez reunido el Congreso esos diputados representan al pueblo todo de la Nación.

Allí está el poder constituyente nacional, primario, en el que se expresa la soberanía nacional que reside en el pueblo todo de la Nación.

Las provincias conservan todo el poder que no han delegado en la Nación —en el gobierno federal— (artículo 104 C.N.) y si bien ya no tiene soberanía, pues no hay más soberanía que la nacional— ese poder no delegado les otorga autonomía.

La autonomía de las provincias es institucional: «se dan sus propias instituciones locales y se rigen por ellas» y es política: «eligen sus gobernadores, sus legisladores y demás funcionarios de provincia«, todo sin intervención del gobierno federal (artículo 105 C.N.).

Claro está que como autonomía no es soberanía la autonomía institucional de las provincias está subordinada a la soberanía institucional de la Nación. Por eso dice el artículo 106 de la Constitución Nacional: «Cada provincia dicta su propia constitución, conforme a le dispuesto en el artículo 5o» y este artículo precisa las «condiciones» bajo las cuales «el Gobierno Federal garantiza a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones»: «Cada provincia dictará para sí una Constitución bajo el sistema representativo, republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional, y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal, y la educación primaria».

Las provincias argentinas tienen autonomía de primer grado y ejercitan un poder constituyente secundario.

Ver: El Federalismo en Argentina

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Por decreto del día 2 de setiembre de 1852 suscripto por Justo José de Urquiza, como presidente provisional de la Confederación Argentina, se estableció la creación de la Municipalidad de Buenos Aires. Dicho decreto expresa, en sus fundamentos:

«1º: Que siendo evidente que la Nación o sus representantes no pueden ejercer una acción útil y  legítima sino sobre los intereses generales y que los del distrito como los del individuo serán siempre mejor administrados por los interesados.

«2º: Que el régimen municipal está en el interés de la Nación, porque no se puede conseguir armonía en las diferentes partes de un todo sino se funda un orden en cada una de ellas.

«3º: Y, finalmente, que es propio y digno que la ciudad de Buenos Aires haga el ensayo de una institución tan benéfica, demostrando prácticamente la bondad del sistema municipal, que consiste en dejar los negocios peculiares a la libre administración de los que tienen más intereses en ellos y más capacidad de dirigirlos, a fin de que el resultado sirva de ejemplo y modelo a las demás ciudades de la Nación.»

Formación Política Para La Democracia Tomo III – El Federalismo – Editorial Sanchez Teruelo S.A.

El Estado Federal Historia de Federalismo en Argentina

Concepto del Estado Federal
Historia del Federalismo en Argentina

EL federalismo es una forma de organizar la sociedad, un sistema político a través del cual el gobierno general de la Nación y los diferentes gobiernos regionales de la misma actúan cada uno dentro de su propia esfera, en forma coordinada y al mismo tiempo independiente. Es, en cierto modo, una ampliación del principio de la división de poderes que se efectúa entre el gobierno central y los gobiernos locales.

La autoridad, distribuida en forma territorial, resulta más fácil de controlar en sus abusos: los poderes locales, firmemente fortificados y con el apoyo de la Constitución, operan como una verdadera valla frente a ellos. Es por todo esto, en definitiva, que el federalismo aparece como una real garantía de libertad.

Sus causas

Como sucede con todos los sistemas políticos, el federalismo no puede imponerse a un pueblo que lo rechaza, pero también es imposible negárselo a un pueblo con vocación federalista. Debe ser, por lo tanto, el resultado de la libre elección política de esos pueblos. Fuente de la cual brota toda soberanía, el pueblo la delega en los constituyentes quienes garantizan la aplicación del sistema al plasmarlo en la Constitución Nacional.

Un sinnúmero de factores influyen en esa elección, factores que abarcan desde la propia idiosincrasia de los diferentes grupos humanos hasta las diferentes realidades económicas, pasando por las tradiciones y la historia nacional. Sobre todo, resulta imprescindible la existencia de un fuerte deseo de unión, entre distintas unidades políticas cuya existencia es previa, para establecer un gobierno común que defienda intereses también comunes.

Esa verdadera decisión de construir una comunidad debe equilibrarse, sin embargo, con el interés por mantener las autonomías locales, que desarrollan una vida absolutamente independiente en muchos aspectos, aunque dentro de la continuidad geográfica delimitada por el territorio nacional. Una capacidad política muy desarrollada deben tener los pueblos que propician este sistema, el :ual constituye para ellos un verdadero reseguro de su independencia.

Sin embargo, muchas veces la existencia de desigualdades muy marcadas entre las diferentes unidades políticas que se unen afectan las finalidades del sistema. La coexistencia de débiles y poderosos, suele ser peligrosa. Para los débiles, sobre todo.

Definición: El Estado Federal responde a un ordenamiento jurídico establecido por una constitución en el que sus miembros quedan sujetos al poder central establecido por ella, conservando la autonomía en sus territorios. En el estado federal sus miembros no tienen el derecho de secesión, la soberanía reside en la nación y es ésta quien establece las relaciones con otros estados.

El origen de los estados federales May que buscarlo en la confederación, que fue su primera forma de asociación: Estados Unidos hasta la Constitución de 1787, y Argentina hasta la Constitución de 1853. En un comienzo, los estados federales, influidos por su origen confederal tuvieron un poder central limitado, que a través del tiempo fue evolucionando hacia un refuerzo en sus atribuciones.

En nuestros días, peseaque los estados miembros de una federación conservan su autonomía, el poder central ha adquirido una gran preponderancia en función de que las relaciones internacionales y la complejidad de la vida política actual requieren agilidad en las decisiones.

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Urquiza de poncho y galera. Así entró en Buenos Aires después de Caseros.
Urquiza encarnó las reivindicaciones federalistas de las provincias postergadas por Rosas.

Independencias y subordinaciones

La nota distintiva del Estado federal, la constituye la distribución de competencias. La Constitución Nacional de este tipo de Estados es la encargada de efectuar esa distribución, delimitando con claridad los campos que corresponden a las independencias y a las subordinaciones. Para lograr ello, puede seguir tres caminos.

Puede enumerar en forma detallada, precisa y completa esas competencias, aunque esta opción presenta un evidente punto débil capaz, llegado el caso, de ocasionar graves trastornos políticos: el surgimiento de una materia que no aparezca enumerada. Puede también limitarse a enumerar las materias de competencia exclusiva de los diferentes gobiernos regionales, dando por supuesto que las que escapen a esa enumeración serán de competencia del gobierno central.

Hay, por último, una tercera posibilidad que es, por otra parte, la adoptada por la generalidad de las constituciones federales: enumerar, únicamente, las mate1 rias de competencia exclusiva del gobierno general. Estados Unidos, Suiza, Brasil, México. Venezuela, Alemania Federal y la Argentina, entre otros países han adoptado este camino en sus constituciones.

Todo un sistema de equilibrio jurídico se crea en el seno del federalismo, donde coexisten dos tipos de normas; las normas locales y las normas centrales. Es por eso que algunos prefieren hablar no de unitarismo y federalismo sino de centralización y descentralización. Más allá de esa cuestión de denominaciones, lo cierto es que son diferentes los órganos que crean y aplican ¡as leyes en uno y otro caso. Y mientras que el caso de los Estados unitarios todas las normas son válidas para la totalidad del territorio, en los casos de federalismo extremo todas las normas únicamente son válidas para partes distintas del territorio.

Diferencias entre Estado Federal y Unitario

La recién anotada no es, por cierto, la única diferencia que existe entre estos dos sistemas de organización política. Básicamente, mientras que en el caso de los Estados unitarios existe un cuerpo soberano capaz de ejercer completos poderes sobre la vida nacional, en el Estado federal no existe cuerpo semejante, con poder para reglar todos los aspectos de la actividad del país. En el sistema federal, los gobiernos locales poseen una amplia órbita de competencias.  Por eso, justamente, es que limitan al central, que no puede ensanchar las suyas por simple y propia voluntad unilateral.

Estado federal y confederaciones de Estados

No debe confundirse el concepto de Estado federal con el concepto de confederación. La base jurídica de la confederación es el pacto concertado entre unidades soberanas, mientras el Estado federal basa su existencia en una Constitución Nacional sancionada por voluntad de la Nación. Mientras que la confederación no extingue la independencia de sus Estados miembros, la federación da nacimiento a un nuevo Estado.

El gobierno confederado carece de poder real para imponer jurídicamente sus decisiones; en cambio en el caso de los Estados federales todos los miembros deben obedecer, coercitivamente, decisiones del poder central que estén encuadradas en el imperio de la Constitución Nacional.

Por último, el Estado federal es una unidad cuyos miembros, al formarla, la hicieron con una evidente voluntad de indisolubilidad. Al contrario, los Estados confederados tienen derecho de secesión y nulificación: pueden separarse en cualquier momento y cada Estado es dueño de aplicar o no en su territorio las medias dictadas por el gobierno central.

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Los constituyentes del 1853 juran la Constitución Nacional que fue la instrumentación política de los principios federales.

El federalismo en la Argentina

El pueblo argentino posee una real convicción federalista y ella se ha reflejado en la Constitución Nacional. Sin embargo, fue duro y costoso el proceso a través del cual las distintas provincias se unieron en federación.

A lo largo de toda la historia nacional resalta el hecho indiscutible de la vocación federalista de los pueblos del interior. Pueblos muchas veces pauperizados, con sus industrias locales desmanteladas, arruinadas por el comercio de esa ciudad-puerto a la que constantemente se enfrentaban y que propiciaba una doble centralización: la política y la de las riquezas surgidas de las rentas de la aduana, que monopolizaba. El interior rechazó siempre los intentos centralizadores de la Capital y de sus dirigentes.

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José Artigas, el caudillo oriental que es considerado el padre del federalismo.

La Constitución de 1853, redactada por hombres de las provincias, reunidos en el Congreso Constituyente de Santa Fe, fue la instrumentación política de los principios federales.

A través de su texto, se reconocen como entidades políticas autónomas aquellas demarcaciones donde el hombre y su convivencia han creado un definido estilo de vida localista, de peculiaridades propias. Se respeta, en definitiva, la pretensión colectiva de su autonomía. De esa manera, esas sociedades provinciales se transforman en núcleos de pluralismo social.

Por eso, la misma idea de libertad que caracteriza a la forma democrática se liga al sistema federal. Al mismo tiempo el régimen municipal, asegurado por las constituciones provinciales, aparece como otra descentralización, menor en este caso.

Son muchas las interpretaciones históricas del federalismo argentino que reconocen en él un origen municipal y parece cierto que las provincias se formaron por expansión territorial de la zona de influencia de las ciudades. Se trataría, en definitiva, de un verdadero edificio de integración política, construido de abajo hacia arriba y que, arrancando de lo municipal continúa en lo provincial para terminar en la constitución del Estado federal.

Pero de nada sirve todo este hermoso andamiaje, si en la práctica se asiste a un verdadero proceso de centralización, más extrema cada vez. Nuestra realidad política ha desfigurado al federalismo, en detrimento de las autonomías provinciales. La falta de recursos de muchas regiones genera una dependencia endémica del poder central y, una regla de hierro lo indica, la dependencia económica genera pérdida de soberanía. Pero existen otros motivos, además de los económicos, que ayudan en este proceso de pérdida de las dependencias provinciales.

En diversas oportunidades, gobiernos constitucionales han abusado de las facultades intervencionistas que la Constitución Nacional les concede.

Pretextos abundaron para encubrir las verdaderas motivaciones de sus actos: conservar por la fuerza lo que la voluntad popular les negaba en las urnas.

Otras veces fue el deseo de controlar todos los núcleos de poder lo que impulsó a los intervencionistas.

Estas situaciones alcanzan su grado máximo en oportunidad de instalarse gobiernos militares, autoritarios y centralistas por antonomasia. La rápida intervención de las provincias y la implantación del Estado de Sitio en todo el territorio nacional, son sus medidas favoritas. En esos casos, poco queda ya en pie del sistema federal. Es que a las dictaduras poco le importan esos tan democráticos sistemas de gobierno. Después de todo, ellas no vienen a gobernar. Vienen a mandar.

LECTURA COMPLEMENTARIA:
FEDERALISMO Y DEMOCRACIA: A los argentinos debe preocuparnos en primer término la defensa de nuestro federalismo, tal como se halla sistematizado en nuestra Constitución Nacional y en nuestras constituciones provinciales, mediante la autonomía de las provincias y de los municipios, pero nuestra preocupación no debe detenerse ahí, si queremos lograr la finalidad antes señalada, obteniendo la humanización del «monstruo del Estado».

Esto no significa la negación o la eliminación del Estado, que nos han acostumbrado a imaginar encarnado en el Poder Ejecutivo y hasta en la persona individual de un presidente de república. Se trata de diversificar el poder por medio de la descentralización democrática y es necesario llevar esa descentralización a innumerables formas que, sin dejar de ser estatales, constituyen entidades autónomas y autárquicas en donde el poder de mando desaparezca y sea reemplazado por un orden administrativo, sin más fuerza y eficacia que las necesarias para servir, públicamente y bajo el control del pueblo, los intereses de la comunidad, de conformidad con las exigencias locales en todos los casos que corresponda a su naturaleza.

