Finalidad de un Gobierno en un Estado o Pais Concepto Origen y Funciones



Finalidad de un Gobierno en un Estado
Concepto, Origen y Funciones

El Gobierno y El Pueblo

1-Objetivos de los Gobiernos

2-El Contrato Social

3-Filósofos de Ciencia Política

4-Modalidades y Formas de los Gobiernos

5-Participación Política

La palabra «gobierno» proviene de la palabra latina gubernator, que significa timonel. Antes de los romanos, los pueblos de sociedades tempranas desarrollaron instituciones especiales con el fin de proteger el bien común. Era necesario instituir un gobierno para tomar decisiones sobre los asuntos que afectaban al pueblo en su conjunto. Cuando el gobierno es ejercido efectivamente, dispone de una capacidad para establecer un equilibrio de las presiones en conflicto y para conducir al Estado hacia los objetivos compartidos del conjunto de la comunidad.

Los objetivos originales del gobierno consistían en proteger al pueblo de una agresión externa y proporcionarle un cuerpo legal que garantizara un orden en la vida cotidiana. Desde el s. XIX, la tarea de los gobiernos se ha desarrollado hasta cubrir el ámbito de la educación, la salud y las pensiones (el Estado del Bienestar). Hay sin embargo quienes piensan que los gobiernos contemporáneos asumen una gama demasiado amplia de tareas y, por ende, de poder.

La antigua ciudad-estado de Atenas suele ser vista como el modelo básico de la democracia. Desde luego, se trataba de un modelo mucho más democrático que todos los precedentes, pero según las concepciones modernas la democracia ateniense era bastante limitada (condición inferior de las mujeres, sistema de esclavitud, distribución desigual del poder entre los ciudadanos hombres). El sistema republicano romano aportó a ella un desarrollo del control popular del gobierno, especialmente en el reconocimiento de la idea de que la soberanía reside en el conjunto del pueblo y no en un solo grupo.

Durante la Edad Media, las tareas del gobierno estaban divididas en la práctica entre Estado e Iglesia, y ambos estamentos reclamaban su propio conjunto de derechos. La perspectiva medieval era que la autoridad de una persona para gobernar a otras provenía de Dios (el así llamado «derecho divino de los reyes»). El teórico político italiano Nicolás Maquiavelo (1469-1527) se distanció de las ideas vigentes y adoptó una perspectiva más secular del Estado. Maquiavelo propugnó una forma popular de gobierno que, según él, existía en la república de Roma.

leviatan hobbes

La portada del Leviatán (1651)de Thomas Hobbes. El gigante coronado —que representa el poder absoluto del soberano-empuña una espada y el báculo de un obispo, símbolos de la supremacía militar y eclesiástica. Las pequeñas figuras humanas que constituyen el cuerpo del gigante representan el Estado, compuesto por el conjunto de los individuos. Hobbes creía que los individuos se unían para crear el Estado, entregando el poder a un monarca absoluto cuyo deber era preservar la paz y la seguridad.

El Contrato Social

El surgimiento de la idea del contrato social, en el s. XVI, reintrodujo el concepto de que la autoridad del gobierno reside en la que le es delegada por el pueblo. El filósofo político inglés Thomas Hobbes (1588-1679) describió el caos en el que, según él, se sumía el pueblo cuando no disponía de un gobierno adecuado. En su tratado más importante, Leviatán (1651), sostuvo que la vida del hombre, en su estado natural y sin gobierno, es «solitaria, pobre, cruel, brutal y breve».

La doctrina de Hobbes afirma que los hombres pueden convivir en paz si acuerdan entre ellos obedecer a un soberano absoluto, acuerdo que el filósofo llamó precisamente el «contrato social». La inquietud de Hobbes acerca de lo que sucedía cuando el gobierno se desintegraba, como había ocurrido durante la guerra civil de Inglaterra , lo condujo a postular que debería otorgarse un poder considerable al soberano.

