El Estado Democrático y el Bien Común Resumen Función



El Estado Democrático y El Bienestar General de la Población

No basta que la sociedad respete la libertad de los hombres. Además de libertad, el hombre necesita pan, vivienda, asistencia médica y sanitaria, seguridad, descanso y recreación. Necesita también educación, formación técnica y profesional, desarrollo espiritual y cultural.

A los derechos se los respeta; a las necesidades se las satisface.

La sociedad debe respetar las libertades; debe también satisfacer las necesidades. El marxismo ofrece la satisfacción de las necesidades; pero anula las libertades. La democracia respeta las libertades y procura satisfacer las necesidades con mayor eficacia. Es esta la verdadera prueba que debe superar la democracia: crear un orden de prosperidad económica y de justicia social.

Superioridad de la democracia para resolver los problemas económico-sociales:

Función del Estado Democrático es procurar el bien común o bienestar general: la prosperidad, tanto de la sociedad como del individuo. El bien común debe abarcar al hombre completo: espíritu y materia, y satisfacerlo en todos sus aspectos. Una de las facetas de la vida del hombre —y, por lo tanto, una parte del bien común— es la que se refiere al aspecto económico.

La faz económica de la vida del hombre abarca: alimento, trabajo, vivienda, sueldo, mantenimiento de la familia y honesta distracción; medios de vida para el tiempo de enfermedad, desocupación, invalidez, vejez o infortunio; participación en la dirección de la empresa, en las ganancias, etc. De las exigencias propias de estos distintos rubros surge un problema: el problema económico.

Como ese problema afecta a los trabajadores y patronos, a los pobres y ricos, a las familias y al Estado —que es como decir que tiene influencia en la misma sociedad—, se denomina problema económico – social.

Problemas económico – sociales son los problemas que afectan, desde el punto de vista económico, a los individuos, a las familias y a la sociedad, y a las relaciones que existen entre las diversas clases sociales.

Todo problema reclama una solución. Como los problemas económico-sociales son difíciles, y todavía no resueltos satisfactoriamente, vienen siendo denominados la cuestión social. La cuestión social es compleja. Aunque corresponde al factor económico una parte preponderante, influyen en ella diversos factores: morales, religiosos, económicos y políticos. Si bien puede decirse que la cuestión social es casi tan antigua como la humanidad, solo en los últimos tiempos ha adquirido enorme importancia, hasta llegar a agudizarse en la actualidad.

FUNCIÓN DE LA DEMOCRACIA FRENTE A LAS DESIGUALDADES ECONÓMICAS



La superioridad de la democracia para resolver los problemas económico – sociales se funda en las siguientes razones:

1°) La democracia reconoce como principio básico la igualdad jurídica: todos son iguales ante la ley. Por consiguiente, no admite prerrogativas de sangre ni de nacimiento, títulos de nobleza, ni grupos o clases privilegiadas. En este pie de igualdad jurídica, resulta más fácil resolver con justicia los problemas que plantea la denominada cuestión social.

2°) El ambiente de libertad en que se desenvuelve la vida, permite conocer más fácilmente las dificultades que afectan a las clases sociales, y facilita a estas exponer y solicitar la solución de sus problemas.

Permite, asimismo, la organización libre, para defender los propios derechos y para resistir las medidas abusivas, aun con prudentes medidas de fuerza. Todos los regímenes democráticos —cosa que no sucede en los Estados totalitarios— reconocen el derecho de huelga como recurso lícito y extremo que tienen los trabajadores para la defensa de sus derechos, cuando las conversaciones y el arbitraje no surtieron efecto.

3°) La democracia otorga a todos, iguales posibilidades para llegar al poder. Personas de cualquier clase social pueden ocupar cargos públicos, y arbitrar los medios para solucionar los problemas que han sentido en carne propia. En la democracia, todos los hombres conocen mejor los problemas económico – sociales, por estar más en contacto con ellos, y por la mayor uniformidad que reina en la vida social.

4°) Los hombres de gobierno se hallan más interesados y comprometidos a atender esta clase de problemas, por haber sido elegidos en razón de una plataforma electoral que prometía la solución de los mismos, o a fin de contar con el apoyo de sus conciudadanos para mantenerse en el poder, pues la democracia se apoya en la voluntad popular.