La más importante de las ventajas del federalismo así entendido es la de hacer imposible el despotismo y hasta la prepotencia ejecutiva en que suelen ponerse de manifiesto los defectos del Estado o, por lo menos, de la entidad abstracta así nombrada y que se traduce en el dominio ejercido sobre toda la sociedad por unos pocos individuos

.A nuestro juicio el sistema republicano-democrático no cumplirá sus fines si el Estado no deja de ser Poder de mando concentrado en voluntad ejecutiva, para transformarse en servicio público, en verdadero servicio público, es decir, sin otra pretensión ni otra mira que atender leal y honradamente los intereses de la comunidad y del individuo humano, recíprocamente integrados y armoniosamente distribuidos, ya que no son términos opuestos los derechos de la personalidad humana y los beneficios de la justicia social.

Carlos Sánchez Viamonte: Revista de Humanidades «Sagitario». No. 7.

Ver: Autonomía y Soberanía en un Estado Federal

Formación Política Para La Democracia Tomo III – El Federalismo – Editorial Sanchez Teruelo S.A.

El Equilibrio de Poderes Concepto, Objetivos e Importancia

El Equilibrio de Poderes: Concepto, Objetivos e Importancia

A principios del siglo XVIII empieza a manifestarse en Europa el descrédito del despotismo. La tendencia general, en lo que a organización política de las sociedades se refiere, apunta a las monarquías de autoridad limitada o a la república lisa y llana.

montesuieuEn el año 1748, la aparición del El espíritu de las leyes, obra fundamental de Montesquieu, sienta las bases de una determinada forma de organización del gobierno del Estado: la separación de poderes.

Montesquieu no es absolutamente original en cuanto a la exposición de esa doctrina, pues recoge opiniones anteriores, de Aristóteles y Locke entre otros, pero les da forma definitiva. Para él, el despotismo es comparable «al silencio de una población que acaba de ser ocupada por el enemigo«. Orden, sí. Pero también en los cementerios reina un orden estricto.

Frente a la dictadura: la agitación política, la división de la sociedad en partidos, intensa vida pública.

Frente a la hegemonía de un órgano de gobierno sobre los otros, la prepotencia y los desbordes de poder: un sistema constituido por diversos centros, a cargo de agentes diferentes y con esferas propias de acción, que posibiliten independencia en las decisiones. El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, asegurando garantías de libertad para cada ciudadano. Después de todo, el mayor logro de un gobierno es hacer que ningún ciudadano tenga miedo de otro.

El principio del equilibrio

Parece ser una constante: todo hombre investido de autoridad tiende a abusar de ella. La concertación de poder bordea siempre la extralimitación. La Constitución de cada Estado democrático es la que debe prever esos abusos e instrumentar las soluciones. Que el poder sirva de muro de contención al propio poder: tal es el principio del equilibrio de poderes. Que el poder sea manejado por manos diferentes. Y que a todo poder del Estado se le anteponga otro poder.

Un verdadero sistema de frenos de contrapesos, una verdadera balanza de autoridades. De esa forma, los diferentes centros de fuerza no se convertirán en instrumentos de opresión.

Esta teoría del equilibrio de poderes es el complemento indispensable de la otra, la que instituye la separación de poderes. Si el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial se mantuvieran dentro de la estructura del Estado como tres potencias independientes, aisladas y sin relaciones recíprocas, se suprimiría el contrapeso de prerrogativas y las mutuas limitaciones y, a la larga, uno. el más fuerte, se impondría a los demás. Para evitarlo, son necesarias las injerencias parciales de un poder en otro, y la coordinación de las influencias de los diferentes centros de poder. Esa medida es lo que preservará el equilibrio.

Es cierto, esa constante búsqueda de equidad, complica el engranaje del Estado. Los gobiernos más simple-son los despóticos, donde una sola mane hace y deshace, firma y ejecuta, castiga y acaricia. Pero también es cierto que la primera obligación de un pueblo libre es conservar la libertad.

La voluntad popular

En 1810, desde la «Gaceta», escribía Mariano Moreno: «Equilíbrense los poderes y se obtendrá la pureza de la administración». Porque los poderes son independientes, soberanos en la esfera de sus atribuciones, con fuerza suficiente para decidir sin apelación sobre la materia a cada uno de ellos confiada. Pero, combinando, esas diferentes independencias, se asegura la colaboración y la acción armónica dentro de un mismo engranaje.

No basta con eso, sin embargo. A esa coordinación entre los diferentes poderes del gobierno debe agregarse otra: la concordancia entre el accionar de los dirigentes y la opinión de la colectividad. Este es un elemento fundamental. El gobierno debe pulsar la misma cuerda que los gobernados.

Interpretar sus sentimientos y sus opiniones, jamás acallarlos. En eso consiste dar satisfacción a las verdaderas necesidades del país, promesa que aparece en todas las plataformas electorales y que a fuerza de repetida empieza ya a sonar vacía para muchos. El desacuerdo entre los diferentes poderes puede paralizar la acción del gobierno.

En cambio el desacuerdo entre gobierno y pueblo puede desquiciar un país. La armonía entre los poderes no puede lograrse mediante las acciones artificiosas de coaliciones más o menos hábiles. La armonía entre gobierno y pueblo, tampoco: sólo la voluntad nacional, la opinión pública, deben tener la última palabra.

La Constitución Nacional:

Para asegurar un verdadero equilibrio de poderes, es necesario primero delimitar con claridad cuáles son las funciones de gobierno y luego atribuir cada una de ellas a diferentes centros de poder. Es necesario preocuparse por la independencia funcional de cada uno de ellos y, al mismo tiempo, establecer una red de contralores recíprocos por medio de la participación prudente de cada uno en la actividad de los demás.

Hay que crear los resortes adecuados que permitan solucionar los conflictos entre los diferentes poderes, cada vez que ellos surjan. La observancia de estas reglas es la que permite el funcionamiento de un gobierno eficiente, armónico y que garantiza la libertad popular.

Nuestra Constitución establece, con claridad, las diferentes atribuciones inherentes a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. En primer lugar, las que corresponden específicamente a cada uno de los departamentos gubernativos: administrar, elaborar las leyes y aplicar la justicia, respectivamente. Luego, las que se asignan teniendo en cuenta, más que nada, las características del poder político en que se depositan: una guerra, por ejemplo, compromete de tal modo la seguridad y el destino de un pueblo que, para declararla, se impone una de las consultas más amplias a la comunidad y por eso ambas Cámaras deben autorizar la iniciación de las hostilidades.

Finalmente, las que sirven para coordinar la acción de los poderes, haciendo participar a cada uno de las acciones propias de los demás, como forma de colaboración y de contralor. A través de ellas se manifesta la puesta en funcionamiento del principio del equilibrio de poderes. De esta forma, el Poder Ejecutivo se vincula con el Poder Legislativo cuando presenta proyectos de ley a las Cámaras o les impone su veto suspensivo. Y con el Poder Judicial cuando indulta o conmuta penas.

El Poder Legislativo se vincula con el Ejecutivo, cuando el Senado da su acuerdo al presidente para declarar el estado de sitió en caso de ataque exterior o para nombrar jueces, diplomáticos y miembros superiores de las fuerzas armadas. Y con el Poder Judicial, cuando enjuicia políticamente al presidente, vice, ministros y jueces de la Corte Suprema, acusados por la Cámara de Diputados.

Por último, el Poder Judicial se relaciona íntimamente con los otros dos, desde el momento en que puede declarar la inconstitucionalidad de las leyes y decretos expedidos por el Congreso y el Ejecutivo. Por eso se denomina al Poder Judicial «Guardián de la Constitución«: a través suyo es que se protegen los derechos y garantías individuales contra abusos y extraliirritaciones. En definitiva, un verdadero (y delicado) equilibrio que los autoritarismos se sienten, con frecuencia, temados de destrozar.

Igualdades y preeminencias

La igualdad estricta de los diferentes poderes es casi imposible en la práctica. La mayor importancia de ciertas funciones tenderá a torcer el fiel de la balanza en un sentido o en otro. En caso de desavenencias, alguno de los tres poderes debe poseer la capacidad de decidir, aunque quizá lo más indicado en esos momentos fuera la consulta popular.

En tren de optar por alguna preeminencia, ella debe corresponder al Legislativo, quien más directamente representa la voluntad de la Nación. Confecciona el ordenamiento legislativo a plena luz, con la intervención de todo el país, que aplaude o critica a viva voz. Sus miembros están sujetos auna estricta responsabilidad política y públicamente deben rendir cuenta de sus actos. Se dan, en su seno, permanentes y fructíferos choques de ideas y eso lo convierte en el organismo fundamental de la democracia. «Porque quien a otro pudiere dar leyes, le será obligadamente superior«, decía J. Locke.

Formación Política Para La Democracia Tomo III – El Equilibrio de Poderes – Editorial Sanchez Teruelo S.A.

Que es un Concejal Municipal Sus Funciones

¿Que es un Concejal Municipal?

El concejal, edil o representante es quien representa la voluntad del pueblo de la comuna o municipio para la solución de los problemas y el mejoramiento integral del conglomerado urbano que lo elige. Es algo así como un legislador municipal o local que propone ordenanzas y resoluciones que luego son sancionadas por el Concejo Deliberante y aprobadas y promulgadas (o vetadas) después por el Departamento Ejecutivo de la municipalidad, a cuyo cargo se encuentra el intendente.

La denominación de edil proviene de la voz latina aedes, que hace referencia a edificación (aedificatio) y correspondía originariamente a una magistratura romana. Los ediles plebeyos y los ediles patricios tenían a su cargo funciones de policía de la ciudad que iban desde el cuidado y conservación de los edificios a la inspección de mercados, la fiscalización de pesas y medidas, la circulación por las calles, la moralidad y la vigilancia nocturna.

La creación de la magistratura plebeya en el -494 significó la defensa de la plebe frente a los abusos de los patricios. Los ediles plebeyos eran elegidos por la asamblea de la plebe y los ediles patricios por los Comicios patricios y aunque la designación no era de aceptación obligatoria, generalmente se la aceptaba por lo que significaba como primer paso hacia magistraturas más importantes.

En España y luego en América, con los cabildos, recibieron el nombre de regidores y la cantidad de ellos dependía del tipo de ciudad: 12 en la metropolitana, 8 en la diocesana, 4 en villas y lugares. Entre los regidores, que eran elegidos por los miembros salientes y cuya designación debía recaer sobre vecinos y naturales que no ejercieran «oficios viles» se dividían las distintas funciones: judiciales (alguacil mayor), de policía (intendente de policía), de abasto (fiel ejecutor), de defensa de menores, de pobres y de intereses colectivos (síndico procurador), etc.

Con el municipio moderno y la división de poderes, al crearse los concejos deliberantes, aparece la figura del concejal, edil o representante.

Los concejales son propuestos por los partidos políticos que se presentan a elecciones y son elegidos por el voto directo de los vecinos de la ciudad.

Requisitos para ser concejal
concejal muncipalLas constituciones provinciales (por ejemplo, la del Chaco) o las leyes orgánicas municipales (por ejemplo la de la Capital Federal) establecen los requisitos, calidades o condiciones para ser concejal.

En la ciudad de Buenos Aires, para ser representante se requieren las mismas condiciones que para ser diputado nacional, es decir: veinticinco años cumplidos, cuatro años de ciudadanía en ejercicio y tener una residencia inmediata —en la ciudad— no inferior a dos años.

En la provincia del Chaco, para ser concejal se requiere ser elector del municipio, haber cumplido veintidós años y saber leer y escribir.

Los Concejos Vecinales:

La denominada ley 19.987, que derogó la vieja ley 1260, creó para la ciudad deBuenos Aires los consejos vecinales como organismo de base. Para ello se dividió a la ciudad en 14 zonas, con un consejo vecinal de 9 vocales, cada una. Los consejeros vecinales deben tener 25 años de edad, cumplidos, como mínimo, ser argentinos y domiciliarse en la zona que lo elige, con una residencia inmediata en ella no inferir a dos años. Duran cuatro años en sus funciones, pueden ser reelegidos indefinidamente y no perciben emolumento alguno.

Fueron electos por primera vez en las elecciones de 1973. Sus funciones se circunscriben a informar y asesorar respecto de las necesidades del vecindario a las autoridades municipales, lo que permite un fluido intercambio de ideas entre la comunidad y la Intendencia logrando así una más rápida solución a los problemas que afectan a los diferentes barrios de la Capital Federal.

Formación Política Para La Democracia Tomo III – ¿Que es un consejal? – Editorial Sanchez Teruelo S.A.

El Corporativismo Origen Características y Experiencia en Italia

El Corporativismo Origen, Características y Experiencia en Italia

El sistema corporativo tal cual fue formulado por su auténtico creador, Alfredo Rocco, no pudo ser implantado. La idea original consistía en fusionar los sindicatos patronales y obreros en una sola corporación subordinada al estado. Fracasado este proyecto, se puso en práctica la formación de sindicatos obreros, que fueron agrupados en una Confederación de sindicatos fascistas, la que después de vencer algunas resistencias fue armonizada con la Confederación Nacional de la Industria.

De esta manera, la representación de los obreros y los empresarios quedó monopolizada por dos confederaciones que fueron regimentadas por el partido y sometidas a la Carta del Lavoro. De ellas surgían los representantes para la Cámara de Diputados,y el corporativismo se convierte en un instrumento del estado totalitario fascista.

