Concepto de Desarrollismo

Objetivos de Microeconomia Importancia y Caracteristicas

Objetivos de Microeconomia-Importancia y Caracteristicas 

Temas Tratados:

1-Sistema de Precios

2-El Mecanismo del Mercado

3-Los Monopolios

4-Política Económica

La microeconomía trata de cómo los recursos escasos son asignados para producir una multiplicidad de bienes y servicios destinados a satisfacer las demandas de los consumidores.

En las economías capitalistas, la asignación de recursos es abordada con unos mecanismos de intercambio conocidos como mercados.

Los mercados ofrecen a vendedores y compradores un marco para que se comuniquen e intercambien sus productos y recursos.

Los mercados también emiten señales que permiten al consumidor decidir qué productos y en qué cantidad debe comprar, y ayudan a los productores a decidir qué productos y en qué cantidad deben, a su vez, fabricar.

En el núcleo del sistema de mercado se encuentran las fuerzas de la oferta y la demanda.

La interacción de estas fuerzas determina los precios de los productos, la cantidad que se producirá y se venderá de un determinado producto, el precio de los recursos y el modo de fabricación de cada producto.
La demanda de los consumidores de bienes y servicios depende de diversos factores.

El más importante es el número de consumidores potenciales, sus gustos y preferencias por determinados productos, qué parte de sus ingresos está disponible para gastar en productos (ingreso disponible), el precio del producto y los precios de otros productos que los consumidores podrían comprar.

La cantidad de un producto que los fabricantes están en condiciones de ofrecer (es decir, vender a un determinado precio) depende del precio que pagan por los materiales, el trabajo y el capital necesarios para la fabricación de ese producto.

Los fabricantes necesitan cubrir los costes de producción si deciden fabricar un producto.

También tendrán en cuenta los productos alternativos que podrían fabricar con esos recursos, y sólo continuarán ofreciendo un producto específico si su precio cubre los costes de abastecimiento, incluyendo una ganancia «razonable» sobre el capital invertido y sobre los riesgos que han tomado.

El siguiente ejemplo explica cómo funciona la relación entre la oferta y la demanda.

El sistema de precios:

Supongamos que hay dos productos, el pollo y la carne de vacuno, y que inicialmente los precios están situados en un punto en que la oferta y la demanda de ambos productos están en equilibrio en los respectivos mercados.

Si se produce un cambio en la demanda que determina que los consumidores prefieran el pollo a la carne, la mayor demanda de pollo (sin una modificación de la oferta a corto plazo), producirá un exceso de demanda de pollo al precio actual. Este aumento de la demanda provocará un aumento en el precio del pollo.

Del mismo modo, la caída de la demanda de carne (sin una modificación de la oferta a corto plazo) producirá inicialmente un exceso de oferta de carne al precio vigente y una caída en los precios de la carne a medida que los proveedores intenten eliminar las existencias no vendidas.

Estos cambios en los precios modificarán las ganancias de los proveedores de pollo y de carne.

El aumento de los precios del pollo incrementará el valor de sus excedentes y el descenso de los precios de la carne disminuirá, también, la rentabilidad de los excedentes cárnicos.

A largo plazo, los granjeros productores de pollo aumentarán su producción y otros productores entrarán en el mercado, por lo cual los precios del pollo caerán hasta alcanzar un nuevo precio de equilibrio, en el cual, una vez más, la oferta será igual a la demanda.

De la misma manera, la caída de los precios de la carne eliminará del mercado a los productores menos eficientes, mientras que otros disminuirán su producción.

La caída resultante de la oferta de carne continuará hasta que esta oferta se ajuste al nivel más bajo de la demanda y los precios se estabilicen, restaurando el equilibrio entre oferta y demanda.

El gráfico muestra cómo responderían los granjeros y las empresas a los cambios en la demanda de pollo y carne, y los cambios resultantes en los precios de estos productos, las ganancias de sus productores y los precios de los recursos usados en los dos mercados.

Estos factores pueden afectar la distribución regional de las industrias y del empleo en un país. Si se concentrara la producción de carne en el norte del país y la de pollo en el sur, los efectos de este mecanismo (ilustrado en el gráfico) sobre el desempleo serían considerables.

ciudad de londres muelles y barcos

Muchos gobiernos han propuesto planes de renovación de las ciudades para promover el renacimiento de antiguas zonas urbanas industriales. En los muelles de Londres, una empresa para el desarrollo —financiadapor el gobierno— ha fomentado nuevos planes para la construcción de oficinas, industrias y comercios destinados a crear nuevos empleos. Las finanzas públicas también han contribuido a establecer la infraestructura necesaria: por ejemplo, con los ferrocarriles de vía rápida.

El mecanismo del mercado

En el gráfico, los cambios del mercado fueron Iniciados por cambios en la demanda de los consumidores, que a su vez condujeron a cambios en la demanda y en el precio de los recursos.

Pero los cambios en la escasez relativa y en el precio de los recursos también pueden afectar a los mercados.

Por ejemplo, si la carne de vacuno se produce con métodos de alimentación que requieran mucha mano de obra, mientras que los pollos crecen en unidades mecanizadas poco intensivas en trabajo, el aumento total en los salarios provocado por la escasez de mano de obra afectaría a la producción del pollo y de la carne de modo diferente.

Los productores de pollo verían que los costes de producción apenas les afectan, y necesitarían aumentar poco sus precios.

A su vez, los productores de carne tendrían un incentivo muy fuerte para mecanizar la producción y sustituir el capital por mano de obra comparativamente cara, para mantener los costes de producción bajos; o se verían obligados a aumentar sustancialmente el precio de la carne para cubrir el aumento de costes y la pérdida de ventas, a medida que disminuyera la demanda.

La respuesta a los cambios en la demanda del consumo dentro del sistema de precios puede ser lenta y laboriosa, porque los productores menos eficientes no son eliminados rápidamente sino que siguen trabajando con un pequeño margen de ganancias o incluso con pérdidas.

Además, los recursos no siempre pueden desviarse de una actividad a otra.

Por ejemplo, en el caso de la mano de obra, es posible que se requiera un programa significativo de reciclaje en la formación para que los trabajadores se puedan desplazar de una región del país a otra.

Así, la inmovilidad laboral y geográfica podría obstaculizar la reorganización de los recursos existentes.

adam smith - liberalismo economico

El funcionamiento de los mecanismos de mercado fueron definidos por el economista y filósofo escocés Adam Smith (1723-1790) en su influyente obra Investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones (1776). Smith destacó los beneficios de la especialización y el intercambio.

Su argumento fue que si los productores tenían libertad para buscar ganancias proporcionando bienes y servicios, entonces la «mano invisible» de las fuerzas del mercado garantizaría la producción de los bienes y servicios adecuados.

Si el gobierno no interviene en el mercado, la competencia garantizará que la producción responda a lo que los consumidores necesitan.La teoría del liberalismo económico basada en la doctrina de Adam Smith, llegó a ocupar un lugar prominente en las posiciones de la derecha política durante los años 80.

Los exponentes políticos de esta filosofía, conocidos como la «Nueva derecha» han sido especialmente activos en las democracias anglosajonas.

El viraje de los antiguos países comunistas hacia la economía de mercado ha contribuido a despertar mayor interés en las teorías de Adam Smith.

Los monopolios

Las fuerzas del mercado descritas en el gráfico sólo operarán adecuadamente si los mercados están estructurados de forma competitiva.

Sin numerosos vendedores que establezcan una competencia, los productores no tienen incentivos para bajar los precios a niveles en que apenas puedan cubrir los costes y ofrecer una ganancia normal sobre el capital invertido.

Además, en las situaciones de mercado donde hay un solo productor (monopolio) o sólo un pequeño número de productores (oligopolio) hay obstáculos que impiden la entrada en el mercado a nuevos productores.

Factores como las masivas campañas de publicidad (que determinan las preferencias de los consumidores por ciertas marcas) y el control de las materias primas y de los puntos de venta del mercado por parte de las empresas establecidas, pueden impedir la entrada de empresas nuevas en los mercados.

El aumento de la demanda del consumo en los mercados puede conducir a precios y ganancias más altos para los monopolios u oli-gopolios, sin ningún incremento en los recursos destinados a la producción.

Para contrarrestar la explotación potencial de los consumidores por parte de los monopolios, la mayoría de los gobiernos cuentan con organismos de regulación.

Estos organismos controlan la conducta de los monopolios e investigan las fusiones entre los productores.

la oferta y demanda del mercado

POLÍTICA ECONÓMICA:

Debido a los problemas implicados en la respuesta a los mecanismos del mercado, los gobiernos suelen intentar mejorar la asignación de recursos con varias actitudes políticas: industriales, de competitividad, regionales y laborales.

La política industrial, por ejemplo, reorganizará las industrias afectadas por exceso de capacidad mediante un mecanismo de compensación para las empresas que abandonen su producción, o alentando a otras empresas para que se fusionen y cierren las instalaciones anticuadas.

La política industrial fomenta la innovación mediante la asignación de subvenciones y ventajas impositivas a las empresas que inviertan en investigación y desarrollo; por otro lado, proporciona medios para la formación laboral con el fin de facilitar la movilidad de los trabajadores.

Con la político de competitividad, se intenta impedir que las empresas dominantes obtengan demasiados beneficios a expensas de los consumidores y gracias a acuerdos ilegales con otras empresas. De la misma manera, la política de competitividad puede impedir las fusiones y absorciones de una empresa por otra que podrían tener consecuencias anticompetitivas.

Las políticas regionales pueden ejecutarse en conjunto con las políticas macroeconómicas para estimular las oportunidades de empleo, fomentando a las nuevas empresas e industrias para que inviertan en zonas de alto desempleo y reemplacen a las industrias que desaparecen.

Los gobiernos también pueden mejorar el funcionamiento de los mercados de recursos mediante políticas laborales; por ejemplo, luchando contra las prácticas laborales restrictivas y disminuyendo el poder monopólico de los sindicatos.

Fuente Consultada: Enciclopedia Temática Guinnes – Editorial La Nación – Entrada: La Microeconomia

Autonomia y Soberania en el Federalismo Diferencias

Diferencias entre Autonomía y Soberanía en el Federalismo

La  Nación Argentina y la Constitución Argentina son el resultado del entendimiento suscripto por las provincias, primero mediante el Pacto de Confederación Argentina —Pacto Federal— de 4 de enero de 1831, luego por el Acuerdo de San Nicolás de los Arroyos del 31 de mayo de 1852, en el Congreso General Constituyente de 1853 y, por último, por el Pacto de Unión y Amistad de San José de Flores del 11 de noviembre de 1859 en la Convención Nacional de 1860.

No debe suponerse, sin embargo, que las provincias intervinieron en el Congreso Constituyente como estados soberanos para confederarse mediante un pacto. Fue voluntad de las provincias «constituir la unión nacional» y para ello delegaron en la Nación una parte de su poder, con el que dieron nacimiento al poder constituyente nacional y a la soberanía nacional.

Esto surge del Preámbulo de la Constitución Nacional, cuando dice: «Nos los representantes del pueblo de la Nación Argentina, reunidos en Congreso Genera: Constituyente por voluntad y elección de las provincias que la componen…», es decir, que son las provincias las que han resuelto convocar al Congreso Constituyente y son ellas las que han elegido a los diputados constituyentes, pero una vez reunido el Congreso esos diputados representan al pueblo todo de la Nación.

Allí está el poder constituyente nacional, primario, en el que se expresa la soberanía nacional que reside en el pueblo todo de la Nación.

Las provincias conservan todo el poder que no han delegado en la Nación —en el gobierno federal— (artículo 104 C.N.) y si bien ya no tiene soberanía, pues no hay más soberanía que la nacional— ese poder no delegado les otorga autonomía.

La autonomía de las provincias es institucional: «se dan sus propias instituciones locales y se rigen por ellas» y es política: «eligen sus gobernadores, sus legisladores y demás funcionarios de provincia«, todo sin intervención del gobierno federal (artículo 105 C.N.).

Claro está que como autonomía no es soberanía la autonomía institucional de las provincias está subordinada a la soberanía institucional de la Nación. Por eso dice el artículo 106 de la Constitución Nacional: «Cada provincia dicta su propia constitución, conforme a le dispuesto en el artículo 5o» y este artículo precisa las «condiciones» bajo las cuales «el Gobierno Federal garantiza a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones»: «Cada provincia dictará para sí una Constitución bajo el sistema representativo, republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional, y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal, y la educación primaria».

Las provincias argentinas tienen autonomía de primer grado y ejercitan un poder constituyente secundario.

Ver: El Federalismo en Argentina

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Por decreto del día 2 de setiembre de 1852 suscripto por Justo José de Urquiza, como presidente provisional de la Confederación Argentina, se estableció la creación de la Municipalidad de Buenos Aires. Dicho decreto expresa, en sus fundamentos:

«1º: Que siendo evidente que la Nación o sus representantes no pueden ejercer una acción útil y  legítima sino sobre los intereses generales y que los del distrito como los del individuo serán siempre mejor administrados por los interesados.

«2º: Que el régimen municipal está en el interés de la Nación, porque no se puede conseguir armonía en las diferentes partes de un todo sino se funda un orden en cada una de ellas.

«3º: Y, finalmente, que es propio y digno que la ciudad de Buenos Aires haga el ensayo de una institución tan benéfica, demostrando prácticamente la bondad del sistema municipal, que consiste en dejar los negocios peculiares a la libre administración de los que tienen más intereses en ellos y más capacidad de dirigirlos, a fin de que el resultado sirva de ejemplo y modelo a las demás ciudades de la Nación.»

Formación Política Para La Democracia Tomo III – El Federalismo – Editorial Sanchez Teruelo S.A.

El Estado Federal Historia de Federalismo en Argentina

Concepto del Estado Federal
Historia del Federalismo en Argentina

EL federalismo es una forma de organizar la sociedad, un sistema político a través del cual el gobierno general de la Nación y los diferentes gobiernos regionales de la misma actúan cada uno dentro de su propia esfera, en forma coordinada y al mismo tiempo independiente. Es, en cierto modo, una ampliación del principio de la división de poderes que se efectúa entre el gobierno central y los gobiernos locales.

La autoridad, distribuida en forma territorial, resulta más fácil de controlar en sus abusos: los poderes locales, firmemente fortificados y con el apoyo de la Constitución, operan como una verdadera valla frente a ellos. Es por todo esto, en definitiva, que el federalismo aparece como una real garantía de libertad.

Sus causas

Como sucede con todos los sistemas políticos, el federalismo no puede imponerse a un pueblo que lo rechaza, pero también es imposible negárselo a un pueblo con vocación federalista. Debe ser, por lo tanto, el resultado de la libre elección política de esos pueblos. Fuente de la cual brota toda soberanía, el pueblo la delega en los constituyentes quienes garantizan la aplicación del sistema al plasmarlo en la Constitución Nacional.

Un sinnúmero de factores influyen en esa elección, factores que abarcan desde la propia idiosincrasia de los diferentes grupos humanos hasta las diferentes realidades económicas, pasando por las tradiciones y la historia nacional. Sobre todo, resulta imprescindible la existencia de un fuerte deseo de unión, entre distintas unidades políticas cuya existencia es previa, para establecer un gobierno común que defienda intereses también comunes.

Esa verdadera decisión de construir una comunidad debe equilibrarse, sin embargo, con el interés por mantener las autonomías locales, que desarrollan una vida absolutamente independiente en muchos aspectos, aunque dentro de la continuidad geográfica delimitada por el territorio nacional. Una capacidad política muy desarrollada deben tener los pueblos que propician este sistema, el :ual constituye para ellos un verdadero reseguro de su independencia.

Sin embargo, muchas veces la existencia de desigualdades muy marcadas entre las diferentes unidades políticas que se unen afectan las finalidades del sistema. La coexistencia de débiles y poderosos, suele ser peligrosa. Para los débiles, sobre todo.

Definición: El Estado Federal responde a un ordenamiento jurídico establecido por una constitución en el que sus miembros quedan sujetos al poder central establecido por ella, conservando la autonomía en sus territorios. En el estado federal sus miembros no tienen el derecho de secesión, la soberanía reside en la nación y es ésta quien establece las relaciones con otros estados.

El origen de los estados federales May que buscarlo en la confederación, que fue su primera forma de asociación: Estados Unidos hasta la Constitución de 1787, y Argentina hasta la Constitución de 1853. En un comienzo, los estados federales, influidos por su origen confederal tuvieron un poder central limitado, que a través del tiempo fue evolucionando hacia un refuerzo en sus atribuciones.

En nuestros días, peseaque los estados miembros de una federación conservan su autonomía, el poder central ha adquirido una gran preponderancia en función de que las relaciones internacionales y la complejidad de la vida política actual requieren agilidad en las decisiones.

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Urquiza de poncho y galera. Así entró en Buenos Aires después de Caseros.
Urquiza encarnó las reivindicaciones federalistas de las provincias postergadas por Rosas.

Independencias y subordinaciones

La nota distintiva del Estado federal, la constituye la distribución de competencias. La Constitución Nacional de este tipo de Estados es la encargada de efectuar esa distribución, delimitando con claridad los campos que corresponden a las independencias y a las subordinaciones. Para lograr ello, puede seguir tres caminos.

Puede enumerar en forma detallada, precisa y completa esas competencias, aunque esta opción presenta un evidente punto débil capaz, llegado el caso, de ocasionar graves trastornos políticos: el surgimiento de una materia que no aparezca enumerada. Puede también limitarse a enumerar las materias de competencia exclusiva de los diferentes gobiernos regionales, dando por supuesto que las que escapen a esa enumeración serán de competencia del gobierno central.

Hay, por último, una tercera posibilidad que es, por otra parte, la adoptada por la generalidad de las constituciones federales: enumerar, únicamente, las mate1 rias de competencia exclusiva del gobierno general. Estados Unidos, Suiza, Brasil, México. Venezuela, Alemania Federal y la Argentina, entre otros países han adoptado este camino en sus constituciones.

Todo un sistema de equilibrio jurídico se crea en el seno del federalismo, donde coexisten dos tipos de normas; las normas locales y las normas centrales. Es por eso que algunos prefieren hablar no de unitarismo y federalismo sino de centralización y descentralización. Más allá de esa cuestión de denominaciones, lo cierto es que son diferentes los órganos que crean y aplican ¡as leyes en uno y otro caso. Y mientras que el caso de los Estados unitarios todas las normas son válidas para la totalidad del territorio, en los casos de federalismo extremo todas las normas únicamente son válidas para partes distintas del territorio.

Diferencias entre Estado Federal y Unitario

La recién anotada no es, por cierto, la única diferencia que existe entre estos dos sistemas de organización política. Básicamente, mientras que en el caso de los Estados unitarios existe un cuerpo soberano capaz de ejercer completos poderes sobre la vida nacional, en el Estado federal no existe cuerpo semejante, con poder para reglar todos los aspectos de la actividad del país. En el sistema federal, los gobiernos locales poseen una amplia órbita de competencias.  Por eso, justamente, es que limitan al central, que no puede ensanchar las suyas por simple y propia voluntad unilateral.

Estado federal y confederaciones de Estados

No debe confundirse el concepto de Estado federal con el concepto de confederación. La base jurídica de la confederación es el pacto concertado entre unidades soberanas, mientras el Estado federal basa su existencia en una Constitución Nacional sancionada por voluntad de la Nación. Mientras que la confederación no extingue la independencia de sus Estados miembros, la federación da nacimiento a un nuevo Estado.

El gobierno confederado carece de poder real para imponer jurídicamente sus decisiones; en cambio en el caso de los Estados federales todos los miembros deben obedecer, coercitivamente, decisiones del poder central que estén encuadradas en el imperio de la Constitución Nacional.

Por último, el Estado federal es una unidad cuyos miembros, al formarla, la hicieron con una evidente voluntad de indisolubilidad. Al contrario, los Estados confederados tienen derecho de secesión y nulificación: pueden separarse en cualquier momento y cada Estado es dueño de aplicar o no en su territorio las medias dictadas por el gobierno central.

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Los constituyentes del 1853 juran la Constitución Nacional que fue la instrumentación política de los principios federales.

El federalismo en la Argentina

El pueblo argentino posee una real convicción federalista y ella se ha reflejado en la Constitución Nacional. Sin embargo, fue duro y costoso el proceso a través del cual las distintas provincias se unieron en federación.

A lo largo de toda la historia nacional resalta el hecho indiscutible de la vocación federalista de los pueblos del interior. Pueblos muchas veces pauperizados, con sus industrias locales desmanteladas, arruinadas por el comercio de esa ciudad-puerto a la que constantemente se enfrentaban y que propiciaba una doble centralización: la política y la de las riquezas surgidas de las rentas de la aduana, que monopolizaba. El interior rechazó siempre los intentos centralizadores de la Capital y de sus dirigentes.

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José Artigas, el caudillo oriental que es considerado el padre del federalismo.

La Constitución de 1853, redactada por hombres de las provincias, reunidos en el Congreso Constituyente de Santa Fe, fue la instrumentación política de los principios federales.

A través de su texto, se reconocen como entidades políticas autónomas aquellas demarcaciones donde el hombre y su convivencia han creado un definido estilo de vida localista, de peculiaridades propias. Se respeta, en definitiva, la pretensión colectiva de su autonomía. De esa manera, esas sociedades provinciales se transforman en núcleos de pluralismo social.

Por eso, la misma idea de libertad que caracteriza a la forma democrática se liga al sistema federal. Al mismo tiempo el régimen municipal, asegurado por las constituciones provinciales, aparece como otra descentralización, menor en este caso.

Son muchas las interpretaciones históricas del federalismo argentino que reconocen en él un origen municipal y parece cierto que las provincias se formaron por expansión territorial de la zona de influencia de las ciudades. Se trataría, en definitiva, de un verdadero edificio de integración política, construido de abajo hacia arriba y que, arrancando de lo municipal continúa en lo provincial para terminar en la constitución del Estado federal.

Pero de nada sirve todo este hermoso andamiaje, si en la práctica se asiste a un verdadero proceso de centralización, más extrema cada vez. Nuestra realidad política ha desfigurado al federalismo, en detrimento de las autonomías provinciales. La falta de recursos de muchas regiones genera una dependencia endémica del poder central y, una regla de hierro lo indica, la dependencia económica genera pérdida de soberanía. Pero existen otros motivos, además de los económicos, que ayudan en este proceso de pérdida de las dependencias provinciales.

En diversas oportunidades, gobiernos constitucionales han abusado de las facultades intervencionistas que la Constitución Nacional les concede.

Pretextos abundaron para encubrir las verdaderas motivaciones de sus actos: conservar por la fuerza lo que la voluntad popular les negaba en las urnas.

Otras veces fue el deseo de controlar todos los núcleos de poder lo que impulsó a los intervencionistas.

Estas situaciones alcanzan su grado máximo en oportunidad de instalarse gobiernos militares, autoritarios y centralistas por antonomasia. La rápida intervención de las provincias y la implantación del Estado de Sitio en todo el territorio nacional, son sus medidas favoritas. En esos casos, poco queda ya en pie del sistema federal. Es que a las dictaduras poco le importan esos tan democráticos sistemas de gobierno. Después de todo, ellas no vienen a gobernar. Vienen a mandar.

LECTURA COMPLEMENTARIA:
FEDERALISMO Y DEMOCRACIA: A los argentinos debe preocuparnos en primer término la defensa de nuestro federalismo, tal como se halla sistematizado en nuestra Constitución Nacional y en nuestras constituciones provinciales, mediante la autonomía de las provincias y de los municipios, pero nuestra preocupación no debe detenerse ahí, si queremos lograr la finalidad antes señalada, obteniendo la humanización del «monstruo del Estado».

