La Nacionalización de la Telefonia Publica en la Presidencia de Peron
La Nacionalización de la Telefonia Publica en la Presidencia de Peron
NACIONALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS: Si algo caracterizó a la política económica del peronismo en su etapa inicial esto fue la nacionalización de los servicios públicos.
Discutida y atacada duramente por la oposición, esa política sin embargo fue llevada adelante con una firme decisión.
Con el correr de los años, lo que más se le ha criticado al peronismo han sido los resultados concretos de esa nacionalización de servicios públicos, pues éstos incrementaron los gastos del Estado en forma desproporcionada y deterioraron en casi todos los casos la calidad de las prestaciones.
Pero en el momento de ponerse en marcha aquella política lo que más se discutía era la forma en que se hacían las negociaciones con las compañías extranjeras, a las que se concedió un tratamiento que irritaba a los opositores, porque se pagaban indemnizaciones consideradas excesivas.
La compra de los teléfonos
En una ceremonia efectuada en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, el 3 de setiembre de 1946, la empresaUnited River Piate Telephone Company Limited pasó a poder del Estado por la suma de 319 millones de pesos (95 millones de dólares).
Los argentinos conocían a esa empresa con otro nombre más familiar: Unión Telefónica.
Pocos reparaban en su verdadero origen extranjero hasta que Perón se encargó de difundirlo para promover la nacionalización.
La Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTel) fue una empresa pública argentina creada originalmente en 1948
por el gobierno de Juan Domingo Perón.
El trust que explotaba esos servicios a través de la Unión Telefónica era laInternational Telegraph and Telephone (ITT), cuyo presidente y vice asistieron especialmente invitados al acto de transferencia.
Se trataba del coronel norteamericano Sosthenes Behn y del doctor.
Henry A. Arnold, quienes recibieron de manos de Perón dos obsequios: una réplica del sable corvo de San Martín y el monopolio de una concesión para proveer asistencia técnica y todo el material telefónico a la compañía nacionalizada, durante diez años.
El término Trust (voz inglesa: «confianza») se refiere, dentro del ámbito económico, a una concentración de empresas bajo una misma dirección.
El control legal de las sociedades constituyentes se confería a la junta de administradores, cambiándose las acciones de las compañías por los certificados del trust.
Es la unión de empresas distintas bajo una misma dirección central con la finalidad de ejercer un control de las ventas y la comercialización de los productos.
A los dos días el Senado escuchó al ministro de Hacienda, Ramón A. Cereijo, dar una explicación contable sobre el precio pagado por el gobierno a la ITT:
“La Unión Telefónica tenía un activo de 483 millones de pesos y un pasivo de 164. Por eso pagamos solo la diferencia: 319 millones”.
Pero esos argumentos resultaron demasiado ingenuos para los diputados radicales, quienes reclamaron la concurrencia de Cereijo a la sesión del 8 de setiembre, que debía tratar la ley de nacionalización de los teléfonos.
Antes de considerar el problema, el diputado Ricardo Balbín protestó “porque cien mil jubilados esperan ansiosos (dos mil están ahora en las escalinatas del Congreso) una solución a sus problemas, mientras se da preferencia a un mal acto de gobierno en perjuicio de la economía del país”.
Por 98 votos contra 44 fue aprobada la ley y el diputado peronista Hernán. Fernández fundamentó el despacho de la mayoría, que aconsejaba sancionar el proyecto enviado por el Senado.
Se trataba de aprobar la compra de la empresa y los contratos de provisión de materiales y asesoramiento técnico, concedidos a la firma Stándard Electric, filial de la ITL
Los radicales reclamaron airadamente la presencia de Borlenghi y Cereijo, pero la presidencia de la Cámara informó:
—El señor ministro Borlenghi no podrá concurrir porque está muy enfermo.
— Está enfermo de crisis! —tronó Balbín.
Media hora después Cereijo llegó al recinto y defendió acaloradamente la operación, con los mismos argumentos que expusiera en el Senado tres días antes.