Tanto en la confederación de sindicatos fascistas como en la Confederación Nacional de la industria, la representación era estructurada por rama de actividad, de manera que solo podía exisitir, por ejemplo, un sindicato metalúrgico y una corporación de empresarios metalúrgicos. Dentro de estas últimas, las empresas más poderosas imponían su ley a las pequeñas.

ORIGEN CORPORATIVISMO: FASE I:

Aunque su origen se remonta a Roma y aun al lejano Egipto faraónico, fue en la Edad Media cuando la sociedad se organizó en forma más acabada en torno de las corporaciones. Estas agrupaban a comerciantes y a artesanos, de distintos oficios, y se ocupaban de defender los intereses y, sobre todo, los privilegios de sus miembros. Por extensión, podía considerarse que la Iglesia, la Universidad y hasta los grupos nobiliarios adoptaban una forma de organización igualmente corporativa.

Luego, la sociedad burguesa fue minando este tipo de instituciones, que no era compatible con el individualismo propio de esta arganización social. Fue un proceso lento, que maduró sólo a fines del siglo XVIII y, sobre todo, a lo largo del siglo XIX. Por entonces, se suprimieron las viejas corporaciones, en nombre de la libertad individual, y en nombre de esa misma libertad procuró ¿vitarse cualquier tipo de agrupamiento sectorial, y particularmente el de los nuevos :rabajadores industriales. Se ha llamado a esa fase de la sociedad la del capitalismo liberal.

FASE 2 DEL CORPORATIVISMO

En la siguiente, caracterizada por la concentración y monopolización, los distintos sectores tendieron a agruparse: crecieron los sindicatos obreros, que lograron el reconocimiento, pero también las agrupaciones patronales, que comenzaron a actuar mancomunadamente frente a ellos. Pronto fue difícil distinguir cuáles eran los problemas que competían estrictamente a estas corporaciones y cuáles eran los propiamente políticos. Lo cierto es que los partidos tenían, progresivamente, mayores dificultades para reflejar los intereses específicos de los distintos sectores.

FASE FINAL: LA EXPERIENCIA DEL CORPORATIVISMO

Fue en Italia, hacia 1922, cuando se hizo el gran experimento de estructurar al Estado apoyado directamente sobre las corporaciones, que confluían en un partido único, el fascista. Llegamos así al corporativismo propiamente dicho, inventado por Benito Mussolini. Los partidos políticos, que en la democracia son los órganos de articulación de los intereses sectoriales y de proyección de sus demandas a la esfera política, fueron reemplazados, en su calidad de canales, por las asociaciones de empresarios y de trabajadores. Pero el poder de decisión se concentraba en el partido único, el fascista, y en el Estado.

En la práctica, este sistema sirvió para destruir a las agrupaciones auténticamente populares —los sindicatos y los partidos políticos obreros— y someter a sus integrantes al rígido control estatal. Nunca el experimento se realizó tan acabadamente como en la Italia fascista, aunque muchas de sus ideas aparecen en otros Estados totalitarios de entonces: el de la Alemania nazi, la España franquista, el Portugal de Oliveira Salazar.

corporativismo

Hitler y Benito Mussolini: Fue en Italia, hacia 1922, cuando se hizo el gran experimento de estructurar al Estado apoyado
directamente sobre las corporaciones que confluían en un partido único, el fascista.

La Argentina no fue ajena a ese proceso mundial. Ya desde 1920, sindicatos y asociaciones empresarias presionan directamente ante el Estado, que muy frecuentemente adopta el papel de mediador entre ellas. La crisis de los partidos políticos argentinos, acelerada después de 1930, dio cada vez más campo a este tipo de negociaciones, que se desplegaron ampliamente durante el gobierno peronista (1946-1955).

franco en españaNo sólo se concentró la representación gremial, y se la sometió a la tutela del Estado, sino que se estimuló la agremiación de distintos sectores de la sociedad: los empresarios en la CGE, los universitarios en la CGU, los profesionales en la CGP, los estudiantes secundarios en la UES. . . Por encima de ellos el Estado y el partido debían actuar como árbitros.

Francisco Franco: Durante su larga dictadura se pusieron en práctica en España algunas de las ideas corporativistas.

El ensayo trascendió en mucho al planteo peronista y tentó a los gobiernos militares — sobre todo a los posteriores a 1966— a quienes seducía la idea de prescindir de los partidos y entenderse directamente con estas corporaciones a las que, por otra parte, era relativamente fácil controlar. Por otra parte, las fuerzas armadas se convirtieron en la mayor de las corporaciones.

Naturalmente, no hay ya lugar en el mundo donde no se organice algún tipo de consejos económico-sociales en los que las partes discutan sus diferencias y lleguen a algún tipo de concertación. Pero la opción de fondo consiste en saber dónde se va a realizar la articulación de los distintos intereses de la sociedad; si en esas corporaciones, con lo que los sectores mejor estructurados podrán imponer sus intereses estrictamente de grupo, o en los partidos políticos, donde la discusión puede darse en otro nivel, de modo que los intereses más generales primen sobre los particulares.

La primera opción tienta al poder autoritario, al poder sindical y también al poder empresario. La segunda se ajusta mejor a los intereses, más auténticamente democráticos, de la sociedad toda.

LA CARTA DEL LAVORO:

En la Carta del Lavoro (carta del
trabajo) promulgada en abril de 1927, fueron resumidos los principios económicos-sociales básicos del fascismo. En ella se trataban de armonizar los intereses de la clase obrera con los capitalistas y, además, establecía la unidad económica de la nación, por lo que el trabajo era una función social. En esta unidad económica, que era la nación misma, debían solidarizarse los elementos de la producción, colaborando en un mismo objetivo.

La Carta, impuso algunas medidas sociales favorables a los trabajadores, pero estas fueron más declaradas que efectivas. También implantó las convenciones coletivas de trabajo y especificaba que el salario debe ser acorde con las exigencias de una vida normal, con las posibilidades de trabajo y con su rendimiento. Sin embargo, estas convenciones colectivas, eran el resultado de los acuerdos celebrados en las corporaciones, en donde funcionaban asociaciones de empresarios y de obreros, y sus miembros también lo eran del partido.

En caso de que no hubiera acuerdo en el seno de las corporaciones, sobre cualquier aspecto laboral, era el partido, como auténtico representante del estado o como el estado mismo, quien solucionaba todos los problemas. El derecho de huelga quedó totalmente prohibido, porque era inconcebible que por este medio se atentara contra la unidad económica que era la nación.

No obstante, el totalitarismo fascista necesitaba ser popular, y estableció vacaciones remuneradas para obreros y empleados, desarrolló la previsión social, organizó la protección a la madre trabajadora, instituyó la indemnización por despido, constituyó cooperativas de viviendas,etc. La Carta del Lavoro, define además las corporaciones como el mejor instrumento de producción, pero se reservaba al estado el derecho de intervenir en el proceso productivo cuando el interés público estuviera en peligro o cuando fallare la iniciativa privada.

En el orden económico-social, el fascismo representó un instrumento para asegurar el funcionamiento de la libre empresa,de la que el estado se convirtió en su guardián, evitando que los trabajadores pusieran en peligro su existencia y desarrollo. Igual que en Alemania Nazi, el corporatlvismo no funcionó más que como el elemento que permitió un ordenamiento económico, donde las grandes empresas desempeñaron un papel hegemónico, y los trabajdores fueron comprometidos con el artilugio de la colaboración de clases, y la unidad económica nacional, para que no opusieran ningún reclamo a través de huelgas o manifestaciones similares.

Hasta 1926, funcionó en Italia la C.G.L.I. (Confederazione Genérale del Lavoro Italiano), que originariamente fue dominada por socialistas y comunistas, la que se fue debilitando a partir de 1924. En 1926, la C.G.L.I. fue disuelta y la mayoría de los dirigentes sindicales se afiliaron al fascismo.

Fuente Consultada:
Diccionario Consultor Politico Julio César de la Vega Editorial LIBREX
Formación Política Para La Democracia Tomo III – La Historia del Peronismo – Editorial Sanchez Teruelo S.A.

Concepto de Ciudadanía Adquisición,Evolución,Deberes y Derecchos

Concepto de Adquisición de Ciudadanía
Deberes y Derechos del Ciudadano

constitucion nacional argentina

Otros Temas Tratados:

1-Estructura Constitución Nacional Argentina

2-Concepto Igualdad Ante La Ley

3-Concepto Indulto y Conmutación de Penas

4-Concepto Estado de Sitio

5-Concepto La Anmistía

6-Concepto Garantías Constitucionales

7-Concepto La Libertad de Prensa

8-Concepto de Ciudadanía y Ciudadano

9-El Abuso de Autoridad en Democracia

10-Derechos Civiles y Sociales

Etimología del término: «ciudadano»

El término ciudadano deriva de ciudad, palabra que proviene del latín «civitas», en latín significa: ciudad, derecho de ciudadanía, conjunto de ciudadanos, y «civis», ciudadano. De esas voces se derivaron, civismo que significa: celo por las instituciones e intereses de la patria; civilidad: sociabilidad, urbanidad. Etimológicamente, ciudadano significa: hombre de la ciudad.

Teniendo en cuenta que en Grecia y en Roma la ciudad gozaba de bastante independencia para merecer el título de sociedad política y se confundía con el Estado, ciudadano equivalía a ser miembro de un Estado y a gozar de especiales derechos.

Por ciudadano se entiende actualmente a la persona que está en posesión de los derechos de ciudadanía, es decir, de los derechos políticos. La ciudadanía es un vínculo político y jurídico que une a la persona con un Estado. Expresa la relación que existe entre el Estado y los individuos que lo componen.

HISTORIA: La ciudadanía en la antigüedad

En Grecia la población de Atenas y del Ática se dividía en tres categorías: ciudadanos, extranjeros y esclavos. Eos ciudadanos gozaban del derecho de voto. Solón había dividido a los ciudadanos de acuerdo al monto de su fortuna, en cuatro clases. Todos tenían derecho al voto pero solo los ciudadanos que pertenecían a las tres primeras clases podían ocupar cargos.

Más tarde, Clístenes extendió a todos los ciudadanos la posi bilidad de obtener puestos públicos: Senado, Arcontado, Arceópago. Se estableció así, la igualdad completa de clases.

El derecho de ciudadanía estaba íntimamente relacionado con el culto religioso. Era ciudadano todo aquel que tenía participación en el culto de la ciudad. Todos los derechos civiles y políticos provenían de esa participación en el culto.

Difícilmente podían adquirir la ciudadanía los extranjeros, pues la religión establecía una profunda diferencia. Complicadas formalidades y no pequeñas trabas obstaculizaban la naturalización de los extranjeros.

El gobierno de Atenas estaba formado por el Arcontado que ejercía el poder ejecutivo; el Areópago era el tribunal supremo de justicia; el Senado, compuesto por 400 miembros elegidos anualmente por la Asamblea del Pueblo preparaba las leyes que luego sometía a la Asamblea. La Asamblea del Pueblo se componía de todos los ciudadanos que tuvieran 20 años de edad y reconocida moralidad.

La Asamblea tenía amplias facultades: aprobaba o rechazada las leyes del Senado; decidía, por mayoría, de la paz y de la guerra.

El derecho de ciudadanía se perdía fácilmente por robo, traición o asesinato; por cualquier pena judicial, por injuriar a un magistrado y aun por ociosidad.

En Roma hubo desde un principio dos clases de habitantes: los patricios y los plebeyos. Los patricios descendientes de las primeras familias romanas, se preciaban de ser el pueblo romano. Solo los patricios eran ciudadanos; podían asistir ;a las Asambleas, votar, servir en la milicia, desempeñar fundo nes públicas, ejercer las magistraturas del Estado; solo ellos podían practicar el culto público y ser pontífices, augures y flámines. «Alrededor de 300 familias formaban esa privilegia da aristocracia».

Más tarde los plebeyos comenzaron a ser ciudadanos mediante la institución de la «clientela».

Los patricios accedieron a incorporarlos a sus familias como miembros legalmente agregados. En virtud de dicha adopción el plebeyo obtenía cierta participación en el culto privado de la ‘gens’ y consiguientemente, los derechos de ciudadanía.

«Los plebeyos así vinculados a una ‘gens’ se llamaban «clientes» y tenían su existencia asegurada bajo la tutela de su nuevo padre o ‘patrón’, que, más que un amo era un protector».

«Los clientes debían acompañar a su patrón en la guerra, las asambleas y los tribunales, atender a sus negocios y defenderlos en todas partes.

«El patrón, a su vez, debía a sus clientes ayuda, protección y recursos suficientes para atender a las necesidades de los suyos».

A mediados del siglo VI a. J. C, el rey Servio Tulio elevó a los plebeyos a la categoría de ciudadanos. Como hasta entonces no eran ciudadanos sino los que residían dentro del recinto de la ciudad, construyó un nuevo muro que abarcara todos los suburbios plebeyos y las siete colinas de Roma.

Más tarde, cuando Roma dominaba el mundo, el Senado reservó como galardón supremo para los individuos y para las ciudades la envidiada concesión de los derechos de ciudadanía romana.

