Concepto de Separatistas

Concepto de Justicia Relación con la Libertad e Independencia

CONCEPTO DE JUSTICIA
Importancia de la Libertad e Independencia de Poderes

No existe convivencia armónica donde no hay justicia. La paz es obra de la justicia. Los hombres no dan su adhesión, ni colaboran mucho tiempo con un sistema de injusta organización social. Asegurar el respeto de los derechos de todos y la justicia en las relaciones sociales es uno de los objetos primarios de la organización política y jurídica de las sociedades.

Como garantía de imparcialidad en la administración de la justicia, los países democráticos se preocupan de asegurar la independencia de los órganos judiciales respecto de los otros órganos del poder. Las modernas democracias cuidan, asimismo, de realizar la justicia social.La importancia de asegurar una recta e independiente administración de la justicia como garantía de la libertad será el objeto principal de explicar en este post.

concepto de justicia

Concepto de justicia

La justicia es la virtud o hábito constante de dar a cada uno lo suyo. Virtud significa etimológicamente fuerza, valor, ánimo, fortaleza, valentía. Es la conducta permanentemente fiel a una recta norma.

La justicia es, pues, el ánimo y la conducta permanentes que nos lleva a dar a cada uno lo suyo.

La convivencia humana no puede ser ordenada y fecunda, ni servir a su objeto fundamental, que es la ayuda mutua entre los hombres, si en ella no existe verdad, justicia, solidaridad y libertad:

— verdad como fundamento,
— justicia como norma,
— solidaridad como motor,
— libertad como ambiente.

El objeto de la sociedad y la función de la autoridad es lograr el bien común. El respeto de los derechos y libertades, la existencia de un orden jurídico que garantice la justicia, que cada uno reciba la parte de cargas y beneficios sociales que le corresponden, son elementos constitutivos esenciales del bien común.

El objeto de las leyes, decía Aristóteles, es realizar la justicia en las relaciones humanas.

El concepto de justicia es un concepto complejo. Es difícil establecer en cada circunstancia qué es lo que a cada uno le corresponde en los distintos órdenes.

¿Qué es lo que a un hombre le corresponde en estima y honor, en retribuciones económicas, en participación política, en beneficios culturales, en servicios sociales, en cargas comunes, en obligaciones comunitarias? No es fácil responder siempre con exactitud a estas preguntas. Sin embargo la justicia exige que a cada uno se le dé y se le exija lo que corresponde.

Las leyes que rigen la vida de una sociedad tienen por principal objeto regular conforme a justicia las relaciones que existen entre sus miembros.

La justicia no es estática, sino dinámica. Cambian las circunstancias y cambia con ellas lo que a cada uno le corresponde. Se modifican las necesidades o los recursos de la comunidad y se modifica también lo que a cada uno de sus miembros le corresponde. La justicia es siempre un «ajustamiento», una regulación cambiante de las relaciones. Un ejemplo servirá para aclarar.

En otras circunstancias podía ser suficiente en la sociedad argentina el que se asegurase a todos sus miembros la posibilidad de una enseñanza primaria completa. Se satisfacían así los requerimientos básicos de la justicia.

Actualmente las circunstancias han cambiado, las ciencias y las técnicas han avanzado, la vida se ha hecho más compleja y exige mayor preparación. Quien tiene sólo enseñanza elemental, difícilmente podrá enfrentar con éxito su propia vida. Por otra parte las posibilidades y recursos con que cuenta la comunidad han aumentado.

La consecuencia es obvia. Si la sociedad no brinda a sus jóvenes la posibilidad de una formación técnica o superior comete una injusticia para con ellos. La enseñanza elemental que en otra época satisfacía las exigencias de la justicia ya no la satisface. Es claramente injusto que haya jóvenes argentinos sin posibilidad de formación técnica o superior.

Es clásica la distinción de tres tipos de justicia: justicia conmutativa, justicia distributiva y justicia legal.

1. La justicia conmutativa regula la equidad y los cambios entre los individuos y grupos particulares. Obliga a dar a los otros lo que les corresponde. El que vende tiene derecho a que le den por su mercadería el precio correspondiente; el que compra que le den la cantidad y calidad establecidos. El obrero tiene derecho a recibir por su trabajo un salario suficiente y digno; el empleador, a que el obrero trabaje con diligencia y responsabilidad.

2. La justicia distributiva regula las relaciones de la sociedad para con sus miembros, conforme a sus méritos y necesidades. La sociedad distribuye beneficios y cargas entre sus miembros. La justicia exige que cada uno goce de beneficios según sus méritos y tenga parte de las cargas según sus méritos y posibilidades. Sería injusto que el gobernante y el trabajador tuvieran las mismas prerrogativas sociales, como sería injusto que al pobre se le exigieran los mismos impuestos que al rico.

3. La justicia legal es el reverso de la distributiva. Regula las obligaciones de los individuos para con la sociedad. Como estas obligaciones se suelen regular mediante leyes recibe el nombre de legal. La obligación de pagar los impuestos, de observar las normas de tránsito, de cumplir con el servicio militar, etc. pertenecen a la justicia legal.

Se habla también de justicia social para designar el conjunto de obligaciones de la sociedad y del estado para con sus miembros más débiles y desprotegidos, los derechos de éstos, y las obligaciones de los grupos social y económicamente más fuertes. La justicia social trata de la regulación de los salarios, de las condiciones de trabajo, de la previsión social, de los derechos culturales, etc.

El concepto de justicia social surgió en contraposición a la ética individualista propia del liberalismo. Las concepciones políticas y económicas del liberalismo produjeron grandes injusticias para con los sectores populares. La justicia social pretende corregir estas injusticias y hacer respetar los derechos económicos, sociales y culturales de todos los grupos. Pretende asimismo establecer los modos para que la sociedad satisfaga las necesidades vitales de todos sus miembros.

La justica como función de poder público: Suele llamarse también justicia al cúmulo de funciones que el estado cumple en orden a la regulación y administración de la función judicial, o en concreto, a la organización de la función judicial, o de alguna de sus ramas. Así hablamos de la justicia nacional, de la justicia provincial, de la justicia comercial, de la justicia laboral,» etc.

Al establecimiento de la justicia en la sociedad contribuyen las tres funciones del poder.

1. A la función legislativa le corresponde dictar leyes que establezcan las relaciones de convivencia y regulen las actividades sociales conforme a justicia. El objeto de las leyes es establecer normas de justicia.

2. A la función ejecutiva le corresponde poner en ejecución las leyes con espíritu de justicia y ecuanimidad. Igualmente, en la administración, en la distribución de cargas y beneficios debe atenerse a criterios de justicia.

3. A la función judicial le corresponde como misión específica administrar justicia, ser arbitro en los conflictos que se suscitan, juzgar y sancionar a los que han infringido las leyes.

En la Argentina la administración ordinaria de justicia en los distintos órdenes, civil, criminal, comercial, laboral, etc., está a cargo de las organizaciones judiciales que cada provincia crea de acuerdo a su propia constitución.

La legislación de fondo que aplicará esa justicia ordinaria, es dictada por el Congreso Nacional mediante los Códigos Civil, Comercial, Penal, de Minería y del Trabajo y la Seguridad Social (este último no ha sido dictado todavía y las normas de esta materia se encuentran dispersas en distintas leyes nacionales).

Esta legislación nacional regula el estado civil y la capacidad de las personas, el régimen de la propiedad, las obligaciones, los contratos y las sucesiones, el comercio, las sociedades, las quiebras, la navegación marítima y aérea, los delitos y sus penas, y el régimen de los contratos de trabajo (salarios, vacaciones, despidos, etc.) y las jubilaciones nacionales.

La organización de la justicia ordinaria queda a cargo de las provincias que dictan sus propios códigos de procedimientos. Para la capital federal estas leyes las aprueba el Congreso Nacional que, a esos efectos, tiene la función de una legislatura local.

Existe además una justicia especial o federal, encabezada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (a la cual en determinados casos se pueden llevar algunos pleitos tramitados en los tribunales ordinarios) e integrada por Cámaras Nacionales de Apelación y Jueces Nacionales en lo Federal, distribuidos por todo el país.

La competencia de la justicia federal ha sido establecida en la Constitución Nacional cuyo artículo 100 dice textualmente:

«Art. 100. Corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la Nación, el conocimiento y la decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución, y por las leyes de la Nación con la reserva hecha en el inciso 11 del art. 67 (se refiere a los Códigos cuya aplicación, como queda dicho, corresponde a la justicia ordinaria de las provincias); y por los tratados con las naciones extranjeras; de las causas concernientes a embajadores, ministros públicos y cónsules extranjeros; y de las causas de almirantazgo y jurisdicción marítima; de los asuntos en que la Nación sea parte; de las causas que se susciten entre dos o más provincias; entre una provincia y los vecinos de otra; entre los vecinos de diferentes provincias; y entre una provincia o sus vecinos, contra un Estado o ciudadano extranjero».

IMPORTANCIA DE LA JUSTICIA EN LA DEFENSA DE LA LIBERTAD Y DE LA DEMOCRACIA

No es posible que exista libertad y democracia donde no existe justicia en su doble sentido:

— como virtud que rige las relaciones sociales;
— como organización del poder que garantiza la vigencia de un orden jurídico.

La armonía en la convivencia, la paz social, es obra y resultado de la justicia. Donde no hay justicia no puede haber paz: los conflictos y tensiones sociales irán en continuo aumento.

La estabilidad y consistencia de una sociedad dependen en sumo grado de la adhesión y conformidad que le presten sus miembros.

Cuando los miembros de una comunidad ven que su organización y gobierno son los más convenientes y eficaces, que su libertad y seguridad están protegidas, que la fuerza y el poder del estado se utilizarán para establecer un orden social y económico justo, que las cargas ,y beneficios son equitativamente distribuidos, fácilmente prestan a este orden su adhesión y leal colaboración. Están dispuestos a imponerse cualquier sacrificio para mantenerlo o salvarlo.

Pero cuando los hombres ven que la justicia no rige las relaciones, que existe discriminación y favoritismo, que el fuerte oprime impunemente al débil, que los delitos quedan sin sanción, que las libertades y derechos carecen de protección, no dan su consentimiento a ese orden y están ansiando que sea cambiado por otro.

Los estados modernos se caracterizan por el establecimiento de un orden jurídico y de un sistema judicial que sea garantía de los derechos de todos y que obligue tanto a gobernantes como a gobernados al estricto cumplimiento de las leyes.

La justicia y el orden jurídico deben ser expresión de la solidaridad que reina en una comunidad.

Los órganos judiciales administran justicia: garantizan los derechos y libertades de individuos y grupos, controlan la constitucionalidad de las leyes y de los actos del poder ejecutivo, restauran el derecho cuando ha sido violado y sancionan a los delincuentes.

INDEPENDENCIA DE LA JUSTICIA EN LAS DEMOCRACIAS

En los regímenes democráticos, y en todos los regímenes políticamente sanos, se asegura la independencia de la justicia frente a los otros órganos del poder, como garantía de imparcialidad.

El objeto de la independencia judicial es garantizar que el derecho será aplicado con imparcialidad y que los gobernantes no influirán en las decisiones de los jueces.

La justicia debe, para ser imparcial, atenerse a los hechos y a las leyes objetivamente, no hacer «acepción de personas», y estar libre de presiones políticas, sociales o económicas.

Los jueces deben ser independientes no sólo ante las autoridades, sino también ante los grupos sociales o económicos. Cuanto cree en el juez una situación de compromiso personal es proclive a impedir la objetividad necesaria.

La Constitución Nacional para asegurar la independencia de la justicia determina:

1. que en ningún caso el Presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales o arrogarse el conocimiento de alguna causa;
2. que los jueces no podrán ser removidos de sus cargos sin mediar juicio político;
3. que sus sueldos serán establecidos por ley y que no podrán ser disminuidos mientras permanezcan en sus funciones.

Los jueces nacionales en caso de que su conducta no responda a las exigencias de su cargo pueden ser removidos mediante juicio político. En este caso la Cámara de Diputados hace las funciones de acusadora y la Cámara de Senadores, de juez.

Otras leyes argentinas, con el objeto de asegurar la independencia de los jueces establecen:

— que no podrán desempeñar otro cargo, función o empleo, excepto la docencia;
— que no podrán afiliarse a partidos políticos;
— que en caso de que el juez esté ligado por razones de parentezco, amistad o intereses con una de las partes en litigio se excuse de entender en tal juicio;
— que cualquiera de las partes del juicio puede recusar al juez que está ligado a la otra parte por alguna de las causas antes señaladas y pedir que el juicio pase a otro juez.

Fuente Consultada:
Educación Democrática de Argentino Moyano Coudert – Texto Para 3º Año – Tercera Edición-Editorial Guadalupe

Comportamiento Ético del Hombre y la Virtud Resumen

Comportamiento Ético del Hombre y la Virtud
Resumen

El comportamiento ético es saber desenvolvernos ante los demás en cuanto a valores y buenas acciones. Es el acto de reflexionar acerca de las consecuencias que podrían tener nuestros actos sobre las personas o sistemas.

etica y moral

LA RECTA RAZÓN COMO CRITERIO OBJETIVO DEL COMPORTAMIENTO ÉTICO DEL HOMBRE: Ya hemos expresados que la ley natural es como una luz interior que nos ilumina en los diversos momentos de la vida, para que nos encaminemos hacia el bien.

Dicho con otras palabras: la conducta moral —o comportamiento ético del hombre— se guía por la recta razón; ésta le proporciona los criterios objetivos, las reglas básicas del obrar. Dichas reglas son cognoscibles porque todos tenemos la posibilidad de conocerlas, de llegar a intuirlas en nuestro interior.

Sin embargo, este conocimiento es variable en las diferentes personas. Resultará más o menos perfecto según el mayor o menor grado de inteligencia, de la evolución cultural de cada uno.

Además, a menudo el espíritu humano se ve ensombrecido por las pasiones, los prejuicios, los malos hábitos arraigados, etc., que le impiden descubrir con claridad los preceptos de la ley natural.

Sus principios elementales —por ejemplo, «hay que obrar el bien y evitar el mal«— son verdades comprensibles por todos, y el no cumplirlas no otorga posibilidad alguna de excusa por ignorancia.

Ningún ser humano dotado de razón puede dejar de aplicar el precepto reproducido más arriba y sacar, entre otras, conclusiones como éstas:

Es una acción condenable causar daño al prójimo por medio de calumnias, nadie tiene el derecho de apoderarse de lo que no le pertenece, etc.

COMPORTAMIENTO ÉTICO DEL HOMBRE Y SUS VIRTUDES:

El comportamiento humano si está en armonía con la ética o moral merece la calificación de bueno; lo contrario, es la conducta inmoral, el predominio de los vicios.

Pero, esa adecuación del comportamiento personal a las reglas éticas, en la mayoría de los casos, no se consigue sin esfuerzo. A pesar de que el hombre es dueño de sí mismo, su voluntad puede ser influida por los hábitos y las pasiones.

El ascenso de una montaña requiere valor; es decir: virtudes físicas y morales especiales (etimológicamente, virtud viene del latín «virtute»: valor).
La disposición de cumplir con las obligaciones legales, las orientaciones de la conciencia y la práctica del bien, se asocian con la idea de virtud.

Podemos definirla como: el hábito o repetición del bien, en la conducta del hombre.

El verdadero progreso personal y el de la civilización, se apoyan un el esfuerzo que hacen cada ser humano y la sociedad, para practicar el bien y evitar el mal.

La virtud, como todo acto moral, requiere por parte del que obra, ol conocimiento de lo que hace. Y además, libertad de conducta.

La idea de virtud también se asocia con la de esfuerzo, porque en mayor o menor grado, cada acto virtuoso es una victoria sobre uno mismo. A veces, la lucha contra el vicio, la vuelta al camino de la virtud, pueden exigir al ser humano decisiones verdaderamente heroicas.

El vicio es, precisamente, falta de energía, ya que el hombre se deja llevar por la pasión.

La virtud, en sentido moral, significa esfuerzo para su adquisición.

Las cualidades intelectuales, por el contrario, son generalmente, innatas; hay personas que por nacimiento tienen facilidad para captar Ideas y efectuar deducciones mediante el raciocinio o gozan de una momoria feliz. No poseen estas virtudes a causa de un esfuerzo personal.

Las virtudes, consideradas especialmente bajo el punto de vista moral, son disposiciones estables para obrarbien, adquiridas como resultado del esfuerzo de la voluntad, a la luz de la razón.

Recalcamos las ideas importantes que configuran el concepto de comportamiento ético:

— se basa en virtudes adquiridas y no en las innatas;
— la luz de la razón debe estar presente en el orden moral;
— las virtudes morales resultan de la acción de la voluntad.

La virtud supone un ejercicio. Un acto aislado, será comienzo de virtud; sólo recibirá auténticamente el nombre de tal, la práctica prolongada y perseverante de obrar el bien.

Por ello, escribió Aristóteles:

«…de los hombres depende ser buenos o malos, y lo prueban las alabanzas y reprensiones de que son objeto las acciones humanas. La alabanza va dirigida a la virtud y la reprensión al vicio; y es claro que ni la una ni la otra podrían aplicarse a actos involuntarios» (En «La gran moral»).

Las conquistas técnicas, los avances científicos deben complementarse con el progreso moral de la humanidad;
sólo así tendrá el hombre garantías de paz y seguridad verdaderas.

LAS VIRTUDES Y LA PERFECCIÓN MORAL PERSONAL

a) Progreso material y moral:

El progreso material se realiza en razón de los descubrimientos científicos y técnicos; cada generación disfruta de los inventos y hallaz-gos de las generaciones anteriores. El progreso moral existe en la medida en que el hombre es educado en el mejor conocimiento de sus obligaciones y en el fiel cumplimiento de las mismas. En este tipo de progreso el factor tiempo no tiene mucha importancia, porque la naturaleza humana es igual en todas la épocas.

En la educación moral es fundamental la influencia que recibe la persona desde su nacimiento. La familia, a pesar de la disgrega-ción que sufre en algunos casos, es el lugar natural para el nacimiento y desarrollo de la vida moral. Igual responsabilidad corresponde a los establecimientos educativos, cuyos cuerpos directivos y docentes deben «modelar el alma» de los alumnos, al mismo tiempo que impar-ten los conocimientos proporcionados a su edad.

También el Estado debe vigilar para que exista un «ambiente moral» s.ano en la sociedad, del mismo modo que cuida la salubridad e higiene de la población; el orden, el respeto a los valores humanos, la pre-sencia ia de la civilización cristiana no pueden ser violados sin que se re-sienta la dignidad del hombre y el progreso social.

b) Las causas de la falta de valores morales:

Las enfermedades tienen sus causas; así también los males mora-les sea cual fuere el nombre que se les dé: vicio, delito, pecado, inmoralidad. Hay causas que están en el mismo individuo (herencia física o psíquica, enfermedades, etc.), otras son sociales (familias mal constituídas, vivienda inadecuada, cine y literatura corruptores, etc.) o de deben al tipo de mentalidad de la gente (ambición desmedida, ¡g norancia, soberbia incontrolada, etc.).

Vamos a referirnos a una de esas causas: la carencia de una formación moral.

Escribe Fernando N. A. Cuevillas, que cuando:

«…al adolescente no se le brinda norma ni fin en la conducta, mérito ni demérito, premio ni castigo, se llega a un desconcierto ético y psíquico tal, en el cual el ser se mueve sin vivir er profundidad, como una barca sin timón. Cualquier acto es posible entonces. Se le enseñan ejercicios físicos y presuntas obligaciones políticas o cívicas, sin jerarquizar…, como sí por simple respeto humano el hombre quedase obligado, en conciencia, a nc transgredir las leyes que de continuo ve violadas, y más aún, felices y homenajeados a quienes las infringen».

Creemos que no es preciso mayor comentario para entender que debe existir un orden moral superior al cual el hombre se someta voluntariamente y por propia conciencia, en su conducta personal y social, Y que dicho orden debe ser inculcado por el hogar y la escuela.

c) La virtud es una sola:

El hombre tiene deberes para con Dios, para consigo mismo y para con los demás. Dichos deberes se denominan morales y su práctica revela el grado de virtud de la persona.

La moral es una sola, es indivisible; para facilitar su estudio la dividimos en los tres aspectos mencionados.

La conciencia es única en cada hombre, porque ella lo orienta en todos sus actos. Misma afirmación corresponde hacer de la virtud. Por eso, es lógico suponer que quien no tiene frenos morales en su vida privada, tampoco tendrá una orientación moral en lo referente a sus deberes de ciudadano o de funcionario público.

La conducta virtuosa de un ciudadano influye saludablemente en el ambiente público; por el contrario, una sociedad se corrompe cuando sus miembros reemplazan la rectitud moral por costumbres viciosas.

— Virtudes privadas

Son las que se ponen de manifiesto en el hogar, en las múl tiples relaciones de la vida diaria (trabajo, escuela, actividades comerciales, etc.). La falta de estas virtudes si bien puede hacer criticables a las personas o afectar su buen nombre, muchas veces, no altera mayormente el orden social ni ofende la moral pública. Escapan al control del Estado según lo establece el artículo 19 de la Constitución Nacional, salvo en los casos en que dicha falla constituya un verdadero delito.

Como ya lo señalamos, la moral pública se fundamenta en la moral individual. En medio de una sociedad donde las personas hayan olvidado los valores morales, no pueden surgir muchos políticos honrados, gobernantes verdaderamente patriotas y abnegados, funcionarios íespetuosos de la ley.

— Virtudes públicas

La vida en sociedad exige además de las virtudes privadas, el ejercicio constante de la virtud pública para hacer posible la convivencia y la consecución del bien común.

Montesquieu en «El Espíritu de las Leyes» (libro V) dice:

«La virtud en una república es algo muy sencillo: es el amor a la república; es un sentimiento, y no una serie de conocimientos; el último hombre del Estado puede tener este sentimiento… Es raro que la corr’ioción comience en él (en el pueblo). De la mediocridad de sus conocimientos muchas veces ha conseguido una fuerte adhesión a las leyes vigentes. El amor a la Patria lleva a las buenas costumbres, y las buenas costumbres son la causa del amor a la patria. En la medida que menos satisfacción demos a nuestras propias pasiones, tanto más nos entregaremos a los ideales comunes…».

En forma general, podemos decir que son virtudes públicas las que el hombre ejercita fuera de su vida privada, por ejemplo, en sus relaciones con el gobierno, o cuando tiene que desempeñar cargos públicos.

EL DOMINIO DE SÍ PROPIO Y LA FORMACIÓN DEL CARÁCTER
a) El dominio de sí propio

Generalidades: Acabamos de señalar que todo progreso moral supone esfuerzos arduos , supone la práctica de virtudes.

Además, en los dos Cursos anteriores, al tocar temas relativos a la voluntad y libertad, se explicó el papel de las decisiones personales en la vida del hombre, como motores del perfeccionamiento individual y social.

El tema del dominio personal vuelve sobre la misma cuestión. En efecto; dominarse a sí mismo significa tener autocontrol, asumir plenamente los propios actos y sus consecuencias, tanto en cosas fáciles como en aquéllas circunstancias en las que se debe luchar contra dificultades.

La existencia del hombre, en general, está constituida por las pequeñas luchas diarias; ellas nos obligan a contrariar las pasiones personales, no siempre orientadas al bien.

— Vencerse a sí mismo

De poco vale la conquista que el hombre realiza de lo que está fuera de él, si no logra dominarse a sí mismo.
El vencimiento propio es la base del engrandecimiento mora! del ser humano.

