Levantamiento Carapintada Aldo Rico en 1987 Causas



RESUMEN HISTORIA DEL ALZAMIENTO DE ALDO RICO EN SEMANA SANTA

ANTECEDENTES DE LA ÉPOCA: Luego de siete brutales años de un gobierno de facto, dirigido por Juntas Militares en donde se repartían el poder entre las tres fuerzas armadas, y que en 1982 nos llevaron a una ignominosa guerra contra la ocupación inglesa de la Islas Malvinas, se inició un esperanzado gobierno democrático, en donde el primer período de 1983-1989 gobernó nuevamente el radicalismo.

El viejo partido de Yrigoyen retornó al gobierno después de 17 años. Raúl Ricardo Alfonsín logró lo que parecía improbable: derrotar electoralmente al peronismo. Nunca antes, en una elección presidencial, había ocurrido. La victoria alcanzada con el 52 % de votos provenientes de distintas clases sociales se basó en un llamamiento democrático, centrado en la defensa de los derechos individuales que, en esa oportunidad, llegó hasta las capas populares, partidarias tradicionales del peronismo.

Raúl Alfonsín

Presidente Democrático (1983-1989) Raúl Alfonsín

El nuevo gobierno comenzó con dos años de cierta prosperidad y una creencia generalizada en las palabras del indiscutido líder del momento Raúl Alfonsín, quien repetía que con «la democracia se come, se cura y se educa». Pero llegaron los problemas económicos atribuídos a la «herencia del período militar» y en 1985 se implementó un plan llamado Austral que tuvo un éxito inicial, pero debió enfrentar serias complicaciones, tanto internas como derivadas de un difícil contexto internacional, y perdió eficacia.

Este deterioro en el terreno económico fue acompañado por una crisis política, originada por el levantamiento militar de Semana Santa de 1987. La convergencia de ambos procesos erosionó la credibilidad del gobierno y lo condujo a la derrota frente al peronismo, en las elecciones de renovación parlamentaria y de gobernadores de 1987.

El tema más espinoso fue el juzgamiento de los crímenes cometidos por la dictadura. Alfonsín intentó solucionarlo sin afectar a las Fuerzas Armadas como institución. El informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, publicado bajo el título Nunca más, y el juicio a los miembros de las juntas militares demostraron que el llamado «Proceso de Reorganización Nacional» había aplicado un plan sistemático de carácter genocida. Cinco de los nueve altos ex jefes militares fueron condenados, pero las presiones castrenses y el afán de «reconciliar a la sociedad» llevaron a la sanción de las leyes llamadas de «Punto Final», de 1985, y de «Obediencia Debida», de 1987, que clausuraron las acciones penales, salvo en los casos de sustracción y cambio de identidad de menores.

¿PORQUE SE SUBLEVARON?

Alfonsín tomó algunas medidas muy importantes respecto de las FFAA. La primera fue el Juicio a las Juntas; otra fue el intento de someter, al Ejército principalmente, al orden constitucional. La tarea del gobierno era difícil y requería apoyos fuertes. La población respaldó estas medidas, con su participación se constituyó en garante de la naciente democracia. Los partidos políticos también se encargaron de resguardar el orden institucional por encima de sus diferencias. La sociedad había cambiado y las instituciones democráticas se estaban afianzando.

El malestar dentro del Ejército comenzó con la derogación de la Ley de Autoamnistía y se agravó considerablemente con el enjuiciamiento de las Juntas. La reacción de las FF.AA. cristalizó en tres levantamientos durante los años 1987 y 1988.

La Cámara había ordenado el enjuiciamiento de los oficiales superiores y de todos los miembros subalternos de las FEAA. que tuvieron responsabilidad operativa en la represión ilegal. Quedaba abierta la posibilidad de ampliar los procesos y con ello el número de militares enjuiciados.



Hacia fines de 1985 se habían acumulado más de 1.200 causas judiciales contra miembros de las FEAA. y de seguridad. En este marco y ante los fallidos intentos de que la justicia pusiera un coto definitivo a dichos juicios, el 5 de diciembre de 1986 el presidente Alfonsín envió al Congreso un proyecto de ley que fijaba la extinción de la «acción penal contra todo miembro de las FF.AA. y de seguridad imputado en los delitos acaecidos en el marco de la represión ilegal hasta el 10/12/83 siempre que dicho uniformado no fuere citado a prestar declaración indagatoria por tribunal competente dentro de los 60 días corridos'»‘, contados desde la promulgación de la ley. El 23 de diciembre, la iniciativa oficialista fue aprobada por el Congreso sin modificaciones.

