Ley de Punto Final Criticas Indulto a los Militares Alfonsin



Ley de Punto Final Críticas
Indulto a los Militares – Alfonsín

El 31 de diciembre de 1986, el Congreso aprobó una iniciativa del gobierno, conocida como «Ley de Punto Final», que fijaba una fecha tope para iniciar causas relacionadas con la represión ilegal. No obstante, y contrariamente a lo que se proponía el gobierno, la determinación de una fecha límite para procesar a los ejecutores del terrorismo de Estado provocó el aumento del número de denuncias en juzgados de todo el país; también se aceleraron las presentaciones de pruebas. Para impedir el objetivo de la ley, las Cámaras Federales de Rosario, Córdoba, Mendoza, Bahía Blanca, La Plata, Tucumán y Comodoro Rivadavia suspendieron la feria judicial del verano y se abocaron a tratar los nuevos casos. El resultado fue que, en poco tiempo, quedaron procesados más de 300 oficiales.

Críticas contra la inminente Ley de Punto final, según los organismos de derechos humanos (Comunicado conjunto de los organismos de derechos humanos, 3 de diciembre de 1986.)

(Se condena) la intención del gobierno de poner un Punto Final al esfuerzo de investigación de las gravísimas violaciones contra los derechos humanos cometidos por el terrorismo de Estado y al castigo penal de sus autores y responsables. ( … ) La recuperación del orden constitucional no se limita a un cambio formal de gobierno.

Significa que los valores a defender sean aquellos que se vulneran sistemáticamente en el pasado. Hay que llenar de contenido las instituciones democráticas poniéndolas al servicio de la justicia, de la libertad y de la solidaridad. ( … )

La dictadura militar eligió la clandestinidad como método y en ese marco se cometieron los más atroces crímenes, secuestros, prisión en condiciones inhumanas, tormentos, asesinatos, robos de niños, apropiación de bienes de las víctimas.

Tal método fue posible por contar con la fuerza de las armas, con lo que se subvirtió el orden constitucional y ejerció el terror sobre la población.

El propósito fue lograr la impunidad para los responsables y autores directos de esos delitos, ( … ) La sanción de una norma que trabe la actuación de los jueces premia la inoperancia cómplice del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, a los tribunales que no actuaron con decisión a quienes siguen ocultando los aberrantes crímenes que cometieron y el destino de sus víctimas. ( … )

Si prosperase esta propuesta de Punto Final, contraria de los más elementales principios éticos, se estaría estableciendo la peor injusticia: los crímenes quedan impunes cuando los poderes constitucionales -desoyendo la voluntad del pueblo- ceden ante la presión de sus ejecutores, cómplices o encubridores.

ANTECEDENTES DE LA ÉPOCA: Los problemas irresueltos en el terreno militar y en el económico estallaron en 1987. En el caso de los militares, el juzgamiento de los responsables de la represión clandestina seguía siendo un conflicto abierto.

Los oficiales citados por la Justicia se resistían a acatar las citaciones y el gobierno no conseguía obligarlos a hacerlo. Para limitar el plazo de las citaciones judiciales, el gobierno dictó la ley llamada de «punto final», que establecía un plazo para las denuncias. Pero, la avalancha de citaciones que siguió a la sanción de esa ley complico aún más las cosas.



En abril de 1987, durante los días feriados de Semana Santa, se produjo un importante alzamiento militar, cuyos líderes y participantes –conocidos a partir de entonces como «carapintadas»– eran oficiales de rango medio, de ideología ultranacionalista.

Este grupo, liderado por el teniente coronel Aldo Rico y el coronel Mohamed Alí Seineldín (imagen) , reivindicaba al «ejército real» -los cuadros medios-, frente a la conducción oficiar del arma. Frente a este alzamiento, el gobierno no consiguió respaldo dentro de las Fuerzas Armadas: ninguna unidad militar estuvo dispuesta a reprimir el levantamiento de los «carapintadas».

El gobierno contaba con apoyo popular, pero carecía de medios militares. Aunque Alfonsín consiguió controlar temporariamente el conflicto militar, la tensión prosiguió.

El gobierno optó por sancionar la ley llamada de «obediencia debida», que exculpaba a parte de los militares que habían participado en la represión sobre la base del argumento que cumplían órdenes superiores.

Sin embargo, esta ley, que ponía en evidencia la debilidad del gobierno frente a la presión militar, no solucionó los conflictos con los militares.

