El tercer mundo en América Latina Arzobispo Romero Farabundo Martí



El Tercer Mundo en América Latina
Arzobispo Romero – Farabundo Martí

En la década de 1980, uno de los acontecimientos que más destacaron en la mayoría de los países latinoamericanos fue el estallido de una profunda. crisis económica, que se reflejó en el incremento de la deuda externa, lo cual la dejó fuera de control.

El modelo que otorgaba un papel central al Estado fue de gran influencia para las transformaciones políticas y económicas de las décadas anteriores. En el orden político, la existencia de un estado fuerte y con cierta autonomía formalizaba la representación de intereses a través de secres que se adherían a grupos institucionalizados, que se acercaban más a una participación real e a la simple representación.

En el orden económico, se crearon mecanismos de regulación, nacionalizaciones o inversiones directas en empresas estatales, aun cuando la inserción a una economía internacional se basara fundamentalmente en productos primarios poco elaborados, a la vez e se dependía de la tecnología extranjera. Sin embargo, los gobiernos tenían poco interés, o baja capacidad en la política fiscal, para lograr una extracción de recursos que apoyara sus proyectos económicos.

Esta debilidad política motivó el incremento de la deuda externa, lo cual obligó a los gobiernos, por un lado, a canalizar cada vez más recursos al pago de los compromisos con los organismos financieros internacionales y, por otro, a no poder aumentar el gasto social con la consecuente caída del nivel de vida de la mayoría de la población.

Algunos indicadores, como los que menciona Norman Hicks en la publicación del Sistema económico Latinoamericano (SELA), Desarrollo social y programa de ajuste, revelan que al finalizar la década de 1980, la llamada “década perdida”, América Latina pagó por el servicio de su deuda más del 4 por ciento del producto interno bruto, cuando entre 1985 y 1989 el crecimiento de de 1.5 por ciento. Para 1992, por concepto de intereses y utilidades pagó aproximadamente 30 mil millones de dólares, al tiempo que su deuda ascendía a 450 mil 875 millones de dólares ese mismo año.

En 1995, Salvador Arriola, secretario permanente del SELA, señaló que la deuda externa latinoamericana superaba los 530 mil millones de dólares (cifra que duplica los niveles de 1982, ruando estalló la crisis deudora), provocando una transferencia neta de recursos al exterior mayor los 35 mil millones de dólares. La salida de capital aumentó los índices de pobreza.

El Banco Mundial declaraba: “A principios de 1993, el 20 por ciento más pobre de la población de América Latina recibía apenas 4 por ciento del total del producto interno bruto (PIB), y el porcentaje de personas que vivía en situación de pobreza aumentó de 27 por ciento a 32 por ciento kl total de la población, en el periodo 1980-1989”.

A ello se agregaba la caída de los salarios mínimos y medios en la mayoría de las naciones latinoamericanas, que se encontraba entre 50 y 70 por ciento para los casos de México, Perú, Brasil, Venezuela en el periodo 1980-1990.

La dificultad de soportar la deuda externa, aunada a diversos factores domésticos, como la pérdida de eficacia y de legitimidad, desembocaron en la caída de los regímenes autoritarios. Los excesos de los cuerpos represivos generaron una revaloración de la democracia, como un concepto distintivo y antagónico de la experiencia política anterior.

Sin embargo, en la práctica política, debido al interés por reinstaurar el sistema democrático en los países de América Latina, se planteó el problema adicional de distinguir entre lo que se suponía un mero cambio de régimen político y a efectiva democratización de las instituciones estatales, de los procedimientos competitivos y de DS mecanismos participativos.



La crisis política y económica afectó a los gobiernos latinoamericanos, pues las contradicciones alcanzaron tal nivel que ya no se pudo gobernar. El consumo de las clases medias y las políticas de bienestar social no sólo se frenaron, sino que se abatieron. Además, los capitales mediano y pequeño, el público y el social no sólo fueron integrados o privatizados, sino que se les obligó a contribuir a la concentración especulativa del gran capital. Países y pueblos enteros realizaron grandes diferencias de excedentes, que cubrían los déficits fiscales y armamentistas de las metrópolis, e incrementaron las tasas de acumulación de los grandes negocios.

Como la reacción popular a esta política no sólo se limitaba a los grupos más explotados, sino que incluía a los sectores medios y los obreros organizados, la pérdida de los mediadores, la radicalización y la agresividad crecientes, ligados a la desesperación de los habitantes marginados urbanos, de los campesinos pobres, e las minorías indígenas, de los estudiantes e intelectuales, representaban una amenaza revolucionaria que los gobernantes de nuevo estilo enfrentaron mediante una preparación ideológica y militar rigurosamente programada.

Estados Unidos generó mecanismos de control que posibilitaron una continuidad de su hegemonía, tal como la “guerra de baja intensidad” (GBI), diseñada para satisfacer a la opinión pública estadounidense y que se aplicó en forma sistemática en América Central. Era una guerra no declarada y sin riesgos para los jóvenes norteamericanos, aunque sí para las poblaciones nativas que sufrieron los ataques.

Se procuraba que no hubiera enfrentamientos directos prolongados de las fuerzas regulares estadounidenses, y que los conflictos de larga duración estuvieran a cargo de los nativos. Las fuerzas regulares de Estados Unidos sólo intervendrían y actuarían cuando fuera oportuno, en forma rápida —con radares, aviones, naves— y siempre que las tropas domésticas hubieran sentado las bases del triunfo.

