El Financiamiento de las Campañas Politicas en Estados Unidos
El Financiamiento de las Campañas Políticas en Estados Unidos
En los Estados Unidos las leyes reglamentan detalladamente los aportes que los candidatos de los partidos políticos pueden recibir de particulares y del Estado para solventar sus campañas. En el artículo que se publica a continuación se explica como evolucionaron los montos de dinero que pueden obtener los candidatos, incluyendo las cifras pertenecientes a la campaña para las elecciones de 1980 en las que resultó electo Reagan.
Tradicionalmente los candidatos a cargos públicos han suscripto desde hace mucho tiempo la máxima de que "el dinero es la leche materna de la política". Particularmente a la luz del alto costo de los anuncios por televisión, radio y carteleras, así como en periódicos y en revistas, los fondos de la campaña son decisivos para el éxito de un candidato.
También es importante financiar los centros telefónicos que permiten la comunicación personal con los votantes, las encuestas de puerta en puerta y los gastos de transporte y viáticos para los trabajadores voluntarios de la campaña.
Las menudencias como volantes, botones y calcomanías para el automóvil también requieren fondos. Un veterano administrador las ha descrito como "el elemento emocional que moviliza el espíritu popular".
Hasta hace poco, los candidatos políticos podían recaudar fondos de cualquier fuente y eran totalmente libres de gastar cuanto quisieran en casi cualquier forma. Los recaudadores hábiles o los candidatos opulentos eran acusados a menudo por sus opositores de "tratar de comprar la elección".
Pero tras años de esfuerzos frustados de los reformadores, en 1971, 1974 y 1976, el Congreso aprobó leyes electorales que imponen límites estrictos tanto a los contribuyentes como a los candidatos. Las nuevas leyes electorales disponen también que se proporcionen fondos públicos a los candidatos que han logrado recaudar cierta cantidad de fondos, dentro de los límites prescritos, siempre que accedan a limitar sus gastos de campaña tanto en las elecciones primarias como en la general.
Los fondos para los candidatos provienen directamente de los donantes y no de las asignaciones ordinarias de hacienda, fuentes de la mayoría de los gastos gubernamentales. Los donantes pueden marcar voluntariamente un cuadro en su formulario de impuestos, para manifestar su apoyo al sistema de financiamiento.
Cada donante que marca dicho cuadro destina un dólar de sus impuestos a un fondo especial que después es distribuido entre los candidatos calificados. A unos cuantos años de implantado, el sistema voluntario ha resultado más que suficiente para solventar los gastos necesarios.
Richard M. Nixon (1913-1994), político estadounidense, presidente de Estados Unidos (1969-1974), debido al escándalo conocido como Watergate se convirtió en el único presidente de su país que hubo de dimitir del cargo.
Los fundamentos de las nuevas leyes de gastos electorales fueron bosquejados en el National Journal en la forma siguiente:
Los individuos pueden aportar hasta 25.000 dólares al año para los candidatos y comités políticos de su elección. Pero no pueden destinar más de 1.000 dólares a un solo candidato por elección, ni más de 5.000 dólares anuales a un solo comité político, ni más de 20.000 dólares a todos los comités en conjunto.
No hay límite general a las contribuciones por partidos políticos nacionales y estatales, y comités de acción política, pero no deben destinar más de 5:000 dólares a un solo candidato por elección, ni 5.000 a otros comités ni más de 15.000 dólares a todos los comités de partidos políticos anualmente.
Además, los comités nacionales de partido pueden dar a un candidato al Senado hasta 17.500 dólares, y los comités nacionales y estatales pueden aportar cada uno dos centavos por cada residente en edad de votar que haya en el estado. Para los candidatos al congreso en 1980, los comités partidistas nacionales y estatales pueden solventar hasta 15.000 dólares de los gastos del candidato.
Los candidatos presidenciales tienen que acatar límites estrictos para recibir contribuciones a su campaña (si deciden aceptar la ayuda federal que el Congreso les ofrece).
Para ser acreedores a la ayuda federal en las elecciones primarias, los candidatos deben recaudar por lo menos 5.000 dólares de contribuciones individuales de 250 dólares o menos en cada uno de 20 estados. El gobierno federal iguala dichas contribuciones dólar por dólar.
Los candidatos presidenciales deben acatar también un máximo de gastos generales, determinado por una fórmula basada en la inflación, que no deberán superar los 15,9 millones de dólares para 1980. (Los gastos legales y de contabilidad están exentos). Además, hay límites por separado para los gastos de la campaña de las elecciones primarias para cada estado, que en total exceden el límite nacional de 15,9 millones de dólares. Esto significa que los candidatos deben seleccionar los estados donde desean hacer las erogaciones hasta el límite estatal.
Para la elección general, los nominados demócratas y republicanos no pueden recibir ni gastar fondos privados si desean recibir fondos públicos. En 1980, podrán obtener subvenciones de aproximadamente 26,6 millones de dólares.
En 1976, según la Comisión Electoral Federal, el financiamiento público concedió a los candidatos y a los dos principales partidos el 44,3 por ciento de sus fondos; 23,5 millones de dólares para las primarias, 3,6 millones de dólares para los gastos de la Convención y 43,6 millones para la elección general.
En la elección general, los fondos públicos fueron la única fuente de patrocinio para Jimmy Cárter y Gerald R. Ford, cada uno de los cuales recibió cerca de 21,8 millones de dólares.