Esto no significa la negación o la eliminación del Estado, que nos han acostumbrado a imaginar encarnado en el Poder Ejecutivo y hasta en la persona individual de un presidente de república. Se trata de diversificar el poder por medio de la descentralización democrática y es necesario llevar esa descentralización a innumerables formas que, sin dejar de ser estatales, constituyen entidades autónomas y autárquicas en donde el poder de mando desaparezca y sea reemplazado por un orden administrativo, sin más fuerza y eficacia que las necesarias para servir, públicamente y bajo el control del pueblo, los intereses de la comunidad, de conformidad con las exigencias locales en todos los casos que corresponda a su naturaleza.

La más importante de las ventajas del federalismo así entendido es la de hacer imposible el despotismo y hasta la prepotencia ejecutiva en que suelen ponerse de manifiesto los defectos del Estado o, por lo menos, de la entidad abstracta así nombrada y que se traduce en el dominio ejercido sobre toda la sociedad por unos pocos individuos

.A nuestro juicio el sistema republicano-democrático no cumplirá sus fines si el Estado no deja de ser Poder de mando concentrado en voluntad ejecutiva, para transformarse en servicio público, en verdadero servicio público, es decir, sin otra pretensión ni otra mira que atender leal y honradamente los intereses de la comunidad y del individuo humano, recíprocamente integrados y armoniosamente distribuidos, ya que no son términos opuestos los derechos de la personalidad humana y los beneficios de la justicia social.

Carlos Sánchez Viamonte: Revista de Humanidades «Sagitario». No. 7.

Ver: Autonomía y Soberanía en un Estado Federal

Formación Política Para La Democracia Tomo III – El Federalismo – Editorial Sanchez Teruelo S.A.

El Equilibrio de Poderes Concepto, Objetivos e Importancia

El Equilibrio de Poderes: Concepto, Objetivos e Importancia

A principios del siglo XVIII empieza a manifestarse en Europa el descrédito del despotismo. La tendencia general, en lo que a organización política de las sociedades se refiere, apunta a las monarquías de autoridad limitada o a la república lisa y llana.

montesuieuEn el año 1748, la aparición del El espíritu de las leyes, obra fundamental de Montesquieu, sienta las bases de una determinada forma de organización del gobierno del Estado: la separación de poderes.

Montesquieu no es absolutamente original en cuanto a la exposición de esa doctrina, pues recoge opiniones anteriores, de Aristóteles y Locke entre otros, pero les da forma definitiva. Para él, el despotismo es comparable «al silencio de una población que acaba de ser ocupada por el enemigo«. Orden, sí. Pero también en los cementerios reina un orden estricto.

Frente a la dictadura: la agitación política, la división de la sociedad en partidos, intensa vida pública.

Frente a la hegemonía de un órgano de gobierno sobre los otros, la prepotencia y los desbordes de poder: un sistema constituido por diversos centros, a cargo de agentes diferentes y con esferas propias de acción, que posibiliten independencia en las decisiones. El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, asegurando garantías de libertad para cada ciudadano. Después de todo, el mayor logro de un gobierno es hacer que ningún ciudadano tenga miedo de otro.

El principio del equilibrio

Parece ser una constante: todo hombre investido de autoridad tiende a abusar de ella. La concertación de poder bordea siempre la extralimitación. La Constitución de cada Estado democrático es la que debe prever esos abusos e instrumentar las soluciones. Que el poder sirva de muro de contención al propio poder: tal es el principio del equilibrio de poderes. Que el poder sea manejado por manos diferentes. Y que a todo poder del Estado se le anteponga otro poder.

Un verdadero sistema de frenos de contrapesos, una verdadera balanza de autoridades. De esa forma, los diferentes centros de fuerza no se convertirán en instrumentos de opresión.

Esta teoría del equilibrio de poderes es el complemento indispensable de la otra, la que instituye la separación de poderes. Si el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial se mantuvieran dentro de la estructura del Estado como tres potencias independientes, aisladas y sin relaciones recíprocas, se suprimiría el contrapeso de prerrogativas y las mutuas limitaciones y, a la larga, uno. el más fuerte, se impondría a los demás. Para evitarlo, son necesarias las injerencias parciales de un poder en otro, y la coordinación de las influencias de los diferentes centros de poder. Esa medida es lo que preservará el equilibrio.

Es cierto, esa constante búsqueda de equidad, complica el engranaje del Estado. Los gobiernos más simple-son los despóticos, donde una sola mane hace y deshace, firma y ejecuta, castiga y acaricia. Pero también es cierto que la primera obligación de un pueblo libre es conservar la libertad.

La voluntad popular

En 1810, desde la «Gaceta», escribía Mariano Moreno: «Equilíbrense los poderes y se obtendrá la pureza de la administración». Porque los poderes son independientes, soberanos en la esfera de sus atribuciones, con fuerza suficiente para decidir sin apelación sobre la materia a cada uno de ellos confiada. Pero, combinando, esas diferentes independencias, se asegura la colaboración y la acción armónica dentro de un mismo engranaje.

No basta con eso, sin embargo. A esa coordinación entre los diferentes poderes del gobierno debe agregarse otra: la concordancia entre el accionar de los dirigentes y la opinión de la colectividad. Este es un elemento fundamental. El gobierno debe pulsar la misma cuerda que los gobernados.

Interpretar sus sentimientos y sus opiniones, jamás acallarlos. En eso consiste dar satisfacción a las verdaderas necesidades del país, promesa que aparece en todas las plataformas electorales y que a fuerza de repetida empieza ya a sonar vacía para muchos. El desacuerdo entre los diferentes poderes puede paralizar la acción del gobierno.

En cambio el desacuerdo entre gobierno y pueblo puede desquiciar un país. La armonía entre los poderes no puede lograrse mediante las acciones artificiosas de coaliciones más o menos hábiles. La armonía entre gobierno y pueblo, tampoco: sólo la voluntad nacional, la opinión pública, deben tener la última palabra.

La Constitución Nacional:

Para asegurar un verdadero equilibrio de poderes, es necesario primero delimitar con claridad cuáles son las funciones de gobierno y luego atribuir cada una de ellas a diferentes centros de poder. Es necesario preocuparse por la independencia funcional de cada uno de ellos y, al mismo tiempo, establecer una red de contralores recíprocos por medio de la participación prudente de cada uno en la actividad de los demás.

Hay que crear los resortes adecuados que permitan solucionar los conflictos entre los diferentes poderes, cada vez que ellos surjan. La observancia de estas reglas es la que permite el funcionamiento de un gobierno eficiente, armónico y que garantiza la libertad popular.

Nuestra Constitución establece, con claridad, las diferentes atribuciones inherentes a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. En primer lugar, las que corresponden específicamente a cada uno de los departamentos gubernativos: administrar, elaborar las leyes y aplicar la justicia, respectivamente. Luego, las que se asignan teniendo en cuenta, más que nada, las características del poder político en que se depositan: una guerra, por ejemplo, compromete de tal modo la seguridad y el destino de un pueblo que, para declararla, se impone una de las consultas más amplias a la comunidad y por eso ambas Cámaras deben autorizar la iniciación de las hostilidades.

Finalmente, las que sirven para coordinar la acción de los poderes, haciendo participar a cada uno de las acciones propias de los demás, como forma de colaboración y de contralor. A través de ellas se manifesta la puesta en funcionamiento del principio del equilibrio de poderes. De esta forma, el Poder Ejecutivo se vincula con el Poder Legislativo cuando presenta proyectos de ley a las Cámaras o les impone su veto suspensivo. Y con el Poder Judicial cuando indulta o conmuta penas.

El Poder Legislativo se vincula con el Ejecutivo, cuando el Senado da su acuerdo al presidente para declarar el estado de sitió en caso de ataque exterior o para nombrar jueces, diplomáticos y miembros superiores de las fuerzas armadas. Y con el Poder Judicial, cuando enjuicia políticamente al presidente, vice, ministros y jueces de la Corte Suprema, acusados por la Cámara de Diputados.

Por último, el Poder Judicial se relaciona íntimamente con los otros dos, desde el momento en que puede declarar la inconstitucionalidad de las leyes y decretos expedidos por el Congreso y el Ejecutivo. Por eso se denomina al Poder Judicial «Guardián de la Constitución«: a través suyo es que se protegen los derechos y garantías individuales contra abusos y extraliirritaciones. En definitiva, un verdadero (y delicado) equilibrio que los autoritarismos se sienten, con frecuencia, temados de destrozar.

Igualdades y preeminencias

La igualdad estricta de los diferentes poderes es casi imposible en la práctica. La mayor importancia de ciertas funciones tenderá a torcer el fiel de la balanza en un sentido o en otro. En caso de desavenencias, alguno de los tres poderes debe poseer la capacidad de decidir, aunque quizá lo más indicado en esos momentos fuera la consulta popular.

En tren de optar por alguna preeminencia, ella debe corresponder al Legislativo, quien más directamente representa la voluntad de la Nación. Confecciona el ordenamiento legislativo a plena luz, con la intervención de todo el país, que aplaude o critica a viva voz. Sus miembros están sujetos auna estricta responsabilidad política y públicamente deben rendir cuenta de sus actos. Se dan, en su seno, permanentes y fructíferos choques de ideas y eso lo convierte en el organismo fundamental de la democracia. «Porque quien a otro pudiere dar leyes, le será obligadamente superior«, decía J. Locke.

Formación Política Para La Democracia Tomo III – El Equilibrio de Poderes – Editorial Sanchez Teruelo S.A.

Que es un Concejal Municipal Sus Funciones

¿Que es un Concejal Municipal?

El concejal, edil o representante es quien representa la voluntad del pueblo de la comuna o municipio para la solución de los problemas y el mejoramiento integral del conglomerado urbano que lo elige. Es algo así como un legislador municipal o local que propone ordenanzas y resoluciones que luego son sancionadas por el Concejo Deliberante y aprobadas y promulgadas (o vetadas) después por el Departamento Ejecutivo de la municipalidad, a cuyo cargo se encuentra el intendente.

La denominación de edil proviene de la voz latina aedes, que hace referencia a edificación (aedificatio) y correspondía originariamente a una magistratura romana. Los ediles plebeyos y los ediles patricios tenían a su cargo funciones de policía de la ciudad que iban desde el cuidado y conservación de los edificios a la inspección de mercados, la fiscalización de pesas y medidas, la circulación por las calles, la moralidad y la vigilancia nocturna.

La creación de la magistratura plebeya en el -494 significó la defensa de la plebe frente a los abusos de los patricios. Los ediles plebeyos eran elegidos por la asamblea de la plebe y los ediles patricios por los Comicios patricios y aunque la designación no era de aceptación obligatoria, generalmente se la aceptaba por lo que significaba como primer paso hacia magistraturas más importantes.

En España y luego en América, con los cabildos, recibieron el nombre de regidores y la cantidad de ellos dependía del tipo de ciudad: 12 en la metropolitana, 8 en la diocesana, 4 en villas y lugares. Entre los regidores, que eran elegidos por los miembros salientes y cuya designación debía recaer sobre vecinos y naturales que no ejercieran «oficios viles» se dividían las distintas funciones: judiciales (alguacil mayor), de policía (intendente de policía), de abasto (fiel ejecutor), de defensa de menores, de pobres y de intereses colectivos (síndico procurador), etc.

Con el municipio moderno y la división de poderes, al crearse los concejos deliberantes, aparece la figura del concejal, edil o representante.

Los concejales son propuestos por los partidos políticos que se presentan a elecciones y son elegidos por el voto directo de los vecinos de la ciudad.

Requisitos para ser concejal
concejal muncipalLas constituciones provinciales (por ejemplo, la del Chaco) o las leyes orgánicas municipales (por ejemplo la de la Capital Federal) establecen los requisitos, calidades o condiciones para ser concejal.

En la ciudad de Buenos Aires, para ser representante se requieren las mismas condiciones que para ser diputado nacional, es decir: veinticinco años cumplidos, cuatro años de ciudadanía en ejercicio y tener una residencia inmediata —en la ciudad— no inferior a dos años.

En la provincia del Chaco, para ser concejal se requiere ser elector del municipio, haber cumplido veintidós años y saber leer y escribir.

Los Concejos Vecinales:

La denominada ley 19.987, que derogó la vieja ley 1260, creó para la ciudad deBuenos Aires los consejos vecinales como organismo de base. Para ello se dividió a la ciudad en 14 zonas, con un consejo vecinal de 9 vocales, cada una. Los consejeros vecinales deben tener 25 años de edad, cumplidos, como mínimo, ser argentinos y domiciliarse en la zona que lo elige, con una residencia inmediata en ella no inferir a dos años. Duran cuatro años en sus funciones, pueden ser reelegidos indefinidamente y no perciben emolumento alguno.

Fueron electos por primera vez en las elecciones de 1973. Sus funciones se circunscriben a informar y asesorar respecto de las necesidades del vecindario a las autoridades municipales, lo que permite un fluido intercambio de ideas entre la comunidad y la Intendencia logrando así una más rápida solución a los problemas que afectan a los diferentes barrios de la Capital Federal.

Formación Política Para La Democracia Tomo III – ¿Que es un consejal? – Editorial Sanchez Teruelo S.A.

El Corporativismo Origen Características y Experiencia en Italia

El Corporativismo Origen, Características y Experiencia en Italia

El sistema corporativo tal cual fue formulado por su auténtico creador, Alfredo Rocco, no pudo ser implantado. La idea original consistía en fusionar los sindicatos patronales y obreros en una sola corporación subordinada al estado. Fracasado este proyecto, se puso en práctica la formación de sindicatos obreros, que fueron agrupados en una Confederación de sindicatos fascistas, la que después de vencer algunas resistencias fue armonizada con la Confederación Nacional de la Industria.

De esta manera, la representación de los obreros y los empresarios quedó monopolizada por dos confederaciones que fueron regimentadas por el partido y sometidas a la Carta del Lavoro. De ellas surgían los representantes para la Cámara de Diputados,y el corporativismo se convierte en un instrumento del estado totalitario fascista.

Tanto en la confederación de sindicatos fascistas como en la Confederación Nacional de la industria, la representación era estructurada por rama de actividad, de manera que solo podía exisitir, por ejemplo, un sindicato metalúrgico y una corporación de empresarios metalúrgicos. Dentro de estas últimas, las empresas más poderosas imponían su ley a las pequeñas.

ORIGEN CORPORATIVISMO: FASE I:

Aunque su origen se remonta a Roma y aun al lejano Egipto faraónico, fue en la Edad Media cuando la sociedad se organizó en forma más acabada en torno de las corporaciones. Estas agrupaban a comerciantes y a artesanos, de distintos oficios, y se ocupaban de defender los intereses y, sobre todo, los privilegios de sus miembros. Por extensión, podía considerarse que la Iglesia, la Universidad y hasta los grupos nobiliarios adoptaban una forma de organización igualmente corporativa.

Luego, la sociedad burguesa fue minando este tipo de instituciones, que no era compatible con el individualismo propio de esta arganización social. Fue un proceso lento, que maduró sólo a fines del siglo XVIII y, sobre todo, a lo largo del siglo XIX. Por entonces, se suprimieron las viejas corporaciones, en nombre de la libertad individual, y en nombre de esa misma libertad procuró ¿vitarse cualquier tipo de agrupamiento sectorial, y particularmente el de los nuevos :rabajadores industriales. Se ha llamado a esa fase de la sociedad la del capitalismo liberal.

FASE 2 DEL CORPORATIVISMO

En la siguiente, caracterizada por la concentración y monopolización, los distintos sectores tendieron a agruparse: crecieron los sindicatos obreros, que lograron el reconocimiento, pero también las agrupaciones patronales, que comenzaron a actuar mancomunadamente frente a ellos. Pronto fue difícil distinguir cuáles eran los problemas que competían estrictamente a estas corporaciones y cuáles eran los propiamente políticos. Lo cierto es que los partidos tenían, progresivamente, mayores dificultades para reflejar los intereses específicos de los distintos sectores.

FASE FINAL: LA EXPERIENCIA DEL CORPORATIVISMO

Fue en Italia, hacia 1922, cuando se hizo el gran experimento de estructurar al Estado apoyado directamente sobre las corporaciones, que confluían en un partido único, el fascista. Llegamos así al corporativismo propiamente dicho, inventado por Benito Mussolini. Los partidos políticos, que en la democracia son los órganos de articulación de los intereses sectoriales y de proyección de sus demandas a la esfera política, fueron reemplazados, en su calidad de canales, por las asociaciones de empresarios y de trabajadores. Pero el poder de decisión se concentraba en el partido único, el fascista, y en el Estado.

En la práctica, este sistema sirvió para destruir a las agrupaciones auténticamente populares —los sindicatos y los partidos políticos obreros— y someter a sus integrantes al rígido control estatal. Nunca el experimento se realizó tan acabadamente como en la Italia fascista, aunque muchas de sus ideas aparecen en otros Estados totalitarios de entonces: el de la Alemania nazi, la España franquista, el Portugal de Oliveira Salazar.

corporativismo

Hitler y Benito Mussolini: Fue en Italia, hacia 1922, cuando se hizo el gran experimento de estructurar al Estado apoyado
directamente sobre las corporaciones que confluían en un partido único, el fascista.

La Argentina no fue ajena a ese proceso mundial. Ya desde 1920, sindicatos y asociaciones empresarias presionan directamente ante el Estado, que muy frecuentemente adopta el papel de mediador entre ellas. La crisis de los partidos políticos argentinos, acelerada después de 1930, dio cada vez más campo a este tipo de negociaciones, que se desplegaron ampliamente durante el gobierno peronista (1946-1955).

franco en españaNo sólo se concentró la representación gremial, y se la sometió a la tutela del Estado, sino que se estimuló la agremiación de distintos sectores de la sociedad: los empresarios en la CGE, los universitarios en la CGU, los profesionales en la CGP, los estudiantes secundarios en la UES. . . Por encima de ellos el Estado y el partido debían actuar como árbitros.

Francisco Franco: Durante su larga dictadura se pusieron en práctica en España algunas de las ideas corporativistas.

El ensayo trascendió en mucho al planteo peronista y tentó a los gobiernos militares — sobre todo a los posteriores a 1966— a quienes seducía la idea de prescindir de los partidos y entenderse directamente con estas corporaciones a las que, por otra parte, era relativamente fácil controlar. Por otra parte, las fuerzas armadas se convirtieron en la mayor de las corporaciones.

Naturalmente, no hay ya lugar en el mundo donde no se organice algún tipo de consejos económico-sociales en los que las partes discutan sus diferencias y lleguen a algún tipo de concertación. Pero la opción de fondo consiste en saber dónde se va a realizar la articulación de los distintos intereses de la sociedad; si en esas corporaciones, con lo que los sectores mejor estructurados podrán imponer sus intereses estrictamente de grupo, o en los partidos políticos, donde la discusión puede darse en otro nivel, de modo que los intereses más generales primen sobre los particulares.

La primera opción tienta al poder autoritario, al poder sindical y también al poder empresario. La segunda se ajusta mejor a los intereses, más auténticamente democráticos, de la sociedad toda.

LA CARTA DEL LAVORO:

En la Carta del Lavoro (carta del
trabajo) promulgada en abril de 1927, fueron resumidos los principios económicos-sociales básicos del fascismo. En ella se trataban de armonizar los intereses de la clase obrera con los capitalistas y, además, establecía la unidad económica de la nación, por lo que el trabajo era una función social. En esta unidad económica, que era la nación misma, debían solidarizarse los elementos de la producción, colaborando en un mismo objetivo.

La Carta, impuso algunas medidas sociales favorables a los trabajadores, pero estas fueron más declaradas que efectivas. También implantó las convenciones coletivas de trabajo y especificaba que el salario debe ser acorde con las exigencias de una vida normal, con las posibilidades de trabajo y con su rendimiento. Sin embargo, estas convenciones colectivas, eran el resultado de los acuerdos celebrados en las corporaciones, en donde funcionaban asociaciones de empresarios y de obreros, y sus miembros también lo eran del partido.

En caso de que no hubiera acuerdo en el seno de las corporaciones, sobre cualquier aspecto laboral, era el partido, como auténtico representante del estado o como el estado mismo, quien solucionaba todos los problemas. El derecho de huelga quedó totalmente prohibido, porque era inconcebible que por este medio se atentara contra la unidad económica que era la nación.

No obstante, el totalitarismo fascista necesitaba ser popular, y estableció vacaciones remuneradas para obreros y empleados, desarrolló la previsión social, organizó la protección a la madre trabajadora, instituyó la indemnización por despido, constituyó cooperativas de viviendas,etc. La Carta del Lavoro, define además las corporaciones como el mejor instrumento de producción, pero se reservaba al estado el derecho de intervenir en el proceso productivo cuando el interés público estuviera en peligro o cuando fallare la iniciativa privada.

En el orden económico-social, el fascismo representó un instrumento para asegurar el funcionamiento de la libre empresa,de la que el estado se convirtió en su guardián, evitando que los trabajadores pusieran en peligro su existencia y desarrollo. Igual que en Alemania Nazi, el corporatlvismo no funcionó más que como el elemento que permitió un ordenamiento económico, donde las grandes empresas desempeñaron un papel hegemónico, y los trabajdores fueron comprometidos con el artilugio de la colaboración de clases, y la unidad económica nacional, para que no opusieran ningún reclamo a través de huelgas o manifestaciones similares.

Hasta 1926, funcionó en Italia la C.G.L.I. (Confederazione Genérale del Lavoro Italiano), que originariamente fue dominada por socialistas y comunistas, la que se fue debilitando a partir de 1924. En 1926, la C.G.L.I. fue disuelta y la mayoría de los dirigentes sindicales se afiliaron al fascismo.

Fuente Consultada:
Diccionario Consultor Politico Julio César de la Vega Editorial LIBREX
Formación Política Para La Democracia Tomo III – La Historia del Peronismo – Editorial Sanchez Teruelo S.A.

Concepto de Ciudadanía Adquisición,Evolución,Deberes y Derecchos

Concepto de Adquisición de Ciudadanía
Deberes y Derechos del Ciudadano

constitucion nacional argentina

Otros Temas Tratados:

1-Estructura Constitución Nacional Argentina

2-Concepto Igualdad Ante La Ley

3-Concepto Indulto y Conmutación de Penas

4-Concepto Estado de Sitio

5-Concepto La Anmistía

6-Concepto Garantías Constitucionales

7-Concepto La Libertad de Prensa

8-Concepto de Ciudadanía y Ciudadano

9-El Abuso de Autoridad en Democracia

10-Derechos Civiles y Sociales

Etimología del término: «ciudadano»

El término ciudadano deriva de ciudad, palabra que proviene del latín «civitas», en latín significa: ciudad, derecho de ciudadanía, conjunto de ciudadanos, y «civis», ciudadano. De esas voces se derivaron, civismo que significa: celo por las instituciones e intereses de la patria; civilidad: sociabilidad, urbanidad. Etimológicamente, ciudadano significa: hombre de la ciudad.

Teniendo en cuenta que en Grecia y en Roma la ciudad gozaba de bastante independencia para merecer el título de sociedad política y se confundía con el Estado, ciudadano equivalía a ser miembro de un Estado y a gozar de especiales derechos.

Por ciudadano se entiende actualmente a la persona que está en posesión de los derechos de ciudadanía, es decir, de los derechos políticos. La ciudadanía es un vínculo político y jurídico que une a la persona con un Estado. Expresa la relación que existe entre el Estado y los individuos que lo componen.