El título de ciudadano romano que proporcionaba una serie de ventajas: no pagar impuesto alguno, depender únicamente de la ley de Roma, verse protegido en todas partes, ser tratado con religiosa consideración como si fuese dueño del mundo, fue muy apetecido.

Una votación favorable de la Asamblea del Pueblo, y el consentimiento de los altos magistrados, extendió la naturalización romana.

También los latinos que rodeaban a Roma y la ayudaron en sus conquistas, fueron declarados ciudadanos romanos en masa, antes de emprenderse las guerras púnicas (año 264 a.J. C). Los italianos (habitantes de la península itálica) a quienes se prometiera la ciudadanía por colaborar en las guerras, la obtuvieron por concesión de Sila.

«No pocos subditos del Imperio alcanzaron el derecho de ciudadanía por servicios propios rendidos al Estado y por su ejemplar fidelidad al vencedor. Ciudades enteras, fueron favorecidas con ese título.

Finalmente, a principios del siglo ni, todos los habitantes del Imperio fueron declarados ciudadanos por el Edicto de Caracalla, con el fin de conseguir dinero. Pudo así exigir de todos sus subditos la tasa de un vigésimo sobre las sucesiones, impuesto obligatorio para los ciudadanos».

En Roma se perdía la ciudadanía: a) por renuncia de la misma; b) por la sentencia de destierro o de infamia;  c) por haberse substraído al servicio militar; d) por haber caído privi sionero en las guerras.

La ciudadanía en nuestro tiempo

En la actualidad el derecho de ciudadanía no significa privilegio de clase social o de fortuna. Sigue indicando relación entre la persona y el Estado de que forma parte, y entraña referencia al lugar de nacimiento.

En algunos países la nacionalidad del recién nacido se deter mina atendiendo al «jus sanguinis» mientras que en otros siguese el «jus solis«.

«Jus sanguinis» significa «derecho de la sangre». Según esto, los hijos, nazcan en el país que nacieren, tienen la nacionalidad de sus padres. Generalmente siguen el «jus sanguinis» los países de emigración.

En cambio, los países de inmigración, adoptan el «jus solis«, derecho del suelo: los hijos adquieren la nacionalidad del país donde nacen. La Argentina, con alguna excepción como se verá, se rige por el «jus solis».

En la República Argentina la ciudadanía puede adquirirse por nacimiento, por opción y por naturalización:

a) Por nacimiento. Son argentinos nativos: Todos los nacidos en el territorio de la Nación. Todos los nacidos en legaciones y buques de guerra argentinos y los nacidos en mares neutrales bajo pabellón argentino. Se exceptúan los hijos de ministros plenipotenciarios y minis tros de legaciones extranjeras acreditadas en la República.

b) Por opción. Los hijos de padres argentinos nacidos en el extranjero que optaren por la ciudadanía de sus padres. Este caso es una excepción, pues, se aplica el criterio del «jus sanguinis«.

c) Por naturalización. Los extranjeros que adquieren ciuda danía argentina, mediante la «carta de ciudadanía«. En la Argentina no es obligatorio a los extranjeros el naturalizarse. Según nuestras leyes para obtener la «carta de ciudadanía se requiere la residencia de dos años continuos en la Nación Ese plazo puede ser acortado si el interesado demuestra haber prestado servicios útiles a la República.

Estos servicios útiles pueden ser: haber desempeñado con honradez empleos nacionales o provinciales; haber promovido o desarrollado la industria, la agricultura, el comercio o la colonización; ser empresario o constructor de ferrocarriles, etc.

El casamiento con persona argentina, es también motivo para reducir el plazo exigido.

Desde 1947 gozan del derecho de ciudadanía también las mujeres. Los derechos de ciudadanía tanto para el varón como para la mujer, se adquieren a los 18 años de edad. La ley de ciudadanía establece que los argentinos que hubiesen cumplido los 18 años, gozan de todos los derechos políticos conferidos por la Constitución y las leyes de la República. Gozan de dichos derechos tanto los ciudadanos nativos, como los ciudadanos por opción o por naturalización. Los ciudadanos naturalizados no pueden optar a la Presidencia o Vicepresidencia de la Nación, reservadas a los nativos o hijos de argentinos nativos.

Hasta pasados 6 años de ejercicio de la ciudadanía, los naturalizados no pueden ejercer el cargo de Juez de la Corte o el de Senador, y hasta pasados 4 años el de Diputado. Respecto al servicio militar, los naturalizados están exentos de prestarlo durante 10 años desde el día que obtuvieron la carta de ciudadanía.

Obligaciones y derechos

La ciudadanía es un honor y origina en el que la posee deberes y derechos. Los deberes de los ciudadanos para con la Nación pueden revestir un doble carácter: moral y material.

a) Obligaciones morales:

• Obedecer a las leyes.
• Respetar a las autoridades.

b) Obligaciones materiales:

• Cumplir con el servicio militar. (hoy no es mas obligatorio en Argentina)
• Armarse en defensa de la Patria y de la Constitución.
• Pagar las contribuciones e impuestos.
• Abstenerse de tomar las armas contra la Nación, de unirse a sus enemigos, de atribuirse los derechos del pueblo y de neticionar en su nombre.

Son derechos de los ciudadanos:

• Participar activamente en la vida pública. Ejercer activa y pasivamente el sufragio.
• Ser protegidos por el Estado.

Valor de la ciudadanía

La ciudadanía está revestida de un alto valor. Es la forma más perfecta de integrar el Estado. El ciudadano participa,por medio del sufragio, en la organización y gobierno de su país Por la ciudadanía se considera más ligado al pasado historico al presente y al porvenir de su Patria. Siente más su responsa bilidad.

La grandeza o decadencia de su Patria, es algo que le atañe directamente. Advierte que de la rectitud y nobleza de los ciudadanos depende la grandeza y nobleza del Estado La ciudadanía comprende un gran honor y encierra una gran responsabilidad. Debe ser ejercida con dignidad y, si es no cesario, con sacrificios.

En la ley de ciudadanía se establecen los casos en que se pierde ese derecho.

Pierde la ciudadanía argentina el que se naturalizase en país extranjero y el que aceptase honores o empleos de gobierno de otro Estado, sin haber sido autorizado por el Congreso Nacional.

También la perderán quienes incurriesen en quie bra fraudulenta, los condenados por delitos que merezcan pena infamante o de muerte.

Solo el Congreso podrá, por ley, rehabilitar a aquellos que hubiesen perdido la ciudadanía.

Concepto de Libertad de Prensa Aplicación en Argentina

Concepto de Libertad de Prensa

Otros Temas Tratados:

1-Estructura Constitución Nacional Argentina

2-Concepto Igualdad Ante La Ley

3-Concepto Indulto y Conmutación de Penas

4-Concepto Estado de Sitio

5-Concepto La Amnistía

6-Concepto Garantías Constitucionales

7-Concepto La Libertad de Prensa

8-Concepto de Ciudadanía y Ciudadano

9-El Abuso de Autoridad en Democracia

10-Derechos Civiles y Sociales

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Libertad de prensa, derecho que implica la inmunidad de los medios de comunicación (periódicos, libros, revistas, radio y televisión) respecto al control o la censura del gobierno. Cuando en un país no funciona la democracia, opinar es peligroso. A veces para el que opina, a menudo para el destinatario de esas opiniones. Y es ese, justamente, el cometido de la prensa. Los autoritarismos captan correctamente el significado político que ella encierra; es un medio de difundir ideas y razonamientos. Para las dictaduras, en cambio, no existe nada tan peligroso como el pensamiento humano y su libre difusión entre el pueblo.

Los medios de comunicación constituyen una poderosa institución que puede actuar, en cuanto instrumentos informativos, hasta el extremo de representar un medio fundamental de crítica del gobierno, lo que siempre es conveniente en democracia pero tiene, por otro lado, la desventaja de que el progresivo desarrollo del poder de los medios les lleva invadiendo la intimidad de las personas y socavando su autonomía. Además, cuando los medios se monopolizan alrededor de un determinado interés, la propia diversidad queda minada en cuanto valor democrático.

Un derecho inalienable

Para algunos, existe una total libertad de pensamiento, pero siempre y cuando que éste no se manifieste. Al contrario, la palabra debe ser libre como el pensamiento. Y los escritos no son sino palabras que expresan opiniones, juicios que cada uno adopta y formula, de acuerdo con su conciencia. Por eso-la libertad de prensa es inseparable de todo sistema político que se sustente en la democracia. Es una libertad política, indispensable para la existencia de la libertad pública y un freno a la autoridad de los gobernantes, un medio de ilustrar a la Nación, un camino para llegar a los otros.

Prensa y delito

Bajo ningún concepto la responsabilidad filosófica de quien expresa una doctrina puede transformarse en responsabilidad penal. La lucha de opiniones es condición indispensable de progreso. Jamás debe tratarse como un simple malhechor a quien impulse una opinión. Los delitos que pueden cometerse a través de la prensa están previstos en el Código Penal, pero ninguna ley dice que las ideas se castigan. No puede existir una policía de ideas. Porque en toda sociedad democrática, la prensa debe defender, criticar, replantear, con una sola limitación en esa tarea: no caer en el libelo.

Prensa y opinión pública

Es tan importante el papel de la prensa en las sociedades modernas, que se la ha llamado «el cuarto poder». Ella juega un rol fundamental en la formación de la opinión pública, de ahí que los despotismos quieran adueñarse de sus resortes y excluir de ellos a los opositores. Pero así como a los gobiernos corresponde no obstaculizar el florecimiento de la libertad de prensa, los medios deben hacer buen uso de esa libertad. En esa actividad deben alcanzar, por sobre todo, el justo equilibrio y la honradez profesional. Se trata de contribuir a la formación de la opinión pública, pero no de manipulearla.

La libertad de prensa en la Argentina

Desde los primeros días de la Independencia existió en la Argentina una verdadera preocupación por establecer la libertad de prensa. Los decretos del Primer Triunvirato en ese sentido, son buen ejemplo de esa temprana preocupación. La Constitución del 53, por su parte, en sus artículos i 14 y 32 salvaguarda también esa libertad. Pero en la práctica política, ningún gobierno queda al margen del estigma de la censura de la prensa o de intentar su control.

La persecusión a las publicaciones obreras de principios de siglo, y durante el desarrollo de la famosa Semana Trágica, la censura impuesta por el golpe militar del general Uri-buru y sus continuadores, son los primeros ejemplos. A medida que los medios de comunicación van desarrollando su poderío, su técnica y su influencia, se desarrolla también el interés por controlarlos. La Oficina de Información y Prensa de la Presidencia de la Nación, creada por el gobierno del general Ramírez, fiscalizaba todas las actividades de esos medios.

Durante el gobierno peronista, la Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia llevó a cabo una labor similar. De esa época, son representativos los ataques a La Nación y la clausura de La Prensa y La Vanguardia, esta última acusada de no cumplir con las ordenanzas municipales».

En ese entonces se verificó, además, la adquisición por parte del Estado de la Cadena de Radioemisoras Privadas. Buen uso, y exclusivo, hizo de ellas el general por segunda vez candidato a presidente. Y luego de su desaparición de la arena política, los gobiernos que lo continuaron, engolosinados al parecer, siguieron con esas prácticas de uso y abuso de las cadenas estatales.

Bajo los regímenes de facto que se sucedieron en el poder después del peronismo, matizados por efímeros períodos de gobiernos constitucionales, la actitud de control fue «in crescendo». Confirmado, Primera Plana, Panorama, hasta la divertida Tía Vicenta, son nombres ilustres del periodismo escrito que conocieron los avalares de la clausura. Se formó una idea equivocada, pero que se generalizó: la de que los entes estatales están encargados de controlar todos los medios, aun los no estatales. Paralelamente, se implantó, entre muchos editores, la práctica de una previsora autocensura.

Las claudicaciones de cierta prensa acomodaticia envalentonaron a esos gobiernos, los cuales parecieron autoconvencerse de que los medios, especialmente los audiovisuales, son para uso y abuso propio. Complementan esa práctica con el llamado «método del telefonazo», pedido telefónico a los editores más complacientes para que no publiquen ciertas informaciones molestas para el régimen. De esa forma, el recorte a la libertad de prensa se fue volviendo muy marcado.

El último gobierno peronista puso nuevamente en manos del Estado la Cadena Nacional de Televisión. Al mismo tiempo, varias publicaciones fueron clausuradas: Noticias, El Mundo, Satiricón. Todos esos hechos permiten afirmar que, en la Argentina, la libertad de prensa no ha sido, estrictamente respetada.

En los últimos tiempos, una arremetida gubernamental produjo la clausura de varias publicaciones. Por uno u otro motivo, La Semana, Línea y Quorum fueron sacadas de circulación. Una rara resolución explícita que las publicaciones que, presumiblemente, sean su continuación (detalle harto vidrioso de determinar), también serán prohibidas. Mucho mal causan estas decisiones a la democracia.

Porque es innegable que la prensa ha de ser enteramente libre, auténticamente al servicio del ciudadano. Antes que nada, el medio de expresión de las ideas y de los sentimientos comunes, sin la imposición de voluntades externas. De lo contrario, pierde su dignidad y traiciona el objeto para el que fue creada.

FORMAS DE EXPRESIÓN: INTERNET, TV, RADIO, CINE, ETC.