En 1988 se produjeron dos nuevos levantamientos de los «carapintadas», que si bien fueron conjurados, mostraron la persistencia del enfrentamiento.Ante las numerosas citaciones para declarar ante la justicia, el 17 de abril de 1987 estalló una sublevación militar en la Escuela de Infantería de Campo de Mayo, liderada por el teniente coronel Aldo Rico.

Los sublevados de la rebelión de Semana Santa —que fueron llamados «los carapintadas»— expresaron el descontento de muchos oficiales por el avance del poder civil sobre los militares y reclamaron una solución política para las causas penales que los involucraban.

Una masiva movilización popular en la Plaza de Mayo repudió el alzamiento carapintada y acompañó al gobierno mientras duró la rebelión. El domingo de Pascuas al mediodía, luego de reunirse con el jefe sublevado, Alfonsín afirmó frente a la inmensa multitud «la casa está en orden». Aunque Rico y otros jefes militares fueron encarcelados, muchos sectores de la sociedad interpretaron esta actitud como la primera claudicación del poder civil ante los militares.

El 19 de abril, el gobierno y los representantes de los principales partidos políticos suscribieron un «Acta de Compromiso Democrático», en la que se establecieron distintos niveles de responsabilidad durante la represión ilegal —entre quienes habían dado las órdenes y los subordinados que las habían cumplido.

Unos días después, el 13 de mayo, fue enviado al Congreso el proyecto de la «Ley de Obediencia Debida», que resultó aprobada en Diputados con el voto de los legisladores del radicalismo y los partidos provinciales de ideas conservadoras.



Fuente Consultada: Ciencias Sociales e Historia EGB 9 Luchilo,Privitellio,Paz,Qués.

PARA SABER MAS…: Como ampliación del tena publicamos una nota en El Bicentenario Fasc. N° 10 período 1990-2010 a cargo del periodista Juan Salinas

La cuarta rebelión de militares carapintadas estalló el 3 de diciembre y como en la tercera, su jefe fue el coronel Mohamed Alí Seineldín. La conjura estaba en conocimiento del Gobierno a través de dos miembros del estado mayor rebelde. El presidente Carlos Menem ordenó que se la reprimiera sin negociar.

Por primera vez en casi tres décadas hubo muertos en un enfrentamiento entre facciones militares: los rebeldes intentaron ocupar el Regimiento de Patricios, ocasión en que mataron a un teniente coronel y a un mayor; también ocuparon la planta baja del edificio Libertador, sede del Ejército, hasta que el suboficial que los dirigía fue abatido por un francotirador leal.

Un coronel que no había participado de las sublevaciones anteriores ni estaba acusado de crímenes de lesa humanidad, pero dirigía la fábrica de tanques cuya desmantelación se había anunciado, se suicidó luego de que sus torpes subordinados chocaran un blindado contra un colectivo, matando a varios pasajeros.

El jefe de las dos primeras rebeliones carapintadas, el teniente coronel (R) Aldo Rico, se solidarizó con los rebeldes por la mañana, pero hacia el mediodía se desesperaba por poner distancia. Seineldín, con el apoyo de la propia esposa del Presidente, Zulema Yoma, le exigía a Menem que cumpliera sus promesas electorales de tinte nacionalista.

La prensa la llamó la «rebelión se los suboficiales» por la enorme cantidad sublevada, más de veinte por cada oficial. Los zumbos estaban indignados por la licuación de sus magros salarios, el desguace de la industria nacional (en particular de Fabricaciones Militares), el endeudamiento externo, la sumisión a EE.UU. y la participación en el bloqueo de Iraq durante la Guerra del Golfo.

A diferencia de las anteriores rebeliones, ésta no puso el eje sobre la impunidad de los militares que torturaron y asesinaron durante la última dictadura. Tampoco tuvo su baluarte en la infantería, sino en los suboficiales de caballería y artillería.

El regimiento de infantería de La Tablada, que se suponía un baluarte carapintada, encabezó la represión. En menos de veinte horas, los carapintadas fueron aplastados. Por la noche, Menem dijo que refrendaría el fusilamiento de Seineldín y demás cabecillas si tal como esperaba los tribunales militares los condenaban a la pena capital. Pronto concedería un gracioso indulto a Videla, Massera y demás jerarcas de la dictadura, lo que haría evidencia la incongruencia de imponerles semejante castigo. Pero los suboficiales sublevados fueron despojados de todo y expulsados del Ejército.

Fuente: El Bicentenario Fasc. N° 10 período 1990-2010 a cargo del periodista Juan Salinas



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