HISTORIA: La ciudadanía en la antigüedad

En Grecia la población de Atenas y del Ática se dividía en tres categorías: ciudadanos, extranjeros y esclavos. Eos ciudadanos gozaban del derecho de voto. Solón había dividido a los ciudadanos de acuerdo al monto de su fortuna, en cuatro clases. Todos tenían derecho al voto pero solo los ciudadanos que pertenecían a las tres primeras clases podían ocupar cargos.

Más tarde, Clístenes extendió a todos los ciudadanos la posi bilidad de obtener puestos públicos: Senado, Arcontado, Arceópago. Se estableció así, la igualdad completa de clases.

El derecho de ciudadanía estaba íntimamente relacionado con el culto religioso. Era ciudadano todo aquel que tenía participación en el culto de la ciudad. Todos los derechos civiles y políticos provenían de esa participación en el culto.

Difícilmente podían adquirir la ciudadanía los extranjeros, pues la religión establecía una profunda diferencia. Complicadas formalidades y no pequeñas trabas obstaculizaban la naturalización de los extranjeros.

El gobierno de Atenas estaba formado por el Arcontado que ejercía el poder ejecutivo; el Areópago era el tribunal supremo de justicia; el Senado, compuesto por 400 miembros elegidos anualmente por la Asamblea del Pueblo preparaba las leyes que luego sometía a la Asamblea. La Asamblea del Pueblo se componía de todos los ciudadanos que tuvieran 20 años de edad y reconocida moralidad.

La Asamblea tenía amplias facultades: aprobaba o rechazada las leyes del Senado; decidía, por mayoría, de la paz y de la guerra.

El derecho de ciudadanía se perdía fácilmente por robo, traición o asesinato; por cualquier pena judicial, por injuriar a un magistrado y aun por ociosidad.

En Roma hubo desde un principio dos clases de habitantes: los patricios y los plebeyos. Los patricios descendientes de las primeras familias romanas, se preciaban de ser el pueblo romano. Solo los patricios eran ciudadanos; podían asistir ;a las Asambleas, votar, servir en la milicia, desempeñar fundo nes públicas, ejercer las magistraturas del Estado; solo ellos podían practicar el culto público y ser pontífices, augures y flámines. «Alrededor de 300 familias formaban esa privilegia da aristocracia».

Más tarde los plebeyos comenzaron a ser ciudadanos mediante la institución de la «clientela».

Los patricios accedieron a incorporarlos a sus familias como miembros legalmente agregados. En virtud de dicha adopción el plebeyo obtenía cierta participación en el culto privado de la ‘gens’ y consiguientemente, los derechos de ciudadanía.

«Los plebeyos así vinculados a una ‘gens’ se llamaban «clientes» y tenían su existencia asegurada bajo la tutela de su nuevo padre o ‘patrón’, que, más que un amo era un protector».

«Los clientes debían acompañar a su patrón en la guerra, las asambleas y los tribunales, atender a sus negocios y defenderlos en todas partes.

«El patrón, a su vez, debía a sus clientes ayuda, protección y recursos suficientes para atender a las necesidades de los suyos».

A mediados del siglo VI a. J. C, el rey Servio Tulio elevó a los plebeyos a la categoría de ciudadanos. Como hasta entonces no eran ciudadanos sino los que residían dentro del recinto de la ciudad, construyó un nuevo muro que abarcara todos los suburbios plebeyos y las siete colinas de Roma.

Más tarde, cuando Roma dominaba el mundo, el Senado reservó como galardón supremo para los individuos y para las ciudades la envidiada concesión de los derechos de ciudadanía romana.

El título de ciudadano romano que proporcionaba una serie de ventajas: no pagar impuesto alguno, depender únicamente de la ley de Roma, verse protegido en todas partes, ser tratado con religiosa consideración como si fuese dueño del mundo, fue muy apetecido.

Una votación favorable de la Asamblea del Pueblo, y el consentimiento de los altos magistrados, extendió la naturalización romana.

También los latinos que rodeaban a Roma y la ayudaron en sus conquistas, fueron declarados ciudadanos romanos en masa, antes de emprenderse las guerras púnicas (año 264 a.J. C). Los italianos (habitantes de la península itálica) a quienes se prometiera la ciudadanía por colaborar en las guerras, la obtuvieron por concesión de Sila.

«No pocos subditos del Imperio alcanzaron el derecho de ciudadanía por servicios propios rendidos al Estado y por su ejemplar fidelidad al vencedor. Ciudades enteras, fueron favorecidas con ese título.

Finalmente, a principios del siglo ni, todos los habitantes del Imperio fueron declarados ciudadanos por el Edicto de Caracalla, con el fin de conseguir dinero. Pudo así exigir de todos sus subditos la tasa de un vigésimo sobre las sucesiones, impuesto obligatorio para los ciudadanos».

En Roma se perdía la ciudadanía: a) por renuncia de la misma; b) por la sentencia de destierro o de infamia;  c) por haberse substraído al servicio militar; d) por haber caído privi sionero en las guerras.

La ciudadanía en nuestro tiempo

En la actualidad el derecho de ciudadanía no significa privilegio de clase social o de fortuna. Sigue indicando relación entre la persona y el Estado de que forma parte, y entraña referencia al lugar de nacimiento.

En algunos países la nacionalidad del recién nacido se deter mina atendiendo al «jus sanguinis» mientras que en otros siguese el «jus solis«.

«Jus sanguinis» significa «derecho de la sangre». Según esto, los hijos, nazcan en el país que nacieren, tienen la nacionalidad de sus padres. Generalmente siguen el «jus sanguinis» los países de emigración.

En cambio, los países de inmigración, adoptan el «jus solis«, derecho del suelo: los hijos adquieren la nacionalidad del país donde nacen. La Argentina, con alguna excepción como se verá, se rige por el «jus solis».

En la República Argentina la ciudadanía puede adquirirse por nacimiento, por opción y por naturalización:

a) Por nacimiento. Son argentinos nativos: Todos los nacidos en el territorio de la Nación. Todos los nacidos en legaciones y buques de guerra argentinos y los nacidos en mares neutrales bajo pabellón argentino. Se exceptúan los hijos de ministros plenipotenciarios y minis tros de legaciones extranjeras acreditadas en la República.

b) Por opción. Los hijos de padres argentinos nacidos en el extranjero que optaren por la ciudadanía de sus padres. Este caso es una excepción, pues, se aplica el criterio del «jus sanguinis«.

c) Por naturalización. Los extranjeros que adquieren ciuda danía argentina, mediante la «carta de ciudadanía«. En la Argentina no es obligatorio a los extranjeros el naturalizarse. Según nuestras leyes para obtener la «carta de ciudadanía se requiere la residencia de dos años continuos en la Nación Ese plazo puede ser acortado si el interesado demuestra haber prestado servicios útiles a la República.

Estos servicios útiles pueden ser: haber desempeñado con honradez empleos nacionales o provinciales; haber promovido o desarrollado la industria, la agricultura, el comercio o la colonización; ser empresario o constructor de ferrocarriles, etc.

El casamiento con persona argentina, es también motivo para reducir el plazo exigido.

Desde 1947 gozan del derecho de ciudadanía también las mujeres. Los derechos de ciudadanía tanto para el varón como para la mujer, se adquieren a los 18 años de edad. La ley de ciudadanía establece que los argentinos que hubiesen cumplido los 18 años, gozan de todos los derechos políticos conferidos por la Constitución y las leyes de la República. Gozan de dichos derechos tanto los ciudadanos nativos, como los ciudadanos por opción o por naturalización. Los ciudadanos naturalizados no pueden optar a la Presidencia o Vicepresidencia de la Nación, reservadas a los nativos o hijos de argentinos nativos.

Hasta pasados 6 años de ejercicio de la ciudadanía, los naturalizados no pueden ejercer el cargo de Juez de la Corte o el de Senador, y hasta pasados 4 años el de Diputado. Respecto al servicio militar, los naturalizados están exentos de prestarlo durante 10 años desde el día que obtuvieron la carta de ciudadanía.

Obligaciones y derechos

La ciudadanía es un honor y origina en el que la posee deberes y derechos. Los deberes de los ciudadanos para con la Nación pueden revestir un doble carácter: moral y material.

a) Obligaciones morales:

• Obedecer a las leyes.
• Respetar a las autoridades.

b) Obligaciones materiales:

• Cumplir con el servicio militar. (hoy no es mas obligatorio en Argentina)
• Armarse en defensa de la Patria y de la Constitución.
• Pagar las contribuciones e impuestos.
• Abstenerse de tomar las armas contra la Nación, de unirse a sus enemigos, de atribuirse los derechos del pueblo y de neticionar en su nombre.

Son derechos de los ciudadanos:

• Participar activamente en la vida pública. Ejercer activa y pasivamente el sufragio.
• Ser protegidos por el Estado.

Valor de la ciudadanía

La ciudadanía está revestida de un alto valor. Es la forma más perfecta de integrar el Estado. El ciudadano participa,por medio del sufragio, en la organización y gobierno de su país Por la ciudadanía se considera más ligado al pasado historico al presente y al porvenir de su Patria. Siente más su responsa bilidad.

La grandeza o decadencia de su Patria, es algo que le atañe directamente. Advierte que de la rectitud y nobleza de los ciudadanos depende la grandeza y nobleza del Estado La ciudadanía comprende un gran honor y encierra una gran responsabilidad. Debe ser ejercida con dignidad y, si es no cesario, con sacrificios.

En la ley de ciudadanía se establecen los casos en que se pierde ese derecho.

Pierde la ciudadanía argentina el que se naturalizase en país extranjero y el que aceptase honores o empleos de gobierno de otro Estado, sin haber sido autorizado por el Congreso Nacional.

También la perderán quienes incurriesen en quie bra fraudulenta, los condenados por delitos que merezcan pena infamante o de muerte.

Solo el Congreso podrá, por ley, rehabilitar a aquellos que hubiesen perdido la ciudadanía.

Concepto de Libertad de Prensa Aplicación en Argentina

Concepto de Libertad de Prensa

Otros Temas Tratados:

1-Estructura Constitución Nacional Argentina

2-Concepto Igualdad Ante La Ley

3-Concepto Indulto y Conmutación de Penas

4-Concepto Estado de Sitio

5-Concepto La Amnistía

6-Concepto Garantías Constitucionales

7-Concepto La Libertad de Prensa

8-Concepto de Ciudadanía y Ciudadano

9-El Abuso de Autoridad en Democracia

10-Derechos Civiles y Sociales

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Libertad de prensa, derecho que implica la inmunidad de los medios de comunicación (periódicos, libros, revistas, radio y televisión) respecto al control o la censura del gobierno. Cuando en un país no funciona la democracia, opinar es peligroso. A veces para el que opina, a menudo para el destinatario de esas opiniones. Y es ese, justamente, el cometido de la prensa. Los autoritarismos captan correctamente el significado político que ella encierra; es un medio de difundir ideas y razonamientos. Para las dictaduras, en cambio, no existe nada tan peligroso como el pensamiento humano y su libre difusión entre el pueblo.

Los medios de comunicación constituyen una poderosa institución que puede actuar, en cuanto instrumentos informativos, hasta el extremo de representar un medio fundamental de crítica del gobierno, lo que siempre es conveniente en democracia pero tiene, por otro lado, la desventaja de que el progresivo desarrollo del poder de los medios les lleva invadiendo la intimidad de las personas y socavando su autonomía. Además, cuando los medios se monopolizan alrededor de un determinado interés, la propia diversidad queda minada en cuanto valor democrático.

Un derecho inalienable

Para algunos, existe una total libertad de pensamiento, pero siempre y cuando que éste no se manifieste. Al contrario, la palabra debe ser libre como el pensamiento. Y los escritos no son sino palabras que expresan opiniones, juicios que cada uno adopta y formula, de acuerdo con su conciencia. Por eso-la libertad de prensa es inseparable de todo sistema político que se sustente en la democracia. Es una libertad política, indispensable para la existencia de la libertad pública y un freno a la autoridad de los gobernantes, un medio de ilustrar a la Nación, un camino para llegar a los otros.

Prensa y delito

Bajo ningún concepto la responsabilidad filosófica de quien expresa una doctrina puede transformarse en responsabilidad penal. La lucha de opiniones es condición indispensable de progreso. Jamás debe tratarse como un simple malhechor a quien impulse una opinión. Los delitos que pueden cometerse a través de la prensa están previstos en el Código Penal, pero ninguna ley dice que las ideas se castigan. No puede existir una policía de ideas. Porque en toda sociedad democrática, la prensa debe defender, criticar, replantear, con una sola limitación en esa tarea: no caer en el libelo.

Prensa y opinión pública

Es tan importante el papel de la prensa en las sociedades modernas, que se la ha llamado «el cuarto poder». Ella juega un rol fundamental en la formación de la opinión pública, de ahí que los despotismos quieran adueñarse de sus resortes y excluir de ellos a los opositores. Pero así como a los gobiernos corresponde no obstaculizar el florecimiento de la libertad de prensa, los medios deben hacer buen uso de esa libertad. En esa actividad deben alcanzar, por sobre todo, el justo equilibrio y la honradez profesional. Se trata de contribuir a la formación de la opinión pública, pero no de manipulearla.

La libertad de prensa en la Argentina

Desde los primeros días de la Independencia existió en la Argentina una verdadera preocupación por establecer la libertad de prensa. Los decretos del Primer Triunvirato en ese sentido, son buen ejemplo de esa temprana preocupación. La Constitución del 53, por su parte, en sus artículos i 14 y 32 salvaguarda también esa libertad. Pero en la práctica política, ningún gobierno queda al margen del estigma de la censura de la prensa o de intentar su control.

La persecusión a las publicaciones obreras de principios de siglo, y durante el desarrollo de la famosa Semana Trágica, la censura impuesta por el golpe militar del general Uri-buru y sus continuadores, son los primeros ejemplos. A medida que los medios de comunicación van desarrollando su poderío, su técnica y su influencia, se desarrolla también el interés por controlarlos. La Oficina de Información y Prensa de la Presidencia de la Nación, creada por el gobierno del general Ramírez, fiscalizaba todas las actividades de esos medios.

Durante el gobierno peronista, la Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia llevó a cabo una labor similar. De esa época, son representativos los ataques a La Nación y la clausura de La Prensa y La Vanguardia, esta última acusada de no cumplir con las ordenanzas municipales».

En ese entonces se verificó, además, la adquisición por parte del Estado de la Cadena de Radioemisoras Privadas. Buen uso, y exclusivo, hizo de ellas el general por segunda vez candidato a presidente. Y luego de su desaparición de la arena política, los gobiernos que lo continuaron, engolosinados al parecer, siguieron con esas prácticas de uso y abuso de las cadenas estatales.

Bajo los regímenes de facto que se sucedieron en el poder después del peronismo, matizados por efímeros períodos de gobiernos constitucionales, la actitud de control fue «in crescendo». Confirmado, Primera Plana, Panorama, hasta la divertida Tía Vicenta, son nombres ilustres del periodismo escrito que conocieron los avalares de la clausura. Se formó una idea equivocada, pero que se generalizó: la de que los entes estatales están encargados de controlar todos los medios, aun los no estatales. Paralelamente, se implantó, entre muchos editores, la práctica de una previsora autocensura.

Las claudicaciones de cierta prensa acomodaticia envalentonaron a esos gobiernos, los cuales parecieron autoconvencerse de que los medios, especialmente los audiovisuales, son para uso y abuso propio. Complementan esa práctica con el llamado «método del telefonazo», pedido telefónico a los editores más complacientes para que no publiquen ciertas informaciones molestas para el régimen. De esa forma, el recorte a la libertad de prensa se fue volviendo muy marcado.

El último gobierno peronista puso nuevamente en manos del Estado la Cadena Nacional de Televisión. Al mismo tiempo, varias publicaciones fueron clausuradas: Noticias, El Mundo, Satiricón. Todos esos hechos permiten afirmar que, en la Argentina, la libertad de prensa no ha sido, estrictamente respetada.

En los últimos tiempos, una arremetida gubernamental produjo la clausura de varias publicaciones. Por uno u otro motivo, La Semana, Línea y Quorum fueron sacadas de circulación. Una rara resolución explícita que las publicaciones que, presumiblemente, sean su continuación (detalle harto vidrioso de determinar), también serán prohibidas. Mucho mal causan estas decisiones a la democracia.

Porque es innegable que la prensa ha de ser enteramente libre, auténticamente al servicio del ciudadano. Antes que nada, el medio de expresión de las ideas y de los sentimientos comunes, sin la imposición de voluntades externas. De lo contrario, pierde su dignidad y traiciona el objeto para el que fue creada.

FORMAS DE EXPRESIÓN: INTERNET, TV, RADIO, CINE, ETC.

Además de la prensa existen en la moderna sociedad otros medios de expresión y de comunicación social: internet, radio, cine, televisión que han perfeccionado sus técnicas y su organización en forma vertiginosa durante los últimos años.

La prensa tiene como objeto primordial informar. La radio, televisión y cine cumplen una tarea fundamental de comunicación entre los hombres y pueblos. Proporcionan entretenimiento y recreación, presentan y difunden espectáculos artísticos y culturales. Cumplen además una importante misión informativa, y son órganos de formación y expresión de la opi nión pública.

La labor periodística en gran parte se realiza en nuestros días a través de la radio y la televisión. Por ellas se difunden las informaciones, se presentan los problemas, se discuten las soluciones, se expresa la diversidad de ideas, opiniones, punto; de vista e intereses de los individuos y grupos sociales.
Mucho es lo que han contribuido y contribuyen los modernos medios de comunicación al acercamiento y comprensión entre las naciones y los individuos,, a la divulgación de conocimientos, a la elevación moral y cultural de los pueblos.

Servir a la verdad, a la justicia, a la cultura, al entendimiento humano y la paz social, al progreso y desarrollo de las comunidades son obligaciones irrenunciables de los hombres y de las entidades que tienen en sus manos el control o el manejo de los medios de comunicación de masa.

Cuanto se ha dicho respecto a la libertad y a los derechos de la prensa, y cuanto a sus obligaciones, es válido para los otros medios de comunicación.
Radio, televisión, cine tienen derecho a todas las libertades que requiere el cumplimiento fiel de su misión, y el respeto a la persona humana.

Dichos medios de comunicación tienen derecho a expresar libremente sus ideas, sus críticas, sus puntos de vista y opiniones acerca de los diversos problemas sociales y políticos.

Los diversos sectores, entidades, grupos e individuos de la comunidad tienen derecho a tener acceso a ellos y a través de ellos poder expresar sus ideas y defender sus intereses.

Los medios de comunicación deben cumplir su misión, ejercer sus derechos y libertades responsablemente, de acuerdo a las obligaciones que impone la ética, la promoción del bien común y la elevación moral, intelectual y cultural de los pueblos.

Al estado le corresponde respetar y promover las libertades y al mismo tiempo velar porque estas libertades sean usadas de acuerdo al bien de la comunidad.

Consecuentemente le corresponde vigilar que la libertad exista para todos, que los medios de comunicación no sean instrumentos de servicio exclusivo de grupos ideológicos, económicos y financieros, sino que su acceso sea posible a los distintos grupos.

Puede el estado, incluso es conveniente, que tenga su propio sistema de comunicaciones. Le es lícito, como a cualquier otro grupo político, hacer la defensa de sus ideas, de sus obras, de sus medidas y de sus puntos de vista. monopolizar en sus manos todo el sistema de comunicaciones sociales y obstaculizar o impedir otras manifestaciones.
Los sistemas totalitarios se caracterizan por el monopolio de los medios de comunicación y la negación de la libertad de expresión; los democráticos por su respeto a esta libertad.

Pero no le es lícito monopolizar en sus manos todo el sistema de comunicaciones sociales y obstaculizar o impedir otras manifestaciones. Los sistemas totalitarios se caracterizan por el monopolio de los medios de comunicación y la negación de la libertad de expresión; los democráticos por su respeto a esta libertad.

Ver: Formación de la Opinión Pública

Fuente Consultada:
Formación Política Para La DEmocracia Tomo II Editorial Redacción
50 Cosas Que Hay Que Saber Sobre Política Ben Dupré – Editorial Ariel –
Educación Democrática de Argentino Moyano Coudert – Texto Para 3º Año – Tercera Edición- Editorial Guadalupe

El Abuso de Autoridad de un Gobierno Extralimitacion de Poder

El Abuso de Autoridad en la Democracia
La Extralimitación de Poder

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Otros Temas Tratados:

1-Estructura Constitución Nacional Argentina

2-Concepto Igualdad Ante La Ley

3-Concepto Indulto y Conmutación de Penas

4-Concepto Estado de Sitio

5-Concepto La Anmistía

6-Concepto Garantías Constitucionales

7-Concepto La Libertad de Prensa

8-Concepto de Ciudadanía y Ciudadano

9-El Abuso de Autoridad en Democracia

10-Derechos Civiles y Sociales

La existencia de un poder presupone una subordinación pues desde el momento en que alguno o algunos mandan, otros obedecen. Pero poder no es sólo violencia, no es empleo de la fuerza bruta por parte de quienes detentan posiciones de privilegio en la sociedad y se escudan en ejércitos y policías para defenderlas.

El poder se halla siempre presente en la presión social que opera sobre el individuo para inducirlo a desarrollar una determinada conducta, es cierto, pero debe ser encausado, concentrarse en instituciones, para que adquiera una función social. Controlar, y a la vez ser controlado. De lo contrario, puede resultar muy peligroso.

Podemos sintetizar que: Ninguna autoridad humana es ilimitada.

Incluso la suprema autoridad, la autoridad del pueblo que es soberana y tiene derecho a autodeterminarse, está limitada por el orden moral, los derechos fundamentales del hombre y los derechos de los otros pueblos.

La autoridad de los gobernantes está limitada por el orden moral, los derechos de los ciudadanos, las normas que establecen la constitución y las leyes, y las necesidades del bien común.

La constitución y las leyes establecen claramente cuáles son las competencias y atribuciones de cada uno de los gobernantes y funcionarios.

Existen una serie de derechos fundamentales de los hombres y de los grupos humanos que son anteriores por naturaleza al poder y que siempre deben ser respetados. Las constituciones suelen reconocerlos, y para mayor claridad, enumerarlos.

Existe el problema teórico de hasta dónde puede extenderse el poder de la autoridad política.

No es posible dar una respuesta válida para todas las sociedades y todas las circunstancias. Pero sí es posible formular los principios generales.

1. Hay derechos fundamentales que bajo ninguna circunstancia pueden ser impedidos. por ejemplo, el derecho a la libertad de conciencia, el derecho a la protección jurídica, el derecho del padre de familia sobre sus hijos.

2. La autoridad política tiene derecho a mandar todo lo necesario y conveniente para el bien común, y no puede mandar nada que no conduzca a él.

3. Consecuentemente, todo lo que un ciudadano responsable y consciente debería hacer espontáneamente por su patria y por la sociedad, puede ser legítimamente mandado, por ejemplo, cuando la patria está en peligro el ciudadano consciente debe espontáneamente ofrecer incluso su vida para defenderla. Si no lo hace voluntariamente la autoridad puede obligarlo coactivamente a hacerlo.

4. Medidas gubernamentales que son legítimas y justificadas en una circunstancia, son ilegítimas y abusivas en otras. Por ej. sería lícito al estado en caso de un terremoto que hubiese destruido gran parte de una ciudad limitar el espacio que puede ocupar una familia; lo que en otras circunstancias sería un abuso injustificable.