Además de la prensa existen en la moderna sociedad otros medios de expresión y de comunicación social: internet, radio, cine, televisión que han perfeccionado sus técnicas y su organización en forma vertiginosa durante los últimos años.

La prensa tiene como objeto primordial informar. La radio, televisión y cine cumplen una tarea fundamental de comunicación entre los hombres y pueblos. Proporcionan entretenimiento y recreación, presentan y difunden espectáculos artísticos y culturales. Cumplen además una importante misión informativa, y son órganos de formación y expresión de la opi nión pública.

La labor periodística en gran parte se realiza en nuestros días a través de la radio y la televisión. Por ellas se difunden las informaciones, se presentan los problemas, se discuten las soluciones, se expresa la diversidad de ideas, opiniones, punto; de vista e intereses de los individuos y grupos sociales.
Mucho es lo que han contribuido y contribuyen los modernos medios de comunicación al acercamiento y comprensión entre las naciones y los individuos,, a la divulgación de conocimientos, a la elevación moral y cultural de los pueblos.

Servir a la verdad, a la justicia, a la cultura, al entendimiento humano y la paz social, al progreso y desarrollo de las comunidades son obligaciones irrenunciables de los hombres y de las entidades que tienen en sus manos el control o el manejo de los medios de comunicación de masa.

Cuanto se ha dicho respecto a la libertad y a los derechos de la prensa, y cuanto a sus obligaciones, es válido para los otros medios de comunicación.
Radio, televisión, cine tienen derecho a todas las libertades que requiere el cumplimiento fiel de su misión, y el respeto a la persona humana.

Dichos medios de comunicación tienen derecho a expresar libremente sus ideas, sus críticas, sus puntos de vista y opiniones acerca de los diversos problemas sociales y políticos.

Los diversos sectores, entidades, grupos e individuos de la comunidad tienen derecho a tener acceso a ellos y a través de ellos poder expresar sus ideas y defender sus intereses.

Los medios de comunicación deben cumplir su misión, ejercer sus derechos y libertades responsablemente, de acuerdo a las obligaciones que impone la ética, la promoción del bien común y la elevación moral, intelectual y cultural de los pueblos.

Al estado le corresponde respetar y promover las libertades y al mismo tiempo velar porque estas libertades sean usadas de acuerdo al bien de la comunidad.

Consecuentemente le corresponde vigilar que la libertad exista para todos, que los medios de comunicación no sean instrumentos de servicio exclusivo de grupos ideológicos, económicos y financieros, sino que su acceso sea posible a los distintos grupos.

Puede el estado, incluso es conveniente, que tenga su propio sistema de comunicaciones. Le es lícito, como a cualquier otro grupo político, hacer la defensa de sus ideas, de sus obras, de sus medidas y de sus puntos de vista. monopolizar en sus manos todo el sistema de comunicaciones sociales y obstaculizar o impedir otras manifestaciones.
Los sistemas totalitarios se caracterizan por el monopolio de los medios de comunicación y la negación de la libertad de expresión; los democráticos por su respeto a esta libertad.

Pero no le es lícito monopolizar en sus manos todo el sistema de comunicaciones sociales y obstaculizar o impedir otras manifestaciones. Los sistemas totalitarios se caracterizan por el monopolio de los medios de comunicación y la negación de la libertad de expresión; los democráticos por su respeto a esta libertad.

Ver: Formación de la Opinión Pública

Fuente Consultada:
Formación Política Para La DEmocracia Tomo II Editorial Redacción
50 Cosas Que Hay Que Saber Sobre Política Ben Dupré – Editorial Ariel –
Educación Democrática de Argentino Moyano Coudert – Texto Para 3º Año – Tercera Edición- Editorial Guadalupe

El Abuso de Autoridad de un Gobierno Extralimitacion de Poder

El Abuso de Autoridad en la Democracia
La Extralimitación de Poder

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Otros Temas Tratados:

1-Estructura Constitución Nacional Argentina

2-Concepto Igualdad Ante La Ley

3-Concepto Indulto y Conmutación de Penas

4-Concepto Estado de Sitio

5-Concepto La Anmistía

6-Concepto Garantías Constitucionales

7-Concepto La Libertad de Prensa

8-Concepto de Ciudadanía y Ciudadano

9-El Abuso de Autoridad en Democracia

10-Derechos Civiles y Sociales

La existencia de un poder presupone una subordinación pues desde el momento en que alguno o algunos mandan, otros obedecen. Pero poder no es sólo violencia, no es empleo de la fuerza bruta por parte de quienes detentan posiciones de privilegio en la sociedad y se escudan en ejércitos y policías para defenderlas.

El poder se halla siempre presente en la presión social que opera sobre el individuo para inducirlo a desarrollar una determinada conducta, es cierto, pero debe ser encausado, concentrarse en instituciones, para que adquiera una función social. Controlar, y a la vez ser controlado. De lo contrario, puede resultar muy peligroso.

Podemos sintetizar que: Ninguna autoridad humana es ilimitada.

Incluso la suprema autoridad, la autoridad del pueblo que es soberana y tiene derecho a autodeterminarse, está limitada por el orden moral, los derechos fundamentales del hombre y los derechos de los otros pueblos.

La autoridad de los gobernantes está limitada por el orden moral, los derechos de los ciudadanos, las normas que establecen la constitución y las leyes, y las necesidades del bien común.

La constitución y las leyes establecen claramente cuáles son las competencias y atribuciones de cada uno de los gobernantes y funcionarios.

Existen una serie de derechos fundamentales de los hombres y de los grupos humanos que son anteriores por naturaleza al poder y que siempre deben ser respetados. Las constituciones suelen reconocerlos, y para mayor claridad, enumerarlos.

Existe el problema teórico de hasta dónde puede extenderse el poder de la autoridad política.

No es posible dar una respuesta válida para todas las sociedades y todas las circunstancias. Pero sí es posible formular los principios generales.

1. Hay derechos fundamentales que bajo ninguna circunstancia pueden ser impedidos. por ejemplo, el derecho a la libertad de conciencia, el derecho a la protección jurídica, el derecho del padre de familia sobre sus hijos.

2. La autoridad política tiene derecho a mandar todo lo necesario y conveniente para el bien común, y no puede mandar nada que no conduzca a él.

3. Consecuentemente, todo lo que un ciudadano responsable y consciente debería hacer espontáneamente por su patria y por la sociedad, puede ser legítimamente mandado, por ejemplo, cuando la patria está en peligro el ciudadano consciente debe espontáneamente ofrecer incluso su vida para defenderla. Si no lo hace voluntariamente la autoridad puede obligarlo coactivamente a hacerlo.

4. Medidas gubernamentales que son legítimas y justificadas en una circunstancia, son ilegítimas y abusivas en otras. Por ej. sería lícito al estado en caso de un terremoto que hubiese destruido gran parte de una ciudad limitar el espacio que puede ocupar una familia; lo que en otras circunstancias sería un abuso injustificable.

5. Cuanto más desorganizada está una sociedad, tanto más se requiere la intervención del poder político. No es la misma la intervención que corresponde al estado en un sistema económico que funciona eficientemente y sirve al bien común, que en un sistema económico incoherente y que sólo sirve a los intereses de grupos.

6. La mejor intervención del estado es la que tiende a convertirse en innecesaria con el tiempo. Tal es, por ejemplo, la intervención estatal que tuviera por objeto ordenar y organizar el sistema educacional, y que luego de ordenado, dejarlo librado a la responsabilidad e iniciativa de grupos particulares.

En Argentina, desde los primeros días de vida independiente, hubo una marcada tendencia a prever extralimitaciones de poder. La Primera Junta, al promulgar su Reglamento, el 28 de mayo de 1810, establecía la división de poderes. El 6 de diciembre de ese mismo año, el Decreto de Supresión de Honores, inspirado por Mariano Moreno, marcaba una pauta: presidente y miembros del gobierno revolucionario, todos eran lo mismo.

Y agregaba que «…ningún habitante de Buenos Aires, ni ebrio ni dormido, debe tener expresiones contra la libertad de su país». Finalmente, expresaba el artículo cuarto del proyecto oficial de la Constitución de 1813: «El ejercicio del poder soberano de la República reside en el Congreso, en los depositarios del Poder Ejecutivo y en los tribunales establecidos por la ley».  Más claro, imposible.

Sin embargo, la Constitución que nos rige en la actualidad, se caracteriza por instituir un Poder Ejecutivo fuerte, detentador de algunas facultades de predominio y de absorción capaces de desequilibrar la armonía de poderes. Los principales resortes del poder público están en sus manos. Y si quien los ejerce no está imbuido de un profundo sentimiento republicano y de un sincero respeto por el valor moral de la democracia, fácilmente puede torcer las riendas hacia el camino del autoritarismo.

El presidente nombra y remueve, por sí solo, a los ministros. Promulga leyes y puede vetarlas. Es quien convoca al Congreso para que se reúna. Durante los meses de receso ordinario del cuerpo legislativo, se ve favorecido por facultades verdaderamente supletorias del mismo. El artículo 86 de la Constitución Nacional lo llama Jefe Supremo de la Nación. Es un giro podrá decirse, mera fórmula del lenguaje, nada demasiado grave en el fondo. Sin embargo, es como si ellos fueran condicionando los resortes psicológicos, produciendo un acostumbramiento y preparando el terreno para que unos obedezcan más de la cuenta. Y para que otros manden más de la cuenta también, por desgracia.

Quizá vislumbrando todos esos peligros, aclara José Manuel Estrada: «Por la palabra Supremo se entiende en todas partes un jefe cuya autoridad no es compatible, revi-sable, no sujeta a responsabilidad. Sin embargo, él es la primera auioridad en la rama del Poder Ejecutivo; pero los otros poderes son independientes. Aún más: un acto del Poder Ejecutivo puede ser enervado por la Suprema Corte y él es responsable de sus actos ante las Cámaras. Luego, no se puede decir que sea la autoridad suprema del país, palabra que sólo conviene alzar o a otro soberano absoluto. La palabra supremo, pues, está fuera de lugar». Muy a propósito los conceptos. Pero los riesgos, reales, permanencen.

La propia Constitución Nacional le agrega, excepcional-mente, facultades, discrecionales.

El inciso 26 del artículo 67 establece que corresponde al Congreso decretar el Estado de Sitio en uno o varios puntos del país en los casos de conmoción interior. Pero si la institución parlamentaria se encuentra en receso, los ejecutivos de escasa sensibilidad estomacal suelen, de todas formas, decretarlo. Algunos, inclusive, parecen no saber gobernar si no es al amparo de ese recurso que la Constitución contempla para casos extremos.

El Estado de Sitio faculta al Ejecutivo, para limitar la libertad de acción de ciertas personas que representan un peligro para la Constitución y las instituciones. Hasta allí, la doctrina. En la práctica, es fácil caer en una extralimitación del poder. Porque el Ejecutivo, merced a esa autoridad especial que se le confiere, puede detener y trasladar personas en el interior del territorio.

El artículo 23 de la Constitución Nacional especifica que dichas detenciones pueden prolongarse sólo en el caso de que los encarcelados no prefieran salir del país, haciendo uso de su legítimo derecho de opción. Muy pocas veces, en los hechos, se deja disfrutar de ese derecho a los detenidos. Algunos magistrados, cómplices, pretenden que el otorgar la salida del país, en esos casos, es una facultad del presidente y que él puede hace uso de ella discrecionalmente, Pero no queda lugar para la duda: la ley fundamental lo expresa claramente, en la precisa lengua de Cervantes: «…si ellas no prefiriesen salir del territorio argentino» (artículo 23). Por otra parte, estas facultades especiales no han sido previstas para delincuentes o infractores.

En caso de delitos, los autores deberán ser detenidos, procesados y condenados de acuerdo con ios procedimientos que corresponde, aplicados por los jueces y de acuerdo con el Código Penal vigente. No parece muy normal la existencia de detenidos durante muchos años sin que se los someta a proceso alguno. Para algunos gobiernos, sin embargo, esos son simples métodos de trabajo.

Hasta aquí, si cabe la figura, se trató sólo de lo que podríamos denominar «extralimitaciones constitucioles». La Constitución, mal que bien, a pesar de los desbordes, siguen en vigencia. El ejercicio de los poderes de Estado, a pesar de las falencias, se realiza de acuerdo con normas preestableciadas, observando un procedimiento formado en la ley fundamental. La Constitución es la que establece cómo se puede llegar al ejercicio del poder y la que fija las normas de cumplimientos estricto para el buen desempeño de las funciones. El gobierno, es un gobierno de derecho.

Hay una adecuación al orden jurídico que establece la Constitución, si bien es cierto que los sectores dominantes aprovechan, para maniobrarlos requicios que deja la ley.

Pero a veces, ni eso queda en pie. El poder se ejerce sin sujeción a norma alguna. Los procedimientos que los gobiernos de facto siguen para entronizarse como tales son absolutamente anormales. Generalmente, violentos. Se habla de revolución, pero se trata de golpes. Una revolución implica un cambio fundamental de estructuras, un golpe es un cambio de personas, para salvaguardar las estructuras, justamente. Una o varias personas se encaraman en el poder político y lo ejercen de modo absoluto e irrestricto.