Nuestra voluntad no se orienta permanentemente por la recta razón; hay muchos factores internos y externos (deseos, comodidades, distracciones, compañías, etc.) que influyen para que nos apartemos del camino recto. En esas circunstancias debemos someter nuestra voluntad con verdadera fuerza y doblegarla para que no se rebele ante la clara voz de la conciencia.

La psicología y la pedagogía reconocen en el campo de la perfección humana, las ventajas que se derivan del dominio de sí propio.

Los padres y los maestros saben que el peor sistema educativo es el de consentir todos los deseos y gustos de los chicos.

El niño caprichoso que hoy tiraniza a la familia, si no es corregido a tiempo, se convertirá en un muchacho indisciplinado y sin energías morales para cumplir con el deber. ¿Qué podrá espejar de él, en el futuro, la sociedad? Probablemente, será más adelante un ciudadano que no sabrá usar adecuadamente de su libertad y de conducta desenfrenada.

Es importante que se indiquen al niño y al joven los motivos por los cuales se les dan órdenes o se les imponen privaciones. Pero, ya adultos deben, ellos mismos, conseguir el vencimiento propio por los motivos que ya tienen aprendidos y asimilados.

En ese dominio consiste, precisamente, el ejercicio de una vo luntad entrenada en la práctica del bien y en la lucha contra las ma las inclinaciones.

Sobre el mismo escribe Daniel J. Ruiz:

«El vencimiento libre es el que tiene importancia especial en la formación de la voluntad. El vencimiento necesario posee también su valor: desde luego, es meritorio, puesto que se lleva a cabo por cumplir con el deber; además, cada vez que uno se vence en esta forma, afirma más su voluntad de permanecer fiel a sus obligaciones.

El vencimiento libre es en muchos casos un excelente medio para corregir algún defecto. A una muchacha muy golosa se’ le puede aconsejar que de vez en cuando se prive de comprar bombones y dulces, o que los compre en pequeñas cantidades, o que en caso de ser convidada se sirva un solo bombón… Si oye el consejo y lo lleva a la práctica durante un tiempo más o menos largo, se convencerá de que no es una cosa del otro mundo ser moderado en comer golosinas; adquirirá la persuasión de que de hecho puede dominar su exagerada inclinación a las golosinas, si es que se lo propone.

Un vencimiento de esta índole es provechoso, porque está motivado; el individuo se vence porque tiene la firme voluntad de eliminar de su proceder un determinado defecto o vicio, o simplemente una ocasión de faltar a su deber» (En «Motivación y dinámica de la voluntad»).

b) La Formación del Carácter

— Temperamento y carácter

En primer lugar, distinguiremos estos dos conceptos, a fin de en-inndor mejor cuál es la tarea personal de formar el carácter.

• Temperamento: La psicología define al temperamento como al conjunto de dis-poniciones orgánicas que constituyen a la persona, en su parte física. En virtud de la recíproca influencia del cuerpo y el alma, las condiciones  orgánicas y fisiológicas individuales, influyen en las reacciones en la conducta, en el carácter.

Por ejemplo, hay personas de las que decimos que son «un manojo de nervios» porque en su temperamento tiene marcada influencia el sistema nervioso; de alli, sus movimientos, su inquietud, su forma de contestar cuando se las contraría, etc.

• Carácter: El carácter, por su parte, es el conjunto de disposiciones psíquicas y la suma de los comportamientos habituales de una persona. Ese conjunto de disposiciones psíquicas —aptitudes, tendencias, mayor o menor predominio de una facultad sobre las demás, etc.—constituye una especie de fisonomía moral, un modo particular de sei o carácter.

Realmente es un elogio referirnos a alguien, como a un hombre de carácter.

— Una tarea de gran importancia

De acuerdo a lo explicado, no se puede justificar la falta de energía para llevar una vida virtuosa, atribuyendo dicha carencia a la naturaleza orgánica de cada uno. Es erróneo afirmar que la virtud depende del temperamento.

El ser humano tiene la posibilidad de luchar contra las malas inclinaciones que se agitan dentro de él, así como la de cultivar los sentimientos sanos y nobles aspiraciones que como raíz, están en los repliegues del alma. Todo depende, fundamentalmente, de la educación.

Así lo entendió Licurgo y lo quiso imprimir indeleblemente en la mente de los espartanos.

Estando un día en la plaza pública, reunido con sus conciudadanos, hizo llevar dos perros; luego de poner a su alcance una liebre viva y un plato de carne, los dejó en libertad. Uno de los perros se lanzó tras la liebre; el otro se precipitó vorazmente sobre la carne.

Como los espartanos se mirasen unos a otros, entre risueños y extrañados, Licurgo les dijo:

«Estos animales son hijos del mismo padre y de la misma madre; pero como les he dado distinta educación, uno ha resultado un cazador incansable y, el otro, un voraz y nunca satisfecho comedor. Lo mismo sucederá con los hijos de ustedes: serán buenos o malos, según la educación que les den».

El ser humano no nace con el carácter formado; tampoco éste aparece repentinamente cuando se llega a determinada edad.

Venimos al mundo con los gérmenes de nuestro carácter futuro; a nosotros corresponde la tarea —muchas veces, difícil— de desarrollarlos. Pero no estamos solos en este trabajo fundamental; contamos con la colaboración de nuestros padres y educadores, con la ayuda de los amigos verdaderos.

Debemos ser los artistas de nuestro carácter. Esa es la mejor obra que podemos realizar en este mundo para demostrar un ordenado amor a nosotros mismos.

Ha escrito E. Quinet:

«En cada uno de nosotros alienta un Fidias. Cada hombre es un escultor que debe corregir el mármol o el limo de que se halla formado, hasta conseguir que de la masa confusa de nuestros groseros instintos surja una personalidad inteligente y libre».

LA UNIDAD DE LA VIDA VIRTUOSA:

Hemos  afirmamos que la virtud es una sola; la división se se hace de la misma es únicamente para facilitar su estudio. Según hemos explicado, la virtud, en general, es el ejercicio de la voluntad para dominar las pasiones.

Por medio de ella tratamos de encuadrar la conducta en la ley natural y en los preceptos de la ley positiva.

Si al ejercicio de las virtudes propias de la conducta se une el cultivo de la inteligencia, el hombre se acercará a la meta de su perfeccionamiento. Las virtudes morales —las virtudes del comportamiento humano— son el mejor complemento de una inteligencia cultivada.

Ya en épocas remotas los antiguos redujeron las virtudes morales a cuatro principales, a saber: prudencia, justicia, fortaleza y templanza.

Leemos, por ejemplo, en la Biblia:

«…la templanza y la prudencia, la justicia y la fortaleza, son las virtudes más provechosas para los hombres en la vida» (Sabiduría, 8).

Santo Tomás de Aquino expresa que todas las facultades que concurren para realizar el bien moral tienen necesidad de ser fortalecidas por las virtudes.

La razón es perfeccionada por la prudencia; la voluntad, por la justicia; la sensibilidad, en cuanto es deseo, por la templanza, y en cuanto es temor, por la fortaleza.

El ejercicio, por lo tanto, de las virtudes morales y de las demás virtudes da sentido de unidad a la vida del hombre porque encamina todas sus facultades y pasiones hacia un ideal de superación humana; en esta ordenación no está ausente la recta razón para indicar la debida jerarquía de los valores.

Ver: Virtudes Para La Vida en Democracia

Fuente Consultada:
Formación Moral y Cívica 8 – Capítulo I – El Hombre y sus Acciones Virtuosas – Roberto N. Kechichián – Ciclo Básico y Técnicas Editorial Stella –

Actos del Hombre Conducta Moral Normas Morales y Jurídicas

Actos del Hombre – Conducta Moral e Inmoral
Resumen Normas Morales y Jurídicas

ACTOS HUMANOS Y DEL HOMBRE: Podemos decir que hay basicamente  dos tipos de actos: los actos humanos y los actos del hombre y aunque ambos son ejecutados por el hombre, estos poseen ciertas características que los diferencian entre sí. Por ejemplo los actos humanos son los actos o acciones realizadas por el hombre en forma voluntaria, es decir con conciencia, porque utiliza la razón e inteliegencia para realizarlos, como por ejemplo estudiar, conducir, bailar, cantar, jugar, etc. Los otros actos, también ejecutados por hombre, pero que llamanos: del hombre son los que carecen de voluntad, conciencia o libertad y son realizados desde su misma naturaleza humana, como por ejemplo toser, estornudar, respirar, etc.

a) Norma Moral:

Los actos de la persona humana, su conducta o modo de obrar, están relacionados con la ética o moral. A causa de ello, podemos afirmar de dichos actos que son buenos. El que obra en contra de su conciencia y de la ley, el que se deja dominar por los vicios manifiesta un obrar contrario a la ética o moral.

La ética o moral nos enseña cuáles son los fundamentos, los principios o normas que se deben tener en cuenta en la conducta humana para que ésta tenga una calificación buena.

Así como se aprenden las reglas o procedimientos para obtener la solución de un problema aritmético, también el hombre debe conocer las reglas que tiene que aplicar para que sus actos sean conformes con la moral. Este aprendizaje se efectúa en el seno del hogar y en la escuela, y también en el medio social donde se desarrolla la vida del hombre. No debe ser puramente teórico; su base consiste en la ejercitación del bien, en la lucha contra las malas inclinaciones y en la afirmación de nuestros principios morales en las diferentes situaciones de la vida.

El hombre —ser inteligente— tiene capacidad de reflexión y puede por ello, frente a su conciencia, saber si sus actos son ¡ntegralmen-lo buenos o si tan sólo tienen una apariencia moral. Por ejemplo, i u,indo el alumno ayuda a un compañero movido por ei interés o cuando la excusa «Ahora, no puedo» está inspirada en la envidia, él sabe intimamente que su acto no es todo lo bueno que debería ser por faltarle una cualidad moral interior.

Conducta moral e inmoral:

Hay hombres que tienen desarrollado el sentido de la orientación; por ello pueden, si se extravían en la espesura de un monte, encontrar piontamente el sendero por donde iban. Otros, están dotados de sentido ostético y son capaces de percibir la belleza presente en los escenaríos de la naturaleza o la que crean otros hombres, inspirados por el arte.

Pero lo fundamental es que todos los hombres tengan sentido moral para dirigirse naturalmente hacia el bien, para desearlo como meta suprema de la vida humana. Ese sentido moral hará que las acciones humanas se encaminen hacia lo bueno con la misma precisión con que el proyectil da en el blanco.

La búsqueda de la bondad como fundamento de la conducta humana no es sólo un mandato divino; también lo es de la recta razón.

La conducta moral —aunque se tengan que vencer intereses y egoísmos personales— constituye fuente de felicidad humana y es el mejor aporte que podemos hacer a la sociedad en la que vivimos, para establecer en ella relaciones de paz y de progreso.

b) Otras normas (lógicas, artísticas, técnicas, etc.)

Cada ciencia, cada disciplina, cada arte, etc., aprendidos o practicados por el hombre, se rigen por una serie de normas o reglas que aseguran su eficacia y perfección.

Precisamente, esa es una de las finalidades de la educación que está recibiendo el alumno. Las diversas materias que integran el programa tienen por fin familiarizarlo con la teoría y la práctica de las mismas, como forma de conseguir el perfeccionamiento intelectual.

Así, por ejemplo, en la materia filosofía, en las unidades que desarrollan la lógica, estudiará el alumno las reglas del razonamiento: de la deducción, la inducción, la analogía, los silogismos, etc.

Todas las artes, todo lo que significa un quehacer, supone la aplicación de principios o de reglas técnicas que condicionan el poder alcanzar la belleza o la eficacia práctica.

NORMA JURÍDICA: LEY NATURAL Y LEY POSITIVA; USOS Y COSTUMBRES

Norma jurídica, en general, significa una regla de conducta obligatoria, impuesta por el derecho, por la ley.

a) Origen de las normas jurídicas
La ley eterna

Ya en el siglo I a.C, Cicerón escribió: «Siguiendo la opinión de los hombres más sabios, se deduce que la ley no ha sido inventada por la razón o el ingenio de los hombres, ni descubierta por los pueblos, sino que cierto principio eterno rige al mundo».

 ciceron moral y etica

Marco Tulio Cicero, el más célebre orador de Roma antigua.

Según el pensamiento del orador romano, hay una regla establecida por Dios, que mueve todas las cosas hacia el fin que les es propio.

Por tanto, todas las criaturas —las desprovistas de razón y el hombre— son gobernadas por una ley superior, para que cumplan el destino que les ha fijado la sabiduría divina.

En el mundo de la naturaleza, los seres inanimados y los animados, cumplen la ley eterna de modo irresistible. Las leyes físicas (de la gravedad, de la termodinámica, etc.) y las leyes biológicas (el cumplimiento de los ciclos vitales por las plantas y animales, la herencia, etc.) son otros tantos ejemplos de la ley eterna que rige al universo.

Esta ley eterna que también se aplica al hombre determina los medios que éste ha de emplear para conseguir su fin terreno y eterno. El hombre, con la luz de la razón, puede conocer el bien que se le prescribe y el mal que se le prohibe, pero como ya hemos visto, es libre de seguir aquél o de inclinarse hacia éste.

La ley natural

La ley natural como regla de la conducta del hombre es comparable a una luz depositada por Dios en nuestra inteligencia para que nos ilumine sobre lo que se debe hacer y lo que tiene que evitarse, y así poder conseguir el ideal humano.

Como explicamos renglones más arriba, la ley eterna se aplica a todas las criaturas del universo; cuando la misma se relaciona con los seres racionales recibe el nombre de ley moral natural.

Esta ley es universal porque se impone a todos los hombres, sin ningún tipo de distinciones; abarca toda conducta libre, y en cualquier tiempo y lugar.

La ley natural, impone a veces preceptos positivos; por ejemplo, la ayuda al débil o desvalido en caso de necesidad grave.

En otras ocasiones, sus preceptos son negativos, porque equivalen a no obrar, a abstenerse de algo («No se debe dañar la propiedad de otro«).

En el año 1937, el Papa Pío XI, a propósito de la situación creada en el Reich Alemán, publicó una Encíclica, en la que exponía con claridad y valentía los principios que explicamos. En varios de sus párrafos reafirma el reconocimiento y la obligatoriedad de las leyes morales enseñadas por la naturaleza.

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En el centro, el Papa Pío XI junto a sus cardenales

Reproducimos algunos conceptos del documento:

«…Nuestro pensamiento se refiere a lo que se suele llamar derecho natural, que el dedo del mismo Creador escribió en las tablas del corazón humano, y que la sana razón, no oscurecida por pasiones y pecados, puede leer en ellas…

El Creador quiere la sociedad, como medio para obtener el pleno desarrollo de las facultades individuales y sociales de las cuales el hombre debe valerse, ya sea dando, ya sea recibiendo, para su propio bien y el bien de los otros…

El que se aparta de este orden sacude los pilares sobre los cuales reposa la sociedad, y pone en peligro su tranquilidad, seguridad y existencia «.

Si todos los pueblos, en todos los tiempos y lugares, han coincidido en reconocer como fundamentales las mismas ideas sobre lo bueno y justo, sobre el bien y el mal, quiere decir que estamos frente a normas obligatorias que —como expresa la Encíclica— constituyen los pilares de la sociedad humana.

Una de las reglas de nuestra conducta, para determinar lo que debemos hacer o evitar, es el testimonio de la conciencia que, según los casos, nos alaba por la rectitud en el obrar o nos echa en cara la debilidad de nuestra voluntad para cumplir con lo que estamos obligados a hacer.

b) La Ley Positiva

Concepto: Las leyes que interesan al tema son las leyes en sentido jurídico; es decir, las reglas de conducta obligatoria que impone el gobierno del Estado a los habitantes.

En otras materias, el alumno estudia leyes biológicas, matemáticas, físicas, psicológicas, etc.

Decían los romanos: «Donde está el hombre, nace la sociedad; donde está la sociedad, nace la ley».

La convivencia de un grupo humano hace surgir la necesidad de una regla jurídica o regla de derecho; esta regla es la ley. Todas las civilizaciones,  todos los pueblos han tenido sus leyes. Algunas de estas legislaciones de las que nos habla la historia, se han hecho famosas: Código del rey Hamurabi, Ley de las XII Tablas, las Siete Partidas de Alfonso el Sabio, etc.

De acuerdo a los conceptos expuestos, podemos definirla de este modo:

La ley es una norma obligatoria destinada a regir la conducta del hombre en la sociedad, y que ha sido establecida por la autoridad pública.

Clases de leyes positivas
• En sentido propio:

Son sancionadas por el poder Legislativo y luego promulgadas por el Presidente de la República (Poder Ejecutivo). Para ser obligatorias deben publicarse en el Boletín Oficial.

• En sentido amplio:

Son todas las normas, aunque no emanen del Poder Legislativo. Se encuentran entre ellas:

los decretos del Poder Ejecutivo;
las resoluciones de los ministros;
los edictos del jefe de policía;
las ordenanzas municipales; etc.

Ambas clases de leyes integran el derecho positivo, es decir, el conjunto de normas obligatorias para todos los habitantes del Estado.

Caracteres de las leyes positivas

Entre sus cualidades recordamos las siguientes:

• Obligatorias: Se imponen en forma imperativa, ya que no pueden dejar de cumplirse.

• Coactivas:  A los que no las cumplen se les aplica una sanción, una pena. Ello vale no sólo para las leyes penales, sino también para todo tipo de norma legal.

• Permanentes: Solamente son derogadas en todo o en parte por otras leyes, y nunca por la costumbre.

• No retroactivas: Rigen, en general, para el futuro.

El respeto a la ley

Si bien la ley es coactiva y prevé una sanción para sus ¡ncumpli-dores, su acatamiento debe fundarse en las energías morales o grado de virtud de los habitantes. El aumento de la delincuencia juvenil, de las organizaciones de contrabandistas, de los secuestradores y traficantes de drogas o de cualquier otra modalidad del delito o forma de violar la ley, está indicando una baja de los valores o energías morales de la sociedad.

Ello es señal de decadencia, de negación de la civilización, de retroceso. ¿Vale para algo alcanzar la luna o construir aviones con capacidad para cuatrocientos o más pasajeros, si en las grandes dudades la vida, la seguridad y los bienes de las personas decentes están permanentemente acechados por delincuentes, muchas veces impunes? v
Las conquistas técnicas quedan prácticamente anuladas o inútiles sin el avance de los principios morales.

c) Usos y costumbres

Los tipos de pautas culturales más importantes son las normas, las costumbres y los usos. Por razón de jerarquía de conceptos vamos a seguir un orden diferente al del Programa Oficial.

• Costumbres

La costumbre es una pauta de comportamiento muy extendida, pero que no se considera tan obligatoria como la norma. Por ello, las costumbres no se imponen a la persona con tanta estrictez. Constituyen algo simplemente deseable, por ser «lo corriente», «lo que todos hacen». El dejar de cumplir una norma siempre se considerará mucho más grave que dejar de observar una costumbre.

Generalmente, seguimos una costumbre porque de lo contrario, nuestra conducta puede despertar una reacción en los demás; no queremos caer en el ridículo o ser blanco de las habladurías de las personas que nos rodean.

Por ejemplo, ciertos hombres casados —quizá, por el tipo de actividad manual que desempeñan— tienen la costumbre de no usar el anillo de casamiento; pero, la gente, en general, no acepta que esa costumbre se dé en una mujer casada.

• Usos

Dentro de las pautas culturales de comportamiento, los usos son las menos obligatorias.

Muchos de los usos que advertimos en la sociedad forman parle de los llamados «convencionalismos sociales», como lo son, por ejemplo, las reglas de etiqueta, los buenos modales, las fórmulas de cortesía, etc.

Si bien no se los considera obligatorios, son generalmente nceptados; su extensión y práctica facilitan las buenas relaciones y hacen más agradable la convivencia social.

Las costumbres y los usos en relación con la ley positiva

En nuestro país todo el derecho vigente es escrito.

En épocas remotas, cuando el derecho constituía una ciencia rudimentaria, tenían aplicación las leyes no escritas, cuya fuente era la costumbre. El derecho consuetudinario —es decir, basado en la costumbre— ha constituido por largos años la única fuente del derecho en muchos países que hoy lo han desterrado por completo.

Sólo Gran Bretaña y varios de los estados que constituyen los Estados Unidos de Norteamérica, han mantenido con más o menos vigor el imperio de la costumbre como fuente productora del derecho.

En la República Argentina, el artículo 17 del Código Civil expresa, en consonancia con lo afirmado más arriba:

«Los usos y costumbres no pueden crear derechos sino cuando las leyes se refieran a ellos o en situaciones no regladas legalmente «.

Fuente Consultada.
Formación Moral y Cívica 8 – Capítulo I – El Hombre y sus Acciones Virtuosas – Roberto N. Kechichián – Ciclo Básico y Técnicas Editorial Stella –

Ver: Comporamiento Etico del Hombre

 

 

 

Los Gobiernos Constitucionales en Argentina La Nueva Ley Electoral

LOS GOBIERNOS CONTITUCIONALES DE ARGENTINA

ANTECEDENTES HISTÓRICO: Efectuadas las elecciones presidenciales de 1910, triunfó sin mayor oposición el doctor Roque Sáenz Peña, acompañado en la fórmula por el doctor Victorino de la Plaza. Asumieron sus respectivos cargos el 12 de octubre de 1910.

El nuevo presidente era un verdadero estadista, un gran diplomático y un destacado jurisconsulto, quien se propuso eliminar el personalismo político y reformar el sistema imperante a fin de garantizar la libre expresión del pueblo en las luchas cívicas.

Antes de ocupar el poder, Sáenz Peña había celebrado dos entrevistas con Hipólito Yrigoyen —jefe del partido opositor—, en cuyo transcurso el último exigió plenas garantías de libertad de sufragio para que el radicalismo abandonara su actitud de abstención política.

Sáenz Peña prometió entregar al país una ley electoral.

NACE LA NUEVA LEY ELECTORAL

El presidente de la Nación y su ministro del Interior, Dr. Indalecio Gómez, trabajaron en favor de una verdadera restauración democrática y enviaron a las Cámaras un proyecto de reforma electoral que originó largos debates debido a la resistencia de grupos políticos.

Por último, la ley fue aprobada por el Congreso en febrero de 1912.

La denominada Ley Nacional de Elecciones (Ley Nº 8871), también conocida como «Ley Sáenz Peña«, tenía las siguientes características:

a) Padrón Electoral. Los organismos militares remitirían al Ministerio del Interior la lista de enrolados, con los cuales debía formarse el «padrón» o nómina de doscientos ciudadanos, sobre la base de la proximidad de su domicilio. Antes de cada elección, el padrón sería «depurado», es decir, eliminados los fallecidos, los acusados por delitos, etc.

b) Sufragio Universal, Individual y Obligatorio. Podrían emitir su voto todos los ciudadanos —nativos o naturalizados— desde los 18 años de edad. El voto era individual, no pudiendo efectuarse por grupos, por poder o por correspondencia.

El elector debía aclarar su identidad ante la mesa receptora, mediante la presentación indispensable de la libreta de enrolamiento, con fotografía, impresión digital y datos correspondientes.El sufragio era obligatorio hasta los 70 años de edad; esta disposición se refería a la concurrencia al comicio, pero no al voto en blanco.

c) Voto Secreto y Libre. El elector no podrá dar a conocer —en el acto del comicio— sus preferencias por determinado partido o candidato, ni exhibir distintivos políticos.El voto era libre, por cuanto el ciudadano lo depositaba dentro de la urna en el cuarto oscuro y la ley establecía varias disposiciones para librarlo de coacción física o moral.

d) El sistema de la Lista Incompleta. Con este procedimiento se permitía la representación de la mayoría y de una minoría opositora en relación con la primera.

Promulgada la Ley Electoral, fue puesta en vigor por vez primera en la provincia de Santa Fe, a fin de renovar gobernador y vice.