5. Cuanto más desorganizada está una sociedad, tanto más se requiere la intervención del poder político. No es la misma la intervención que corresponde al estado en un sistema económico que funciona eficientemente y sirve al bien común, que en un sistema económico incoherente y que sólo sirve a los intereses de grupos.

6. La mejor intervención del estado es la que tiende a convertirse en innecesaria con el tiempo. Tal es, por ejemplo, la intervención estatal que tuviera por objeto ordenar y organizar el sistema educacional, y que luego de ordenado, dejarlo librado a la responsabilidad e iniciativa de grupos particulares.

En Argentina, desde los primeros días de vida independiente, hubo una marcada tendencia a prever extralimitaciones de poder. La Primera Junta, al promulgar su Reglamento, el 28 de mayo de 1810, establecía la división de poderes. El 6 de diciembre de ese mismo año, el Decreto de Supresión de Honores, inspirado por Mariano Moreno, marcaba una pauta: presidente y miembros del gobierno revolucionario, todos eran lo mismo.

Y agregaba que «…ningún habitante de Buenos Aires, ni ebrio ni dormido, debe tener expresiones contra la libertad de su país». Finalmente, expresaba el artículo cuarto del proyecto oficial de la Constitución de 1813: «El ejercicio del poder soberano de la República reside en el Congreso, en los depositarios del Poder Ejecutivo y en los tribunales establecidos por la ley».  Más claro, imposible.

Sin embargo, la Constitución que nos rige en la actualidad, se caracteriza por instituir un Poder Ejecutivo fuerte, detentador de algunas facultades de predominio y de absorción capaces de desequilibrar la armonía de poderes. Los principales resortes del poder público están en sus manos. Y si quien los ejerce no está imbuido de un profundo sentimiento republicano y de un sincero respeto por el valor moral de la democracia, fácilmente puede torcer las riendas hacia el camino del autoritarismo.

El presidente nombra y remueve, por sí solo, a los ministros. Promulga leyes y puede vetarlas. Es quien convoca al Congreso para que se reúna. Durante los meses de receso ordinario del cuerpo legislativo, se ve favorecido por facultades verdaderamente supletorias del mismo. El artículo 86 de la Constitución Nacional lo llama Jefe Supremo de la Nación. Es un giro podrá decirse, mera fórmula del lenguaje, nada demasiado grave en el fondo. Sin embargo, es como si ellos fueran condicionando los resortes psicológicos, produciendo un acostumbramiento y preparando el terreno para que unos obedezcan más de la cuenta. Y para que otros manden más de la cuenta también, por desgracia.

Quizá vislumbrando todos esos peligros, aclara José Manuel Estrada: «Por la palabra Supremo se entiende en todas partes un jefe cuya autoridad no es compatible, revi-sable, no sujeta a responsabilidad. Sin embargo, él es la primera auioridad en la rama del Poder Ejecutivo; pero los otros poderes son independientes. Aún más: un acto del Poder Ejecutivo puede ser enervado por la Suprema Corte y él es responsable de sus actos ante las Cámaras. Luego, no se puede decir que sea la autoridad suprema del país, palabra que sólo conviene alzar o a otro soberano absoluto. La palabra supremo, pues, está fuera de lugar». Muy a propósito los conceptos. Pero los riesgos, reales, permanencen.

La propia Constitución Nacional le agrega, excepcional-mente, facultades, discrecionales.

El inciso 26 del artículo 67 establece que corresponde al Congreso decretar el Estado de Sitio en uno o varios puntos del país en los casos de conmoción interior. Pero si la institución parlamentaria se encuentra en receso, los ejecutivos de escasa sensibilidad estomacal suelen, de todas formas, decretarlo. Algunos, inclusive, parecen no saber gobernar si no es al amparo de ese recurso que la Constitución contempla para casos extremos.

El Estado de Sitio faculta al Ejecutivo, para limitar la libertad de acción de ciertas personas que representan un peligro para la Constitución y las instituciones. Hasta allí, la doctrina. En la práctica, es fácil caer en una extralimitación del poder. Porque el Ejecutivo, merced a esa autoridad especial que se le confiere, puede detener y trasladar personas en el interior del territorio.

El artículo 23 de la Constitución Nacional especifica que dichas detenciones pueden prolongarse sólo en el caso de que los encarcelados no prefieran salir del país, haciendo uso de su legítimo derecho de opción. Muy pocas veces, en los hechos, se deja disfrutar de ese derecho a los detenidos. Algunos magistrados, cómplices, pretenden que el otorgar la salida del país, en esos casos, es una facultad del presidente y que él puede hace uso de ella discrecionalmente, Pero no queda lugar para la duda: la ley fundamental lo expresa claramente, en la precisa lengua de Cervantes: «…si ellas no prefiriesen salir del territorio argentino» (artículo 23). Por otra parte, estas facultades especiales no han sido previstas para delincuentes o infractores.

En caso de delitos, los autores deberán ser detenidos, procesados y condenados de acuerdo con ios procedimientos que corresponde, aplicados por los jueces y de acuerdo con el Código Penal vigente. No parece muy normal la existencia de detenidos durante muchos años sin que se los someta a proceso alguno. Para algunos gobiernos, sin embargo, esos son simples métodos de trabajo.

Hasta aquí, si cabe la figura, se trató sólo de lo que podríamos denominar «extralimitaciones constitucioles». La Constitución, mal que bien, a pesar de los desbordes, siguen en vigencia. El ejercicio de los poderes de Estado, a pesar de las falencias, se realiza de acuerdo con normas preestableciadas, observando un procedimiento formado en la ley fundamental. La Constitución es la que establece cómo se puede llegar al ejercicio del poder y la que fija las normas de cumplimientos estricto para el buen desempeño de las funciones. El gobierno, es un gobierno de derecho.

Hay una adecuación al orden jurídico que establece la Constitución, si bien es cierto que los sectores dominantes aprovechan, para maniobrarlos requicios que deja la ley.

Pero a veces, ni eso queda en pie. El poder se ejerce sin sujeción a norma alguna. Los procedimientos que los gobiernos de facto siguen para entronizarse como tales son absolutamente anormales. Generalmente, violentos. Se habla de revolución, pero se trata de golpes. Una revolución implica un cambio fundamental de estructuras, un golpe es un cambio de personas, para salvaguardar las estructuras, justamente. Una o varias personas se encaraman en el poder político y lo ejercen de modo absoluto e irrestricto.

Fuente Consultada:
Formación Política Para La DEmocracia Tomo II Editorial Redacción
50 Cosas Que Hay Que Saber Sobre Política Ben Dupré – Editorial Ariel –
Educación Democrática de Argentino Moyano Coudert – Texto Para 3º Año – Tercera Edición-Editorial Guadalupe

Concepto de Garantías Constitucionales Aplicación en Argentina

Concepto de Garantías Constitucionales

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Otros Temas Tratados:

1-Estructura Constitución Nacional Argentina

2-Concepto Igualdad Ante La Ley

3-Concepto Indulto y Conmutación de Penas

4-Concepto Estado de Sitio

5-Concepto La Anmistía

6-Concepto Garantías Constitucionales

7-Concepto La Libertad de Prensa

8-Concepto de Ciudadanía y Ciudadano

9-El Abuso de Autoridad en Democracia

10-Derechos Civiles y Socviales

Las  llamadas garantías constitucionales son, concretamente, los medios jurídicos que la Constitución y las leyes ponen al alcance de la personas, para la protección de las libertades individuales y asegurar por lo tanto el normal ejercicio de dichas libertades.

Algunos autores establecen varias acepciones sobre el concepto, como por ejemplo:

a) las garantías en su sentido estrictísimo, comprensivas solamente de los procedimientos judiciales sumarios, y de reglas procesales, como el de hábeas corpus, el amparo, el derecho a no declarar contra sí mismo, etc.;

b) garantías en sentido estricto, incluyendo además los procedimientos judiciales tuitivos de la libertad jurídica, como la demanda y excepción de inconstitucionalidad, etc.;

c) garantía en sentido amplio, abarcando las llamadas garantías políticas, como la división de poderes, la renovación y elegibilidad de los funcionarios, etc.;

d) garantías en sentido amplísimo, comprensivo de todas las instituciones liberales, incluso la constitución escrita y el bill de derechos incorporados a ella (según la clasificación expuesta por el profesor Germán J. Bidart Campos). Otros, en cambio, admiten, como el profesor Linares Quintana, que solamente el segundo sentido es el exacto, es decir, las garantías en sentido estricto.

En cuanto a las garantías relacionadas con la libertad y seguridad de las personas, el artículo 18 de la Constitución Nacional las establece especialmente, en los siguientes términos: «Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado a los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa.

Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo; ni arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente. Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos. El domicilio es inviolable, como también la correspondencia epistolar y los papeles privados; y una ley determinará en qué casos y con qué justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación.

Quedan abolidos para siempre la pena de muerte por causas políticas, toda especie de tormento y los azotes. Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice».

Del texto de este artículo se infiere claramente que de nada valdría que la Constitución Nacional reconociera a todos los individuos los derechos y libertades establecidos en ella, si al mismo tiempo no se establecieran en forma concreta y práctica los medios para la protección de dichos derechos y libertades, de manera tal que el individuo se sintiera permanentemente protegido en el normal ejercicio de sus libertades y derechos, no solamente contra los excesos del poder sino además, cuando dichos derechos se vieran cuestionados por hechos de otros particulares.

Como puede apreciarse, del texto del artículo 18 se desprenden no solamente las seguridades en cuanto al ejercicio de la libertad física del individuo, sino además, las que en conjunto se denominan las garantías del debido proceso, en el sentido de proteger al individuo .sometido a juicio, de los excesos que pudieran cometer las autoridades judiciales, en el ejercicio de sus funciones.

El amparo de la libertad, pues, puede concretarse a dos principales instituciones: el hábeas corpus y la denominada acción de amparo.

El primero ha sido en términos generales la preocupación constante y tan antigua como el hombre, pues ampara y protege nada menos que la libertad física del individuo, tan imprescindible como para que sea considerada que sin ella las demás libertades no podrían ser normalmente ejercidas.

En cuanto a sus Orígenes, el hábeas corpus registra sus antecedentes muy remotos en el interdicto romano de libero hóminem exhibendo, en la Carta Magna inglesa de 1215, en los fueros españoles de Aragón de 1427 y de Vizcaya de 1527, en la ley inglesa de 1640 y en el acta de hábeas corpus de 1789.

Debe señalarse que la institución protege solamente la libertad corporal o física de las personas, y solamente contra los actos del Estado, especialmente, contra las detenciones arbitrarias e ilegales; por lo tanto, debe cuidarse de no incluir en dicha protección a otras libertades o derechos o actos emanados de particulares, pues para estos últimos, se ha instituido (al principio por vía jurisprudencial) la denominada acción de amparo.

El maestro Carlos Sánchez Viamonte sintetizaba su posición en relación al hábeas corpus, en los siguientes puntos:

a) se concede en amparo de la libertad arbitrariamente restringida, y no solamente contra detenciones ilegales;

b) protege todos los derechos individuales que constituyen la libertad personal, excepto los relativos al patrimonio y los administrativos;

c) puede interponerse ante cualquier juez; procede aun contra actos de jueces o tribunales colegiados.

Las provincias por su parte han consagrado expresamente el recurso de hábeas corpus, incluido además como en el orden nacional, en los respectivos códigos procesales.

La acción de amparo: Pero el babeas corpus, que como hemos expresado protege la libertad física de los individuos contra actos del Estado, no alcanza a las otras libertades o derechos reconocidos por la Constitución Nacional, que por ello quedaban sin la consiguiente protección, hasta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación introdujo por vía pretoriana la acción de amparo, para proteger a los demás derechos no alcanzados por el hábeas corpus y además, contra la acción de los particulares.

El primer caso judicial que resuelve la Corte es el conocido «Ángel Siri» del 27 de diciembre de 1957, con motivo de la clausura policial del diario Mercedes que impedía su impresión y circulación.

El otro caso fallado diez meses después es el caratulado «Samuel Kot SRL», como consecuencia de la presentación efectuada por el propietario de una fábrica ante la ocupación de la misma por los obreros, que se negaban a desocuparla, motivada por un conflicto laboral.

Aquí se trataba de una acción de los particulares (los obreros), por lo que la Corte decidió que debía proteger al propietario de la fábrica, asegurándole el goce pleno de sus derechos individuales de propiedad y de trabajar frente al desborde de los obreros, que sin poder invocar ningún derecho, la ocupaban ilegítimamente.

En la actualidad, la acción de amparo se halla legislada mediante el decreto ley 16.986/66 reglamentado por el decreto 927/67.

Fuente Consultada:
Formación Política Para La DEmocracia Tomo II Editorial Redacción
50 Cosas Que Hay Que Saber Sobre Política Ben Dupré – Editorial Ariel –

La Igualdad Ante La Ley en Argentina Concepto e Historia

La Igualdad Ante La Ley en Argentina
Concepto e Historia

Otros Temas Tratados:

1-Estructura Constitución Nacional Argentina

2-Concepto Igualdad Ante La Ley

3-Concepto Indulto y Conmutación de Penas

4-Concepto Estado de Sitio

5-Concepto La Amnistía

6-Concepto Garantías Constitucionales

7-Concepto La Libertad de Prensa

8-Concepto de Ciudadanía y Ciudadano

9-El Abuso de Autoridad en Democracia

10-Derechos Civiles y Socviales

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El concepto de Igualdad de todos antes la ley, no es un concepto muy antiguo, pero ya hace mas de 200 años, en una carta a George Washington en 1784, Thomas Jefferson comentaba que el fundamento constitucional de Estados Unidos era «la igualdad natural del hombre». La posición de la igualdad como piedra angular en el pensamiento político y social ha permanecido intacta desde entonces. En la actualidad sean cuales sean las convicciones, pocos políticos hoy en día defenderían abiertamente la desigualdad.

La igualdad tiene su origen en la teoría política de John Locke y otros en la segunda mitad del siglo XVII. Cien años más tarde, en 1776, la idea de que hay ciertos derechos naturales e inalienables, entre ellos «la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad», que pertenecen a todos los hombres y a todos por igual, se consagró en la Declaración de Independencia de Estados Unidos.

Trece años después, el ideal inspiró la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano propuesta por los revolucionarios franceses; y con ella llegó su llamamiento: «Libertad, igualdad, fraternidad».

Uno de los fundamentos del gobierno republicano y democrático, juntamente con la libertad, es precisamente la igualdad; y ha sido la lucha constante de los hombres por alcanzar ambos presupuestos, frente al avance cada vez más riguroso del poder político ejercido en exceso. Así lo recuerda Esteban Echeverría al afirmar que «la libertad y la igualdad son los ejes centrales, o más bien los dos polos del mundo de la democracia«.

Pero debemos precisar un concepto sobre la igualdad ante la ley, reconocida en nuestra Constitución Nacional, que de ninguna manera es la igualdad matemática que imponga a todos sin distinciones el mismo trato, porque así podríamos caer en desigualdades injustas; tampoco es borrar las diferencias naturales que existen entre los hombres, las que deben ser respetadas para no caer entonces en el trato desigual, lo que también sería injusto. Montes de Oca en sus ya famosas Lecciones de Derecho Constitucional enseñaba que «la igualdad ante la ley supone simplemente que todos los habitantes de la Nación están sujetos a los mismos deberes, gozan de los mismos derechos y están tutelados por las mismas garantías».

Desde los primeros instantes de nuestra historia patria el concepto de igualdad ante la ley aparece en la mente de nuestros primeros hombres de gobierno y queda concretado en las normas legales y constitucionales que fueron apareciendo a lo largo de la historia constitucional argentina, desde aquel famoso decreto de honores de la Junta del 8 de diciembre de 1810, a inspiración de Mariano Moreno; el proyecto de la Sociedad Patriótica de 1813 disponía en el artículo 8º con respecto a la igualdad que «la ley, bien sea preceptiva, penal o aflictiva es igual para todos, y asiste igualmente al poderoso que al miserable, para la conservación de los derechos que cada uno disfruta».

Así podemos mencionar el Estatuto Provisional de 1815, el Reglamento Provisorio de 1817, la Constitución de 1819, la Constitución de 1826, hasta quedar consagrada en forma definitiva en nuestra Constitución Nacional de 1853/60, que recoge en sus fundamentos el proyecto de constitución de Juan Bautista Alberdi.

Así el artículo 16 de nuestra Ley Fundamental dispone que «La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento; no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas».

Este artículo 16 concuerda además con el artículo 15, al disponer que «En la Nación Argentina no hay esclavos; los pocos que hoy existen quedan libres desde la jura de esta Constitución; y una ley especial reglará las indemnizaciones a que dé lugar esta declaración. Todo contrato de compra y venta de personas es un crimen del que serán responsables los que lo celebrasen, y el escribano funcionario que lo autorice. Y los esclavos que de cualquier modo se introduzcan quedan libres por el solo hecho de pisar el territorio de la República».

Es interesante destacar también que esa igualdad ante la ley se refiere a la igualdad de los derechos civiles, es decir que se refiere a todos los habitantes del pais, a diferencia de la igualdad política reconocida exclusivamente a los ciudadanos; desde luego con la salvedad de los derechos de los menores de edad, de los incapacitados, etcétera.

Esta igualdad civil consagrada por la Constitución Nacional se refiere concretamente a los siguientes puntos:

1) a las prerrogativas de sangre y de nacimiento y a los títulos de nobleza;

2) a los fueros personales;

3) a los impuestos y cargas públicas;

4) a la admisibilidad a los empleos; debe agregarse la igualdad de todos los extranjeros habitantes de nuestro suelo; a los indios que en escaso número pueden existir aún en el país, descartando desde luego a los esclavos que como un timbre de honor de nuestra historia han existido en nuestro suelo en los primeros tiempos de la etapa colonial, pero que fueron desapareciendo paulatinamente, a punto tal que al iniciarse la etapa constitucional argentina prácticamente no existían esclavos en nuestro país.

Desde el punto de vista jurisprudencial, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dejado perfectamente aclarado el concepto de igualdad ante la ley sosteniendo que «consiste en que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que se concede a otros en iguales circunstancias»; es decir, que la igualdad ante la ley consiste en el tratamiento igual de los iguales en iguales circunstancias.

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AMPLIACIÓN DEL TEMA: LA IGUALDAD ANTE LA LEY

«En las sociedades, decía Aristóteles, las grandes luchas internas surgen de:

— que los que son en parte iguales, se consideran del todo iguales;
— y los que son en parte superiores, se consideran del todo superiores.

Los ciudadanos, porque son iguales en libertad, se consideran iguales en todo; otros, porque son superiores en linaje, bienes económicos o cultura, se consideran superiores en todo».

Los hombres somos todos iguales en dignidad, libertad, valor de nuestras personas.

La dignidad de la persona humana y de los derechos que de ella dimanan es igual para todos los hombres.

Pero no es igual el talento, las condiciones naturales, la educación y preparación, el esfuerzo y el mérito de cada hombre. Tampoco son iguales su posición social, sus bienes económicos, sus capacidades prácticas.

La igualdad esencial de los hombres es obra de la naturaleza y por lo tanto de Dios. Las desigualdades unas son obra de la naturaleza que nos dotó de diferentes condiciones, otras del legítimo esfuerzo, trabajo, afán de superación, e incluso de la coyuntura de una serie de circunstancias favorables y deben ser respetadas. Otras, en fin, son el resultado de una deficiente o injusta organización social y deben ser corregidas.

La sociedad democrática, entre sus rasgos característicos, cuenta:

— el reconocimiento de la igualdad esencial de los hombres;
— la ausencia de privilegios fundados en sangre, posición económica, o social;
— la igualdad para todos ante la ley;
— el afán de ofrecer a todos igualdad de oportunidades para satisfacer sus necesidades y desarrollar su persona.

La igualdad ante la ley significa que la ley se aplica imparcialmente, sin injustas excepciones. Que en igualdad de circunstancias todos son iguales ante ella.

La igualdad ante la ley supone igualdad en las circunstancias y condiciones. No significa, por ejemplo, que todos son obligados a pagar el mismo impuesto, sino que no existirán diferencias entre los que se encuentran en idénticas condiciones.

El artículo 16 de la Constitución establece:

— La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento;
—no hay en ella fueros personales, ni títulos de nobleza;
— todos sus habitantes son iguales ante la ley;
— y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad;
— la igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas.

La lucha de los hombres por la igualdad es un proceso que se realiza lentamente en la historia.

En la antigüedad era común la distinción de los hombres en libres y esclavos. En la edad media fue común la distinción en señores y siervos, o la admisión de estamentos sociales.

En la época moderna se defendió con éxito el principio de la igualdad jurídica de los hombres ante la ley.

En época contemporánea dos son los grandes logros realizados:

1. el fin del colonialismo y el reconocimiento de la igualdad entre los pueblos;

2. el deseo de ofrecer a todos, los ciudadanos igualdad de posibilidades sociales, económicas, culturales, etc.; que las distinciones y diferencias se funden no en privilegios, sino en la capacidad, esfuerzos y méritos de cada cual.

Las encíclicas sociales proclaman el derecho de todos los hombres a tener acceso, según su capacidad y esfuerzo, a los más altos grados de la cultura y formación profesional. Para que exista una real y válida democracia, el principio de la igualdad jurídica debe ser complementado con posibilidades de igualdad social y económica.

A este propósito dice el Concilio Vaticano II:
«Para satisfacer las exigencias de la justicia y de la equidad se debe procurar enérgicamente que, respetados los derechos personales y la índole propia de cada pueblo, sean suprimidas lo más rápidamente posible las enormes y crecientes desigualdades económicas actuales, que van acompañadas de discriminación individual y social».

Fuente Consultada:
Educación Democrática de Argentino Moyano Coudert – Texto Para 3º Año – Tercera Edición- Editorial Guadalupe

Indulto y la Conmutación de Penas en Argentina Concepto

Indulto y la Conmutación de Penas en Argentina
Constitución Nacional Art. 86

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Indulto, es una medida de gracia por la que la autoridad competente perdona total o parcialmente una pena impuesta en sentencia firme. Puede solicitar el indulto la persona condenada, sus parientes o cualquier persona en su nombre, aunque las legislaciones también suelen dar legitimación para pedirlo al Gobierno o a los propios tribunales de justicia. El indulto se diferencia de la amnistía en que ésta supone la desaparición total del delito, que se tiene por no cometido.

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5-Concepto La Anmistía

6-Concepto Garantías Constitucionales

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9-El Abuso de Autoridad en Democracia

10-Derechos Civiles y Socviales

La Constitución Nacional atribuye al Presidente de la Nación la facultad de indultar y conmutar penas, según lo dispuesto en el artículo 86, inc. 6, en los siguientes términos: «Puede indultar o conmutar las penas por delitos sujetos a la jurisdicción federal, previo informe del tribunal correspondiente, excepto en los casos de acusación por la Cámara de Diputados».

Esta norma merece una explicación a los efectos de intentar limitar los alcances de la facultad concedida al Presidente de la República y establecer las condiciones y requisitos que deben darse, para que dicha facultad se ejerza de acuerdo con el espíritu que los constituyentes dieron a la norma constitucional, apartándose de lo dispuesto en la constitución norteamericana.

Nuestra Constitución se ciñe con más rigor al tecnicismo jurídico y basa la facultad que nos ocupa en el principio de la división de los poderes, es decir que para que pueda ser viable el indulto se requiere que exista pena, es decir, desde el punto de vista técnico, que el órgano jurisdiccional competente haya concluido el examen de la causa y se haya pronunciado a través de la sentencia; y además, que dicha sentencia se encuentre firme, es decir, con autoridad de cosa juzgada. De más está decir que dicha sentencia sea condenatoria.