El diputado Arturo Frondizi criticó “el secreto de las negociaciones”, sostuvo que se pagaba un precio superior al de la valuación y se opuso a la concesión de un nuevo monopolio a la ITT. Propuso, en cambio, la expropiación lisa y llana de la Unión Telefónica y la sanción de una ley orgánica para esos servicios.
Pero la ley quedó promulgada y el 31 de diciembre de 1946 asumían sus funciones las autoridades de la flamante Empresa Mixta Telefónica Argentina (EMTA), en el edilicio de Defensa 143.
La ceremonia sirvió para que se aclararan algunos conceptos.
“¿Qué se busca con la formación de las sociedades mixtas? En primer lugar, obtener la argentinización (fíjense bien que digo argentinización y no nacionalización) de las grandes compañías de servicios públicos de capitales foráneos”, explicó en su discurso el vicepresidente del IAPI, Carlos Devries, a quien Miguel Miranda comisionó para que hablara en su nombre porque un accidente lo tenía postrado en cama.
El subsecretario de Industria y Comercio, Ildefonso Cavagna Martínez, y el gerente general del Banco Central, Orlando Maroglio, presidieron el acto en que fueron puestos en sus cargos el presidente de EMTA, doctor Alberto R. Fretes, y los directores, Luis Francisco Gay y Arturo Sáiz.
Ese mismo día el juez federal Juan César Romero Ibarra dictaba prisión preventiva para el doctor José María Cullen, acusado de desacato por sus artículos en Argentina Libre y Tribuna, y para el columnista Mario Sciocco, redactor de La Vanguardia y responsable de una sección denominada “La bolsa negra”.
Ambos acusaban al gobierno de “sucios negociados”.
Un alIo después, en 1948, Nicolás Repetto analizaba minuciosamente aquella compra en su nuevo libro
El socialismo y el Estado. “En reemplazo de un permiso precario surgen dos contratos con ganancias seguras para el capital privado.
El permiso precario no nos ataba y caducaba sin otra compensación que la correspondiente al activo real.
Los contratos, en cambio, crean obligaciones por diez años, aparte de pagar a la empresa una suma muy superior a la que corresponde por su activo.
El móvil natural de la nacionalización, prestar el servicio por el costo, se quebranta por privilegio concedido a un ex propietario que sigue siendo socio, en virtud de su asesoramiento, como si la experiencia técnica telefónica rayase en su condición de secreto a la altura de la bomba atómica”, escribió el anciano dirigente.
Otro socialista, Héctor Iñigo Carrera, se ocupó de puntualizar escrupulosamente los continuos aumentos de tarifas, las que se incrementaron en un 400-por ciento en solo cuatro años (hubo aumentos en febrero y julio de 1949; en abril de 1951 y en febrero de 1952), y de documentar el fracaso de la empresa mixta.
“EMTA se organizó con una duración prevista de cincuenta años y las ocho primeras series de acciones serían suscriptas por mitades entre el Estado y los particulares.
Pero apenas duró un año y medio, pues los negociados de funcionarios y representantes del Estado, a los que se procesó por delitos en perjuicio de EMTA; la falta de interés popular en suscribir acciones y el déficit de explotación motivaron que en julio de 1948 se decretase la incorporación al Estado de la empresa mixta ante la desafortunada gestión”, explicaría Iñigo Carrera.
El asesoramiento técnico fue rescindido el 15 de mayo de 1952, veinte días antes de que Perón terminara su primera presidencia, y el Gobierno indemnizó a la empresa concesionaria con 3 millones de dólares.
Frondizi había advertido en agosto de 1949 que la Standard Electric cotizaba con un recargo del 700 por ciento.
“Todo eso configuró un pésimo negocio que se inició con tramitaciones clandestinas, abultamiento de capitales por 200 millones de pesos por parte de la Unión Telefónica y un desvalorizado estancamiento del servicio sin renovar equipos durante la guerra”, concluyó Iñigo Carrera.
17 de Octubre de 1945: Día de la Lealtad Peronista
Fuente Consultada: La Primera Presidencia de Perón - Biblioteca Política Argentina
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