Fuente Consultada:
Formación Política Para La DEmocracia Tomo II Editorial Redacción
50 Cosas Que Hay Que Saber Sobre Política Ben Dupré – Editorial Ariel –
Educación Democrática de Argentino Moyano Coudert – Texto Para 3º Año – Tercera Edición-Editorial Guadalupe

Concepto de Garantías Constitucionales Aplicación en Argentina

Concepto de Garantías Constitucionales

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Otros Temas Tratados:

1-Estructura Constitución Nacional Argentina

2-Concepto Igualdad Ante La Ley

3-Concepto Indulto y Conmutación de Penas

4-Concepto Estado de Sitio

5-Concepto La Anmistía

6-Concepto Garantías Constitucionales

7-Concepto La Libertad de Prensa

8-Concepto de Ciudadanía y Ciudadano

9-El Abuso de Autoridad en Democracia

10-Derechos Civiles y Socviales

Las  llamadas garantías constitucionales son, concretamente, los medios jurídicos que la Constitución y las leyes ponen al alcance de la personas, para la protección de las libertades individuales y asegurar por lo tanto el normal ejercicio de dichas libertades.

Algunos autores establecen varias acepciones sobre el concepto, como por ejemplo:

a) las garantías en su sentido estrictísimo, comprensivas solamente de los procedimientos judiciales sumarios, y de reglas procesales, como el de hábeas corpus, el amparo, el derecho a no declarar contra sí mismo, etc.;

b) garantías en sentido estricto, incluyendo además los procedimientos judiciales tuitivos de la libertad jurídica, como la demanda y excepción de inconstitucionalidad, etc.;

c) garantía en sentido amplio, abarcando las llamadas garantías políticas, como la división de poderes, la renovación y elegibilidad de los funcionarios, etc.;

d) garantías en sentido amplísimo, comprensivo de todas las instituciones liberales, incluso la constitución escrita y el bill de derechos incorporados a ella (según la clasificación expuesta por el profesor Germán J. Bidart Campos). Otros, en cambio, admiten, como el profesor Linares Quintana, que solamente el segundo sentido es el exacto, es decir, las garantías en sentido estricto.

En cuanto a las garantías relacionadas con la libertad y seguridad de las personas, el artículo 18 de la Constitución Nacional las establece especialmente, en los siguientes términos: «Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado a los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa.

Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo; ni arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente. Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos. El domicilio es inviolable, como también la correspondencia epistolar y los papeles privados; y una ley determinará en qué casos y con qué justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación.

Quedan abolidos para siempre la pena de muerte por causas políticas, toda especie de tormento y los azotes. Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice».

Del texto de este artículo se infiere claramente que de nada valdría que la Constitución Nacional reconociera a todos los individuos los derechos y libertades establecidos en ella, si al mismo tiempo no se establecieran en forma concreta y práctica los medios para la protección de dichos derechos y libertades, de manera tal que el individuo se sintiera permanentemente protegido en el normal ejercicio de sus libertades y derechos, no solamente contra los excesos del poder sino además, cuando dichos derechos se vieran cuestionados por hechos de otros particulares.

Como puede apreciarse, del texto del artículo 18 se desprenden no solamente las seguridades en cuanto al ejercicio de la libertad física del individuo, sino además, las que en conjunto se denominan las garantías del debido proceso, en el sentido de proteger al individuo .sometido a juicio, de los excesos que pudieran cometer las autoridades judiciales, en el ejercicio de sus funciones.

El amparo de la libertad, pues, puede concretarse a dos principales instituciones: el hábeas corpus y la denominada acción de amparo.

El primero ha sido en términos generales la preocupación constante y tan antigua como el hombre, pues ampara y protege nada menos que la libertad física del individuo, tan imprescindible como para que sea considerada que sin ella las demás libertades no podrían ser normalmente ejercidas.

En cuanto a sus Orígenes, el hábeas corpus registra sus antecedentes muy remotos en el interdicto romano de libero hóminem exhibendo, en la Carta Magna inglesa de 1215, en los fueros españoles de Aragón de 1427 y de Vizcaya de 1527, en la ley inglesa de 1640 y en el acta de hábeas corpus de 1789.

Debe señalarse que la institución protege solamente la libertad corporal o física de las personas, y solamente contra los actos del Estado, especialmente, contra las detenciones arbitrarias e ilegales; por lo tanto, debe cuidarse de no incluir en dicha protección a otras libertades o derechos o actos emanados de particulares, pues para estos últimos, se ha instituido (al principio por vía jurisprudencial) la denominada acción de amparo.

El maestro Carlos Sánchez Viamonte sintetizaba su posición en relación al hábeas corpus, en los siguientes puntos:

a) se concede en amparo de la libertad arbitrariamente restringida, y no solamente contra detenciones ilegales;

b) protege todos los derechos individuales que constituyen la libertad personal, excepto los relativos al patrimonio y los administrativos;

c) puede interponerse ante cualquier juez; procede aun contra actos de jueces o tribunales colegiados.

Las provincias por su parte han consagrado expresamente el recurso de hábeas corpus, incluido además como en el orden nacional, en los respectivos códigos procesales.

La acción de amparo: Pero el babeas corpus, que como hemos expresado protege la libertad física de los individuos contra actos del Estado, no alcanza a las otras libertades o derechos reconocidos por la Constitución Nacional, que por ello quedaban sin la consiguiente protección, hasta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación introdujo por vía pretoriana la acción de amparo, para proteger a los demás derechos no alcanzados por el hábeas corpus y además, contra la acción de los particulares.

El primer caso judicial que resuelve la Corte es el conocido «Ángel Siri» del 27 de diciembre de 1957, con motivo de la clausura policial del diario Mercedes que impedía su impresión y circulación.

El otro caso fallado diez meses después es el caratulado «Samuel Kot SRL», como consecuencia de la presentación efectuada por el propietario de una fábrica ante la ocupación de la misma por los obreros, que se negaban a desocuparla, motivada por un conflicto laboral.

Aquí se trataba de una acción de los particulares (los obreros), por lo que la Corte decidió que debía proteger al propietario de la fábrica, asegurándole el goce pleno de sus derechos individuales de propiedad y de trabajar frente al desborde de los obreros, que sin poder invocar ningún derecho, la ocupaban ilegítimamente.

En la actualidad, la acción de amparo se halla legislada mediante el decreto ley 16.986/66 reglamentado por el decreto 927/67.

Fuente Consultada:
Formación Política Para La DEmocracia Tomo II Editorial Redacción
50 Cosas Que Hay Que Saber Sobre Política Ben Dupré – Editorial Ariel –

La Igualdad Ante La Ley en Argentina Concepto e Historia

La Igualdad Ante La Ley en Argentina
Concepto e Historia

Otros Temas Tratados:

1-Estructura Constitución Nacional Argentina

2-Concepto Igualdad Ante La Ley

3-Concepto Indulto y Conmutación de Penas

4-Concepto Estado de Sitio

5-Concepto La Amnistía

6-Concepto Garantías Constitucionales

7-Concepto La Libertad de Prensa

8-Concepto de Ciudadanía y Ciudadano

9-El Abuso de Autoridad en Democracia

10-Derechos Civiles y Socviales

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El concepto de Igualdad de todos antes la ley, no es un concepto muy antiguo, pero ya hace mas de 200 años, en una carta a George Washington en 1784, Thomas Jefferson comentaba que el fundamento constitucional de Estados Unidos era «la igualdad natural del hombre». La posición de la igualdad como piedra angular en el pensamiento político y social ha permanecido intacta desde entonces. En la actualidad sean cuales sean las convicciones, pocos políticos hoy en día defenderían abiertamente la desigualdad.

La igualdad tiene su origen en la teoría política de John Locke y otros en la segunda mitad del siglo XVII. Cien años más tarde, en 1776, la idea de que hay ciertos derechos naturales e inalienables, entre ellos «la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad», que pertenecen a todos los hombres y a todos por igual, se consagró en la Declaración de Independencia de Estados Unidos.

Trece años después, el ideal inspiró la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano propuesta por los revolucionarios franceses; y con ella llegó su llamamiento: «Libertad, igualdad, fraternidad».

Uno de los fundamentos del gobierno republicano y democrático, juntamente con la libertad, es precisamente la igualdad; y ha sido la lucha constante de los hombres por alcanzar ambos presupuestos, frente al avance cada vez más riguroso del poder político ejercido en exceso. Así lo recuerda Esteban Echeverría al afirmar que «la libertad y la igualdad son los ejes centrales, o más bien los dos polos del mundo de la democracia«.

Pero debemos precisar un concepto sobre la igualdad ante la ley, reconocida en nuestra Constitución Nacional, que de ninguna manera es la igualdad matemática que imponga a todos sin distinciones el mismo trato, porque así podríamos caer en desigualdades injustas; tampoco es borrar las diferencias naturales que existen entre los hombres, las que deben ser respetadas para no caer entonces en el trato desigual, lo que también sería injusto. Montes de Oca en sus ya famosas Lecciones de Derecho Constitucional enseñaba que «la igualdad ante la ley supone simplemente que todos los habitantes de la Nación están sujetos a los mismos deberes, gozan de los mismos derechos y están tutelados por las mismas garantías».

Desde los primeros instantes de nuestra historia patria el concepto de igualdad ante la ley aparece en la mente de nuestros primeros hombres de gobierno y queda concretado en las normas legales y constitucionales que fueron apareciendo a lo largo de la historia constitucional argentina, desde aquel famoso decreto de honores de la Junta del 8 de diciembre de 1810, a inspiración de Mariano Moreno; el proyecto de la Sociedad Patriótica de 1813 disponía en el artículo 8º con respecto a la igualdad que «la ley, bien sea preceptiva, penal o aflictiva es igual para todos, y asiste igualmente al poderoso que al miserable, para la conservación de los derechos que cada uno disfruta».

Así podemos mencionar el Estatuto Provisional de 1815, el Reglamento Provisorio de 1817, la Constitución de 1819, la Constitución de 1826, hasta quedar consagrada en forma definitiva en nuestra Constitución Nacional de 1853/60, que recoge en sus fundamentos el proyecto de constitución de Juan Bautista Alberdi.

Así el artículo 16 de nuestra Ley Fundamental dispone que «La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento; no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas».

Este artículo 16 concuerda además con el artículo 15, al disponer que «En la Nación Argentina no hay esclavos; los pocos que hoy existen quedan libres desde la jura de esta Constitución; y una ley especial reglará las indemnizaciones a que dé lugar esta declaración. Todo contrato de compra y venta de personas es un crimen del que serán responsables los que lo celebrasen, y el escribano funcionario que lo autorice. Y los esclavos que de cualquier modo se introduzcan quedan libres por el solo hecho de pisar el territorio de la República».

Es interesante destacar también que esa igualdad ante la ley se refiere a la igualdad de los derechos civiles, es decir que se refiere a todos los habitantes del pais, a diferencia de la igualdad política reconocida exclusivamente a los ciudadanos; desde luego con la salvedad de los derechos de los menores de edad, de los incapacitados, etcétera.

Esta igualdad civil consagrada por la Constitución Nacional se refiere concretamente a los siguientes puntos:

1) a las prerrogativas de sangre y de nacimiento y a los títulos de nobleza;

2) a los fueros personales;

3) a los impuestos y cargas públicas;

4) a la admisibilidad a los empleos; debe agregarse la igualdad de todos los extranjeros habitantes de nuestro suelo; a los indios que en escaso número pueden existir aún en el país, descartando desde luego a los esclavos que como un timbre de honor de nuestra historia han existido en nuestro suelo en los primeros tiempos de la etapa colonial, pero que fueron desapareciendo paulatinamente, a punto tal que al iniciarse la etapa constitucional argentina prácticamente no existían esclavos en nuestro país.

Desde el punto de vista jurisprudencial, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dejado perfectamente aclarado el concepto de igualdad ante la ley sosteniendo que «consiste en que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que se concede a otros en iguales circunstancias»; es decir, que la igualdad ante la ley consiste en el tratamiento igual de los iguales en iguales circunstancias.

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AMPLIACIÓN DEL TEMA: LA IGUALDAD ANTE LA LEY

«En las sociedades, decía Aristóteles, las grandes luchas internas surgen de:

— que los que son en parte iguales, se consideran del todo iguales;
— y los que son en parte superiores, se consideran del todo superiores.

Los ciudadanos, porque son iguales en libertad, se consideran iguales en todo; otros, porque son superiores en linaje, bienes económicos o cultura, se consideran superiores en todo».

Los hombres somos todos iguales en dignidad, libertad, valor de nuestras personas.

La dignidad de la persona humana y de los derechos que de ella dimanan es igual para todos los hombres.

Pero no es igual el talento, las condiciones naturales, la educación y preparación, el esfuerzo y el mérito de cada hombre. Tampoco son iguales su posición social, sus bienes económicos, sus capacidades prácticas.

La igualdad esencial de los hombres es obra de la naturaleza y por lo tanto de Dios. Las desigualdades unas son obra de la naturaleza que nos dotó de diferentes condiciones, otras del legítimo esfuerzo, trabajo, afán de superación, e incluso de la coyuntura de una serie de circunstancias favorables y deben ser respetadas. Otras, en fin, son el resultado de una deficiente o injusta organización social y deben ser corregidas.

La sociedad democrática, entre sus rasgos característicos, cuenta:

— el reconocimiento de la igualdad esencial de los hombres;
— la ausencia de privilegios fundados en sangre, posición económica, o social;
— la igualdad para todos ante la ley;
— el afán de ofrecer a todos igualdad de oportunidades para satisfacer sus necesidades y desarrollar su persona.