Estos totales son muy inferiores a los de 1972, cuando Richard M. Nixon gastó 61,4 millones de dólares y George McGovern 30 millones de dólares. En contraste, durante la más agitada contienda de 1860 entre Abraham Lincoln y Stephen A. Douglas, los candidatos gastaron un total combinado de 150.000 dólares.
Las leyes electorales imponen reglas rígidas para la comprobación de los gastos a fin de garantizar el acatamiento de los límites. Las aportaciones y los gastos, de por sí limitados, deben anunciarse al público con prontitud. La ley federal prohibe que los candidatos aporten más de 50.000 dólares a su propia campaña, y sus familiares no pueden sobrepasar los donativos de 1.000 dólares por candidato por elección.
Hasta diciembre de 1979, un candidato —John Connally, en pos de la nominación republicana para presidente— había optado por no aceptar los fondos públicos para poder gastar en la contienda de las elecciones primarias más de lo que el sistema le habría permitido en caso de aceptarlos. Connally ya había recaudado más dinero que ningún otro candidato y, al parecer, eligió como estrategia de su campaña el concentrarse en las primeras fases de las primarias, en vez de distribuir los gastos durante una prolongada campaña de elecciones primarias.
Los observadores políticos han señalado que los candidatos que obtienen pocos votos al principio de las primarias pueden quedar imposibilitados para recaudar fondos para competir en las fases finales.
La campaña electoral de 1980 será la primera prueba decisiva de las nuevas leyes electorales. Los reformistas que apoyaron semejante legislación creían que ayudaría a reducir la influencia de la riqueza y los intereses creados y volvería más abierto el proceso electoral, básicamente democrático, al escrutinio de los votantes. Sin duda, las leyes influirán en las estrategias de los candidatos, y algunos políticos han argüido que la regulación impuesta resultará un gravamen excesivo para los candidatos, sin que se produzcan beneficios compensadores para el público.
(Fragmentos de un articulo de Richard Cohén publicado en el National Journal en 1980).
Participación del votante en los Estados Unidos
En 1976, el 54 por ciento de los 150 millones de estadounidenses en edad de votar aprovecharon la oportunidad de elegir entre el presidente Ford y el gobernador Cárter. Desde 1960, cuando la participación del votante alcanzó el máximo de 63 por ciento, se ha producido una declinación continua, registrándose en 1976 la participación más escasa en 20 años.
En las elecciones presidenciales primarias de 1976, sólo participó el 28 por ciento de los votantes; los expertos en ciencias políticas han tratado de analizar el comportamiento del votante y la participación política sin encontrar respuestas sencillas.
Desde que la legislación de derechos civiles, en los años 60, eliminó el impuesto al capital y las pruebas de alfabetismo que habían excluido a los pobres y a los negros del derecho al voto, la participación de los votantes en el sur ha aumentado notablemente. Pero ¿ por qué ha declinado la participación del votante en general? Algunos analistas culpan de ello a los requisitos para el registro estatal, que son las únicas barreras legales que impiden a los ciudadanos el voto. Cada Estado promulga sus propias leyes, especificando los requisitos de residencia y los plazos para el registro.
Ciertos analistas achacan la disminución en la participación de votantes a las características demográficas. El gran número de niños nacidos después de la guerra ha incrementado el grupo de adultos en edad de votar, y su elegibilidad se incrementó en 1971 cuando la 26º Enmienda Constitucional redujo la edad de votar, de 21 a 18 años.
Sin embargo, los jóvenes votantes han resultado el grupo menos dispuesto a ejercer sus derechos. En la elección de 1980, más de dos quintas partes del electorado potencial tiene 34 años o menos. En general, constituyen un grupo voluble. Casi la mitad de ellos se autonombran "independientes", lo que significa que no apoyan a ninguno de los dos partidos principales, ni a demócratas ni a republicanos. A diferencia de sus mayores, no han creado aún las afiliaciones y los vínculos con la comunidad que los induzcan a la participación política.
-No es que les falte interés en la política, afirman los analistas: el grupo más joven es menos propenso a. encontrar la expresión de sus energías políticas dentro de los partidos. Sus actitudes activistas se enfocan en cuestiones concretas, como los derechos de la mujer, las leyes contra el aborto, la energía nuclear o el control de armas.
Suelen apoyar al candidato político que les prometa respaldar activamente sus puntos de vista, cualquiera que sea su partido. Aunque tradicionalmente los demócratas han atraído a los votantes más liberales y los republicanos han contado con el apoyo de los conservadores, dentro de estos partidos hay diferencias suficientes para inducir a los votantes a dividir su lealtad en cuestiones específicas.
En un tiempo, ios dirigentes de partido podían contar con la lealtad al mismo y otorgar los votos, en paquete, a su candidato favorito. Esto ya no es así. Los hechos demuestran que, cada día más, los votantes dividen su preferencia, eligiendo quizás a un demócrata para la presidencia y a un republicano para el Congreso. Los votantes de hoy son más independientes, más instruidos y mejor informados (y también están menos dispuestos a participar si las alternativas que se les presentan no coinciden con sus opiniones políticas).
Y si bien muchos comentaristas lamentan este abstencionismo de los votantes, también manifiestan que el derecho a no votar es una libertad importante que todos pueden ejercer.
Fuente Consultada:
Formación Política Para La Democracia Editorial Biblioteca de Redacción - Tomo II -
Ver: Estados Unidos la primera potencia mundial
