Gobierno de Nicolas Avellaneda:La Organizacion Nacional Liberal
Gobierno de Nicolás Avellaneda: La Organización Nacional Argentina Liberal
Nicolás Avellaneda ejerció la presidencia entre 1874 y 1880, acompañado por Mariano Acosta como vicepresidente. La política conciliadora de Avellaneda constituyó el último tramo en el proceso de consolidación estatal.
PRESIDENCIA DE AVELLANEDA (1874-1880)
El 12 de octubre de 1874 Avellaneda asumió el mando. Continuó la línea progresista de sus antecesores, pero tuvo que recurrir a las intervenciones para mantener el orden en las provincias (Jujuy, Salta. La Rioja); también debió sofocar movimientos revolucionarios en Santa Fe y Corrientes.
LA CRISIS ECONÓMICA.
El país afrontó la primera crisis económica grave a consecuencia. de la crisis mundial que afectó a la Bolsa de Comercio de Viena y a Estados Unidos de América.
En el mercado internacional se produjo la baja de precios de los productos agrícolas y el alza de los manufacturados, lo cual afectó nuestra balanza comercial. Avellaneda pidió al pueblo que realizara economías, redujo los sueldos, decretó cesantías y restringió las importaciones.
La inestabilidad económica provocó descontentos sociales manifestados a través de organizaciones gremiales que reflejaban los intereses de los obreros.
LA CONCILIACIÓN:
Políticamente el intenor era controlado por el oficialismo: en Buenos Aires el ambiente se manifestaba tumultuoso:
La fracción mitrista del viejo partido liberal se abstuvo sistematicamente de concurrir a los comicios. alegando que se carecía de garantías electorales. Se Preparaba una nueva revolucion.
Avellaneda entendió que debía atraer a los opositores a los comicios por medio de una conciliacion nacional. Mitre apoyó esta política.
Vencida la resistencia de Alsina, la unión se realizó en 1877 sobre la base de concesiones mutuas.
El presidente decretó una amnistía general
reincorporó al ejercito los jefes y oficiales que habían participado en la revolución del 74.
Por su parte los nacionalistas accedieron a concurrir a los comicios Y suspender todo intento revolucionario.
Hombres de su partido. como Rufino de Elizalde y José María Gutiérrez. fueron incorporados al ministerio de Avellaneda.
Una parte del autonomismo. encabezada por Bernardo de Irigoyen y Leandro N. Alem se opuso a este acercamiento.
La muerte de Alsina (29 de diciembre de 1877) privó al autonomismo del único candidato posible de ser aceptado por el interior.
Carlos Tejedor. gobernador electo de la provincia de Buenos Aires, fue apoyado por los elementos de la conciliación porteña como futuro presidente.
El interior lo rechazó y el autonomismo nacional se impuso a través de la liga de gobernadores, respaldando la candidatura de Julio A. Roca.
de gran prestigio por su éxito en la campaña del desierto.
Los partidarios de la conciliación porteña se dividieron, postulando diversos nombres (Rawson, Dardo Rocha, Sarmiento. Bernardo de Irigoyen).
Para contrarrestar su oposición. Avellaneda apoyó a Roca, a quien los porteños vejan como representante de los intereses del interior y dispuesto a avasallar a la provincia bonaerense.
Líder de una alianza política cada vez más poderosa, Avellaneda inició su gestión con lo que llamó la conciliación nacional, destinada a terminar con los conflictos entre los partidos.
También amnistió a los revolucionarios mitristas.
Como resultado de esta política, una parte del mitrismo y del autonomismo alsinista se sumaron a la coalición oficial.
Entre los autonomistas, un grupo liderado por Leandro N. Alem y Aristóbulo del Valle se negó a aceptar el acuerdo y fundó el Partido Republicano. Por su parte, el oficialismo formó el Partido Autonomista Nacional (PAN), llamado a hegemonizar la política argentina por casi tres décadas.
