Intervencion de los Militares en la Política Argentina Doctrina



Intervención de los Militares en la Política Argentina
La Doctrina Que La Justifica

Antecedentes de los militares en política: La participación de los militares en la política no es cosa nueva. En los primeros años que precedieron a la declaratoria de la Independencia y en los períodos siguientes de luchas intestinas y de afirmación de la vida institucional, generalmente se daba en un mismo individuo el doble papel de hombre de armas y de estadista. Aunque muchas veces eran militares improvisados, obligados por las circunstancias políticas, un rápido repaso por la galería de nuestros proceres bastaría para demostrar esta afirmación como cierta.

Los caudillos del interior jugaron un parecido doble papel. Más adelante, Sarmiento, Mitre, Roca, serán ejemplos acabados de esa complementación de jefe militar y político al mismo tiempo.

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Con el decantamiento de las formas de democracia, los campos se fueron delimitando con mayor claridad y las funciones que correspondían asumir en la sociedad a ambos sectores, los civiles y los militares, también se fueron iluminando. La conducción política correspondía, sin duda alguna, a la civilidad.

La Constitución siempre lo había determinado con claridad: las fuerzas armadas son el brazo militar que debe defender la soberanía, pero en todo se subordinan ai poder civil. Tanto dependen de éste que el Presidente de la República es considerado el jefe máximo de dichas fuerzas.

Las esporádicas apariciones que después de 1930 fueron realizando los militares como tales —unas veces por propia voluntad y otras porque fueron a buscarlos— dejaron de ser formas de participar en la política y se transformaron en formas de irrumpir en ella. Irrupciones poco benéficas, en realidad y preñadas siempre de paternalismo y mesianismo.

Frente a esa forma militar de hacer política —a todas luces ilegal— hay también otra larga tradición rebosante de militares, que, despojados de esa investidura actuaron políticamente.

Las filas de casi todos los partidos contaron y cuentan con algunos militantes de extracción castrense. Por otra parte, es innegable la influencia fundamental que las fuerzas armadas han jugado en la vida política de nuestro país. Baste para ello recordar que los dos únicos presidentes constitucionales que en los últimos 50 años cumplieron totalmente su mandato en la Argentina, —Agustín P. Justo y Juan  Perón—, eran generales.

Durante el segundo gobierno peronista (1952-55), fue un marino, el almirante Alberto Teissaire, quien accedió a la vicepresidencia de la Nación a través de la compulsa electoral de 1953, después de haber ocupado una banca de senador nacional y presidido la cámara alta entre 1946 y 1952.

En años anteriores habían sido dos militares radicales, Atilio Cattaneo y Gregorio Pomar, los militantes políticos más famosos de extracción castrense.



Años después, en 1963, fue el general Pedro Eugenio Aramburu (presidente de facto entre 1955 y 1958) quien se presentó a elecciones nacionales encabezando la fórmula presidencial del partido Unión del Puebio Argentino (UDELPA), uno de cuyos diputados electos seria el capitán de navio (retirado) Francisco G. Manrique.

Este último se postularía diez años después para la presidencia de la Nación, al frente de la fórmula de la Alianza Popular Federalista (PF-PDP). En esas mismas elecciones, las de 1973, hubo también otro candidato militar, esta vez surgido de la Fuerza Aérea: el brigadier Ezequiel Martínez, cuya postulación fue promovida por el general Alejandro Agustín Lanusse, entonces presidente de facto y frustrado aspirante a la militancia política.

Las ideologías antidemocráticas
Entre las fuerzas armadas han tenido siempre mucha resonancia las ideologías antidemocráticas, particularmente las de inspiración fascista en sus diversas variantes. Esto no es privativo de nuestro país. Samuel Huntington ha señalado, en El soldado y el Estado.

Teoría y práctica de la relación entre lo civil y lo militar, las afinidades existentes entre la ética militar y la ideología fascista, y particularmente la común concepción de un «hombre débil, malo e irracional, que debe ser subordinado al grupo».

En nuestro país, las diferentes ideologías fascistas tuvieron mucha difusión: el elitismo  de Maurrás, el fascismo de Mussolini, el nazismo en alguna medida, el franquismo luego. Todo esto sedujo a algunos de nuestros intelectuales y a muchos de nuestros militares, quienes encontraban afinidad con ese tipo de discurso, heroico y reaccionario a la vez.