En sus dos Tratados sobre el gobierno (1690), el filósofo inglés John Locke (1632-1704) también recurre a la idea del contrato social. Sin embargo, Locke se oponía al absolutismo, y vio el consentimiento libre de los gobernados como la base del gobierno legítimo. La obediencia depende de que los gobiernos trabajen para el bien de los gobernados, quienes tienen derecho a rebelarse si son oprimidos. Esta idea parecería bastante aceptable hoy día, pero en su tiempo fue vista como una concepción radical que fue adoptada, por ejemplo, por los patriotas de los nacientes Estados Unidos, en 1776.

El filósofo ginebrino Jean Jacques Rousseau (1712-1778) se enfrentó sin rodeos a la cuestión que habían más o menos esquivado lodos los teóricos del contrato social; o sea: la decadencia de la idea de idea de una autoridad otorgada por Dios. Pero si las leyes no tiene aval divino y son elaboradas por los ciudadanos, ¿por qué deberían verse obligados a obedecerlas otros ciudadanos? .



Rousseau estableció claramente que los ciudadanos deben vivir en un marco legal, pero que sólo estarán obligados a cumplir las leyes si han participado en su elaboración. En su obra El contrato social (1762), el filósofo ginebrino postula una idea de la democracia ideal basada en la soberanía popular. El ejercicio del poder, dice Rousseau, debería estar en consonancia con la voluntad general y contar con el consentimiento de todo el pueblo.

PENSADORES DE LA CIENCIA POLÍTICA

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Modalidades y tareas de los gobiernos

Al desarrollar la idea de separación de poderes, el filósofo de la Ilustración, Montesquieu (1689-1755), señaló el camino hacia el enfoque moderno de las tres ramas del gobierno. Al poder legislativo compete la elaboración y enmienda de las leyes; el poder ejecutivo debe velar por la ejecución de las leyes, y el poder judicial es responsable de la administración de la justicia.

Esta división de los poderes proporciona una base para el control popular. Por ejemplo, un tribunal supremo (el tribunal más alto en la jerarquía del poder judicial) puede dictaminar si el gobierno (el ejecutivo) ha infringido la ley. En Estados Unidos, la constitución está basada en un sistema de «verificación y equilibrio» («checks and balances«) en tre los diferentes poderes del gobierno.

Las democracias liberales occidentales adoptan diferentes formas, pero tienen en común la convocatoria pe riódica de elecciones —mediante libre sufragio universal— a las que asisten diferentes partidos. Países como Francia y Estados Unidos tienen un sistema presidencialista, en el cual el poder ejecu tivo es ejercido por un presidente electo. El poder del presidente suele estar limitado en cierta metli da por la asamblea legislativa, responsable de las funciones rutinarias del gobierno.

En un sistema parlamentario, un primer ministro es normalmente el líder del partido mayoritario cu la asamblea legislativa— está al frente del podei ejecutivo. En una monarquía constitucional, como es el caso de España o Grán Bretaña, el presídeme del gobierno o el primer ministro ejercen sus fun ciones bajo la autoridad de un soberano, que  alidad sólo tiene poderes protocolares y representativos del estado.

Los estados comunistas, como la Unión Soviética hasta 1990-1991, están organizados bajo el gobierno ininterrumpido del partido único. En 1989-1991, el poder del partido comunista se vio erosionado en diversos países de Europa del Este, donde se optó por sistemas políticos democráticos.

Por otra parte muchos países, sobre todo en el Tercer Mundo, están gobernados por dictaduras militares. Sin embargo, desde los años setenta, ha habido una creciente tendencia a que los regímenes militares fueran siendo reemplazados por democracias, primero en el sur de Europa, más tarde en América Latina y, más recientemente, en África.



En un sistema federal, como es el de Alemania, el poder está ejercido por un gobierno central y por los gobiernos regionales. Un sistema unitario, por contra, concentra la autoridad del ejecutivo en manos del gobierno central.

La participación política

La democracia moderna ha desarrollado un método por el cual el pueblo puede participar en la toma de decisiones del gobierno. La forma básica de participación política es votar para elegir a los funcionarios del gobierno. Esta votación puede ser directa o indirecta.

En el sistema de elecciones indirectas, como ocurre en Estados Unidos, el pueblo elige un cuerpo de electores —un colegio electoral— que, a su vez, elige al presidente. Algunos países tienen un sistema electoral por el que el candidato con el mayor número de votos en una determinada área electoral es elegido.