Por lo tanto, existe interés en atender los reclamos del pueblo; también la opinión pública puede presionar por medio del sufragio. Estas consideraciones son suficientes para mostrar la superioridad de la democracia en la solución de los problemas económico – sociales.

El bien común: El objeto de la sociedad política es lograr el bien común. El bien común ha sido definido como «el conjunto de condiciones sociales que permiten y favorecen en los seres humanos el desarrollo integral de sus personas».



Función del Estado frente a la desigualdad económica:

La función del Estado no es hacer de la nación una poderosa potencia económica, política o militar: su función es lograr el bien común.

El bien común no está logrado cuando existen minorías excesivamente ricas, con superabundancia de bienes y comodidades, y grandes masas de indigentes, sin bienes de fortuna, y carentes hasta de lo más necesario.

De poco o nada vale la libertad política, cuando no está acompañada por la libertad económica.

El ciudadano económicamente pobre, no siempre estará en condiciones de actuar libremente: deberá aceptar, muchas veces, imposiciones de quien esté en situación más holgada, y, por lo tanto, en estado de mayor independencia. «Cuando se necesita comer, nadie es libre de trabajar o no trabajar».

El Estado no puede permanecer impasible, ante esa irritante desigualdad económica. El Estado debe intervenir para establecer la justicia social.

Respecto a la función del Estado frente a la desigualdad económica, existen varias posiciones. Dos son posiciones extremas, y una tercera, una posición intermedia.

1°)Ninguna intervención del Estado
Es la posición de aquellos que sostienen la absoluta libertad económica: libertad de comercio y de cambio; libertad do trabajo para hombres, mujeres y niños, y para toda tarea, tiempo y lugar; libertad de condiciones al estipular el contrato para el patrono, con la única condición de que el obrero consienta; libertad de propiedad ilimitada.

Esta teoría llevó al capitalismo y a la explotación de la clase obrera. La función del Estado se reducía a asegurar la libertad de contratar.

Fue la posición sostenida en el siglo XIX hasta las primeras décadas del siglo XX, por la democracia liberal, y que ya nadie sigue, en razón de su injusticia social.



2°) Intervención absoluta del Estado
Es la posición de aquellos que sostienen que el Estado debe intervenir, no en virtud de su misión de velar por el bienestar y la paz de la comunidad que preside y gobierna, sino por ser el Estado la fuente de todo derecho y el origen de toda legalidad; y, por lo mismo, goza de poderes ilimitados para regular las relaciones entre cualquiera de sus súbditos, sometiéndolos a su omnímoda e inapelable decisión. Esta es la teoría comunista, en que el Estado es todo… y los individuos, inconscientes y anónimos engranajes del organismo estatal.

3°) Teoría de la intervención sistemática del Estado, ,   pero limitada, y de la intervención supletoria
Entre las dos posiciones extremas —ninguna intervención del Estado, y su absoluta intervención— se encuentra la posición intermedia de aquellos que postulan la intervención moderada del Estado: unos, en forma sistemática, y otros, en forma supletoria.

La diferencia entre la intervención sistemática y la supletoria reside en lo siguiente: los de la intervención sistemática sostienen que el Estado debe intervenir siempre, aunque en forma limitada, por la influencia que el contrato de trabajo ejerce sobre el bienestar general; y los de la otra teoría sostienen que el Estado debe intervenir con acción supletoria, únicamente cuando sea necesario para proteger los derechos del débil.

Esta última posición pertenece a una sana y recta concepción democrática. Parte del principio de que el Estado no debe hacer él, sino dejar hacer y ayudar a hacer: no se puede quitar a los individuos y atribuir a la comunidad lo que ellos pueden realizar con su propio esfuerzo e industria.

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Se basa en una serie de postulados democráticos:
a) La intervención del Estado no es deseable, es tolerable y no ha de ser sistemática, pues fácilmente degenera en abuso.

b)  Hay casos de excepción y pasajeros, en que el Estado puede y debe intervenir para resolver situaciones inconciliables.

c)  La intervención pública debe ser siempre limitada y restringida a lo necesario.