El partido radical abandonó su abstención revolucionaria y participó en esos comicios, en los que logró imponerse.

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LISTA DE PRESIDENTE ARGENTINOS ELEGIDOS POR LA LEY ELECTORAL

 irigoyen hipólito

1916-1922: Hipólito Irigoyen- Pelagio Luna

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 torcuato de alvear

1922-1928: Marcelo Torcuato de Alvear – Elpidio González

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hipolito irigoyen

1929-1930: Hipólito Irigoyen – Enrique Martínez

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agustin p. justo

20-2-1932-20-2-1938
Agustín P. Justo – Julio A. Roca (h) 20-2-1938https://historiaybiografias.com/linea_divisoria5.jpg

roberto ortiz
27-6-1942 Roberto M. Ortiz – Ramón S. Castillo https://historiaybiografias.com/linea_divisoria5.jpg

castillo ramón
4-6-1943 Ramón S. Castillo, por renuncia de Ortiz https://historiaybiografias.com/linea_divisoria5.jpg


4-6-1952 Juan D. Perón – Juan H. Quijano https://historiaybiografias.com/linea_divisoria5.jpg

juan peron
20-9-1955 Juan D. Perón – Alberto Teisaire https://historiaybiografias.com/linea_divisoria5.jpg

arturo frondizi
29-3-1962 Arturo Frondizi – Alejandro Gómez https://historiaybiografias.com/linea_divisoria5.jpg

arturo illia arturo
28-6-1966 ArturoU. Illia-Carlos H. Perette https://historiaybiografias.com/linea_divisoria5.jpg

hecto campora
13-7-1973/12-10-1973 Héctor J. Cámpora – Vicente Solano Limahttps://historiaybiografias.com/linea_divisoria5.jpg
juan peron
1-7 -1974 Juan D- Perón » María E- Martínez de Perónhttps://historiaybiografias.com/linea_divisoria5.jpg

 presidente de argentina isabel peron
24-3-1976 María E. Martínez de Perón, por muerte de Perónhttps://historiaybiografias.com/linea_divisoria5.jpg

raul alfonsin

1983 – 1989: Raúl Alfonsín – Víctor Martínezhttps://historiaybiografias.com/linea_divisoria5.jpg

 presidente de argentina carlos menem

1989-1995 Carlos Menem – Eduardo Duhaldehttps://historiaybiografias.com/linea_divisoria5.jpg

 presidente de argentina menem

1995-1999 Carlos Menem – Carlos Ruckaufhttps://historiaybiografias.com/linea_divisoria5.jpg

fernando de la rua

1999-2001 -Fernando De La Rua – Carlos Alvarez

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2001- Ramón Puerta

adolfo rodriguez saa presidente de argentina

2001 – Adolfo Rodríguez Saa

eduardo camaño

2001 – Eduardo Camaño

duhalde presidente de argentina

2001 – Eduardo Duhalde

nestor kirchner

2003 – 2007: Néstor Kirchnerhttps://historiaybiografias.com/linea_divisoria5.jpg

cristina fernandez de kirchner

2007 – 2011: Cristina Fernandez de Kirchnerhttps://historiaybiografias.com/linea_divisoria5.jpg

cristina fernandez de kirchner presidente de argentina

2011 – 2015: Cristina Fernandez de Kirchnerhttps://historiaybiografias.com/linea_divisoria5.jpg

mauricio macri

2015 – ? : Mauricio Macrihttps://historiaybiografias.com/linea_divisoria5.jpg

Parlamentarismo y Presidencialismo Diferencias Resumen

Parlamentarismo y Presidencialismo Diferencias entre los Sistemas Políticos

Mientras que un gobernante absoluto, o autócrata, puede hacer lo que quien sin responder ante nadie por las consecuencias, aquellos que son elegidos para gobernar un país siguen siendo responsables de cómo lo hacen; en el peor de los casos, tienen que responder ante su electorado sobre la pertinencia de sus actos.

Bien, pero ¿ante quién, en concreto, deben ser responsables los líderes políticos? . La respuesta a esa pregunta es importante para comprender las diferencias entre los tipos principales de sistemas políticos que encontramos hoy en día en el mundo. Los sistemas democráticos se dividen en parlamentaristas o presidencialistas. Los primeros nacieron en las monarquías, ganando para el Parlamento, paso a paso, mayores competencias, hasta llegar —como en Inglaterra— a que la reina puede reinar pero no gobernar.

Los presidencialismos, por su parte, nacieron con las repúblicas modernas,que no aceptaban las tradicionales monarquías, fue en Estados Unidos en 1776 , cuando se independizó de Inglaterra, formando una confederación apoyandosé en las ideas del liberalismo político, en donde afirma que la soberanía de un país recibe en su pueblo.

El sistema presidencialista

El sistema presidencialista ha sido denominado el sistema del nuevo mundo. Tal calificación no es arbitraria, pues fue creado por los constituyentes norteamericanos y adoptado luego por la mayoría de los países de Latinoamérica. Quienes debieron asumir la responsabilidad de elaborar la Constitución de Norteamérica, se enfrentaron con una disyuntiva.

Querían, por un lado, un Poder Ejecutivo que dependiera del freno de las mayorías. Por otro, era necesario que dicho poder fuera lo suficientemente fuerte como para obrar con plena libertad dentro de su específica esfera de gobierno.

La solución fue ecléctica. Concedieron, sí, amplios poderes al presidente. Tantos, que llamó la atención de los europeos, acostumbrados a la debilidad de los jefes de Estado. Pero le agregaron la estricta fiscalización de los otros dos poderes de gobierno. Y complementaron ambas decisiones con una tercera, que habla a las claras de una nítida visión política de futuro: fueron parcos en la delincación del órgano presidencial, para lograr que respondiera en todo tiempo a las cambiantes necesidades de la Nación.

El presidente debe dar solución directa e inmediata a múltiples problemas que surgen de la administración pública. Por ello, su acción reviste mayor urgencia e ineludibilidad que la de los otros poderes. Su misión es mucho más amplia que la de ser el mero ejecutor de las leyes, tal cual lo define la teoría clásica.

Debe administrar los asuntos públicos en general y, en ese sentido, representa la vida concreta del Estado. Es quien lo representa, no sólo en el plano interno sino también externamente. Esto no puede significar nunca, desde luego, que se halle ubicado en un plano superior al de los otros órganos de gobierno. Pero es innegable que ejerce una dirección y un control generales. Por algo es que, en el habla diaria, se confunden los conceptos de gobierno y Poder Ejecutivo.

Ell presidente ejecuta las políticas del Estado, que la Constitución y las leyes emanadas del Congreso delinean. Maneja los poderes que el pueblo de la República le ha cedido por medio de la Carta Fundamental.

Para muchos, éste parece ser el sistema más adecuado para el gobierno contemporáneo, que exige una condición ejecutiva rápida y vigorosa ante vastos, complejos y cambiantes problemas y situaciones. Claro que siempre controlado, ágil y eficazmente, por el órgano legislativo y por los tribunales judiciales, de forma tal que los derechos de los ciudadanos se encuentren adecuadamente garantizados.

El sistema parlamentario

El sistema parlamentario de gobierno establece un órgano ejecutivo dual. Formalmente mirado, puede hablarse de la existencia de dos ejecutivos. Por un lado, el jefe de Estado, que puede ser un presidente (en el caso de las repúblicas) o un rey (en el caso de las monarquías constitucionales). Por él otro, el Gabinete, que es encabezado por el primer ministro. Las responsabilidades de uno y otro ejecutivo son diferentes. Mientras que el Gabinete es responsable ante el Parlamento, el jefe de Estado es políticamente irresponsable.

Es indespensable que el Gabinete cuente con la confianza del Parlamento. Basta un voto de desconfianza emitido por esta institución, para que el Gabinete deba renunciar. Por su parteA y como contrapartida que restituye el equilibrio de poderes, Ejecutivo puede disolver al Parlamento y convocar a elecciones generales para integrarlo nuevamente. Hay, por lo tanto, una muy íntima relación entre Gabinete y Parlamento. Y no podría ser de otra forma, desde el momento en que los miembros de ese Gabinete se recluían entre los propios componentes del Poder Legislativo.

El sistema parlamentario en Inglaterra

parlamento en inglaterra

El sistema parlamentario es una forma de gobierno característica de Europa. Fue practicado originalmente en Inglaterra y desde allí se trasladó a otros países, que loadoptaron con diversas variantes.

Inglaterra es un ejemplo clásico de las llamadas monarquías parlamentarias y las instituciones británicas son el resultado de una larga evolución. Al principio, el Parlamento fue sólo una reunión de vasallos convocada por el rey, fundamentalmente para solicitarles apoyo de carácter económico. Pero sacando provecho político de esas «ayudas», la institución avanza.

Cuando la Corona quiere quebrar su poderío, el Parlamento no renuncia pacíficamente a esa incipiente influencia que posee: se enfrenta al soberano y sale fortalecido de esa lucha. En 1714, bajo la dinastía Hannover, es cuando el Consejo Privado del Rey se transforma en Gabinete y se reconoce responsable ante el Parlamento. Al lado de ellos, la figura del monarca pasa a segundo plano. (Ver: origen del parlamento británico)

De ahí en más, el gobierno inglés se basa en la estructura de Gabinete. Este pasa a ser la clave de su buen funcionamiento. El personaje fundamental de todo su andamiaje es el primer ministro, elegido por el rey entre los miembros del partido que cuente con mayoría parlamentaria, su líder generalmente. Ese «premier» es el encargado de proveer las demás plazas del Gabinete, mientras que el rey se limita a suscribir esas designaciones.

Siempre, salvo contadísimas excepciones, los miembros del Gabinete son extraídos del seno de la institución parlamentaria. Normalmente, pertenecen a un mismo partido y un mínimo número de plazas se reserva para representantes de la Cámara de los Lores.

Todos ellos son responsables ante el Parlamento y las decisiones de cada uno obligan a todos por igual: sólo en caso de medidas de carácter muy menor algún ministro puede responsabilizarse en forma individual. Su jefe indiscutido es el primer ministro, que la ley define como «el primero entre sus iguales». Lo secundan en su tarea varios funcionarios que desarrollan ta: reas técnicas y honorarios (sin carácter político) y, desde luego, el resto de los ministros.

Cabe establecer una diferenciación entre Ministerio y Gabinete, que para nada son la misma cosa. Un Ministerio está compuesto por el correspondiente ministro y quienes lo secundan en su área específica, vale decir los secretarios, subsecretarios y demás funcionarios.

El Gabinete, por su parte, está formado, exclusivamente, por los ministros. Reunido en su famosa sede de 10 Downing Street ejerce sus funciones típicas: la determinación final de la política que se someterá al Parlamento para su aprobación, el control del Ejecutivo de la Nación, la coordinación entre los diferentes departamentos estatales.

Pero quizá su papel fundamental sea otro, que aventaja en importancia a las prerrogativas recién enumeradas: conducir la actividad del Parlamento, siendo el promotor de la mayor parte de las iniciativas de ley.

El Gabinete dirige los gobiernos de Inglaterra. El Parlamento desarrolla una función de control. El Gabinete puede disolver la Cámara de los Comunes. Pero, a su vez, nace y muere en virtud de las decisiones parlamentarias. El equilibrio de poderes, agradecido.

Una diferencia obvia entre un régimen presidencial y uno parlamentario es la naturaleza del jefe de Estado. En un sistema parlamentario, éste suele ser una figura ceremonial (por ejemplo, el monarca en Gran Bretaña o España), mientras que el poder político real queda en manos del primer ministro o presidente del gobierno. Por su parte, en un sistema presidencialista los papeles de jefe de Estado y de jefe de gobierno se combinan en la persona del presidente. Además de estos dos tipos de régimen, existe una tercera organización combinada (híbrida) en la que un presidente, elegido por votación popular para un mandato determinado, ocupa su cargo en paralelo a un primer ministro que es seleccionado por la asamblea legislativa (parlamento) ante la que tiene que responder. El ejemplo más conocido de este sistema denominado «semipresidencial» es Francia. En él, tanto el presidente como el primer ministro desempeñan un papel activo en la administración del Estado, pero hay notables diferencias en la división real de poderes. La política interior, por ejemplo, puede ser la responsabilidad principal del primer ministro, mientras que el presidente se dedica sobre todo a los asuntos exteriores.

El sistema parlamentario en Italia y España

En 1947 se establece definitivamente en Italia el régimen parlamentario de gobierno. Se adopta el sistema de Gabinete, a semejanza del inglés, aunque presenta variantes con repecto a su modelo original.

Por tratarse de una república, un presidente reemplaza al rey. De todas formas, su papel secundario no difiere demasiado del representado por el monarca. Encarna, más que nada, la unidad y continuidad del Estado. Políticamente, es irresponsable; aunque puede, excepto durante los seis últimos meses de su mandato, disolver el Parlamento.

Más allá de esta prerrogativa, el órgano principal de la conducción política escapa de sus manos y está encarnado en el Presidente del Consejo y sus ministros. Ellos son responsables, en forma colectiva o individual (depende de la índole del asunto) ante el Parlamento. Pueden disolver sus Cámaras pero, a su vez, cualquiera de ellas puede censurar al Gabinete y esas censuras significan su caída segura.

Estos mutuos controles favorecen el principio de la división de poderes, es cierto. Pero, por otra parte, en sociedades de un marcado multipartidismo, como la italiana, en la cual los gobiernos deben necesariamente ser el resultado de acuerdos entre varios partidos, es notoria la poca estabilidad de los gabinetes, los cuales deben ser periódicamente reconstituidos, en medio de graves crisis políticas. No obstante, capeando todos esos temporales, y a pesar de ellos, la república sigue en pie.

En España, por su parte, la apertura política que continuó a la liquidación del régimen franquista, posibilitó la instauración de una monarquía constitucional. Los viejos estamentos corporativistas dejaron paso al nuevo parlamentarismo que, más allá de algunos intentos reaccionarios, se robustece día tras día.

El parlamento británico, la asamblea legislativa del Reino Unido, suele considerarse un sistema bicameral (con dos cámaras), pero en realidad tiene tres: el monarca y su consejo de asesores (el Privy Council); la Cámara Alta (la de los Lores Espirituales y Temporales, con obispos, arzobispos y nobles), y la Cámara Baja o de los Comunes. El rey o la reina, tanto ahora como en el pasado, es el jefe de Estado, pero en la actualidad su papel es puramente formal y ceremonial. A lo largo del siglo XX, una serie de reformas alteraron la composición de la Cámara de los Lores (no electos), a la que ahora pertenece sólo un número limitado de nobles hereditarios; la gran mayoría son nobles actuales, nombrados regularmente por la corona entre los «grandes y los buenos», siguiendo el consejo del gobierno del momento. Durante ese periodo de reforma también se han reducido considerablemente los poderes de los Lores, y a día de hoy, la Cámara Alta sólo puede retrasar la aprobación de la legislación. El verdadero poder se concentra en la Cámara de los Comunes, el organismo de miembros del parlamento que son elegidos cada cinco años (o menos) por votación popular.

Formación Política Para La Democracia Tomo I – Presidencialismo y Parlamentarismo – Editorial Redacción –

Vetar Una Ley Significado, Cuando y Como se Veta Una Ley

Concepto del Veto Presidencial
Significado, Cuando y Como se Veta Una Ley

 

QUE SIGNIFICA VETAR UNA LEY: En base a lo dispuesto en el artículo 72 de la Constitución Nacional, el Poder Ejecutivo puede observar (desechar) en todo o en parte un proyecto de ley sancionado por el Congreso; esta facultad que se conoce con el nombre de veto, define el carácter de colegislador que tiene el Poder Ejecutivo.

Como lo afirma Bielsa, «su virtud consiste, en que mediante él se ejerce un contralor de oportunidad y contralor de legitimidad; que tratándose de leyes, de un veto que tiene por objeto el examen de:

a) la conveniencia general de la ley;

b) su constitucionalidad».

El veto es una atribución del Poder Ejecutivo mediante el cual el Presidente puede rechazar total o parcialmente (es decir, todos o uno o algunos artículos) los proyectos de ley sancionados por el Congreso de la Nación. En su espíritu inicial  el veto  era una atribución pensada para forzar el consenso entre los poderes Ejecutivo y Legislativo.

Por su parte el profesor Linares Quintana sostiene que el veto constituye «el poder negativo del presidente«.

Sobre el veto presidencial se han extendido los tratadistas enfocándolo dentro de diversos sistemas políticos; y así debemos considerar; que la funciónveto presidencial resulta importante en el presidencialismo americano, en el cual obviamente se incluye el sistema político argentino, con la característica de veto suspensivo.

Esta función fue transformándose desde un control técnico para evitar la sanción de leyes defectuosas, hasta alcanzar el carácter de arma eficaz del presidente, para imponer su participación en las decisiones políticas del Congreso, participación que no le había otorgado la Constitución misma.

Este veto, con el carácter de suspensivo, debe ser necesariamente diferenciado del veto absoluto, propio de las monarquías y que caracteriza un sistema autoritario, pues así surge de la interpretación del texto del mencionado artículo 72 de la Constitución Nacional.

Es interesante destacar asimismo que el veto presidencial, si bien es considerado como una atribución colegislativa del Poder Ejecutivo, no es menos que aquella facultad participa del concepto de las facultades privativas, pues nada puede oponerse a aceptar que el ejercicio de dicha facultad depende pura y exclusivamente del criterio que adopte el propio presidente de la República; es decir, no está obligado a usar o dejar de usar esa prerrogativa e, incluso, a adoptar una decisión en contra de la opinión de sus propios asesores.

El Presidente puede rechazar un proyecto de ley completo o parcialmente hasta 10 días hábiles después de su sanción en el Congreso y ese pronunciamiento debe contar con la firma de uno o más ministros del Gabinete. El veto parcial fue incorporado en la Constitución nacional después de su última modificación en 1994 y permite que el Ejecutivo pueda objetar una parte de la norma y no su totalidad. De esta manera, el Presidente puede promulgar parcialmente la parte no vetada, siempre y cuando esta no desvirtúe el espíritu del proyecto sancionado por ambas Cámaras.

Claro está que debe manejarse dentro del marco de la prudencia política, de la conveniencia, de la oportunidad y, además, dentro de su propio criterio en cuanto a la ponderación que realice desde el punto de vista del contralor de constitucionalidad.

Como se ve, el Poder Ejecutivo ejerce esta atribución con critero propio y particular, sin dejar de señalarse que, por imposición de la norma constitucional, debe expresar los fundamentos de su oposición u observación a la sanción dada por el Congreso, fundamentos que deben ser publicados.

Desde el punto de vista técnico parlamentario, el Congreso puede superar el veto con la insistencia de los votos favorables al proyecto sancionado por el Parlamento con el voto de los dos tercios de ambas Cámaras; en este caso prevalece la opinión de* los legisladores, por lo que el proyecto pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación, con lo que queda desechado el veto.

Una cuestión que conviene aclarar es si la Constitución Nacional admite el veto parcial, que debe distinguirse de la promulgación parcial. Sobre este aspecto, la Cámara de Diputados en su sesión del 19/8/32 aprobó una declaración cuyo artículo 10 establece que «conforme al artículo 72 de la Constitución, cuando es desechado por el Poder Ejecutivo un proyecto de ley en todo o en parte, corresponde remitir al Congreso el proyecto íntegro, suspendiéndose su promulgación hasta tanto se pronuncien ambas Cámaras sobre las objeciones formuladas «.

La Corte Suprema al resolver el caso «Cotella c/Fevre Basset S.A.», que resultó un «leading case», sobre la validez de la promulgación de solamente 4 de los 62 artículos de la ley 16.881, declaró la invalidez de dicha promulgación.

Formación Política Para La Democracia Tomo I – El Veto Presidencial – Editorial Redacción –

Autonomia y Soberania en el Federalismo Diferencias

Diferencias entre Autonomía y Soberanía en el Federalismo

La  Nación Argentina y la Constitución Argentina son el resultado del entendimiento suscripto por las provincias, primero mediante el Pacto de Confederación Argentina —Pacto Federal— de 4 de enero de 1831, luego por el Acuerdo de San Nicolás de los Arroyos del 31 de mayo de 1852, en el Congreso General Constituyente de 1853 y, por último, por el Pacto de Unión y Amistad de San José de Flores del 11 de noviembre de 1859 en la Convención Nacional de 1860.

No debe suponerse, sin embargo, que las provincias intervinieron en el Congreso Constituyente como estados soberanos para confederarse mediante un pacto. Fue voluntad de las provincias «constituir la unión nacional» y para ello delegaron en la Nación una parte de su poder, con el que dieron nacimiento al poder constituyente nacional y a la soberanía nacional.

Esto surge del Preámbulo de la Constitución Nacional, cuando dice: «Nos los representantes del pueblo de la Nación Argentina, reunidos en Congreso Genera: Constituyente por voluntad y elección de las provincias que la componen…», es decir, que son las provincias las que han resuelto convocar al Congreso Constituyente y son ellas las que han elegido a los diputados constituyentes, pero una vez reunido el Congreso esos diputados representan al pueblo todo de la Nación.

Allí está el poder constituyente nacional, primario, en el que se expresa la soberanía nacional que reside en el pueblo todo de la Nación.

Las provincias conservan todo el poder que no han delegado en la Nación —en el gobierno federal— (artículo 104 C.N.) y si bien ya no tiene soberanía, pues no hay más soberanía que la nacional— ese poder no delegado les otorga autonomía.

La autonomía de las provincias es institucional: «se dan sus propias instituciones locales y se rigen por ellas» y es política: «eligen sus gobernadores, sus legisladores y demás funcionarios de provincia«, todo sin intervención del gobierno federal (artículo 105 C.N.).

Claro está que como autonomía no es soberanía la autonomía institucional de las provincias está subordinada a la soberanía institucional de la Nación. Por eso dice el artículo 106 de la Constitución Nacional: «Cada provincia dicta su propia constitución, conforme a le dispuesto en el artículo 5o» y este artículo precisa las «condiciones» bajo las cuales «el Gobierno Federal garantiza a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones»: «Cada provincia dictará para sí una Constitución bajo el sistema representativo, republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional, y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal, y la educación primaria».

Las provincias argentinas tienen autonomía de primer grado y ejercitan un poder constituyente secundario.

Ver: El Federalismo en Argentina

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Por decreto del día 2 de setiembre de 1852 suscripto por Justo José de Urquiza, como presidente provisional de la Confederación Argentina, se estableció la creación de la Municipalidad de Buenos Aires. Dicho decreto expresa, en sus fundamentos:

«1º: Que siendo evidente que la Nación o sus representantes no pueden ejercer una acción útil y  legítima sino sobre los intereses generales y que los del distrito como los del individuo serán siempre mejor administrados por los interesados.

«2º: Que el régimen municipal está en el interés de la Nación, porque no se puede conseguir armonía en las diferentes partes de un todo sino se funda un orden en cada una de ellas.

«3º: Y, finalmente, que es propio y digno que la ciudad de Buenos Aires haga el ensayo de una institución tan benéfica, demostrando prácticamente la bondad del sistema municipal, que consiste en dejar los negocios peculiares a la libre administración de los que tienen más intereses en ellos y más capacidad de dirigirlos, a fin de que el resultado sirva de ejemplo y modelo a las demás ciudades de la Nación.»

Formación Política Para La Democracia Tomo III – El Federalismo – Editorial Sanchez Teruelo S.A.

El Estado Federal Historia de Federalismo en Argentina

Concepto del Estado Federal
Historia del Federalismo en Argentina

EL federalismo es una forma de organizar la sociedad, un sistema político a través del cual el gobierno general de la Nación y los diferentes gobiernos regionales de la misma actúan cada uno dentro de su propia esfera, en forma coordinada y al mismo tiempo independiente. Es, en cierto modo, una ampliación del principio de la división de poderes que se efectúa entre el gobierno central y los gobiernos locales.