Al día siguiente el Poder Ejecutivo promulgó la ley que sería conocida como ley de «Punto Final». La mayoría de las Cámaras Federales de todo el país suspendió la feria judicial de enero para acelerar las causas en curso y procesar a la mayor cantidad posible de uniformados. Pasados los 60 días el número de procesados ascendía a 450, la mayoría oficiales de alta graduación, los otros 750 habían sido desprocesados gracias a la ley de «Punto Final».

En oposición a la política de Alfonsín, un grupo de oficiales al mando del teniente coronel Aldo Rico se acuarteló en Campo de Mayo para exigir una solución política a las citaciones judiciales de los militares. Los oficiales amotinados no cuestionaban el orden constitucional, se limitaban a pedir al gobierno una solución para el problema de los oficiales enjuiciados. Los carapintadas10 cuestionaban también la conducción del Ejército, porque la consideraban responsable de la derrota de Malvinas.

levantamiento carapintadas aldo rico

Aldo Rico

Todos los partidos políticos y las organizaciones sociales dieron su apoyo al régimen democrático. El pueblo se reunió en plazas y centros comunitarios de todo el país para realizar una suerte de vigilia nacional durante cuatro días para que los militares depusieran su actitud. (Fuente Consultada: Cuatro décadas de historia argentina: (1966-2001) Palmira Dobaño, Mariana Lewkowicz).

La sanción de la ley llamada de «obediencia debida» -que exculpaba a los subordinados- tampoco resolvió el problema _ aunque los conflictos siguientes no tuviere-la gravedad de los de Semana Santa. Un nuevo levantamiento, en enero de 1988, encabezado por el teniente coronel Rico, fue controlado. En diciembre del mismo año, el coronel Seineldín lideró una nueva insurrección que, si bien pudo ser neutralizada, demostró que el enfrentamiento entre el poder político legalmente constituido y una fracción importante de las Fuerzas Armadas seguía abierto.

«Felices Pascuas»: Cuando ya la primera sublevación llevaba unos tres días de iniciada, y la situación de los rebeldes era insostenible –a pesar deque no había militares dispuestos a reprimirlos-, el Dr. Alfonsín no encontró nada mejor que volar en helicóptero hasta Campo de Mayo donde negoció una aparente rendición de los rebeldes. A su regreso a la Casa de Gobierno, desde su famoso balcón, le dijo a la multitud enfervorizada: «Argentinos, la casa está en orden, ¡felices Pascuas!», y luego invitó a la desconcentración.

Raúl Alfonsín, junto a Antonio Cafiero principal referente del Peronismo

La consternación ciudadana comenzó esa misma noche, cuando en los noticieros de la TV aparecieron los «carapintadas» de Campo de Mayo, abrazándose alborozados y con las armas en su poder, a pesar de que el Dr. Alfonsín, horas antes, había afirmado ante su pueblo que «los rebeldes –algunos de ellos héroes de Malvinas-se han rendido».

El golpe final contra la credibilidad popular fue poco después, cuando el sumiso Congreso Nacional -como consecuencia del acuerdo de Campo de Mayo entre el Dr. Alfonsín y los «carapintadas»- dictó la ley conocida con el nombre de «Obediencia Debida», la que significó el perdón para todos quienes hubiesen violado los derechos humanos durante la dictadura militar, y aun el de quienes, además, habían cometido delitos conexos para su exclusivo beneficio personal, con el pretexto de que fueron simples cumplidores de órdenes, a pesar de que varios de ellos ostentaban los grados de general, coronel y sus equivalentes en las otras fuerzas.

Fuente: Horacio P. Ballester, Memorias de un coronel democrático.

PARA SABER MAS…:
Crónica de la Época: Como ampliación del tema publicamos una nota en El Bicentenario Fasc. N° 10 período 1990-2010 a cargo de Elsa M. Bruzzone Profesora de Historia



Del Juicio a las Juntas Militares de 1985 surgió la necesidad de investigar la conducta de los cuadros medios y bajos militares que operaron, durante la dictadura, con la mayor discrecionalidad. Esta actividad ocasionó malestar en los distintos escalones investigados que, advirtiendo la poca disposición del Gobierno para efectuar la imprescindible reforma militar, establecieron   -según afirmaciones de fuentes confiables- un curso de acción general por seguir que puede sintetizarse en: sumisión a la Justicia como único medio de reinsertar a las Fuerzas Armadas en la vida institucional, reivindicación pública de la «guerra sucia», asistencia jurídica a los procesados, gestiones privadas para conseguir un número mínimo de condenas y presión posterior por una amnistía o indultos.