Requiere asimismo, en cuanto a la limitación del ejercicio de la facultad presidencial de indultar o conmutar penas, que se refieran a delitos sujetos a la jurisdicción federal; ello significa que solamente puede válidamente ser ejercida esta facultad en cuanto a las condenas que se hubieran pronunciado por los tribunales competentes de la jurisdicción federal, quedando por lo tanto excluidos del alcance de la atribución del Presidente de la República las condenas pronunciadas por los tribunales judiciales provinciales, reservada a los respectivos gobernadores.

El indulto o la conmutación requiere que el Presidente reciba el informe pertinente del tribunal que actuó en la causa, poniéndose por lo tanto en funcionamiento un procedimiento administrativo en el que intervienen diversos funcionarios del Poder Judicial, como además dependientes directos del Poder Ejecutivo, como en el caso del Ministerio de Justicia de la Nación.

La limitación que establece la Constitución en cuanto al ejercicio de la atribución presidencial, se refiere a que el indulto o la conmutación no puede ejercerse en los casos de acusaciones pronunciadas por la Cámara de Diputados, es decir, en los casos de juicios políticos, como es obvio suponer, ya que en dicho juicio político, podría eventualmente estar involucrado el propio Presidente de la República, sus ministros, y los jueces nacionales, incluyéndose desde el luego al vicepresidente de la Nación.

Se ha discutido el carácter del indulto o de la conmutación, sin perjuicio de señalar la diferencia conceptual entre ambos. Algunos autores afirman que el indulto es equivalente al perdón, mientras que otros, por el contrario, al rechazar este carácter, sostienen que la facultad del Presidente se refiere concretamente a disponer la no ejecución de la pena condenatoria  impuesta, es decir, al no cumplimiento efectivo, sin perjuicio de destacar que tanto en uno como en el otro carácter, el indulto por sí mismo no borra el delito cometido, puesto que no tiene influencia en la sentencia que ha quedado firme, y tanto es así que dicha sentencia se tiene en cuenta en los casos de reincidencia, de las indemnizaciones y de las cosías a que hubiere lugar.

Con respecto a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, es interesante recordar que ha variado la posición en que se ha colocado con respecto a la cuestión en estudio. En una primera época la Corte decidió que el Presidente de la Nación no podía indultar si no existía sentencia firme.

Cincuenta años después, varió la posición de la Corte, declarando que el procesado podía ser indultado antes de la sentencia (caso «Ibáñez», quien había hurtado un par de medias por valor de 3 pesos, indultado por el presidente Yrigoyen). Finalmente volvió la Corte a su jurisprudencia anterior, precisamente en el fallo relacionado con el caso del entonces ex presidente Yrigoyen que había sido depuesto por el golpe del 6 de setiembre de 1930.

a Corte confirmó la sentencia de la Cámara Federal, de acuerdo con lo pedido por el ex presidente, en el sentido de que el Poder Ejecutivo (en ese momento de facto), no podía ejercer la facultad de indultar, mientras no existiera sentencia condenatoria firme con autoridad de cosa juzgada.

Con respecto a la diferencia, que podría ser de grado, entre el indulto y la conmutación, puede aclararse que el primero dispone el no cumplimiento o ejecución de la pena impuesta al condenado; mientras que la conmutación, cambia la pena impuesta por otra que resulte más benigna, como por ejemplo, disminuyendo el tiempo de la condena.

Además, es interesante establecer la diferencia entre la amnistía y el indulto. La primera tiene carácter general, es una facultad del Poder Legislativo, y tiene como característica especial que declara la inexistencia del delito; mientras que el indulto es personal, pues se refiere a una persona determinada, es una facultad del Presidente de la Nación y tiene como característica que dispone el no cumplimiento de la pena impuesta al condenado, no borra el delito y éste se tiene en cuenta en caso de reincidencia y para las indemnizaciones y costas a que hubiere lugar.

Fuente Consultada:
Formación Política Para La DEmocracia Tomo II Editorial Redacción
50 Cosas Que Hay Que Saber Sobre Política Ben Dupré – Editorial Ariel –

El Estado de Sitio Resumen, Concepto y Aplicación en Argentina

Coincepto de Estado de Sitio en Argentina
Resumen, Ejemplos de Aplicación

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Otros Temas Tratados:

1-Estructura Constitución Nacional Argentina

2-Concepto Igualdad Ante La Ley

3-Concepto Indulto y Conmutación de Penas

4-Concepto Estado de Sitio

5-Concepto La Anmistía

6-Concepto Garantías Constitucionales

7-Concepto La Libertad de Prensa

8-Concepto de Ciudadanía y Ciudadano

9-El Abuso de Autoridad en Democracia

10-Derechos Civiles y Sociales

Todo Estado de Derecho basa su existencia en el orden jurídico. Un verdadero conjunto ordenado de leyes que se complementan. Entre ellas no existe contradicción posible. Las que van surgiendo, como expresión de nuevos enfoques, derogan a las anteriores. Un estricto sistema de jerarquías se entreteje y amalgama todo ese cuerpo legislativo, desde los decretos y ordenanzas hasta los Códigos Nacionales y los tratados internacionales.

Constituye el basamento de la Nación y hace posible uno de los postulados básicos del Estado de Derecho: exigencia de juridicidad que significa, en otras palabras, exclusión absoluta de la arbitrariedad. En su cima, como máxima reguladora, se ubica la Constitución Nacional. Nadie puede emitir actos de especie alguna que sean extraños al ordenamiento jurídico vigente en el Estado. Por algo se ha calificado al Poder Judicial como Guardian de la Constitución.

A él corresponde señalar los desvíos. Por algo, además, se ha consagrado la independencia de sus magistrados. Para que lleguen hasta donde tengan que llegar y abarquen todo lo que tengan que abarcar con sus decisiones. Porque en un Estado de Derecho, donde rige una Constitución —como es el caso de la Argentina, teóricamente al menos— deben protegerse sin discriminaciones las potestades del individuo y es inadmisible aceptar la existencia de zonas jurídicas desprovistas de una efectiva protección integral de la justicia.

La Constitución prevé

Hay momentos fundamentales, superiores, en la vida del Estado, en los cuales su interés general corre peligro. Se trata de circunstancias excepcionales, que requieren también, para ser enfrentadas con éxito, medidas de excepción. La Constitución las ha previsto, a unas y a otras. Por eso ha reglamentado la existencia del Estado de Sitio, recurso aplicable en los casos en que la organización o la propia subsistencia del Estado están puestas en tela de juicio.

Y ha sido bien explícita con respecto a esos casos en que puede recurrirse a su aplicación y con respecto a las instancias formales y legales que debe agotar el gobierno que decide instaurarlo. Son bien conocidos los motivos que se señalan en ella para justificarlo: agresión externa o grave conmoción interior.

No son menos conocidas las formalidades legales que se establecen: coordinación de las voluntades del Poder Ejecutivo y del Senado en el primero de los casos y decisión privativa del Congreso en el segundo. Como en el caso de la Argentina la primera de las posibilidades ha sido muy poco transitada (y la única guerra de los últimos tiempos —la guerra de las Malvinas— nos encontró con un Estado de Sitio ya instalado, con ocho años de antigüedad por si fuera poco) nos referiremos al caso que habla de la conmoción interior. En eso sí, la experiencia es riquísima.

Constitución Nacional Argentina: Artículo 23. En caso de conmoción interior o de ataque exterior que pongan en peligro el ejercicio de esta Constitución y de las autoridades creada por ella, se declarará en estado de sitio la provincia o territorio en donde exista la perturbación del orden, quedando suspensas allí las garantías constitucionales. Pero durante esta suspensión no podrá el presidente de la República condenar por sí ni aplicar penas. Su poder se limitará en tal caso respecto de las personas, a arrestar o trasladarlas de un punto a otro de la Nación, si ellas no prefiriesen salir fuera del territorio argentino.

Los desbordes interpretativos

El artículo 67 de la Constitución Nacional establece, en su inciso 26, que corresponde al Congreso decretar el Estado de Sitio en uno o varios puntos del país, en los casos de conmoción interior. Pero en los casos de receso parlamentario —que son muchos meses— los Ejecutivos de poco desarrollada sensibilidad recurren igualmente a esta medida de excepción. Puede argumentarse que lo hacen aprovechando una prerrogativa que le confiere esa misma Constitución.

Es cierto. Pero es cierto también que, en esos casos, es una sola voluntad la que decide acerca de una medida que recorta innumerables libertades a los habitantes del país. Que se carece, antes de tomar la decisión, del análisis y de la discusión que deberían generarse en el seno del Congreso.

Es entonces cuando los desbordes se ponen al día. Porque en el espíritu del constituyente flotaba la convicción de que la conmoción debía ser grave para justificar esa medida, y mientras que, en la práctica, ella es habitualmente implantada por razones de oportunidad política. Porque se habla de implantar el Estado de Sitio en uno o varios puntos del país —aquéllos en los cuales se verifique la conmoción— y en la práctica, de un plumazo, se lo establece en todo el territorio nacional.

Porque se había dicho que esa medida debía durar sólo mientras durara la conmoción grave que la originó, y en la práctica se la entroniza como una forma permanente de gobierno, como un sistema de administración, basado, más que nada, en el congelamiento de las libertades públicas. Si alguien afirmara que las condiciones de conmoción interna que justificaron su implantación continúan vigentes, la respuesta es clara: gobiernos que fueron incapaces, a lo largo de años y años de ejercicio del poder, de enmendar las situaciones que originaron esa conmoción, o bien son absolutamente ineficientes o bien son absolutamente impopulares. O las dos cosas, tal vez.

Los internamientos y la libertad

Quizá porque se considera que el hombre es lo más valioso, es que hay un aspecto vinculado con la aplicación del Estado de Sitio que aparece como el más grave: el de la detención a disposición del Poder Ejecutivo. Merced a esa norma de excepción, el Ejecutivo puede limitar la libertad de acción de aquellas personas que, a su juicio, representan un peligro para la Constitución y las instituciones. Puede detenerlas y trasladarlas por el interior del territorio. Sin embargo, el artículo 23 de la Ley Fundamental, aclara, refiriéndose a las personas detenidas, que sufrirán el internamiento «… si ellas no prefiriesen salir del territorio argentino».

Ponderable aclaración, sobre todo para los que, de otra forma, deberían contemplar el futuro detras de las rejas.

Pero, en la práctica, generalmente no se les deja disfrutar de ese derecho. Como todo se concatena, los mismos magistrados que son designados sin acuerdo del Senado no pueden romper el cordón umbilical que los une a la voluntad autoritaria que los nombró. Ellos son los que muchas veces argumentan que otorgar la salida del país en esos casos es una facultad del presidente y que él puede hacer uso de ella discrecionalmente.

Y pretenden mucho más. Así, se habla de los móviles políticos del gobierno, como si estos bastaran para justificar cualquier arbitrariedad y para ubicar al Poder Ejecutivo á buen recaudo de cualquier control jurisdiccional. Con el justificativo de una vaga defensa de la seguridad del Estado y de sus instituciones se respaldan medidas de «alta policía«. Mientras las solicitudes de «habeas corpus» se amontonan en los tribunales, los internados peregrinan de cárcel en cárcel.

El Poder Ejecutivo, de acuerdo con la Constitución Nacional, no puede actuar a su antojo, fuera de todo control. Sostener lo contrario resulta arbitrario o, en el mejor de los casos, equivocado. Por el contrario, el principio general, deber ser el del control. El control jurisdiccional de los actos del gobierno es procedente, porque la protección de los administrados halla fundamento en los artículos 18 y 28 de la Constitución Nacional. Mientras ella tenga imperio, esa protección jurisdiccional constituye una exigencia de nuestro orden jurídico porque el imperio de la Constitución no se suspende ni siquiera en caso de guerra.

Expresa, en ese sentido, el doctor Juan Antonio González Calderón: «Los llamados poderes de guerra del Poder Ejecutivo Nacional, no pueden ser ejercidos con violación flagrante o disimulada de los textos expresos de la Constitución, ni quebrantando las garantías individuales. Si su consecuencia puede ser una franca transgresión de la Ley Fundamental, entonces sí el Poder Judicial debe poner en juego su facultad preventiva de mantener el imperio soberano de la Constitución».

Los ejemplos

Dicen que para muestra basta un botón. Por desgracia, en este tema de los desbordes del Poder Ejecutivo con referencia a la aplicación del Estado de Sitio y la intervención —o no intervención a veces— de un Poder Judicial que los enmiende, los ejemplos sobran. La doctrina argentina admite, como principio, el control jurisdiccional de los jueces en los supuestos de limitaciones o ataques infligidos a los derechos de los administrados por el Poder Ejecutivo bajo el régimen de Estado de Sitio. Sin embargo, analizando la copiosa jurisprudencia que al respecto existe, se nota una falta de coherencia en las resoluciones, una ausencia de criterio preciso y fijo. Y la certidumbre del derecho es la base esencial para el goce efectivo de la libertad.

En cierta oportunidad, la Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar al recurso promovido por un senador nacional detenido en el marco del Estado de Sitio. En ese caso, la Corte consideró que las inmunidades correspondientes a los miembros del Parlamento no quedan limitadas aunque rija ese estado de excepción (Corte Suprema de Justicia de la Nación, Fallos, Leandro N. Alem y Mariano N. Candioti, Tomo 54, página 43).

En otro caso, en cambio, la Corte declaró que el ejercicio de la facultad acordada al Presidente de la República en el artículo 23 de la Constitución Nacional, de arrestar a las personas en el Estado de Sitio, no es, en principio, susceptible de revisión judicial (Corte Suprema de Justicia de la Nación, Fallos, Pedro J. Bellman, Tomo 256, página 359). Finalmente, por simple mayoría, el Tribunal se pronunció sobre el alcance del control judicial en materia de actos emitidos por el Poder Ejecutivo durante la vigencia del Estado de Sitio, en el caso caratulado «Antonio Sofía y otros» (Corte Suprema de Justicia de la Nación, Fallos, Tomo 234, página 504).

Más allá de estas desinteligencias aparentes, lo cierto es que, bien cercanos a nosotros en el tiempo, se multiplican los casos de detenciones y avasallamientos. Acusado de mantener vinculaciones con la subversión y sustraído a los carriles de la justicia ordinaria, el periodista Jacobo Timerman pasó a depender de las decisiones de los Consejos de Guerra. Uno de ellos justamente, el Consejo de Guerra Especial N° 2, declaró que no existía ningún cargo contra el prevenido, que éste quedaba fuera de su jurisdicción y que no había motivos para prolongar su arresto. Esto ocurría a fines de setiembre de 1977. El 24 de octubre de 1979, Jacobo Timerman continuaba detenido.

En esa fecha, por segunda vez la Corte Suprema de Justicia decretó su libertad, mientras el Ministerio del Interior sostenía que el periodista mencionado era realmente subversivo, la Justicia, no había podido demostrarlo. Igual opinión sustentaba una parte del Ejército, recomendando que continuara su confinamiento, bajo régimen militar. Finalmente, se anuló su ciudadanía argentina, se confiscaron sus bienes y se lo expulsó del país. Fue una forma de concederle la libertad sin acatar la decisión de la Corte.

Quizás el caso de Juan Gregorio Alfonso sea todavía más patético. Porque Alfonso fue juzgado, condenado a siete años de prisión por el delito de asociación ilícita y cumplió esa condena el día 18 de agosto de este año. Cuando pensaba reencontrarse con la vida, no se lo excarceló: quedó a disposición del Poder Ejecutivo. Casos similares abundan. Y también casos de ciudadanos que durante años permanecen encuadrados en esa curiosa figura «procesal» de nuestros días: a disposición del PEN. Sin cargo alguno establecido contra ellos, concretamente al menos. Sin juicio. Sin defensa. Sin condena.

Aunque parezca un recurso de humor negro el afirmarlo, Alfonso, dentro de todo, tuvo suerte. El juez federal doctor Pedro Narvaiz dio curso favorable al pedido de «habeas corpus» «interpuesto en su favor. En su fallo, el magistrado afirma: «No se puede admitir que ningún ciudadano pueda continuar detenido por razones secretas o confidenciales expuestas por organismos de seguridad del Estado y de las que no se informa, ni aun a los jueces». Como se ve no todo está perdido, todavía.

Fuente Consultada:
Formación Política Para La DEmocracia Tomo II Editorial Redacción
50 Cosas Que Hay Que Saber Sobre Política Ben Dupré – Editorial Ariel –

Concepto de Amnistía Diferencia con Indulto Aplicación en Argentina

Concepto de Amnistía
Su Aplicación en Argentina

Amnistía, extinción de la responsabilidad penal por la comisión de un delito y perdón del mismo por parte del Estado que, como único titular del Derecho legitimado para castigar, es también el único que puede ejercitar el derecho de gracia, una de cuyas manifestaciones es la amnistía. Por regla general se concede por motivos políticos, y consiste en un perdón total y absoluto del delito.

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Otros Temas Tratados:

1-Estructura Constitución Nacional Argentina

2-Concepto Igualdad Ante La Ley

3-Concepto Indulto y Conmutación de Penas

4-Concepto Estado de Sitio

5-Concepto La Anmistía

6-Concepto Garantías Constitucionales

7-Concepto La Libertad de Prensa

8-Concepto de Ciudadanía y Ciudadano

9-El Abuso de Autoridad en Democracia

10-Derechos Civiles y Sociales

La amnistía, junto al indulto y la gracia propropiamente dicha, no han existido siempre  con las características diferenciales que asumen en el moderno Estado constitucional, pero de todas formas eran conocidas ya en la antigüedad, como que configuran instituciones cuya finalidad es atemperar el rigorismo de la ley.

Por la amnistía, el Estado renuncia circunsiancialmente a su potestad penal. Lo hace, casi siempre, en virtud de requerimientos graves de interés público. Generalmente son causas políticas las que lo impelen a tomar esas decisiones. Más concretamente dicho, una aspiración a la concordia colectiva de una comunidad dada en un determinado momento de su historia. En esos casos, el Estado dispensa, teniendo en cuenta no a la persona sino al tipo de infracción y por ese motivo es que son beneficiados por la medida lodos aquellos que incurrieron en dicha falta.

A veces se confunde la amnistía con el indulto, pero la Corte Suprema la ha definido claramente. La tipifica, en primer lugar, como el olvido de un hecho delictuoso y justifica su existencia en el deseo del Estado de restablecer la calma y la concordia social. Expresa asimismo que la misma extingue la acción y la pena —si antes hubiese sido impuesta— y borra, al mismo tiempo, la criminalidad del hecho.

Determina, a continuación, que la amnistía es esencialmente general y que abarca a todos los sujetos comprometidos en una clase de delitos. Y termina consagrándola como un resorte exclusivo del Poder Legislativo, habilitado en ese sentido por el artículo 67, inciso 17 de la Constitución Nacional: efectivamente, en los Estados democráticos la amnistía debe ser concedida sólo por el Parlamento, como consecuencia del sistema de división de poderes, ya que es éste la única rama del gobierno que tiene la potestad de declarar la criminalidad de los actos creando al mismo tiempo las sanciones pertinentes y, per ende, la única capacitada para borrar los efectos de las mismas.

Es evidente que con respecto a la amnistía debe distinguirse dos aristas claramente diferenciadas: el aspecto jurídico de la misma y su aspecto político. Jurídicamente, la amnistía significa una excepción al derecho común, porque las prescripciones y la pena impuesta por el Código a un determinado delito son dejadas de lado y hasta el propio delito desaparece, como si el sujeto beneficiado no lo hubiera cometido, a tal punto que, en el caso de incurrir en una nueva infracción posterior, no será siquiera considerado reincidente.

Políticamente, por su parte, el valor de la amnistía es fundamental y es justamente en ese aspecto, más que nada, en donde deben buscarse los elementos que más la justifican. Diferentes gobiernos, por medio de sus legislaturas, han recurrido a ella, teniendo en cuenta básicamente las circunstancias sociales por las que se atravesaba.

Como la Constitución Nacional no fija limitaciones al respecto, la facultad de amnistiar inherente al Congreso comprende delitos e infracciones de cualquier especie y abarca todo el ámbito de la Nación; las provincias, por su parte, conservan el poder de amnistiar en el ámbito de su propia facultad punitiva.

El Indulto, es una medida de gracia por la que la autoridad competente perdona total o parcialmente una pena impuesta en sentencia firme. Puede solicitar el indulto la persona condenada, sus parientes o cualquier persona en su nombre, aunque las legislaciones también suelen dar legitimación para pedirlo al Gobierno o a los propios tribunales de justicia. El indulto se diferencia de la amnistía en que ésta supone la desaparición total del delito, que se tiene por no cometido.

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En los estados democráticos la amnistía solo puede ser concedida por el Poder Legislativo.

Los últimos proyectos
Es casi una constante que al asumir sus funciones los diferentes gobiernos civiles decreten amnistías de mayor o menor alcance. Desde los tumultuosos tiempos de las luchas que precedieron a la afirmación institucional del país y después, en medio de las guerras civiles, las amnistías fueron la moneda corriente a través de la cual los nuevos mandatarios propiciaban el olvido de lo pasado, tendían un manto sobre los enfrentamientos recién agotados y, de esa manera, aportaban a la pacificación del país y mitigaban las pasiones que se habían agitado violentamente en el seno de la sociedad hasta ese momento. Más adelante en el tiempo y con diferentes matices, se continuó con esa tradición.

Quizá las más resonantes leyes de amnistías contemporáneas hayan sido las dictadas por el gobierno de Arturo Frondizi en 1958 —que contaba con el «aditamento» polémico de que si la misma abarcaba o no a la persona del ex presidente Juan D. Perón— y la de 1973, no bien asumió la primera magistratura Héctor J. Cámpora. En esta última oportunidad se trató de una amnistía de amplias características.

Fuente Consultada:
Formación Política Para La DEmocracia Tomo II Editorial Redacción
50 Cosas Que Hay Que Saber Sobre Política Ben Dupré – Editorial Ariel –

Mujeres en la Política Argentina Primeras Dirigentes Políticas

Mujeres en la Política Argentina
Primeras Dirigentes con Cargos Políticos

HACE mucho tiempo, alguien explicaba la diferencia entre hombre y mujer dibujando un círculo con dos flechas. Una, que tenía signo femenino, apuntaba hacia el centro; la otra, representando al hombre, señalaba hacia afuera. El símbolo era claro: el destino de la mujer estaba adentro, en el núcleo; todo lo de afuera, hasta el infinito, era para el hombre. Los dos juntos, componían la familia, célula básica de la sociedad.

Todavía no se logró, ni a nivel global ni nacional, un verdadero equilibrio en los cargos de gobierno representados por el género femenino. Cómo son las cuotas en el mundo y en el país. Qué debería hacerse para revertir la situación.

Según datos de CIPPEC, las mujeres representan 50% de los empleados del Poder Ejecutivo Nacional (PEN), pero solo 30% corresponde a personal jerárquico, es decir, ministros, secretarios, subsecretarios, directores nacionales y generales, y titulares de organismos descentralizados e instituciones de la seguridad social. Para estos cargos no electivos, no existen leyes de cupo que garanticen un piso de acceso. Hoy, solo 14% de los ministerios y 13% de las secretarías están dirigidos por mujeres, de acuerdo a la misma fuente.

La interpretación de aquel dibujo era válida, sin duda, porque esa fue la idea fundamental sobre la cual, desde el comienzo, la Humanidad determinó cómo sería la vida de cada uno de los componentes de la pareja.