En 1922 Leopoldo Lugones anunció el advenimiento de «la hora de la espada». Poco después, con la sublevación militar de 1930, el gobierno nacional proclamaba públicamente su adhesión a muchos de esos principios, aun cuando luego retomaran el control los grupos conservadores más tradicionales.

La influencia del nacionalismo creció en las fuerzas armadas al calor del ascenso mundial del nazismo y el fascismo. Se descubre su inspiración en los revolucionarios de 1943 y aun en muchos aspectos del propio. Perón.

Después de 1955 —cuando el nacionaiismo tiene otro momento de gloria durante la presidencia de Lonardi— permanece algo en segundo plano, aunque siempre pronto a reaparecer a través de ciertos textos y proclamas.

La ideología nacionalista adopta diversas formas. En algunos casos, predominan en ella los contenidos tradicionalistas, hispanistas y católicos, orientados a justificar el inmovilismo social y la imposición de gobiernos autoritarios.

En otros casos, es un aditamento a propuestas orientadas al desarrollo económico autárquico, con fuerte énfasis en las industrias de base. A veces, se apela a la unión de las fuerzas armadas con el pueblo, y se propone un programa movilizador muy apartado del nacionalismo reaccionario.



Pero sobre todo, el nacionalismo ha servido para reforzar la antigua cruzada anticomunista (ya hoy casi olvidada), combatiendo a la corriente de pensamiento a la que se atribuye su origen: el liberalismo. No es raro oír —en el discurso militar y en el de los civiles que lo inspiran— que el principio de todos los males se halla en la Revolución Francesa —difusora de los Derechos Humanos—, y aun en el siglo V antes de Cristo, momento en el que, como es sabido, nació en Grecia la democracia.

En el seno de las fuerzas armadas, la ideología nacionalista está en permanente pugna con la llamada liberal. Tal la raíz del enfremamiento entre Uriburu y Justo, entre Lonardi y Aramburu, o entre Onganía y Lanusse, por citar los casos más conocidos.

Pero es dudoso que esta corriente liberal, vinculada con el conservadurismo clásico, sea realmente afín con la democracia. En la década del 30 sustentó en realidad a la llamada democracia fraudulenta, y luego de 1955 a un largo período de democracia viciosa, que proscribía al partido mayoritario.

En la actualidad, la corriente llamada liberal pone el acento, antes que nada, en la libertad de empresa, es decir en una política económica que atienda a los intereses de los grandes empresarios, y que incluso utilice la intervención del Estado en la economía para allanarle dificultades.

Al igual que los grupos civiles en los que se apoya, quienes se identifican con esta corriente han separado progresivamente el liberalismo de la democracia. Lo que ha de buscarse —sostienen— no es el triunfo de la «voluntad colectiva», ignorante y fácil presa de la demagogia, sino el dominio de la «razón colectiva», es decir de la voluntad de los bienpensantes.

En este caso, las ideologías dominantes entre las fuerzas armadas han seguido el mismo camino que sus homologas civiles, para quienes la democracia ha dejado de ser un valor en sí mismo.

Las actitudes profundas

Estas ideologías tienen particular resonancia en el ámbito militar, pues son afines con ciertas actitudes profundas, enraizadas en la formación misma de sus miembros. Espíritu de cuerpo, valoración de la jerarquía y la subordinación, maniqueísmo, son actitudes que moldean una cierta visión de la sociedad —y sus conflictos— y del modo de gobernarla y dirigirla.

La sociedad civil se les aparece como esencialmente desorganizada y anárquica, carente de objetivos y metas comunes, y presa de la lucha facciosa. Todo ello —se piensa— la deja indefensa frente a la agresión subversiva, que es concebida como una suerte de infección provocada por agentes externos.

La eliminación de la enfermedad requiere, además de antibióticos y eventualmente extirpaciones, de una reforma profunda de la sociedad, que la fortalezca frente a la agresión, y que sólo puede ser realizada por la única institución que conserva su orden en medio del caos.



Convencidos de ser los salvadores de la patria —pues el mesianismo es otra de las actitudes hondamente arraigadas en ellos—, los militares se proponen organizar y unificar a la sociedad, acallar las voces discordantes y concitar la adhesión de sus partes sanas en pro de ciertas metas comunes, como la concreción del «destino de grandeza».

Para ello, es necesario estructurar la sociedad caótica según el modelo de las fuerzas armadas, mediante organizadones fundonalmente especializadas y jerárquicamente articuladas, tal como lo propone el mensaje corporativista propio de la. mayoría de las ideologías nacionalistas.