La igualdad ante la ley significa que la ley se aplica imparcialmente, sin injustas excepciones. Que en igualdad de circunstancias todos son iguales ante ella.

La igualdad ante la ley supone igualdad en las circunstancias y condiciones. No significa, por ejemplo, que todos son obligados a pagar el mismo impuesto, sino que no existirán diferencias entre los que se encuentran en idénticas condiciones.

El artículo 16 de la Constitución establece:

— La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento;
—no hay en ella fueros personales, ni títulos de nobleza;
— todos sus habitantes son iguales ante la ley;
— y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad;
— la igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas.

La lucha de los hombres por la igualdad es un proceso que se realiza lentamente en la historia.

En la antigüedad era común la distinción de los hombres en libres y esclavos. En la edad media fue común la distinción en señores y siervos, o la admisión de estamentos sociales.

En la época moderna se defendió con éxito el principio de la igualdad jurídica de los hombres ante la ley.

En época contemporánea dos son los grandes logros realizados:

1. el fin del colonialismo y el reconocimiento de la igualdad entre los pueblos;

2. el deseo de ofrecer a todos, los ciudadanos igualdad de posibilidades sociales, económicas, culturales, etc.; que las distinciones y diferencias se funden no en privilegios, sino en la capacidad, esfuerzos y méritos de cada cual.

Las encíclicas sociales proclaman el derecho de todos los hombres a tener acceso, según su capacidad y esfuerzo, a los más altos grados de la cultura y formación profesional. Para que exista una real y válida democracia, el principio de la igualdad jurídica debe ser complementado con posibilidades de igualdad social y económica.

A este propósito dice el Concilio Vaticano II:
«Para satisfacer las exigencias de la justicia y de la equidad se debe procurar enérgicamente que, respetados los derechos personales y la índole propia de cada pueblo, sean suprimidas lo más rápidamente posible las enormes y crecientes desigualdades económicas actuales, que van acompañadas de discriminación individual y social».

Fuente Consultada:
Educación Democrática de Argentino Moyano Coudert – Texto Para 3º Año – Tercera Edición- Editorial Guadalupe

Indulto y la Conmutación de Penas en Argentina Concepto

Indulto y la Conmutación de Penas en Argentina
Constitución Nacional Art. 86

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Indulto, es una medida de gracia por la que la autoridad competente perdona total o parcialmente una pena impuesta en sentencia firme. Puede solicitar el indulto la persona condenada, sus parientes o cualquier persona en su nombre, aunque las legislaciones también suelen dar legitimación para pedirlo al Gobierno o a los propios tribunales de justicia. El indulto se diferencia de la amnistía en que ésta supone la desaparición total del delito, que se tiene por no cometido.

Otros Temas Tratados:

1-Estructura Constitución Nacional Argentina

2-Concepto Igualdad Ante La Ley

3-Concepto Indulto y Conmutación de Penas

4-Concepto Estado de Sitio

5-Concepto La Anmistía

6-Concepto Garantías Constitucionales

7-Concepto La Libertad de Prensa

8-Concepto de Ciudadanía y Ciudadano

9-El Abuso de Autoridad en Democracia

10-Derechos Civiles y Socviales

La Constitución Nacional atribuye al Presidente de la Nación la facultad de indultar y conmutar penas, según lo dispuesto en el artículo 86, inc. 6, en los siguientes términos: «Puede indultar o conmutar las penas por delitos sujetos a la jurisdicción federal, previo informe del tribunal correspondiente, excepto en los casos de acusación por la Cámara de Diputados».

Esta norma merece una explicación a los efectos de intentar limitar los alcances de la facultad concedida al Presidente de la República y establecer las condiciones y requisitos que deben darse, para que dicha facultad se ejerza de acuerdo con el espíritu que los constituyentes dieron a la norma constitucional, apartándose de lo dispuesto en la constitución norteamericana.

Nuestra Constitución se ciñe con más rigor al tecnicismo jurídico y basa la facultad que nos ocupa en el principio de la división de los poderes, es decir que para que pueda ser viable el indulto se requiere que exista pena, es decir, desde el punto de vista técnico, que el órgano jurisdiccional competente haya concluido el examen de la causa y se haya pronunciado a través de la sentencia; y además, que dicha sentencia se encuentre firme, es decir, con autoridad de cosa juzgada. De más está decir que dicha sentencia sea condenatoria.

Requiere asimismo, en cuanto a la limitación del ejercicio de la facultad presidencial de indultar o conmutar penas, que se refieran a delitos sujetos a la jurisdicción federal; ello significa que solamente puede válidamente ser ejercida esta facultad en cuanto a las condenas que se hubieran pronunciado por los tribunales competentes de la jurisdicción federal, quedando por lo tanto excluidos del alcance de la atribución del Presidente de la República las condenas pronunciadas por los tribunales judiciales provinciales, reservada a los respectivos gobernadores.

El indulto o la conmutación requiere que el Presidente reciba el informe pertinente del tribunal que actuó en la causa, poniéndose por lo tanto en funcionamiento un procedimiento administrativo en el que intervienen diversos funcionarios del Poder Judicial, como además dependientes directos del Poder Ejecutivo, como en el caso del Ministerio de Justicia de la Nación.

La limitación que establece la Constitución en cuanto al ejercicio de la atribución presidencial, se refiere a que el indulto o la conmutación no puede ejercerse en los casos de acusaciones pronunciadas por la Cámara de Diputados, es decir, en los casos de juicios políticos, como es obvio suponer, ya que en dicho juicio político, podría eventualmente estar involucrado el propio Presidente de la República, sus ministros, y los jueces nacionales, incluyéndose desde el luego al vicepresidente de la Nación.

Se ha discutido el carácter del indulto o de la conmutación, sin perjuicio de señalar la diferencia conceptual entre ambos. Algunos autores afirman que el indulto es equivalente al perdón, mientras que otros, por el contrario, al rechazar este carácter, sostienen que la facultad del Presidente se refiere concretamente a disponer la no ejecución de la pena condenatoria  impuesta, es decir, al no cumplimiento efectivo, sin perjuicio de destacar que tanto en uno como en el otro carácter, el indulto por sí mismo no borra el delito cometido, puesto que no tiene influencia en la sentencia que ha quedado firme, y tanto es así que dicha sentencia se tiene en cuenta en los casos de reincidencia, de las indemnizaciones y de las cosías a que hubiere lugar.

Con respecto a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, es interesante recordar que ha variado la posición en que se ha colocado con respecto a la cuestión en estudio. En una primera época la Corte decidió que el Presidente de la Nación no podía indultar si no existía sentencia firme.

Cincuenta años después, varió la posición de la Corte, declarando que el procesado podía ser indultado antes de la sentencia (caso «Ibáñez», quien había hurtado un par de medias por valor de 3 pesos, indultado por el presidente Yrigoyen). Finalmente volvió la Corte a su jurisprudencia anterior, precisamente en el fallo relacionado con el caso del entonces ex presidente Yrigoyen que había sido depuesto por el golpe del 6 de setiembre de 1930.

a Corte confirmó la sentencia de la Cámara Federal, de acuerdo con lo pedido por el ex presidente, en el sentido de que el Poder Ejecutivo (en ese momento de facto), no podía ejercer la facultad de indultar, mientras no existiera sentencia condenatoria firme con autoridad de cosa juzgada.

Con respecto a la diferencia, que podría ser de grado, entre el indulto y la conmutación, puede aclararse que el primero dispone el no cumplimiento o ejecución de la pena impuesta al condenado; mientras que la conmutación, cambia la pena impuesta por otra que resulte más benigna, como por ejemplo, disminuyendo el tiempo de la condena.

Además, es interesante establecer la diferencia entre la amnistía y el indulto. La primera tiene carácter general, es una facultad del Poder Legislativo, y tiene como característica especial que declara la inexistencia del delito; mientras que el indulto es personal, pues se refiere a una persona determinada, es una facultad del Presidente de la Nación y tiene como característica que dispone el no cumplimiento de la pena impuesta al condenado, no borra el delito y éste se tiene en cuenta en caso de reincidencia y para las indemnizaciones y costas a que hubiere lugar.

Fuente Consultada:
Formación Política Para La DEmocracia Tomo II Editorial Redacción
50 Cosas Que Hay Que Saber Sobre Política Ben Dupré – Editorial Ariel –

El Estado de Sitio Resumen, Concepto y Aplicación en Argentina

Coincepto de Estado de Sitio en Argentina
Resumen, Ejemplos de Aplicación

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Otros Temas Tratados:

1-Estructura Constitución Nacional Argentina

2-Concepto Igualdad Ante La Ley

3-Concepto Indulto y Conmutación de Penas

4-Concepto Estado de Sitio

5-Concepto La Anmistía

6-Concepto Garantías Constitucionales

7-Concepto La Libertad de Prensa

8-Concepto de Ciudadanía y Ciudadano

9-El Abuso de Autoridad en Democracia

10-Derechos Civiles y Sociales

Todo Estado de Derecho basa su existencia en el orden jurídico. Un verdadero conjunto ordenado de leyes que se complementan. Entre ellas no existe contradicción posible. Las que van surgiendo, como expresión de nuevos enfoques, derogan a las anteriores. Un estricto sistema de jerarquías se entreteje y amalgama todo ese cuerpo legislativo, desde los decretos y ordenanzas hasta los Códigos Nacionales y los tratados internacionales.

Constituye el basamento de la Nación y hace posible uno de los postulados básicos del Estado de Derecho: exigencia de juridicidad que significa, en otras palabras, exclusión absoluta de la arbitrariedad. En su cima, como máxima reguladora, se ubica la Constitución Nacional. Nadie puede emitir actos de especie alguna que sean extraños al ordenamiento jurídico vigente en el Estado. Por algo se ha calificado al Poder Judicial como Guardian de la Constitución.

A él corresponde señalar los desvíos. Por algo, además, se ha consagrado la independencia de sus magistrados. Para que lleguen hasta donde tengan que llegar y abarquen todo lo que tengan que abarcar con sus decisiones. Porque en un Estado de Derecho, donde rige una Constitución —como es el caso de la Argentina, teóricamente al menos— deben protegerse sin discriminaciones las potestades del individuo y es inadmisible aceptar la existencia de zonas jurídicas desprovistas de una efectiva protección integral de la justicia.

La Constitución prevé

Hay momentos fundamentales, superiores, en la vida del Estado, en los cuales su interés general corre peligro. Se trata de circunstancias excepcionales, que requieren también, para ser enfrentadas con éxito, medidas de excepción. La Constitución las ha previsto, a unas y a otras. Por eso ha reglamentado la existencia del Estado de Sitio, recurso aplicable en los casos en que la organización o la propia subsistencia del Estado están puestas en tela de juicio.

Y ha sido bien explícita con respecto a esos casos en que puede recurrirse a su aplicación y con respecto a las instancias formales y legales que debe agotar el gobierno que decide instaurarlo. Son bien conocidos los motivos que se señalan en ella para justificarlo: agresión externa o grave conmoción interior.

No son menos conocidas las formalidades legales que se establecen: coordinación de las voluntades del Poder Ejecutivo y del Senado en el primero de los casos y decisión privativa del Congreso en el segundo. Como en el caso de la Argentina la primera de las posibilidades ha sido muy poco transitada (y la única guerra de los últimos tiempos —la guerra de las Malvinas— nos encontró con un Estado de Sitio ya instalado, con ocho años de antigüedad por si fuera poco) nos referiremos al caso que habla de la conmoción interior. En eso sí, la experiencia es riquísima.

Constitución Nacional Argentina: Artículo 23. En caso de conmoción interior o de ataque exterior que pongan en peligro el ejercicio de esta Constitución y de las autoridades creada por ella, se declarará en estado de sitio la provincia o territorio en donde exista la perturbación del orden, quedando suspensas allí las garantías constitucionales. Pero durante esta suspensión no podrá el presidente de la República condenar por sí ni aplicar penas. Su poder se limitará en tal caso respecto de las personas, a arrestar o trasladarlas de un punto a otro de la Nación, si ellas no prefiriesen salir fuera del territorio argentino.

Los desbordes interpretativos

El artículo 67 de la Constitución Nacional establece, en su inciso 26, que corresponde al Congreso decretar el Estado de Sitio en uno o varios puntos del país, en los casos de conmoción interior. Pero en los casos de receso parlamentario —que son muchos meses— los Ejecutivos de poco desarrollada sensibilidad recurren igualmente a esta medida de excepción. Puede argumentarse que lo hacen aprovechando una prerrogativa que le confiere esa misma Constitución.

Es cierto. Pero es cierto también que, en esos casos, es una sola voluntad la que decide acerca de una medida que recorta innumerables libertades a los habitantes del país. Que se carece, antes de tomar la decisión, del análisis y de la discusión que deberían generarse en el seno del Congreso.

Es entonces cuando los desbordes se ponen al día. Porque en el espíritu del constituyente flotaba la convicción de que la conmoción debía ser grave para justificar esa medida, y mientras que, en la práctica, ella es habitualmente implantada por razones de oportunidad política. Porque se habla de implantar el Estado de Sitio en uno o varios puntos del país —aquéllos en los cuales se verifique la conmoción— y en la práctica, de un plumazo, se lo establece en todo el territorio nacional.