La autoridad, distribuida en forma territorial, resulta más fácil de controlar en sus abusos: los poderes locales, firmemente fortificados y con el apoyo de la Constitución, operan como una verdadera valla frente a ellos. Es por todo esto, en definitiva, que el federalismo aparece como una real garantía de libertad.

Sus causas

Como sucede con todos los sistemas políticos, el federalismo no puede imponerse a un pueblo que lo rechaza, pero también es imposible negárselo a un pueblo con vocación federalista. Debe ser, por lo tanto, el resultado de la libre elección política de esos pueblos. Fuente de la cual brota toda soberanía, el pueblo la delega en los constituyentes quienes garantizan la aplicación del sistema al plasmarlo en la Constitución Nacional.

Un sinnúmero de factores influyen en esa elección, factores que abarcan desde la propia idiosincrasia de los diferentes grupos humanos hasta las diferentes realidades económicas, pasando por las tradiciones y la historia nacional. Sobre todo, resulta imprescindible la existencia de un fuerte deseo de unión, entre distintas unidades políticas cuya existencia es previa, para establecer un gobierno común que defienda intereses también comunes.

Esa verdadera decisión de construir una comunidad debe equilibrarse, sin embargo, con el interés por mantener las autonomías locales, que desarrollan una vida absolutamente independiente en muchos aspectos, aunque dentro de la continuidad geográfica delimitada por el territorio nacional. Una capacidad política muy desarrollada deben tener los pueblos que propician este sistema, el :ual constituye para ellos un verdadero reseguro de su independencia.

Sin embargo, muchas veces la existencia de desigualdades muy marcadas entre las diferentes unidades políticas que se unen afectan las finalidades del sistema. La coexistencia de débiles y poderosos, suele ser peligrosa. Para los débiles, sobre todo.

Definición: El Estado Federal responde a un ordenamiento jurídico establecido por una constitución en el que sus miembros quedan sujetos al poder central establecido por ella, conservando la autonomía en sus territorios. En el estado federal sus miembros no tienen el derecho de secesión, la soberanía reside en la nación y es ésta quien establece las relaciones con otros estados.

El origen de los estados federales May que buscarlo en la confederación, que fue su primera forma de asociación: Estados Unidos hasta la Constitución de 1787, y Argentina hasta la Constitución de 1853. En un comienzo, los estados federales, influidos por su origen confederal tuvieron un poder central limitado, que a través del tiempo fue evolucionando hacia un refuerzo en sus atribuciones.

En nuestros días, peseaque los estados miembros de una federación conservan su autonomía, el poder central ha adquirido una gran preponderancia en función de que las relaciones internacionales y la complejidad de la vida política actual requieren agilidad en las decisiones.

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Urquiza de poncho y galera. Así entró en Buenos Aires después de Caseros.
Urquiza encarnó las reivindicaciones federalistas de las provincias postergadas por Rosas.

Independencias y subordinaciones

La nota distintiva del Estado federal, la constituye la distribución de competencias. La Constitución Nacional de este tipo de Estados es la encargada de efectuar esa distribución, delimitando con claridad los campos que corresponden a las independencias y a las subordinaciones. Para lograr ello, puede seguir tres caminos.

Puede enumerar en forma detallada, precisa y completa esas competencias, aunque esta opción presenta un evidente punto débil capaz, llegado el caso, de ocasionar graves trastornos políticos: el surgimiento de una materia que no aparezca enumerada. Puede también limitarse a enumerar las materias de competencia exclusiva de los diferentes gobiernos regionales, dando por supuesto que las que escapen a esa enumeración serán de competencia del gobierno central.

Hay, por último, una tercera posibilidad que es, por otra parte, la adoptada por la generalidad de las constituciones federales: enumerar, únicamente, las mate1 rias de competencia exclusiva del gobierno general. Estados Unidos, Suiza, Brasil, México. Venezuela, Alemania Federal y la Argentina, entre otros países han adoptado este camino en sus constituciones.

Todo un sistema de equilibrio jurídico se crea en el seno del federalismo, donde coexisten dos tipos de normas; las normas locales y las normas centrales. Es por eso que algunos prefieren hablar no de unitarismo y federalismo sino de centralización y descentralización. Más allá de esa cuestión de denominaciones, lo cierto es que son diferentes los órganos que crean y aplican ¡as leyes en uno y otro caso. Y mientras que el caso de los Estados unitarios todas las normas son válidas para la totalidad del territorio, en los casos de federalismo extremo todas las normas únicamente son válidas para partes distintas del territorio.

Diferencias entre Estado Federal y Unitario

La recién anotada no es, por cierto, la única diferencia que existe entre estos dos sistemas de organización política. Básicamente, mientras que en el caso de los Estados unitarios existe un cuerpo soberano capaz de ejercer completos poderes sobre la vida nacional, en el Estado federal no existe cuerpo semejante, con poder para reglar todos los aspectos de la actividad del país. En el sistema federal, los gobiernos locales poseen una amplia órbita de competencias.  Por eso, justamente, es que limitan al central, que no puede ensanchar las suyas por simple y propia voluntad unilateral.

Estado federal y confederaciones de Estados

No debe confundirse el concepto de Estado federal con el concepto de confederación. La base jurídica de la confederación es el pacto concertado entre unidades soberanas, mientras el Estado federal basa su existencia en una Constitución Nacional sancionada por voluntad de la Nación. Mientras que la confederación no extingue la independencia de sus Estados miembros, la federación da nacimiento a un nuevo Estado.

El gobierno confederado carece de poder real para imponer jurídicamente sus decisiones; en cambio en el caso de los Estados federales todos los miembros deben obedecer, coercitivamente, decisiones del poder central que estén encuadradas en el imperio de la Constitución Nacional.

Por último, el Estado federal es una unidad cuyos miembros, al formarla, la hicieron con una evidente voluntad de indisolubilidad. Al contrario, los Estados confederados tienen derecho de secesión y nulificación: pueden separarse en cualquier momento y cada Estado es dueño de aplicar o no en su territorio las medias dictadas por el gobierno central.

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Los constituyentes del 1853 juran la Constitución Nacional que fue la instrumentación política de los principios federales.

El federalismo en la Argentina

El pueblo argentino posee una real convicción federalista y ella se ha reflejado en la Constitución Nacional. Sin embargo, fue duro y costoso el proceso a través del cual las distintas provincias se unieron en federación.

A lo largo de toda la historia nacional resalta el hecho indiscutible de la vocación federalista de los pueblos del interior. Pueblos muchas veces pauperizados, con sus industrias locales desmanteladas, arruinadas por el comercio de esa ciudad-puerto a la que constantemente se enfrentaban y que propiciaba una doble centralización: la política y la de las riquezas surgidas de las rentas de la aduana, que monopolizaba. El interior rechazó siempre los intentos centralizadores de la Capital y de sus dirigentes.

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José Artigas, el caudillo oriental que es considerado el padre del federalismo.

La Constitución de 1853, redactada por hombres de las provincias, reunidos en el Congreso Constituyente de Santa Fe, fue la instrumentación política de los principios federales.

A través de su texto, se reconocen como entidades políticas autónomas aquellas demarcaciones donde el hombre y su convivencia han creado un definido estilo de vida localista, de peculiaridades propias. Se respeta, en definitiva, la pretensión colectiva de su autonomía. De esa manera, esas sociedades provinciales se transforman en núcleos de pluralismo social.

Por eso, la misma idea de libertad que caracteriza a la forma democrática se liga al sistema federal. Al mismo tiempo el régimen municipal, asegurado por las constituciones provinciales, aparece como otra descentralización, menor en este caso.

Son muchas las interpretaciones históricas del federalismo argentino que reconocen en él un origen municipal y parece cierto que las provincias se formaron por expansión territorial de la zona de influencia de las ciudades. Se trataría, en definitiva, de un verdadero edificio de integración política, construido de abajo hacia arriba y que, arrancando de lo municipal continúa en lo provincial para terminar en la constitución del Estado federal.

Pero de nada sirve todo este hermoso andamiaje, si en la práctica se asiste a un verdadero proceso de centralización, más extrema cada vez. Nuestra realidad política ha desfigurado al federalismo, en detrimento de las autonomías provinciales. La falta de recursos de muchas regiones genera una dependencia endémica del poder central y, una regla de hierro lo indica, la dependencia económica genera pérdida de soberanía. Pero existen otros motivos, además de los económicos, que ayudan en este proceso de pérdida de las dependencias provinciales.

En diversas oportunidades, gobiernos constitucionales han abusado de las facultades intervencionistas que la Constitución Nacional les concede.

Pretextos abundaron para encubrir las verdaderas motivaciones de sus actos: conservar por la fuerza lo que la voluntad popular les negaba en las urnas.

Otras veces fue el deseo de controlar todos los núcleos de poder lo que impulsó a los intervencionistas.

Estas situaciones alcanzan su grado máximo en oportunidad de instalarse gobiernos militares, autoritarios y centralistas por antonomasia. La rápida intervención de las provincias y la implantación del Estado de Sitio en todo el territorio nacional, son sus medidas favoritas. En esos casos, poco queda ya en pie del sistema federal. Es que a las dictaduras poco le importan esos tan democráticos sistemas de gobierno. Después de todo, ellas no vienen a gobernar. Vienen a mandar.

LECTURA COMPLEMENTARIA:
FEDERALISMO Y DEMOCRACIA: A los argentinos debe preocuparnos en primer término la defensa de nuestro federalismo, tal como se halla sistematizado en nuestra Constitución Nacional y en nuestras constituciones provinciales, mediante la autonomía de las provincias y de los municipios, pero nuestra preocupación no debe detenerse ahí, si queremos lograr la finalidad antes señalada, obteniendo la humanización del «monstruo del Estado».

Esto no significa la negación o la eliminación del Estado, que nos han acostumbrado a imaginar encarnado en el Poder Ejecutivo y hasta en la persona individual de un presidente de república. Se trata de diversificar el poder por medio de la descentralización democrática y es necesario llevar esa descentralización a innumerables formas que, sin dejar de ser estatales, constituyen entidades autónomas y autárquicas en donde el poder de mando desaparezca y sea reemplazado por un orden administrativo, sin más fuerza y eficacia que las necesarias para servir, públicamente y bajo el control del pueblo, los intereses de la comunidad, de conformidad con las exigencias locales en todos los casos que corresponda a su naturaleza.

La más importante de las ventajas del federalismo así entendido es la de hacer imposible el despotismo y hasta la prepotencia ejecutiva en que suelen ponerse de manifiesto los defectos del Estado o, por lo menos, de la entidad abstracta así nombrada y que se traduce en el dominio ejercido sobre toda la sociedad por unos pocos individuos

.A nuestro juicio el sistema republicano-democrático no cumplirá sus fines si el Estado no deja de ser Poder de mando concentrado en voluntad ejecutiva, para transformarse en servicio público, en verdadero servicio público, es decir, sin otra pretensión ni otra mira que atender leal y honradamente los intereses de la comunidad y del individuo humano, recíprocamente integrados y armoniosamente distribuidos, ya que no son términos opuestos los derechos de la personalidad humana y los beneficios de la justicia social.

Carlos Sánchez Viamonte: Revista de Humanidades «Sagitario». No. 7.

Ver: Autonomía y Soberanía en un Estado Federal

Formación Política Para La Democracia Tomo III – El Federalismo – Editorial Sanchez Teruelo S.A.

El Equilibrio de Poderes Concepto, Objetivos e Importancia

El Equilibrio de Poderes: Concepto, Objetivos e Importancia

A principios del siglo XVIII empieza a manifestarse en Europa el descrédito del despotismo. La tendencia general, en lo que a organización política de las sociedades se refiere, apunta a las monarquías de autoridad limitada o a la república lisa y llana.

montesuieuEn el año 1748, la aparición del El espíritu de las leyes, obra fundamental de Montesquieu, sienta las bases de una determinada forma de organización del gobierno del Estado: la separación de poderes.

Montesquieu no es absolutamente original en cuanto a la exposición de esa doctrina, pues recoge opiniones anteriores, de Aristóteles y Locke entre otros, pero les da forma definitiva. Para él, el despotismo es comparable «al silencio de una población que acaba de ser ocupada por el enemigo«. Orden, sí. Pero también en los cementerios reina un orden estricto.

Frente a la dictadura: la agitación política, la división de la sociedad en partidos, intensa vida pública.

Frente a la hegemonía de un órgano de gobierno sobre los otros, la prepotencia y los desbordes de poder: un sistema constituido por diversos centros, a cargo de agentes diferentes y con esferas propias de acción, que posibiliten independencia en las decisiones. El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, asegurando garantías de libertad para cada ciudadano. Después de todo, el mayor logro de un gobierno es hacer que ningún ciudadano tenga miedo de otro.

El principio del equilibrio

Parece ser una constante: todo hombre investido de autoridad tiende a abusar de ella. La concertación de poder bordea siempre la extralimitación. La Constitución de cada Estado democrático es la que debe prever esos abusos e instrumentar las soluciones. Que el poder sirva de muro de contención al propio poder: tal es el principio del equilibrio de poderes. Que el poder sea manejado por manos diferentes. Y que a todo poder del Estado se le anteponga otro poder.

Un verdadero sistema de frenos de contrapesos, una verdadera balanza de autoridades. De esa forma, los diferentes centros de fuerza no se convertirán en instrumentos de opresión.

Esta teoría del equilibrio de poderes es el complemento indispensable de la otra, la que instituye la separación de poderes. Si el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial se mantuvieran dentro de la estructura del Estado como tres potencias independientes, aisladas y sin relaciones recíprocas, se suprimiría el contrapeso de prerrogativas y las mutuas limitaciones y, a la larga, uno. el más fuerte, se impondría a los demás. Para evitarlo, son necesarias las injerencias parciales de un poder en otro, y la coordinación de las influencias de los diferentes centros de poder. Esa medida es lo que preservará el equilibrio.

Es cierto, esa constante búsqueda de equidad, complica el engranaje del Estado. Los gobiernos más simple-son los despóticos, donde una sola mane hace y deshace, firma y ejecuta, castiga y acaricia. Pero también es cierto que la primera obligación de un pueblo libre es conservar la libertad.

La voluntad popular

En 1810, desde la «Gaceta», escribía Mariano Moreno: «Equilíbrense los poderes y se obtendrá la pureza de la administración». Porque los poderes son independientes, soberanos en la esfera de sus atribuciones, con fuerza suficiente para decidir sin apelación sobre la materia a cada uno de ellos confiada. Pero, combinando, esas diferentes independencias, se asegura la colaboración y la acción armónica dentro de un mismo engranaje.

No basta con eso, sin embargo. A esa coordinación entre los diferentes poderes del gobierno debe agregarse otra: la concordancia entre el accionar de los dirigentes y la opinión de la colectividad. Este es un elemento fundamental. El gobierno debe pulsar la misma cuerda que los gobernados.

Interpretar sus sentimientos y sus opiniones, jamás acallarlos. En eso consiste dar satisfacción a las verdaderas necesidades del país, promesa que aparece en todas las plataformas electorales y que a fuerza de repetida empieza ya a sonar vacía para muchos. El desacuerdo entre los diferentes poderes puede paralizar la acción del gobierno.

En cambio el desacuerdo entre gobierno y pueblo puede desquiciar un país. La armonía entre los poderes no puede lograrse mediante las acciones artificiosas de coaliciones más o menos hábiles. La armonía entre gobierno y pueblo, tampoco: sólo la voluntad nacional, la opinión pública, deben tener la última palabra.

La Constitución Nacional:

Para asegurar un verdadero equilibrio de poderes, es necesario primero delimitar con claridad cuáles son las funciones de gobierno y luego atribuir cada una de ellas a diferentes centros de poder. Es necesario preocuparse por la independencia funcional de cada uno de ellos y, al mismo tiempo, establecer una red de contralores recíprocos por medio de la participación prudente de cada uno en la actividad de los demás.

Hay que crear los resortes adecuados que permitan solucionar los conflictos entre los diferentes poderes, cada vez que ellos surjan. La observancia de estas reglas es la que permite el funcionamiento de un gobierno eficiente, armónico y que garantiza la libertad popular.

Nuestra Constitución establece, con claridad, las diferentes atribuciones inherentes a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. En primer lugar, las que corresponden específicamente a cada uno de los departamentos gubernativos: administrar, elaborar las leyes y aplicar la justicia, respectivamente. Luego, las que se asignan teniendo en cuenta, más que nada, las características del poder político en que se depositan: una guerra, por ejemplo, compromete de tal modo la seguridad y el destino de un pueblo que, para declararla, se impone una de las consultas más amplias a la comunidad y por eso ambas Cámaras deben autorizar la iniciación de las hostilidades.

Finalmente, las que sirven para coordinar la acción de los poderes, haciendo participar a cada uno de las acciones propias de los demás, como forma de colaboración y de contralor. A través de ellas se manifesta la puesta en funcionamiento del principio del equilibrio de poderes. De esta forma, el Poder Ejecutivo se vincula con el Poder Legislativo cuando presenta proyectos de ley a las Cámaras o les impone su veto suspensivo. Y con el Poder Judicial cuando indulta o conmuta penas.

El Poder Legislativo se vincula con el Ejecutivo, cuando el Senado da su acuerdo al presidente para declarar el estado de sitió en caso de ataque exterior o para nombrar jueces, diplomáticos y miembros superiores de las fuerzas armadas. Y con el Poder Judicial, cuando enjuicia políticamente al presidente, vice, ministros y jueces de la Corte Suprema, acusados por la Cámara de Diputados.

Por último, el Poder Judicial se relaciona íntimamente con los otros dos, desde el momento en que puede declarar la inconstitucionalidad de las leyes y decretos expedidos por el Congreso y el Ejecutivo. Por eso se denomina al Poder Judicial «Guardián de la Constitución«: a través suyo es que se protegen los derechos y garantías individuales contra abusos y extraliirritaciones. En definitiva, un verdadero (y delicado) equilibrio que los autoritarismos se sienten, con frecuencia, temados de destrozar.

Igualdades y preeminencias

La igualdad estricta de los diferentes poderes es casi imposible en la práctica. La mayor importancia de ciertas funciones tenderá a torcer el fiel de la balanza en un sentido o en otro. En caso de desavenencias, alguno de los tres poderes debe poseer la capacidad de decidir, aunque quizá lo más indicado en esos momentos fuera la consulta popular.

En tren de optar por alguna preeminencia, ella debe corresponder al Legislativo, quien más directamente representa la voluntad de la Nación. Confecciona el ordenamiento legislativo a plena luz, con la intervención de todo el país, que aplaude o critica a viva voz. Sus miembros están sujetos auna estricta responsabilidad política y públicamente deben rendir cuenta de sus actos. Se dan, en su seno, permanentes y fructíferos choques de ideas y eso lo convierte en el organismo fundamental de la democracia. «Porque quien a otro pudiere dar leyes, le será obligadamente superior«, decía J. Locke.

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Que es un Concejal Municipal Sus Funciones

¿Que es un Concejal Municipal?

El concejal, edil o representante es quien representa la voluntad del pueblo de la comuna o municipio para la solución de los problemas y el mejoramiento integral del conglomerado urbano que lo elige. Es algo así como un legislador municipal o local que propone ordenanzas y resoluciones que luego son sancionadas por el Concejo Deliberante y aprobadas y promulgadas (o vetadas) después por el Departamento Ejecutivo de la municipalidad, a cuyo cargo se encuentra el intendente.

La denominación de edil proviene de la voz latina aedes, que hace referencia a edificación (aedificatio) y correspondía originariamente a una magistratura romana. Los ediles plebeyos y los ediles patricios tenían a su cargo funciones de policía de la ciudad que iban desde el cuidado y conservación de los edificios a la inspección de mercados, la fiscalización de pesas y medidas, la circulación por las calles, la moralidad y la vigilancia nocturna.

La creación de la magistratura plebeya en el -494 significó la defensa de la plebe frente a los abusos de los patricios. Los ediles plebeyos eran elegidos por la asamblea de la plebe y los ediles patricios por los Comicios patricios y aunque la designación no era de aceptación obligatoria, generalmente se la aceptaba por lo que significaba como primer paso hacia magistraturas más importantes.

En España y luego en América, con los cabildos, recibieron el nombre de regidores y la cantidad de ellos dependía del tipo de ciudad: 12 en la metropolitana, 8 en la diocesana, 4 en villas y lugares. Entre los regidores, que eran elegidos por los miembros salientes y cuya designación debía recaer sobre vecinos y naturales que no ejercieran «oficios viles» se dividían las distintas funciones: judiciales (alguacil mayor), de policía (intendente de policía), de abasto (fiel ejecutor), de defensa de menores, de pobres y de intereses colectivos (síndico procurador), etc.

Con el municipio moderno y la división de poderes, al crearse los concejos deliberantes, aparece la figura del concejal, edil o representante.

Los concejales son propuestos por los partidos políticos que se presentan a elecciones y son elegidos por el voto directo de los vecinos de la ciudad.

Requisitos para ser concejal
concejal muncipalLas constituciones provinciales (por ejemplo, la del Chaco) o las leyes orgánicas municipales (por ejemplo la de la Capital Federal) establecen los requisitos, calidades o condiciones para ser concejal.

En la ciudad de Buenos Aires, para ser representante se requieren las mismas condiciones que para ser diputado nacional, es decir: veinticinco años cumplidos, cuatro años de ciudadanía en ejercicio y tener una residencia inmediata —en la ciudad— no inferior a dos años.

En la provincia del Chaco, para ser concejal se requiere ser elector del municipio, haber cumplido veintidós años y saber leer y escribir.

Los Concejos Vecinales:

La denominada ley 19.987, que derogó la vieja ley 1260, creó para la ciudad deBuenos Aires los consejos vecinales como organismo de base. Para ello se dividió a la ciudad en 14 zonas, con un consejo vecinal de 9 vocales, cada una. Los consejeros vecinales deben tener 25 años de edad, cumplidos, como mínimo, ser argentinos y domiciliarse en la zona que lo elige, con una residencia inmediata en ella no inferir a dos años. Duran cuatro años en sus funciones, pueden ser reelegidos indefinidamente y no perciben emolumento alguno.

Fueron electos por primera vez en las elecciones de 1973. Sus funciones se circunscriben a informar y asesorar respecto de las necesidades del vecindario a las autoridades municipales, lo que permite un fluido intercambio de ideas entre la comunidad y la Intendencia logrando así una más rápida solución a los problemas que afectan a los diferentes barrios de la Capital Federal.

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El Corporativismo Origen Características y Experiencia en Italia

El Corporativismo Origen, Características y Experiencia en Italia

El sistema corporativo tal cual fue formulado por su auténtico creador, Alfredo Rocco, no pudo ser implantado. La idea original consistía en fusionar los sindicatos patronales y obreros en una sola corporación subordinada al estado. Fracasado este proyecto, se puso en práctica la formación de sindicatos obreros, que fueron agrupados en una Confederación de sindicatos fascistas, la que después de vencer algunas resistencias fue armonizada con la Confederación Nacional de la Industria.

De esta manera, la representación de los obreros y los empresarios quedó monopolizada por dos confederaciones que fueron regimentadas por el partido y sometidas a la Carta del Lavoro. De ellas surgían los representantes para la Cámara de Diputados,y el corporativismo se convierte en un instrumento del estado totalitario fascista.

Tanto en la confederación de sindicatos fascistas como en la Confederación Nacional de la industria, la representación era estructurada por rama de actividad, de manera que solo podía exisitir, por ejemplo, un sindicato metalúrgico y una corporación de empresarios metalúrgicos. Dentro de estas últimas, las empresas más poderosas imponían su ley a las pequeñas.