Durante el gobierno de Avellaneda ya no se produjeron los levantamientos federales de las provincias, como había sucedido con sus dos antecesores.
Sin embargo, se destacaron dos problemas que reclamaron la intervención de fuerzas armadas: la llamada ‘conquista del desierto” y la rebelión de la provincia de Buenos Aires.
LA CONQUISTA DEL DESIERTO:
Durante la década del ‘70 resurgió la preocupación por la situación de las fronteras con los indígenas, en particular las del sur y del sudoeste.
Este interés se debía a varias causas.
Por un lado, la necesidad de incorporar nuevas tierras para la explotación ganadera.
Por otro, los malones —ataques rápidos destinados fundamentalmente a tomar el ganado como botín— provocaban una creciente inseguridad para los productores.
Además, las aspiraciones chilenas para dominar los territorios indígenas pusieron en alerta a las autoridades argentinas, que consideraban dichos territorios como propios.
El ministro de guerra, Adolfo Alsina, mandó a excavar una larga zanja, conocida como "la zanja de Alsina”, cuyo objetivo era consolidar la frontera y evitar los malones; por el plan fue un fracaso.
A la muerte de Alsina, en diciembre de 1877, se designó como ministro de Guerra al general Julio A. Roca, cuyo plan era mucho más agresivo.
Su estrategia consistía en realizar una campaña ofensiva que evitara el reagrupamiento de los indígenas hasta fijar la frontera en el río Negro.
Este plan estaba acompañado de modernas ametralladoras que marcaron una fuerte desigualdad en el combate: el Ejército exterminó sin distinción a hombres, mujeres y niños.
En abril de 1879 comenzaron las operaciones al mando de Roca.
En mayo, Roca llegó a Choele-Choel y estableció el cuartel general; desde allí se dirigieron hacia los valles cordilleranos.
REVOLUCIÓN DE 1880:
En Buenos Aires creció el prestigio de Tejedor. sostenido por los autonomistas disidentes y los nacionalistas. S
intiéndose fuerte, el gobernador porteño no aceptó el triunfo de Roca en las elecciones del 11 de abril de 1880, disponiendo la movilización de las milicias provinciales.
La tensión aumentó y el choque se hizo inevitable; el gobierno nacional se instaló en Belgrano y declaró rebelde al gobierno provincial (4 de abril de 1880).
Las tropas nacionales sitiaron la ciudad; hubo encuentros sangrientos y las fuerzas que apoyaban a Tejedor fueron vencidas en Los Corrales y Puente Alsina.
La mediación de Mitre posibilitó las negociaciones de paz sobre la base de la renuncia de Tejedor y una amnistía general.
LA FEDERALIZACIÓN DE BUENOS AIRES
Avellaneda entendió que había llegado el momento de terminar con la arrogancia de Buenos Aires convirtiéndola en capital del país.
El problema había dificultado la organización de la nación, y desde la época de Rivadavia sólo se habían procurado soluciones transitorias a causa de la oposición de la provincia de Buenos Aires a federalizar parte de su territorio.
El 8 de octubre de 1862 la ley de compromiso dispuso que el gobierno nacional residiría durante cinco años en la ciudad de Buenos Aires junto con el poder provincial.
Al finalizar este periodo se rechazó como posible sede de las autoridades nacionales a Rosario, Córdoba y San Fernando, y el gobierno central quedó como huésped de la provincia de Buenos Aires.
Esta imprecisa situación se prolongó a lo largo de tres presidencias.
La revolución de 1880, al afirmar la autoridad del gobierno nacional, permitió que el Congreso votara la ley Capital, por la cual se declaraba a la ciudad de Buenos Aires capital de la República.
En 1882 se fundó la ciudad de La Plata para darle una capital a la provincia.
EL PRESIDENTE ROCA ANUNCIA LA FEDERALIZACIÓN DE BS.AS.