La debilidad política evidenciada ante los desbordes verbales de muchos ex represores quedó claramente expuesta en las «Instrucciones» dadas por el ministro de Defensa al fiscal general de las Fuerzas Armadas el 4 de abril del año pasado para interrumpir, con plazos perentorios, las investigaciones en curso y culminó el 24 de diciembre de ese mismo año con la Ley de Punto Final.

Estas investigaciones dejaron en evidencia las responsabilidades de los mandos subalternos que ejecutaron los operativos. En cambio fue difícil detectar a los mandos superiores que ordenaron o toleraron los delitos de sus subalternos. Esta evidente injusticia dio origen al levantamiento militar encabezado por el teniente coronel Aldo Rico el 15 de abril último.

En los días previos al amotinamiento, fuentes bien informadas dejaron trascender que el embajador norteamericano Theodore Gildred manifestó: «La posición de los Estados Unidos en el asunto de la conspiración militar que se avecina es muy clara: estaremos firmes al lado del presidente Alfonsín y la democracia; pero es hora de que el Gobierno entienda que no se puede seguir estirando la cuerda militar. Hay que encontrar una solución política al tema de los juicios».

En los mismos términos se expresó el 10 de abril Donald Harrington, funcionario del Departamento de Estado, de visita en nuestro país.

El 16 de abril, el pueblo manifestó con claridad su condena al levantamiento militar y salió a las calles para defender al gobierno constitucional.

Ese mismo día, desde el Palacio de los Dos Congresos, y ante la multitud reunida, el presidente Raúl Alfonsín expresó: «No podemos, en modo alguno, aceptar un intento extorsivo de esta naturaleza. Nos lo impide la ética, nos lo impide nuestra conciencia democrática, las normas constitucionales, así como las que rigen las Fuerzas Armadas, basadas en la disciplina… También nos lo impide la historia, de la que los argentinos hemos extraído una clara enseñanza: ceder ante un planteamiento semejante sólo significa poner en juego el destino de la Nación.

Entonces, aquí no hay nada que negociar, la democracia de los argentinos no se negocia. Se terminó para siempre el tiempo de los golpes; pero también se terminó el tiempo de las presiones, los pronunciamientos y los planteos… Ningún ciudadano puede negociar con la Justicia ni con ningún otro poder del Estado sobre su situación procesal». Tres días después, el domingo 19 de abril, en la Plaza de Mayo las palabras presidenciales fueron: «Felices Pascuas.

Los hombres amotinados han depuesto su actitud. La casa está en orden». En una conferencia de prensa, Aldo Rico, el jefe de los sublevados, expresó: «Nos hemos puesto de pie y hemos logrado nuestro objetivo».

La realidad mostró un mes y medio más tarde, el 4 de junio, la sanción de la Ley de Obediencia Debida, clara expresión del doblegamiento del poder político ante la presión militar, las amenazas y la acción psicológica de los Servicios de Inteligencia. Su puesta en ejecución dejará crímenes impunes, lo que incrementará las diferencias entre el pueblo y las Fuerzas Armadas, fortalecerá al pasado, comprometerá la unidad del campo democrático, debilitará profundamente el proceso de afianzamiento democrático y podrá constituir el preanuncio de mayores aberraciones.



Es evidente que la promisoria conducta de enjuiciar a las Juntas responsables de la conducción del terrorismo de Estado no ha sido continuada en la medida que las circunstancias lo requerían.

El poder político no sólo ha trastabillado sino que ha claudicado ante las presiones de los restos del poder militar. Continuar expresando que las Fuerzas Armadas son capaces de autodepurarse es como ponerse una máscara para ocultar una gravísima debilidad. Hoy más que nunca se hace necesario reestructurar el poder militar para proteger al sistema democrático. La nueva política militar democrática debe ser sostenida en la fuerza del pueblo. Este debe ser informado de esta situación y debe saber que estas leyes de Punto Final y Obediencia Debida son una imposición y constituyen una peligrosísima concesión. Por ello deben ser repudiadas y denunciadas.

Fuentes Consultadas:
Cuatro décadas de historia argentina: (1966-2001) Palmira Dobaño, Mariana Lewkowicz
Horacio P. Ballester, Memorias de un coronel democrático.
El Libro de los Presidentes Argentinos del Siglo XX Deleis-Titto-Arguindeguy
El Bicentenario Fasc. N° 10 período 1990-2010 a cargo de Elsa M. Bruzzone Profesora de Historia

 

elogios importantes para la mujer

https://historiaybiografias.com/archivos_varios5/estrella1_bullet.png

ocio total

juegos siete diferencias

noparece

fotos

creencias

anticonceptivos

mujeres

actitudes

actitudes


puzzles


------------- 000 -----------

imagen-index

------------- 000 -----------