ORIGEN CORPORATIVISMO: FASE I:

Aunque su origen se remonta a Roma y aun al lejano Egipto faraónico, fue en la Edad Media cuando la sociedad se organizó en forma más acabada en torno de las corporaciones. Estas agrupaban a comerciantes y a artesanos, de distintos oficios, y se ocupaban de defender los intereses y, sobre todo, los privilegios de sus miembros. Por extensión, podía considerarse que la Iglesia, la Universidad y hasta los grupos nobiliarios adoptaban una forma de organización igualmente corporativa.

Luego, la sociedad burguesa fue minando este tipo de instituciones, que no era compatible con el individualismo propio de esta arganización social. Fue un proceso lento, que maduró sólo a fines del siglo XVIII y, sobre todo, a lo largo del siglo XIX. Por entonces, se suprimieron las viejas corporaciones, en nombre de la libertad individual, y en nombre de esa misma libertad procuró ¿vitarse cualquier tipo de agrupamiento sectorial, y particularmente el de los nuevos :rabajadores industriales. Se ha llamado a esa fase de la sociedad la del capitalismo liberal.

FASE 2 DEL CORPORATIVISMO

En la siguiente, caracterizada por la concentración y monopolización, los distintos sectores tendieron a agruparse: crecieron los sindicatos obreros, que lograron el reconocimiento, pero también las agrupaciones patronales, que comenzaron a actuar mancomunadamente frente a ellos. Pronto fue difícil distinguir cuáles eran los problemas que competían estrictamente a estas corporaciones y cuáles eran los propiamente políticos. Lo cierto es que los partidos tenían, progresivamente, mayores dificultades para reflejar los intereses específicos de los distintos sectores.

FASE FINAL: LA EXPERIENCIA DEL CORPORATIVISMO

Fue en Italia, hacia 1922, cuando se hizo el gran experimento de estructurar al Estado apoyado directamente sobre las corporaciones, que confluían en un partido único, el fascista. Llegamos así al corporativismo propiamente dicho, inventado por Benito Mussolini. Los partidos políticos, que en la democracia son los órganos de articulación de los intereses sectoriales y de proyección de sus demandas a la esfera política, fueron reemplazados, en su calidad de canales, por las asociaciones de empresarios y de trabajadores. Pero el poder de decisión se concentraba en el partido único, el fascista, y en el Estado.

En la práctica, este sistema sirvió para destruir a las agrupaciones auténticamente populares —los sindicatos y los partidos políticos obreros— y someter a sus integrantes al rígido control estatal. Nunca el experimento se realizó tan acabadamente como en la Italia fascista, aunque muchas de sus ideas aparecen en otros Estados totalitarios de entonces: el de la Alemania nazi, la España franquista, el Portugal de Oliveira Salazar.

corporativismo

Hitler y Benito Mussolini: Fue en Italia, hacia 1922, cuando se hizo el gran experimento de estructurar al Estado apoyado
directamente sobre las corporaciones que confluían en un partido único, el fascista.

La Argentina no fue ajena a ese proceso mundial. Ya desde 1920, sindicatos y asociaciones empresarias presionan directamente ante el Estado, que muy frecuentemente adopta el papel de mediador entre ellas. La crisis de los partidos políticos argentinos, acelerada después de 1930, dio cada vez más campo a este tipo de negociaciones, que se desplegaron ampliamente durante el gobierno peronista (1946-1955).

franco en españaNo sólo se concentró la representación gremial, y se la sometió a la tutela del Estado, sino que se estimuló la agremiación de distintos sectores de la sociedad: los empresarios en la CGE, los universitarios en la CGU, los profesionales en la CGP, los estudiantes secundarios en la UES. . . Por encima de ellos el Estado y el partido debían actuar como árbitros.

Francisco Franco: Durante su larga dictadura se pusieron en práctica en España algunas de las ideas corporativistas.

El ensayo trascendió en mucho al planteo peronista y tentó a los gobiernos militares — sobre todo a los posteriores a 1966— a quienes seducía la idea de prescindir de los partidos y entenderse directamente con estas corporaciones a las que, por otra parte, era relativamente fácil controlar. Por otra parte, las fuerzas armadas se convirtieron en la mayor de las corporaciones.

Naturalmente, no hay ya lugar en el mundo donde no se organice algún tipo de consejos económico-sociales en los que las partes discutan sus diferencias y lleguen a algún tipo de concertación. Pero la opción de fondo consiste en saber dónde se va a realizar la articulación de los distintos intereses de la sociedad; si en esas corporaciones, con lo que los sectores mejor estructurados podrán imponer sus intereses estrictamente de grupo, o en los partidos políticos, donde la discusión puede darse en otro nivel, de modo que los intereses más generales primen sobre los particulares.

La primera opción tienta al poder autoritario, al poder sindical y también al poder empresario. La segunda se ajusta mejor a los intereses, más auténticamente democráticos, de la sociedad toda.

LA CARTA DEL LAVORO:

En la Carta del Lavoro (carta del
trabajo) promulgada en abril de 1927, fueron resumidos los principios económicos-sociales básicos del fascismo. En ella se trataban de armonizar los intereses de la clase obrera con los capitalistas y, además, establecía la unidad económica de la nación, por lo que el trabajo era una función social. En esta unidad económica, que era la nación misma, debían solidarizarse los elementos de la producción, colaborando en un mismo objetivo.

La Carta, impuso algunas medidas sociales favorables a los trabajadores, pero estas fueron más declaradas que efectivas. También implantó las convenciones coletivas de trabajo y especificaba que el salario debe ser acorde con las exigencias de una vida normal, con las posibilidades de trabajo y con su rendimiento. Sin embargo, estas convenciones colectivas, eran el resultado de los acuerdos celebrados en las corporaciones, en donde funcionaban asociaciones de empresarios y de obreros, y sus miembros también lo eran del partido.

En caso de que no hubiera acuerdo en el seno de las corporaciones, sobre cualquier aspecto laboral, era el partido, como auténtico representante del estado o como el estado mismo, quien solucionaba todos los problemas. El derecho de huelga quedó totalmente prohibido, porque era inconcebible que por este medio se atentara contra la unidad económica que era la nación.

No obstante, el totalitarismo fascista necesitaba ser popular, y estableció vacaciones remuneradas para obreros y empleados, desarrolló la previsión social, organizó la protección a la madre trabajadora, instituyó la indemnización por despido, constituyó cooperativas de viviendas,etc. La Carta del Lavoro, define además las corporaciones como el mejor instrumento de producción, pero se reservaba al estado el derecho de intervenir en el proceso productivo cuando el interés público estuviera en peligro o cuando fallare la iniciativa privada.

En el orden económico-social, el fascismo representó un instrumento para asegurar el funcionamiento de la libre empresa,de la que el estado se convirtió en su guardián, evitando que los trabajadores pusieran en peligro su existencia y desarrollo. Igual que en Alemania Nazi, el corporatlvismo no funcionó más que como el elemento que permitió un ordenamiento económico, donde las grandes empresas desempeñaron un papel hegemónico, y los trabajdores fueron comprometidos con el artilugio de la colaboración de clases, y la unidad económica nacional, para que no opusieran ningún reclamo a través de huelgas o manifestaciones similares.

Hasta 1926, funcionó en Italia la C.G.L.I. (Confederazione Genérale del Lavoro Italiano), que originariamente fue dominada por socialistas y comunistas, la que se fue debilitando a partir de 1924. En 1926, la C.G.L.I. fue disuelta y la mayoría de los dirigentes sindicales se afiliaron al fascismo.

Fuente Consultada:
Diccionario Consultor Politico Julio César de la Vega Editorial LIBREX
Formación Política Para La Democracia Tomo III – La Historia del Peronismo – Editorial Sanchez Teruelo S.A.

Concepto de Ciudadanía Adquisición,Evolución,Deberes y Derecchos

Concepto de Adquisición de Ciudadanía
Deberes y Derechos del Ciudadano

constitucion nacional argentina

Otros Temas Tratados:

1-Estructura Constitución Nacional Argentina

2-Concepto Igualdad Ante La Ley

3-Concepto Indulto y Conmutación de Penas

4-Concepto Estado de Sitio

5-Concepto La Anmistía

6-Concepto Garantías Constitucionales

7-Concepto La Libertad de Prensa

8-Concepto de Ciudadanía y Ciudadano

9-El Abuso de Autoridad en Democracia

10-Derechos Civiles y Sociales

Etimología del término: «ciudadano»

El término ciudadano deriva de ciudad, palabra que proviene del latín «civitas», en latín significa: ciudad, derecho de ciudadanía, conjunto de ciudadanos, y «civis», ciudadano. De esas voces se derivaron, civismo que significa: celo por las instituciones e intereses de la patria; civilidad: sociabilidad, urbanidad. Etimológicamente, ciudadano significa: hombre de la ciudad.

Teniendo en cuenta que en Grecia y en Roma la ciudad gozaba de bastante independencia para merecer el título de sociedad política y se confundía con el Estado, ciudadano equivalía a ser miembro de un Estado y a gozar de especiales derechos.

Por ciudadano se entiende actualmente a la persona que está en posesión de los derechos de ciudadanía, es decir, de los derechos políticos. La ciudadanía es un vínculo político y jurídico que une a la persona con un Estado. Expresa la relación que existe entre el Estado y los individuos que lo componen.

HISTORIA: La ciudadanía en la antigüedad

En Grecia la población de Atenas y del Ática se dividía en tres categorías: ciudadanos, extranjeros y esclavos. Eos ciudadanos gozaban del derecho de voto. Solón había dividido a los ciudadanos de acuerdo al monto de su fortuna, en cuatro clases. Todos tenían derecho al voto pero solo los ciudadanos que pertenecían a las tres primeras clases podían ocupar cargos.

Más tarde, Clístenes extendió a todos los ciudadanos la posi bilidad de obtener puestos públicos: Senado, Arcontado, Arceópago. Se estableció así, la igualdad completa de clases.

El derecho de ciudadanía estaba íntimamente relacionado con el culto religioso. Era ciudadano todo aquel que tenía participación en el culto de la ciudad. Todos los derechos civiles y políticos provenían de esa participación en el culto.

Difícilmente podían adquirir la ciudadanía los extranjeros, pues la religión establecía una profunda diferencia. Complicadas formalidades y no pequeñas trabas obstaculizaban la naturalización de los extranjeros.

El gobierno de Atenas estaba formado por el Arcontado que ejercía el poder ejecutivo; el Areópago era el tribunal supremo de justicia; el Senado, compuesto por 400 miembros elegidos anualmente por la Asamblea del Pueblo preparaba las leyes que luego sometía a la Asamblea. La Asamblea del Pueblo se componía de todos los ciudadanos que tuvieran 20 años de edad y reconocida moralidad.

La Asamblea tenía amplias facultades: aprobaba o rechazada las leyes del Senado; decidía, por mayoría, de la paz y de la guerra.

El derecho de ciudadanía se perdía fácilmente por robo, traición o asesinato; por cualquier pena judicial, por injuriar a un magistrado y aun por ociosidad.

En Roma hubo desde un principio dos clases de habitantes: los patricios y los plebeyos. Los patricios descendientes de las primeras familias romanas, se preciaban de ser el pueblo romano. Solo los patricios eran ciudadanos; podían asistir ;a las Asambleas, votar, servir en la milicia, desempeñar fundo nes públicas, ejercer las magistraturas del Estado; solo ellos podían practicar el culto público y ser pontífices, augures y flámines. «Alrededor de 300 familias formaban esa privilegia da aristocracia».

Más tarde los plebeyos comenzaron a ser ciudadanos mediante la institución de la «clientela».

Los patricios accedieron a incorporarlos a sus familias como miembros legalmente agregados. En virtud de dicha adopción el plebeyo obtenía cierta participación en el culto privado de la ‘gens’ y consiguientemente, los derechos de ciudadanía.

«Los plebeyos así vinculados a una ‘gens’ se llamaban «clientes» y tenían su existencia asegurada bajo la tutela de su nuevo padre o ‘patrón’, que, más que un amo era un protector».

«Los clientes debían acompañar a su patrón en la guerra, las asambleas y los tribunales, atender a sus negocios y defenderlos en todas partes.

«El patrón, a su vez, debía a sus clientes ayuda, protección y recursos suficientes para atender a las necesidades de los suyos».

A mediados del siglo VI a. J. C, el rey Servio Tulio elevó a los plebeyos a la categoría de ciudadanos. Como hasta entonces no eran ciudadanos sino los que residían dentro del recinto de la ciudad, construyó un nuevo muro que abarcara todos los suburbios plebeyos y las siete colinas de Roma.

Más tarde, cuando Roma dominaba el mundo, el Senado reservó como galardón supremo para los individuos y para las ciudades la envidiada concesión de los derechos de ciudadanía romana.

El título de ciudadano romano que proporcionaba una serie de ventajas: no pagar impuesto alguno, depender únicamente de la ley de Roma, verse protegido en todas partes, ser tratado con religiosa consideración como si fuese dueño del mundo, fue muy apetecido.

Una votación favorable de la Asamblea del Pueblo, y el consentimiento de los altos magistrados, extendió la naturalización romana.

También los latinos que rodeaban a Roma y la ayudaron en sus conquistas, fueron declarados ciudadanos romanos en masa, antes de emprenderse las guerras púnicas (año 264 a.J. C). Los italianos (habitantes de la península itálica) a quienes se prometiera la ciudadanía por colaborar en las guerras, la obtuvieron por concesión de Sila.

«No pocos subditos del Imperio alcanzaron el derecho de ciudadanía por servicios propios rendidos al Estado y por su ejemplar fidelidad al vencedor. Ciudades enteras, fueron favorecidas con ese título.

Finalmente, a principios del siglo ni, todos los habitantes del Imperio fueron declarados ciudadanos por el Edicto de Caracalla, con el fin de conseguir dinero. Pudo así exigir de todos sus subditos la tasa de un vigésimo sobre las sucesiones, impuesto obligatorio para los ciudadanos».

En Roma se perdía la ciudadanía: a) por renuncia de la misma; b) por la sentencia de destierro o de infamia;  c) por haberse substraído al servicio militar; d) por haber caído privi sionero en las guerras.

La ciudadanía en nuestro tiempo

En la actualidad el derecho de ciudadanía no significa privilegio de clase social o de fortuna. Sigue indicando relación entre la persona y el Estado de que forma parte, y entraña referencia al lugar de nacimiento.

En algunos países la nacionalidad del recién nacido se deter mina atendiendo al «jus sanguinis» mientras que en otros siguese el «jus solis«.

«Jus sanguinis» significa «derecho de la sangre». Según esto, los hijos, nazcan en el país que nacieren, tienen la nacionalidad de sus padres. Generalmente siguen el «jus sanguinis» los países de emigración.

En cambio, los países de inmigración, adoptan el «jus solis«, derecho del suelo: los hijos adquieren la nacionalidad del país donde nacen. La Argentina, con alguna excepción como se verá, se rige por el «jus solis».

En la República Argentina la ciudadanía puede adquirirse por nacimiento, por opción y por naturalización:

a) Por nacimiento. Son argentinos nativos: Todos los nacidos en el territorio de la Nación. Todos los nacidos en legaciones y buques de guerra argentinos y los nacidos en mares neutrales bajo pabellón argentino. Se exceptúan los hijos de ministros plenipotenciarios y minis tros de legaciones extranjeras acreditadas en la República.

b) Por opción. Los hijos de padres argentinos nacidos en el extranjero que optaren por la ciudadanía de sus padres. Este caso es una excepción, pues, se aplica el criterio del «jus sanguinis«.

c) Por naturalización. Los extranjeros que adquieren ciuda danía argentina, mediante la «carta de ciudadanía«. En la Argentina no es obligatorio a los extranjeros el naturalizarse. Según nuestras leyes para obtener la «carta de ciudadanía se requiere la residencia de dos años continuos en la Nación Ese plazo puede ser acortado si el interesado demuestra haber prestado servicios útiles a la República.

Estos servicios útiles pueden ser: haber desempeñado con honradez empleos nacionales o provinciales; haber promovido o desarrollado la industria, la agricultura, el comercio o la colonización; ser empresario o constructor de ferrocarriles, etc.

El casamiento con persona argentina, es también motivo para reducir el plazo exigido.

Desde 1947 gozan del derecho de ciudadanía también las mujeres. Los derechos de ciudadanía tanto para el varón como para la mujer, se adquieren a los 18 años de edad. La ley de ciudadanía establece que los argentinos que hubiesen cumplido los 18 años, gozan de todos los derechos políticos conferidos por la Constitución y las leyes de la República. Gozan de dichos derechos tanto los ciudadanos nativos, como los ciudadanos por opción o por naturalización. Los ciudadanos naturalizados no pueden optar a la Presidencia o Vicepresidencia de la Nación, reservadas a los nativos o hijos de argentinos nativos.

Hasta pasados 6 años de ejercicio de la ciudadanía, los naturalizados no pueden ejercer el cargo de Juez de la Corte o el de Senador, y hasta pasados 4 años el de Diputado. Respecto al servicio militar, los naturalizados están exentos de prestarlo durante 10 años desde el día que obtuvieron la carta de ciudadanía.

Obligaciones y derechos

La ciudadanía es un honor y origina en el que la posee deberes y derechos. Los deberes de los ciudadanos para con la Nación pueden revestir un doble carácter: moral y material.

a) Obligaciones morales:

• Obedecer a las leyes.
• Respetar a las autoridades.

b) Obligaciones materiales:

• Cumplir con el servicio militar. (hoy no es mas obligatorio en Argentina)
• Armarse en defensa de la Patria y de la Constitución.
• Pagar las contribuciones e impuestos.
• Abstenerse de tomar las armas contra la Nación, de unirse a sus enemigos, de atribuirse los derechos del pueblo y de neticionar en su nombre.

Son derechos de los ciudadanos:

• Participar activamente en la vida pública. Ejercer activa y pasivamente el sufragio.
• Ser protegidos por el Estado.

Valor de la ciudadanía

La ciudadanía está revestida de un alto valor. Es la forma más perfecta de integrar el Estado. El ciudadano participa,por medio del sufragio, en la organización y gobierno de su país Por la ciudadanía se considera más ligado al pasado historico al presente y al porvenir de su Patria. Siente más su responsa bilidad.

La grandeza o decadencia de su Patria, es algo que le atañe directamente. Advierte que de la rectitud y nobleza de los ciudadanos depende la grandeza y nobleza del Estado La ciudadanía comprende un gran honor y encierra una gran responsabilidad. Debe ser ejercida con dignidad y, si es no cesario, con sacrificios.

En la ley de ciudadanía se establecen los casos en que se pierde ese derecho.

Pierde la ciudadanía argentina el que se naturalizase en país extranjero y el que aceptase honores o empleos de gobierno de otro Estado, sin haber sido autorizado por el Congreso Nacional.

También la perderán quienes incurriesen en quie bra fraudulenta, los condenados por delitos que merezcan pena infamante o de muerte.

Solo el Congreso podrá, por ley, rehabilitar a aquellos que hubiesen perdido la ciudadanía.

Concepto de Libertad de Prensa Aplicación en Argentina

Concepto de Libertad de Prensa

Otros Temas Tratados:

1-Estructura Constitución Nacional Argentina

2-Concepto Igualdad Ante La Ley

3-Concepto Indulto y Conmutación de Penas

4-Concepto Estado de Sitio

5-Concepto La Amnistía

6-Concepto Garantías Constitucionales

7-Concepto La Libertad de Prensa

8-Concepto de Ciudadanía y Ciudadano

9-El Abuso de Autoridad en Democracia

10-Derechos Civiles y Sociales

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Libertad de prensa, derecho que implica la inmunidad de los medios de comunicación (periódicos, libros, revistas, radio y televisión) respecto al control o la censura del gobierno. Cuando en un país no funciona la democracia, opinar es peligroso. A veces para el que opina, a menudo para el destinatario de esas opiniones. Y es ese, justamente, el cometido de la prensa. Los autoritarismos captan correctamente el significado político que ella encierra; es un medio de difundir ideas y razonamientos. Para las dictaduras, en cambio, no existe nada tan peligroso como el pensamiento humano y su libre difusión entre el pueblo.

Los medios de comunicación constituyen una poderosa institución que puede actuar, en cuanto instrumentos informativos, hasta el extremo de representar un medio fundamental de crítica del gobierno, lo que siempre es conveniente en democracia pero tiene, por otro lado, la desventaja de que el progresivo desarrollo del poder de los medios les lleva invadiendo la intimidad de las personas y socavando su autonomía. Además, cuando los medios se monopolizan alrededor de un determinado interés, la propia diversidad queda minada en cuanto valor democrático.

Un derecho inalienable

Para algunos, existe una total libertad de pensamiento, pero siempre y cuando que éste no se manifieste. Al contrario, la palabra debe ser libre como el pensamiento. Y los escritos no son sino palabras que expresan opiniones, juicios que cada uno adopta y formula, de acuerdo con su conciencia. Por eso-la libertad de prensa es inseparable de todo sistema político que se sustente en la democracia. Es una libertad política, indispensable para la existencia de la libertad pública y un freno a la autoridad de los gobernantes, un medio de ilustrar a la Nación, un camino para llegar a los otros.

Prensa y delito

Bajo ningún concepto la responsabilidad filosófica de quien expresa una doctrina puede transformarse en responsabilidad penal. La lucha de opiniones es condición indispensable de progreso. Jamás debe tratarse como un simple malhechor a quien impulse una opinión. Los delitos que pueden cometerse a través de la prensa están previstos en el Código Penal, pero ninguna ley dice que las ideas se castigan. No puede existir una policía de ideas. Porque en toda sociedad democrática, la prensa debe defender, criticar, replantear, con una sola limitación en esa tarea: no caer en el libelo.

Prensa y opinión pública

Es tan importante el papel de la prensa en las sociedades modernas, que se la ha llamado «el cuarto poder». Ella juega un rol fundamental en la formación de la opinión pública, de ahí que los despotismos quieran adueñarse de sus resortes y excluir de ellos a los opositores. Pero así como a los gobiernos corresponde no obstaculizar el florecimiento de la libertad de prensa, los medios deben hacer buen uso de esa libertad. En esa actividad deben alcanzar, por sobre todo, el justo equilibrio y la honradez profesional. Se trata de contribuir a la formación de la opinión pública, pero no de manipulearla.

La libertad de prensa en la Argentina

Desde los primeros días de la Independencia existió en la Argentina una verdadera preocupación por establecer la libertad de prensa. Los decretos del Primer Triunvirato en ese sentido, son buen ejemplo de esa temprana preocupación. La Constitución del 53, por su parte, en sus artículos i 14 y 32 salvaguarda también esa libertad. Pero en la práctica política, ningún gobierno queda al margen del estigma de la censura de la prensa o de intentar su control.

La persecusión a las publicaciones obreras de principios de siglo, y durante el desarrollo de la famosa Semana Trágica, la censura impuesta por el golpe militar del general Uri-buru y sus continuadores, son los primeros ejemplos. A medida que los medios de comunicación van desarrollando su poderío, su técnica y su influencia, se desarrolla también el interés por controlarlos. La Oficina de Información y Prensa de la Presidencia de la Nación, creada por el gobierno del general Ramírez, fiscalizaba todas las actividades de esos medios.

Durante el gobierno peronista, la Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia llevó a cabo una labor similar. De esa época, son representativos los ataques a La Nación y la clausura de La Prensa y La Vanguardia, esta última acusada de no cumplir con las ordenanzas municipales».