Y el hombre (no hablamos de la primera acepción del término: «animal racional, individuo de la especie humana en general», sino de la segunda que se le adicionó posteriormente: «varón»), el hombre decíamos, que creó y codificó las pautas culturales, que alteró la ecología modificando la naturaleza, que logró enunciar e imponer las leyes, que pudo crear un método científico de análisis e interpretación de las ideas y de los hechos, que propulsó la ciencia, el arte y la tecnología, que se convirtió en agente de cambio de la realidad que deseaba mudar, no pudo, no quiso, no intentó cambiar aquella idea básica, jamás.

Es más, siguen asegurando que es inmodificable y la convirtió en premisa; instiló en la mujer una multitud de imperativos «naturales», la confundió con las responsabilidades ilimitadas y exclusivas de ser la conservadora de la especie, la llenó de tabúes y prejuicios y le hizo creer, durante siglos, que realmente, su lugar es el centro del círculo, el que no sólo no debe abandonar jamás, sino al que debe impedir que entren conocimientos, ansias, fantasías ajenas al mundo de los hijos y la cocina.

Y esa idea, así como fue estructurada, se galvanizó de tal modo, que resistió evoluciones y revoluciones sin modificarse. Recién a fines del siglo XVIII, el gran colapso de la Revolución Industrial la arrancó del hogar, y las dos guerras mundiales la lanzaron a los puestos de avanzada que habían dejado los hombres beligerantes.

En esas circunstancias aprendió el valor económico de su trabajo y comprendió la importancia social de su presencia y de su aporte. Pero seguramente, fue la gran revolución de las comunicaciones, la que la acercó al verdadero conocimiento del mundo circundante. Después de miles de años, rever la dirección de la flecha que marcó su destino desde el comienzo, le significó duras peleas y dejar en el camino girones de su personalidad y su sensibilidad tan cuidadosa y secularmente cinceladas.

Forjarse un nuevo pensamiento, generarse nuevas expectativas, asignarse un nuevo rol social, fue muy duro y costoso, pero mucho más lo fue —lo es—, modificar la orientación de la simbólica flecha masculina. Luchas contra las propias limitaciones, producto de la falta de ejercitación de los derechos y la falta de una historia cultural y social, siendo duro, lo es mucho menos que luchar contra la historia cultural y social del hombre, librarlo de preconceptos incorporados a su mentalidad y abrir en su mente la posibilidad de otros estilos en su relación de pareja y de familia.

Los grupos organizados: Donde más se siente la dificultad para la incorporación masiva de la mujer a la sociedad activa, es en el mundo de los grupos organizados. Los clubes masculinos, los sindicatos y los partidos políticos, refuerzan sus murallas para resistir el avance creciente de la presencia femenina.

Los clubes de hombres agonizan lentamente, tal vez porque al ser estáticos no soportan la presión. Los sindicatos, favorecidos por el aporte obligado por la ley y la necesidad de los trabajadores de pertenecer a una organización de su gremio, crecen permanentemente en poder económico y político (obviemos los inconvenientes coyunturales) y no necesitan preocuparse por la situación sindical de sus afiliados que, difícilmente, pueden acceder a los sectores de poder, no sólo porque es una lucha muy dura, sino porque la falta de una militancia activa por distintas razones, de las cuales las familiares son las de más peso, las va dejando rezagadas en los niveles medios y de base.

Basta con observar la integración de los gremios con mayoría de mujeres, como Sanidad, Vestido, Docentes, etc. La ausencia —o una presencia muy débil— de mujeres en los cargos de conducción de los respectivos sindicatos, demuestra la desproporción entre el número de conducidas y conductoras. Pero donde aparece más clara la lucha entre la necesidad y la tradición, es en los partidos políticos, sobre todo en este momento de la historia nacional, próximo a las elecciones y las organizaciones partidarias.

Obligados por el estatuto de los partidos políticos, los candidatos para cubrir los cargos, tanto en el orden de la organización interna como en las listas que se presentarán en las futuras elecciones en todo el país, deben surgir de la masa de afiliados, cualquiera sea el sistema derivado de la Carta Orgánica respectiva (cuerpos colegiados o voto directo).

Y la masa de afiliados tiene un valor cuantitativo, no cualitativo, de manera que, en la emergencia, una presencia femenina vale tanto como una masculina. A partir de esa necesidad, los dirigentes partidarios, se lanzan a la campaña proseli-tista en la búsqueda de fichas de afiliados, y las mujeres, esa innominada e ignorada masa, a la que no se incorporó a las mesas de conducción, a la que no se invitó a los «diálogos políticos», pasa a desempeñar un papel protagonice En este momento de la recaudación de fichas y a la hora de la recaudación de votos, los dirigentes recuerdan el caudal de reivindicaciones que las mujeres están esperando desde hace años.

La flecha que apunta hacia el núcleo y la que apunta hacia el infinito de pronto se borran cuando las computadoras marcan que el 50% de los padrones tiene signo femenino. Y en la emergencia, en las vísperas de elecciones internas y nacionales (involucramos en la expresión provinciales y municipales), los partidos prevén y conceden a las mujeres porcentajes estables en las listas de candidatos.

El Partido Justicialista, desde sus orígenes tiene un porcentaje proporcional, porque la Rama Femenina tiene un tercio de posibilidades en paridad de condiciones con la rama masculina y la gremial. En los demás partidos, suele concederse lugares muy importantes sin chances electorales: las candidaturas a la vicepresidencia por ejemplo en partidos no mayoritarios, llena de orgullo pero carece de factibilidad. Sería más útil un lugar en las listas de diputados, senadores o concejales con posibilidades de resultar electos.

En algún caso y en los órdenes locales, algunos partidos ofrecieron a las mujeres un lugar de cada tres en las listas. También posibles candidatos sugieren que un tercio de todos los cargos electivos y nombramientos del futuro gobierno sean para las mujeres, pero, como es de imaginar, tales proposiciones no salen de los partidos que tienen buenas chances electorales.

Todo parece de gran justicia, pero cabe preguntarse: cuando los sectores del poder partidario «ceden» un tercio —o un cuarto o la proporción que sea—, ¿por qué siempre está implícito que se trata del tercer, el sexto, el noveno lugar de la lista? ¿Por qué no puede ser el primero o el segundo? Porque el hecho de que una mujer encabece la lista de candidatos a diputados, senadores o concejales, parece ser una alternativa nunca prevista en la vida política argentina.

En 1991, la Argentina se convirtió en el primer país del mundo en incorporar una cuota de género en su legislación electoral. La iniciativa fue de un grupo de mujeres de la Unión Cívica Radical y del peronismo. Así, se sancionó la Ley 24.012 o de cupo femenino, que exige la nominación de un mínimo de 30% de mujeres con posibilidad de resultar electas en las cámaras de diputados y senadores.

PRIMERAS MUJERES DE LA POLÍTICA ARGENTINA

Alicia Moreau de Justo

Alicia Moreau de Justo fue un exponente de esas oleadas inmigratorias que conformaron la Argentina aluvial. Esta intelectual nació el 11 de octubre de 1885 en Londres. Sus padres habían sufrido la expulsión de Francia por su participación en la Comuna de París (1871). Así, hacia 1890 arriba a tierras argentinas, pasa su niñez en el barrio de Floresta.En 1920, Alicia Moreau se afilia al Partido Socialista en el que militará toda su vida. Cuatro años más tarde se casa con su líder Juan Bautista Justo y tienen tres hijos. (Ver Su Biografía)

Ana Zaefferer de Goyeneche

Ana Zaefferer de Goyeneche fue candidata a vicepresidenta de la República, pero por un partido que no podía aspirar a ganar las elecciones. El Partido Cívico Independiente y el candidato presidencial era Juan Bautista Peña.

Blanca Stábile

La  doctora Blanca Stabile comenzó a militar en la política en 1955 y   fue testigo y partícipe de la concepción de esa nueva corriente que encarnaron Arturo Frondizi y Rogelio Frigerio. Justamente fueron ellos quienes la animaron a abandonar sus cátedras universitarias para que se dedicara de lleno a la política. Esta activa dirigente del Movimiento de Integración y Desarrollo fue coordinadora general de las actividades de la mujer en el plano nacional y miembro de la comisión política del Comité Capital. En el pasado fue electa diputada nacional, en las anuladas elecciones de 1962 en la provincia de Buenos Aires, y desempeñó otros importantes cargos en el seno del partido. «La mayor parte del mérito de que una mujer actúe en política se debe a un hombre», reconoce así el apoyo que le brinda su marido. «Detrás de una dirigente destacada —subraya— siempre hay un hombre».

Ana Rosa Serrano

Ana Rosa Serrano, dice: «El peronismo es la única fuerza política argentina que tiene una rama especialmente
dedicada a la mujer con autonomía propia y en igualdad de atribuciones con las otras dos ramas: la masculina y la gremial».
Fue diputada nacional peronista por la Capital Federal, y expresa: «Lo único que puedo decir es que no sólo somos sumamente importantes por el caudal electoral que representamos, sino porque fundamentalmente somos las que, de una u otra manera, educamos al hombre del mañana. Si nuestra aspiración es tener una sociedad justa y equilibrada como la que soñaron los grandes hombres del quehacer argentino, las mujeres tenemos que participar ya que ésa será la única forma de influir en las decisiones y ejecuciones de la política.»

María Elena Perrone

 María Elena Perrone cuando inició su participación política era una avanzada estudiante de la licenciatura de Ciencias Políticas de la Universidad del Salvador. Pero no fue su única actividad: al contrario, la militancia política es el quehacer fundamental de su vida. Proveniente de una familia de antigua raigambre radical, entre cuyos antepasados se cuentan, incluso, fundadores del partido, ha sido siempre dentro de esta agrupación donde desarrolló ininterrumpidamente su accionar político. «Yo vengo de una familia de políticos —afirma—, como quien dice me he formado en el análisis político de la realidad. No es ése, por cierto, el caso de la generalidad de las mujeres, que suelen opinar, por efecto de la formación recibida, que la política es cosa de hombres». En su dilatada campaña en filas radicales, la señora Perrone ha enfrentando importantes responsabilidades y ocupado destacados lugares de lucha: convencional, delegada al Comité de Capital, candidata a concejal en 1973. «La mlitancia exige una gran dosis de esfuerzo, de sacrificios. Implica una permanente lucha, de todos los días.»

Irene Rodriguez

Irene Rodriguez: «Cuando pudimos participar de elecciones , el 50 por ciento de los concejales comunistas electos fuimos mujeres. Y de las dos fórmulas presidenciales que tuvo el PC argentino formamos parte mujeres: en 1951 Alara de la Peña acompañó a Rodolfo Ghioldi y ahora integro el binomio junto con Rubens Iscaro.» De las cien mil afiliaciones logradas por la agrupación , el 30 por ciento pertenece a adhesiones femeninas.
«La mujei —agrega la entrevistada— participa de los órganos de dirección general en todas las instancias. Tres mujeres formamos parte de la Comisión Política Nacional y además hay comisiones femeninas.» Irene Rodríguez sabe por experiencia —tiene dos hijos y tres nietos— que no es fácil para la mujer acercarse a la política. «El partido ofrece un puesto de lucha de acuerdo a la posibilidad y voluntad de cada simpatizante. Naturalmente, para la mujer todo es más difícil porque tiene que vencer mayores dificultades que el hombre, resabios y las condiciones concretas de vida: trabajo, atención del hogar, y cuidado de los niños».

Susana Pérez Gallart

Susana Pérez Gallart: A los 18 años y en filas de la UCR comenzó su actuación política. Cuando se produjo la escisión de esta agrupación, la hoy licenciada en Relaciones Públicas y secretaría de Prensa del Partido Intransigente se integró a la UCRI. Fue luego miembro de la Comisión Organizadora del PI, secretaría de Relaciones de su Bloque de Diputados y forma parte, en la actualidad, de la Comisión Nacional de Acción Política de dicho nucleamiento. En su análisis acerca de la participación política de la mujer y su inserción en el seno de los diversos partidos, la doctora Pérez Gallart hace hincapié en los antecedentes históricos que rodean la actuación pública femenina: «Históricamente, no sólo en la República Argentina sino en todos los países, los partidos políticos han sido un feudo exclusivo del sexo masculino. La mujer quedaba relegada a otras actividades: la casa, los hijos, eran sus deberes exclusivos y excluyentes. Podía, en casos excepcionales, desarrollar algún tipo de actividad política pero ella se desenvolvía siempre en los niveles subalternos, secundarios. Por otra parte, esas actitudes excepcionales, eran miradas críticamente por los diversos sectores
sociales.

Mejide

Graciel Fernandez Mejide: es una activista de derechos humanos y política argentina. Cobró prominencia como activista por los derechos humanos durante el Terrorismo de Estado del autodenominado «Proceso de Reorganización Nacional», cuando su hijo, estudiante de 17 años, desapareció en una operación gubernamental clandestina. Formó parte de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) a partir de 1983, y fue luego una de las principales dirigentes del Frente País Solidario (Frepaso). Tras encabezar el triunfo electoral de la recién formada Alianza en la provincia de Buenos Aires, disputó las elecciones internas por la presidencia de la Nación con el candidato radical Fernando de la Rúa. En octubre de 1999 fue candidata de la Alianza a Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires. Formó parte del gabinete ministerial de Fernando de la Rúa, pero renunció, retirándose prácticamente de la vida política desde la desaparición del Frepaso y la Alianza.

Chiche Dualde

Hilda «Chiche» Duhalde: Nacio en 1946, casada con Eduardo Duhalde, ex presidente de la Nación. Es una política y docente argentina, ex primera dama y exsenadora por el partido Peronismo Federal. En 1997 fue electa diputada, representando a la provincia de Buenos Aires, cargo para el que fue reelecta en 2003. En las elecciones de 2005 fue elegida senadora por la misma provincia por el Partido Justicialista, el cual concurrió a elecciones dividido.

Otras mujeres argentinas que ocupan u ocuparon un cargo poliítico de gerarquía en la estructura política nacional:

Cristina Fernández de Kirchnner ocupó por 8 años el cargo de Presidente Nacional, Gabriela Michetti es la actual vicepresidente de la Nación, María Eugenia Vidal es la gobernadora de la mayor provincia argentina y Elena Highton es la representante del género femenino en el máximo Tribunal de Justicia. Patricia Bullrich, en Seguridad, y Carolina Stanley, en Desarrollo Social, son las figuras femeninas que ocupan cargos jerárquicos en el gabinete del Gobierno actual.

Fuente Consultada:
Formación Política Para La Democracia Editorial Biblioteca de Redacción Tomo II – La Política y La Mujer –

La Educación Militar Valores, Principios y Doctrina Nacionalista

La Educación Militar Argentina

Las raíces de la conflictiva relación entre los militares y la democracia  probablemente se encuentran en la educación recibida a lo largo de su carrera, que va moldeando los rasgos profundos de sus personalidades, definiendo sus opiniones, sus actitudes básicas, sus valores. ¿Hasta qué punto ellos son compatibles con su adaptación a un sistema democrático?

Las tres últimas décadas han visto en América Latina excepcionales progresos en lo que refiere a relaciones cívico-militares.  El fin de las dictaduras  militares durante la década de 1970 y los años 1980, y la llegada (o retorno) de la democracia, ha sido considerado como uno de los momentos más  importantes para el progreso de la región desde su  independencia. La democracia se ha convertido en  un objetivo, al menos declarado, de toda la región, e incluso los gobiernos más autoritarios han tenido  que encontrar maneras de hacer sobrevivir procesos democráticos como elemento central de su vida política.

En medio de toda esta actividad positiva que se ha producido casi de forma generalizada, aunque con importantes excepciones, se dio la concreta subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil y constitucional. Esas mismas  Fuerzas Armadas, sin embargo, cuando se trata de la reforma de sus sistemas universitarios militares, han estado menos ansiosas por avanzar rápidamente hacia el cambio y reforzar la democracia a través de la preparación de los  futuros oficiales. (Ver Un Apunte)

La formación de los jóvenes: Lo más importante de la formación militar se realiza en el Colegio Militar, en la Escuela Naval o en sus equivalentes. Los jóvenes cadetes entran allí en la edad en que más permeables son a las influencias, con su personalidad aún no totalmente definida. El aislamiento del medio civil, con el cual los contactos se reducen al mínimo, ayuda en esa intensa tarea de moldeamiento de la personalidad, de adaptación a las exigencias de la vida militar, de adecuación a sus pautas y valores.

Colegio Militar

Hasta ahora la educación de los militares argentinos no ha enfatizado en las ventajas de la democracia. No es de extrañar entonces que las actitudes básicas de muchos de los oficiales de las fuerzas armadas presenten alguna incompatibilidad con el régimen democrático.

En esta educación —y debido a una tradición muy arraigada en nuestro Ejército—tienen una gran importancia los aspectos formales; saludos, fórmulas y ceremonial, todo lo que constituye la etiqueta militar y define los rasgos institucionales, recibe particular atención, en tanto se relaciona con una concepción rígidamente jerárquica y hasta estamental del servicio.

El resto de la enseñanza está básicamente orientada a la formación del combatiente, de modo que la educación general, la que contribuye a la formación integral de la persona, que podría atenuar al rigor de la formación profesional, es particularmente débil. No hay, ciertamente, una preocupación mayor por las humanidades y por la adquisición de ideas y valores universales, que trasciendan lo castrense.

La Historia, —la «maestra de la vida» de los antiguos— «será considerada con la mayor amplitud demostrándose cómo la Argentina ha llegado al puesto que ocupa entre las naciones de América, examinando su situación política, y la acción de los grandes hombres», dice un texto militar de 1918, que cita Alain Rouquié. En esta historia que se quiere tan donaría.

Doctrina política. De él, Rouquié ha extractado un párrafo revelador. Luego de denunciar la violación del «orden natural por el liberalismo, antecámara del bolcheviquismo«, Genta aboga por una «educación cristianocéntrica, patriótica, tradicionalista y jerárquica» y se pronuncia por una dictadura militar, «necesidad absoluta para salvar al país del sufragio universal… elección inorgánica, niveladora y anónima… prostitución universal».

También están los profesores civiles de los institutos militares, generalmente reclu-tados en los ateneos, círculos o sociedades ultranacionalistas, constituidos precisamente para hacer llegar ese mensaje a las fuerzas armadas. De esos círculos provienen luego los técnicos, los asesores, los consejeros. Su discurso tiene tres o cuatro rasgos básicos, cuya machacona repetición termina siendo eficaz.

En primer lugar, el anticomunismo radical, que se une a la apelación a las fuerzas armadas como escudo contra su avance. Luego el elitismo, la reivindicación de los valores de las auténticas minorías dirigentes, contra la ignorancia de las masas. A esto se unen el hispanismo, el catolicismo integrista y preconciliar, y hasta la apelación a una concepción heroica de la vida, que encuentra en la muerte sus más altos valores. Todo esto constituye el mensaje antiguo y tradicional; el moderno, en cambio, suele adoptar el lenguaje de la geopolítica, denuncia el avance del imperialismo y legitima la búsqueda del «espacio vital» para la comunidad nacional.

Las actitudes básicas: El oficial, en su carrera de joven cadete a maduro jefe superior, es acosado y bombardeado con todo tipo de mensajes que, aunque difieren en sus orígenes, coinciden en su mayoría ,en la opinión negativa sobre la organización democrática de la sociedad civil. No es de extrañar entonces que las actitudes básicas de muchos de los oficiales de las fuerzas armadas presenten alguna incompatibilidad con el régimen democrático.

En primer lugar, el espíritu de cuerpo, que la institución se encarga tan celosamente de arraigar, deriva en una acendrada convicción acerca de la superioridad de la institución militar sobre la sociedad civil, en términos de eficacia y coherencia. Desde esa perspectiva, es notoria la poca capacidad de los militares para comprender plenamente la heterogeneidad de la sociedad, su carácter intrínsecamente conílictivo y su transformación permanente. Tales rasgos suelen ser considerados, ya como signos de anarquía, ya como testimonios de una nefasta subversión.

Acostumbrados a la uniformidad y jerarquía de la institución, el pluralismo democrático suscita en muchos de ellos el reclamo de la unidad y la eliminación de las disidencias, mientras que el descubrimiento de la evolución de la sociedad —tanto sea en sus aspectos básicos como en otros tan superficiales como una moda capilar— origina un rechazo, la exigencia del quietismo y la conservación de unos valores que acostumbran a identificar —sin que esté claro por qué— con lo que llaman «nuestra tradición occidental y cristiana».

Si les cuesta comprender cómo funciona la sociedad, más difícil les resulta entender su comportamiento político. Todo el funcionamiento de las fuerzas armadas se apoya en el principio de la subordinación, en la existencia de quien manda y quien obedece, en el principio de que la comprensión general de las situaciones sólo reside en el nivel más alto de la decisión.

Por otra parte, la concepción militar, inculcada en las escuelas profesionales y poco balanceada con una adecuada formación general, acostumbra a dividir a los actores políticos, igual que en la guerra, en dos sectores inconciliables: amigos y enemigos.

A partir de estas premisas, es difícil entender la política, que es el arte del diálogo, la negociación y la transacción, el ámbito de los medios tonos y los grises. Menos aún, es posible admitir que el de la política sea el mundo de la participación, la discusión igualitaria y la elaboración del consenso a partir del disenso. No extraña, entonces, que reiteradamente las primeras medidas de los gobiernos militares apunten a suprimir por decreto el mundo de la política. No extraña, tampoco, que los militares con real  capacidad política puedan ser contados con los dedos de las manos.

Tales son las raíces del mesianismo militar, y de una política que, reiteradamente, tiende a romper el juego democrático. Quizás haya llegado la hora en la que el mundo de la democracia imponga sus propios principios en el ámbito de la formación militar.

Fuente Consultada:
Formación Política Para La Democracia Editorial Biblioteca de Redacción Tomo II – Los Militares y La Democracia – Educación Militar –

Intervencion de los Militares en la Política Argentina Doctrina

Intervención de los Militares en la Política Argentina
La Doctrina Que La Justifica

Antecedentes de los militares en política: La participación de los militares en la política no es cosa nueva. En los primeros años que precedieron a la declaratoria de la Independencia y en los períodos siguientes de luchas intestinas y de afirmación de la vida institucional, generalmente se daba en un mismo individuo el doble papel de hombre de armas y de estadista. Aunque muchas veces eran militares improvisados, obligados por las circunstancias políticas, un rápido repaso por la galería de nuestros proceres bastaría para demostrar esta afirmación como cierta.

Los caudillos del interior jugaron un parecido doble papel. Más adelante, Sarmiento, Mitre, Roca, serán ejemplos acabados de esa complementación de jefe militar y político al mismo tiempo.

intervencion militare en argentina

Con el decantamiento de las formas de democracia, los campos se fueron delimitando con mayor claridad y las funciones que correspondían asumir en la sociedad a ambos sectores, los civiles y los militares, también se fueron iluminando. La conducción política correspondía, sin duda alguna, a la civilidad.

La Constitución siempre lo había determinado con claridad: las fuerzas armadas son el brazo militar que debe defender la soberanía, pero en todo se subordinan ai poder civil. Tanto dependen de éste que el Presidente de la República es considerado el jefe máximo de dichas fuerzas.

Las esporádicas apariciones que después de 1930 fueron realizando los militares como tales —unas veces por propia voluntad y otras porque fueron a buscarlos— dejaron de ser formas de participar en la política y se transformaron en formas de irrumpir en ella. Irrupciones poco benéficas, en realidad y preñadas siempre de paternalismo y mesianismo.

Frente a esa forma militar de hacer política —a todas luces ilegal— hay también otra larga tradición rebosante de militares, que, despojados de esa investidura actuaron políticamente.