Sobre todo, es necesario restaurar el principio de autoridad. Tal como ocurre en las fuerzas armadas, no se trata simplemente de la decisión inconsulta del superior; por el contrario, lo propio de este es recabar opiniones de sus subordinados y tenerlas en cuenta.

Pero en la autoridad superior reside la racionalidad adecuada para integrar esas visiones parciales y transformarlas en una decisión general, que una vez tomada debe ser acatada sin discusión por los subordinados. Nuevamente, la visión militar y el mensaje corporativsta coinciden en esta perspectiva que es diametralmente opuesta de la democrática.

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Las grandes doctrinas
Las ideologías recibidas y las actitudes profundas de los receptores confluyen en las grantes doctrinas militares, suerte de marco estratégico global que da sentido a la conducta militar, que ayuda a la formación de los miembros de la institución y legitima su acción a los ojos del resto de la sociedad.

Estas doctrinas se elaboran en los niveles superiores, y son difundidas en instituciones destinadas a jefes y oficiales de alta graduación.

Aunque conservan ciertos rasgos básicos, estas doctrinas se van adecuando a las épocas.

En los últimos cincuenta años pueden individualizarse dos o tres grandes doctrinas: la de la nación en armas, la de la seguridad y el desarrollo nacional y —como variante de aquélla— la de la seguridad nacional, a secas.

La doctrina de la nación en armas es propia de la época de las guerras mundiales, y madura durante la Segunda Guerra Mundial, cuando la institución militar comienza a preocuparse seriamente por la situación del país en un mundo que las grandes potencias se estaban repartiendo.

Se pregunta cómo podría prepararse el país para el caso de no poder evitar verse envuelto en la guerra. La inquietud central pasaba por la escasa autonomía de la organización económica, dependiente de exportaciones e importaciones.

Las tropas rebeldes hacen su entrada triunfal en Buenos Aires en medio de los vítores y pañuelos en alto (1955).

También preocupaba la posible existencia de disidencias internas, de conflictos que debilitaran a la nación frente a sus enemigos.

Así, lo que empezó a ser conocido como Doctrina del Estado Mayor puso el acento en primer lugar en todos aquellos sectores de la economía que tuvieran que ver con la autarquía nacional: combustibles, acero, productos químicos y petroquímicos, que requerían para su desarrollo del estímulo o aun de la dirección del Estado.

También, en las propuestas políticas que aventaran el peligro de la disidencia interna, y especialmente la de los sectores trabajadores. De alguna manera, la fórmula política peronista se ajustó a los requerimientos de esta doctrina.

Las condiciones mundiales variaron a lo largo de la década de 1950. El conflicto se polarizaba ahora entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, y para el país la independencia y la neutralidad no sólo eran imposibles sino que ni siquiera eran deseables.

El triunfo de la Revolución Cubana, sobre todo, avivó para los sectores propietarios y para las fuerzas armadas el fantasma de la subversión social.

La nueva doctrina militar no ponía ya el acento en la independencia nacional frente a cualquier injerencia externa sino en la salvaguarda de las «fronteras ideológicas». Estas debían separar a nuestra sociedad de un enemigo que actuaba desde adentro y que, muy genéricamente, se denominaba «comunismo».

En la década del sesenta se acostumbraba a pensar —dentro y fuera de las fuerzas armadas— que la raíz del problema estaba en el «subdesarrollo» y que en consecuencia una política que alentara el crecimiento de la economía, asegurara el empleo y niveles de ingreso adecuados para los trabajadores, alejaría el fantasma de la subversión.

Para ello era lícito y deseable recurrir al apoyo de los capitales extranjeros, como lo propuso el desarrollismo frondicista y, en una versión algo distinta, el programa del ministro Adalbert Krieger Vasena en 1967.

Pese a sus diferencias, había, para las fuerzas armadas un elemento común: el Estado debía remover los obstáculos para el desarrollo de las empresas, y por esa vía, eliminar el conflicto de la sociedad. Si los civiles eran incapaces de realizar esa tarea, las fuerzas armadas debían sustituirlos .Tal la doctrina de 1966.

Los resultados no fueron los esperados. Las políticas económicas, más que atenuar los conflictos, parecieron darles una gravedad extrema, sobre todo en los años que van de 1969 a 1976.

En consecuencia, el tema del desarrollo pasó a segundo plano, y los esfuerzos se concentraron en garantizar una seguridad interior que juzgaban amenazada y frente a la cual no cabían ya las soluciones indirectas, como el estímulo al desarrollo económico. Era necesario intervenir a fondo y extirpar el mal de raíz.