En ese entonces se verificó, además, la adquisición por parte del Estado de la Cadena de Radioemisoras Privadas. Buen uso, y exclusivo, hizo de ellas el general por segunda vez candidato a presidente. Y luego de su desaparición de la arena política, los gobiernos que lo continuaron, engolosinados al parecer, siguieron con esas prácticas de uso y abuso de las cadenas estatales.

Bajo los regímenes de facto que se sucedieron en el poder después del peronismo, matizados por efímeros períodos de gobiernos constitucionales, la actitud de control fue «in crescendo». Confirmado, Primera Plana, Panorama, hasta la divertida Tía Vicenta, son nombres ilustres del periodismo escrito que conocieron los avalares de la clausura. Se formó una idea equivocada, pero que se generalizó: la de que los entes estatales están encargados de controlar todos los medios, aun los no estatales. Paralelamente, se implantó, entre muchos editores, la práctica de una previsora autocensura.

Las claudicaciones de cierta prensa acomodaticia envalentonaron a esos gobiernos, los cuales parecieron autoconvencerse de que los medios, especialmente los audiovisuales, son para uso y abuso propio. Complementan esa práctica con el llamado «método del telefonazo», pedido telefónico a los editores más complacientes para que no publiquen ciertas informaciones molestas para el régimen. De esa forma, el recorte a la libertad de prensa se fue volviendo muy marcado.

El último gobierno peronista puso nuevamente en manos del Estado la Cadena Nacional de Televisión. Al mismo tiempo, varias publicaciones fueron clausuradas: Noticias, El Mundo, Satiricón. Todos esos hechos permiten afirmar que, en la Argentina, la libertad de prensa no ha sido, estrictamente respetada.

En los últimos tiempos, una arremetida gubernamental produjo la clausura de varias publicaciones. Por uno u otro motivo, La Semana, Línea y Quorum fueron sacadas de circulación. Una rara resolución explícita que las publicaciones que, presumiblemente, sean su continuación (detalle harto vidrioso de determinar), también serán prohibidas. Mucho mal causan estas decisiones a la democracia.

Porque es innegable que la prensa ha de ser enteramente libre, auténticamente al servicio del ciudadano. Antes que nada, el medio de expresión de las ideas y de los sentimientos comunes, sin la imposición de voluntades externas. De lo contrario, pierde su dignidad y traiciona el objeto para el que fue creada.

FORMAS DE EXPRESIÓN: INTERNET, TV, RADIO, CINE, ETC.

Además de la prensa existen en la moderna sociedad otros medios de expresión y de comunicación social: internet, radio, cine, televisión que han perfeccionado sus técnicas y su organización en forma vertiginosa durante los últimos años.

La prensa tiene como objeto primordial informar. La radio, televisión y cine cumplen una tarea fundamental de comunicación entre los hombres y pueblos. Proporcionan entretenimiento y recreación, presentan y difunden espectáculos artísticos y culturales. Cumplen además una importante misión informativa, y son órganos de formación y expresión de la opi nión pública.

La labor periodística en gran parte se realiza en nuestros días a través de la radio y la televisión. Por ellas se difunden las informaciones, se presentan los problemas, se discuten las soluciones, se expresa la diversidad de ideas, opiniones, punto; de vista e intereses de los individuos y grupos sociales.
Mucho es lo que han contribuido y contribuyen los modernos medios de comunicación al acercamiento y comprensión entre las naciones y los individuos,, a la divulgación de conocimientos, a la elevación moral y cultural de los pueblos.

Servir a la verdad, a la justicia, a la cultura, al entendimiento humano y la paz social, al progreso y desarrollo de las comunidades son obligaciones irrenunciables de los hombres y de las entidades que tienen en sus manos el control o el manejo de los medios de comunicación de masa.

Cuanto se ha dicho respecto a la libertad y a los derechos de la prensa, y cuanto a sus obligaciones, es válido para los otros medios de comunicación.
Radio, televisión, cine tienen derecho a todas las libertades que requiere el cumplimiento fiel de su misión, y el respeto a la persona humana.

Dichos medios de comunicación tienen derecho a expresar libremente sus ideas, sus críticas, sus puntos de vista y opiniones acerca de los diversos problemas sociales y políticos.

Los diversos sectores, entidades, grupos e individuos de la comunidad tienen derecho a tener acceso a ellos y a través de ellos poder expresar sus ideas y defender sus intereses.

Los medios de comunicación deben cumplir su misión, ejercer sus derechos y libertades responsablemente, de acuerdo a las obligaciones que impone la ética, la promoción del bien común y la elevación moral, intelectual y cultural de los pueblos.

Al estado le corresponde respetar y promover las libertades y al mismo tiempo velar porque estas libertades sean usadas de acuerdo al bien de la comunidad.

Consecuentemente le corresponde vigilar que la libertad exista para todos, que los medios de comunicación no sean instrumentos de servicio exclusivo de grupos ideológicos, económicos y financieros, sino que su acceso sea posible a los distintos grupos.

Puede el estado, incluso es conveniente, que tenga su propio sistema de comunicaciones. Le es lícito, como a cualquier otro grupo político, hacer la defensa de sus ideas, de sus obras, de sus medidas y de sus puntos de vista. monopolizar en sus manos todo el sistema de comunicaciones sociales y obstaculizar o impedir otras manifestaciones.
Los sistemas totalitarios se caracterizan por el monopolio de los medios de comunicación y la negación de la libertad de expresión; los democráticos por su respeto a esta libertad.

Pero no le es lícito monopolizar en sus manos todo el sistema de comunicaciones sociales y obstaculizar o impedir otras manifestaciones. Los sistemas totalitarios se caracterizan por el monopolio de los medios de comunicación y la negación de la libertad de expresión; los democráticos por su respeto a esta libertad.

Ver: Formación de la Opinión Pública

Fuente Consultada:
Formación Política Para La DEmocracia Tomo II Editorial Redacción
50 Cosas Que Hay Que Saber Sobre Política Ben Dupré – Editorial Ariel –
Educación Democrática de Argentino Moyano Coudert – Texto Para 3º Año – Tercera Edición- Editorial Guadalupe

El Abuso de Autoridad de un Gobierno Extralimitacion de Poder

El Abuso de Autoridad en la Democracia
La Extralimitación de Poder

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Otros Temas Tratados:

1-Estructura Constitución Nacional Argentina

2-Concepto Igualdad Ante La Ley

3-Concepto Indulto y Conmutación de Penas

4-Concepto Estado de Sitio

5-Concepto La Anmistía

6-Concepto Garantías Constitucionales

7-Concepto La Libertad de Prensa

8-Concepto de Ciudadanía y Ciudadano

9-El Abuso de Autoridad en Democracia

10-Derechos Civiles y Sociales

La existencia de un poder presupone una subordinación pues desde el momento en que alguno o algunos mandan, otros obedecen. Pero poder no es sólo violencia, no es empleo de la fuerza bruta por parte de quienes detentan posiciones de privilegio en la sociedad y se escudan en ejércitos y policías para defenderlas.

El poder se halla siempre presente en la presión social que opera sobre el individuo para inducirlo a desarrollar una determinada conducta, es cierto, pero debe ser encausado, concentrarse en instituciones, para que adquiera una función social. Controlar, y a la vez ser controlado. De lo contrario, puede resultar muy peligroso.

Podemos sintetizar que: Ninguna autoridad humana es ilimitada.

Incluso la suprema autoridad, la autoridad del pueblo que es soberana y tiene derecho a autodeterminarse, está limitada por el orden moral, los derechos fundamentales del hombre y los derechos de los otros pueblos.

La autoridad de los gobernantes está limitada por el orden moral, los derechos de los ciudadanos, las normas que establecen la constitución y las leyes, y las necesidades del bien común.

La constitución y las leyes establecen claramente cuáles son las competencias y atribuciones de cada uno de los gobernantes y funcionarios.

Existen una serie de derechos fundamentales de los hombres y de los grupos humanos que son anteriores por naturaleza al poder y que siempre deben ser respetados. Las constituciones suelen reconocerlos, y para mayor claridad, enumerarlos.

Existe el problema teórico de hasta dónde puede extenderse el poder de la autoridad política.

No es posible dar una respuesta válida para todas las sociedades y todas las circunstancias. Pero sí es posible formular los principios generales.

1. Hay derechos fundamentales que bajo ninguna circunstancia pueden ser impedidos. por ejemplo, el derecho a la libertad de conciencia, el derecho a la protección jurídica, el derecho del padre de familia sobre sus hijos.

2. La autoridad política tiene derecho a mandar todo lo necesario y conveniente para el bien común, y no puede mandar nada que no conduzca a él.

3. Consecuentemente, todo lo que un ciudadano responsable y consciente debería hacer espontáneamente por su patria y por la sociedad, puede ser legítimamente mandado, por ejemplo, cuando la patria está en peligro el ciudadano consciente debe espontáneamente ofrecer incluso su vida para defenderla. Si no lo hace voluntariamente la autoridad puede obligarlo coactivamente a hacerlo.

4. Medidas gubernamentales que son legítimas y justificadas en una circunstancia, son ilegítimas y abusivas en otras. Por ej. sería lícito al estado en caso de un terremoto que hubiese destruido gran parte de una ciudad limitar el espacio que puede ocupar una familia; lo que en otras circunstancias sería un abuso injustificable.

5. Cuanto más desorganizada está una sociedad, tanto más se requiere la intervención del poder político. No es la misma la intervención que corresponde al estado en un sistema económico que funciona eficientemente y sirve al bien común, que en un sistema económico incoherente y que sólo sirve a los intereses de grupos.

6. La mejor intervención del estado es la que tiende a convertirse en innecesaria con el tiempo. Tal es, por ejemplo, la intervención estatal que tuviera por objeto ordenar y organizar el sistema educacional, y que luego de ordenado, dejarlo librado a la responsabilidad e iniciativa de grupos particulares.

En Argentina, desde los primeros días de vida independiente, hubo una marcada tendencia a prever extralimitaciones de poder. La Primera Junta, al promulgar su Reglamento, el 28 de mayo de 1810, establecía la división de poderes. El 6 de diciembre de ese mismo año, el Decreto de Supresión de Honores, inspirado por Mariano Moreno, marcaba una pauta: presidente y miembros del gobierno revolucionario, todos eran lo mismo.

Y agregaba que «…ningún habitante de Buenos Aires, ni ebrio ni dormido, debe tener expresiones contra la libertad de su país». Finalmente, expresaba el artículo cuarto del proyecto oficial de la Constitución de 1813: «El ejercicio del poder soberano de la República reside en el Congreso, en los depositarios del Poder Ejecutivo y en los tribunales establecidos por la ley».  Más claro, imposible.

Sin embargo, la Constitución que nos rige en la actualidad, se caracteriza por instituir un Poder Ejecutivo fuerte, detentador de algunas facultades de predominio y de absorción capaces de desequilibrar la armonía de poderes. Los principales resortes del poder público están en sus manos. Y si quien los ejerce no está imbuido de un profundo sentimiento republicano y de un sincero respeto por el valor moral de la democracia, fácilmente puede torcer las riendas hacia el camino del autoritarismo.

El presidente nombra y remueve, por sí solo, a los ministros. Promulga leyes y puede vetarlas. Es quien convoca al Congreso para que se reúna. Durante los meses de receso ordinario del cuerpo legislativo, se ve favorecido por facultades verdaderamente supletorias del mismo. El artículo 86 de la Constitución Nacional lo llama Jefe Supremo de la Nación. Es un giro podrá decirse, mera fórmula del lenguaje, nada demasiado grave en el fondo. Sin embargo, es como si ellos fueran condicionando los resortes psicológicos, produciendo un acostumbramiento y preparando el terreno para que unos obedezcan más de la cuenta. Y para que otros manden más de la cuenta también, por desgracia.

Quizá vislumbrando todos esos peligros, aclara José Manuel Estrada: «Por la palabra Supremo se entiende en todas partes un jefe cuya autoridad no es compatible, revi-sable, no sujeta a responsabilidad. Sin embargo, él es la primera auioridad en la rama del Poder Ejecutivo; pero los otros poderes son independientes. Aún más: un acto del Poder Ejecutivo puede ser enervado por la Suprema Corte y él es responsable de sus actos ante las Cámaras. Luego, no se puede decir que sea la autoridad suprema del país, palabra que sólo conviene alzar o a otro soberano absoluto. La palabra supremo, pues, está fuera de lugar». Muy a propósito los conceptos. Pero los riesgos, reales, permanencen.

La propia Constitución Nacional le agrega, excepcional-mente, facultades, discrecionales.

El inciso 26 del artículo 67 establece que corresponde al Congreso decretar el Estado de Sitio en uno o varios puntos del país en los casos de conmoción interior. Pero si la institución parlamentaria se encuentra en receso, los ejecutivos de escasa sensibilidad estomacal suelen, de todas formas, decretarlo. Algunos, inclusive, parecen no saber gobernar si no es al amparo de ese recurso que la Constitución contempla para casos extremos.

El Estado de Sitio faculta al Ejecutivo, para limitar la libertad de acción de ciertas personas que representan un peligro para la Constitución y las instituciones. Hasta allí, la doctrina. En la práctica, es fácil caer en una extralimitación del poder. Porque el Ejecutivo, merced a esa autoridad especial que se le confiere, puede detener y trasladar personas en el interior del territorio.

El artículo 23 de la Constitución Nacional especifica que dichas detenciones pueden prolongarse sólo en el caso de que los encarcelados no prefieran salir del país, haciendo uso de su legítimo derecho de opción. Muy pocas veces, en los hechos, se deja disfrutar de ese derecho a los detenidos. Algunos magistrados, cómplices, pretenden que el otorgar la salida del país, en esos casos, es una facultad del presidente y que él puede hace uso de ella discrecionalmente, Pero no queda lugar para la duda: la ley fundamental lo expresa claramente, en la precisa lengua de Cervantes: «…si ellas no prefiriesen salir del territorio argentino» (artículo 23). Por otra parte, estas facultades especiales no han sido previstas para delincuentes o infractores.

En caso de delitos, los autores deberán ser detenidos, procesados y condenados de acuerdo con ios procedimientos que corresponde, aplicados por los jueces y de acuerdo con el Código Penal vigente. No parece muy normal la existencia de detenidos durante muchos años sin que se los someta a proceso alguno. Para algunos gobiernos, sin embargo, esos son simples métodos de trabajo.

Hasta aquí, si cabe la figura, se trató sólo de lo que podríamos denominar «extralimitaciones constitucioles». La Constitución, mal que bien, a pesar de los desbordes, siguen en vigencia. El ejercicio de los poderes de Estado, a pesar de las falencias, se realiza de acuerdo con normas preestableciadas, observando un procedimiento formado en la ley fundamental. La Constitución es la que establece cómo se puede llegar al ejercicio del poder y la que fija las normas de cumplimientos estricto para el buen desempeño de las funciones. El gobierno, es un gobierno de derecho.

Hay una adecuación al orden jurídico que establece la Constitución, si bien es cierto que los sectores dominantes aprovechan, para maniobrarlos requicios que deja la ley.

Pero a veces, ni eso queda en pie. El poder se ejerce sin sujeción a norma alguna. Los procedimientos que los gobiernos de facto siguen para entronizarse como tales son absolutamente anormales. Generalmente, violentos. Se habla de revolución, pero se trata de golpes. Una revolución implica un cambio fundamental de estructuras, un golpe es un cambio de personas, para salvaguardar las estructuras, justamente. Una o varias personas se encaraman en el poder político y lo ejercen de modo absoluto e irrestricto.

Fuente Consultada:
Formación Política Para La DEmocracia Tomo II Editorial Redacción
50 Cosas Que Hay Que Saber Sobre Política Ben Dupré – Editorial Ariel –
Educación Democrática de Argentino Moyano Coudert – Texto Para 3º Año – Tercera Edición-Editorial Guadalupe

Concepto de Garantías Constitucionales Aplicación en Argentina

Concepto de Garantías Constitucionales

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Otros Temas Tratados:

1-Estructura Constitución Nacional Argentina

2-Concepto Igualdad Ante La Ley

3-Concepto Indulto y Conmutación de Penas

4-Concepto Estado de Sitio

5-Concepto La Anmistía

6-Concepto Garantías Constitucionales

7-Concepto La Libertad de Prensa

8-Concepto de Ciudadanía y Ciudadano

9-El Abuso de Autoridad en Democracia

10-Derechos Civiles y Socviales

Las  llamadas garantías constitucionales son, concretamente, los medios jurídicos que la Constitución y las leyes ponen al alcance de la personas, para la protección de las libertades individuales y asegurar por lo tanto el normal ejercicio de dichas libertades.

Algunos autores establecen varias acepciones sobre el concepto, como por ejemplo:

a) las garantías en su sentido estrictísimo, comprensivas solamente de los procedimientos judiciales sumarios, y de reglas procesales, como el de hábeas corpus, el amparo, el derecho a no declarar contra sí mismo, etc.;

b) garantías en sentido estricto, incluyendo además los procedimientos judiciales tuitivos de la libertad jurídica, como la demanda y excepción de inconstitucionalidad, etc.;

c) garantía en sentido amplio, abarcando las llamadas garantías políticas, como la división de poderes, la renovación y elegibilidad de los funcionarios, etc.;

d) garantías en sentido amplísimo, comprensivo de todas las instituciones liberales, incluso la constitución escrita y el bill de derechos incorporados a ella (según la clasificación expuesta por el profesor Germán J. Bidart Campos). Otros, en cambio, admiten, como el profesor Linares Quintana, que solamente el segundo sentido es el exacto, es decir, las garantías en sentido estricto.

En cuanto a las garantías relacionadas con la libertad y seguridad de las personas, el artículo 18 de la Constitución Nacional las establece especialmente, en los siguientes términos: «Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado a los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa.

Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo; ni arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente. Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos. El domicilio es inviolable, como también la correspondencia epistolar y los papeles privados; y una ley determinará en qué casos y con qué justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación.

Quedan abolidos para siempre la pena de muerte por causas políticas, toda especie de tormento y los azotes. Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice».

Del texto de este artículo se infiere claramente que de nada valdría que la Constitución Nacional reconociera a todos los individuos los derechos y libertades establecidos en ella, si al mismo tiempo no se establecieran en forma concreta y práctica los medios para la protección de dichos derechos y libertades, de manera tal que el individuo se sintiera permanentemente protegido en el normal ejercicio de sus libertades y derechos, no solamente contra los excesos del poder sino además, cuando dichos derechos se vieran cuestionados por hechos de otros particulares.

Como puede apreciarse, del texto del artículo 18 se desprenden no solamente las seguridades en cuanto al ejercicio de la libertad física del individuo, sino además, las que en conjunto se denominan las garantías del debido proceso, en el sentido de proteger al individuo .sometido a juicio, de los excesos que pudieran cometer las autoridades judiciales, en el ejercicio de sus funciones.

El amparo de la libertad, pues, puede concretarse a dos principales instituciones: el hábeas corpus y la denominada acción de amparo.

El primero ha sido en términos generales la preocupación constante y tan antigua como el hombre, pues ampara y protege nada menos que la libertad física del individuo, tan imprescindible como para que sea considerada que sin ella las demás libertades no podrían ser normalmente ejercidas.

En cuanto a sus Orígenes, el hábeas corpus registra sus antecedentes muy remotos en el interdicto romano de libero hóminem exhibendo, en la Carta Magna inglesa de 1215, en los fueros españoles de Aragón de 1427 y de Vizcaya de 1527, en la ley inglesa de 1640 y en el acta de hábeas corpus de 1789.

Debe señalarse que la institución protege solamente la libertad corporal o física de las personas, y solamente contra los actos del Estado, especialmente, contra las detenciones arbitrarias e ilegales; por lo tanto, debe cuidarse de no incluir en dicha protección a otras libertades o derechos o actos emanados de particulares, pues para estos últimos, se ha instituido (al principio por vía jurisprudencial) la denominada acción de amparo.

El maestro Carlos Sánchez Viamonte sintetizaba su posición en relación al hábeas corpus, en los siguientes puntos:

a) se concede en amparo de la libertad arbitrariamente restringida, y no solamente contra detenciones ilegales;

b) protege todos los derechos individuales que constituyen la libertad personal, excepto los relativos al patrimonio y los administrativos;

c) puede interponerse ante cualquier juez; procede aun contra actos de jueces o tribunales colegiados.

Las provincias por su parte han consagrado expresamente el recurso de hábeas corpus, incluido además como en el orden nacional, en los respectivos códigos procesales.

La acción de amparo: Pero el babeas corpus, que como hemos expresado protege la libertad física de los individuos contra actos del Estado, no alcanza a las otras libertades o derechos reconocidos por la Constitución Nacional, que por ello quedaban sin la consiguiente protección, hasta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación introdujo por vía pretoriana la acción de amparo, para proteger a los demás derechos no alcanzados por el hábeas corpus y además, contra la acción de los particulares.

El primer caso judicial que resuelve la Corte es el conocido «Ángel Siri» del 27 de diciembre de 1957, con motivo de la clausura policial del diario Mercedes que impedía su impresión y circulación.

El otro caso fallado diez meses después es el caratulado «Samuel Kot SRL», como consecuencia de la presentación efectuada por el propietario de una fábrica ante la ocupación de la misma por los obreros, que se negaban a desocuparla, motivada por un conflicto laboral.

Aquí se trataba de una acción de los particulares (los obreros), por lo que la Corte decidió que debía proteger al propietario de la fábrica, asegurándole el goce pleno de sus derechos individuales de propiedad y de trabajar frente al desborde de los obreros, que sin poder invocar ningún derecho, la ocupaban ilegítimamente.

En la actualidad, la acción de amparo se halla legislada mediante el decreto ley 16.986/66 reglamentado por el decreto 927/67.

Fuente Consultada:
Formación Política Para La DEmocracia Tomo II Editorial Redacción
50 Cosas Que Hay Que Saber Sobre Política Ben Dupré – Editorial Ariel –

La Igualdad Ante La Ley en Argentina Concepto e Historia

La Igualdad Ante La Ley en Argentina
Concepto e Historia

Otros Temas Tratados:

1-Estructura Constitución Nacional Argentina

2-Concepto Igualdad Ante La Ley

3-Concepto Indulto y Conmutación de Penas

4-Concepto Estado de Sitio

5-Concepto La Amnistía

6-Concepto Garantías Constitucionales

7-Concepto La Libertad de Prensa

8-Concepto de Ciudadanía y Ciudadano

9-El Abuso de Autoridad en Democracia

10-Derechos Civiles y Socviales

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El concepto de Igualdad de todos antes la ley, no es un concepto muy antiguo, pero ya hace mas de 200 años, en una carta a George Washington en 1784, Thomas Jefferson comentaba que el fundamento constitucional de Estados Unidos era «la igualdad natural del hombre». La posición de la igualdad como piedra angular en el pensamiento político y social ha permanecido intacta desde entonces. En la actualidad sean cuales sean las convicciones, pocos políticos hoy en día defenderían abiertamente la desigualdad.

La igualdad tiene su origen en la teoría política de John Locke y otros en la segunda mitad del siglo XVII. Cien años más tarde, en 1776, la idea de que hay ciertos derechos naturales e inalienables, entre ellos «la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad», que pertenecen a todos los hombres y a todos por igual, se consagró en la Declaración de Independencia de Estados Unidos.

Trece años después, el ideal inspiró la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano propuesta por los revolucionarios franceses; y con ella llegó su llamamiento: «Libertad, igualdad, fraternidad».

Uno de los fundamentos del gobierno republicano y democrático, juntamente con la libertad, es precisamente la igualdad; y ha sido la lucha constante de los hombres por alcanzar ambos presupuestos, frente al avance cada vez más riguroso del poder político ejercido en exceso. Así lo recuerda Esteban Echeverría al afirmar que «la libertad y la igualdad son los ejes centrales, o más bien los dos polos del mundo de la democracia«.