El 6 de diciembre de 1880 el presidente Roca dirigió al pueblo una proclama anunciando la designación de Buenos Aires como ciudad capital permanente de la república: "[...]
La gran cuestión queda terminada. Desde Rivadavia que la inició como una solución, hasta el Congreso de 1880, que la declaró una necesidad política y social, todos los argentinos la hemos buscado [...].
Desde este momento nos sentimos con la conciencia de nuestro ser y en plena posesión de todos los atributos que dan consistencia, poder, riqueza, orden y libertad a un pueblo.
De hoy en adelante, seguros de nuestros destinos que ayer, por falta de unión, vagaban a merced de lo imprevisto y de las pasiones de partido, podremos seguir tranquilamente por el ancho camino que conduce a los pueblos libres a la grandeza [...]
Ya se manifiestan los signos visibles de la vida, del crédito y de la prosperidad, como otros tantos precursores de una época que se aproxima henchida de esperanzas [...].
Una nueva vida, la vida de la Constitución en toda su plenitud, comienza para la Nación desde este día. ¡Felices aquellos que puedan contemplar a la República Argentina dentro de cincuenta años con cincuenta millones de almas, después de medio siglo de paz no interrumpida, en el apogeo de su gloria y poderío! [...]" CARRANZA, ARTURO B., op. cit., pp. 677-678.
Ley de Colonización
La Ley de colonización” o Ley Avellaneda”, sancionada en 1876 sobre un proyecto del presidente Nicolás Avellaneda, reglamentó la ocupación y la apropiación del suelo por casi sesenta años.
La ley autorizaba varios sistemas de colonización (entre ellos, la colonización por empresarios privados amparados por el Estado) y fijaba el tamaño mínimo y máximo de las parcelas de tierras públicas por venderse (25 a 400 ha), así como la extensión de las colonias (40.000 ha), la cantidad de familias por instalar, etcétera.
Aunque uno de los objetivos de la ley era limitar la especulación y favorecer el poblamiento del país, fracasó como instrumento para establecer colonos —pequeños propietarios— y evitar la especulación, sobre todo por la libertad de acción que otorgó a las empresas privadas de colonización.
Por otro lado, una serie de leyes dictadas en la provincia de Buenos Aires disponiendo la venta de tierras públicas permitieron la transferencia a manos privadas de 3,6 millones de hectáreas en 1867; entre 2 y 3 millones en 1870 y casi 4 millones en 1880.
La Ley Avellaneda era también una ley de inmigración En su parte primera, establecía las funciones del Departamento General de Inmigración. También definía el concepto de “inmigrante” (para ser beneficiario de las facilidades otorgadas por el Estado):
"Repútase de inmigrante para los efectos de esta ley, todo extranjero jornalero, artesano, industrial, agricultor, o profesor, que siendo menor de sesenta años, y acreditando su moralidad y sus aptitudes, llegase a la República para establecerse en ella, en buques a vapor o a vela, pagando pasaje de segunda o tercera clase, o teniendo el viaje pagado por cuenta de la Nación, de las provincias o de las empresas particulares, protectoras de la inmigración y la colonización” .
Citado por JOSÉ PANETTIERI, La política inmigratoria”, en Historia Integral
Argentina, Vol. 3, Buenos Aires, CEAL, 1975
(Ver: Creación de la Comisión de Inmigración)
OTROS ASPECTOS:
Favoreció intensamente la enseñanza primaria. En 1875 la "Sociedad Rural" inauguró sus Exposiciones ganaderas anuales , con premios para los criadores de las mejores razas.
En 1876 un primer ensayo de exportación de carne congeladas aunque fracasó por defectos técnicos, abrió el camino de la poderosa industria frigorífica.
En 1873 comenzó, la exportación continuada de trigo, progresó la industria harinera. En 1876 una ley fomentó la inmigración y; para atenderla fue creado un "Departamento General de Inmigrantes", encargados de recibirlos en sus primeros tiempos y procurarles empleos.