Francia utiliza un sistema de doble vuelta, mientras que muchos otros países europeos emplean una variedad del sistema de representación proporcional, con el fin de asegurar que los partidos estén representados en el parlamento en relación al número de votos que reciben del conjunto del electorado. En Australia, Bélgica o Argentina, por ejemplo, votar en unas elecciones generales es obligatorio.

Algunos países, como Suiza, recurren asiduamente al sistema de referendums, para que el electorado decida directamente sobre los problemas más importantes.

Los ciudadanos pueden estar implicados más o menos directamente en política. Pueden afiliarse a un partido político o a un grupo de presión que lleve a cabo una campaña para un determinado tema. También pueden decidir presentarse como candidatos. Hasta en las sociedades más libres, la participación política depende en cierta medida de los factores sociales y económicos, que otorgan a ciertos individuos y grupos más poder e influencia que a otros.

La Administración

El sociólogo alemán Max Weber veía en la burocracia una forma de administración más eficiente que. por ejemplo, el sistema vigente con anterioridad, basado en los miembros de la corte de un monarca. Sin embargo, la problemática eficiencia de la burocracia y el carácter permanente del funcionariado han planteado muchos interrogantes sobre la responsabilidad de los burócratas para con el pueblo. El servicio civil, sobre todo sus miembros más antiguos, es importante tanto en términos de consejos como de ejecución de las decisiones políticas.

La posición central de la burocracia en los gobiernos modernos ha creado la necesidad de nuevas fórmulas para abordar las quejas de los ciudadanos. En varios países europeos, el ombudsman o defensor del pueblo es un funcionario que investiga las quejas formuladas por ios ciudadanos contra el gobierno nacional y local, y procura solventar los perjuicios derivados de su deficiente gestión.

Las reformas de este tipo pueden ayudar —y de hecho ayudan— a mejorar la indefensión de los ciudadanos en tanto individuos, pero no solucionan el problema más general de la rendición de cuentas de los burócratas. El poder de los burócratas es algo que Montesquieu no previo en su teoría sobre la separación de poderes, y hoy por hoy plantea el problema acaso más profundo en relación al control que puedan ejercer ios ciudadanos sobre la administración.

El gobierno y el pueblo en América Latina:

Vivir en un sistema de libertades al amparo de un régimen democrático en múltiples ocasiones ha sido, en América Latina, más un deseo que una realidad. Existe un gran desjuste entre la realidad social y el ordenamiento constitucional que la respalda, a menudo roto con excesiva facilidad.



Un rasgo conocido de las constituciones latinoamericanas (que son, sin duda, el espejo de la vida de sus países) ha sido, a partir de la constitución mexicana de 1917, la cada vez mayor incorporación a estos textos de preceptos de organización social, tales como la protección y organización del trabajo, protección a la familia y al niño, derecho a la vivienda, a la cultura, etc; excediendo, de este modo, los límites clásicos del ámbito constitucional.

El principio de separación de poderes se incorporó con celeridad al constitucionalismo latinoamericano, aunque la realidad histórica impone que, en la práctica, el poder ejecutivo predomina claramente sobre los otros dos, debido a la tendencia de los estados a los «regímenes presidenciales» (un hombre fuerte con grandes prerrogativas); esta orientación varía según los países.

En México, por ejemplo, está reforzada por la existencia de un partido dominante, el P.R.I., aunque la constitución del país asegura la necesidad de apoyo ministerial para dar validez a las decisiones del presidente; éste es, también, el caso de otros países, como Argentina, Chile, Ecuador y Venezuela. El caso es particularmente grave en lo referente a la dependencia del poder judicial con respecto al ejecutivo, de clara finalidad política .

La acumulación de facultades por este ultimo poder define la debilidad del poder legislativo en Latinoamérica, siendo otro de sus motivos la escasa duración de los períodos de sesiones de las cámaras en las que dicho poder se organiza.

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Fuente Consultada:
Enciclopedia Temática Guinnes – La Nación – Entrada: El Gobierno y El Pueblo

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