Pero debemos precisar un concepto sobre la igualdad ante la ley, reconocida en nuestra Constitución Nacional, que de ninguna manera es la igualdad matemática que imponga a todos sin distinciones el mismo trato, porque así podríamos caer en desigualdades injustas; tampoco es borrar las diferencias naturales que existen entre los hombres, las que deben ser respetadas para no caer entonces en el trato desigual, lo que también sería injusto. Montes de Oca en sus ya famosas Lecciones de Derecho Constitucional enseñaba que «la igualdad ante la ley supone simplemente que todos los habitantes de la Nación están sujetos a los mismos deberes, gozan de los mismos derechos y están tutelados por las mismas garantías».

Desde los primeros instantes de nuestra historia patria el concepto de igualdad ante la ley aparece en la mente de nuestros primeros hombres de gobierno y queda concretado en las normas legales y constitucionales que fueron apareciendo a lo largo de la historia constitucional argentina, desde aquel famoso decreto de honores de la Junta del 8 de diciembre de 1810, a inspiración de Mariano Moreno; el proyecto de la Sociedad Patriótica de 1813 disponía en el artículo 8º con respecto a la igualdad que «la ley, bien sea preceptiva, penal o aflictiva es igual para todos, y asiste igualmente al poderoso que al miserable, para la conservación de los derechos que cada uno disfruta».

Así podemos mencionar el Estatuto Provisional de 1815, el Reglamento Provisorio de 1817, la Constitución de 1819, la Constitución de 1826, hasta quedar consagrada en forma definitiva en nuestra Constitución Nacional de 1853/60, que recoge en sus fundamentos el proyecto de constitución de Juan Bautista Alberdi.

Así el artículo 16 de nuestra Ley Fundamental dispone que «La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento; no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas».

Este artículo 16 concuerda además con el artículo 15, al disponer que «En la Nación Argentina no hay esclavos; los pocos que hoy existen quedan libres desde la jura de esta Constitución; y una ley especial reglará las indemnizaciones a que dé lugar esta declaración. Todo contrato de compra y venta de personas es un crimen del que serán responsables los que lo celebrasen, y el escribano funcionario que lo autorice. Y los esclavos que de cualquier modo se introduzcan quedan libres por el solo hecho de pisar el territorio de la República».

Es interesante destacar también que esa igualdad ante la ley se refiere a la igualdad de los derechos civiles, es decir que se refiere a todos los habitantes del pais, a diferencia de la igualdad política reconocida exclusivamente a los ciudadanos; desde luego con la salvedad de los derechos de los menores de edad, de los incapacitados, etcétera.

Esta igualdad civil consagrada por la Constitución Nacional se refiere concretamente a los siguientes puntos:

1) a las prerrogativas de sangre y de nacimiento y a los títulos de nobleza;

2) a los fueros personales;

3) a los impuestos y cargas públicas;

4) a la admisibilidad a los empleos; debe agregarse la igualdad de todos los extranjeros habitantes de nuestro suelo; a los indios que en escaso número pueden existir aún en el país, descartando desde luego a los esclavos que como un timbre de honor de nuestra historia han existido en nuestro suelo en los primeros tiempos de la etapa colonial, pero que fueron desapareciendo paulatinamente, a punto tal que al iniciarse la etapa constitucional argentina prácticamente no existían esclavos en nuestro país.

Desde el punto de vista jurisprudencial, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dejado perfectamente aclarado el concepto de igualdad ante la ley sosteniendo que «consiste en que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que se concede a otros en iguales circunstancias»; es decir, que la igualdad ante la ley consiste en el tratamiento igual de los iguales en iguales circunstancias.

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AMPLIACIÓN DEL TEMA: LA IGUALDAD ANTE LA LEY

«En las sociedades, decía Aristóteles, las grandes luchas internas surgen de:

— que los que son en parte iguales, se consideran del todo iguales;
— y los que son en parte superiores, se consideran del todo superiores.

Los ciudadanos, porque son iguales en libertad, se consideran iguales en todo; otros, porque son superiores en linaje, bienes económicos o cultura, se consideran superiores en todo».

Los hombres somos todos iguales en dignidad, libertad, valor de nuestras personas.

La dignidad de la persona humana y de los derechos que de ella dimanan es igual para todos los hombres.

Pero no es igual el talento, las condiciones naturales, la educación y preparación, el esfuerzo y el mérito de cada hombre. Tampoco son iguales su posición social, sus bienes económicos, sus capacidades prácticas.

La igualdad esencial de los hombres es obra de la naturaleza y por lo tanto de Dios. Las desigualdades unas son obra de la naturaleza que nos dotó de diferentes condiciones, otras del legítimo esfuerzo, trabajo, afán de superación, e incluso de la coyuntura de una serie de circunstancias favorables y deben ser respetadas. Otras, en fin, son el resultado de una deficiente o injusta organización social y deben ser corregidas.

La sociedad democrática, entre sus rasgos característicos, cuenta:

— el reconocimiento de la igualdad esencial de los hombres;
— la ausencia de privilegios fundados en sangre, posición económica, o social;
— la igualdad para todos ante la ley;
— el afán de ofrecer a todos igualdad de oportunidades para satisfacer sus necesidades y desarrollar su persona.

La igualdad ante la ley significa que la ley se aplica imparcialmente, sin injustas excepciones. Que en igualdad de circunstancias todos son iguales ante ella.

La igualdad ante la ley supone igualdad en las circunstancias y condiciones. No significa, por ejemplo, que todos son obligados a pagar el mismo impuesto, sino que no existirán diferencias entre los que se encuentran en idénticas condiciones.

El artículo 16 de la Constitución establece:

— La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento;
—no hay en ella fueros personales, ni títulos de nobleza;
— todos sus habitantes son iguales ante la ley;
— y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad;
— la igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas.

La lucha de los hombres por la igualdad es un proceso que se realiza lentamente en la historia.

En la antigüedad era común la distinción de los hombres en libres y esclavos. En la edad media fue común la distinción en señores y siervos, o la admisión de estamentos sociales.

En la época moderna se defendió con éxito el principio de la igualdad jurídica de los hombres ante la ley.

En época contemporánea dos son los grandes logros realizados:

1. el fin del colonialismo y el reconocimiento de la igualdad entre los pueblos;

2. el deseo de ofrecer a todos, los ciudadanos igualdad de posibilidades sociales, económicas, culturales, etc.; que las distinciones y diferencias se funden no en privilegios, sino en la capacidad, esfuerzos y méritos de cada cual.

Las encíclicas sociales proclaman el derecho de todos los hombres a tener acceso, según su capacidad y esfuerzo, a los más altos grados de la cultura y formación profesional. Para que exista una real y válida democracia, el principio de la igualdad jurídica debe ser complementado con posibilidades de igualdad social y económica.

A este propósito dice el Concilio Vaticano II:
«Para satisfacer las exigencias de la justicia y de la equidad se debe procurar enérgicamente que, respetados los derechos personales y la índole propia de cada pueblo, sean suprimidas lo más rápidamente posible las enormes y crecientes desigualdades económicas actuales, que van acompañadas de discriminación individual y social».

Fuente Consultada:
Educación Democrática de Argentino Moyano Coudert – Texto Para 3º Año – Tercera Edición- Editorial Guadalupe

Indulto y la Conmutación de Penas en Argentina Concepto

Indulto y la Conmutación de Penas en Argentina
Constitución Nacional Art. 86

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Indulto, es una medida de gracia por la que la autoridad competente perdona total o parcialmente una pena impuesta en sentencia firme. Puede solicitar el indulto la persona condenada, sus parientes o cualquier persona en su nombre, aunque las legislaciones también suelen dar legitimación para pedirlo al Gobierno o a los propios tribunales de justicia. El indulto se diferencia de la amnistía en que ésta supone la desaparición total del delito, que se tiene por no cometido.

Otros Temas Tratados:

1-Estructura Constitución Nacional Argentina

2-Concepto Igualdad Ante La Ley

3-Concepto Indulto y Conmutación de Penas

4-Concepto Estado de Sitio

5-Concepto La Anmistía

6-Concepto Garantías Constitucionales

7-Concepto La Libertad de Prensa

8-Concepto de Ciudadanía y Ciudadano

9-El Abuso de Autoridad en Democracia

10-Derechos Civiles y Socviales

La Constitución Nacional atribuye al Presidente de la Nación la facultad de indultar y conmutar penas, según lo dispuesto en el artículo 86, inc. 6, en los siguientes términos: «Puede indultar o conmutar las penas por delitos sujetos a la jurisdicción federal, previo informe del tribunal correspondiente, excepto en los casos de acusación por la Cámara de Diputados».

Esta norma merece una explicación a los efectos de intentar limitar los alcances de la facultad concedida al Presidente de la República y establecer las condiciones y requisitos que deben darse, para que dicha facultad se ejerza de acuerdo con el espíritu que los constituyentes dieron a la norma constitucional, apartándose de lo dispuesto en la constitución norteamericana.

Nuestra Constitución se ciñe con más rigor al tecnicismo jurídico y basa la facultad que nos ocupa en el principio de la división de los poderes, es decir que para que pueda ser viable el indulto se requiere que exista pena, es decir, desde el punto de vista técnico, que el órgano jurisdiccional competente haya concluido el examen de la causa y se haya pronunciado a través de la sentencia; y además, que dicha sentencia se encuentre firme, es decir, con autoridad de cosa juzgada. De más está decir que dicha sentencia sea condenatoria.

Requiere asimismo, en cuanto a la limitación del ejercicio de la facultad presidencial de indultar o conmutar penas, que se refieran a delitos sujetos a la jurisdicción federal; ello significa que solamente puede válidamente ser ejercida esta facultad en cuanto a las condenas que se hubieran pronunciado por los tribunales competentes de la jurisdicción federal, quedando por lo tanto excluidos del alcance de la atribución del Presidente de la República las condenas pronunciadas por los tribunales judiciales provinciales, reservada a los respectivos gobernadores.

El indulto o la conmutación requiere que el Presidente reciba el informe pertinente del tribunal que actuó en la causa, poniéndose por lo tanto en funcionamiento un procedimiento administrativo en el que intervienen diversos funcionarios del Poder Judicial, como además dependientes directos del Poder Ejecutivo, como en el caso del Ministerio de Justicia de la Nación.

La limitación que establece la Constitución en cuanto al ejercicio de la atribución presidencial, se refiere a que el indulto o la conmutación no puede ejercerse en los casos de acusaciones pronunciadas por la Cámara de Diputados, es decir, en los casos de juicios políticos, como es obvio suponer, ya que en dicho juicio político, podría eventualmente estar involucrado el propio Presidente de la República, sus ministros, y los jueces nacionales, incluyéndose desde el luego al vicepresidente de la Nación.

Se ha discutido el carácter del indulto o de la conmutación, sin perjuicio de señalar la diferencia conceptual entre ambos. Algunos autores afirman que el indulto es equivalente al perdón, mientras que otros, por el contrario, al rechazar este carácter, sostienen que la facultad del Presidente se refiere concretamente a disponer la no ejecución de la pena condenatoria  impuesta, es decir, al no cumplimiento efectivo, sin perjuicio de destacar que tanto en uno como en el otro carácter, el indulto por sí mismo no borra el delito cometido, puesto que no tiene influencia en la sentencia que ha quedado firme, y tanto es así que dicha sentencia se tiene en cuenta en los casos de reincidencia, de las indemnizaciones y de las cosías a que hubiere lugar.

Con respecto a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, es interesante recordar que ha variado la posición en que se ha colocado con respecto a la cuestión en estudio. En una primera época la Corte decidió que el Presidente de la Nación no podía indultar si no existía sentencia firme.

Cincuenta años después, varió la posición de la Corte, declarando que el procesado podía ser indultado antes de la sentencia (caso «Ibáñez», quien había hurtado un par de medias por valor de 3 pesos, indultado por el presidente Yrigoyen). Finalmente volvió la Corte a su jurisprudencia anterior, precisamente en el fallo relacionado con el caso del entonces ex presidente Yrigoyen que había sido depuesto por el golpe del 6 de setiembre de 1930.

a Corte confirmó la sentencia de la Cámara Federal, de acuerdo con lo pedido por el ex presidente, en el sentido de que el Poder Ejecutivo (en ese momento de facto), no podía ejercer la facultad de indultar, mientras no existiera sentencia condenatoria firme con autoridad de cosa juzgada.

Con respecto a la diferencia, que podría ser de grado, entre el indulto y la conmutación, puede aclararse que el primero dispone el no cumplimiento o ejecución de la pena impuesta al condenado; mientras que la conmutación, cambia la pena impuesta por otra que resulte más benigna, como por ejemplo, disminuyendo el tiempo de la condena.

Además, es interesante establecer la diferencia entre la amnistía y el indulto. La primera tiene carácter general, es una facultad del Poder Legislativo, y tiene como característica especial que declara la inexistencia del delito; mientras que el indulto es personal, pues se refiere a una persona determinada, es una facultad del Presidente de la Nación y tiene como característica que dispone el no cumplimiento de la pena impuesta al condenado, no borra el delito y éste se tiene en cuenta en caso de reincidencia y para las indemnizaciones y costas a que hubiere lugar.

Fuente Consultada:
Formación Política Para La DEmocracia Tomo II Editorial Redacción
50 Cosas Que Hay Que Saber Sobre Política Ben Dupré – Editorial Ariel –

El Estado de Sitio Resumen, Concepto y Aplicación en Argentina

Coincepto de Estado de Sitio en Argentina
Resumen, Ejemplos de Aplicación

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Otros Temas Tratados:

1-Estructura Constitución Nacional Argentina

2-Concepto Igualdad Ante La Ley

3-Concepto Indulto y Conmutación de Penas

4-Concepto Estado de Sitio

5-Concepto La Anmistía

6-Concepto Garantías Constitucionales

7-Concepto La Libertad de Prensa

8-Concepto de Ciudadanía y Ciudadano

9-El Abuso de Autoridad en Democracia

10-Derechos Civiles y Sociales

Todo Estado de Derecho basa su existencia en el orden jurídico. Un verdadero conjunto ordenado de leyes que se complementan. Entre ellas no existe contradicción posible. Las que van surgiendo, como expresión de nuevos enfoques, derogan a las anteriores. Un estricto sistema de jerarquías se entreteje y amalgama todo ese cuerpo legislativo, desde los decretos y ordenanzas hasta los Códigos Nacionales y los tratados internacionales.

Constituye el basamento de la Nación y hace posible uno de los postulados básicos del Estado de Derecho: exigencia de juridicidad que significa, en otras palabras, exclusión absoluta de la arbitrariedad. En su cima, como máxima reguladora, se ubica la Constitución Nacional. Nadie puede emitir actos de especie alguna que sean extraños al ordenamiento jurídico vigente en el Estado. Por algo se ha calificado al Poder Judicial como Guardian de la Constitución.

A él corresponde señalar los desvíos. Por algo, además, se ha consagrado la independencia de sus magistrados. Para que lleguen hasta donde tengan que llegar y abarquen todo lo que tengan que abarcar con sus decisiones. Porque en un Estado de Derecho, donde rige una Constitución —como es el caso de la Argentina, teóricamente al menos— deben protegerse sin discriminaciones las potestades del individuo y es inadmisible aceptar la existencia de zonas jurídicas desprovistas de una efectiva protección integral de la justicia.

La Constitución prevé

Hay momentos fundamentales, superiores, en la vida del Estado, en los cuales su interés general corre peligro. Se trata de circunstancias excepcionales, que requieren también, para ser enfrentadas con éxito, medidas de excepción. La Constitución las ha previsto, a unas y a otras. Por eso ha reglamentado la existencia del Estado de Sitio, recurso aplicable en los casos en que la organización o la propia subsistencia del Estado están puestas en tela de juicio.

Y ha sido bien explícita con respecto a esos casos en que puede recurrirse a su aplicación y con respecto a las instancias formales y legales que debe agotar el gobierno que decide instaurarlo. Son bien conocidos los motivos que se señalan en ella para justificarlo: agresión externa o grave conmoción interior.

No son menos conocidas las formalidades legales que se establecen: coordinación de las voluntades del Poder Ejecutivo y del Senado en el primero de los casos y decisión privativa del Congreso en el segundo. Como en el caso de la Argentina la primera de las posibilidades ha sido muy poco transitada (y la única guerra de los últimos tiempos —la guerra de las Malvinas— nos encontró con un Estado de Sitio ya instalado, con ocho años de antigüedad por si fuera poco) nos referiremos al caso que habla de la conmoción interior. En eso sí, la experiencia es riquísima.

Constitución Nacional Argentina: Artículo 23. En caso de conmoción interior o de ataque exterior que pongan en peligro el ejercicio de esta Constitución y de las autoridades creada por ella, se declarará en estado de sitio la provincia o territorio en donde exista la perturbación del orden, quedando suspensas allí las garantías constitucionales. Pero durante esta suspensión no podrá el presidente de la República condenar por sí ni aplicar penas. Su poder se limitará en tal caso respecto de las personas, a arrestar o trasladarlas de un punto a otro de la Nación, si ellas no prefiriesen salir fuera del territorio argentino.

Los desbordes interpretativos

El artículo 67 de la Constitución Nacional establece, en su inciso 26, que corresponde al Congreso decretar el Estado de Sitio en uno o varios puntos del país, en los casos de conmoción interior. Pero en los casos de receso parlamentario —que son muchos meses— los Ejecutivos de poco desarrollada sensibilidad recurren igualmente a esta medida de excepción. Puede argumentarse que lo hacen aprovechando una prerrogativa que le confiere esa misma Constitución.

Es cierto. Pero es cierto también que, en esos casos, es una sola voluntad la que decide acerca de una medida que recorta innumerables libertades a los habitantes del país. Que se carece, antes de tomar la decisión, del análisis y de la discusión que deberían generarse en el seno del Congreso.

Es entonces cuando los desbordes se ponen al día. Porque en el espíritu del constituyente flotaba la convicción de que la conmoción debía ser grave para justificar esa medida, y mientras que, en la práctica, ella es habitualmente implantada por razones de oportunidad política. Porque se habla de implantar el Estado de Sitio en uno o varios puntos del país —aquéllos en los cuales se verifique la conmoción— y en la práctica, de un plumazo, se lo establece en todo el territorio nacional.

Porque se había dicho que esa medida debía durar sólo mientras durara la conmoción grave que la originó, y en la práctica se la entroniza como una forma permanente de gobierno, como un sistema de administración, basado, más que nada, en el congelamiento de las libertades públicas. Si alguien afirmara que las condiciones de conmoción interna que justificaron su implantación continúan vigentes, la respuesta es clara: gobiernos que fueron incapaces, a lo largo de años y años de ejercicio del poder, de enmendar las situaciones que originaron esa conmoción, o bien son absolutamente ineficientes o bien son absolutamente impopulares. O las dos cosas, tal vez.

Los internamientos y la libertad

Quizá porque se considera que el hombre es lo más valioso, es que hay un aspecto vinculado con la aplicación del Estado de Sitio que aparece como el más grave: el de la detención a disposición del Poder Ejecutivo. Merced a esa norma de excepción, el Ejecutivo puede limitar la libertad de acción de aquellas personas que, a su juicio, representan un peligro para la Constitución y las instituciones. Puede detenerlas y trasladarlas por el interior del territorio. Sin embargo, el artículo 23 de la Ley Fundamental, aclara, refiriéndose a las personas detenidas, que sufrirán el internamiento «… si ellas no prefiriesen salir del territorio argentino».

Ponderable aclaración, sobre todo para los que, de otra forma, deberían contemplar el futuro detras de las rejas.

Pero, en la práctica, generalmente no se les deja disfrutar de ese derecho. Como todo se concatena, los mismos magistrados que son designados sin acuerdo del Senado no pueden romper el cordón umbilical que los une a la voluntad autoritaria que los nombró. Ellos son los que muchas veces argumentan que otorgar la salida del país en esos casos es una facultad del presidente y que él puede hacer uso de ella discrecionalmente.

Y pretenden mucho más. Así, se habla de los móviles políticos del gobierno, como si estos bastaran para justificar cualquier arbitrariedad y para ubicar al Poder Ejecutivo á buen recaudo de cualquier control jurisdiccional. Con el justificativo de una vaga defensa de la seguridad del Estado y de sus instituciones se respaldan medidas de «alta policía«. Mientras las solicitudes de «habeas corpus» se amontonan en los tribunales, los internados peregrinan de cárcel en cárcel.

El Poder Ejecutivo, de acuerdo con la Constitución Nacional, no puede actuar a su antojo, fuera de todo control. Sostener lo contrario resulta arbitrario o, en el mejor de los casos, equivocado. Por el contrario, el principio general, deber ser el del control. El control jurisdiccional de los actos del gobierno es procedente, porque la protección de los administrados halla fundamento en los artículos 18 y 28 de la Constitución Nacional. Mientras ella tenga imperio, esa protección jurisdiccional constituye una exigencia de nuestro orden jurídico porque el imperio de la Constitución no se suspende ni siquiera en caso de guerra.

Expresa, en ese sentido, el doctor Juan Antonio González Calderón: «Los llamados poderes de guerra del Poder Ejecutivo Nacional, no pueden ser ejercidos con violación flagrante o disimulada de los textos expresos de la Constitución, ni quebrantando las garantías individuales. Si su consecuencia puede ser una franca transgresión de la Ley Fundamental, entonces sí el Poder Judicial debe poner en juego su facultad preventiva de mantener el imperio soberano de la Constitución».

Los ejemplos

Dicen que para muestra basta un botón. Por desgracia, en este tema de los desbordes del Poder Ejecutivo con referencia a la aplicación del Estado de Sitio y la intervención —o no intervención a veces— de un Poder Judicial que los enmiende, los ejemplos sobran. La doctrina argentina admite, como principio, el control jurisdiccional de los jueces en los supuestos de limitaciones o ataques infligidos a los derechos de los administrados por el Poder Ejecutivo bajo el régimen de Estado de Sitio. Sin embargo, analizando la copiosa jurisprudencia que al respecto existe, se nota una falta de coherencia en las resoluciones, una ausencia de criterio preciso y fijo. Y la certidumbre del derecho es la base esencial para el goce efectivo de la libertad.

En cierta oportunidad, la Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar al recurso promovido por un senador nacional detenido en el marco del Estado de Sitio. En ese caso, la Corte consideró que las inmunidades correspondientes a los miembros del Parlamento no quedan limitadas aunque rija ese estado de excepción (Corte Suprema de Justicia de la Nación, Fallos, Leandro N. Alem y Mariano N. Candioti, Tomo 54, página 43).

En otro caso, en cambio, la Corte declaró que el ejercicio de la facultad acordada al Presidente de la República en el artículo 23 de la Constitución Nacional, de arrestar a las personas en el Estado de Sitio, no es, en principio, susceptible de revisión judicial (Corte Suprema de Justicia de la Nación, Fallos, Pedro J. Bellman, Tomo 256, página 359). Finalmente, por simple mayoría, el Tribunal se pronunció sobre el alcance del control judicial en materia de actos emitidos por el Poder Ejecutivo durante la vigencia del Estado de Sitio, en el caso caratulado «Antonio Sofía y otros» (Corte Suprema de Justicia de la Nación, Fallos, Tomo 234, página 504).

Más allá de estas desinteligencias aparentes, lo cierto es que, bien cercanos a nosotros en el tiempo, se multiplican los casos de detenciones y avasallamientos. Acusado de mantener vinculaciones con la subversión y sustraído a los carriles de la justicia ordinaria, el periodista Jacobo Timerman pasó a depender de las decisiones de los Consejos de Guerra. Uno de ellos justamente, el Consejo de Guerra Especial N° 2, declaró que no existía ningún cargo contra el prevenido, que éste quedaba fuera de su jurisdicción y que no había motivos para prolongar su arresto. Esto ocurría a fines de setiembre de 1977. El 24 de octubre de 1979, Jacobo Timerman continuaba detenido.