Porque se había dicho que esa medida debía durar sólo mientras durara la conmoción grave que la originó, y en la práctica se la entroniza como una forma permanente de gobierno, como un sistema de administración, basado, más que nada, en el congelamiento de las libertades públicas. Si alguien afirmara que las condiciones de conmoción interna que justificaron su implantación continúan vigentes, la respuesta es clara: gobiernos que fueron incapaces, a lo largo de años y años de ejercicio del poder, de enmendar las situaciones que originaron esa conmoción, o bien son absolutamente ineficientes o bien son absolutamente impopulares. O las dos cosas, tal vez.

Los internamientos y la libertad

Quizá porque se considera que el hombre es lo más valioso, es que hay un aspecto vinculado con la aplicación del Estado de Sitio que aparece como el más grave: el de la detención a disposición del Poder Ejecutivo. Merced a esa norma de excepción, el Ejecutivo puede limitar la libertad de acción de aquellas personas que, a su juicio, representan un peligro para la Constitución y las instituciones. Puede detenerlas y trasladarlas por el interior del territorio. Sin embargo, el artículo 23 de la Ley Fundamental, aclara, refiriéndose a las personas detenidas, que sufrirán el internamiento «… si ellas no prefiriesen salir del territorio argentino».

Ponderable aclaración, sobre todo para los que, de otra forma, deberían contemplar el futuro detras de las rejas.

Pero, en la práctica, generalmente no se les deja disfrutar de ese derecho. Como todo se concatena, los mismos magistrados que son designados sin acuerdo del Senado no pueden romper el cordón umbilical que los une a la voluntad autoritaria que los nombró. Ellos son los que muchas veces argumentan que otorgar la salida del país en esos casos es una facultad del presidente y que él puede hacer uso de ella discrecionalmente.

Y pretenden mucho más. Así, se habla de los móviles políticos del gobierno, como si estos bastaran para justificar cualquier arbitrariedad y para ubicar al Poder Ejecutivo á buen recaudo de cualquier control jurisdiccional. Con el justificativo de una vaga defensa de la seguridad del Estado y de sus instituciones se respaldan medidas de «alta policía«. Mientras las solicitudes de «habeas corpus» se amontonan en los tribunales, los internados peregrinan de cárcel en cárcel.

El Poder Ejecutivo, de acuerdo con la Constitución Nacional, no puede actuar a su antojo, fuera de todo control. Sostener lo contrario resulta arbitrario o, en el mejor de los casos, equivocado. Por el contrario, el principio general, deber ser el del control. El control jurisdiccional de los actos del gobierno es procedente, porque la protección de los administrados halla fundamento en los artículos 18 y 28 de la Constitución Nacional. Mientras ella tenga imperio, esa protección jurisdiccional constituye una exigencia de nuestro orden jurídico porque el imperio de la Constitución no se suspende ni siquiera en caso de guerra.

Expresa, en ese sentido, el doctor Juan Antonio González Calderón: «Los llamados poderes de guerra del Poder Ejecutivo Nacional, no pueden ser ejercidos con violación flagrante o disimulada de los textos expresos de la Constitución, ni quebrantando las garantías individuales. Si su consecuencia puede ser una franca transgresión de la Ley Fundamental, entonces sí el Poder Judicial debe poner en juego su facultad preventiva de mantener el imperio soberano de la Constitución».

Los ejemplos

Dicen que para muestra basta un botón. Por desgracia, en este tema de los desbordes del Poder Ejecutivo con referencia a la aplicación del Estado de Sitio y la intervención —o no intervención a veces— de un Poder Judicial que los enmiende, los ejemplos sobran. La doctrina argentina admite, como principio, el control jurisdiccional de los jueces en los supuestos de limitaciones o ataques infligidos a los derechos de los administrados por el Poder Ejecutivo bajo el régimen de Estado de Sitio. Sin embargo, analizando la copiosa jurisprudencia que al respecto existe, se nota una falta de coherencia en las resoluciones, una ausencia de criterio preciso y fijo. Y la certidumbre del derecho es la base esencial para el goce efectivo de la libertad.

En cierta oportunidad, la Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar al recurso promovido por un senador nacional detenido en el marco del Estado de Sitio. En ese caso, la Corte consideró que las inmunidades correspondientes a los miembros del Parlamento no quedan limitadas aunque rija ese estado de excepción (Corte Suprema de Justicia de la Nación, Fallos, Leandro N. Alem y Mariano N. Candioti, Tomo 54, página 43).

En otro caso, en cambio, la Corte declaró que el ejercicio de la facultad acordada al Presidente de la República en el artículo 23 de la Constitución Nacional, de arrestar a las personas en el Estado de Sitio, no es, en principio, susceptible de revisión judicial (Corte Suprema de Justicia de la Nación, Fallos, Pedro J. Bellman, Tomo 256, página 359). Finalmente, por simple mayoría, el Tribunal se pronunció sobre el alcance del control judicial en materia de actos emitidos por el Poder Ejecutivo durante la vigencia del Estado de Sitio, en el caso caratulado «Antonio Sofía y otros» (Corte Suprema de Justicia de la Nación, Fallos, Tomo 234, página 504).

Más allá de estas desinteligencias aparentes, lo cierto es que, bien cercanos a nosotros en el tiempo, se multiplican los casos de detenciones y avasallamientos. Acusado de mantener vinculaciones con la subversión y sustraído a los carriles de la justicia ordinaria, el periodista Jacobo Timerman pasó a depender de las decisiones de los Consejos de Guerra. Uno de ellos justamente, el Consejo de Guerra Especial N° 2, declaró que no existía ningún cargo contra el prevenido, que éste quedaba fuera de su jurisdicción y que no había motivos para prolongar su arresto. Esto ocurría a fines de setiembre de 1977. El 24 de octubre de 1979, Jacobo Timerman continuaba detenido.

En esa fecha, por segunda vez la Corte Suprema de Justicia decretó su libertad, mientras el Ministerio del Interior sostenía que el periodista mencionado era realmente subversivo, la Justicia, no había podido demostrarlo. Igual opinión sustentaba una parte del Ejército, recomendando que continuara su confinamiento, bajo régimen militar. Finalmente, se anuló su ciudadanía argentina, se confiscaron sus bienes y se lo expulsó del país. Fue una forma de concederle la libertad sin acatar la decisión de la Corte.

Quizás el caso de Juan Gregorio Alfonso sea todavía más patético. Porque Alfonso fue juzgado, condenado a siete años de prisión por el delito de asociación ilícita y cumplió esa condena el día 18 de agosto de este año. Cuando pensaba reencontrarse con la vida, no se lo excarceló: quedó a disposición del Poder Ejecutivo. Casos similares abundan. Y también casos de ciudadanos que durante años permanecen encuadrados en esa curiosa figura «procesal» de nuestros días: a disposición del PEN. Sin cargo alguno establecido contra ellos, concretamente al menos. Sin juicio. Sin defensa. Sin condena.

Aunque parezca un recurso de humor negro el afirmarlo, Alfonso, dentro de todo, tuvo suerte. El juez federal doctor Pedro Narvaiz dio curso favorable al pedido de «habeas corpus» «interpuesto en su favor. En su fallo, el magistrado afirma: «No se puede admitir que ningún ciudadano pueda continuar detenido por razones secretas o confidenciales expuestas por organismos de seguridad del Estado y de las que no se informa, ni aun a los jueces». Como se ve no todo está perdido, todavía.

Fuente Consultada:
Formación Política Para La DEmocracia Tomo II Editorial Redacción
50 Cosas Que Hay Que Saber Sobre Política Ben Dupré – Editorial Ariel –

Concepto de Amnistía Diferencia con Indulto Aplicación en Argentina

Concepto de Amnistía
Su Aplicación en Argentina

Amnistía, extinción de la responsabilidad penal por la comisión de un delito y perdón del mismo por parte del Estado que, como único titular del Derecho legitimado para castigar, es también el único que puede ejercitar el derecho de gracia, una de cuyas manifestaciones es la amnistía. Por regla general se concede por motivos políticos, y consiste en un perdón total y absoluto del delito.

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Otros Temas Tratados:

1-Estructura Constitución Nacional Argentina

2-Concepto Igualdad Ante La Ley

3-Concepto Indulto y Conmutación de Penas

4-Concepto Estado de Sitio

5-Concepto La Anmistía

6-Concepto Garantías Constitucionales

7-Concepto La Libertad de Prensa

8-Concepto de Ciudadanía y Ciudadano

9-El Abuso de Autoridad en Democracia

10-Derechos Civiles y Sociales

La amnistía, junto al indulto y la gracia propropiamente dicha, no han existido siempre  con las características diferenciales que asumen en el moderno Estado constitucional, pero de todas formas eran conocidas ya en la antigüedad, como que configuran instituciones cuya finalidad es atemperar el rigorismo de la ley.

Por la amnistía, el Estado renuncia circunsiancialmente a su potestad penal. Lo hace, casi siempre, en virtud de requerimientos graves de interés público. Generalmente son causas políticas las que lo impelen a tomar esas decisiones. Más concretamente dicho, una aspiración a la concordia colectiva de una comunidad dada en un determinado momento de su historia. En esos casos, el Estado dispensa, teniendo en cuenta no a la persona sino al tipo de infracción y por ese motivo es que son beneficiados por la medida lodos aquellos que incurrieron en dicha falta.

A veces se confunde la amnistía con el indulto, pero la Corte Suprema la ha definido claramente. La tipifica, en primer lugar, como el olvido de un hecho delictuoso y justifica su existencia en el deseo del Estado de restablecer la calma y la concordia social. Expresa asimismo que la misma extingue la acción y la pena —si antes hubiese sido impuesta— y borra, al mismo tiempo, la criminalidad del hecho.

Determina, a continuación, que la amnistía es esencialmente general y que abarca a todos los sujetos comprometidos en una clase de delitos. Y termina consagrándola como un resorte exclusivo del Poder Legislativo, habilitado en ese sentido por el artículo 67, inciso 17 de la Constitución Nacional: efectivamente, en los Estados democráticos la amnistía debe ser concedida sólo por el Parlamento, como consecuencia del sistema de división de poderes, ya que es éste la única rama del gobierno que tiene la potestad de declarar la criminalidad de los actos creando al mismo tiempo las sanciones pertinentes y, per ende, la única capacitada para borrar los efectos de las mismas.

Es evidente que con respecto a la amnistía debe distinguirse dos aristas claramente diferenciadas: el aspecto jurídico de la misma y su aspecto político. Jurídicamente, la amnistía significa una excepción al derecho común, porque las prescripciones y la pena impuesta por el Código a un determinado delito son dejadas de lado y hasta el propio delito desaparece, como si el sujeto beneficiado no lo hubiera cometido, a tal punto que, en el caso de incurrir en una nueva infracción posterior, no será siquiera considerado reincidente.

Políticamente, por su parte, el valor de la amnistía es fundamental y es justamente en ese aspecto, más que nada, en donde deben buscarse los elementos que más la justifican. Diferentes gobiernos, por medio de sus legislaturas, han recurrido a ella, teniendo en cuenta básicamente las circunstancias sociales por las que se atravesaba.

Como la Constitución Nacional no fija limitaciones al respecto, la facultad de amnistiar inherente al Congreso comprende delitos e infracciones de cualquier especie y abarca todo el ámbito de la Nación; las provincias, por su parte, conservan el poder de amnistiar en el ámbito de su propia facultad punitiva.

El Indulto, es una medida de gracia por la que la autoridad competente perdona total o parcialmente una pena impuesta en sentencia firme. Puede solicitar el indulto la persona condenada, sus parientes o cualquier persona en su nombre, aunque las legislaciones también suelen dar legitimación para pedirlo al Gobierno o a los propios tribunales de justicia. El indulto se diferencia de la amnistía en que ésta supone la desaparición total del delito, que se tiene por no cometido.

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En los estados democráticos la amnistía solo puede ser concedida por el Poder Legislativo.

Los últimos proyectos
Es casi una constante que al asumir sus funciones los diferentes gobiernos civiles decreten amnistías de mayor o menor alcance. Desde los tumultuosos tiempos de las luchas que precedieron a la afirmación institucional del país y después, en medio de las guerras civiles, las amnistías fueron la moneda corriente a través de la cual los nuevos mandatarios propiciaban el olvido de lo pasado, tendían un manto sobre los enfrentamientos recién agotados y, de esa manera, aportaban a la pacificación del país y mitigaban las pasiones que se habían agitado violentamente en el seno de la sociedad hasta ese momento. Más adelante en el tiempo y con diferentes matices, se continuó con esa tradición.

Quizá las más resonantes leyes de amnistías contemporáneas hayan sido las dictadas por el gobierno de Arturo Frondizi en 1958 —que contaba con el «aditamento» polémico de que si la misma abarcaba o no a la persona del ex presidente Juan D. Perón— y la de 1973, no bien asumió la primera magistratura Héctor J. Cámpora. En esta última oportunidad se trató de una amnistía de amplias características.

Fuente Consultada:
Formación Política Para La DEmocracia Tomo II Editorial Redacción
50 Cosas Que Hay Que Saber Sobre Política Ben Dupré – Editorial Ariel –