Los llamados grupos subversivos constituyeron la justificación ideal de una intervención, la que fue mucho más allá de ellos y se propuso disciplinar a la sociedad, eliminando toda disidencia.

En este punto, la doctrina de la seguridad nacional no sólo hizo tabla rasa con la democracia política: también acabó con las normas que, desde la organización del país, regulaban el funcionamiento de la sociedad civil y garantizaban los derechos individuales.

En nombre de la seguridad, se creó un nuevo poder, independiente e incontrolado, que se arrogó el derecho de tutelar a todos los ciudadanos, sin restricción de medios y recursos. Como nunca, la doctrina y la práctica militar quedaron alejadas de la forma y el fondo de la democracia.

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No sólo para derrocar gobiernos legalmente constituidos han salido los carriers a las calles de Buenos Aires. El desplazamiento del que se observa en la fotografía se debió al golpe que derrocó al general Onganía.

Qué hacer
Para un gobierno constitucional, ignorar el problema supone la seguridad del derrocamiento a no muy largo plazo. Aceptar las cosas como están y subordinarse al poder militar implica, en cambio, perder su legitimidad frente a la sociedad civil. Parecería que la única solución consiste en reformar, de algún modo, las relaciones entre las instituciones militares, la sociedad y el Estado, lo que supone, también, reformar a la propia institución militar.

El momento parece propicio, pues el consenso general de que algo debe hacerse para evitar nuestra clásica ciclotimia política, se agrega la convicción de muchos militares, quienes a la luz del desempeño de nuestras fuerzas armadas en el reciente conflicto con Gran Bretaña, creen que algo al menos debe ser cambiado.

Lo primero por hacer es la recomposición misma del sistema político, que debe demostrar su eficacia para dirigir a la sociedad. Debe quedar claro que por allí, y no por los factores de poder que actúan a sus espaldas, pasa la facultad de decisión. Simultáneamente, los distintos grupos políticos deben renunciar definitivamente a apelar a las fuerzas armadas para dirimir sus conflictos.

En todos debe arraigar la idea de que la consolidación de un gobierno civil es el objetivo absolutamente prioritario, más allá de quien lo encabece ocasionalmente.

El segundo paso consiste en la desmilitarización de la sociedad y en la restitución de las fuerzas armadas a sus funciones específicas. Los empresarios deben dejar de recurrir a los militares influyentes —más aún, cuando un correcto gobierno civil recorte esas «influencias»— y los puestos públicos, en la administración o en las empresas, deben volver a manos de civiles.

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Aramburu abraza a Frondizi después de haberle entregado el mando.
Luego éste se vio hostigado durante buena parte de su presidencia hasta que un nuevo golpe lo derrocó.

Pero, más allá todavía, es necesario proyectar la reforma de las fuerzas armadas, lo que en muchos casos significa simplemente volver a las viejas y sanas costumbres. Estas deben desentenderse de los problemas políticos y concentrarse en su desarrollo técnico.

Probablemente deban renunciar al sistema de conscripción general, útil como herramienta de control social pero poco adecuado para lograr un funcionamiento eficaz.

La propia educación militar debe ser revisada y adecuada para que, a través de ella, se insufle en los futuros oficiales una actitud positiva hacia la democracia.

Lo fundamental, sin embargo, es replantear las relaciones entre el poder político y las fuerzas armadas.

La cuestión de la defensa nacional, y todo lo que ello implica, debe ser resorte exclusivo del poder político, sin que ello signifique ignorar las opiniones autorizadas, y entre ellas las de los propios militares.

El poder político debe recuperar el control directo de aquellas herramientas, como la policía, las restantes fuerzas de seguridad y aun los servicios de informaciones, que cumplen una función de apoyo al Estado y no están vinculados con la defensa exterior.

Finalmente, las fuerzas armadas deberían ser redimensionadas para las necesidades reales de una defensa nacional que no tiene que implicar planes expansionistas sino, simplemente, la seguridad frente a la agresión externa.

La propuesta es ambiciosa, difícil de llevar a la práctica, y más difícil aún será hacerla aceptable para los interesados. Sin embargo, parece esencial para que una salida política lleve a la vigencia de la democracia real y duradera.

Ver: Educación de los Militares

Fuente Consultada:
Formación Política Para La Democracia Editorial Biblioteca de Redacción Tomo II – Los Militares y La DEmocracia

 

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