Al terminar la década de 1980 las transformaciones operadas en el contexto internacional (el derrumbe del bloque socialista y la desintegración de la Unión Soviética) trajeron una nueva estrategia diplomática hacia América Latina: el 27 de junio de 1990 el presidente estadounidense George Bush lanzó la “Iniciativa de las Américas”, con la participación de muchos países latinoamericanos. Con ella se determinaba el final de la etapa militarista y el inicio de una nueva fase democrática, de respeto a los derechos humanos y de lucha contra la corrupción en todas las naciones del continente americano. Pese a las buenas intenciones, la realidad latinoamericana empezaría a chocar con tal iniciativa.

La guerra de baja intensidad:
La lucha del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional en El Salvador

Como Nicaragua, El Salvador mantuvo una trayectoria histórico-política de lucha nacional y de resistencia antiimperialista. Tal carácter lo representó Farabundo Martí (foto), fundador del Partido Comunista en 1925, quien luchó junto a Augusto Sandino en su resistencia contra la presencia norteamericana en Nicaragua y posteriormente en su país, donde fue encarcelado y fusilado.

Entre 1932 Y 1944 el general Maximiliano Hernández Martínez mantuvo una férrea dictadura. El 90 por ciento de la riqueza estaba en manos del solo 5 por ciento de la población; no había expectativas de democracia. Durante las décadas de 1960 y 1970 los monopolios se incrementaron.

Se producía casi exclusivamente para el exterior y se agudizaba la explotación obrera. Los movimientos populares se organizaron contra la explotación masiva, la dependencia económica y el mal uso de los recursos naturales nacionalizados.

Las tensiones sociales se acumulaban por el aumento del desempleo y el hambre, la escasa atención médica y la casi inexistente educación. Los cambios debían ser políticos y sociales para destruir al régimen opresivo.



El engaño en los procesos electorales generó manifestaciones estudiantiles que fueron disueltas con las armas. Campesinos y obreros eran desaparecidos, en tanto que se torturaba y asesinaba para buscar la “pacificación”. Las huelgas populares se multiplicaban. La Universidad era ocupada por el ejército y se cerraba. La situación en el campo empeoraba. Se perseguía a la Iglesia progresista.

Entonces empezaron a surgir diferentes movimientos y fuerzas revolucionarias. La lucha guerrillera se hizo presente a través del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

El 28 de febrero de 1979 el pueblo se concentró en la Plaza de la Libertad para protestar por las elecciones fraudulentas. El gobierno respondió con una masacre. Se prohibieron los actos organizados a la vez que crecía la represión. En octubre se llevó a cabo un golpe contra Carlos Humberto Romero, quien ocupaba la presidencia desde 1977. Se reanudaron las luchas por el poder entre el Estado y los revolucionarios. Los ataques militares contra los salvadoreños eran cada vez más brutales.

La Universidad fue allanada nuevamente con tanques, morteros y cañones; quemaron la biblioteca y, con ella, documentos valiosos. Diversos organismos internacionales condenaron la violación de los derechos humanos en El Salvador, en tanto que la Iglesia, encabezada por el arzobispo Óscar Arnulfo Romero, se comprometía abiertamente con el pueblo y con los inminentes cambios sociales. Por su parte, Estados Unidos apoyaba militar, política y económicamente al régimen.

El arzobispo Romero (foto) trató de levantar el ánimo y de suavizar el proceso político, oponiéndose a la violencia, a la intromisión norteamericana y a la barbarie del ejército; en un proceso de adaptación a las nuevas circunstancias históricas, la Iglesia se sentía amenazada por la oligarquía, el imperialismo y el descrédito de las masas populares. Romero estaba de acuerdo con la organización popular, porque la consideraba como la base para la dignidad humana.

Se daba cuenta de la inutilidad de diálogo con el gobierno. Alertaba a los salvadoreños de un presupuesto de 20 millones de dólares, provenientes de Estados Unidos, para entrenar terroristas en tortura y guerra psicológica, para la construcción de pistas secretas y para sostener a las fuerzas armadas; además sabía de la existencia de una lista negra de 24 mil personas que el gobierno deseaba eliminar, tanto en territorio salvadoreña como en el exterior.

Romero pedía el cese de la represión y fue asesinado el 24 de marzo de 1980, al oficiar una misa en la capilla del hospital de la Divina Providencia. El 30 de marzo, durante su sepelio, se reunió una inmensa multitud que reafirmó su decisión de luchar contra el gobierno. Los francotiradores actuaron; la multitud pretendía refugiarse en la catedral; luego, los cadáveres y heridos se amontonaban.

El pueblo aprendió la estrategia revolucionaria y siguió su lucha a pesar de la represión militar; de sus errores y aciertos aprendió el arte de la insurrección.

En la década de 1980 el FMLN tomó fuerza. El gobierno trató de establecer el diálogo y las negociaciones mientras la represión continuaba. En noviembre de 1987, la guerrilla desencadenó una fuerte ofensiva sobra la capital salvadoreña y los principales departamentos del país, que hizo tambalear el poder de las fuerzas armadas y del gobierno de Alfredo Cristiani.

En 1990 se reanudó el diálogo de paz con temas negociación como el futuro de las fuerzas armadas, los derechos humanos, los sistemas judicial y electoral, las reformas a la constitución, los problemas económicos y sociales, que fueron verificados por la ONU.



En enero de 1992, en el alcázar del Castillo de Chapultepec en la ciudad de México, se firmaron los acuerdos de paz, abriéndose así el proceso de reconciliación sobre la base de una nueva relación basada en la dignidad, la cooperación y la vida más conveniente para el pueblo salvadoreño.

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