En esa fecha, por segunda vez la Corte Suprema de Justicia decretó su libertad, mientras el Ministerio del Interior sostenía que el periodista mencionado era realmente subversivo, la Justicia, no había podido demostrarlo. Igual opinión sustentaba una parte del Ejército, recomendando que continuara su confinamiento, bajo régimen militar. Finalmente, se anuló su ciudadanía argentina, se confiscaron sus bienes y se lo expulsó del país. Fue una forma de concederle la libertad sin acatar la decisión de la Corte.

Quizás el caso de Juan Gregorio Alfonso sea todavía más patético. Porque Alfonso fue juzgado, condenado a siete años de prisión por el delito de asociación ilícita y cumplió esa condena el día 18 de agosto de este año. Cuando pensaba reencontrarse con la vida, no se lo excarceló: quedó a disposición del Poder Ejecutivo. Casos similares abundan. Y también casos de ciudadanos que durante años permanecen encuadrados en esa curiosa figura «procesal» de nuestros días: a disposición del PEN. Sin cargo alguno establecido contra ellos, concretamente al menos. Sin juicio. Sin defensa. Sin condena.

Aunque parezca un recurso de humor negro el afirmarlo, Alfonso, dentro de todo, tuvo suerte. El juez federal doctor Pedro Narvaiz dio curso favorable al pedido de «habeas corpus» «interpuesto en su favor. En su fallo, el magistrado afirma: «No se puede admitir que ningún ciudadano pueda continuar detenido por razones secretas o confidenciales expuestas por organismos de seguridad del Estado y de las que no se informa, ni aun a los jueces». Como se ve no todo está perdido, todavía.

Fuente Consultada:
Formación Política Para La DEmocracia Tomo II Editorial Redacción
50 Cosas Que Hay Que Saber Sobre Política Ben Dupré – Editorial Ariel –

Concepto de Amnistía Diferencia con Indulto Aplicación en Argentina

Concepto de Amnistía
Su Aplicación en Argentina

Amnistía, extinción de la responsabilidad penal por la comisión de un delito y perdón del mismo por parte del Estado que, como único titular del Derecho legitimado para castigar, es también el único que puede ejercitar el derecho de gracia, una de cuyas manifestaciones es la amnistía. Por regla general se concede por motivos políticos, y consiste en un perdón total y absoluto del delito.

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Otros Temas Tratados:

1-Estructura Constitución Nacional Argentina

2-Concepto Igualdad Ante La Ley

3-Concepto Indulto y Conmutación de Penas

4-Concepto Estado de Sitio

5-Concepto La Anmistía

6-Concepto Garantías Constitucionales

7-Concepto La Libertad de Prensa

8-Concepto de Ciudadanía y Ciudadano

9-El Abuso de Autoridad en Democracia

10-Derechos Civiles y Sociales

La amnistía, junto al indulto y la gracia propropiamente dicha, no han existido siempre  con las características diferenciales que asumen en el moderno Estado constitucional, pero de todas formas eran conocidas ya en la antigüedad, como que configuran instituciones cuya finalidad es atemperar el rigorismo de la ley.

Por la amnistía, el Estado renuncia circunsiancialmente a su potestad penal. Lo hace, casi siempre, en virtud de requerimientos graves de interés público. Generalmente son causas políticas las que lo impelen a tomar esas decisiones. Más concretamente dicho, una aspiración a la concordia colectiva de una comunidad dada en un determinado momento de su historia. En esos casos, el Estado dispensa, teniendo en cuenta no a la persona sino al tipo de infracción y por ese motivo es que son beneficiados por la medida lodos aquellos que incurrieron en dicha falta.

A veces se confunde la amnistía con el indulto, pero la Corte Suprema la ha definido claramente. La tipifica, en primer lugar, como el olvido de un hecho delictuoso y justifica su existencia en el deseo del Estado de restablecer la calma y la concordia social. Expresa asimismo que la misma extingue la acción y la pena —si antes hubiese sido impuesta— y borra, al mismo tiempo, la criminalidad del hecho.

Determina, a continuación, que la amnistía es esencialmente general y que abarca a todos los sujetos comprometidos en una clase de delitos. Y termina consagrándola como un resorte exclusivo del Poder Legislativo, habilitado en ese sentido por el artículo 67, inciso 17 de la Constitución Nacional: efectivamente, en los Estados democráticos la amnistía debe ser concedida sólo por el Parlamento, como consecuencia del sistema de división de poderes, ya que es éste la única rama del gobierno que tiene la potestad de declarar la criminalidad de los actos creando al mismo tiempo las sanciones pertinentes y, per ende, la única capacitada para borrar los efectos de las mismas.

Es evidente que con respecto a la amnistía debe distinguirse dos aristas claramente diferenciadas: el aspecto jurídico de la misma y su aspecto político. Jurídicamente, la amnistía significa una excepción al derecho común, porque las prescripciones y la pena impuesta por el Código a un determinado delito son dejadas de lado y hasta el propio delito desaparece, como si el sujeto beneficiado no lo hubiera cometido, a tal punto que, en el caso de incurrir en una nueva infracción posterior, no será siquiera considerado reincidente.

Políticamente, por su parte, el valor de la amnistía es fundamental y es justamente en ese aspecto, más que nada, en donde deben buscarse los elementos que más la justifican. Diferentes gobiernos, por medio de sus legislaturas, han recurrido a ella, teniendo en cuenta básicamente las circunstancias sociales por las que se atravesaba.

Como la Constitución Nacional no fija limitaciones al respecto, la facultad de amnistiar inherente al Congreso comprende delitos e infracciones de cualquier especie y abarca todo el ámbito de la Nación; las provincias, por su parte, conservan el poder de amnistiar en el ámbito de su propia facultad punitiva.

El Indulto, es una medida de gracia por la que la autoridad competente perdona total o parcialmente una pena impuesta en sentencia firme. Puede solicitar el indulto la persona condenada, sus parientes o cualquier persona en su nombre, aunque las legislaciones también suelen dar legitimación para pedirlo al Gobierno o a los propios tribunales de justicia. El indulto se diferencia de la amnistía en que ésta supone la desaparición total del delito, que se tiene por no cometido.

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En los estados democráticos la amnistía solo puede ser concedida por el Poder Legislativo.

Los últimos proyectos
Es casi una constante que al asumir sus funciones los diferentes gobiernos civiles decreten amnistías de mayor o menor alcance. Desde los tumultuosos tiempos de las luchas que precedieron a la afirmación institucional del país y después, en medio de las guerras civiles, las amnistías fueron la moneda corriente a través de la cual los nuevos mandatarios propiciaban el olvido de lo pasado, tendían un manto sobre los enfrentamientos recién agotados y, de esa manera, aportaban a la pacificación del país y mitigaban las pasiones que se habían agitado violentamente en el seno de la sociedad hasta ese momento. Más adelante en el tiempo y con diferentes matices, se continuó con esa tradición.

Quizá las más resonantes leyes de amnistías contemporáneas hayan sido las dictadas por el gobierno de Arturo Frondizi en 1958 —que contaba con el «aditamento» polémico de que si la misma abarcaba o no a la persona del ex presidente Juan D. Perón— y la de 1973, no bien asumió la primera magistratura Héctor J. Cámpora. En esta última oportunidad se trató de una amnistía de amplias características.

Fuente Consultada:
Formación Política Para La DEmocracia Tomo II Editorial Redacción
50 Cosas Que Hay Que Saber Sobre Política Ben Dupré – Editorial Ariel –

Mujeres en la Política Argentina Primeras Dirigentes Políticas

Mujeres en la Política Argentina
Primeras Dirigentes con Cargos Políticos

HACE mucho tiempo, alguien explicaba la diferencia entre hombre y mujer dibujando un círculo con dos flechas. Una, que tenía signo femenino, apuntaba hacia el centro; la otra, representando al hombre, señalaba hacia afuera. El símbolo era claro: el destino de la mujer estaba adentro, en el núcleo; todo lo de afuera, hasta el infinito, era para el hombre. Los dos juntos, componían la familia, célula básica de la sociedad.

Todavía no se logró, ni a nivel global ni nacional, un verdadero equilibrio en los cargos de gobierno representados por el género femenino. Cómo son las cuotas en el mundo y en el país. Qué debería hacerse para revertir la situación.

Según datos de CIPPEC, las mujeres representan 50% de los empleados del Poder Ejecutivo Nacional (PEN), pero solo 30% corresponde a personal jerárquico, es decir, ministros, secretarios, subsecretarios, directores nacionales y generales, y titulares de organismos descentralizados e instituciones de la seguridad social. Para estos cargos no electivos, no existen leyes de cupo que garanticen un piso de acceso. Hoy, solo 14% de los ministerios y 13% de las secretarías están dirigidos por mujeres, de acuerdo a la misma fuente.

La interpretación de aquel dibujo era válida, sin duda, porque esa fue la idea fundamental sobre la cual, desde el comienzo, la Humanidad determinó cómo sería la vida de cada uno de los componentes de la pareja.

Y el hombre (no hablamos de la primera acepción del término: «animal racional, individuo de la especie humana en general», sino de la segunda que se le adicionó posteriormente: «varón»), el hombre decíamos, que creó y codificó las pautas culturales, que alteró la ecología modificando la naturaleza, que logró enunciar e imponer las leyes, que pudo crear un método científico de análisis e interpretación de las ideas y de los hechos, que propulsó la ciencia, el arte y la tecnología, que se convirtió en agente de cambio de la realidad que deseaba mudar, no pudo, no quiso, no intentó cambiar aquella idea básica, jamás.

Es más, siguen asegurando que es inmodificable y la convirtió en premisa; instiló en la mujer una multitud de imperativos «naturales», la confundió con las responsabilidades ilimitadas y exclusivas de ser la conservadora de la especie, la llenó de tabúes y prejuicios y le hizo creer, durante siglos, que realmente, su lugar es el centro del círculo, el que no sólo no debe abandonar jamás, sino al que debe impedir que entren conocimientos, ansias, fantasías ajenas al mundo de los hijos y la cocina.

Y esa idea, así como fue estructurada, se galvanizó de tal modo, que resistió evoluciones y revoluciones sin modificarse. Recién a fines del siglo XVIII, el gran colapso de la Revolución Industrial la arrancó del hogar, y las dos guerras mundiales la lanzaron a los puestos de avanzada que habían dejado los hombres beligerantes.

En esas circunstancias aprendió el valor económico de su trabajo y comprendió la importancia social de su presencia y de su aporte. Pero seguramente, fue la gran revolución de las comunicaciones, la que la acercó al verdadero conocimiento del mundo circundante. Después de miles de años, rever la dirección de la flecha que marcó su destino desde el comienzo, le significó duras peleas y dejar en el camino girones de su personalidad y su sensibilidad tan cuidadosa y secularmente cinceladas.

Forjarse un nuevo pensamiento, generarse nuevas expectativas, asignarse un nuevo rol social, fue muy duro y costoso, pero mucho más lo fue —lo es—, modificar la orientación de la simbólica flecha masculina. Luchas contra las propias limitaciones, producto de la falta de ejercitación de los derechos y la falta de una historia cultural y social, siendo duro, lo es mucho menos que luchar contra la historia cultural y social del hombre, librarlo de preconceptos incorporados a su mentalidad y abrir en su mente la posibilidad de otros estilos en su relación de pareja y de familia.

Los grupos organizados: Donde más se siente la dificultad para la incorporación masiva de la mujer a la sociedad activa, es en el mundo de los grupos organizados. Los clubes masculinos, los sindicatos y los partidos políticos, refuerzan sus murallas para resistir el avance creciente de la presencia femenina.

Los clubes de hombres agonizan lentamente, tal vez porque al ser estáticos no soportan la presión. Los sindicatos, favorecidos por el aporte obligado por la ley y la necesidad de los trabajadores de pertenecer a una organización de su gremio, crecen permanentemente en poder económico y político (obviemos los inconvenientes coyunturales) y no necesitan preocuparse por la situación sindical de sus afiliados que, difícilmente, pueden acceder a los sectores de poder, no sólo porque es una lucha muy dura, sino porque la falta de una militancia activa por distintas razones, de las cuales las familiares son las de más peso, las va dejando rezagadas en los niveles medios y de base.

Basta con observar la integración de los gremios con mayoría de mujeres, como Sanidad, Vestido, Docentes, etc. La ausencia —o una presencia muy débil— de mujeres en los cargos de conducción de los respectivos sindicatos, demuestra la desproporción entre el número de conducidas y conductoras. Pero donde aparece más clara la lucha entre la necesidad y la tradición, es en los partidos políticos, sobre todo en este momento de la historia nacional, próximo a las elecciones y las organizaciones partidarias.

Obligados por el estatuto de los partidos políticos, los candidatos para cubrir los cargos, tanto en el orden de la organización interna como en las listas que se presentarán en las futuras elecciones en todo el país, deben surgir de la masa de afiliados, cualquiera sea el sistema derivado de la Carta Orgánica respectiva (cuerpos colegiados o voto directo).

Y la masa de afiliados tiene un valor cuantitativo, no cualitativo, de manera que, en la emergencia, una presencia femenina vale tanto como una masculina. A partir de esa necesidad, los dirigentes partidarios, se lanzan a la campaña proseli-tista en la búsqueda de fichas de afiliados, y las mujeres, esa innominada e ignorada masa, a la que no se incorporó a las mesas de conducción, a la que no se invitó a los «diálogos políticos», pasa a desempeñar un papel protagonice En este momento de la recaudación de fichas y a la hora de la recaudación de votos, los dirigentes recuerdan el caudal de reivindicaciones que las mujeres están esperando desde hace años.

La flecha que apunta hacia el núcleo y la que apunta hacia el infinito de pronto se borran cuando las computadoras marcan que el 50% de los padrones tiene signo femenino. Y en la emergencia, en las vísperas de elecciones internas y nacionales (involucramos en la expresión provinciales y municipales), los partidos prevén y conceden a las mujeres porcentajes estables en las listas de candidatos.

El Partido Justicialista, desde sus orígenes tiene un porcentaje proporcional, porque la Rama Femenina tiene un tercio de posibilidades en paridad de condiciones con la rama masculina y la gremial. En los demás partidos, suele concederse lugares muy importantes sin chances electorales: las candidaturas a la vicepresidencia por ejemplo en partidos no mayoritarios, llena de orgullo pero carece de factibilidad. Sería más útil un lugar en las listas de diputados, senadores o concejales con posibilidades de resultar electos.

En algún caso y en los órdenes locales, algunos partidos ofrecieron a las mujeres un lugar de cada tres en las listas. También posibles candidatos sugieren que un tercio de todos los cargos electivos y nombramientos del futuro gobierno sean para las mujeres, pero, como es de imaginar, tales proposiciones no salen de los partidos que tienen buenas chances electorales.

Todo parece de gran justicia, pero cabe preguntarse: cuando los sectores del poder partidario «ceden» un tercio —o un cuarto o la proporción que sea—, ¿por qué siempre está implícito que se trata del tercer, el sexto, el noveno lugar de la lista? ¿Por qué no puede ser el primero o el segundo? Porque el hecho de que una mujer encabece la lista de candidatos a diputados, senadores o concejales, parece ser una alternativa nunca prevista en la vida política argentina.

En 1991, la Argentina se convirtió en el primer país del mundo en incorporar una cuota de género en su legislación electoral. La iniciativa fue de un grupo de mujeres de la Unión Cívica Radical y del peronismo. Así, se sancionó la Ley 24.012 o de cupo femenino, que exige la nominación de un mínimo de 30% de mujeres con posibilidad de resultar electas en las cámaras de diputados y senadores.

PRIMERAS MUJERES DE LA POLÍTICA ARGENTINA

Alicia Moreau de Justo

Alicia Moreau de Justo fue un exponente de esas oleadas inmigratorias que conformaron la Argentina aluvial. Esta intelectual nació el 11 de octubre de 1885 en Londres. Sus padres habían sufrido la expulsión de Francia por su participación en la Comuna de París (1871). Así, hacia 1890 arriba a tierras argentinas, pasa su niñez en el barrio de Floresta.En 1920, Alicia Moreau se afilia al Partido Socialista en el que militará toda su vida. Cuatro años más tarde se casa con su líder Juan Bautista Justo y tienen tres hijos. (Ver Su Biografía)

Ana Zaefferer de Goyeneche

Ana Zaefferer de Goyeneche fue candidata a vicepresidenta de la República, pero por un partido que no podía aspirar a ganar las elecciones. El Partido Cívico Independiente y el candidato presidencial era Juan Bautista Peña.

Blanca Stábile

La  doctora Blanca Stabile comenzó a militar en la política en 1955 y   fue testigo y partícipe de la concepción de esa nueva corriente que encarnaron Arturo Frondizi y Rogelio Frigerio. Justamente fueron ellos quienes la animaron a abandonar sus cátedras universitarias para que se dedicara de lleno a la política. Esta activa dirigente del Movimiento de Integración y Desarrollo fue coordinadora general de las actividades de la mujer en el plano nacional y miembro de la comisión política del Comité Capital. En el pasado fue electa diputada nacional, en las anuladas elecciones de 1962 en la provincia de Buenos Aires, y desempeñó otros importantes cargos en el seno del partido. «La mayor parte del mérito de que una mujer actúe en política se debe a un hombre», reconoce así el apoyo que le brinda su marido. «Detrás de una dirigente destacada —subraya— siempre hay un hombre».

Ana Rosa Serrano

Ana Rosa Serrano, dice: «El peronismo es la única fuerza política argentina que tiene una rama especialmente
dedicada a la mujer con autonomía propia y en igualdad de atribuciones con las otras dos ramas: la masculina y la gremial».
Fue diputada nacional peronista por la Capital Federal, y expresa: «Lo único que puedo decir es que no sólo somos sumamente importantes por el caudal electoral que representamos, sino porque fundamentalmente somos las que, de una u otra manera, educamos al hombre del mañana. Si nuestra aspiración es tener una sociedad justa y equilibrada como la que soñaron los grandes hombres del quehacer argentino, las mujeres tenemos que participar ya que ésa será la única forma de influir en las decisiones y ejecuciones de la política.»

María Elena Perrone

 María Elena Perrone cuando inició su participación política era una avanzada estudiante de la licenciatura de Ciencias Políticas de la Universidad del Salvador. Pero no fue su única actividad: al contrario, la militancia política es el quehacer fundamental de su vida. Proveniente de una familia de antigua raigambre radical, entre cuyos antepasados se cuentan, incluso, fundadores del partido, ha sido siempre dentro de esta agrupación donde desarrolló ininterrumpidamente su accionar político. «Yo vengo de una familia de políticos —afirma—, como quien dice me he formado en el análisis político de la realidad. No es ése, por cierto, el caso de la generalidad de las mujeres, que suelen opinar, por efecto de la formación recibida, que la política es cosa de hombres». En su dilatada campaña en filas radicales, la señora Perrone ha enfrentando importantes responsabilidades y ocupado destacados lugares de lucha: convencional, delegada al Comité de Capital, candidata a concejal en 1973. «La mlitancia exige una gran dosis de esfuerzo, de sacrificios. Implica una permanente lucha, de todos los días.»

Irene Rodriguez

Irene Rodriguez: «Cuando pudimos participar de elecciones , el 50 por ciento de los concejales comunistas electos fuimos mujeres. Y de las dos fórmulas presidenciales que tuvo el PC argentino formamos parte mujeres: en 1951 Alara de la Peña acompañó a Rodolfo Ghioldi y ahora integro el binomio junto con Rubens Iscaro.» De las cien mil afiliaciones logradas por la agrupación , el 30 por ciento pertenece a adhesiones femeninas.
«La mujei —agrega la entrevistada— participa de los órganos de dirección general en todas las instancias. Tres mujeres formamos parte de la Comisión Política Nacional y además hay comisiones femeninas.» Irene Rodríguez sabe por experiencia —tiene dos hijos y tres nietos— que no es fácil para la mujer acercarse a la política. «El partido ofrece un puesto de lucha de acuerdo a la posibilidad y voluntad de cada simpatizante. Naturalmente, para la mujer todo es más difícil porque tiene que vencer mayores dificultades que el hombre, resabios y las condiciones concretas de vida: trabajo, atención del hogar, y cuidado de los niños».

Susana Pérez Gallart

Susana Pérez Gallart: A los 18 años y en filas de la UCR comenzó su actuación política. Cuando se produjo la escisión de esta agrupación, la hoy licenciada en Relaciones Públicas y secretaría de Prensa del Partido Intransigente se integró a la UCRI. Fue luego miembro de la Comisión Organizadora del PI, secretaría de Relaciones de su Bloque de Diputados y forma parte, en la actualidad, de la Comisión Nacional de Acción Política de dicho nucleamiento. En su análisis acerca de la participación política de la mujer y su inserción en el seno de los diversos partidos, la doctora Pérez Gallart hace hincapié en los antecedentes históricos que rodean la actuación pública femenina: «Históricamente, no sólo en la República Argentina sino en todos los países, los partidos políticos han sido un feudo exclusivo del sexo masculino. La mujer quedaba relegada a otras actividades: la casa, los hijos, eran sus deberes exclusivos y excluyentes. Podía, en casos excepcionales, desarrollar algún tipo de actividad política pero ella se desenvolvía siempre en los niveles subalternos, secundarios. Por otra parte, esas actitudes excepcionales, eran miradas críticamente por los diversos sectores
sociales.

Mejide

Graciel Fernandez Mejide: es una activista de derechos humanos y política argentina. Cobró prominencia como activista por los derechos humanos durante el Terrorismo de Estado del autodenominado «Proceso de Reorganización Nacional», cuando su hijo, estudiante de 17 años, desapareció en una operación gubernamental clandestina. Formó parte de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) a partir de 1983, y fue luego una de las principales dirigentes del Frente País Solidario (Frepaso). Tras encabezar el triunfo electoral de la recién formada Alianza en la provincia de Buenos Aires, disputó las elecciones internas por la presidencia de la Nación con el candidato radical Fernando de la Rúa. En octubre de 1999 fue candidata de la Alianza a Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires. Formó parte del gabinete ministerial de Fernando de la Rúa, pero renunció, retirándose prácticamente de la vida política desde la desaparición del Frepaso y la Alianza.

Chiche Dualde

Hilda «Chiche» Duhalde: Nacio en 1946, casada con Eduardo Duhalde, ex presidente de la Nación. Es una política y docente argentina, ex primera dama y exsenadora por el partido Peronismo Federal. En 1997 fue electa diputada, representando a la provincia de Buenos Aires, cargo para el que fue reelecta en 2003. En las elecciones de 2005 fue elegida senadora por la misma provincia por el Partido Justicialista, el cual concurrió a elecciones dividido.

Otras mujeres argentinas que ocupan u ocuparon un cargo poliítico de gerarquía en la estructura política nacional:

Cristina Fernández de Kirchnner ocupó por 8 años el cargo de Presidente Nacional, Gabriela Michetti es la actual vicepresidente de la Nación, María Eugenia Vidal es la gobernadora de la mayor provincia argentina y Elena Highton es la representante del género femenino en el máximo Tribunal de Justicia. Patricia Bullrich, en Seguridad, y Carolina Stanley, en Desarrollo Social, son las figuras femeninas que ocupan cargos jerárquicos en el gabinete del Gobierno actual.

Fuente Consultada:
Formación Política Para La Democracia Editorial Biblioteca de Redacción Tomo II – La Política y La Mujer –