Las Funciones del Estado

Existen dos posiciones erróneas acerca del papel que corresponde al estado en la actividad económica: la liberal y la totalitaria.

El liberalismo sostiene que el estado no debe intervenir en economía porque su intervención es incompatible con la libertad. Según el liberalismo la ley de la oferta y la demanda y el principio de libre contratación deben regir la actividad económica. Consecuentemente defiende la absoluta libertad de la empresa y considera al trabajo como una mercancía. El estado sólo debe intervenir para guardar el orden y garantizar el cumplimiento de los contratos.

La concepción política y económica liberal está superada. Existen actualmente tendencias neo-liberales caracterizadas por su tendencia a disminuir indebidamente la intervención estatal.

La totalitaria defiende la intervención desmedida del estado en la actividad económica, por lo que es llamada también intervencionista. Esta concepción tiende a anular la iniciativa privada y a disminuir el derecho de propiedad privada. Convierte al estado en el gran industrial y el gran comerciante.

Su expresión extrema es el colectivismo comunista donde se niega la libertad económica, todas las empresas son estatales y no se permite la propiedad privada de los bienes de producción.

La experiencia histórica demuestra que donde se niega la libertad económica y el derecho a la propiedad privada surgen las tiranías políticas y que los gobiernos totalitarios siempre anulan la libertad económica. Se da así, en manos del grupo gobernante un poder absoluto e incontrolable.

La concepción personalista cristiana sostiene el equilibrio entre la iniciativa privada y la intervención estatal.

Por naturaleza propia la actividad económica pertenece a la libre iniciativa de los individuos y de los grupos. Pero el estado debe cuidar que el proceso económico nacional se desarrolle armónica y eficientemente, que se produzcan los bienes necesarios para la comunidad y que sean distribuidos eficientemente.

La intervención estatal, que cada día es más amplia y profunda por la complejidad de las sociedades modernas, no tiene por objeto disminuir la actividad privada, sino fomentarla, ayudarla, ordenarla, complementarla y hacerla servir al bien comunitario.

Corresponde a las autoridades políticas, entre otras funciones:

1. planificar la economía total del país;

2. procurar que existan fuentes de trabajo para todos los ciudadanos;

3. prevenir las crisis económicas;

4. cuidar de que los distintos sectores de la economía se desarrollen armónicamente: la producción agrícola-ganadera-minera, la industria y los servicios.

5. impulsar el desarrollo de las zonas más atrasadas del país.

Es también fundamental función del estado cuidar que los bienes producidos lleguen equitativamente a todos los miembros de la comunidad, para lo cual debe tener una justa política laboral y salarial y un eficiente sistema de impuestos.

La justicia pide que entre los miembros de una misma comunidad política no existan grandes diferencias económicas. Las diferencias económicas llevan aparejadas diferencias sociales y culturales.

A este propósito se expresó el Concilio Vaticano II: «a fin de satisfacer las exigencias de la justicia y de la equidad se debe procurar enérgicamente que sean suprimidas lo más rápidamente posible las enormes y crecientes desigualdades económicas actuales, que van acompañadas de discriminación individual y social».

En casi todos los países democráticos las estructuras económicas no responden aún a las exigencias de la justicia y solidaridad humana. Reformarlas implica vencer graves inconvenientes y solventar problemas sumamente difíciles. No se hace sin el esfuerzo y sacrificio de todos los sectores y sin una adecuada conducción política.

También en casi todos ellos se intentan profundas reformas para lograr un ordenamiento económico más eficiente y más justo. El mismo Concilio Vaticano afirma que se equivocan «los que se oponen a las reformas necesarias bajo el pretexto de falsa libertad», como también los partidarios de una economía colectiva que niega los derechos fundamentales del hombre.

Fuente Consultada:
Instrucción Cívica
Norberto Fraga – Gabriel Ribas Editorial A-Z
Instrucción Cívica 2 D.A. Sabsay – S.G. Jáuregui
Educación Democrática de Argentino Moyano Coudert – Texto Para 3º Año – Tercera Edición-

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