Las filas de casi todos los partidos contaron y cuentan con algunos militantes de extracción castrense. Por otra parte, es innegable la influencia fundamental que las fuerzas armadas han jugado en la vida política de nuestro país. Baste para ello recordar que los dos únicos presidentes constitucionales que en los últimos 50 años cumplieron totalmente su mandato en la Argentina, —Agustín P. Justo y Juan  Perón—, eran generales.

Durante el segundo gobierno peronista (1952-55), fue un marino, el almirante Alberto Teissaire, quien accedió a la vicepresidencia de la Nación a través de la compulsa electoral de 1953, después de haber ocupado una banca de senador nacional y presidido la cámara alta entre 1946 y 1952.

En años anteriores habían sido dos militares radicales, Atilio Cattaneo y Gregorio Pomar, los militantes políticos más famosos de extracción castrense.

Años después, en 1963, fue el general Pedro Eugenio Aramburu (presidente de facto entre 1955 y 1958) quien se presentó a elecciones nacionales encabezando la fórmula presidencial del partido Unión del Puebio Argentino (UDELPA), uno de cuyos diputados electos seria el capitán de navio (retirado) Francisco G. Manrique.

Este último se postularía diez años después para la presidencia de la Nación, al frente de la fórmula de la Alianza Popular Federalista (PF-PDP). En esas mismas elecciones, las de 1973, hubo también otro candidato militar, esta vez surgido de la Fuerza Aérea: el brigadier Ezequiel Martínez, cuya postulación fue promovida por el general Alejandro Agustín Lanusse, entonces presidente de facto y frustrado aspirante a la militancia política.

Las ideologías antidemocráticas
Entre las fuerzas armadas han tenido siempre mucha resonancia las ideologías antidemocráticas, particularmente las de inspiración fascista en sus diversas variantes. Esto no es privativo de nuestro país. Samuel Huntington ha señalado, en El soldado y el Estado.

Teoría y práctica de la relación entre lo civil y lo militar, las afinidades existentes entre la ética militar y la ideología fascista, y particularmente la común concepción de un «hombre débil, malo e irracional, que debe ser subordinado al grupo».

En nuestro país, las diferentes ideologías fascistas tuvieron mucha difusión: el elitismo  de Maurrás, el fascismo de Mussolini, el nazismo en alguna medida, el franquismo luego. Todo esto sedujo a algunos de nuestros intelectuales y a muchos de nuestros militares, quienes encontraban afinidad con ese tipo de discurso, heroico y reaccionario a la vez.

En 1922 Leopoldo Lugones anunció el advenimiento de «la hora de la espada». Poco después, con la sublevación militar de 1930, el gobierno nacional proclamaba públicamente su adhesión a muchos de esos principios, aun cuando luego retomaran el control los grupos conservadores más tradicionales.

La influencia del nacionalismo creció en las fuerzas armadas al calor del ascenso mundial del nazismo y el fascismo. Se descubre su inspiración en los revolucionarios de 1943 y aun en muchos aspectos del propio. Perón.

Después de 1955 —cuando el nacionaiismo tiene otro momento de gloria durante la presidencia de Lonardi— permanece algo en segundo plano, aunque siempre pronto a reaparecer a través de ciertos textos y proclamas.

La ideología nacionalista adopta diversas formas. En algunos casos, predominan en ella los contenidos tradicionalistas, hispanistas y católicos, orientados a justificar el inmovilismo social y la imposición de gobiernos autoritarios.

En otros casos, es un aditamento a propuestas orientadas al desarrollo económico autárquico, con fuerte énfasis en las industrias de base. A veces, se apela a la unión de las fuerzas armadas con el pueblo, y se propone un programa movilizador muy apartado del nacionalismo reaccionario.

Pero sobre todo, el nacionalismo ha servido para reforzar la antigua cruzada anticomunista (ya hoy casi olvidada), combatiendo a la corriente de pensamiento a la que se atribuye su origen: el liberalismo. No es raro oír —en el discurso militar y en el de los civiles que lo inspiran— que el principio de todos los males se halla en la Revolución Francesa —difusora de los Derechos Humanos—, y aun en el siglo V antes de Cristo, momento en el que, como es sabido, nació en Grecia la democracia.

En el seno de las fuerzas armadas, la ideología nacionalista está en permanente pugna con la llamada liberal. Tal la raíz del enfremamiento entre Uriburu y Justo, entre Lonardi y Aramburu, o entre Onganía y Lanusse, por citar los casos más conocidos.

Pero es dudoso que esta corriente liberal, vinculada con el conservadurismo clásico, sea realmente afín con la democracia. En la década del 30 sustentó en realidad a la llamada democracia fraudulenta, y luego de 1955 a un largo período de democracia viciosa, que proscribía al partido mayoritario.

En la actualidad, la corriente llamada liberal pone el acento, antes que nada, en la libertad de empresa, es decir en una política económica que atienda a los intereses de los grandes empresarios, y que incluso utilice la intervención del Estado en la economía para allanarle dificultades.

Al igual que los grupos civiles en los que se apoya, quienes se identifican con esta corriente han separado progresivamente el liberalismo de la democracia. Lo que ha de buscarse —sostienen— no es el triunfo de la «voluntad colectiva», ignorante y fácil presa de la demagogia, sino el dominio de la «razón colectiva», es decir de la voluntad de los bienpensantes.

En este caso, las ideologías dominantes entre las fuerzas armadas han seguido el mismo camino que sus homologas civiles, para quienes la democracia ha dejado de ser un valor en sí mismo.

Las actitudes profundas

Estas ideologías tienen particular resonancia en el ámbito militar, pues son afines con ciertas actitudes profundas, enraizadas en la formación misma de sus miembros. Espíritu de cuerpo, valoración de la jerarquía y la subordinación, maniqueísmo, son actitudes que moldean una cierta visión de la sociedad —y sus conflictos— y del modo de gobernarla y dirigirla.

La sociedad civil se les aparece como esencialmente desorganizada y anárquica, carente de objetivos y metas comunes, y presa de la lucha facciosa. Todo ello —se piensa— la deja indefensa frente a la agresión subversiva, que es concebida como una suerte de infección provocada por agentes externos.

La eliminación de la enfermedad requiere, además de antibióticos y eventualmente extirpaciones, de una reforma profunda de la sociedad, que la fortalezca frente a la agresión, y que sólo puede ser realizada por la única institución que conserva su orden en medio del caos.

Convencidos de ser los salvadores de la patria —pues el mesianismo es otra de las actitudes hondamente arraigadas en ellos—, los militares se proponen organizar y unificar a la sociedad, acallar las voces discordantes y concitar la adhesión de sus partes sanas en pro de ciertas metas comunes, como la concreción del «destino de grandeza».

Para ello, es necesario estructurar la sociedad caótica según el modelo de las fuerzas armadas, mediante organizadones fundonalmente especializadas y jerárquicamente articuladas, tal como lo propone el mensaje corporativista propio de la. mayoría de las ideologías nacionalistas.

Sobre todo, es necesario restaurar el principio de autoridad. Tal como ocurre en las fuerzas armadas, no se trata simplemente de la decisión inconsulta del superior; por el contrario, lo propio de este es recabar opiniones de sus subordinados y tenerlas en cuenta.

Pero en la autoridad superior reside la racionalidad adecuada para integrar esas visiones parciales y transformarlas en una decisión general, que una vez tomada debe ser acatada sin discusión por los subordinados. Nuevamente, la visión militar y el mensaje corporativsta coinciden en esta perspectiva que es diametralmente opuesta de la democrática.

Las grandes doctrinas
Las ideologías recibidas y las actitudes profundas de los receptores confluyen en las grantes doctrinas militares, suerte de marco estratégico global que da sentido a la conducta militar, que ayuda a la formación de los miembros de la institución y legitima su acción a los ojos del resto de la sociedad.

Estas doctrinas se elaboran en los niveles superiores, y son difundidas en instituciones destinadas a jefes y oficiales de alta graduación.

Aunque conservan ciertos rasgos básicos, estas doctrinas se van adecuando a las épocas.

En los últimos cincuenta años pueden individualizarse dos o tres grandes doctrinas: la de la nación en armas, la de la seguridad y el desarrollo nacional y —como variante de aquélla— la de la seguridad nacional, a secas.

La doctrina de la nación en armas es propia de la época de las guerras mundiales, y madura durante la Segunda Guerra Mundial, cuando la institución militar comienza a preocuparse seriamente por la situación del país en un mundo que las grandes potencias se estaban repartiendo.

Se pregunta cómo podría prepararse el país para el caso de no poder evitar verse envuelto en la guerra. La inquietud central pasaba por la escasa autonomía de la organización económica, dependiente de exportaciones e importaciones.

Las tropas rebeldes hacen su entrada triunfal en Buenos Aires en medio de los vítores y pañuelos en alto (1955).

También preocupaba la posible existencia de disidencias internas, de conflictos que debilitaran a la nación frente a sus enemigos.

Así, lo que empezó a ser conocido como Doctrina del Estado Mayor puso el acento en primer lugar en todos aquellos sectores de la economía que tuvieran que ver con la autarquía nacional: combustibles, acero, productos químicos y petroquímicos, que requerían para su desarrollo del estímulo o aun de la dirección del Estado.

También, en las propuestas políticas que aventaran el peligro de la disidencia interna, y especialmente la de los sectores trabajadores. De alguna manera, la fórmula política peronista se ajustó a los requerimientos de esta doctrina.

Las condiciones mundiales variaron a lo largo de la década de 1950. El conflicto se polarizaba ahora entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, y para el país la independencia y la neutralidad no sólo eran imposibles sino que ni siquiera eran deseables.

El triunfo de la Revolución Cubana, sobre todo, avivó para los sectores propietarios y para las fuerzas armadas el fantasma de la subversión social.

La nueva doctrina militar no ponía ya el acento en la independencia nacional frente a cualquier injerencia externa sino en la salvaguarda de las «fronteras ideológicas». Estas debían separar a nuestra sociedad de un enemigo que actuaba desde adentro y que, muy genéricamente, se denominaba «comunismo».

En la década del sesenta se acostumbraba a pensar —dentro y fuera de las fuerzas armadas— que la raíz del problema estaba en el «subdesarrollo» y que en consecuencia una política que alentara el crecimiento de la economía, asegurara el empleo y niveles de ingreso adecuados para los trabajadores, alejaría el fantasma de la subversión.

Para ello era lícito y deseable recurrir al apoyo de los capitales extranjeros, como lo propuso el desarrollismo frondicista y, en una versión algo distinta, el programa del ministro Adalbert Krieger Vasena en 1967.

Pese a sus diferencias, había, para las fuerzas armadas un elemento común: el Estado debía remover los obstáculos para el desarrollo de las empresas, y por esa vía, eliminar el conflicto de la sociedad. Si los civiles eran incapaces de realizar esa tarea, las fuerzas armadas debían sustituirlos .Tal la doctrina de 1966.

Los resultados no fueron los esperados. Las políticas económicas, más que atenuar los conflictos, parecieron darles una gravedad extrema, sobre todo en los años que van de 1969 a 1976.

En consecuencia, el tema del desarrollo pasó a segundo plano, y los esfuerzos se concentraron en garantizar una seguridad interior que juzgaban amenazada y frente a la cual no cabían ya las soluciones indirectas, como el estímulo al desarrollo económico. Era necesario intervenir a fondo y extirpar el mal de raíz.

Los llamados grupos subversivos constituyeron la justificación ideal de una intervención, la que fue mucho más allá de ellos y se propuso disciplinar a la sociedad, eliminando toda disidencia.

En este punto, la doctrina de la seguridad nacional no sólo hizo tabla rasa con la democracia política: también acabó con las normas que, desde la organización del país, regulaban el funcionamiento de la sociedad civil y garantizaban los derechos individuales.

En nombre de la seguridad, se creó un nuevo poder, independiente e incontrolado, que se arrogó el derecho de tutelar a todos los ciudadanos, sin restricción de medios y recursos. Como nunca, la doctrina y la práctica militar quedaron alejadas de la forma y el fondo de la democracia.

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No sólo para derrocar gobiernos legalmente constituidos han salido los carriers a las calles de Buenos Aires. El desplazamiento del que se observa en la fotografía se debió al golpe que derrocó al general Onganía.

Qué hacer
Para un gobierno constitucional, ignorar el problema supone la seguridad del derrocamiento a no muy largo plazo. Aceptar las cosas como están y subordinarse al poder militar implica, en cambio, perder su legitimidad frente a la sociedad civil. Parecería que la única solución consiste en reformar, de algún modo, las relaciones entre las instituciones militares, la sociedad y el Estado, lo que supone, también, reformar a la propia institución militar.

El momento parece propicio, pues el consenso general de que algo debe hacerse para evitar nuestra clásica ciclotimia política, se agrega la convicción de muchos militares, quienes a la luz del desempeño de nuestras fuerzas armadas en el reciente conflicto con Gran Bretaña, creen que algo al menos debe ser cambiado.

Lo primero por hacer es la recomposición misma del sistema político, que debe demostrar su eficacia para dirigir a la sociedad. Debe quedar claro que por allí, y no por los factores de poder que actúan a sus espaldas, pasa la facultad de decisión. Simultáneamente, los distintos grupos políticos deben renunciar definitivamente a apelar a las fuerzas armadas para dirimir sus conflictos.

En todos debe arraigar la idea de que la consolidación de un gobierno civil es el objetivo absolutamente prioritario, más allá de quien lo encabece ocasionalmente.

El segundo paso consiste en la desmilitarización de la sociedad y en la restitución de las fuerzas armadas a sus funciones específicas. Los empresarios deben dejar de recurrir a los militares influyentes —más aún, cuando un correcto gobierno civil recorte esas «influencias»— y los puestos públicos, en la administración o en las empresas, deben volver a manos de civiles.

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Aramburu abraza a Frondizi después de haberle entregado el mando.
Luego éste se vio hostigado durante buena parte de su presidencia hasta que un nuevo golpe lo derrocó.

Pero, más allá todavía, es necesario proyectar la reforma de las fuerzas armadas, lo que en muchos casos significa simplemente volver a las viejas y sanas costumbres. Estas deben desentenderse de los problemas políticos y concentrarse en su desarrollo técnico.

Probablemente deban renunciar al sistema de conscripción general, útil como herramienta de control social pero poco adecuado para lograr un funcionamiento eficaz.

La propia educación militar debe ser revisada y adecuada para que, a través de ella, se insufle en los futuros oficiales una actitud positiva hacia la democracia.

Lo fundamental, sin embargo, es replantear las relaciones entre el poder político y las fuerzas armadas.

La cuestión de la defensa nacional, y todo lo que ello implica, debe ser resorte exclusivo del poder político, sin que ello signifique ignorar las opiniones autorizadas, y entre ellas las de los propios militares.

El poder político debe recuperar el control directo de aquellas herramientas, como la policía, las restantes fuerzas de seguridad y aun los servicios de informaciones, que cumplen una función de apoyo al Estado y no están vinculados con la defensa exterior.

Finalmente, las fuerzas armadas deberían ser redimensionadas para las necesidades reales de una defensa nacional que no tiene que implicar planes expansionistas sino, simplemente, la seguridad frente a la agresión externa.

La propuesta es ambiciosa, difícil de llevar a la práctica, y más difícil aún será hacerla aceptable para los interesados. Sin embargo, parece esencial para que una salida política lleve a la vigencia de la democracia real y duradera.

Ver: Educación de los Militares

Fuente Consultada:
Formación Política Para La Democracia Editorial Biblioteca de Redacción Tomo II – Los Militares y La DEmocracia

 

El Constitucionalismo Social Origen Objetivos y Concepto

El Constitucionalismo Social – Origen y Concepto

La aplicación de innovaciones técnicas a la producción de bienes que se operó desde la segunda mitad del siglo XVIII en Inglaterra y que primero se extendió a parte de Europa y a los Estados Unidos para hacerlo después a otros países del mundo, es un fenómeno al que se conoce como la Revolución Industrial. La Revolución Industrial permitió, en un proceso aún no concluido, la utilización de máquinas que reemplazaron a la producción artesanal del hombre. Esto posibilitó que fuera elaborada una mayor cantidad de bienes, con menos trabajo, en menos tiempo y a precios más baratos.

Como contrapartida, el excesivo afán de lucro y un desenfrenado individualismo provocaron repercusiones negativas en lo social. Se desvalorizó la dignidad del trabajo humano y se puso el acento sólo en su valor económico. El hombre comenzó a ser visto sólo como consumidor o productor y su capacidad de trabajo, como una mercancía más, despojada de sus rasgos de humanidad.

La consecuencia fue un grave deterioro de la persona del trabajador, derivada de la aplicación de largas jornadas de trabajo, condiciones laborales insalubres, hacinamiento en las viviendas y marginación de las posibilidades de capacitarse y de desarrollar su personalidad. La realidad ponía en evidencia que las graves condiciones impuestas al trabajo parecían dejar de lado la condición humana de quien lo realizaba.

Saludables reacciones nacidas dentro del mismo liberalismo y los aportes de las corrientes socialistas y de la doctrina social de la Iglesia Católica, unidas a la defensa de los derechos sociales efectuada por las organizaciones de trabajadores, contribuyeron, en primer lugar, a poner límites a esa situación, y luego, a establecer una convivencia armónica entre el capital y el trabajo.

Fue en la primera postguerra mundial adquiere auge una forma de constitucionalismo a la que se calificó como constitucionalismo social. El constitucionalismo social encuentra expresión en la constitución de México de 1917, pero no cobra ejemplaridad universal hasta que lo difunde la constitución alemana de Weimar en el año 1919.

El constitucionalismo moderno o clásico que, a partir de fines del siglo XVIII logra un carácter ecuménico, se propuso organizar el Estado sobre la base de un fin específico muy concreto, cual era el de proteger la libertad y los derechos del hombre. Limitar al Estado y deparar seguridad al individuo frente a él, fueron las dos características fundamentales con que aquella organización intentaba procurar el fin declarado.

Cuando en la segunda década de este siglo irrumpe el constitucionalismo social, la óptica cambia: no se trata de abolir o menospreciar lo que de rescatable se admitía en el anterior constitucionalimo, sino de ampliarlo con nuevos contenidos; hay que añadir y no amputar.

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El constitucionalista Germán Bidart Campos señala que «es la superación del liberalismo. Cuando el constitucionalismo entiende esa superación como un acercamiento al socialismo, o cuando directamente se pliega a él, la pérdida de los contenidos liberales del contitucionalismo clásico ya nos coloca ante una situación distinta: se deja de lado la valorización de la libertad y de los derechos individuales, que desaparecen de la finalidad del Estado, para reemplazarlos por pautas diferentes».

Cuando Venustiano Carranza asume la presidencia de México debió enfrentar la oposición de dos guerrilleros que habían acumulado mucho poder y que reclamaban una reforma agraria y el fin de la injusticia social: Emiliano Zapata en el sur. y Pancho Villa en el norte. En 1917, Carranza intenta consolidar su poder redactando una nueva Constitución. Para aquella época era un documento muy liberal que incluía un número de temas que facilitaban el trabajo, como el derecho de huelga, la jornada laboral de ocho horas, igual remuneración a igual trabajo, etc. La Constitución pretendía, incluso, deshacer las haciendas y distribuir la tierra entre los campesinos.

El constitucionalismo social se maneja con una pluralidad de lineamientos, que sin pretender agotar taxativamente, los estudiosos del tema clasifican así:

a) inclusión en las constituciones formales de una declaración de derechos «sociales» y «económicos», que abarcan el ámbito de la educación, la cultura, la familia, el trabajo, la asociación profesional o sindical, la propiedad, la economía, la minoridad, la ancianidad y la seguridad social, entre otros temas,

b) regulaciones en torno de la llamada cuestión social, que se refiere a la situación del hombre en función del trabajo y a las relaciones entre el capital y el trabajo, clases sociales y factores de producción, empleadores y trabajadores, sindicatos y Estado.

En nuestro país Nuestra Constitución, que data de 1853, surgió en una atmósfera que estaba muy lejos, en el tiempo, de la que iba luego a respirar el constitucionalismo social del siglo XX. Es imposible, entonces, pretender que los contenidos de éste aparecieran expresamente en las normas de 1853. Pero, debe quedar bien en claro que la omisión de normas como las que hoy abundan en constituciones contemporáneas no quiere decir que la Constitución de 1853 resulte impermeable al constitucionalismo social.

Al contrario, la Constitución del 1853 no se le opone en ninguna de sus normas ni en la interpretación que de la Constitución hizo y hace el derecho judicial. No impide que la legislación reciba sus contenidos, tiene flexibilidad y dinamismo para ser interpretada en forma tal que no contradiga aquellos principios y tampoco se les opone en su ideología o filosofía política.

En nuestra Carta Magna, algo del constitucionalismo social fue incorporado finalmente —tras un intento en 1949— en la reforma de 1957, en el artículo 14 bis.

Al igual que ésta, las constituciones provinciales que contienen normas de carácter social son posteriores al año 1957. Por ejemplo, la Constitución de
Neuquén, en el capítulo segundo, trata de las garantías sociales: «El trabajo es un deber social. Las leyes asegurarán al trabajador una existencia digna. También asegurará al trabajador la libre elección de su trabajo, salario mínimo, vital y móvil, las vacaciones pagas, prohibición de la ocupación de menores de 16 años y de mujeres en tareas insalubres y peligrosas. Se reconoce el derecho a la huelga y la defensa de los derechos e intereses por medio de la acción gremial».

La Constitución de Misiones, en su título tercero de la primera parte, trata de los derechos sociales. Entre ellos el derecho al trabajo, a las vacaciones pagas, al salario mínimo, vital y móvil, la libre organización de los gremios.

El derecho de los trabajadores al seguro social integral e irrenunciable. La ley asegurará la protección de la familia. El amparo a la maternidad, a la infancia, a la minoridad. Y así, todas las provincias que se formaron en 1957 (Chaco, Formosa, Misiones, Chubut, Santa Cruz, Río Negro, La Pampa y Neuquén) tienen partes especiales dedicadas al régimen social en que tratan al hombre en sus relaciones de familia, de trabajo, de educación, es decir a su función como integrante de la sociedad.

A partir de este nuevo concepto  las constituciones comenzaron a enunciar:

■ los derechos del trabajador, (por ejemplo, trabajar en condiciones dignas, tener una retribución justa, descanso diario y semanal, vacaciones, protección contra el desempleo y los despidos arbitrarios);

■ los derechos de la seguridad social como cobertura por enfermedades o invalidez, protección a la maternidad y a la vejez, acceso a la vivienda, al esparcimiento, a la educación y a la cultura, etcétera;

■ los derechos de las organizaciones sindicales, como la defensa de los intereses de sus integrantes, la posibilidad de participar en negociaciones colectivas o de adoptar medidas de fuerza, como la huelga.

Fuente Consultada:
Formación Política Para La Democracia Editorial Biblioteca de Redacción Tomo II
Educacion Cívica 2 EDit. Santillana – Secundaria – Casullo-Bordone-Hirschmann-Masquelet y Otros

Formas de Ejercer Presión Política en los Gobiernos Factores de Poder

Formas de Ejercer La Presión Política en los Gobiernos- Factores de Poder

GRUPOS DE PRESIÓN: En la actividad política la expresión natural está representada por los partidos. Aún en los regímenes autocráticos existe el partido político organizado, aunque aquí solamente está autorizado uno solo para ejercer esta actividad, por lo que para él la conquista del poder no representa un objetivo.