En 1880 otra ley fomentó la venta de tierra pública a colonos.
Durante la presidencia de Avellaneda entraron al país 250000 pobladores.
El riel llegó a Tucumán acontecimiento celebrado por Avellaneda con uno de sus más brillantes discursos. Los dos hechos culminantes del período fueron la conquista del desierto y la capitalización de Buenos Aires.
PARA SABER MAS...
CRÓNICA DE LA ÉPOCA
El Bicentenario Fasc.N°4 Período 1870-1889 Nota del Historiador Alejandro Fernández
...se reputa inmigrante al extranjero jorlanero, artesano, industrial, agricultor o profesor que, siendo menor de 60 años y acreditado su moralidad y aptitudes, llega al país en buque de vela o vapor, viajando en segunda o tercera clase, con el propósito de establecerse en la República.
Como puede advertirse, se trata de fomentar la presencia de los inmigrantes en un amplio arco de oficios, si bien en los debates del proyecto de ley fue muy frecuente la asociación entre inmigración y colonización, que de hecho se sanciona al aprobarlo.
Por lo que atañe al segundo de esos términos, la ley ordena la creación de una Oficina de Tierras y Colonias, que tendrá a su cargo la exploración y subdivisión de los territorios nacionales, haciendo practicar la mensura de las tierras aptas para colonizar.
La división básica, denominada sección, será un cuadrado de 20 kilómetros de lado, dividido en cuatrocientos lotes de cien hectáreas.
En cada sección se reservarán cuatro lotes destinados a la fundación de un pueblo.
Luego, a través del Departamento de Inmigración, se enviarán las familias de los colonos.
Las cien primeras de cada sección recibirán de manera gratuita un lote, enajenándose la tierra restante a plazos, a dos pesos fuertes la hectárea, no pudiendo reunir una misma persona más de cuatro lotes.
El gobierno, con obligación de reembolso, adelantará lo necesario para habitación, víveres, animales de labor y de cría, semillas y útiles de trabajo, hasta que los colonos puedan producir.
Una vez que estén establecidas cincuenta familias en una sección, elegirán de entre sus miembros a un juez de paz y cinco municipales.
En las secciones otorgadas a particulares, se reservan tierras sin subdividir con el objeto de entregarlas a empresas colonizadoras o colonias de pastoreo.
También se ordena al Poder Ejecutivo que procure por todos los medios el establecimiento en las secciones de las tribus indígenas, en lotes de cien hectáreas por familia, creando misiones religiosas y auxiliándolas de la forma que considere más conveniente.
La diversidad de los medios creados por la ley se completa con el apoyo que estipula para la fundación de colonias en tierras provinciales y para las establecidas por particulares.
En ambos casos, una vez que la Nación sea informada de la superficie y características de las tierras a colonizar, enviará las familias que sean solicitadas para el trabajo, aunque en el caso de las empresas deberán responsabilizarse por el adelanto del importe del pasaje desde el exterior a la República.
El fomento de la inmigración, que figuraba como uno de los 22 puntos del programa electoral del presidente Avellaneda, ha sido por lo tanto objeto de la legislación más completa con la que se cuenta hasta ahora, en la cual se integran las diferentes experiencias realizadas en las últimas décadas por la Nación y las provincias.
Según se espera, la nueva ley impulsará el avance de la frontera sur, extendiendo a la provincia de Buenos Aires las evidentes ventajas que ha acarreado la incorporación de campesinos europeos a la agricultura santafesina, cordobesa y entrerriana.
Asimismo, debería contribuir a la superación de la profunda crisis económica que se vive en la actualidad, ya que más inmigración significa incremento de la producción, el consumo, las exportaciones y la recaudación fiscal.
Por último, aunque la ley no hace distinciones en cuando a los grupos nacionales de inmigrantes, se espera promover la llegada de corrientes del norte y del este de Europa, que hasta el momento no han sido las que más contribuyeron al aumento de la población del país.