En las democracias liberales, la razón fundamental de la existencia de los partidos políticos es la conquista del poder y su ejercicio. Pero a su vez, logrado este objetivo, el poder no se convierte en patrimonio exclusivo del partido triunfante en las elecciones. Junto a los partidos políticos, actúan en la sociedad lo que se denomina «grupos de presión».

Mientras que el objetivo de los partidos es la conquista del poder, el de estos es influir sobre él. El móvil de los grupos de presión no es entonces el ejercicio directo del poder, ni tampoco el compartirlo, sino actuar sobre él e influir en los hombres que lo ejercen.

Esta gravitación de los grupos de presión sobre el poder, se da de muchas maneras y con diferentes grados. En algunos casos, estos grupos tienen representantes a través de los partidos en los parlamentos. Es claro que esta situación existe de un modo encubierto y secreto. Pero también los grupos de presión actúan en forma abierta y su actividad es por todos conocida.

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Formas de ejercitar la presión: En cuanto a la dirección de la presión, tanto puede ejercitarse de arriba hacia abajo, como de abajo hacia arriba. Ejemplo de presión descendente es el caso del presidente de la República que presiona a su partido político, o a su bloque legislativo para que las Cámaras voten una ley determinada, o apoyen la orientación de su política. Ejemplo de presión ascendente es el de un grupo sobre cualquier autoridad, o el de un ministro sobre el parlamento.

En cuanto a los destinatarios de la presión, debemos advertir que la corriente puede ir directamente encaminada al poder oficial; por ejemplo, la de un sindicato sobre el poder ejecutivo es presión directa; o bien indirectamente, recurriendo al poder oficial a través de otra fuerza social; por ejemplo, la presión de un sindicato sobre un partido político para que apoye sus reivindicaciones en el Congreso es presión indirecta.

chiste politico

En general, podemos decir que la presión entre órganos estáfales es siempre directa porque su destinatario inmediato está dentro del mismo poder, aun cuando tal vez esa presión se derive luego hacia el órgano que decide en definitiva; por ejemplo, una repartición pública presiona a un ministro para que obtenga aumento de salarios por parte del presidente de la república.

En lo que atañe a la duración de la presión, puede ser permanente, transitoria, ocasional, latente, etc. Es permanente la del partido político gobernador sobre el ejecutivo y el Congreso; transitoria, la de un grupo de interés en el momento en que se debate una ley que ló afecta-por ejemplo, los jubilados al tratarse el aumento de sus beneficios-; ocasional, la de los transeúntes callejeros aue reaccionan contra la policía para que deje en libertad a una persona que acaba de ser detenida en una manifestación; latente, la que, como vigilancia de la moralidad, puede ejercer una liga religiosa, con cuya colaboración debe contar el gobierno para sancionar cualquier medida que tenga atingencia con la moral; en este caso el gobierno sabe que no puede permitir exhibiciones indecorosas en los espectáculos públicos, porque tal asociación va a desatar una campaña en contra y va a presionar para la derogación de esas medidas.

En cuanto a los métodos, la presión puede ir desde la simple petición condicionada hasta la violencia; por ejemplo, un grupo presiona a un partido para que apoye una ley de su interés, prometiéndole caudal electoral; el primer ministro presiona al presidente para que disuelva las Cámaras, amenazando con presentar su renuncia; el bloque mayoritario del parlamento presiona al poder ejecutivo para que separe del gabinete a un ministro, anunciando que en caso contrario el partido desafiliará al propio presdiente y le retirará todo su apoyo en la gestión de gobierno; una organización extremista coloca bombas en los colegios privados para lograr que el gobierno retire su aprobación a la enseñanza libre, etc.

En todos estos ejemplos vemos cómo la presión conoce diversos grados de intensidad; en algunos es leve; cuando un grupo de interés dice a un partido político: votaré tus candidatos con la condición de que apoyes este proyecto de ley queme beneficia, la presión radica en la influencia que sobre el partido juega la promesa electoral; cuando ya se acude a la fuerza, como ervlos atentados anónimos, la presión es más fuerte, porque la posibilidad de que se originen víctimas gravita intensamente.

Por supuesto que la intensidad de la presión se puede medir desde el ángulo del sujeto que presiona o del sujeto presionado; si lo hacemos en el primer sentido, convenimos en aceptar que en los ejemplos expuestos es más leve la presión que en el caso del que pide condicionando su reclamo; más fuerte la del que amenaza, y más aún la del que provoca la violencia.

Pero si atendemos ahora al sujeto presionado, las cosas pueden variar, porque la forma como la presión, leve o fuerte, incide en la voluntad del que la soporta, depende un poco de las cualidades de su personalidad; un presidente débil puede sentir con intensidad la presión derivada de un sindicato que anuncia una huelga para el caso de no hallar satisfacción a sus pretensiones; en cambio, un ministro militar puede ser casi impermeable a la exigencia de un partido que amenaza con causar disturbios callejeros en unión con fuerzas disidentes.

No obstante, como término medio se puede adelantar aue la medida de la presión es una combinación proporcionada entre la intensidad disparada desde el sujeto que presiona y la intensidad recogida por e. sujeto que la recibe.

De esta medida media que se obtiene como promedio depende la eficacia o el éxito déla presión. A un órgano colegiado constituido por miembros vigorosos no se le va a arranca una resolución con sólo condicionar un aporte electoral a la satisfacción de esa pretensión pero a ese mismo cuerpo se le puede imponer la expedición de un acto con la amenaza de que el partido mayoritario va a retirarle simplemente su apoyo, hasta privarlo de los recursos necesarios para gobernar.

De tal modo que la eficacia de la presión está en funciór de la medida de la misma presión, y se vincula al fenómeno de la resistencia que debe oponerle aquel que es su destinatario; y estamos otra vez ante un fenómeno que en sl esencia pertenece a la sicología; la voluntad que se quiere captar mediante presión puede resistir, puede dudar, puede entregarse; la resistencia, la vacilación o la satisfacción ante la corriente presionante son actitudes individuales y libres del sujeto presionado, que se adoptan como resultante de la repercusión que en éste produce la fuerza presionados

De todos modos, insistimos en que el factor de presión no se adueña del poder, sino que lo influye, lo determina, lo condiciona.

Duverger, analizando el grado de acción de los grupos de presión, ofrece los siguiente tipos: a) presión directa sobre los que ejercen el poder -presidente, primer ministro ministro-; b) presión indirecta, mediante influencia sobre la opinión pública para que ella opere sobre el gobierno; c) utilización de medios violentos, como la huelga, suponiendo que el descontento que la misma provoca se volverá contra el gobierno.

Germán Bidart Campe;
Grupos de presión y factores de poder

Fuente Consultada: Educación Cívica 2 Juan Carlos Zuretti-Néstor Tomás Auza Edit. Itinerarium S.A.

Diferencias entre Patriotismo y Nacionalismo Chauvinismo

Diferencias Entre Patriotismo y Nacionalismo

Como nacemos en una familia, los hombres nacemos formando parte de una sociedad humana concreta, enraizada en la historia y en un medio geográfico. Esta sociedad tiene su cultura propia, sus instituciones, sus costumbres, sus tradiciones, su estilo de vida, sus modos de pensar y de obrar; busca su continuidad histórica y la realización de su destino. Los hombres que la componen están unidos por estrechos lazos de solidaridad, aspiran a una unidad espiritual.

Patriotismo, es un concepto que refiere al amor por la patria, pudiendo ser entendida ésta en un sentido más amplio que la nación o el Estado. La vinculación emotiva del individuo respecto a la patria implica la constante defensa de ésta por aquél. El término patriotismo está relacionado con el de nacionalismo, en tanto que ambos se refieren a la identificación del hombre con un ámbito geográfico, por ejemplo dentro de las fronteras de su país.

Esta identificación crea una  ideología política que considera la creación de un Estado nacional la condición indispensable para realizar las aspiraciones sociales, económicas y culturales de un pueblo.

diferencia nacionalismo y patriotismo

El sentimiento de patria, el amor a la tierra y a la comunidad en que nacimos, a las tradiciones y costumbres de nuestros mayores, está profundamente enraizado en el ser humano. El patriotismo es el amor a la patria. Es sentimiento y es virtud. Estudiar la naturaleza del patriotismo, sus manifestaciones, los vínculos que nos unen con las generaciones pasadas y con las venideras es el objeto de este pots.
Veremos que las deformaciones que puede sufrir este noble sentimiento, es el nacionalismo.

EL AMOR A LA PATRIA

Concepto de Patria
El concepto de Patria está íntimamente ligado al lugar donde uno nace, tal es así que etimológicamente se otorga a dicho término el significado de tierra de los padres o de los antepasados (pater = padre, antepasado).

Sin embargo los países americanos reconocen como nativos o naturales a todos aquellos que nacen en sus respectivos territorios; en cambio las naciones del Viejo Mundo consideran como nacionales a los hijos de sus naturales, primando el vínculo de sangre para determinar su propia Patria.

Tal es la postura asumida por las distintas teorías acerca de la nacionalidad en el Derecho Internacional, entre las que se encuentran las del jus solisy jus sanguinis.

Amor a la Patria
El patriotismo es la expresión del amor a la patria y se considera tanto un sentimiento como un deber. El patriotismo como sentimiento esta presente en todas las actitudes afectivas que el hombre toma ante su familia, ante sus amigos, compañeros superiores y subordinados, valorando en ellos la existencia de antepasados, tradiciones, glorias, costumbres, etc., comunes a todos ellos.

Ese sentimiento de amor a la patria se manifiesta en toda situación en que determinados valores argentinos se destacan entre nosotros o ante el mundo.

El triunfo de un sabio, escritor o deportista argentino, hecho suyo por todos los conciudadanos, es una manifestación de ese sentimiento; pero no debe confundirse la alegría de un triunfo argentino con la idealización de un hombre.

El patriotismo como deber se expresa en el cumplimiento de todas aquellas normas jurídicas y morales que sustentan a la Nación Argentina. El cumplimiento sobre todo de la Constitución Nacional, las leyes, las disposiciones y aún las menores reglamentaciones que hacen al bienestar de todos los argentinos es una demostración de patriotismo.

DEFORMACIÓN DEL PATRIOTISMO:

nacionalismo patriotismo diferencias

El sentimiento y concepto de patria pueden sufrir deformaciones.

Las causas más frecuentes de estas deformaciones son:

1. un mal entendido universalismo;
2. el nacionalismo exagerado;
3. el sectarismo y la intolerancia.

El mal entendido universalismo. Hay quienes han entendido o entienden el patriotismo incompaginable con la fraternidad universal que liga a todos los hombres.

Creen que el sentimiento de patria empequeñece al hombre reduciéndolo en sus ideales y en sus aspiraciones, que ha surgido del egoísmo y del afán de dominio de algunos pueblos; que la preocupación por los intereses y objetivos nacionales es contrario al bien de la comunidad humana total.

Tal concepción es errónea y no responde a la naturaleza humana considerada objetivamente.

Todos los hombres estamos estrechamente vinculados por lazos de confraternidad, tenemos el mismo origen y el mismo destino; la solidaridad humana no está limitada por las fronteras nacionales. Pero el amor a la patria y el cuidado de los intereses nacionales, cuando son bien entendidos, constituyen la mejor forma de servir a la humanidad entera.

El sentimiento de patria es connatural al hombre, como es connatural el sentimiento de solidaridad universal.

Quien ama a su propia patria, respeta las patrias ajenas, como quien ama a su propia familia respeta a las familias ajenas. No es lógico esperar que quien no estima y respeta su propia familia, respete a las familias de los demás. Cosa semejante sucede con las patrias.

El amor a la familia, cuando es bien entendido, en nada se opone al amor a la patria, sino al contrario, es requerido por él.

De la misma forma el amor a la propia patria en nada se opone al amor a la humanidad.

Quien no está dispuesto a servir a sus propios conciudadanos, difícilmente estará dispuesto a servir a la humanidad.El marxismo teórico aboga por la desaparición de los estados nacionales y la constitución de una sociedad universal. Los movimientos comunistas establecidos en distintos países tienen un claro sentido de los intereses nacionales.

El nacionalismo exagerado. No es patriotismo sino fanatismo. Los nacionalistas exagerados consideran a su propia nación como realidad suprema. Convierte al patriotismo en patrioterismo.

El nacionalismo exagerado se caracteriza por una exaltación idolátrica de lo nacional, y un desprecio por lo extranjero.

El nacionalista exagerado se encierra dentro de los límites de su propia nación. Nada de lo que existe fuera de ella es válido. No hay para él más valores que los que encuentra en la historia y en la tradición de su nación. No hay hombres de valer si no son de su propia raza.

Tal tipo de nacionalismo suele ser violento, agresivo, exclusivista, fanático. Es xenófobo, odia al extranjero. Ataca y desprecia a los otros pueblos.

La actitud de los nacionalistas exagerados a veces obedece a ideologías equivocadas, pero con más frecuencia responde a resentimientos y a desequilibrios emocionales.

Para designar esta actitud suele usarse el término de chauvinismo, término originado en el nombre de Nicolás Chauvin, soldado de los ejércitos napoleónicos célebre por su fanatismo francés.

El sano nacionalismo, el patriotismo que nos lleva a cultivar los valores nacionales y a defender los intereses de nuestro pueblo, es muy distinto de la actitud fanática, cerrada y egoísta de los nacionalismos exagerados.

Ningún hombre intelectualmente maduro y emocionalmente equilibrado cree que para amar y defender a su propia familia sea necesario despreciar o atacar a las familias ajenas.

El espíritu de secta y la intolerancia. El parcialismo en la valoración de los hombres y de los movimientos que en el proceso histórico concurren a la formación de una nacionalidad conduce al sectarismo intolerante, convierte al patriotisdad atentando contra su unidad espiritual.

Para los hombres que están en actitud sectaria sólo son válidos como elementos constitutivos de la nación los que provienen de los hombres y los movimientos partidarios o ideológicos acordes con sus propias ideas. Llegan a negar el carácter de argentinos a quienes no las han compartido o comparten.

La historia se estudia no objetiva y desinteresadamente, buscando esclarecer la verdad y encontrar en ella los elementos constructivos de la comunidad, sino para extraer de ella los elementos parciales que confirmen sus propias ideas y prejuicios.

Lamentablemente en esta actitud, aunque en grado distinto, están aún un número considerable de argentinos de una y otra tendencia, de cuya buena fe y deseos de servir a la comunidad no es lícito dudar.

Frente a una historia escrita con criterio parcial y desprestigio sistemático de una de las tendencias, se ha reaccionado con la misma actitud frente a la tendencia opuesta. Se hace polémica, no científica, sino sectaria. Los hechos se parcializan y se utilizan como argumentos políticos. No se vacila en dar interpretaciones tendenciosas, ni en recurrir al lenguaje agresivo.

Esta actitud, además de no ser científica, ni justa, nos causa mucho daño a los argentinos. Fomenta la división y el desentendimiento, destruye la unidad, dificulta la concurrencia del esfuerzo comunitario a objetivos comunes.

A la formación de nuestra nacionalidad concurrieron Saavedra y Moreno, el Deán Funes y Monteagudo, Rivadavia y Quiroga, Dorrego y Lavalle, Rosas y Sarmiento, Urquiza y Mitre. Sus tendencias eran opuestas, pero todos son argentinos, miembros de nuestra familia, todos lucharon por el bien de la patria y todos hicieron positivos aportes a la nacionalidad.

Los hombres que actuaron en nuestra historia, como todos los hombres no eran ángeles, ni demonios. Eran simplemente hombres como nosotros. Tenían intereses personales y egoísmos, y sabían del sacrificio, la abnegación y el renunciamiento.

En sus vidas hay luces y sombras, en sus actitudes políticas aciertos y desaciertos.

Superar el espíritu parcialista es requisito indispensable para lograr la armonía, la paz y la prosperidad de la patria.

De los hombres que han tenido papel protagónico en nuestra historia todos nos han dejado aportes positivos, aciertos, que debemos conservar y afianzar. Todos, asimismo, han tenido fallas y desperdiciado oportunidades históricas que no se repiten. Subsanar sus defectos es también tarea nuestra.

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Deformación del patriotismo: Falso patriotismo.

El patriotismo tal como lo hemos expresado en el párrafo anterior puede ser deformado de dos maneras:

— Deformación por exceso.
— Deformación por defecto.

DEFORMACIÓN POR EXCESO

No debe entenderse un profundo patriotismo con una deformación por exceso de patriotismo.

El amor intenso a la patria es un sentimiento digno y noble, pero el amor egoísta, el nacionalismo exagerado, lleva al desprecio de otras nacionalidades y enfrenta la patria que se ama con la patria que amari otros.

El patriotismo por exceso se conoce frecuentemente como chauvinismo, ya que un político francés Chauvin representaba en su país esa tendencia.

El chauvinismo consideraba que sólo los valores franceses debían ser respetados y, por consecuencia, se despreciaba todas las manifestaciones extranjeras.

Algunos autores dicen que el chauvinismo consiste en la idolatría de una nacionalidad.

Chauvin Nicolas

Chovinismo o chauvinismo, representa unnacionalismo excesivo y enaltecimiento de la convicción propia que suelen ir acompañados de una actitud vioenta y agresiva. Término originado por el francés Nicolás Chauvín que siempre admiraba y engrandecía los discursos y logros del general Bonaparte.

DEFORMACIÓN POR DEFECTO:

Existen algunos pensadores que niegan la patria considerando que los hombres están unidos en una fraternidad universal y que los intereses de una nación son contrarios a la hermandad entre los hombres.

Esta concepción fue sostenida por numerosos filósofos griegos y romanos, anteriores a Cristo; inclusive J.J. Rousseau y algunos de sus seguidores sostuvieron esta teoría.

En realidad, la teoría de la fraternidad universal no destruye, sino fortifica el amor a la patria. El amor a los hombres no es excluyeme del amor a la patria, como el amor familiar no es tampoco excluyente de otros sentimientos.

Un hombre que respete las normas familiares, respetará su nacionalidad y, por extensión, reconocerá que otros hombres pueden tener un mismo sentimiento con respecto al lugar donde nacieron, a las tradiciones y costumbres en las cuales se educaron y a los valores que le inculcaron.

Sólo un hombre que ame a su patria puede comprender los otros sentimientos.

Pero el verdadero significado de Patria, no debe limitarse a un elemento tan material como es el del lugar en que se nace sino que debe ampliarse a otros elementos inmateriales como ser los distintos vínculos morales que existen entre los habitantes de una misma Nación y que pueden sintetizarse en:

—  Su tradición histórica que determina el nexo entre las distintas generaciones que se suceden.
—  Los símbolos nacionales a través de los cuales se representa la Patria.
—   Vivencia y continuidad de la tradición que determinan una vida en comunidad.

ALGO MAS SOBRE EL PATRIOTISMO:

Como nacemos en una familia, los hombres nacemos formando parte de una sociedad humana concreta, enraizada en la historia y en un medio geográfico.

Esta sociedad tiene su cultura propia, sus instituciones, sus costumbres, sus tradiciones, su estilo de vida,, sus modos de pensar y de obrar; busca su continuidad histórica y la realización de su destino.

Los hombres que la componen están unidos por estrechos lazos de solidaridad, aspiran a una unidad espiritual.

La formación de una comunidad humana no es el fruto de una generación, sino el resultado del esfuerzo y la labor, la abnegación, las luchas y el sacrificio de muchas generaciones.

En medio de esta sociedad, como miembros de ella, ligados a ella por innumerables lazos, adquirimos conciencia de nuestro ser, nutrimos nuestro espíritu, moldeamos y desarrollamos nuestra persona.

Los hombres nacemos en una patria, formando parte de ella.

Patria etimológicamente proviene de la palabra latina patria, término que los romanos usaban para designar la tierra paterna.

Patriotismo es amor a la patria.

Patria es un concepto difícil de definir por lo complejo y por las resonancias afectivas que despierta.

El sentimiento de patria reposa sobre una experiencia de tipo personal. ¿Quién puede definir con exactitud lo que es ser y sentirse miembro de una familia? Cosa semejante sucede con la patria.

Cada hombre sabe y siente que está profundamente ligado a los demás miembros de su propia comunidad, que está indestructiblemente unido a su pasado y a su futuro. Este sentimiento nace de lo hondo de su propio ser.

Sólo en base a una experiencia personal es posible entender lo que es la patria y lo que es el patriotismo.

Patriotismo es el sentimiento de amor y filial adhesión a la patria. Y es la conducta inspirada en este sentimiento.

Es sentimiento, estado de ánimo, afecto que hace vibrar nuestro ser y es capaz de suscitar nobles ideales, heroicos renunciamientos, energías impensadas.

Es virtud, conducta reiterada y constante de obrar como hijos fieles de la patria, de servirla con lealtad y abnegación.

El patriotismo nos une profundamente a nuestro pueblo y a nuestra tierra, a nuestras instituciones y a nuestra tradición, a su pasado, a su presente y a su futuro.

La patria es, en la tierra de nuestros padres, la unidad espiritual y la continuidad histórica entre las generaciones. Es unión de tareas, de preocupaciones, de anhelos y de ideales que se trasmite de una generación a otra. Es solidaridad.

La solidaridad es la expresión social del amor. Sin amor no hay patria, ni patriotismo.

No es la mera aglomeración de hombres en un territorio, ni la identidad de raza, ni la comunidad de lenguas, ni el sucederse de las generaciones, lo que constituye esencialmente la patria.

La patria es ante todo unidad espiritual y cultural, comunidad de esfuerzos y aspiraciones, de luchas y de ideales, solidaridad con nuestros conciudadanos, con nuestros antepasados y con nuestros descendientes, búsqueda de un ser y de un destino en el que todos participamos.
La sincronía de los espíritus, que hace de la comunidad una totalidad armónica, es el elemento esencial de la patria.

El logro de la totalidad armónica, la búsqueda de una mayor integración espiritual y social es un ideal dinámico. Aunque tengamos una comunidad integrada y armónica siempre es posible y necesario aspirar a una unión mayor y más profunda entre los argentinos, a una solidaridad más sentida y más eficiente. Esforzarnos en ello es «hacer patria», patriotismo, en su sentido auténtico.

ALGO MAS…

Las características mas sobresalientes de los distintos nacionalismos son las siguientes:

• Promueve sicológicamente un patriotismo exacerbado como valor supremo.

• Imprime la idea de que una raza es superior y tiene un destino de grandeza. La raza siempre va unida al concepto de nación (la raza aria del nacionalismo de Hitler). En otros casos se une nación con religión, dando base al nacionalismo religioso.

• Propugna la independencia económica en base a la autosuficiencia que determina la producción desarrollada por el capital nacional.

• No admite la interferencia de otros estados en los problemas nacionales.

• Es contrario a la formación de comunidades internacionales por considerarlas lesivas para la soberanía…

• Critica a la democracia por considerarla disolvente e inoperante, al mismo tiempo que con la partidocracia destruye el espíritu nacional.

• Cuando es posible se convierte en imperialista, al pretender la supremacía de la nación, mundial o regionalmente.

• Es tradicionalista y conservador, utilizando estos principios como elemento de unidad de los componentes de la nación.

• La posición antagónica con la democracia ¡o hace elitista, reconociendo en grupos reducidos o en un jefe, el mesianismo necesario para desarrollar la nación.

• Estas características no son comunes a todas las corrientes nacionalistas, pero si alguna.o un grupo de ellas,están presentes en todos los nacionalismos.

Fuente Consultada:
Formación y Moral y Cívica de César R. García y Apolinar E. García
Educación Democrática de Argentino Moyano Coudert – Texto Para 3º Año – Tercera Edición- Editorial Guadalupe
Diccionario Consultor Político  Editorial LIBREX – Julio César de la Vega